Entradas de septiembre de 2017

CAYÓ EN ESPAÑA EL TERRORISTA EDUARDO FERRO

AL DÍA:

1) Cayó en España el represor Eduardo Ferro, prófugo de la justicia uruguaya

2) Vázquez respaldó al Tribunal y reiteró que en lugar de Sendic, renunciaría

3) Vázquez quiere lograr en setiembre el acuerdo para tercera planta de celulosa

4) Vázquez presentó proyecto para regular el mercado del alcohol; en el FA insistirán en prohibir los «happy hours»

5) Etiqueta de transgénicos: de la “suspensión” al nuevo diseño


COMCOSUR AL DÍA / AÑO 18 / Nº 2142 / NOTICIAS Y PENSAMIENTOS / Viernes 8 de septiembre de 2017 / Producción: Andrés Capelán

“Vivimos en la mentira del silencio. Las peores mentiras son las que niegan la existencia de lo que no se quiere que se conozca.
Eso lo hacen quienes tienen el monopolio de la palabra. Y el combatir ese monopolio es una tarea central.” — Emir Sader
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1) Cayó en España el represor Eduardo Ferro, prófugo de la justicia uruguaya
(Sudestada)

Está acusado por la desaparición de Oscar Tassino y de María Claudia García de Gelman entre otros delitos de lesa humanidad. Integró la «patota» de la OCOA

Uno de los principales operadores del Plan Cóndor en Uruguay durante la dictadura, el coronel retirado Eduardo Augusto Ferro Bizzozero, alias Oscar o Guillermo, fue detenido este jueves en España. Ferro estaba prófugo de la Justicia uruguaya, luego de haber eludido una citación judicial en el marco de la causa que investiga la desaparición de Oscar Tassino.

Los hechos se produjeron el 21 de julio de 1977 cuando a las 09.00 horas tres hombres de particular entran corriendo a la finca de Máximo Tajes 6632, armados y a cara descubierta, gritando pertenecer a las Fuerzas Conjuntas, según consta en la ficha elaborada por la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente.

“Una hora más tarde llega Óscar Tassino e inmediatamente es dominado, tirado al piso y llevado a una pieza del fondo donde es castigado. Luego lo ingresan violentamente a la casa y al cabo de media hora se retiran con él en un auto Peugeot de color blanco”, dice el informe.

Entre los hombres que formaron parte de ese grupo de militares que secuestró a Tassino se encontraba Eduardo Ferro, quien fue identificado por Hermes Luis Fulle Fleitas y Ana María Regnier de Fulle ante la Oficina de las Naciones Unidas en Bruselas el 28 de noviembre de 1978. Ambos se encontraban en la casa cuando el grupo de las Fuerzas Conjuntas llegó a la casa donde se escondía Tassino.

“Estuvieron aproximadamente una hora más en mi casa, revisando cosas, y al final, uno de los oficiales intervinientes -que yo calculo sería el segundo que reconozco por un material que he visto aquí, por lo menos creo reconocerlo, un tal Ferro, que sería éste… (El declarante señala una foto entre varias que aparecen en un documento)… la foto es muy mala, pero en éste reconozco al hombre que dio la orden (…). Con este oficial Ferro, que viene junto con una mujer de unos 25 a 30 años, morocha, de pelo negro -no puedo identificar nada más de ella-, se da una conversación medio extraña para la época que vivimos ahora, pero que en aquel momento era común: “Mirá, tenés que darnos gracias a las fuerzas conjuntas y a nuestro comando, porque te vamos a dejar vivo. La condición es que te tenés que ir. Te damos dos horas para irte. Te levantamos el requerimiento en el Aeropuerto de Carrasco para que te puedas ir” (…) si no me iba, luego habría otros servicios que se encargarían de mí. Inmediatamente de eso se produce una conversación en la cual Ferro me dice: “Andá a tu Madre Patria y decile que cuanto más pidan por los presos, más muertos les vamos a hacer, y cuanto menos carne nos compren, más presos van a tener”, narró Fulle.

La jueza penal Dolores Sánchez había citado a Ferro en marzo pero el militar no se presentó, por lo que la magistrada dictó el cierre de fronteras y una orden de captura internacional, que determinó una búsqueda por parte de Interpol.

La causa que indaga la desaparición de Tassino fue presentada en 1985 pero inicialmente fue archivada porque el caso fue incluido en la Ley de Caducidad por el Poder Ejecutivo de Julio María Sanguinetti.

Una vez que el caso fue retomado por la Justicia a partir de noviembre de 2011 sufrió toda clase de intentos de obstrucción por parte de los acusados, entre ellas las consabidas chicanas como los recursos de inconstitucionalidad contra la ley 18.831 que restableció el pleno ejercicio de la pretensión punitiva del Estado para los delitos cometidos en aplicación del terrorismo de Estado hasta el 1º de marzo de 1985.

Sin embargo esta no es la única causa que tiene a Ferro como uno de sus protagonistas, ya que es uno de los más notorios integrantes de la llamada “patota de la OCOA” (Oficina Coordinadora de Operaciones Antisubversivas), junto con José Nino Gavazzo, Jorge Silveira, Ernesto Ramas, Manuel Cordero, entre otros . También se lo vincula como uno de los autores en los casos de la desaparición y asesinato del dirigente comunista Fernando Miranda, de la desaparición de María Claudia García de Gelman, del secuestro en Brasil de Universindo Rodríguez y Lilián Celiberti, y de la tortura y desaparición de Andrés Bellizzi y Jorge Gonçalvez en Argentina.

Un «patotero» profesional

Eduardo Augusto Ferro Brizzozero nació el 10 de abril de 1947 e ingresó al Ejército, en el Arma de Ingenieros el 1º de marzo de 1964. Apenas tres años después, siendo todavía cadete, egresó del curso «Cadet Orientation» de la Escuela de las Américas, el principal instituto de formación de represores de la época, impulsada por la Doctrina de la Seguridad Nacional que se dictaba desde Washington.

En 1968 ascendió a alférez y como teniente segundo estuvo en la Escuela Militar entre 1970 y 1975, año en que pasó ya con el grado de capitán a la Oficina Coordinadora de Operaciones Antisubversivas (OCOA). Participando de “la patota” comenzó a participar de las torturas perpetradas en el centro de tormentos conocido como “300 Carlos” en la jerga de los represores, o como “El Infierno” como le llamaban los detenidos.

En 1977 tuvo una activa participación en el Plan Cóndor, especialmente en la represión de uruguayos en Argentina y Brasil. Allí es donde, en 1978 en la ciudad de Porto Alegre participa del comando que llevó adelante el secuestro de la maestra Lilián Celiberti y Universindo Rodríguez que se encontraban como refugiados. Este operativo pudo ser desmantelado gracias a la participación del periodista brasileño Luiz Claudio Cunha, quien denunció la situación y consiguió que los militares tuvieran que admitir que tenían detenidos a Celiberti y Rodríguez.

Desde los años 80 revistó en el Servicio de Información y Defensa (SID) y se supo que hasta 1982 actuaba encubierto en Argentina. Después de la dictadura realizó cursos de paracaidismo (1986), Inteligencia (Alemania, 1989), seguridad electrónica (1991) y buzo táctico militar (1997), según publicó en La República el periodista Roger Rodríguez.

COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 8 DE SEPTIEMBRE DE 2017
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2) Vázquez respaldó al Tribunal y reiteró que en lugar de Sendic, renunciaría
(Montevideo Portal)

El presidente Tabaré Vázquez respaldó al Tribunal y reiteró que en lugar de Sendic, él hubiera renunciado. La senadora Daniela Payssé dijo a Montevideo Portal que en las conversaciones de cara al Plenario participan todos los sectores, incluyendo a las bases.

Desde que las autoridades del Frente Amplio dieron acceso a todos los integrantes del Plenario al informe el Tribunal de Conducta Política sobre Sendic, la fuerza política se encuentra en negociación permanente. Si bien algunos sectores buscan avanzar con acuerdos o alianzas puntuales, quienes operan en la negociación son conscientes de que la única forma de salir del Plenario con una declaración conjunto es un gran acuerdo que involucre a cuatro quintos del Plenario, 140 de 170 integrantes, de los cuales la mitad responden a las bases militantes del Partido.

Según informó a Montevideo Portal la senadora Daniela Payssé se está llevando adelante un ámbito de negociación en el que participan las bases y los sectores. Si bien reconoció avances, prefirió no dar detalles de la conversación para no entorpecer la negociación. Arriba de la mesa estuvo la expulsión, la inhabilitación para participar por un período de tiempo en órganos de decisión del Frente Amplio y la prohibición para utilizar el lema en las próximas elecciones.

En tanto, el presidente Tabaré Vázquez expresó su respaldo al Tribunal de Conducta Política en declaraciones al semanario Búsqueda en las que también reiteró que si estuviera en lugar de Sendic ya habría renunciado. Vázquez aún no conversó con el vicepresidente sobre este punto, pero el líder de la 711 señaló en reiteradas oportunidades que la renuncia no está en sus planes, habida cuenta que entiende que es la voluntad popular-que lo eligió en elecciones- a quien debe responder.

Paralelamente el entorno de Sendic prepara una defensa en la que intentará demostrar la existencia de una campaña en su contra comparando su situación con la de otros dirigentes frenteamplistas y la situación de Ancap con otros ámbitos de gobierno. Si bien las autoridades de la fuerza política deben garantizar la libertad del Plenario para decidir una postura, manifestaron la posibilidad de renunciar si no hay una posición de respaldo al informe del Tribunal.

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3) Vázquez quiere lograr en setiembre el acuerdo para tercera planta de celulosa
(La Repúbica)

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro confirmó a LA REPÚBLICA que el gobierno alcanzó un preacuerdo laboral con la empresa finlandesa UPM para la instalación de una tercera planta de celulosa en el país y esta semana podría haber una confirmación, aunque se excusó de brindar más detalles del mismo ya que “en esta etapa de las negociaciones no conviene efectuar comentarios al respecto para respetar el proceso que se está llevando a cabo”.

Este martes, el secretario de Estado dijo en radio Uruguay que “esperamos llegar esta semana a tener el acuerdo marco de la empresa con el PIT-CNT y con algunas cámaras empresariales y tener acordado lo que significa la parte laboral del acuerdo general de inversión (con UPM)”.

Murro también explicó en la misma emisora que “la preocupación del presidente de la República (Tabaré Vázquez) es lograr lo más rápidamente posible en este mes de setiembre el acuerdo de inversión”. Estas declaraciones del ministro fueron tras un evento en el cual compartió asistencia con el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira.

Previo a las afirmaciones de Murro, el sindicalista había dicho que tras un año de negociaciones se acordaron las primeras condiciones en materia de prevención de conflictos y relacionamiento con los trabajadores para concretar el emprendimiento. Explicó que la central sindical incluyó condiciones en la propuesta para garantizar la ocupación de mano de obra uruguaya y fomentar la industria nacional.

Avanza acuerdo global

“Las negociaciones entre el gobierno de Uruguay y UPM sobre el desarrollo de la infraestructura y otros requisitos para el crecimiento industrial a largo plazo en el país, han logrado importantes avances. Estamos de acuerdo respecto a la mayoría de los principales temas de la agenda de negociación”, dijo Jaakko Sarantola, vicepresidente Senior de la Plataforma de Desarrollo de Negocios en Uruguay de UPM.

“Algunos aspectos aún necesitan ser resueltos mientras se comienza a trabajar en la redacción del acuerdo que especificará las responsabilidades de cada parte. Nuestro enfoque se centra en gran medida en resolver esos aspectos”, agregó el gerente.

Recordemos que en julio de 2016, UPM inició conversaciones con el gobierno uruguayo sobre los requerimientos para su crecimiento industrial a largo plazo, incluyendo el desarrollo de la infraestructura. El objetivo de estas durante la primera etapa de preparación, fue alcanzar un entendimiento mutuo sobre un acuerdo de inversión que defina las condiciones previas para la inversión industrial, así como las obras para el desarrollo de la infraestructura.

Posteriormente, la segunda etapa de preparación consistiría en estudios de pre-ingeniería y procesos de autorización, así como lograr importantes avances en la implementación de las obras de infraestructura acordadas en la primera etapa. Se estima que esta segunda etapa dure entre un año y medio a dos años.

Si estas dos etapas de preparación concluyen satisfactoriamente, UPM iniciará el proceso regular de análisis y preparación de una decisión de inversión respecto a una potencial fábrica de celulosa. Si bien el punto definitivo de donde se instalará la planta no fue dado a conocer, el presidente Vázquez adelantó que será sobre el río Negro, del lado del departamento de Durazno, muy cercano a la ciudad de Paso de los Toros.

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4) Vázquez presentó proyecto para regular el mercado del alcohol; en el FA insistirán en prohibir los «happy hours»
(La Diaria)

El proyecto de ley del Poder Ejecutivo que busca combatir el consumo abusivo de alcohol no agrega nuevos impuestos a la comercialización, no prohíbe los happy hours ni amplía el horario de restricción de la venta; continuará vigente el horario de prohibición de expendio entre las 0.00 y las 6.00 en locales que no sean bares ni restaurantes.

El texto, presentado ayer por el presidente Tabaré Vázquez, sí incluye la creación de un registro de vendedores y actividades conexas, bajo la órbita del Ministerio de Salud Pública. Este registro es obligatorio y abarca a toda persona física o jurídica que distribuya, comercialice, venda, ofrezca o suministre bebidas alcohólicas. Además, se creará una “mesa coordinadora” de nivel interministerial para el análisis y la fiscalización de la norma, que prevé multas que van desde observaciones hasta sanciones pecuniarias y las clausuras de locales comerciales. El dinero que se recaude por las fiscalizaciones se destinará a campañas de prevención. Se prohíbe también la promoción de este tipo de bebidas en espectáculos públicos y deportivos, a excepción de las actividades específicas de degustación y cata. Los empaques deberán tener una advertencia sobre los perjuicios del alcohol.

El texto resultó ser mucho menos restrictivo que las propuestas que se habían planteado en la comisión que participó en la elaboración. El diputado del Frente Amplio Luis Gallo dijo que volverá a proponer la prohibición de los happy hours en la discusión parlamentaria porque “no fomentan el consumo responsable”. Por su parte, el senador nacionalista Álvaro Delgado dijo a Teledoce que “el proyecto de ley fue menos restrictivo y represivo de lo originalmente planteado” y que “hay temas con los que no se puede no coincidir”.

Uno de los argumentos esgrimidos ayer por Vázquez en la presentación del proyecto fue la edad de inicio del consumo. Mientras que en la población de entre 50 y 65 años los varones comenzaban a tomar a los 17 años y las mujeres a los 21, en la actualidad los jóvenes de ambos sexos empiezan a tomar a los 14 años. “La tendencia es que empiecen a consumir a edades más tempranas”, agregó. Según datos relevados por la sexta Encuesta Nacional de Hogares sobre consumo de drogas, en Uruguay hay 260.000 personas con dependencia y uso problemático de bebidas alcohólicas. Siete de cada diez adolescentes que consumieron alcohol tuvieron, al menos, un episodio de intoxicación en los últimos 15 días. “No es frecuente pero se ven niños y niñas de 11, 12 o 13 años llegando a los servicios de urgencias en coma alcohólico. Es dramático”, afirmó Vázquez.

El mandatario aseguró que se trata de una ley que “adopta el paradigma de regulación en contraposición al paradigma de prohibición”. “El abordaje está basado en prevención, educación, información, con el fin de gestionar los riesgos y prevenir los daños asociados al consumo problemático”, afirmó.

A estudiar

El diputado de Unidad Popular, Eduardo Rubio, dijo a la diaria que su partido va a estudiar en profundidad el texto, pero en principio comparte la idea de combatir el alcoholismo y “los vicios” de la sociedad. En tanto, el diputado del Partido Independiente Iván Posada sostuvo que el consumo excesivo “genera preocupación”, sobre todo el que empieza antes de los 15 años, un dato que “evidencia un síntoma de la sociedad”. El independiente comparte la intención de tratar de generar una legislación al respecto, pero también agregó que hay que estudiar el proyecto.

En tanto, el diputado del Partido Nacional Gustavo Penadés dijo a la diaria que es un buen inicio para poner el tema sobre la mesa. Pero “quien piense que con una ley se va a arreglar se está equivocando”. Consultado sobre cuál es la solución del problema, dijo: “Parafraseando a [José] Mujica: educación, educación, educación, más en la casa que en los institutos. Vivimos en una cultura del exceso en todo”. Penadés afirmó que el problema es mucho más grande que el alcoholismo: “Se trata del consumo en general, y esto no se arregla con una ley. Se está instalando un nuevo paradigma en los jóvenes de que hay que mamarse para divertirse”, advirtió. El nacionalista mencionó que en este tipo de legislación también se debe tener en cuenta la libertad y el libre albedrío de las personas que toman con responsabilidad. Además, sostuvo que le parece un exceso la fiscalización propuesta por el gobierno, y señaló que “nadie se anima a plantear la prohibición del consumo en la vía pública, porque, ¿quién va a asumir los costos de, por ejemplo, una Justicia más expeditiva, que aplique condenas de trabajos comunitarios?”. No obstante, Penadés admitió que la tolerancia cero para conductores fue una buena medida para reducir los accidentes de tránsito.

Fuentes de Alcohólicos Anónimos (AA) aseguraron a la diaria que no fueron citados a participar en la elaboración del proyecto y que no conocen el articulado, pero que están dispuestos a asistir a cualquier instancia.

El proyecto crea un Registro de Vendedores de Bebidas Alcohólicas, bajo la órbita del Ministerio de Salud Pública (MSP), en el que deberán inscribirse quienes expendan los productos. Además, regula la publicidad y establece fiscalizaciones. El artículo 20 prohíbe que la publicidad asocie las bebidas con “una mejora del rendimiento físico, intelectual o laboral; o les atribuya propiedades terapéuticas; […] tampoco podrán exhibir o exteriorizar significados o comportamientos que expresen éxito social, profesional o sexual”. Tampoco se permitirá “utilizar figuras públicas o personalidades reconocidas que asocien su éxito o reconocimiento al consumo de bebidas alcohólicas”. El artículo 35 establece sanciones para los vendedores que no cumplan con la ley. Las multas van des- de 1.000 UI ($3.650) hasta 100.000 UI ($365.000); ante faltas graves, se podrá suspender los permisos temporal o definitivamente, y también se prevé la clausura de los locales.

La diputada del Partido Colorado (PC) Susana Montaner dijo a la diaria que el permiso no tendrá costo, pero es obligatorio para toda persona física o jurídica que distribuya, comercialice, venda, ofrezca o suministre bebidas. La legisladora aseguró que el texto terminó siendo mucho menos restrictivo de lo que se había planeado inicialmente, y afirmó que se tratará de modificar en la Cámara de Diputados o en la de Senadores. “Queríamos normas preventivas y educativas frente a una droga tan nociva. Hay una serie de regulaciones que apuntan a [preservar] la salud de los ciudadanos y el bienestar de la sociedad”.

En tanto, el diputado del Partido Independiente (PI) Daniel Radío dijo que el proyecto es “el puntapié inicial para el debate parlamentario”. Para el independiente, “los dos pilares que tienen que estar [en el proyecto] son el educativo y las políticas de promoción de la salud”. La educación es importante porque “cada vez es más temprano el inicio del consumo”. Según el documento, la edad promedio de inicio es de 16,9 años, aunque la edad más frecuente de comienzo es a los 15 años. A los 18 años, 81% de las personas probó alcohol. Lo que no está contemplado, y para Radío es importante, es el tratamiento de las personas que tienen problemas con el alcohol. La IV Encuesta Nacional de Hogares sobre Consumo de Drogas estima que en Uruguay hay 261.000 personas con dependencia, y que sólo 2% de los consumidores problemáticos buscaron ayuda profesional en los últimos 12 meses. “La demanda de atención se da 15 años después del comienzo de la ingesta habitual”, dice la exposición de motivos del proyecto.

La ley propuesta por el Poder Ejecutivo prohíbe cualquier forma de venta, ofrecimiento, suministro, promoción o publicidad en los centros de estudio. El artículo 13 establece que serán la Junta Nacional de Drogas, el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) los encargados de impartir las medidas de prevención. El propósito es “la prevención del consumo riesgoso y problemático […] con la participación de las familias”. El dinero recaudado por las multas será destinado a las políticas de prevención.

El proyecto establece, en el artículo 17, que los locales habilitados con más de 100 metros cuadrados “tendrán que destinar un sector específico para las bebidas alcohólicas”, separado de las no alcohólicas. Una de las medidas que se mantiene es la prohibición de vender alcohol en locales que no sean bares o restaurantes entre las 00.00 y las 06.00; lo que se agrega es que estos lugares deberán tener un cartel que especifique la prohibición. La Mesa Coordinadora de Fiscalización del Mercado de Bebidas Alcohólicas, presidida por la Junta Nacional de Drogas, será la encargada de diseñar un plan estratégico de fiscalización y coordinación de acción de los cuerpos inspectivos.

El proyecto define las bebidas alcohólicas como las que tienen una graduación igual o menor a 0,1%, y menciona que las cerveza con 5% de graduación alcohólica “son comercializadas como ‘bebidas sin alcohol’”, un punto que “no es menor, ya que implica una publicidad engañosa que puede generar graves problemas, como ser la accidentalidad o su consumo en el embarazo”.

COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 8 DE SEPTIEMBRE DE 2017
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5) Etiqueta de transgénicos: de la “suspensión” al nuevo diseño
(180)

El nuevo diseño del etiquetado sustituirá al triángulo amarillo, con una T negra, que comenzó a exigirse desde 2015, basados en una disposición departamental del 2013. Ahora, la Intendencia de Montevideo (IM) envió un proyecto de decreto a la Junta Departamental para modificar el diseño. La nueva etiqueta de alimentos transgénicos será un círculo blanco, con una T en azul, y tendrá la inscripción “contiene organismos modificados genéticamente”.

La chef Laura Rosano, coordinadora nacional de la asociación Slow Food que participó de la discusión del tema con la IM, dijo a 180 que la fiscalización del decreto anterior solo duró unos meses. “Era el mismo símbolo que se utiliza en Brasil y se eligió para que quedara igual en el Mercosur. Luego, cuando cambian las autoridades de la IM en julio de 2015, lo primero que se hace es suspender este decreto con el argumento de que se querían alinear al gobierno nacional”, sostuvo.

A raíz de la suspensión a la que refiere Rosano, las organizaciones civiles, entre ellas Slow Food, denunciaron la situación ante el Defensor del Vecino y después fueron convocados a una reunión en la IM, donde se les informó que querían modificar el etiquetado.

El texto de la nueva reglamentación propuesta por la IM dice que “los alimentos que provienen de organismos genéticamente modificados o que contengan ingredientes producidos a partir de estos, que superen el 1% de material modificado genéticamente respecto a la especie vegetal considerada individualmente, deberán ser etiquetados especialmente conforme lo dispuesto en las presentes normas”. En 2013, cuando se aprobó por primera vez la exigencia de etiquetar a los alimentos con transgénicos, Uruguay pasó a ser el país 65 en el mundo en brindar esa información a los consumidores.

“Muchas empresas empezaron a etiquetar y se veían las góndolas con polentas y maicena con la T. Fue la industria uruguaya la que comenzó a etiquetar enseguida. Lo que hubo fue una presión muy grande de la industria argentina al gobierno uruguayo por este decreto departamental, porque mucha comida industrializada viene de Argentina y ahí no etiquetan transgénicos”, afirmó Rosano.

COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 8 DE SEPTIEMBRE DE 2017
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“Las ideas dominantes de la clase dominante son en cada época las ideas dominantes, es decir, la clase que ejerce el poder material dominante en la sociedad resulta ser al mismo tiempo la fuerza espiritual dominante, la clase que controla los medios de producción intelectual, de tal manera que en general las ideas de los que no disponen de medios de producción intelectual son sometidos a las ideas de la clase dominante”. — Carlos Marx
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VIVIENDA NO SE ARREGLA CON CAMBIAR DE NOMBRE

1) Vivienda no se arregla con cambiar de nombre /Gustavo González
2) ¿Dónde está Santiago Maldonado? /Cecilia y José Luis Buero
3) Audiencia decisiva por el asesinato de Oscar Fernández Mendieta /Fabián Werner
4) Director de URSEC: “Se ha generado un indeseado enlentecimiento” en la asignación de frecuencias de radio /Natalia Uval
5) Repensar la solidaridad /Sergio Ferrari
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COMCOSUR INFORMA AÑO 17 – No. 1840 – jueves 07.09.2017
“Todas las estructuras del poder popular que estábamos construyendo se hicieron presentes, tomaron voz, en una radio que no quería tanto hablarle al pueblo. Quería que el pueblo hablara.” RADIO VENCEREMOS
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1) VIVIENDA NO SE ARREGLA CON CAMBIAR DE NOMBRE

Por Gustavo González, La República, 07.09.2017

No se arregla una ley con cambiarle el nombre, si bien es cierto que era bastante ridículo que la Ley 18.795 se llamara de “vivienda de interés social”.

Tampoco se va al fondo del problema tratando de que los topes que se le habían puesto a los precios de las viviendas construidas se cambien. En realidad esta nefasta ley no tiene más que derogarse y de esta forma dejar de dilapidar plata del Estado en las fabulosos ganancias del capital de la industria de la construcción e inmobiliario. La sociedad toda subsidia empresas, bajo el canto de sirena de la inversión privada.

Exoneración del ITP (2% sobre el valor de catastro).
Exoneración del IVA en los materiales de construcción que se utilizan.
Exoneración del impuesto al Patrimonio por 10 años.
Exoneración del impuesto a la renta de alquileres (IRPF, IRAE).

Con todas estas exoneraciones y alguna otra más, de todas formas el valor de las viviendas que construyen va desde 116.000 dólares hasta 160.000 dólares en algunos casos. ¿Es esto una ley de vivienda de interés social?

Es momento de poner freno a esta situación, porque se están dilapidando fondos estatales y no precisamente para frenar el déficit habitacional sino para enriquecer a los empresarios.

Y debe de hacerlo la bancada de diputados y senadores oficialistas, porque no esperemos que blancos y colorados que hoy en día viven hablando de “corrupción”, lo hagan. Porque no solamente defienden y defendieron siempre los intereses del capital, sino que además se han olvidado de que varios ex directores del Banco Hipotecario bajo su administración fueron procesados por la Justicia, como los casos de Salomón Noachas, Jorge Conde Montes de Oca, Norberto Sanguinetti (todos ellos del Partido Colorado) o Fernando Caride y Néstor Moreira Graña (ambos del Partido Nacional). La amnesia oculta verdades irrefutables.

Por lo tanto, esta ley es responsabilidad del Gobierno actual y debe de ser él quien plantee que sea derogada en forma inmediata.

Hace unos días en un programa televisivo, tuve que soportar que el contador Conrado Hughes diga que al Banco Hipotecario lo “fundieron los cooperativistas”, increíble, porque nada dice de sus correligionarios que fueron procesados.

El tema de la vivienda sin dudas que es un tema esencialmente político y como tal se debe de tratar. Se obtuvo un logro importante con la ley aprobada acerca del subsidio a la permanencia, pero hay que ir a más.

No se puede concebir que un cooperativista de vivienda que pone su fuerza de trabajo para satisfacer un derecho como el de la vivienda pague IVA y un empresario de la construcción no.

Gustavo González, La República
COMCOSUR INFORMA Nº 1840 – 07/09/2017 ______________________________________

2) ¿DÓNDE ESTÁ SANTIAGO MALDONADO?

Cecilia y José Luis Buero /Boletín Informativo de Radio Vilardevoz

El 1 de septiembre hizo un mes de la desaparición del joven de 28 años Santiago Maldonado. Santiago fue visto por última vez cuando la Gendarmería argentina reprimió una manifestación de la Comunidad Mapuche, la cual se realizó pidiendo libertad para Facundo Jones Huala. Desde ese momento se lo ha estado buscando dado y se han realizado varias movilizaciones y denuncias ya que es inadmisible la desaparición de una persona y mucho más si la misma es por parte del Estado.

A su vez, esta práctica, denominada “desaparición forzada” retrotrae a una práctica muy común durante las dictaduras en el cono sur, donde aún no se sabe qué pasó con cientos de jóvenes. Miles de personas han publicado en la redes: ¿dónde está Santiago Maldonado? como modo de presión para su aparición con vida y como forma de sensibilizar frente a la posibilidad de comenzar a sufrir este tipo de prácticas que siembran el terror y pretenden inmovilizar a los movimientos sociales.

Por su parte, la familia hizo circular un comunicado público pidiendo el apoyo de todos y que se actúe la Justicia, el Gobierno y las fuerzas de seguridad ante está desaparición.

El viernes 1ero de setiembre se realizaron manifestaciones tanto en Argentina como en Uruguay. Lamentablemente en la vecina orilla la policía reprimió y además se llevó a Juan Mourenaza y Ezequiel Medone comunicadores de medios alternativos.

Cecilia y José Luis Buero /Boletín Informativo de Radio Vilardevoz
COMCOSUR INFORMA Nº 1840 – 07/09/2017 ______________________________________

3) AUDIENCIA DECISIVA POR EL ASESINATO DE OSCAR FERNÁNDEZ MENDIETA

El militante del PCR murió por las torturas aplicadas en el cuartel de Durazno. Jueza De los Santos se expedirá sobre pedido de procesamiento de cuatro represores

Por Fabián Werner / Sudestada, 05/09/2017

Los militares retirados Gustavo Mieres, Daniel Blanco, Alberto Ballestrino y Liber Morinelli enfrentarán este martes 5 a partir de las 13.30 horas una audiencia decisiva en el marco de la causa judicial que investiga el asesinato de Oscar Fernández Mendieta, un militante del Partido Comunista Revolucionario (PCR) asesinado el 24 de mayo de 1973 en el Regimiento de Caballería número 2 general Pablo Galarza.

En la mañana de aquel día, en las vísperas del golpe de Estado, un grupo de militares llegó al domicilio de Fernández Mendieta y Graciela Ferreira, ubicado en el en el kilómetro 178 de la ruta 5, en las afueras de Durazno, en busca de material subversivo.

El operativo había sido ordenado por el capitán Juan A. Núñez, quien oficiaba como juez militar. El operativo fue asignado teniente coronel Juan P. Bonfrisco, quien estaba a cargo del Regimiento de Caballería de Durazno. La orden era verificar la existencia de “actividades subversivas materializadas en escondites de prófugos o requeridos por subversión, depósitos clandestinos de dinero, armamento, explosivos, ocultamiento de valores hurtados y documentación del movimiento clandestino”.

Bonfrisco le encargó la dirección del procedimiento al alférez Gustavo Mieres, quien solamente pudo encontrar veinte ejemplares del periódico “Causa del pueblo”, que podía comprarse en quioscos de Montevideo, y cuatro libros de teoría marxista.

De todos modos, Mieres y sus cómplices se llevaron a Fernández Mendieta para interrogarlo en el cuartel. La última imagen que su esposa Graciela tiene de Oscar es la del detenido, esposado en la parte trasera del vehículo militar, saludándola con las manos en alto pidiéndole que tuviera “coraje y valor”.

Fernández Mendieta murió en la tortura ese mismo día, pero los represores ocultaron el asesinato hasta el día siguiente, cuando se lo notificaron a sus padres. El intento de ocultamiento incluyó el engaño a su esposa, quien había visitado el cuartel para llevarle ropa y tabaco, pero los militares le dijeron que sólo podría hacerlo al final de la tarde. Cuando eso sucedió Fernández Mendieta llevaba 12 horas muerto.

Fabián Werner / Sudestada, periodismo y transparencia
COMCOSUR INFORMA Nº 1840 – 07/09/2017 ______________________________________

4) DIRECTOR DE URSEC: “SE HA GENERADO UN INDESEADO ENLENTECIMIENTO” EN LA ASIGNACIÓN DE FRECUENCIAS DE RADIO

Natalia Uval / La Diaria, 07.09.2017

La reglamentación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA) está a estudio de Presidencia de la República desde abril. El organismo regulador creado por esa ley, el Consejo de Comunicación Audiovisual (CCA), no se ha instalado ni hay miras de que eso suceda, a tres años de aprobada la norma. Con este panorama, la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicaciones (Ursec) es la cara visible de la aplicación de la ley de SCA. Y ha asumido su rol fiscalizando las tandas, proyectando la exigencia de la cuota nacional y obligando a transmitir partidos por televisión abierta. Sobre los avances y problemas en este nuevo rol, la diaria conversó con el director de la Ursec Nicolás Cendoya.

– ¿Cómo evalúan desde la Ursec la lentitud en la designación del CCA?

–Nosotros nos preparamos para el escenario de que se creara el consejo. Solicitamos respetuosamente al Poder Ejecutivo que se estableciera un plazo de transición entre el CCA y la Ursec, porque implica un trasiego de expedientes, con un organismo totalmente nuevo que precisa fondos presupuestales. En el proyecto que se elevó al Ejecutivo (de reglamentación de la ley SCA) se recogió la preocupación de otorgar un plazo de 180 días para la transición.

– ¿Por qué se está demorando la instalación del consejo?

–La ley marca que de cinco integrantes, uno es designado por el Poder Ejecutivo. Hasta donde yo sé, no está designado. Y el Poder Legislativo tiene que disparar un procedimiento cuyos plazos comienzan cuando el Poder Ejecutivo lo pide. Por eso no hay plazos. Hay una mayoría especial (del Parlamento, que se precisa) para designar a los otros cuatro miembros. No es mi trabajo ni mi especialidad determinar si se puede llegar a los dos tercios en este tema que es tan delicado; mucho menos, si el mecanismo está bien diseñado o no. Sí puedo decirte que es muy complejo.

–Estás sugiriendo que el tema de las mayorías especiales sería un obstáculo.

–Es un tema. Y después hay otro tema que no está en la discusión pública, y que a mí me preocupa mucho, que es la estructura del consejo. Vos tenés que pagar la luz, el agua, poner el papel higiénico en el baño, tenés que tener computadora. Nosotros tiramos una simulación de funcionamiento subsahariano del consejo y son tres millones de dólares al año, sin lujos, sin nada. Tenés que aprobarlo en la ley de presupuesto. ¿Y dónde está esa plata en la ley de presupuesto? No está. Cuando vimos eso, empezamos a pensar también en el otro escenario, el de que se imponga que se cumpla la ley por un tiempo mayor al que pensábamos. Porque vos podrías decir: “Analizá la ley, fijate todo lo que hay que hacer, presupuestalo y pedí el dinero”. Pero tampoco lo puedo hacer, porque la rigidez del sistema presupuestario hace que después de que crean el consejo, ¿yo qué hago con toda esa enorme inversión que se hizo? Hay que hacerlo gradualmente, y aceptar las críticas, que te digan que no estás ejecutando la ley.

–Los organismos asesores para la asignación de frecuencias de radio y televisión, comunitaria y comercial, ya no funcionan. ¿Cómo está manejando ese tema la Ursec?

–Ese es un tema del Poder Ejecutivo. La ley de SCA sustituye a la Comisión Honoraria Asesora de Radiodifusión Comunitaria (CHARC) y a la Comisión Honoraria Asesora Independiente (CHAI) por la Comisión Honoraria Asesora de Servicios de Comunicación Audiovisual (CHASCA), que es un organismo con una integración de 17 miembros. A mí me consta que el Poder Ejecutivo ha avanzado en la integración de la CHASCA; de hecho, ha formulado las invitaciones a las organizaciones de la sociedad civil, a los propios operadores. Ya hay designaciones en trámite. Nosotros ahí no tenemos más participación que brindarle la infraestructura a la CHASCA hasta tanto se cree el CCA. Le vamos a destinar un funcionario administrativo part time y la infraestructura para las audiencias públicas que se tienen que realizar.

–Mientras no esté funcionando la CHASCA, ¿se pueden hacer llamados a nuevas frecuencias?

–Se pueden hacer, pero hay un momento en que el proceso se detiene, que es cuando la normativa exige el pronunciamiento de la CHASCA. Con lo cual se han detenido todos esos expedientes que están todos en la órbita de la Dinatel (Dirección Nacional de Telecomunicaciones). Sé que el director nacional está muy preocupado por este tema. Se ha generado un indeseado enlentecimiento en los procedimientos de otorgamiento de frecuencias.

–El Observador publicó este sábado que comenzarán a fiscalizar los porcentajes mínimos de producción nacional. ¿Cómo será eso?

–En una primera etapa controlaremos que 60% de la producción, excluyendo tanda y autopromoción, sea de producción nacional. Para eso estamos solicitando a los canales de televisión abierta y a los canales propios de los servicios de televisión para abonados que nos remitan la programación. Pero ese control lo vamos a hacer a partir de mayo de 2018. ¿Por qué? Porque en diálogo con las gremiales de operadores, ellos nos hacían notar una cosa que compartimos, y es que la programación de un canal de televisión, normalmente, es de carácter anual y se dispara en marzo o abril. Entonces les dimos un tiempo para que ellos puedan cumplir, en caso de que no lo estén haciendo, aunque pensamos que en su gran mayoría lo están haciendo. En el caso de la radio, lo que establece la ley es 30% de música nacional. Ahí tuvimos que afinar la definición de música nacional y la extendimos al autor, compositor o intérprete. A partir del 1º de noviembre les vamos a pedir a las radios un listado de la música que emiten, de modo de poder hacer el control del 30%. Hemos recibido planteamientos de las gremiales que nos dicen que eso es muy complicado, porque tienen que tomar nota los 365 días del año de la programación. Estamos intentando desarrollar un procedimiento más sencillo.

– ¿Por ejemplo, tomar una muestra de la programación?

–Exacto, pero el tema es que no lo podés hacer ex ante, porque no le podés avisar al operador al que estás fiscalizando que lo vas a fiscalizar. Entonces tiene que ser ex post. Como la ley establece la obligación de preservar las grabaciones durante 90 días, eso nos permite a nosotros jugar en el sentido que vos estás planteando.

– ¿Desde cuándo están fiscalizando el cumplimiento del límite de 15 minutos de la tanda publicitaria en televisión?

–Es un tema interesante, porque la tanda ya estaba regulada desde 1978. Desde diciembre de 2013 estamos haciendo ese control; incluso adoptamos unas pocas sanciones en 2014, antes de que entrara en vigencia la ley de SCA. Sí es verdad que antes de 2013 no había casos en que se hubieran aplicado sanciones. Lo que hemos verificado es una reducción de las infracciones. Tenemos varias decenas de procedimientos en trámite, algunos que ya han concluido en sanciones. Nosotros tenemos en cuenta, al momento de graduar la sanción, la cantidad de minutos que se excede en una semana –con márgenes de tolerancia establecidos, que hemos comunicado–, y la reiteración: vamos agravando las sanciones mediante una fórmula paramétrica conocida por los operadores. Por sanciones muy mínimas hemos tenido apercibimientos, y la sanción máxima ha sido aproximadamente de 200.000 pesos. Pero también hemos notado que en general los canales de televisión han reducido sustantivamente los excesos, aunque no han desaparecido totalmente. Hemos detectado que se ha refinado lo de jugar al borde del reglamento.

– ¿Ha habido recursos administrativos contra estas sanciones?

–Ha habido; creo que ya hay una acción de nulidad por el tema tanda.

– ¿Qué desafíos plantea en el vínculo con los actores el hecho de que la Ursec asumió nuevas competencias?

–El regulador es como el juez de fútbol, lo mejor es que pase desapercibido, y no tiene hinchas. Somos conscientes de que a nadie le gusta que lo multen. Trabajamos mucho en cómo se hacen las inspecciones, en el respeto, en objetivar los procedimientos administrativos. La intensidad de los poderes jurídicos acordados a un órgano administrativo es inversamente proporcional a la simpatía que los regulados tienen por él. Pero es un rol que asumimos con total responsabilidad.

Natalia Uval / La Diaria
COMCOSUR INFORMA Nº 1840 – 07/09/2017 ______________________________________

5) REPENSAR LA SOLIDARIDAD

La libertad económica de los pobres
Las relaciones “norte-sur” tradicionales en cuestión
Entrevista con el filósofo suizo Patrice Meyer-Bisch

Sergio Ferrari*

En un mundo en plena mutación el concepto mismo de solidaridad exige reformulaciones. Así lo subraya en esta entrevista exclusiva el filósofo suizo Patrice Meyer-Bisch, presidente del Observatorio de la Diversidad y de Derechos Culturales de la Cátedra UNESCO. Hasta septiembre 2016, coordinaba el Instituto Interdisciplinario de Ética y de Derechos Humanos de la misma Universidad de Friburgo.

P: Vivimos en un planeta que se mueve entre un mercado globalizado y el aumento de muros, y miedos hacia “el otro”, hacia lo distinto. Un espacio resbaladizo para hablar de solidaridad y de cooperación…

Patrice Meyer-Bisch: Un marco universal que admite dos lecturas. La pesimista, que incluye las guerras, las exclusiones, y un acentuado individualismo de masa. Con un mercado ilusoriamente “globalizado” ya que solo beneficia a una pequeña parte del planeta. Donde predomina la lógica de los oligopolios y del capitalismo salvaje. Con la nueva política norteamericana que busca crear muros para controlar personas y la economía. No es un liberalismo en el sentido clásico ya que las libertades de cada uno no son consideradas.
La otra visión, más optimista, admite una situación de crisis con espacios para la innovación. Lo vemos también en el plano cultural: no se hablaba prácticamente nada de derechos culturales hasta hace algunos años. Hoy, son muchos los que insisten en que no se trata de un pilar más sino de la base misma para definir el tipo de desarrollo que queremos. E insisten en la necesidad de fundamentar la importancia de los derechos humanos en la economía.

P: ¿Ante este complejo contexto mundial cual es el principal desafío de la solidaridad internacional?

R: El de clarificar y definir qué son las libertades económicas. ¿Por qué no hablar, por ejemplo, de libertad económica de los pobres? Cuando un ser humano no tiene un peso en su bolsillo para comprar o vender, ni para asegurarle lo esencial a su familia, se trata de un ser profundamente humillado. La libertad económica de los pobres es absolutamente central, tan importante como la libertad de expresión, de circulación etc.
Pienso que el concepto central de libertad económica de los pobres -y por lo tanto de las obligaciones económicas de todos-, es una forma real de pensar y ejercer la solidaridad, en tanto medio para asegurar el derecho de cada uno a alimentar a su familia y a sí mismo. Tan importante, insisto, como los otros derechos humanos.

P: En esa lectura, ¿cómo se integra el concepto de solidaridad entre el “Norte” y el “Sur”?

R: Intentamos alejarnos de las amalgamas retóricas. Es decir, no hablamos de naciones ricas y pobres – si bien existen diferencias notables entre países-, sino sobre todo de gente más rica que otra. La explotación que los ricos hacen de los pobres se da en cada país. Hay muchísimos ricos en los países que se catalogan como “pobres” y gente inmensamente pobre en Zúrich o en Ginebra.
Las simplificaciones conceptuales benefician a los diferentes tipos de conservadurismos. Por ejemplo, a los Gobiernos de los países que se denominan “en vía de desarrollo”, que enarbolan su pobreza para conseguir ayuda internacional. Y a los países del “norte” que hacen un poco de cooperación pero que no atacan los problemas verdaderos y estructurales. Por ejemplo: la indiferencia ante el escándalo de la venta al Sur de productos petroleros con 350% más de azufre y tres veces más tóxicos que lo permitido aquí, lo que significa recetar la muerte colectiva de ciertas poblaciones, en la indiferencia total y la irresponsabilidad total de los culpables. O la aceptación de los salarios desmesurados. El año pasado el director de la empresa Novartis ganó 1 millón de francos mensuales (ndr: en torno de 1 millón 100 mil dólares estadounidenses). ¡Es un crimen económico! Sin embargo, estas realidades no producen grandes reacciones a no ser de algunas ONG y de una parte pequeña de la población.

P: ¿Qué significa entonces promover una verdadera cooperación solidaria?

R: Un ejemplo concreto. Trabajamos desde el 2000 en Burkina Faso para elaborar indicadores de derecho a la educación de base. Comprobamos que las leyes allí están en conformidad con los textos internacionales. Sin embargo, a pesar de la gran ayuda internacional, existe una tasa de analfabetismo de cerca del 75%. Esto se explica porque la escuela es neocolonial, y las clases se dictan en francés, cuando solo el 6% de la población lo habla.
La gente analfabeta no quiere enviar a sus hijos a la escuela, no por ignorancia, sino porque tienen un concepto fuerte, inteligente y correcto del tipo de escuela que quisieran tener. Rechazan ese tipo de institución neocolonial que atenta contra sus raíces y amenaza su propia cultura.
La verdadera cooperación es la que se da entre actores diversos, con activa participación de la gente y alrededor de valores profundos como el tipo de educación que desean transmitir a sus hijos.
Participación en todos los niveles: las escuelas, comunidades, asociaciones de madres y de familiares. En este ejercicio, el factor humano es clave.

P: ¿Este ejercicio que usted describe conlleva a un cuestionamiento de la cooperación occidental o “norte” tradicional?

R: Sin duda. La cooperación es centralizada. Busca reproducir modelos conocidos pensando que se pueden transportar y aplicar en países pobres. Con la idea de que falta todo, incluso inteligencia. Y sin aceptar otra perspectiva: una persona o población pobre son potencialmente ricos y la pobreza se debe a que sus derechos esenciales son violados. Se puede ir para observar, acompañar con respeto, para reforzar. No vamos para “medir la pobreza” y trasladar nuestras lógicas de evaluación, de impacto, de efectos. Como que si nosotros tuviéramos la verdad y supiéramos todo mejor…

P: ¿Este nuevo paradigma implica la búsqueda de propuestas alternativas?

R: No me gusta el concepto de alternativo, que supone que existe un modelo único, principal, dominante. Hay que reformar todo, cambiar de paradigmas, encontrar un lenguaje auténtico de derechos y libertades económicas, y darle un sentido mucho más poderoso a la democracia. Es decir, aplicar lo que nosotros definimos como la visión basada en los derechos humanos en desarrollo.

*Sergio Ferrari, en colaboración con la revista Praxis/UNITE y E-CHANGER, ONG suiza de cooperación solidaria
COMCOSUR INFORMA Nº 1840 – 07/09/2017 ______________________________________

COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR / COMCOSUR – 1994 – 19 de junio – 2017 – 23 años
Selección y producción: Beatriz Alonso, Henry Flores y Carlos Casares Apoyo técnico: Carlos Dárdano
Colaboran:
ALEMANIA: Antje Vieth y Carlos Ramos (Berlín)
BRASIL: Carlos O. Catalogne (Florianópolis)
CENTROAMÉRICA: Gustavo González
ECUADOR: Kintto Lucas (Quito)
HOLANDA: Ramón Haniotis (Amsterdam)
SUIZA: Sergio Ferrari (Berna)
URUGUAY: Jorge Marrero (Santa Rosa), Margarita Merklen (Durazno), Pablo Alfano (Montevideo), Luis Sabini (Piriápolis, Maldonado)
Correspondencia: Proyectada 17 metros 5192 E (Parque Rivera) 11400 MONTEVIDEO – URUGUAY
E mail: comcosur@comcosur.com.uy
Web: nuevo.comcosur.org/
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Coordinación: Carlos Casares
COMCOSUR es miembro de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias – AMARC COMCOSUR se mantiene con el trabajo voluntario de sus integrantes y no cuenta con ningún tipo de apoyo institucional.
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FARC: DE LAS ARMAS A LAS URNAS

MUMIA:

1) FARC: De las armas a las urnas

2) Guatemala: 10 Reflexiones sobre el momento actual

3) El limbo libio

4) La violencia expulsa a miles de rohinyás de Myanmar

5) La invisibilidad y la economía tóxica de la guerra en Iraq


COMCOSUR / POR LA VOZ DE MUMIA ABU JAMAL / AÑO 17 / Nº 836/ Miércoles 6 de septiembre de 2017 / REVISTA DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS / Producción: Andrés Capelán

“Vivimos en la mentira del silencio. Las peores mentiras son las que niegan la existencia de lo que no se quiere que se conozca. Eso lo hacen quienes tienen el monopolio de la palabra y combatir ese monopolio es una tarea central.” — Emir Sader

1) FARC: De las armas a las urnas
Katu Arkonada (La Jornada)

Después de 5 días de Congreso y deliberaciones, se cierra el Congreso de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejercito del Pueblo (FARC-EP), para dar paso al nuevo partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC).

Los días del Congreso en el Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada, situado en el centro de Bogotá a menos de 3 kilómetros en línea recta del Palacio de Nariño, residencia oficial del Presidente y sede de gobierno de Colombia, han reflejado la intensidad de distintas culturas políticas que confluyen en el mismo partido. Principalmente dos, la de los guerrilleros de los diferentes bloques (mediante los que la guerrilla ejercía el control territorial de una parte del país) y la de los militantes del Partido Comunista Clandestino Colombiano (PC3), la expresión política de las FARC en áreas urbanas.

Después del trabajo en comisiones, el último día de debate fue inaugurado por Ernesto Samper, ex presidente de Colombia. El también ex secretario general de la Unasur dio la bienvenida a la política a la ya ex guerrilla, en un discurso en el qué aposto por un socialismo del Buen Vivir (con menciones a Bolivia y Ecuador) en el que se le dé un valor agregado a los recursos naturales, se impulse la economía campesina y el reparto de la tierra, y se tengan relaciones bajo un horizonte sur-sur.

La jornada final del Congreso tuvo varios momentos de discusión. Uno de los puntos centrales fue la orientación ideológico-política del nuevo partido que iba a nacer. La definición final aprobada en votación fue la de una organización que recoge los principios y elaboraciones teóricas de las derivadas del pensamiento crítico y libertario, así como de las experiencias que a partir de ellas se han elaborado tanto a nivel mundial como de América Latina, especialmente las formuladas por los fundadores de las FARC-EP Manuel Marulanda y Jacobo Arenas. Todo ello con una orientación clara destinada a superar el orden social capitalista vigente.

Otro momento de votación importante fue para definir el nuevo nombre y logo del partido. En este caso y aunque se barajaba la alternativa de Nueva Colombia, se decidió por mayoría mantener el acrónimo FARC, unas siglas históricas, en una decisión que intenta mantener la cohesión interna de la hasta ahora organización político-militar, aunque probablemente tenga un costo negativo en la percepción urbana. Junto al nombre, un nuevo logo que simboliza una rosa moderna con una estrella roja en su interior, ya criticado en redes sociales por su semejanza con la tradicional rosa de la socialdemocracia.

Pero el momento culminante del Congreso tuvo lugar cuando los mil 100 delegados y delegadas al Congreso votaron por la dirección del nuevo partido político. Antes ellos, la decisión de escoger a las 111 personas que deben integrar la dirección, una urna, y dos tarjetones; uno rojo con 111 nombres propuestos por el Estado Mayor Central de las FARC, y otro verde con más de 50 nombres que se habían ido proponiendo durante los días del Congreso. El resultado, más allá de la cantidad de votos a cada candidato o candidata, consolidó la dirección de 111 propuesta por el Estado Mayor Central con los principales cuadros políticos del secretariado de las FARC-EP en los primeros lugares: Iván Márquez, Timoleón Jiménez, Pablo Catatumbo, Joaquín Gómez, Pastor Alape o Ricardo Téllez, entre otros.

El propio momento de la votación fue histórico para una buena parte de las y los participantes del Congreso, que como afirmaban con emoción, en sus décadas de vida, y militancia en las FARC, era la primera vez en su historia que depositaban un voto en una urna. A partir de ahora, serán muchas las veces que lo tengan que hacer en un partido que tiene asegurados por los Acuerdos de La Habana 5 senadores y 5 diputados en la Cámara de representantes para la legislatura 2018-2022.

Una vez clausurado el Congreso fundacional del nuevo partido con la elección de su dirección, y presentado la organización naciente en un acto político-cultural en la Plaza Bolívar de Bogotá ─nada es casualidad─ donde la intervención principal estuvo a cargo del antes Comandante en Jefe Timochenko, hoy Timoleón Jiménez, las FARC enfrentan una serie de desafíos que tienen que enfrentar en esta nueva etapa de lucha política y electoral.

El principal, consolidarse como un referente político no solo en determinadas zonas rurales del país, sino sobre todo en lo urbano, donde trabajan cientos de organizaciones sociales y políticas en diversos ámbitos, el de los derechos humanos, civiles o políticos; genero e identidad sexual; economías alternativas y un sinfín de luchas territoriales.

Para ello cuentan con una cierta aceptación en determinados sectores de la sociedad colombiana, que una encuesta1 de Gallup Colombia divulgada durante los días del Congreso coloca en el 12%, 2 puntos por encima del 10% de aceptación que tienen los partidos tradicionales entre la sociedad colombiana, mientras que la imagen negativa, en el 84% es algo menor que el 87% de los partidos.

Ese descrédito de los partidos políticos tradicionales es una oportunidad, pero también entraña muchos riesgos, el de la normalización política y la institucionalización, que las FARC van a tener que enfrentar en el futuro cercano; incluidos los incumplimientos del gobierno en varios puntos de los Acuerdos de La Habana, y el paso de miles de guerrilleros a la vida civil, muchos de ellos sin haber podido disfrutar de su juventud debido a la guerra.

Y es que, como nos comentaba la ex guerrillera Isabela, a cargo de la zona veredal Antonio Nariño, durante una visita a ese territorio de paz situado en Icononzo, Valle de Tolima, construir la paz es muchas veces más difícil que hacer la guerra.

MIÉRCOLES 6 DE SEPTIEMBRE DE 2017 – COMCOSUR
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2) Guatemala: 10 Reflexiones sobre el momento actual
Simona Violetta Yagenova (Alai)

1. La actual crisis política solo puede comprenderse desde su perspectiva histórica y sistémica. El complejo sistema de dominación impuesto en contra de los pueblos que aquí habitan registra crecientes fisuras, derivadas del aumento de las contradicciones sistémicas, del fracaso de la clase dominante para gestionar “adecuadamente“ los asuntos del Estado-Nación y obstaculizar permanentemente reformas estructurales democratizadoras, así como por la emergencia de fuerzas que ratifican que el actual sistema está agotado y apuestan a un radical rediseño del modelo económico y político.

2. Hace dos años inició una coyuntura política creada por la intervención de factores externos ( CICIG, EEUU) que de manera sistemática han impulsado una estrategia jurídica-política en contra quienes configuran el denso tejido de mecanismos de enriquecimiento ilícito operados a través de partidos políticos, bancos, empresas privadas, funcionarios públicos, empresas de comunicación o las fuerzas armadas, desnudando las modalidades del saqueo, de la corrupción y la forma como el capital mafia cooptó al Estado. Si bien durante la primera etapa (abril-agosto 2015) estos esfuerzos fueron acompañados de una importante movilización ciudadana que se aglutinaba en torno a la renuncia del binomio presidencia (Pérez Molina/Baldetti), esta se fue apagando paulatinamente en la medida en que se acercaron las elecciones generales y no se tuvo la capacidad para construir consensos sobre qué es lo que correspondía impulsar en la siguiente etapa política, fragmentándose las perspectivas y las acciones.

3. El abandono del espacio político para impulsar la Constituyente plurinacional o profundas reformas políticas, conllevó al reacomodo de los poderes facticos y espurios, la profundización de la intervención de los EEUU y una intensificación del accionar de la CICIG-MP contra estructuras o personas vinculadas al crimen organizado -corrupción, con énfasis en los que pudieran estancar avances o facilitar retrocesos. Los procesos que se han levantado por parte de la CICIG-MP, primero contra el hijo/hermano y ahora contra el actual presidente Morales, pueden interpretarse dentro de este marco.

4. La decisión del presidente Morales de querer expulsar del país al comisionado de la CICIG, Iván Velásquez, bajo argumentos poco sostenibles, ha levantado una ola de protestas nacionales e internacionales afirmando que de viabilizarse tal expulsión significaría un profundo retroceso en la lucha contra la corrupción-capitales mafias, y oxigenaría a quienes políticamente están vinculadas con las estructuras criminales. Morales, ahora explícitamente respaldado por sectores de ultraderecha, exmilitares violadores de derechos humanos y quienes temen que más temprano que tarde enfrentarán demandas jurídicas, comienzan a movilizar sus bases, lo que podría agregar más tensión a la crisis política. Si bien la CC resolvió favorablemente una acción jurídica en contra de la expulsión del comisionado es previsible que estos sectores continuarán impulsando acciones políticas-jurídicas para lograr su cometido. Pero es necesario salir de la disyuntiva simplista Velásquez-Morales.

5. La decisión de la CICIG/MP para iniciar un proceso jurídico en contra del presidente Morales se tomó conjuntamente con los EEUU, y debe haber contemplado el análisis de las posibles respuestas del ejecutivo así como los escenarios políticos que se abrirían con su dimisión del cargo. Negarlo sería caer preso de una enorme ingenuidad política o de una absoluta ignorancia de cómo hoy opera el sistema hegemónico global en general y el imperio en particular. Es muy probable, que desde el departamento del Estado se hubiera propiciado reuniones con determinados interlocutores nacionales para, identificar a posibles sucesores, visualizar escenarios de salida, así como diseñar estrategias de contención que involucran a las tropas del comando sur que ya se encuentran en el país desde hace meses. En tal sentido, la seguramente justificada acción jurídica contra el presidente Morales impulsado por CICIG-MP, trasciende el ámbito jurídico y se convierte en un operativo político intervencionista con sus respectivas repercusiones. El que Guatemala se haya convertido virtualmente en protectorado de los EEUU tiene implicaciones profundas a corto y mediano plazo.

6. Es indudable que el país vive una crisis sistémica que no puede resolverse dentro del marco de las reglas del modelo político y económico existente. Los retrocesos económicos-sociales, las recurrentes crisis políticas, la pérdida de legitimidad de los tres organismos del Estado, la intensificación de las contradicciones sistémicas y la creciente intervención externa crean un escenario de permanente tensión y de acumulación del descontento social.

7.Este escenario puede deteriorarse y prolongarse en el tiempo si las fuerzas socio-políticas democráticas (movimientos, pueblos originarios, izquierdas..) no tomen la decisión de articularse en torno a una estrategia común que sea capaz de combinar eficazmente diversos planos tácticos, confluyendo en torno a metas que deben alcanzarse en un determinado plazo de tiempo. La complejidad del sistema de dominación actual requiere una estrategia de lucha que corresponde a este nivel de complejidad.

8. Los movimientos, pueblos y fuerzas de izquierda se enfrentarán en breve a una nueva disyuntiva ante la posible destitución del actual presidente de la Republica. ¿Cómo enfrentar las estrategias de reacomodos espurios a cambios cosméticos? ¿Cómo impulsar una propuesta de profundo cambio del diseño del modelo político y económico existente en una coyuntura de crisis, disputa, de desigual correlación de fuerzas y de intervención imperial?

9. Las transiciones no se gestan automáticamente sino son producto de procesos de maduración en la praxis de las fuerzas sociales portadores del cambio social. Es importante dialogar en torno a cómo se concibe dentro del marco de una estrategia de cambios sistémicos las distintas etapas de la transición. Para el momento histórico actual ¿Las reformas políticas mínimas dentro del marco del sistema actual permitirán acumular fuerza crítica, transformadora o no? ¿Debe apostarse aún al modelo de la democracia liberal y representativa? ¿Es viable avanzar por el camino de la democracia popular con reformas políticas que reproducen la lógica del Estado burgués, racista y patriarcal? ¿Es posible dentro del marco del modelo actual de acumulación por despojo democratizar al capital o impulsar un modelo tipo keynesiano? ¿Son válidas aún las concepciones de que los cambios sistémicos deben impulsarse por diferentes etapas mediante estrategias específicas?

10. El momento actual exige profundizar el debate y propiciar mayor claridad qué es lo proponen como alternativa las fuerzas democráticas, movimientos, pueblos originarios e izquierdas de este país. Los tiempos políticos propicios para impulsar cambios estructurales profundos no son elásticos. Se acaban.

– Simona Violetta Yagenova es coordinadora del Área de Estudios de Movimientos Sociales, FLACSO Guatemala.

MIÉRCOLES 6 DE SEPTIEMBRE DE 2017 – COMCOSUR
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3) El limbo libio
Guadi Calvo (Rebelión)

El plan maestro de la Unión Europa (UE) para controlar la llegada de refugiados a Europa desde los puertos libios, que consistía en encontrar una fórmula para unificar las diferentes fuerzas políticas y milicias laicas o moderadas, que ejerzan el control del flujo al modo que han pactado con Turquía, parece estar próximo a zozobrar.
Tras el encuentro en julio pasado en chateau de la Celle- Saint Cloud, a las afueras de Paris, auspiciado por el presidente Emanuel Macron entre Fayez al-Serraj del Gobierno de Acuerdo Nacional (GNA), designado presidente por la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia (UNSMIL), en marzo de 2016 y el auto postulado hombre fuerte del país, el general Jalifa Haftar, fortalecido políticamente tras la toma de la ciudad de Bengazzi por sus fuerzas en julio pasado, después de tres años de combates y cuyo referente político es la Cámara de Representantes de la ciudad de Tobruk, habían acordado un alto el fuego y la utilización de sus fuerzas solo para la lucha contra el terrorismo.

A pesar de lo acordado las fuerzas de Haftar, siguen hostigando a organizaciones como las milicias de Misrata, vinculadas a Fayez al-Serraj, lo que podría tirar por tierras las ilusiones de Macron. A la confusa atmosfera de grupos armados, que responden a distintas ciudades, Trípoli, Tobruk, Misrata, Bengazzi o Sirte se agrega la reaparición muyahidines del Daesh, a unos 130 kilómetros al sur de Sirte, la que hasta diciembre de 2016 fue la capital del Califato, ha puesto en alerta no solo a los bandos políticos que hoy “gobierna” Libia sino a la UE.

Cuando los hombres del Califa Ibrahím (Abu Bakr al-Bagdadí) abandonaron la ciudad de Sirte, en diciembre pasado, buscaron refugio en el sur del país y ahora parecen estar intentando alcanzar las regiones centrales y norte de Libia, donde posicionarse para establecer, otra vez como lo fue en un principio Derna y luego Sirte, un punto de donde volver a su sueño de establecer un Califato. Según diferentes servicios de inteligencia el número de combatientes superarían el millar y se encuentra en crecimiento, aunque la cifra todavía está lejos de los 5 mil que llegaron a ser antes de su derrota en Sirte.

Esos refuerzos podrían estar llegando a Libia desde organizaciones wahabitas, provenientes del oeste: Marruecos, Argelia y Túnez, desde el sur por parte de los muchos focos integristas que actúan en el Sahel, particularmente en el norte de Mali, Níger y Chad e incluso refuerzos de los nigerianos de Boko Haram y veteranos de Siria e Irak, donde las bandas rigoristas están en franco retroceso.

Desde que el Daesh fue desalojado de Sirte por el grupo al-Buyan al-Marsus, las milicias moderadas de la ciudad de Misrata y hombres del general Haftar, pareció difuminarse por las porosas fronteras del Magreb y en una región de cuevas en el centro del país, donde resistieron hasta hace poco más de un mes.

El panorama libio se vuelve a enturbiar con la reaparición del Daesh en el ataque contra un puesto de control vehicular cercano la ciudad de Jufrah, a 500 kilómetros al sur de Trípoli, donde los terroristas asesinaron a 14 personas, 11 de ellos fueron decapitados, la mayoría hombres que pertenecían a las milicias del general Haftar.

El domingo 27 de agosto, el sitio Amaq, que funge como órgano de oficial de la banda terrorista, mostró un nuevo video donde varios muyahidines instalaban un puesto de control en la ruta que vincula el oasis de al-Jufra con la ciudad costera de Abu Grein en oeste de la ex capital del Daesh. En la grabación se observa cómo milicianos del califato chequean camiones y automóviles. En el mismo video se muestran dos prisioneros Sagayar Majri, secuestrado en mayo último, miembro de la Asamblea Constituyente de Libia, y Mohamad Abu Bakr, de la Guardia de Instalaciones Petroleras (PFG).

Con la caída de Sirte, cuna del coronel Gaddafi, en diciembre último, tras varios meses de asedio se creyó que el grupo terrorista se iría a desperdigar buscando otros focos de terrorismo fuera de Libia, su retorno aleja cualquier posibilidad de acuerdo a la turca entre Libia y la Unión Europea.

La llaga de los refugiados

Sin la posibilidad de cerrar los puertos libios, de donde salen a diario cientos de embarcaciones con miles de refugiados que intentan llegar a Italia, la llaga que tanto perturba a la Unión Europea sigue abierta y sangrante.

Impedir la llegada de refugiados se ha transformado en una obsesión para Italia, a punto del colapso político y social, que podría desbordar hacia posturas ultraderechistas como se están dando en Alemania y otros países de Europa.

Las regulaciones que se intentan establecer las operaciones de rescate de las ONG en el Mediterráneo por parte de la UE e incentivar arreglos con el gobierno de Fayez al-Serraj, quien en realidad controla poco más allá de la casa de gobierno en la propia Trípoli, ciudad donde diferentes grupos armados que van de traficantes de droga a integristas pro al-Qaeda o Daesh, disputan en verdaderas batallas la posesión de barrios. Libia ha sido envuelta en un estado anárquico, que sin duda desembocará en la concreción de un Estado Fallido, ya que la intervención de Estados Unidos y la OTAN tendría que ser con tropa en tierra, lo que seguramente sus pueblos no estarían dispuestos a financiar.

Expertos en derechos humanos de migrantes y tortura han denunciado que la UE está actuando, “en contravención con la obligación de rescatar a las personas en peligro”, según la Organización Internacional de las Migraciones; en lo que va del año casi 2400 refugiados murieron ahogados intentado atravesar el Mediterráneo central.

Los nuevos planes de acción de la UE pretenden impedir la salidas de más embarcaciones condenando a ya el más de un millón de refugiados que esperan en los diferentes puertos libios la posibilidad de abordar alguna embarcación, tras atravesar miles de kilómetros, provenientes de cada rincón de África y países tan lejanos con Afganistán, Bangladesh, donde son sometidos a toda clase de vejámenes desde torturas y maltrato, detención, abusos sexuales para niños y mujeres, secuestro para la venta como mano de obra esclava, prostitución e incluso incorporarlos a algunas de las fuerzas que combaten en Libia.

Bruselas, sede de la Unión Europea, dice que sus prioridades es salvar esas vidas proveyendo de fondos a diversas agencias de la ONU, con una sola pretensión: no más refugiados. Consientes de lo advertido por Filippo Grandi, Alto Comisionado de ACNUR (Agencia de la ONU para los refugiados): “Disminuir el número de refugiados que llegan a Europa, sin resolver sin el restablecimiento de la paz, el desarrollo, caminos seguros, es moralmente inaceptable”.

Italia ha optado por imponer un código de conducta que regule las operaciones de rescate de las diferentes ONG que intentan rescatar a los refugiados perdidos en el mar. Con esto el gobierno el Primer Ministro, Paolo Gentiloni, intenta sacarse el peso de encima y sea la UE quienes se hagan cargo de la crisis.

Por su parte, el gobierno de Unidad Libia (Trípoli) ha prohibido que buques extranjeros puedan entrar en sus aguas territoriales en operaciones de búsqueda y rescate. En ese estado de situación cada vez más confuso, sin normas, ni leyes que se puedan cumplir, la llegada de refugiados a Italia disminuyó en un 51%, aunque las llegadas al sur de España en el mes de julio se incrementaron en más de un 100%.

Estados Unidos y la OTAN utilizaron ingentes recursos a la hora de destruir a Libia y muchas otras naciones de África, Medio Oriente y Asía, a la hora de las responsabilidades todos miran hacia otro lado esperando que el limbo al que han condenado a millones de personas los resuelva Dios o la Muerte.

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4) La violencia expulsa a miles de rohinyás de Myanmar
Tharanga Yakupitiyage (IPS)

El recrudecimiento de la violencia en Myanmar (Birmania) obligó a más de 18.000 rohinyás a huir en menos de una semana, denunció el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

El movimiento comenzó cuando el gobierno de ese país de Asia sudoriental lanzó “operaciones de limpieza” tras los ataques contra los puestos de seguridad el 25 de agosto por el grupo armado Ejército de Salvación de Rohinyá Arakán (ARSA), que dejaron casi 110 muertos. Hay denuncias de que las fuerzas de seguridad quemaron aldeas y lanzaron ataques contra los rohinyás musulmanes.

Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), unas 18.500 personas cruzaron la frontera con Bangladesh desde el estado de Rakáin, y miles más están atrapados en tierra de nadie entre esos dos países. También hay relatos de que algunas personas cruzan por el río Nauf, donde los guardias bangladesíes ya han sacado varios cuerpos de unos 20 rohinyás ahogados.

“Condeno totalmente los ataques violentos contra el personal de seguridad, que derivó en la pérdida de muchas vidas y en el desplazamiento de miles de personas”, indicó el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al-Hussein, pero subrayó la necesidad de que las fuerzas gubernamentales empleen una respuesta proporcional.

“Por desgracia, nuestros temores se vuelven realidad. Décadas de continuas y sistemáticas violaciones de derechos humanos, como las muy violentas respuestas de las fuerzas de seguridad a los ataques desde octubre de 2016, casi que contribuyeron a alimentar el extremismo violento, una situación en la que todos pierden”, prosiguió.

En octubre de ese año, el ejército de Birmania realizó operaciones de contrainsurgencia tras los ataques de insurgentes rohinyás contra puestos de control fronterizos, lo que dejó a casi 90.000 personas desplazadas. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló que “es muy probable” que los ataques contra civiles rohinyás en esas operaciones constituyan crímenes contra la humanidad. Algo que las autoridades birmanas han negado en reiteradas oportunidades.

Una larga historia

El gobierno hace tiempo que cuestiona el estatus del pueblo rohinyá como ciudadanos birmanos, les ha restringido el movimiento y los ha excluido de los servicios sociales, dejando a la mayoría sin Estado y empobrecidos. El alto comisionado para los Derechos Humanos describió a la comunidad rohinyá como una de las más “excluidas, perseguidas y vulnerables del mundo”. El presidente del Centro de Ginebra para los Derechos Humanos, Hanif Hassan Ali Al Qassim, urgió al gobierno birmano a prevenir las violaciones de derechos humanos contra la población civil en el marco de la actual escalada del conflicto militar.

“Los testimonios perturbadores de rohinyás huyendo de Myanmar confirman las graves violaciones de derechos humanos que se llevan a cabo contra la población civil”, indicó. “La sociedad mundial no puede hacer la vista gorda a la perturbadora situación en Myanmar. El Centro de Ginebra llama al inmediato cese de la persecución de los rohinyás”, añadió Al Qassim.

Respuesta de la ONU

En respuesta a la violencia en ese país asiático, el Consejo de Seguridad de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) mantuvo una discusión a puertas cerradas en la última semana de agosto. No hubo declaraciones oficiales, pero el embajador británico Matthew Rycroft llamó a todas las partes a desescalar la situación y a mirar el asunto a largo plazo. Rycroft agregó que el el máximo órgano de seguridad todavía respalda a Aung SAn Suu Kyi, premio Nobel de la Paz y consejera de Estado de Birmania. “Nos remitimos a ella para fijar el tono correcto y para encontrar los compromisos y la necesaria reducción de la tensión y resolver el conflicto por el bien de todo el pueblo de Birmania”, indicó.

Estalló la violencia tan solo dos días después de la publicación del esperado informe de la Comisión Asesora del Estado de Rakáin sobre la situación en esa región. “Hay una gran tensión y el riesgo es cada vez más grave. La violencia no traerá soluciones duraderas para el problema del atribulado estado de Rakáin”, indicó el presidente de la comisión Kofi Annan. “Sin embargo, el status quo no puede continuar”, añadió el ex secretario general de la ONU.

Entre las recomendaciones que figuran en el informe de 63 páginas para el gobierno birmano es que revise la legislación sobre el derecho a la ciudadanía, conceda libertad de movimiento a los rohinyás musulmanes e invierta en el desarrollo socioeconómico del estado de Rakáin. Annan alertó que la no implementación de las recomendaciones solo alimentará el ciclo de violencia y la radicalización, profundizando la pobreza crónica en ese estado. Asimismo, Zeid llamó al gobierno de Birmania a seguir las recomendaciones para “atender, en vez de sacrificar las preocupaciones en materia de derechos humanos en el interés de mantener la paz y el orden”.

Apoyo internacional pedido y criticado

El director general de la OIM, William Swing, reclamó más apoyo internacional para los civiles que huyen hacia el vecino Bangladesh. Ese país ya acoge a unos 500.000 rohinyás desde hace tres décadas, precisó. Swing pidió a Bangladesh que admita más personas que huyen de la violencia, muchas de las cuales son mujeres, niñas, niños y adultos mayores, o facilite el acceso a las agencias humanitarias para que puedan socorrerlos. También llamó a las autoridades birmanas del estado de Rakáin a facilitar el trabajo de las agencias humanitarias y a suministrar un acceso irrestricto y así contribuir a estabilizar la situación y reducir el número de personas que huyen del país.

Pero la oficina de Aung San Suu Kyi acusó a las organizaciones internacionales de colaborar con los “terroristas”, lo que hace temer por la seguridad de los trabajadores humanitarios y la continua violencia. “Estoy extremadamente preocupado de que las acusaciones infundadas contra las organizaciones internacionales pongan en peligro al personal y les sea imposible proveer asistencia fundamental”, subrayó Zeid. “Ese tipo de declaraciones son irresponsables y solo sirven para aumentar el miedo y fomentar la violencia”, añadió.

Traducido por Verónica Firme

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5) La invisibilidad y la economía tóxica de la guerra en Iraq
Toby C. Jones (Jadaliyya.com)
Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández.

En abril de 2008, una pequeña firma de ingeniería estadounidense –MKM Engineers, con sede en Stafford, Texas- había estado trabajando durante casi dos décadas en la limpieza de productos tóxicos en una antigua instalación militar de EEUU situada justo al oeste de la ciudad de Kuwait. Diecisiete años antes, en julio de 1991, una bomba de calor defectuosa de un vehículo militar cargado con proyectiles de artillería de 155 mm en Campo Doha se incendió provocando un infierno devastador. El fuego hirió a varias docenas de personas y causó daños en decenas de vehículos, incluidos varios tanques del tan apreciado modelo M1A1 (1). Miles de proyectiles de artillería se cocieron al fuego, desencadenando una extendida reacción explosiva en cadena. Pero no se tuvo en cuenta la seguridad del personal enviado a la base para destruir y hacer detonar los restos del armamento, provocando la muerte del equipo de limpieza del capital Doug Rokke, en un suceso que fue rápidamente conocido como el Doha Dash (2).

El fuego desató asimismo una columna de humo tóxico. El metal quemado –el detritus de la maquinaria bélica destruida y la artillería utilizada- deja siempre un legado peligroso. Pero la base albergaba también miles de proyectiles antitanque de 120 mm dotados de uranio empobrecido (DU, por sus siglas en inglés), armas forjadas a partir de los residuos del ciclo de combustible nuclear estadounidense. El armamento de DU es a la vez radiactivo y tóxico. Normalmente, el DU que no se utiliza para uso militar u otro tipo de industria es manipulado y almacenado como residuo peligroso. La Agencia de Protección Ambiental de EEUU y el Pentágono han establecido directrices muy estrictas para su manejo reconociendo que es un peligro tanto para salud humana como ambiental. En Campo Doha, a causa del fuego, detonaron más de 600 obuses obtenidos a partir de desechos nucleares, cubriendo el cielo de un nocivo humo y polvo negro que se extendió a lo largo de muchos kilómetros (3).

Aunque durante muchos años se había venido informando de que el DU, especialmente su toxicidad química, constituía una amenaza para la salud y el medio ambiente, el ejército estadounidense limitó sus esfuerzos a hacer frente al caos desencadenado en Kuwait (4). El armamento dañado se devolvió discretamente a EEUU para que fuera limpiado o destruido. Las armas utilizadas y alguna arena contaminada se metieron en barriles y muchos de ellos se enviaron a lugares remotos del desierto kuwaití y se quemaron. EEUU, afirmando que sólo tenían una mínima obligación legal a la hora de responsabilizarse de los residuos y comprometerse con la recuperación del medio ambiente alrededor de la base, abandonó los trabajos de limpieza que sólo se completaron de forma parcial a finales de 1991. Halliburton, la empresa gigante de servicios petroleros, llevó a cabo nuevos trabajos en el lugar tras la invasión de EEUU de Iraq en 2003.

Pero no fue sino hasta 2008 cuando los ingenieros de Texas neutralizaron totalmente y redujeron los riesgos en la zona de alrededor del Campo Doha. Financiada por el ejército kuwaití, MKM Engineers supervisó las últimas excavaciones allí, desenterrando casi 7.000 toneladas de arena tóxica irradiada. Una vez desenterrada, esa arena se cargó en el buque contenedor BBC Alabama y se envió a miles de kilómetros, al puerto de Longview, en Washington, enclavado en el río Columbia, en la parte sudoccidental del Estado. Desde allí, la arena se transportó por tren a una instalación privada de residuos peligrosos en los alrededores de Boise, Idaho, donde fue permanentemente enterrada (5).

Los detalles del incendio en Campo Doha y su legado tóxico, en el que el ejército de EEUU declinó su responsabilidad de recuperar un lugar tóxico sólo para que gran parte de ese mismo lugar fuera finalmente transportado a EEUU para su tratamiento y eliminación final, son absurdos. Resulta perturbador ese movimiento de transformación de residuos peligrosos en armas en EEUU para utilizarlas en Oriente Medio, en este caso para que vuelvan de nuevo como desechos años después. Más allá de los detalles del incendio en Campo Doha, ¿por qué este episodio debe ayudarnos a pensar de forma crítica y más extensamente en las economías y en las políticas económicas de guerra?

A continuación sugiero que dejemos a un lado las formas más convencionales de pensar sobre el valor de las armas en las economías de guerra, especialmente los detalles de los que a menudo se informa acerca del valor monetario de las armas compradas y vendidas entre las potencias mundiales (de lo monetario al cambio). Los sistemas de armamento forman siempre también parte de las economías y ecologías ambientales y de salud. Para reflexionar parcialmente sobre esto, apunto hacia la necesidad de una visibilidad e invisibilidad más amplias y sobre cómo podemos utilizar los impactos ambientales y en la salud del uso de las armas de DU –que siguen siendo poco conocidos, y lo que resulta más perturbador, a menudo deliberadamente ocultados- para ampliar nuestro marco respecto a todo lo que incluye una economía de guerra y a cómo funcionan algunas partes de la misma.

Es el carácter furtivo de la industria de armamento de uranio empobrecido, sus pruebas (sobre todo y de forma secreta en el suroeste estadounidense), la escala de su uso y, finalmente, la naturaleza e impacto que resultan, lo que hace que sea a la vez difícil de investigar y también muy útil para el ejército estadounidense y su clientela. Sugiero que la relativa invisibilidad de los sistemas de armamento de DU es algo más que una idiosincrásica nota a pie de página de las guerras en Oriente Medio. Aunque el armamento sin DU ha matado seguramente a más personas, causado más daño y beneficiado a sus inversores de forma más significativa, el poder de los sistemas más pequeños y su carácter secreto trasciende su relativa “cuota de mercado”. De algún modo, esto tiene que ver con políticas más amplias de visibilidad y guerra. Muchos son los procesos que tienen lugar, desde los beneficios al dolor, fuera de la vista. Como consecuencia, la guerra y aquellos a quienes beneficia siguen adelante con mucha más facilidad y entusiasmo. En efecto, la invisibilidad de aspectos clave de la guerra y de sus emolumentos crea vías de acceso pequeñas, aunque fundamentales, que benefician a una gama más amplia de intereses privados, corporativos y políticos. También ayudan a separar o disminuir los sufrimientos de diversos tipos, incluyendo los impactos ambientales y en la salud a largo plazo.

La magnitud del daño causado en Kuwait fue relativamente pequeña si se compara con la devastación producida por la guerra en otros lugares, especialmente en el vecino norteño de Kuwait, Iraq, donde el país quedó arrasado por la larga guerra de EEUU entre los años 1991 y 2011 (6). El pequeño coste del incendio del Campo Doha, quizá alrededor de 40 millones de dólares, es menor si se compara con los billones de dólares gastados en la guerra y los daños causados en Iraq (7). Y aunque la fabricación y venta de armas, así como el intercambio rutinario de miles de millones de dólares de ingresos petroleros para los sistemas militar y de armamento estadounidense, son fundamentales para comprender la importancia de la economía política de la guerra en Oriente Medio –y de sus implicaciones mundiales-, el armamento de DU, si bien no es insignificante, constituye una pequeña fracción del total de los beneficios de la industria de armamento en las guerras en la región.

Desde que en la década de los setenta del pasado siglo empezó a utilizarse en armas diseñadas para destruir a los tanques soviéticos, se desconoce la cifra total de armas de DU fabricadas. Hechas en lotes pequeños y diseñadas principalmente para destruir blindados, es probable que la producción total de DU alcance los cientos de miles de proyectiles de artillería, millones de obuses de calibre más pequeño, así como blindajes para tanques y otros usos. Cualquiera que haya sido la escala real de la producción durante décadas, el ejército de EEUU utilizó ampliamente armamento de DU contra objetivos militares y no militares en Iraq entre 1991 y 2011, así como en Afganistán y Siria. El Pentágono no ha querido revelar el alcance total de su uso de armamento de DU, aunque los casos recogidos por diversos medios sugieren que fue ampliamente utilizado desde Basora a Faluya contra objetivos humanos y no humanos.

El contexto más amplio y la historia en torno a Campo Doha –en el que las armas de DU que se habían fabricado en lugares como Concord, Massachusetts, y probado en lugares como Los Alamos, Nuevo Mexico, se utilizaron en Iraq y Kuwait, fueron finalmente eliminadas por una firma de Texas en una red global que iba desde el norte del Golfo Pérsico a Idaho- alistaron y afectaron a miles de personas, generaron una suma desconocida de daños y beneficios y, sin embargo, ha permanecido casi completamente ignorado. Esta invisibilidad no es trivial. Más bien es productiva, impidiendo la posibilidad de escrutinio, actuando a múltiples niveles pequeños simultáneamente y, con el tiempo, se volvió local en vez de quedar recogida en las redes mucho más amplias de las que forma parte, y casi completamente incontestada porque lo invisible no se ve.

La fabricación y circulación de armas, por lo general fácilmente monetizadas y medidas, son sólo una manera de analizar el coste de la guerra y el carácter de sus economías. Hay también una segunda dimensión ante el poder productivo de la invisibilidad tóxica de quienes hacen las guerras. Debido a tantos aspectos alrededor del DU que son deliberadamente mistificados y ocultados –una pauta que se contradice con cómo los ejércitos celebran conspicuamente a menudo el potencial de sus sistemas armamentísticos-, las autoridades militares y políticas han podido también negar las afirmaciones sobre sus efectos tóxicos más perniciosos. Si bien todas las guerras provocan muy duraderos sufrimientos ambientales, infraestructurales y corporales, las armas tóxicas producen consecuencias especialmente devastadoras y perdurables. Teniendo en cuenta sus cualidades moleculares y las dificultades científicas y médicas para vincular casos particulares de exposición a la enfermedad, y especialmente porque su violencia se mide a lo largo de años y décadas –violencia lenta-, el daño que hacen persiste a menudo mucho después de haber arrojado las últimas bombas.

A pesar de los esfuerzos del Pentágono para ocultar la escala del uso de armas de uranio empobrecido en Iraq y otros lugares, así como los impedimentos para obstruir las investigaciones sobre sus efectos, los doctores y científicos iraquíes, a menudo con la ayuda de observadores mundiales, han documentado algunos de los daños causados en la salud y el medio ambiente. El impacto en ambas esferas ha sido significativo y generacional. Frente a las extensas pruebas epidemiológicas y de otra índole, el ejército estadounidense y sus aliados, que también lo utilizan en las batallas, niegan los peligros tóxicos de las armas de DU. Cualesquiera que sean los argumentos esgrimidos por otros observadores de que los peligrosos efectos del DU están aún por probar, y son muchos, las afirmaciones de incertidumbre no están impulsadas por la ciencia sino por la política (9). Se acepta que las pruebas de que el DU causa desastres en el medio ambiente y en salud son una verdad abrumadora excepto para quienes están interesados en creer otra cosa.

Mucho se pierde en la búsqueda políticamente motivada de certezas científicas respecto al impacto del uranio empobrecido en los cuerpos y entornos iraquíes. Debido a que el impacto del DU es negado por todos aquellos que tienen el poder para neutralizar potencialmente sus efectos, el polvo tóxico del DU ha quedado suspendido en los sistemas alimentarios iraquíes, cubriendo sus infraestructuras, alojado en los órganos y huesos de los cuerpos, trasmitido a través del parto, instalado en los fragmentos del metal destruido en la guerra que se han convertido en productos de intercambio en la economía de posguerra del país. Los iraquíes que viven en zonas particularmente afectadas están en constante contacto con él. Están repetida y rutinariamente expuestos a sus peligros y, sin embargo, siguen sin medirse ni tratarse. Y aunque determinados expertos puedan negar los vínculos o negar las certezas sobre las conexiones entre las toxinas militarizadas y las comunidades afectadas, existen redes significativas de sufrimiento.

En efecto, junto a las armas y a los términos económico-políticos de su producción, uso y a los velos que los envuelven, la necesidad de cuidados de las comunidades devastadas por la guerra es la “otra cara” de estas pequeñas partes de economías de guerra. Los heridos y enfermos, especialmente quienes se enfrentan a una larga lucha y padecimientos como consecuencia de la exposición tóxica, son también fundamentales para explicar la economía de la guerra (10). Así pues, el sufrimiento y los cuidados deben ser también tenidos en cuenta no como el más allá de la guerra sino como el elemento central de nuestros cálculos morales y económicos de lo que ante todo implica. Al igual que las armas de uranio empobrecido, la escala y coste de los cuidados y la lucha por la salud son demasiado fácilmente ignorados e infravalorados (11).

Notas
(1) Associated Press : “56 Soldiers Hurt in Kuwait Blast,” New York Times, 12 July 1991, www.nytimes.com/1991/07/12/world/56-soldiers-hurt-in-kuwait-blast.html .
(2) Véase: www.youtube.com/watch?v=V8xXf41Fu4c .
(3) Thomas D. Williams: “The Depleted Uranium Threat,” Truthout, 13 August 2008, truth-out.org/archive/component/k2/item/79582:the-depleted-uranium-threat .
(4) Para un primer ejemplo de esa advertencia, véase Wayne C. Hanson, “Ecological Considerations of Depleted Uranium Munitions,” Los Alamos Scientific Laboratory, United States Atomic Energy Commission, June 1974.
(5) Williams, op cit. Véase también: Snake River Alliance, “Tons of Waste Shipped to Idaho From Kuwait”: snakeriveralliance.org/tons-of-waste-shipped-to-idaho-from-kuwait/ ; Penny Coleman: “How 6,700 Tons of Radioactive Sand from Kuwait Ended up in Idaho,” Alternet, 16 September 2008:
www.alternet.org/story/98950/how_6%2C700_tons_of_radioactive_sand_from_kuwait_ended_up_in_idaho .
(6) Toby Craig Jones: “America, Oil and War in the Middle East,” Journal of American History 99, no. 1 (June 2012): 208-218: academic.oup.com/jah/article-abstract/99/1/208/854761/America-Oil-and-War-in-the-Middle-East?redirectedFrom=fulltext .
(7) Daniel Trotta, “Iraq War Costs more than $2 trillion: Study,” Reuters, 14 March 2013, www.reuters.com/article/us-iraq-war-anniversary-idUSBRE92D0PG20130314 . On the cost of the Camp Doha fire, véase:
www.dtic.mil/ndia/2007/im_em/GeneralSession/Knudson.pdf .
(8) Samuel Oakford, “The United States Used Depleted Uranium in Syria,” Foreign Policy, 14 February 2017, foreignpolicy.com/2017/02/14/the-united-states-used-depleted-uranium-in-syria/ .
(9) Toby Craig Jones: “Toxic War and the Politics of Uncertainty in Iraq,” International Journal of Middle Eastern Studies 46 no. 4 (October 2014).
(10) Véase Omar Dewachi: Ungovernable Life: Mandatory Medicine and Statecraft in Iraq (Stanford University Press, 2017).
(11) Omar Dewachi, “The Toxicity of Everyday Survival in Iraq,” Jadaliyya, August 13, 2013. www.jadaliyya.com/pages/index/13537/the-toxicity-of-everyday-survival-in-iraq

Toby C. Jones es profesor adjunto de historia en la Universidad Rutgers, New Brunswick, donde dirige el programa de doctorado sobre Historia Global y Comparativa. Es autor de los libros: “Desert Kingdom: How Oil and Water Forged Modern Saudi Arabia” (Harvard University Press, 2010) y “Running Dry: Essays on Energy, Water and Environmental Crisis” (Rutgers University Press, 2015). Está trabajando actualmente en dos proyectos, incluida una historia de energía y violencia y una historia oral del levantamiento en Bahréin. Suele publicar sus trabajos en el International Journal of Middle East Studies, Journal of American History, South Atlantic Quarterly, Middle East Report, Raritan Quarterly Review, The Nation, Foreign Affairs, The Atlantic, New York Times y otros.

MIÉRCOLES 6 DE SEPTIEMBRE DE 2017 – COMCOSUR
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“Las ideas dominantes de la clase dominante son en cada época las ideas dominantes, es decir, la clase que ejerce el poder material dominante en la sociedad resulta ser al mismo tiempo la fuerza espiritual dominante, la clase que controla los medios de producción intelectual, de tal manera que en general las ideas de los que no disponen de medios de producción intelectual son sometidos a las ideas de la clase dominante”. — Carlos Marx
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POR LA VOZ DE MUMIA ABU JAMAL ES UNA PRODUCCIÓN DE COMCOSUR / COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR / Desde el 19 de Junio de 1994 / Coordinación: Carlos Casares – DIRECCIÓN POSTAL: Proyectada 17 metros 5192 E (Parque Rivera) 11400 MONTEVIDEO/URUGUAY / Apoyo técnico: Carlos Dárdano / Comcosur se mantiene con el trabajo voluntario de sus integrantes y no cuenta con ningún tipo de apoyo económico externo, institucional o personal / Las opiniones vertidas en las distintas notas que integran este boletín no reflejan necesariamente la posición que podría tener Comcosur sobre los temas en cuestión / Comcosur integra la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) / blog: nuevo.comcosur.org / contacto: comcosur@comcosur.com.uy / Y ahora puedes seguir a Comcosur también en Facebook
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EL ETERNAUTA CUMPLE 60 AÑOS

1) El Eternauta cumple 60 años /Oscar Muñoz
2) El desguace del BROU /Samuel Blixen
3) Solidaridad de AMARC Uruguay
4) Solidaridad de AMARC ALC
5) Macri y Netanyahu, un solo corazón /Luis E. Sabini Fernández

COMCOSUR INFORMA AÑO 17 – No. 1839 – martes 05.09.2017

“Todas las estructuras del poder popular que estábamos construyendo se hicieron presentes, tomaron voz, en una radio que no quería tanto hablarle al pueblo. Quería que el pueblo hablara.” RADIO VENCEREMOS
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1) EL ETERNAUTA * CUMPLE 60 AÑOS

Por Oscar Muñoz /Nodal cultura, 05.099.2017

“Era de madrugada, apenas las tres. No había una luz en las casas de la vecindad (…) (…de pronto un crujido, un crujido en la silla enfrente mío, la silla que siempre ocupan los que vienen a charlar conmigo (…)”, leyeron sus lectores inaugurales, hace exactamente sesenta años.

Serializada en las páginas de Hora Cero semanal, la flamante publicación de Editorial Frontera, con textos de su guionista casi excluyente, Héctor Oesterheld, y dibujos del hipernaturalista Francisco Solano López, daba comienzo la saga de El Eternauta.

El propio autor, en un prólogo muy posterior para su reedición en fascículos coleccionables, confesaba que su inspiración inicial había partido de la idea de un Robinson Crusoe, aunque no ya cercado por el mar sino por la muerte. En resumen, la historia, que se extendió por dos años en las páginas de la revista que además presentaba títulos ya populares como Ernie Pike (guiones de Osterheld y dibujos de Hugo Pratt, al menos al principio), narraba la historia de una invasión a la Tierra por un enemigo extraterrestre que nunca da la cara: delega la tarea en otras razas que cayeron previamente bajo su dominio. La originalidad de la trama (y la genialidad de Osterheld) fue situar la acción en las calles de una Buenos Aires plenamente reconocible, hasta pintadas políticas incluidas, y encarnar la resistencia en un grupo de amigos que son sorprendidos por una “nevada mortal” en plena partida nocturna de truco en un chalet de Vicente López. Juan Salvo, a posteriori “el Eternauta”, y sus adláteres, no tienen, a priori, el perfil de héroes. Son seres comunes, grises, sometidos a una circunstancia extraordinaria, que tratan de lidiar con ella, y ahí reside también la originalidad y la genialidad del tratamiento argumental que le imprime su autor a lo que podría haber sido una remake vernácula de La guerra de los mundos, esa aterradora maravilla literaria de de H.G. Wells, reconvertida en radioteatro por Orson Welles.

“Acá ya se había leído sobre invasiones a Nueva York, a Los Angeles. Ya no nos inmutaban. Pero Oesterheld pone en escena la cancha de River, las barrancas de Belgrano, los tanques de Campo de Mayo, entonces uno ya piensa que puede ocurrir acá”, subraya el escritor y especialista en ciencia ficción Pablo Capanna. “Crea la misma sensación de inseguridad que vivía el resto del mundo con el peligro de la guerra atómica (recordar la época de publicación, a fines de los años ’50). Él le hace sentir eso al argentino que está acá, aparentemente fuera del mundo. Ese fue el hallazgo de El Eternauta. Tomó un tema que ya era universal y lo arraigó, lo colocó en un contexto argentino”, evalúa Capanna.

El filósofo Horacio González intenta una lectura alternativa. “El Eternauta es la más importante alegoría política argentina”, apunta. “Se sostiene como molde atemporal y lucha contra todos los elementos temporales que ella misma contiene (esa Buenos Aires real), sin que sepa cómo será el desenlace”, sentencia.

Aunque no todas son coincidencias en ese sentido. “Yo no sé si había una intención política -retoma Capanna- No me atrevería a decir eso porque pienso que la lectura política la hace otra generación”.

Resulta imposible divorciar El Eternauta del derrotero ideológico y narrativo de su autor, un pacifista apolítico que se radicaliza políticamente a tono con los tiempos. Si ya a fines de los ’60, una versión diferenciada de la obra se publica en la revista Gente, con una gráfica poco convencional de Alberto Breccia, que le valió la cancelación apurada por el medio que la había contratado, una continuación a mediados de los ’70, refleja de manera subliminal su asumido compromiso con la lucha armada.

“El Eternauta montonero” (Solano López dixit) se publica por entregas en la revista Skorpio (Ediciones Record), mientras Osterheld escribe en la clandestinidad que eligió para su militancia.

Será desaparecido a un año del golpe cívico-militar, al igual que sus cuatro hijas, tres yernos y dos nietos en gestación. Una tragedia familiar que potencia la figura de su viuda, Elsa, la única sobreviviente de ese círculo íntimo, habitante de un remoto paraíso idílico en una casa de Beccar, donde se pergeñaron los primeros guiones del personaje.

Pero El Eternauta volverá tercamente en estos últimos años. Ya en historias a cargo de guionistas que intentan retomar en algún punto el espíritu de la saga original, como en el empleo político (homenaje para algunos, apropiación para otros) que se hizo desde el kirchnerismo.

En todo caso, consecuente con la dinámica de aquellas historietas que prometían “continuará”.

* NdeR: Comcosur contó durante unos cuantos años con un programa radial que en memoria de Héctor Oesterheld y de su familia, tan brutamente golpeada, asesinada y desaparecida bautizamos: “ETERNAUTA, navegante del éter” y a través de grabaciones en casete primero, en CD después y en páginas Web en su última etapa, tuvo siempre como objetivo sumar una voz en las radios comunitarias uruguayas y del cono sur de América Latina. (Comcosur, Uruguay)

Oscar Muñoz /Nodal cultura / DiarioBAE /Enviado por Henry Flores
COMCOSUR INFORMA Nº 1839 – 05/09/2017 ______________________________________

2) EL DESGUACE DEL BROU

Por Samuel Blixen /BRECHA, 18.08.2017

La política de tercerización del banco país, que inicialmente abarcó actividades no bancarias, tuvo un empuje agresivo y comenzó a colonizar la gestión esencial del banco, el análisis de los créditos y la recuperación de las deudas.

En el siguiente informe los detalles del análisis de créditos en manos de CPA Ferrere, las diez trasnacionales que controlan el sistema informático, los contratos con las empresas de seguridad, la sociedad anónima que integra, junto con República AFAP y República AFISA, el Grupo Banco República.

BROU

Según cifras preliminares sobre la gestión de los 12 meses cerrados en junio, el Banco República (BROU) exhibe, por primera vez desde 2005, un resultado menor que el conjunto de los bancos privados, de acuerdo con un informe elaborado por AEBU
.
Al pasar la mitad del año el BROU contabilizaba ganancias por 49,3 millones de dólares, mientras que los bancos privados trepaban a 55 millones de dólares.

Incluso en los dos peores años para la actividad financiera, 2015 y 2016, la caída en las utilidades mantenía una relación de supremacía para el BROU.

Este cambio en la ecuación quizás esté anunciando que finalmente se instala una relación de competencia a la que aspiraban los organismos internacionales, en particular el Banco Mundial desde 1987, cuando la absorción de los bancos quebrados (Comercial, Pan de Azúcar, de Crédito, La Caja Obrera) ponía al Estado bastante cerca de la estatización bancaria, al controlar casi el 80 por ciento de toda la actividad financiera, un pecado contra el capitalismo neoliberal.

Desde entonces el banco-país vino declinando posiciones, pero siempre representó la mitad y algo más del mercado.

En estos tiempos de bancarización e inclusión financiera quizás sea una simple coincidencia que los resultados alarmantes ocurran en medio de un implacable proceso de tercerización que está desguazando al BROU.

Quizás no.

La política de tercerización, que inicialmente abarcó actividades no bancarias –como la seguridad, y particularmente la limpieza–, a partir de 2011 tuvo un empuje agresivo y comenzó a colonizar la gestión esencial del banco, el análisis de los créditos y la recuperación de las deudas.

La salida y la entrada de dinero, el flujo sanguíneo de cualquier banco, está de hecho en manos privadas, tanto por la gestión directa como por el control informático de los datos y los procesos.
Tomando en cuenta las cifras del año pasado, a la consultora CPA Ferrere (que tuvo un papel significativo en el proceso de privatización de PLUNA y del Nuevo Banco Comercial) se le encomienda el estudio de más del 50 por ciento de todas las carteras de solicitudes de crédito, y que, en montos, siempre comparando con el ejercicio pasado, no serán inferiores a los 2.000 millones de dólares.

El argumento principal para justificar la tercerización fue el atraso que se produce en el análisis de los créditos –y por tanto en las decisiones sobre la aceptación o el rechazo de las solicitudes– a raíz de los dos picos de zafra, en agosto y en diciembre.

Como argumento es endeble para fundamentar un traspaso de información tan sensible.
Un segundo plano de tercerización deviene de las licitaciones para la incorporación de servicios informáticos.

No se trata sólo de la compra o el arrendamiento de equipos, software o sistemas, sino también de su gestión y mantenimiento.

IBM y Atos Bull lideran una lista de diez multinacionales que operan todos los sistemas y acceden a toda la información.

Más de 140 técnicos de estas empresas trabajan en los diferentes departamentos y oficinas del banco.

El tercer plano de tercerización está a cargo de República Microfinanzas, una sociedad anónima creada por el propio banco para desarrollar actividades en régimen de actividad privada.

Microfinanzas monopoliza las actividades de Banca Persona y Canales Digitales (call center, back office, asistencia en cajeros automáticos, e-brou y tarjetas de crédito).

Es el sector más opaco de la tercerización, en relación con empresas contratadas cuyos términos no son de acceso público.

Por ejemplo, se desconocen los acuerdos con Abitab y Red Pagos por funciones de corresponsales, y sólo se sabe, de fuentes internas del banco, que las dos empresas cobran en conjunto 1,1 millón de dólares mensuales por comisiones.

En algunos casos la fundamentación de la tercerización radica en el aumento del volumen del trabajo, y en otros en “la reducción presupuestal en el rubro de horas extra”.

REMUNERACIONES SUMERGIDAS

Microfinanzas, además, es la principal responsable de una consecuencia de la tercerización, esto es, los sueldos o jornales sumergidos de los que son víctimas los guardias de seguridad, el personal de limpieza, las llamadas “azafatas” y los estudiantes universitarios, contratados a un promedio de 130 pesos la hora, a diferencia de los técnicos informáticos contratados a un precio-hora de 2 mil pesos.

De modo que, con remuneraciones sumergidas, en Análisis de Crédito no se llenan las vacantes, al igual que el personal de Conserjería, que es sustituido por becarios, también por azafatas de Microfinanzas y en parte por guardias de seguridad.

Un efecto de la tercerización, entonces, es la reducción de los salarios que se pagan a los tercerizados.

En algunos casos el BROU desembolsa más dinero que el que destinaba a un funcionario de planta (véase recuadro).

Y, una consecuencia adicional es la violación de aquel santuario constituido por el secreto bancario.

Los requerimientos de agilidad y eficiencia han prácticamente eliminado aquella reserva:
El personal tercerizado accede a las claves informáticas para conocer cualquier secreto de un cliente, ya sea sus movimientos diarios de tarjetas o los niveles de endeudamiento de una empresa (véase “El core de la tercerización”).

Ello conlleva una paradoja: Estudiantes y becarios acceden fácilmente a una información que el banco les niega a los legisladores, como ocurrió con el pedido de informes sobre empresas morosas.

VO, CARTERO

En otros tiempos más racionales, funcionarios de diversas divisiones del BROU se encargaban de todos los traslados:

Cheques, efectivo, documentos, correspondencia y, desde que aparecieron los cajeros automáticos, la reposición de sobres de depósitos, dinero y tarjetas.

Después vino la onda tercerizadora con Microfinanzas SA, y esas actividades fueron no sólo tercerizadas sino fragmentadas entre tres empresas trasnacionales que se reparten los contratos.
Más un camioncito, que responde a una empresa contratada por Microfinanzas, y que repone sobres nuevos para los depósitos en los cajeros automáticos de las dependencias.

No se entiende bien por qué las dependencias no hacen acopio de sobres.

Lo cierto es que el camioncito recorre las sucursales en una o dos visitas semanales y cobra por cada dependencia tarifas que van de 8.500 a 13.800 pesos.

El costo mensual más IVA trepa a 227.006 pesos y el monto anual adjudicado a 3.323.367,84 pesos.

Lo más insólito es que la tarifa para la entrega de sobres en el edificio “19 de Junio” es de 8.566 pesos, por más que el depósito de sobres está en esa misma sucursal.

SEGURIDAD FÍSICA

Tres empresas trasnacionales, Prosegur (de origen español), Group 4 Securicor (G4S, de origen inglés) y Securitas (de origen sueco) monopolizan las tareas de seguridad física para el BROU (la seguridad informática está en otras manos, principalmente IBM).

Las tareas comprenden la custodia de valores (guardias armados y choferes), vigilancia en los locales, patrullaje y recorridas externas, monitoreo de video-vigilancia y mantenimiento del sistema de grabación en los circuitos cerrados de tevé.

El banco tiene aún 22w blindados y vehículos con los que se realizaban todos los traslados de dinero, cheques y correspondencia.

La custodia estaba en manos de personal policial; un convenio entre el BROU y el Ministerio del Interior sigue vigente hasta noviembre, pero hoy todos los guardias del BROU son privados.

¿Cómo se operó la tercerización completa de los servicios de seguridad?

Mediante un patrón aplicado en distintas áreas: no reponer los cargos, no llamar a concurso, no desplazar personal.

Los argumentos y las justificaciones son variados, pero una es la vedette: Se ahorra dinero.

Esa premisa no está debidamente explicada en materia de seguridad:

• Securitas cobra, por monitoreos, recorridas y mantenimiento de sistemas, 43 millones de pesos anuales;

• G4S tiene un contrato vigente por “servicio de vigilancia con guardas privados para Montevideo y Canelones” por 200 millones de pesos anuales, y en 2021, cuando se cumplan todas las renovaciones, habrá percibido más de 920 millones;

• Prosegur cobra por sus servicios de vigilancia 60,1 millones de pesos anuales, más 20 millones por el arrendamiento de vehículos con chofer para el transporte de valores.

Prosegur destina al BROU tres vehículos para los fines de semana y feriados a un costo de 1.855 pesos más IVA y 8,86 pesos más IVA por quilómetro recorrido.

Por año el BROU paga 320 millones de pesos en seguridad, unos 12 millones de dólares.

GESTIÓN INFORMÁTICA

Diez empresas trasnacionales (véase cuadro) controlan el sistema informático del BROU por el que se canaliza todo el volumen de negocios.

Implica la información, y en ciertos casos la gestión, de toda la operativa tradicional de créditos y depósitos, y las nuevas modalidades:

“Áreas de negocio, tales como SFB, NEX, SCB, canales digitales, sistema de gestión humana, SIEC, SIEP, modelo de compra de oro y apoyo al nuevo CORE en títulos y tesorería, valores, COMEX, migración y data cleansing de cuentas y clientes e interfaces de integración”, según la enumeración de las resoluciones del directorio.

Por medio de licitaciones abreviadas y contratos –que aparentemente en todos los casos eludieron las normas del TOCAF, con el argumento de que dichas actividades están sujetas al derecho privado puesto que la institución actúa en competencia con los bancos privados–, en 2017 el BROU lleva destinado a la tercerización de los servicios informáticos con esas diez trasnacionales un total de 7.759.589 dólares y 371.576.278 pesos, unos 15 millones y medio de dólares.

Las cifras son mayores si se calcula el estimado cuando culminen los períodos de contrato.
Por ejemplo, Aci North Data, la representación de Aci Worldwide, trasnacional de origen estadounidense especializada en software de pagos, cobrará al finalizar el año algo más de 2 millones de dólares, pero embolsará en total unos 10 millones cuando terminen en 2019 sus nueve contratos, algunos de los cuales comenzaron a partir de 2014.

Las empresas de gestión informática alojaron en las oficinas del BROU a 143 empleados, cuya recontratación como personal tercerizado se realiza automáticamente, dado que: “Es de suma importancia conservar a las personas que actualmente se han desempeñado en las disciplinas que se contrataron”, en parte porque, se argumentó, el entrenamiento de nuevo personal llevaría tiempo y sería costoso, “con la puesta en marcha del proyecto de cambio del sistema central del banco, no es deseable ni aconsejable prescindir o sustituir el conocimiento ya adquirido”
.
Esos 143 empleados de las empresas privadas trabajan en un mismo lugar físico con otros 177 funcionarios del banco.

• Atos Bull, trasnacional de origen francés, destinó 26 empleados para los servicios al BROU;
• IBM, y Unisys, ambas trasnacionales estadounidenses, tienen 20 empleados cada una;
• Hexa, una compañía de origen uruguayo ahora multinacional, tiene 16;
• Insight, otra compañía uruguaya asociada a IBM Rational, Microsoft,
• European Software Institute (ESI) y LearnQuest, destina 15;
• Quanam, una federación de firmas de consultoría, 11;
• Sonda, de origen chileno, destinó diez empleados.
Con cifras menos significativas aparecen:
• Genexus-Artech,
• Arnaldo Castro,
• Interamericana de Cómputos,
• Infoland,
• Microsoft,
• Paystudio (integrante de la trasnacional Worldpay) y
• De Larrobla.

A diferencia de la tercerización de análisis de créditos, la actividad informática no exige la presencia obligatoria de los tercerizados en las dependencias del BROU, por lo tanto, se desconoce el contingente total de empleados de esas trasnacionales que acceden a toda la información informatizada.

ANALIZAME LAS SOLICITUDES DE CRÉDITOS

Como resultado de una política de tercerización del análisis del crédito corporativo (empresarial y agropecuario) la consultora Cpa Ferrere tiene a su cargo desde fines de 2016 el estudio de unas 3 mil carteras de créditos del Banco República.

Ello supone manejar información sensible de los clientes corporativos e incidir en el otorgamiento de préstamos que en el último ejercicio representaron un total aproximado de 2.000 millones de dólares.

En el llamado a propuestas para la contratación de firmas consultoras se establecía: “El cometido de brindar asistencia técnica temporal en el Área de Análisis de Crédito Corporativo, en lo que respecta a la calificación del pilar financiero de su cartera corporativa comercial.

El pilar financiero es la evaluación de la capacidad de pago del deudor considerando la información referida”.

Cpa –una transformación cualitativa del original bufete de abogados Ferrere y Asociados, que se presenta a sí misma como una empresa que brinda: “Servicios profesionales en las áreas de tercerización contable, consultoría económica y financiera, estrategia y capital humano, procesos y tecnología, impuestos y auditoría”– ganó en agosto de 2016 la licitación abreviada para el análisis de créditos, por un período de contratación de hasta tres años y por un monto de 45 millones de pesos
.
El universo de estudio son las solicitudes de préstamos de hasta 600 mil dólares, que en 2016 representaron 1.230 millones de dólares, en conjunto.

CPA ganó la adjudicación al superar las propuestas de KPMG y Price Waterhouse Cooper.
En febrero de 2010 CPA había obtenido, en una resolución firmada por Tabaré Vázquez y Danilo Astori, la concesión de diversos beneficios promocionales y exoneraciones fiscales por un proyecto de inversión de 1.893.232 unidades indexadas, para: “Satisfacer el crecimiento de la demanda de nuevos servicios profesionales de alta calidad utilizando la misma tecnología que emplean las firmas profesionales líderes a nivel mundial”.

La tercerización del estudio de las solicitudes de préstamos está a cargo del Comité de Crédito que, según fuentes del banco, dirige el señor Álvaro Correa, asesor personal externo contratado por el presidente del directorio, Jorge Polgar (con un salario de 134.200 pesos).
De esta manera habría cierta coherencia en que esa tercerización sea monitoreada por un tercerizado.

La asistencia técnica en materia de análisis crediticio es responsabilidad del contador Nelson Mendiburu, socio de CPA Ferrere, que capitanea un equipo integrado además por otro contador y seis estudiantes de ciencias económicas.

Los ocho analistas de CPA trabajan en unas oficinas del edificio Empresas, en Treinta y Tres y 25 de Mayo.

En principio las carpetas no pueden salir físicamente de la institución; sin embargo, según la memoria descriptiva del contrato, “el BROU otorgará a la consultora adjudicataria una licencia de uso de Connect Direct Ftp +”, lo que significa que CPA puede acceder desde fuera del banco a la misma información que desde dentro de él.

El estudio de las carpetas incluye la evaluación del patrimonio de los clientes, los resultados contables de las empresas, su nivel de endeudamiento en el conjunto del sistema financiero, su eventual morosidad y su papel en una estructura de grupo económico, si así fuera.

A efectos de confirmar informaciones o pedir ampliaciones, los analistas de Cpa contaban con correos electrónicos personales, pero con dominio BROU, de modo que el cliente no sabía que su gestión de crédito –y por ende toda su información sensible– estaba en manos de tercerizados.
La situación cambió a comienzos de este año cuando un intercambio de correos electrónicos entre un analista y un cliente derivó en lo que este último consideró una amenaza.

La protesta del cliente reveló el carácter privado y tercerizado del análisis de crédito, de modo que a partir de entonces se transparentó esa situación.

El equipo de analistas está sujeto a las normas de confidencialidad que establece la ley de acceso a la información pública, lo que para el directorio del BROU es resguardo suficiente para la apertura del secreto bancario a estudiantes tercerizados que reciben unos 16 mil pesos nominales mensuales.

El contrato de tercerización estipula el precio que se pagará a Cpa por cada carpeta analizada:
Según un ajuste de marzo de 2017, la tarifa es de:

• 6.908 pesos más IVA para los informes comunes;
• 5.464 más IVA para los informes básicos; y
• 1.648 más IVA para los informes simplificados.

Con sólo tres carpetas básicas, que no pueden insumir más de tres días, un estudiante cubre su mensualidad.

Además del análisis de créditos, CPA-Mendiburu tiene vigentes otros ocho contratos con el BROU por un total de 10 millones de pesos.

SERVICIOS DE ABITAB Y RED PAGOS

Hasta hace un año era posible ver en alguna sucursal del Banco República un box de cajero ocupado por un muñeco de cartón.

Era una manera, ingeniada por los trabajadores sindicalizados, de dar a conocer a los clientes la pérdida de un puesto de trabajo: Simplemente el directorio del banco no reponía el puesto que había quedado vacante por diversas razones.

Hoy la realidad le pasó por encima a esa estrategia de resistencia:

Con el cierre de sucursales, aperturas tres veces por semana en dependencias del interior del país, la reducción drástica de cajeros adquiere un ritmo demoledor que en parte se justifica con una supuesta “modernización” de la actividad bancaria, por el empuje en la aplicación de las nuevas tecnologías y por la inclusión financiera.

El banco decidió que sólo los que tienen mucha plata gozan del beneficio de ser atendidos por un ser humano en sus oficinas; depósitos inferiores a 160 mil pesos y retiros inferiores a 30 mil o 10 mil pesos (según si el cajero está en un BROU o no) deben realizarse en cajeros automáticos… o en los locales de Red Pagos y Abitab.

La transmutación de las colas hacia los locales de estos “corresponsales” le cuesta al banco un millón largo de dólares al mes, por concepto de comisiones:

Por cada retiro el BROU paga a Abitab y Red Pagos unos diez pesos
.
Por depósitos de hasta 30 mil pesos paga 11 unidades indexadas; y por depósitos de hasta 40 mil pesos 22 unidades indexadas, por depósitos de hasta 50 mil, 33 unidades indexadas.

El pago por comisiones rondaba en 2016 los 6 millones de pesos mensuales, mientras que en 2011 apenas superaba el millón.

El pago de comisiones podrá aumentar notoriamente cuando se concrete el anuncio de que sólo quedarán siete dependencias del Brou con funcionarios-cajeros.

Y en algunas localidades del Interior, en la misma cuadra o plaza donde las oficinas del banco sólo abren dos o tres días a la semana, sugestivamente han aparecido nuevos locales de Abitab y Red Pagos.

Accede aquí a los documentos que sustentan este informe.

SALARIOS TERCERIZADOS

• Guardias de seguridad:
Cobran en promedio 130 pesos nominales la hora.
El BROU paga 329 pesos la hora a las empresas de seguridad.

• Azafatas:
Por prestar ayuda y asesoramiento en los cajeros automáticos cobran 103 pesos líquidos la hora.
El BROU paga a Microfinanzas 329 pesos la hora más IVA.

• Auxiliar:
El BROU paga 46 mil pesos mensuales a Microfinanzas, pero el empleado cobra 17 mil nominales.
El salario de ingreso en el banco es de 32 mil pesos, y aun con las cargas el personal genuino es más “barato” que la tercerización.

• Cajeros:
Los de Abitab y Redpagos, que pagan los retiros de clientes del BROU, ganan 14 mil pesos por mes.
El funcionario del BROU que realiza esa tarea en las dependencias de la institución cobra unos 35 mil pesos mensuales.

• Los contratados para tareas de back office (call center, recepción de estados de cuenta, clasificación y ordenamiento) cobran 130 pesos nominales la hora.
Microfinanzas recibe del BROU 456 pesos más IVA por hora.

• Atención por consultas de tarjetas:
El BROU le paga a Microfinanzas 594 pesos más IVA por hora, pero las consultas son evacuadas por los estudiantes del plan Yo Estudio y Trabajo, que rotan en distintos servicios y cobran 130 pesos la hora.

EL CORE (1) DE LA TERCERIZACIÓN

República Microfinanzas es una sociedad anónima que integra, junto con República Afap y República Afisa, el Grupo Banco República.

Inicialmente fue creada con el objetivo fundamental de dar solución laboral a los trabajadores de Riloman, una financiera colateral del Banco de Crédito que sucumbió en la crisis bancaria de 2002.
A los trabajadores de Riloman se les encomendó la tarea de cobranza en el interior del país de los créditos de menor monto que estaban en manos de CARFISA, el fideicomiso del BROU.

Microfinanzas SA tuvo en sus comienzos la tarea de otorgar pequeños créditos a microempresas.
Las buenas intenciones quedaron por el camino cuando Microfinanzas asumió de forma creciente un rol paralelo de intermediario del BROU para la tercerización de las actividades denominadas Banca Persona y Canales Digitales.

Para el cumplimiento de esos nuevos roles, el BROU decretó algunas interpretaciones de las normas bancocentralistas y de su propia ordenanza, según las cuales estaba habilitado, primero, para traspasar fondos mediante contratos; y segundo, disponer del gasto sin licitaciones, argumentando que la actividad de Microfinanzas se rige por las normas de la actividad bancaria privada.

Un dictamen de su Asesoría Jurídica indicaba que: “Las operaciones que realiza el banco con el fin del desarrollo del giro habitual de sus negocios no están alcanzadas por las normas recopiladas en el TOCAF, sino que se rigen por las normas del derecho privado”.

Una recopilación –no exhaustiva– de los contratos que distintas dependencias del BROU extendieron a Microfinanzas da una idea del monopolio creciente que la sociedad anónima ejerce sobre múltiples actividades, en particular la comercialización de tarjetas de crédito, recuperación de deudas, atención de mora temprana y servicio de call center, tareas de back office y promociones, algunas de las cuales ejerce por sí y otras están doblemente tercerizadas a empresas y proveedores privados.

A saber:

• Mayo de 2014.
Tareas de apoyo a la división Banca Persona:
50 mil horas promoción días hábiles, a un costo de 364,98 pesos más IVA;
30 mil horas posición de call center, a un costo actual de 508,89 pesos más IVA;
Viáticos, alojamiento, traslados, 690.809,94 pesos más IVA:
Llamadas telefónicas, envíos de correspondencia, etc., 460.539,96 pesos más IVA;
Hasta 30 mil horas posición de back office, a un costo de 396,07 pesos más IVA.
Total adjudicado: 56.789.962,88 de pesos.
• Ampliación octubre de 2014.
Total adjudicado: 36.734.200 pesos.
• Junio de 2015.
Apoyo a gestión promociones.
Total adjudicado: 25.594.184,80 pesos.
• Ampliación agosto de 2015.
Total adjudicado: 36.246.261 pesos.
• Abono mensual por tareas de back office.
20 mil pesos.
Total adjudicado: 10 millones de pesos.
• Abril de 2016.
Ampliación de back office.
Total adjudicado: 20.325.200 pesos
• Junio de 2016.
Promociones y back office.
Total adjudicado: 38.380.590 pesos.
• 7 de octubre de 2016.
Gestión de débitos, servicios de alerta para tarjetas de crédito, back office en medios de pago, promociones.
Total adjudicado: 12:908.088 pesos.
• 28 de diciembre de 2016.
Servicios de call center de tarjetas.
Monto adjudicado: 28.987.200 pesos.
• Febrero de 2017.
Apoyo a Canales Digitales (respuesta de correos electrónicos y devolución de llamadas).
Total adjudicado: 28.180.000 pesos.
• 28 de junio de 2017.
Digitalización de archivos.
Total adjudicado: 1,8 millones de pesos.
• 1 de julio de 2017.
Servicios de back office para la digitalización, guarda de archivos y armado de carpetas.
Total adjudicado: 900 mil pesos, IVA incluido.
• Agosto de 2017.
Call center en la Unidad de Prevención de Lavado de Activos (UPLA).
Monto adjudicado: 1.054.080 pesos.

Las actividades de Banca Persona que Microfinanzas no deriva a otras empresas son realizadas en su mayoría por estudiantes universitarios contratados en el marco de un programa llamado Yo Trabajo y Estudio.

Los contratados realizan tareas de back office, call center, respuesta de mails y atienden consultas telefónicas, entre otras.

Prácticamente sin capacitación previa, los contratados asumen las distintas tareas con un alto grado de rotación y, según testimonios de estudiantes para este informe, acceden a las claves para consultar cuentas, saldos, movimientos y así evacuar consultas de los clientes sobre e-Brou, tarjetas de crédito y de débito. “Los clientes no saben que quienes atienden sus consultas no son funcionarios del banco –contó una estudiante que fue amonestada por hacer paro el 8 de marzo pasado–. Y los supervisores ordenan que no se brinde esa información.

Pero cuando el cliente se entera, es evidente que se preocupa al saber que alguien que no es funcionario de la institución conoce todos sus movimientos bancarios”.

Si bien ha sido relativamente fácil el acceso a la información sobre los contratos que el BROU extiende a Microfinanzas, es en cambio extremadamente difícil acceder a información sobre la manera en que la sociedad anónima dispone de los recursos recibidos.

Por lo pronto, un estudio preliminar de AEBU sobre los resultados de los integrantes del Grupo Banco República, actualizado a julio de 2017, revela que Microfinanzas SA dio resultados negativos en cuatro de cinco ejercicios, desde 2013 a la fecha.

Nota:
(1). Core es la parte del negocio del banco con las pequeñas y medianas empresas.

Samuel Blixen /BRECHA
COMCOSUR INFORMA Nº 1839 – 05/09/2017 ______________________________________

3) SOLIDARIDAD DE AMARC URUGUAY

Comunicado de prensa

Desde Amarc Uruguay hacemos llegar nuestra mayor solidaridad con los compañeros Juan Mourenaza y Ezequiel Medone de la Red Nacional de Medios Alternativos, los integrantes del Canal Comunitario de Antena Negra que en la noche de ayer viernes 01 de setiembre fueron detenidos solo por realizar sus tareas de comunicación.

Repudiamos todo accionar que atente contra la libertad de manifestarse y la Libertad de Prensa de todos los compañeros de los Medios Alternativos y Comnitarios.
¡Basta Ya de represión a los Medios Alternativos y Comunitarios!
No queremos presxs por comunicar. El Estado es responsable.

Amarc Uruguay y sus Asociadas:
COMCOSUR (Montevideo)
Cotidiano Mujer (Montevideo)
El Capiz FM 99.1 (Barra de Valizas- Rocha)
Radio Horizonte 98.9 FM (Paysandú)
El Puente 103.3 FM (Montevideo)
Espika FM 90.7 (Santa Lucia-Canelones)
Radio General Artigas (Toledo-Canelones)
Radio La Heladera (José Pedro Varela-Lavalleja)
Radio Vilardevoz (Montevideo)
Radio Timbo (San Jose de Mayo – San José)
Arbol TV Participativa (Montevideo)
Universo 91.7 FM (Montes- Canelones)
La Bruja Fm (Melo Cerro Largo)
Palmira FM (Nueva Palmira-Colonia)
Radio El Prado 99.9 FM (Montevideo)
Radio Horizonte Max (Artigas)
FM Impactos (Salto)
Radio Enkantada (Aiguá – Maldonado)
Radio Parque (La Paloma- Rocha)
Utopia FM (Colonia Nicolich-Canelones)
Alternativa (Young – Rio Negro)
La Zurda (radio por internet)
El tero de Solas (periódico)
Vecinet Noticias (Boletín informativo de Montevideo)
La Rueda de Amargueando (Montevideo)
Sosteniendo La Pared (Colonia)
Pablo Maulella (Montevideo)
Alexis Espíndola (Montevideo)
COMCOSUR INFORMA Nº 1839 – 05/09/2017 ______________________________________

4) SOLIDARIDAD DE AMARC ALC

Desde AMARC ALC Repudiamos el accionar represivo del Estado Argentino en el marco de la manifestación popular llevada a cabo ayer, 1 de septiembre, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En el medio de la manifestación pacífica que reclamaba la aparición con vida de Santiago Maldonado, víctima de desaparición forzada, distintas fuerzas armadas comenzaron a reprimir la manifestación que había comenzado a desconcentrarse, llevándose detenidas de manera arbitraria a varias personas, entre las que se encontraban los comunicadores populares miembros de la Red Nacional de Medios Alternativos, Juan Pablo Mourenza y Ezequiel Hugo Medone, quienes se encontraba cumpliendo con la cobertura periodística de lo que allí acontecía.

Entendemos, que no es la primera vez que, la comunicación popular, alternativa y comunitaria es atacada de esta manera en este País.

Como Asociación exigimos la inmediata liberación de los compañeros periodistas y de lxs civiles detenidos arbitrariamente. Al mismo tiempo exigimos la aparición con vida ya, de Santiago Maldonado.

No queremos presxs por comunicar.
El Estado es responsable.

AMARC ALC
Vicepresidencia Internacional AMARC ALC
Representantes Nacionales AMARC COMCOSUR INFORMA Nº 1839 – 05/09/2017 ______________________________________

5) MACRI Y NETANYAHU, UN SOLO CORAZÓN

Por Luis E. Sabini Fernández, 04.09.2017
revistafuturos.noblogs.org

Como no podía ser de otra manera, las autoridades políticas argentinas, con su presidente al frente, reciben con los brazos abiertos a un gobernante, Beniamin Netanyahu, que no cumple con ningún requisito de los que se consideran democráticos, al menos públicamente, al menos con la escala proclamada por las Naciones Unidas.

Netanyahu será además recibido y declarado “visitante ilustre” en los recintos del Legislativo porteño, motorizado el nombramiento por otra integrante de Cambiemos.

Netanyahu constituyó gobierno en 2015 con un gabinete que pasará a la historia de la ferocidad, el racismo y el desprecio. Ya era veterano en la cúpula israelí porque había sido premier tres veces antes. Pero el gabinete que constituyó hace un par de años es realmente el termómetro de la situación actual, de la relación de fuerzas que goza la derecha y del racismo estructural del Estado de Israel. Un ligero recuento: el ministro de Defensa Moshe Yaalon definió a los palestinos como “un cáncer”.

Su vice, Ben Dahan, que seguramente se considera un alma sensible y ortodoxa declaró: “nuestro pueblo tiene almas más elevadas, incluso si son gays." ¿A qué se refiere Ben Dahan cuando entiende que las almas de lo que llama “pueblo judío” “son más elevadas”; no sabemos si se refiere respecto de las de los palestinos o a las del resto de la humanidad, un poco más nazísticamente pensado… tampoco captamos la referencia a lo gay…

De todos modos, con Naftali Bennet, ministro de Educación, nada menos, volvemos a los “puros y duros”: “He matado a muchos palestinos en mi vida. No hay problema con eso.” Reafirma lo que han dicho varios soldados israelíes; se puede matar palestinos sin riesgo judicial alguno.

La ministra de Justicia, Ayelet Shaked, pica alto y llamativamente con su rostro hermoso, ovalado, rodeado por gruesas trenzas: aboga por el ‘asesinato [sic] de las madres palestinas’ porque “paren ofidios que atacan su patria” [sic].

La simpática ministra de Deportes, Miri Regev, refiriéndose a manifestaciones callejeras “no autorizadas” de población negra, los trató de “cáncer”.

Como vemos en este somero repaso, los calificativos “médicos” tienen cierto predicamento en el gabinete del gobierno israelí.

Entre los restantes ministros, están los infaltables que consideran que el pueblo palestino ni existe.
Con estos personajes, supremacistas y procaces, no resulta muy difícil imaginar políticas. Pero repasemos algunas.

En el campo tan elogiado por Macri del emprendedurismo: “Compañías israelíes ofrecen campos de entrenamiento turístico en los cuales familias, incluso con sus niños pequeños, practiquen tiro con armas de fuego cargadas con balas de plomo sobre blancos que semejen palestinos.”

Seguramente al presidente M. Macri lo tiene sin cuidado este tipo de monstruosidad cultural tan israelí, y en cambio sí le interesan las posibilidades comerciales que brinde el trato con el Estado de Israel, que, usando a los palestinos como cobayos, ha desarrollado una serie de dispositivos de seguridad que promociona con descaro como “probados experimentalmente”. A eso fue la ministra de Seguridad Patricia Bullrich en su reciente visita a Israel, donde con ropa de fajina militar recorrió el espinel de los “adelantos militares”.

Israel ha logrado ser aceptado como miembro observador de la OEA desde 1972. En época no demasiado democrática para los estados americanos… Es además el único socio de MERCOSUR que no pertenece a la región. Estas inserciones revelan el grado de penetración israelí en políticas locales. Como explicara el secretario de la OEA Luis Almagro, Israel es “amigo y socio estratégico para las Américas”.

La Argentina europea y blanca del nuevo tiempo con Cambiemos busca estrechar vínculos con sus fuentes inspiradoras; ¿qué mejor que un estado como el israelí que, como bien dice el historiador (de origen judío) Ilan Pappé, “no es una democracia”. Ha arrebatado tierras palestinas sistemáticamente y con crueldad (p. ej., jugar al blanco, matando, a campesinos expulsados por el ejército en 1948 que volvían en la noche con sus azadas o rastrillos a querer seguir cuidando sus cultivos…).

Pappé nos recuerda que: “destruir casas palestinas no es democrático”, que “encarcelar palestinos sin juicio no es democrático”, que “doscientos métodos para torturar palestinos (puestos a la luz pública por el Middle East Monitor) no es democrático… Ahora, este año, han inaugurado el derribo de escuelas palestinas. Tampoco es democrático.

Por si hacía falta para enhebrar esta alianza, M. Macri se ha encontrado con B. Netanyahu recientemente en el Foro de Davos; la caja planetaria de resonancia de la vanguardia del gran capital.

El nuevo gobierno argentino ha dado ya numerosas pruebas de su identificación con lo más “granado” de la derecha mundial europeizada y globalifílica: desde el apoyo a los forjadores de la guarimbas venezolanas hasta el coqueteo con el colega estadounidense Donald Trump en ese oficio no tan nuevo de empresario metido a político.

Ahora, la alianza que procura este gobierno con la dictadura supremacista israelí, multiplica el entretejido de alianzas (puesto que EE.UU. e Israel ya constituyen una suerte de entidad política en sí misma).

Al gobierno de Cambiemos ya ni le interesa la mascarada seudodemocrática de “la teoría de los dos estados” donde al menos de palabra se hablaba de cierta entidad política palestina. Netanyahu puede estar contento: la hostilidad hacia los mapuches (como hacia los wichíes en el norte, p. ej.) le revela que este gobierno tiene profundas coincidencias con su concepción del mundo.

La derecha afirma sus conquistas.
Para la sociedad oficial argentina, Netanyahu es “el visitante ilustre”.
Para la resistencia, persona non grata.

Luis E. Sabini Fernández
COMCOSUR INFORMA Nº 1839 – 05/09/2017 ______________________________________

COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR / COMCOSUR – 1994 – 19 de junio – 2017 – 23 años
Selección y producción: Beatriz Alonso, Henry Flores y Carlos Casares Apoyo técnico: Carlos Dárdano
Colaboran:
ALEMANIA: Antje Vieth y Carlos Ramos (Berlín)
BRASIL: Carlos O. Catalogne (Florianópolis)
CENTROAMÉRICA: Gustavo González
ECUADOR: Kintto Lucas (Quito)
HOLANDA: Ramón Haniotis (Amsterdam)
SUIZA: Sergio Ferrari (Berna)
URUGUAY: Jorge Marrero (Santa Rosa), Margarita Merklen (Durazno), Pablo Alfano (Montevideo), Luis Sabini (Piriápolis, Maldonado)
Correspondencia: Proyectada 17 metros 5192 E (Parque Rivera) 11400 MONTEVIDEO – URUGUAY
E mail: comcosur@comcosur.com.uy
Web: nuevo.comcosur.org/
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Coordinación: Carlos Casares
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AUMENTAN AGRESIONES A DEFENSORAS DE LOS DD.HH. EN MÉXICO

COMCOSUR MUJER / Fundado por Yessie Macchi / AÑO 13 / No. 530 / Lunes 4 de setiembre de 2017 / Producción: Beatriz Alonso

Hoy:

1) Colombia: “El Estado se niega a reconocer que el paramilitarismo sigue existiendo”

2) México: Aumentan agresiones a defensoras de DD.HH.

3) México: la Red de Asesoras Rurales exige reconocer el aporte de mujeres campesinas

4) Nicaragua: La pesadilla de ser niña

5) Uruguay: Colectivo Divergénte

6) Historia de Ita: documental sobre Tania, la guerrillera


“Por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres” ― Rosa Luxemburgo

1) Colombia: “El Estado se niega a reconocer que el paramilitarismo sigue existiendo”
Entrevista a Marietta Toro, referente de Marcha Patriótica, sobre el asesinato de líderes sociales
Nadia Luna – Nodal

Según un estudio realizado por el programa “Somos Defensores”, entre 2016 y 2017 el asesinato de líderes sociales en Colombia aumentó en un 31%, pasando de 35 casos reportados en el primer semestre del año pasado a 51 asesinados en los seis primeros meses de este año. También aumentaron las agresiones contra defensores de derechos humanos en un 6%: de 314 casos en 2016 a 335 solo en lo que va de año.

Nodal habló con Marietta Toro, referente del movimiento político y social Marcha Patriótica, sobre las causas de esta problemática y las garantías que debería brindar el Estado para resguardar la seguridad de líderes sociales y de los integrantes de las FARC en su reincorporación a la vida política.

¿Cuántos líderes sociales han sido asesinados en lo que va del año y quiénes son los principales responsables de este tipo de crímenes?

En lo que va del 2017, han sido asesinados 76 líderes sociales en el país, 8 mujeres y 68 hombres. Según los informes de las organizaciones y comunidades, los responsables son en la mayoría de los casos los grupos paramilitares, que vienen fortaleciéndose en los territorios de donde han salido las FARC en su proceso de reincorporación. Esto tiene el agravante de que el Estado se niega a reconocer que el paramilitarismo sigue existiendo. Hay una incapacidad estatal para copar los territorios adecuadamente, además de que sigue negando la sistematicidad de la problemática. Para nosotros/as, es innegable que hay una sistematicidad y un patrón que permite determinar que se están ejecutando ciertos pasos para que ocurran los asesinatos. El patrón está compuesto por una campaña de estigmatización: ser líder social en la ruralidad es ser integrante de la guerrilla.

También preocupa el asesinato de integrantes de las FARC que han sido indultados o que están en proceso de reincorporación, así como de sus familiares. Hasta el momento van 24 integrantes de las FARC y familiares asesinados.

¿Cómo es la actuación de la Justicia en estos casos? ¿Hay una situación de impunidad o se han llevado a juicio a algunos responsables?

Hasta el momento la impunidad es casi total. En más del 90% de los casos no hay ni siquiera investigaciones en proceso. Aunque el Ministerio del Interior y la Fiscalía dicen que están investigando, la realidad es otra, porque además el Fiscal Néstor Humberto Martínez ha planteado que los asesinatos son en su mayoría problemas “amorosos”, desconociendo que quienes han sido asesinados, lo han sido por su trabajo permanente alrededor de la implementación del acuerdo de Paz.

Hasta el momento no hay ningún responsable judicializado y menos aún condenado. Lo más alarmante, es que las comunidades siguen emitiendo alertas tempranas sin que las instituciones tomen cartas en el asunto, lo que configura un precedente terrible para el avance del proceso de paz.

Las FARC acaban de culminar con el proceso de dejación de armas pero, como usted mencionaba, las zonas donde estaban ahora son disputadas por grupos paramilitares vinculados con el asesinato de líderes sociales. ¿Cómo cree que se puede enfrentar este nuevo conflicto y cómo será el proceso de integración de las FARC a la vida política?

En el acuerdo se estipulan una serie de mecanismos para garantizar la seguridad de los integrantes de la guerrilla en proceso de reincorporación, que incluye un Pacto Político Nacional que busca hacer efectivo el compromiso de todos los colombianos/as para que nunca más se utilicen las armas en la política, ni se promuevan organizaciones violentas como el paramilitarismo que irrumpan en la vida de los colombianos/as vulnerando los derechos humanos, afectando la convivencia y alterando las condiciones de seguridad que demanda la sociedad. En este sentido, el Gobierno Nacional se compromete a poner en marcha el proceso legislativo necesario para incorporar a la Constitución la prohibición de la promoción, organización, financiación o empleo oficial y/o privado de estructuras o prácticas paramilitares y a desarrollar las normas necesarias para su aplicación, que incluirán una política de persecución penal, sanciones administrativas y disciplinarias. Además se contemplarán medidas de sometimiento a la justicia. Este pacto buscará la reconciliación nacional y la convivencia pacífica entre colombianos/as.

También se estipula la creación de una Comisión Nacional de Garantías de Seguridad u una Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres, que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo. Sin embargo, ni la comisión ni la unidad de protección han sido puestas en marcha hasta el momento.

Respecto al proceso de reincorporación de las FARC, el acuerdo también estipula diferentes medidas y mecanismos que garanticen la reincorporación política, social, económica y cultural, comprendiendo que la misma es contraria a la que ha sido impulsada en los procesos de paz con otras guerrillas en el pasado, basadas en la reinserción individual. En el caso de este proceso de paz se propuso la reincorporación colectiva de las FARC, lo que implica un marco totalmente nuevo.

En Antioquia, los trabajadores mineros están en paro desde hace un mes por pedido de mejoras en sus condiciones laborales. Denuncian represión policial y ya hubo dos muertos. Hace poco, hubo otros conflictos similares como la huelga de maestros y los paros cívicos de Buenaventura y Chocó. ¿Cómo evalúa la respuesta del Gobierno ante este tipo de conflictos?

Lo que venimos denunciando es que el Estado sigue dando tratamiento de guerra a todas las movilizaciones y protestas sociales. La represión estatal sigue a la orden del día, a través del Escuadrón Móvil Anti Disturbios, fuerza contrainsurgente que trata a los manifestantes como guerrilleros y en consecuencia responde con un uso desproporcionado de la fuerza, violando los derechos humanos de quienes protestan y de sus comunidades. Una de nuestras organizaciones elaboró un informe sobre el paro minero en Segovia y Remedios, en el nordeste Antioqueño, donde se explica con mayor claridad la situación.

Al respecto, se viene insistiendo en la necesidad de reformar la ley que regula la protesta social y que habla sobre garantías para la misma, aún cuando se hicieron múltiples foros regionales y un foro nacional para recoger propuestas de las organizaciones y comunidades, y se conformó una comisión nacional de diálogo, el proyecto de ley aún no ha sido presentado por el Gobierno.

¿Qué políticas considera que el Estado debería implementar con mayor urgencia para impedir que sigan asesinando a referentes de luchas sociales?

Es necesario avanzar en la implementación de las medidas y mecanismo establecidos en el Acuerdo que mencionaba anteriormente. Es necesario que el Gobierno y las instituciones estatales se comprometan con el nuevo contexto que vivimos y cumplan con sus funciones constitucionales, ratificadas por diferentes tratados y convenios internacionales.

COMCOSUR MUJER Nº 530 – 04.09.17
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2) México: Aumentan agresiones a defensoras de DH
Cimacnoticias

De junio de 2016 a mayo de 2017, aumentaron las agresiones a defensoras de Derechos Humanos en el país, esto pese a que el gobierno mexicano está suscrito a instrumentos internacionales, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), que lo obligan a garantizar el bienestar de las mujeres.

Esta semana la organización Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos (ACUDDEH), el Comité Cerezo México e integrantes de la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada presentaron su informe “Defender los Derechos Humanos en México: La ejecución extrajudicial como respuesta del Estado”.

En él informaron de 29 casos donde defensoras fueron víctimas de actos violatorios de sus Derechos Humanos, fueron menos que el año pasado (44), pero incrementaron agresiones como las detenciones arbitrarias en su contra.

En el informe hecho con datos de organizaciones de diferentes entidades del país encargadas de documentar y acompañar casos de agresiones a personas defensoras de Derechos Humanos donde el responsable fue el Estado mexicano por comisión, omisión o consentimiento, se indica que en 47 por ciento de los casos no fue posible registrar el sexo de las personas agredidas, pero con las cifras que se tiene se sabe que las mujeres representaron 21 por ciento de las agresiones totales documentadas.

Los actos violatorios más frecuentes hacia las personas defensoras fueron las agresiones, hostigamiento y discriminación traducidas principalmente en el desalojo, disparos con arma de fuego y golpes.

En el periodo del informe se registraron 579 actos violatorios de los Derechos Humanos (entre los que se encuentran golpes y detenciones arbitrarias), pero en general desde 2011 a lo que va de 2017 se incrementaron 493 por ciento.

Detenciones arbitrarias

En el último año también aumentó el número de mujeres privadas de su libertad arbitrariamente, pasaron de 35 -que representaron ocho por ciento del total de personas detenidas-, a 199 mujeres, es decir 25 por ciento del total.

Para las organizaciones a cargo del registro, el aumento en los casos de privación de la libertad se debe, principalmente, “a la participación generalizada de la población en las protestas del ‘gasolinazo’ y a las detenciones arbitrarias masivas dirigidas contra miembros de las normales rurales femeniles”.

Las entidades donde se registraron más casos de mujeres privadas de su libertad fueron Chiapas –con más de 92- seguido por Michoacán con más de 50, así como la Ciudad de México, Baja California y Oaxaca.

Otras agresiones contra los derechos de las defensoras que aumentaron fueron las ejecuciones extrajudiciales. En el periodo del informe se registraron tres de defensoras en Guerrero, Tamaulipas y Chihuahua, estos representaron cinco por ciento del total.

El número aumentó en comparación con los dos informes anteriores en los que hubo dos ejecuciones arbitrarias por año.

Acompañamiento médico

Las organizaciones destacaron que el miedo es un mecanismo de control social que el Estado mexicano usa para “lograr la parálisis social” y así evitar que las personas defensoras sigan ejerciendo.

Por ello, destacó que las personas defensoras víctimas de agresiones en algunos casos requieren acompañamiento psicosocial y ser valoradas psiquiátricamente para “generar mecanismos de afrontamiento positivos que refuercen sus convicciones”.

El registro de las defensoras que recibieron acompañamiento psicológico tras ser violentadas por su labor evidencia que fueron en su mayoría mujeres de entre 20 y 29 años -34 por ciento-; siguieron las del grupo de edad de 30 a 39 años y de 40 a 49 años, ambas representaron respectivamente 24 por ciento de los casos, mientras que el grupo de menor porcentaje fueron las defensoras de 50 a 59 años con 20 por ciento de las atenciones.

En 88 por ciento de los casos cuando las mujeres fueron violentadas defendían Derechos Humanos agrupadas en organizaciones o colectivos. Esto concuerda con la conclusión que consta en el informe donde se expone que en el último año la “estrategia de represión política” del estado mexicano ha consistido en aumentar los actos que afectan a comunidades y organizaciones.

Tan solo en este periodo el número de organizaciones agredidas pasó de 48 -de junio de 2015 a mayo de 2016- a 66 y aumentó el número de comunidades afectadas en comparación con el año anterior, pasaron de 15 a 141.

ACUDDEH y el Comité Cerezo concluyeron que “la represión política se ha vuelto más masiva” y en este año respondió principalmente a las acciones de comunidades inconformes con distintas políticas de Estado como la reforma educativa y la reforma energética, afirmaron las organizaciones.

COMCOSUR MUJER Nº 530 – 04.09.17
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3) México: la Red de Asesoras Rurales exige reconocer el aporte de mujeres campesinas
La Jornada

La Red Nacional de Promotoras y Asesoras Rurales (RedPAR) exigió al gobierno que reconozca a las mujeres campesinas e indígenas como productoras de alimentos y promotoras ambientales con derecho a ser titulares de la tierra y a recibir los recursos necesarios para hacerla producir, así como reconocer el gran aporte que tienen en el desarrollo de hábitos de consumo alimenticio saludable y en el sostenimiento del trabajo del campo.

En conferencia de prensa, Dora Avila, Patricia Velazco, Isabel Reyes y Gloria Carmona, detallaron las condiciones de desventaja en que se encuentran las mujeres en el campo.

Señalaron que en las zonas rurales hay 104 mujeres rurales por cada 100 hombres y que a nivel nacional las mujeres rurales representan el 29 por ciento de la fuerza laboral y son responsables de más del 50 por ciento de la producción de alimentos.

Añadieron que 37.1 por ciento cumple jornadas semanales de entre 40 y 48 horas, 12.2 labora más de 48 horas semanales y 40 por ciento de ellas no tienen ingresos propios.

En localidades rurales 2.1 por ciento de las niñas de 5 a 12 años no asiste a la escuela. La proporción aumenta a 12.3 por ciento en las adolescentes rurales de 13 a 15 años. Así mismo seis de cada 10 mujeres rurales (62.1 por ciento) se encuentran en situación de pobreza, más de tres millones son pobres extremas y 5.5 son pobres moderadas.

En el contexto del 30 aniversario de RedPAR, la agrupación realizará diversas actividades, entre ellas el Foro Mujeres Rurales en México: derechos, territorio y alimentación.

COMCOSUR MUJER Nº 530 – 04.09.17
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4) Nicaragua
La pesadilla de ser niña en Nicaragua

Estadísticas oficiales muestran que 1.600 niñas han sido violadas en el país en la última década y resultaron embarazadas. Fueron obligadas a dar a luz por las autoridades sanitarias

A Kathy de los Ángeles Méndez, de 15 años, un medio ligado al gobierno del presidente Daniel Ortega la celebró a lo grande el pasado mayo, a propósito de la celebración del día de la madre en Nicaragua. La adolescente posó al lado de un colchón y canastas con productos básicos, regalos de la Nueva Radio Ya. Su cara morena de niña mostraba una sonrisa tímida a las cámaras, mientras sostenía un diploma en las manos que la certificaba como la mamá más joven de Nicaragua. El vientre hinchado fue declarado “la madre panza” y fue celebrado con música y una gran exposición pública. Lo normal, en un país donde la vicepresidenta Rosario Murillo ha declarado que el embarazo de una niña es un “milagro”, aunque las leyes establezcan que un embarazo en una menor de 16 años es una violación y que el Estado está obligado a investigarlo y enjuiciar al culpable.

Las críticas a la radio oficialista fueron duras, y esta respondió en su cuenta de Twitter a la defensiva. “No sabemos las circunstancias de esa niña, pero es más fácil sacar la guillotina que investigar, ¿o no?”, respondieron unos periodistas que violaron el Código de la Niñez al exponer a una menor.

El caso de Kathy de los Ángeles no es el único en Nicaragua, país que cuenta con las tasas más altas de embarazos en niñas entre diez y catorce años en América Latina. Estadísticas oficiales reunidas en un estudio de la organización IPAS Centroamérica, muestran que en la última década –coincidiendo con los diez años de gobierno del presidente Daniel Ortega– 1.600 niñas entre 10 y 14 años han sido violadas y como producto de esa violación resultaron embarazadas. Como en Nicaragua el aborto terapéutico fue prohibido hace ya una década con el apoyo del Frente Sandinista, el partido del presidente Ortega, a estas niñas no se les recomendó abortar y, por el contrario, fueron obligadas a parir por las autoridades de salud pública.

«En Nicaragua no hay opciones para una niña que sufre violencia sexual y como resultado queda embarazada”, dice Marta María Blandón, directora de IPAS. “Hace diez años, con la penalización del aborto en Nicaragua, en este país a la niña no le queda otro camino que parir, y una vez que la niña pare, tampoco es bien visto que se le ofrezca que dé al niño en adopción, porque existe todavía el estigma de que la madre que engendra tiene que criar, así se trate de una niña de nueve años. A las niñas que han sido abusadas nadie les recomendó la interrupción del embarazo, que deberían, porque pone en peligro su vida, porque es una tortura, porque no es adecuado que una niña asuma responsabilidades físicas, emocionales, espirituales, de una mujer adulta”, agregó Blandón.

La pesadilla de ser niña en Nicaragua la ha vivido Carla Vanesa Calderón, de 17 años, violada cuando tenía 14. La adolescente vive en una choza hecha con tablones de madera, láminas oxidadas, plásticos y cartones en una chabola localizada a las afueras de la ciudad de León, en el Oeste de Nicaragua. Es aquí donde contó su historia: Máximo Rayo García, un conocido de la familia, abusó de ella constantemente. “Me pagaba cuando abusaba de mí. Cuando no me quería dejar hacer nada de él. Me trataba a trompones (golpes), me amarraba de las manos y de los pies, me decía que me iba a matar si yo hablaba. A mí y a mi mamá”, relató Carla Vanesa.

Como resultado de las violaciones quedó embarazada y aunque no quería ser madre, la joven fue obligada a parir. “Me sentía mal, porque ya no iba a ser la niña que era. Por eso cuando estaba embarazada pensaba que quería botar a la niña. Me pegaba para que se me cayera. Me golpeaba en la panza. Cuando nació la niña no sentía cariño ni amor, porque pensaba que ella me había desgraciado mi vida. Mi mamá me decía que le agarrara amor, que la niña no tenía culpa, que el papá era un cobarde y que yo no tenía por qué desquitarme en la niña. Yo le decía a mi mamá que no quería ver a la niña”, dijo Carla Vanesa.

Ella se convierte en adulta al lado de una bebé, en un mundo de miseria que las hace más vulnerables, sin que el Estado las proteja, más bien manipula los embarazos adolescentes, catalogándolos como un milagro, en un guiño a los sectores más conservadores de un país que, según organizaciones que trabajan contra el abuso sexual, sufre una epidemia de violaciones contra sus niñas. “El Estado y todas sus instituciones tienen responsabilidad”, dijo Lorna Norori, directora del Movimiento Contra el Abuso Sexual. “No hay una política de protección. Las instituciones de Nicaragua no solamente no están haciendo nada para proteger a esta niñas, lo que ya es grave, sino que están lesionando sus derechos cuando convencen a una niña de diez, once, trece años de que tiene que aceptar su maternidad”, afirmó Norori.

COMCOSUR MUJER Nº 530 – 04.09.17
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5) Uruguay: Colectivo Divergénte
Colectivo de profesoras abordará tema diversidad en centros educativos
La Diaria

El colectivo nació hace cinco años en la sala docente del liceo 6 Francisco Bauzá, en el Prado montevideano, cuando varias profesoras de distintas asignaturas como literatura, biología, comunicación visual, inglés y economía se dieron cuenta de que trabajaban temas parecidos y lo hacían desde un enfoque similar. De esa forma, Roxana Rügnitz, Sandra Amorena, Carolina Raimondo, Antonella Lira, Elba Hernández, Rossana Molinari y Paola Piacenza formaron el colectivo Diversidad Transversal, pero tiempo después se dieron cuenta de que les quedaba corto y cambiaron por Divergénte –con tilde en la e–, que constituye la sigla de Diversidad, Género, Transversalidad y Educación.

En concreto, a partir del trabajo y la reflexión conjunta, cada docente del colectivo realiza un trabajo individual en su respectiva clase, a lo largo de todo el año lectivo, en base al currículo que debe ser abordado. De esa forma, se tratan los mismos temas desde diferentes asignaturas y al mismo tiempo se cumple con las planificaciones y objetivos de cada curso. Justamente, entre los objetivos del curso las profesoras incluyen temas como género, diversidad, violencia, discriminación y el abordaje de la diferencia. Además, se trabaja con distintos niveles educativos, ya que tienen grupos de todo el segundo ciclo de la educación media.

Al mismo tiempo, más allá de lo planificado, las docentes prestan especial atención a los emergentes que puedan surgir a nivel de opinión pública o del propio espacio de clase. Según afirman, los jóvenes necesitan que se hable de esos temas para reflexionar acerca de sus causas y consecuencias. Los disparadores pueden ir desde que alguien le diga “puta” o “zorra” a una compañera, o que se utilicen apodos como “negro”, “gordo” o “enano”, hasta casos públicos como el abuso, secuestro y asesinato de un niño en Maldonado. De esa forma, se intenta evitar que esos temas y actitudes sean invisibilizados y naturalizados como “algo cultural”, para “no ser cómplices de posturas machistas, heteronormativas y patriarcales”.

Para el colectivo, se trata de “un cambio conceptual de lo que es dar clase”, y al mismo tiempo una modificación del paradigma desde el que se piensa el currículo. Según las profesoras, se trata de salir de la rigidez con la que los docentes suelen encarar la tarea, ya que muchas veces entienden que su trabajo es impartir los mismos contenidos de la misma forma todos los años y ver quién aprueba el curso y quién no. De esa forma, sostienen que se invalida el abordaje de la docencia desde el abordaje de derechos, que se vive todo el tiempo en clase y que no sólo debe ser incorporado a nivel de los contenidos que se abordan sino en el propio vínculo con los estudiantes. Además, para favorecer otras formas de vincularse, el colectivo muchas veces trabaja bajo la modalidad de taller.

Todo cambia

Si bien afirman que muchas veces no encuentran receptividad en el colectivo docente, están convencidas de que de a poco se van generando cambios. El trabajo del colectivo busca generar reflexión en torno a prácticas desde las que nunca se piensa en cortar una clase para abordar una situación emergente. Según sostienen, esto tiene que ver con que hay profesores que tienen incorporado que deben transmitir contenidos para preparar a los estudiantes en su ingreso a la universidad, y el abordaje de los conflictos o inquietudes de los jóvenes se visualiza como algo disociado de los contenidos curriculares. Desde el colectivo afirman que, por ejemplo, no quieren formar médicos que sepan describir el fémur de arriba a abajo pero le vayan a hablar a las mujeres como si fueran varones, van a tratar a todos sus pacientes como heterosexuales, o no van a poder detectar una situación de violencia.

Más allá de esa cultura que surge a partir de prácticas que vienen de muchos años atrás, están convencidas de que “alguna semillita han dejado”. Por ejemplo, recuerdan que han generado cambios en el lenguaje de algunos docentes, por más de que al principio ofrecían resistencia. Para las docentes, hablar en lenguaje inclusivo es una postura política y también lo hacen dentro del aula. Según cuentan, en un principio los estudiantes lo toman como un chiste, pero después se acostumbran y, un poco en serio y un poco en broma, las llaman “profas” en vez de “profes”.

“Si lo hacés en la clase ya llamás la atención, pero es un cambio conceptual. Hay chiquilines que dicen que somos feministas locas o feminazis, pero hemos generado cambios”, señala una de las profesoras, que cuenta el caso de un estudiante que a partir de los talleres cambió la forma de vincularse con sus compañeros.

Más allá de que las profesoras trabajan el respecto de la diversidad desde todo punto de vista –sexual, étnico, religioso, económico, cultural– y de que sostienen que la discriminación es la peor forma de violencia, están convencidas de que “la madre de todas las violencias es la violencia contra la mujer”. “De ahí nace esa concepción subliminal de que puedo someter a otra persona porque es distinta a mí. La violencia se ejerce desde una situación de poder, y el poder es masculino, patriarcal, heteronormativo”, fundamentan.

De cal y de arena

Si bien al principio podían coordinar acciones con mayor facilidad porque todas trabajaban en el liceo Bauzá, sostienen que la dinámica de elección de horas en secundaria ha hecho que algunas profesoras “migraran” a otros centros educativos. Esa situación, sumada al multiempleo, las llevó a trabajar con poblaciones y realidadaes distintas, lo que hizo que se generaran prácticas de aula que las han enriquecido muchísimo.

Además de trabajar desde la práctica, también buscan realizar abordajes teóricos, y para ello están tratando de sistematizar experiencias. Al mismo tiempo, quieren tender puentes y redes con otros colectivos docentes. Una de las actividades del colectivo en esta línea será un taller que darán el viernes 8 de setiembre durante todo el día en La casa de Alicia, al que además de profesores de liceo y UTU también pueden anotarse maestros y estudiantes de formación docente. El colectivo Divergénte trabajó con la organización Mujer y Salud en Uruguay, y publicará en un libro editado por la Universidad de Palermo, en Argentina, que además les otorgó un reconocimiento a las ocho profesoras. Además, fueron premiadas por el certamen nacional Tus ideas valen.

Las profesoras señalan que si bien les pagan por horas de coordinación docente, con esas horas no podrían hacer ni siquiera un décima parte de todo su trabajo, por lo que la mayor parte de sus actividades se sostiene en horas no remuneradas, lo que implica pasar menos tiempo con su familia y amistades. Eso también genera que les sea muy difícil formarse y sistematizar la evaluación de estas prácticas, algo que lamentan: “Tenemos que medir los resultados, si no, tenés sensación pero no tenés datos”.

Como en los últimos tiempos no están todas en un único liceo, no han podido trabajar desde la transversalidad, por lo que abordan los conceptos en sus asignaturas y organizan actividades a partir de sus inquietudes y las de los estudiantes. Sí coordinan, y para hacerlo tienen un grupo de Whatsapp, un blog y trabajan en Google Drive. También se reúnen y hacen cosas en común en los ratos libres, entre que corren de una clase a la otra o los fines de semana.

Además de las dificultades por la forma en que está estructurada la labor docente en secundaria, también se topan a diario con falta de recursos para llevar a cabo las actividades. “Si querés trabajar con los chiquilines hacia afuera, en sus contextos, tenés un tema de costos, de horas dedicadas. Necesitamos un espacio, insumos, transporte. Tenemos apoyo de las direcciones de los liceos, pero sólo te dan para adelante –te justifican una falta, te dan una cartelera– porque no tienen otros recursos. Los papeles, las tijeras, la cascola los tenemos que poner nosotras”, lamentan.

De todas formas, más allá de las dificultades, afirman que aun sin cambiar grandes estructuras institucionales, a partir de modificar sus prácticas más cotidianas los docentes pueden generar transformaciones. Para ello apelan a generar otros dispositivos de clase diferentes a los tradicionales, a tratar temas que no sólo tengan que ver con lo cognitivo, y a abordar los contenidos del currículo de una forma original. Por ejemplo, eligiendo autoras mujeres que por algún motivo no son o no fueron debidamente reconocidas, porque están convencidas de que la producción de conocimiento y los ámbitos académicos también son dominados por lógicas machistas, patriarcales y heteronormativas.

COMCOSUR MUJER Nº 530 – 04.09.17
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6) Historia de Ita: documental sobre Tania, la guerrillera
A 50 años de la muerte de Tania, la guerrillera que acompañó al Che en Bolivia: un libro, canciones y un documental en su recuerdo
Carmen Esquivel/ Nodo Cultura

En su corta e intensa vida debió adoptar personalidades y nombres distintos como Haydée, Tamara, Vittoria, Marta y Laura, pero la luchadora internacionalista que siguió la ruta del Che por la selva boliviana pasó a la historia como Tania la Guerrillera.
Nacida en Argentina, de padre alemán y madre polaca, esta joven llegó a Bolivia en 1964 con el nombre de Laura Gutiérrez Bauer, a fin de crear condiciones para abrir un frente revolucionario.

Vino como especialista en etnología y estudiosa del folclore y logró infiltrarse en todas las esferas del gobierno, dijo en exclusiva a Prensa Latina el investigador e historiador cubano Froilán González, quien junto a su esposa Adys Cupull, ha escrito varios libros sobre la gesta del Che.

Era una muchacha físicamente atractiva, carismática, culta, que dominaba cuatro idiomas y tocaba el acordeón y la guitarra, además de practicar deportes.

Hugo Herrera, quien tuvo oportunidad de conocerla cuando trabajaba en el departamento de Folclore del Ministerio de Educación, la recuerda como una joven hermosa y activa, que siempre estaba muy atenta a todo lo que ocurría.

Tania conoció al general René Barrientos, presidente de Bolivia en ese entonces, y se codeó con importantes figuras, entre ellas el jefe de la Dirección Nacional de Informaciones de la Presidencia, Gonzalo López Muñoz, y el ministro de Defensa, Alfredo Ovando.

En La Paz se vinculó a los pintores Juan Ortega Leytón y Moisés Chire Barrientos e impartió clases de idioma alemán a hijos de la oligarquía con el propósito de relacionarse con sus familiares y obtener información útil para el movimiento rebelde.

‘Su vida fue muy intensa’, afirma en la conversación con esta agencia el historiador cubano, a quien entrevistamos durante el estreno en La Paz del documental ‘Historia de Ita: Relatos inéditos de la vida de Haydeé Tamara Bunke Tania la Guerrillera’, con guion de Adys Cupull y realizada por sus hijos Leandro y Livan.

Escogimos este país para la premier porque ella amó a Bolivia, admiró su folclore y su cerámica y aquí organizó la primera exposición de trajes típicos, recordó el investigador.

El filme lleva el título de ‘Historia de Ita’ porque su madre nos contó que cuando era niña la llamaban Tamarita y como estaba tan pequeña sólo pronunciaba Ita y ese fue el nombre que usó en toda la correspondencia con la familia, dijo González.

Tania nació en Argentina y a los 14 años se trasladó con sus padres a la República Democrática Alemana, desde donde siguió de cerca todos los acontecimientos en su país y en América Latina, en particular el triunfo de la Revolución Cubana.

En Berlín trabajó como traductora de delegaciones latinoamericanas y fue así como conoció a Ernesto Che Guevara, cuando era ministro de Industria, y a la directora del Ballet Nacional de Cuba, Alicia Alonso, quien la llevó a La Habana.

En el país caribeño trabajó en el Ministerio de Educación, en el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos y en la dirección de la Federación de Mujeres Cubanas, se hizo miliciana y participó en varios trabajos voluntarios.

Cuando le encargaron la misión en Bolivia adoptó el nombre de Tania en honor a una joven rusa llamada Soja que luchó contra los nazis bajo ese seudónimo y fue apresada, torturada y ahorcada.

Tamara salió de Alemania en 1961 y nunca regresó, y su madre Nadia Bider -desesperada por no tener noticias de ella- decide hacer un viaje a Cuba en 1964, cuenta el historiador.

Allí se entrevistó con un oficial, quien le dice que ella estaba bien, estudiando en un curso y le muestra una foto donde está muy transformada y es casi imposible reconocerla, pero su madre miró fijamente sus ojos y dijo: sí es ella.

Tania vino a Bolivia para una red clandestina, sin embargo, se ve precisada a incorporarse a la guerrilla en marzo de 1967 cuando en un viaje al campamento de Ñancahuazú dos miembros del movimiento rebelde desertan e informan de su presencia y ya no puede salir de allí.

En su diario, el Che escribe: ‘todo parece indicar que Tania está individualizada, con lo que se pierden dos años de trabajo bueno y paciente…’

Ella integraba el grupo de la retaguardia comandado por Juan Vitalio Acuña (Joaquín) y una de sus tareas era escuchar las distintas emisoras de radio bolivianas, argentinas y cubanas e informar de lo que estaba sucediendo, afirma el historiador.

Durante cinco meses debió enfrentar la dura vida en la selva boliviana, la falta de agua y de alimentos, el mal tiempo y la constante hostilidad enemiga.

El 31 de agosto de 1967 la columna guerrillera cae en una emboscada cuando cruzaba el Río Grande. Tania fue la penúltima en sumergirse en la corriente, justo delante de Joaquín, quien cubría las espaldas de sus compañeros.

Cuando se escucharon los primeros disparos, ella intentó tomar el fusil, pero una bala le atravesó el pulmón y fue arrastrada por las aguas. Su cuerpo fue encontrado una semana después. Le faltaban poco más de dos meses para cumplir 30 años.

De acuerdo con el historiador cubano, en Vallegrande la imagen que tienen los pobladores de la única mujer en la guerrilla del Che es un poco mística.

El pueblo boliviano la convirtió en leyenda y se dice que sale del río cuando hay niebla con una gran cesta de flores y frutas, narra el investigador.

Un poema escrito en su libreta de notas dice: ‘¿Nada será mi nombre alguna vez?/¿Nada dejaré en pos de mí en la tierra? / Al menos flores, al menos cantos…’

A Tania se le conoce como la Flor del Río Grande y en el sitio donde fueron hallados sus restos en Vallegrande hay una lápida cubierta por rosas blancas.

COMCOSUR MUJER Nº 530 – 04.09.17
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“El perdón no se puede lanzar al aire, a ver si cae en la cabeza de quien corresponde” – Luis Pérez Aguirre
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COMCOSUR MUJER ES UNA PRODUCCIÓN DE COMCOSUR / COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR / Desde el 19 de Junio de 1994 / Coordinación: Carlos Casares – DIRECCIÓN POSTAL: Proyectada 17 metros 5192 E (Parque Rivera) 11400 MONTEVIDEO/URUGUAY / Apoyo técnico: Carlos Dárdano / Comcosur se mantiene con el trabajo voluntario de sus integrantes y no cuenta con ningún tipo de apoyo económico externo, institucional o personal / Las opiniones vertidas en las distintas notas que integran este boletín no reflejan necesariamente la posición que podría tener Comcosur sobre los temas en cuestión / Comcosur integra la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) / blog: nuevo.comcosur.org/ contacto: comcosur@comcosur.com.uy / Y ahora se puede seguir a Comcosur también en Facebook
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