COMCOSUR MUJER / AÑO 16 /No. 607 / lunes 08.07.2019 Hoy:
1) Argentina: Mujeres indígenas, espacio de construcción colectiva
2) Brasil: Taliria Petrone, otra diputada que denuncia amenazas de muerte
3) El Salvador: “Nos oponemos al mal llamado desarrollo”
Con Sonia Sánchez: Entrevista a la líder del Movimiento de Mujeres de Santo Tomás
4) Chile: “Hay un aparato que impide el acceso al derecho al aborto”
5) Honduras: familiares de Berta Cáceres exigen justicia a 40 meses de su asesinato
6) México: Feminicidios dejan en 8 meses 3 mil 400 huérfanos
7) Uruguay: Graciela Villar, «Les pido que me den la oportunidad de conocerme”
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COMCOSUR MUJER / Fundado por Yessie Macchi / AÑO 16 /No. 607 – Lunes 8 de julio de 2019 / Producción: Beatriz Alonso y Belén Itza / Apoyo técnico: Carlos Dárdano
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“Por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres” Rosa Luxemburgo
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1) Argentina: Mujeres indígenas, espacio de construcción colectiva
Mujeres indígenas reivindican al Buen Vivir como derecho fundamental de los pueblos
El Movimiento de mujeres indígenas por el Buen Vivir en Argentina es un espacio de construcción colectiva de mujeres, presente en gran parte del territorio, que luchan por la descolonización y despatriarcalización de los pueblos.
Conversamos con la weichafe o guerrera mapuche de Moira Millán, fundadora y coordinadora del Movimiento de mujeres indígenas por el Buen Vivir quién nos comenta sobre los desafíos de las mujeres indígenas frente a realidades de despojo que se viven.
Escuchar audio: aler.org/node/6048
COMCOSUR MUJER Nº 607– 08/07/2019
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2) Brasil: Taliria Petrone, otra diputada del PSOL que denuncia amenazas de muerte
La diputada brasileña por el PSOL, Taliria Petrone, denunció públicamente las amenazas de muerte que recibe desde hace un año por su defensa a los Derechos Humanos.
Talíria Petrone conocida como diputada federal por el socialismo parlamentario y Libertad (PSOL) de Río de Janeiro, es una joven negra y feminista que llegó a la política partidaria tras ejercer como profesora de historia. Llegó al Congreso Nacional para respetar “la joven democracia brasileña” y fue electa con más de 100 mil votos al mismo tiempo que Jair Bolsonaro asume la presidencia de Brasil. Talíria Petrone lleva en su cuerpo y en su carrera política la defensa de los Derechos Humanos durante uno de los gobiernos más fascistas y machistas de toda la historia brasileña donde ser joven, mujer y negra es sinónimo de criminalización.
En abril pasado, tras investigar las denuncias formales de la congresista, la Policía Federal de Brasil descubrió en la deep web mensajes de amenaza de muerte contra Talíria Petrone. Al conocerse esta situación, se elevó a las autoridades nacionales y del estado de Río de Janeiro el pedido de garantizar seguridad para Talíria, lo que le fue garantizada la custodia pero solo a nivel nacional, en Brasilia. Tanto ella como el partido al que pertenece, PSOL, lo hicieron en al menos dos ocasiones. Y al no ser escuchada, decidió hacer pública la situación.
Desde su cuenta de Twitter, la legisladora afirmó: “recibo amenazas de muerte desde el año pasado. En abril, la Policía Federal obtuvo informaciones sobre un plan contra mí y desde entonces ando con escolta de la Policía Legislativa en Brasilia” pero denunció que en Río, “el gobierno ignora la seguridad de una parlamentaria elegida”. Informó que el primer pedido fue enviado por Rodrigo Maia (actual Presidente de la Cámara de Diputados), el 23 de abril. “Ante el silencio del gobernador, el alcalde envió un nuevo oficio reiterando la solicitud el 10 de mayo. La bancada del PSOL también envió. Hasta el momento, no tuvimos respuestas”.
Río de Janeiro es el estado más militarizado de Brasil. Donde no casualmente reside el presidente de la Nación, Jair Bolsonaro, y donde asesinaron a Marielle Franco, también del PSOL, el 14 de marzo de 2018. Por este mismo motivo, otro diputado del PSOL, Jean Wyllys, se encuentra exiliado.
Marcha.org /Camila Parodi y Laura Salomé Canteros
COMCOSUR MUJER Nº 607– 08/07/2019
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3) El Salvador: Con Sonia Sánchez: “Nos oponemos al mal llamado desarrollo”
Sonia Sánchez, defensora medioambiental en El Salvador: “Nos oponemos al mal llamado desarrollo”
Entrevista a la líder del Movimiento de Mujeres de Santo Tomás
Su lucha contra la construcción de un residencial en una reserva hídrica le ha valido demandas y amenazas
Las mujeres están cada vez más presentes en las luchas ambientales, siendo muchas veces las activistas principales. En Centroamérica, donde muchas de ellas son campesinas y amas de casa, enfrentan una enorme violencia por su lucha. Entre 2015 y 2016 se contabilizaron en la región centroamericana 609 ataques a defensoras de la tierra y los bienes naturales.
Una de ellas es Sonia Sánchez, líder del Movimiento de mujeres de Santo Tomás, un municipio a veinte minutos de San Salvador. Su lucha contra la construcción de una zona residencial en una reserva hídrica le ha valido dos demandas, múltiples amenazas de muerte e insultos. A pesar de ello, confía en insuflar aire a la batalla de otras activistas que defienden sus territorios en el país y en la región.
– Cuéntenos cómo es el municipio de Santo Tomás, la zona donde vive y desarrolla su activismo. ¿Cómo es el territorio y a qué se dedica la población?
– Santo Tomas es un municipio que está a unos 20 minutos de la capital. Tiene mucha boscosidad y mucha vegetación. Por ello, cuenta con una ordenanza de uso y ocupación de suelo donde se tipifica que Santo Tomas es rico en agua. También es un municipio vulnerable porque es muy quebradizo. Su población, que está mayoritariamente en la zona rural, vive de la agricultura, de la crianza de ganado y las mujeres se emplean en la máquina textil y en el comercio informal. Santo Tomás es una especie de ciudad dormitorio donde la gente sale a trabajar y llega para dormir porque allí no hay fuentes de empleo directas.
– ¿Por qué empieza una lucha contra la multinacional Inversiones Robles?
– Robles compra 40 manzanas de terreno en un cantón que estaba tipificado como zona de recarga hídrica. El uso que le correspondía era para cultivo o para declarar zona de reserva forestal. En el 2006 gana un partido de derechas en el municipio donde están aglutinados todos los grandes empresarios y reforman la ordenanza para quitar el candado que no les permitía construir.
En 2009 la derecha pierde en el país a nivel de presidencia, pero el ministro de ese momento, Carlos Guerrero, otorga el permiso medioambiental a Inversiones Robles para que pueda edificar la residencia de Santo Tomas, un total de 416 viviendas de lujo para población de clase media alta. Inician el proyecto en 2015 con la tala indiscriminada de árboles, acaban con (1.300) centenarios en peligro de extinción. Al final construyeron la residencial.
– ¿Cómo ha sido la lucha del Movimiento de mujeres de Santo Tomás contra la construcción residencial Inversiones Robles en su territorio?
– Como Movimiento de mujeres de Santo Tomas empezamos a acompañar la lucha de la comunidad afectada. Eran más hombres al inicio, y poco a poco nos hemos quedado solas las mujeres. Esto nos ha llevado a enfrentar amenazas de muerte, acoso sexual, discriminación y judicialización porque al final nos criminalizaron poniéndonos dos demandas. Nos pusieron una demanda por coacción a dos hombres y mujeres y a mí la empresa me interpuso una segunda demanda por difamación y calumnias. Me pedían 25.000 dolares por resarcimiento de daños a la empresa y a la moralidad del representante legal, además de cuatro años de prisión o trabajo comunitario.
Logramos que nos absolvieran, pero no fue porque en El Salvador se aplique la justicia, sino porque hubo mucha presión de movimientos como el sindicalista o el de la diversidad sexual. Realmente no me sentí sola porque estuve acompañada de muchas organizaciones de El Salvador y a nivel internacional. Dos acciones bastante mediáticas hicieron que el juez se repensara la sentencia.
– Actualmente, ¿qué consecuencias está sufriendo su comunidad por la construcción de la zona residencial?
– Le cambiaron el nombre a Sierra Verde y ahora es toda una zona residencial con seguridad perimetral, con personal armado, donde no puedes acceder sin identificarte. Detrás de los muros permietrales está El Paraíso, que es la comunidad más afectada porque se abastecía de 24 pozos artesanales, pero con la tala indiscriminada de arboles se profundizó el agua. También han secado un río que antes llevaba agua todo el año, y ahora solo en invierno, cuando llueve. La residencial puede tener agua las 24 horas del día, los 365 días del año, pero no así la población que hemos vivido y nacido en Santo Tomás. Por ejemplo, el mes de abril, en la comunidad en la que yo vivo estuvimos 30 días sin agua.
No nos oponemos al desarrollo, pero nos oponemos al mal llamado desarrollo que destruye los bienes naturales, lo que nos permite la vida a los seres humanos. No podemos a estar desarrollando a unos económicamente y vulnerando a otros. Hay muchas luchas similares a esta en El Salvador. Aunque en Santo Tomás no hemos logrado detener la urbanización, sí hemos logrado que la empresa se piense volver a construir. Hemos demostrado que el poder económico no siempre va a tener la razón y que podemos doblarle la mano a estas empresas que solo buscan generar ganancias para cuatro familias.
– Además de las demandas que le puso la empresa, ¿ha recibido algún tipo de amenaza o presión por su activismo?
– Sí, de hecho hubo amenazas de muerte, persecución por allanamiento de vivienda, vigilancia constante… Vivimos también los secuestros de dos compañeras jóvenes. En un primer momento no lo vinculábamos al trabajo que hacíamos en el municipio, hasta que hicimos un análisis del riesgo al que nos habíamos estado enfrentando por defender derechos. Al final logramos entender que muchas de las mujeres que estamos en la lucha ambiental en municipios enfrentamos algún incidente, amenaza, y entendimos que era por las denuncias que hacíamos a la empresa.
– ¿Qué piensa su familia de su activismo?
– Los guardias de la empresa me decían “vaya a cuidar a sus hijos y a su marido” y mis hijas contestaban: “sus hijas aquí andamos”. De hecho, mis hijas también son defensoras feministas que defienden el territorio. Siempre me siento acompañada, caminamos juntas. Sabemos que hay una necesidad de defender derechos y que a las mujeres no se nos ha regalado nada, sino que todo lo hemos conseguido con la lucha. Muchas mujeres han ofrecido sus vidas para que hoy tengamos cierto disfrute de ciertos derechos.
– ¿Qué dificultades añadidas tienen las defensoras de derechos humanos por el hecho de ser mujeres?
– Es difícil ser defensora porque no está reconocido nuestro papel. No tener un reconocimiento jurídico lleva a que te vulneren derechos, a que te enfrentes a gente antiderechos. Te afecta la cotidianidad. A mí me han dicho lesbiana, borracha, tira piedras, antidesarrollo o que vivo del dinero de la cooperación, cuando somos parte una organización local que no somos captadores de fondos. Nuestro trabajo es mayoritariamente voluntario. Para algunas actividades buscamos el apoyo solidario de organizaciones ambientalistas y feministas del país.
– ¿Como activistas tienen algún tipo de protección institucional o de los poderes públicos en su país?
– El apoyo solo lo tuvimos de la Procuraduría. Él era un procurador muy consciente, muy solidario y muy firme en su trabajo. Llamó a la Fiscalía y a la Policía a que se investigaran los hechos, pero no se ha hecho nada. Nosotras no nos sentimos seguras ante la Policía ya que golpeó a unas jóvenes por estar protestando contra de la empresa. De hecho, cuando nos atacaban les recordábamos el lema de la Policía salvadoreña: “servir y proteger”. ¿Servir y proteger a quién? De hecho hubo ocho días en los que los policías se estacionaron frente a la empresa desde a las 8 de la mañana hasta las 17.00 hasta que se les hizo un llamado a que no podían estar protegiendo los intereses de la empresa, que puede pagar seguridad privada.
Cuarto poder / COMCOSUR MUJER Nº 607– 08/07/2019
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4) Chile: “Hay un aparato que impide el acceso al derecho al aborto”
Gloria Maira, activista feminista de Chile: “Hay un aparato que impide el acceso al derecho al aborto”
En agosto de 2017 Chile dio un paso en favor de los derechos de las mujeres y personas gestantes: dejó a un lado un sistema totalmente prohibitivo y punitivista para el acceso al aborto y adoptó un sistema de causales que permite la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en caso de violación, de inviabilidad fetal o de riesgo de muerte. A poco más de un año de la aprobación de la ley, la Mesa de Acción por el Aborto, que nuclea organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos locales e internacionales, llevó a cabo un sondeo para dar cuenta sobre la efectividad de su implementación. En base a los resultados sobre siete regiones del país (Antofagasta, Valle del Huasco, Valparaíso, Santiago, Concepción, Temuco y Aysén) denuncian que no existe una política pública para poner en práctica esta normativa.
En esta entrevista con NODAL, Gloria Maira, activista feminista coordinadora de la Mesa de Acción por el Aborto en Chile, da cuenta del panorama.
Entre las conclusiones del informe que presentaron denuncian que no existe una política pública para la implementación de las tres causales por aborto, ¿podría hacer un breve repaso de las razones por las cuales llegan a esta conclusión? ¿Por qué consideran que se ha llegado a este punto?
El monitoreo se realizó en siete territorios del país y lo que muestra es que existe una implementación de mínimo de esta política pública. Eso significa que el Ministerio de Salud ha concentrado los esfuerzos de capacitación, revisión de casos y de seguimiento en los equipos IVE directamente vinculados con la prestación. El resto del personal, tanto en atención primaria como en los hospitales -que es donde se practica la interrupción voluntaria del embarazo- no están ni sensibilizados ni capacitados en torno a la ley, lo que implica obstáculos para las mujeres en términos de acceder a información y de la ruta que siguen para llegar a interrumpir ese embarazo si es que está en las tres causales y así lo deciden. Entonces, la capacitación al personal de salud es un problema. El segundo gran problema es la falta de información a las mujeres y la comunidad. La IVE es una prestación no informada, es decir, no está incluida en las acciones de promoción de la salud sexual y reproductiva que hace a la atención primaria en colegios, en centros para adolescentes, por ejemplo. Por lo tanto, no es conocida por la población y particularmente por las mujeres jóvenes, las adolescentes y las niñas y eso es un tremendo problema porque es allí donde se concentran las situaciones de violencia sexual con resultado de embarazo. Entonces, esas niñas, adolescentes y jóvenes no tienen cómo conocer que pueden existir una respuesta distinta a la situación y que pueden tener acogida en el servicio de salud. Un tercer gran problema a destacar, aunque no el último ni menos importante, tiene que ver con la objeción de conciencia. La política del Ministerio de Salud ha sido la de no garantizar la existencia de al menos un equipo IVE en cada uno de los hospitales. No ha habido un control de la objeción de conciencia del personal de salud que interviene en la interrupción. La resolución última del Tribunal Constitucional y el reglamento que finalmente quedó adoptado para efectos de la objeción de conciencia hace que más que una norma excepcional ésta se haya convertido en una norma general. Es decir, basta que un médico, un ginecobstetra, una matrona, un/a enfermero/a, un/a anestesista, declare que es objetora u objetor de conciencia, llene un formulario y lo entregue a la dirección del hospital. Con eso acredita su objeción, no hay necesidad de una fundamentación, no hay nada. Si juntamos todos estos factores: falta de información, graves debilidades en la capacitación de los equipos de salud y del personal, de salud en general, y la objeción de conciencia declarada y no declarada, lo que está sucediendo finalmente, es que tienes una implementación reducida al mínimo. De hecho, el número de casos que ha llegado a IVE es mucho menor del que se había estimado por año y eso es una evidencia concreta de lo que está sucediendo.
Justamente, lo que sucedió al inicio de su gobierno, Piñera impulsó la objeción de conciencia institucional, ¿en qué quedó esa situación? ¿Consideran que esa iniciativa ha afectado a la implementación de la ley?
Efectivamente esa disposición fue introducida por el Tribunal Constitucional después de la aprobación de la ley por parte del Congreso y a partir de los requerimientos que han hecho o que hicieron los sectores conservadores del Parlamento respecto de los protocolos de implementación de la objeción de conciencia institucional. Finalmente, las últimas resoluciones y el último reglamento han dejado una objeción de conciencia institucional de amplio rango. El Tribunal Constitucional decidió que sí pueden objetar de conciencia los/as profesionales de la salud e institucionalmente las clínicas privadas que firman convenios con el Ministerio de Salud, es decir, que son a las que el Ejecutivo le transfiere la potestad pública para la entrega de prestaciones donde el sector público no tiene hospitales o no alcanzan toda la cobertura necesaria. Por lo tanto, dan prestaciones de ginecobstetricia que ellos estiman y reciben igual los fondos públicos, no están obligados a entregar la IVE pese a que es una prestación legal y que la autoridad sanitaria tiene la obligación de otorgar a nivel nacional. El segundo punto, es que también el Tribunal estableció que las clínicas que tienen ginecobstetricia o que otorgan prestaciones ginecobstétricas que no tienen convenios con el Ministerio de Salud, también pueden decidir libremente si otorgan o no la prestación IVE. Así, no tienen necesidad de declararse objetores de conciencia institucional, simplemente pueden no incluir esta prestación en su oferta en salud. Por lo tanto, es clarísimo que la objeción de conciencia institucional ha permitido que las clínicas en general puedan abstenerse de otorgar la prestación sin ningún tipo de presión para que esta situación cambie.
¿De qué manera afecta esta falta de puesta en marcha de la ley a las personas que quieran abortar? ¿Existen registros oficiales de la cantidad de abortos permitidos por ley?
Esta implementación tan deficiente afecta de varias maneras. Una es que, en la medida de que es una prestación no informada las mujeres no pueden ejercer este derecho otorgado en la legislación. Segundo, que en tanto no existan acciones que den cuenta de la interrupción del embarazo o del aborto como una situación que sucede en la vida reproductiva de las mujeres el estigma del aborto, el aborto como castigo, la penalización social de las mujeres, se mantiene intocada. Siguen existiendo los mismos mitos y los mismos prejuicios respecto del aborto y eso afecta a quienes estén dentro de las tres causales, inhibe las personas a que hagan las consultas pertinentes en los consultorios o en los establecimientos de salud. Incluso, si hacen las consultas pertinentes se ven afectadas en su libertad de decisión porque tienen un dogma establecido, que es el dogma de la maternidad. La no información y la no discusión del aborto como un evento de la vida reproductiva de las mujeres mantiene esos imaginarios e impide la decisión de las mujeres. Existen registros sobre el número de abortos, están en la página web del Ministerio, ahí se pueden ver cuáles han sido los casos que se han atendido en cada una de las causales y evidentemente lo que eso muestra es que los números son muy inferiores a lo que se había inicialmente estimado. Y esa diferencia no se debe a un error de cálculo como ha insinuado el ministro de Salud, Emilio Santelices, sino más bien a todo un aparato que impide que las mujeres puedan acceder al derecho al aborto y tomar en libertad una decisión. Tal como expliqué en las preguntas anteriores ese aparato se manifiesta en la falta de información, de capacitación, en la objeción de conciencia que afecta las posibilidades de acceder a la prestación y sobre todo permanece intocado un modelo de atención en salud y particularmente en salud sexual y reproductiva. Es un modelo biomédico de una relación vertical entre el personal de salud y la usuaria, la mujer que está accediendo a prestaciones y lo que prima, en términos de imaginarios, es la maternidad siempre deseada por parte de las mujeres. En la medida de que esa visión del modelo de atención en salud no se modifique, la implementación de la IVE se hace sobre ese escenario y no hay acciones sostenidas para la modificación de patrones, de conductas, comportamientos y de prácticas dentro del sistema. Eso hace muy difícil que la interrupción voluntaria del embarazo, por decisión de la mujer se pueda implementar plenamente.
¿Cuáles son los pasos y los desafíos de aquí en adelante para la Mesa y desde las organizaciones de mujeres y feministas en general?
Nosotras empezamos por hacer públicos los resultados del monitoreo, hemos enviado también el documento al Congreso, particularmente a las comisiones de mujer y salud, de manera que los parlamentarios y parlamentarias puedan hacer uso de su labor de fiscalización y demandar al Ministerio de Salud y al de Mujer y Equidad de Género respuestas frente a las graves falencias que el monitoreo muestra. Por otro lado, estamos solicitando reunión con el nuevo Ministro de Salud para también ponerlo en antecedentes de los resultados del monitoreo y ver cuáles son las medidas urgentes que él estaría dispuesto a tomar para corregir estas falencias. Finalmente, creo que lo más importante, es que pretendemos seguir ampliando esta vigilancia a otros territorios y a otras regiones del país de manera de documentar lo que está sucediendo en la práctica, en la cotidianidad de los establecimientos de salud, el tipo de obstáculos con que se encuentran las mujeres en esos territorios en específico y ver y presentar esto a las propias autoridades locales de manera que se hagan las correcciones de rigor en la implementación. Nosotras como Mesa esperamos que este monitoreo fortalezca al movimiento por el derecho al aborto en el país, fortalezca el camino hacia el aborto legal y libre ya que en la medida en la que vamos construyendo nuevos paradigmas en la salud sexual y reproductiva y en torno a los derechos sexuales y reproductivos son esos mismos equipos de salud, es esa misma red asistencial la que debería dar más adelante atención a una legislación que pretendemos ampliar. Por lo tanto, el monitoreo se convierte en un instrumento, en una herramienta para fortalecer los movimientos a nivel local, fortalecer la acción de vigilancia, del movimiento por el aborto e ir construyendo voluntades hacia el aborto libre y legal en el país. Esta estrategia, evidentemente, se complementa con otras como las campañas por la despenalización social del aborto que buscan que el aborto se vea en la sociedad, se interprete, se entienda como un evento en la vida reproductiva de las mujeres, frente al cual la titularidad para la decisión respecto de ello es plenamente de las personas que quieran acceder a ella.
Carla Perelló/ NODAL/ COMCOSUR MUJER Nº 607– 08/07/2019
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5) Honduras: familiares de Berta Cáceres exigen justicia a 40 meses de su asesinato
A más de 3 años después del asesinato de Berta Cáceres, los autores intelectuales del crimen no han sido investigados ni juzgados, y ahora, enfrentan una campaña mediática que busca mantener en impunidad su caso, denuncia el Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas (Copinh).
7 meses sin sentencia
El 19 de octubre de 2018 inició el primer juicio oral y público en contra de ocho personas imputadas por la autoría material del asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres. Este juicio se caracterizó por una serie de graves irregularidades practicadas desde el inicio del proceso que violentaron el derecho de la familia de Berta Cáceres y el COPINH al acceso a la verdad y la justicia.
Para el 29 de noviembre, la Sala I del Tribunal de Sentencia emitió el fallo en que condenó a Sergio Rodríguez, Mariano Díaz, Douglas Bustillo, Henry Hernández, Elvin Rápalo, Óscar Torres y Edilson Duarte como coautores por el asesinato de la defensora. Además, el Tribunal condenó a Rápalo, Torres, Hernández y Duarte por tentativa de asesinato contra Gustavo Castro y absolvió de toda responsabilidad a Emerson Duarte porque no se pudo comprobar su participación en el crimen.
A 7 meses de la emisión de este fallo condenatorio aún no se emite sentencia escrita que debe contener la individualización de la pena. Según las leyes hondureñas la sentencia debe emitirse sin retraso para garantizar los derechos a la verdad y la justicia.
En este caso, la falta de sentencia pone en peligro el fallo emitido contra los autores materiales del crimen y representa un obstáculo para la investigación y juzgamiento de los autores intelectuales.
Campaña por la impunidad
El 2 de marzo de 2018 se produjo la captura de David Castillo, miembro de la junta directiva y gerente general de DESA, único autor intelectual detenido por el asesinato de Berta Cáceres.
Un año después, en marzo de 2019, la UFECIC en conjunto con la MACCIH, emitió un requerimiento fiscal a 16 funcionarios públicos por los delitos cometidos en la licencia ambiental otorgada a DESA para la imposición del proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca. A David Castillo se le imputó por fraude, negociaciones incompatibles con sus funciones, y uso de documentos falsos.
Posteriormente, a principios de abril de este año se realizó la audiencia preliminar en contra de David Castillo por el asesinato de Berta Cáceres. En esta audiencia la defensa de David Castillo presentó un nuevo peritaje como medio de prueba en un momento procesal inadecuado, lo que implicó la suspensión de la audiencia que, hasta la fecha, no se ha retomado.
Junto a esto, la defensa de David Castillo y de DESA, con anuencia de los medios corporativos de comunicación, han instalado a nivel nacional una campaña que busca victimizar a David Castillo y deslegitimar el proceso en su contra, cuestionando las pruebas que lo vinculan con el asesinato e intentando justificar su inocencia con una narrativa absolutamente perversa y revictimizante, tanto para la familia de Berta Cáceres como para el COPINH.
Pasos en el camino de la justicia
Para alcanzar verdad y justicia integral en esta causa, el Copinh exige que se investigue, juzgue y sancione, de manera diligente, a todas las personas responsables por el asesinato de Berta y por las agresiones sistemáticas perpetradas contra el COPINH, incluyendo tanto a David Castillo, como a la familia Atala, el Banco Holandés de Desarrollo (FMO), funcionarios estatales, miembros de las fuerzas armadas, financiadoras y más.
Además, la concesión del río Gualcarque, que aún continúa representando una fuente de riesgo para las comunidades lencas, debe ser cancelada inmediatamente.
Finalmente, es urgente que se inicie un proceso para reparar al COPINH por todo el daño causado y, en particular, que se reconozca el rol importante que han liderado en la defensa de la tierra y los derechos de los pueblos.
Nodal / COMCOSUR MUJER Nº 607– 08/07/2019
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6) México: Feminicidios dejan en 8 meses 3 mil 400 huérfanos
La violencia feminicida en México ha dejado alrededor de 3 mil 400 menores huérfanos en los últimos ocho meses, de acuerdo con la titular de la Dirección para una Vida Libre de Violencia del Instituto Nacional de las Mujeres, Fabiola Alanís Sámano.
Al instalar la primera de 32 mesas de acceso a la justicia para las mujeres y niñas en casos de muertes violentas, la funcionaria aseguró que a más tardar en abril de 2020 se tendrá un censo con el número exacto de huérfanos en estas condiciones.
Además de cuantificar a estas víctimas de la violencia feminicida, las mesas de trabajo tienen el propósito de brindar atención, protección y seguridad a las mujeres y a sus hijos con la coordinación de diferentes dependencias.
Alanís Sámano mencionó que aunque no hay un registro exacto, “estamos calculando que se trata de alrededor de 3 mil 400 niños, niñas y adolescentes que han quedado en la orfandad en los últimos ocho meses”.
En la recolección de datos trabajan las fiscalías especializadas de los estados, la Comisión de Atención a Víctimas, los institutos municipales y estatales de la Mujer y el Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
El censo de víctimas, señaló, busca identificar y visibilizar a estos menores, ya que el tema “es una de las grandes preocupaciones” en materia de justicia de la actual administración federal.
“Vamos a iniciar ese trabajo aprovechando la información que tienen los institutos municipales y estatales de las mujeres; son esas instancias donde se tiene conocimiento detallado, preciso de qué tipo de víctima fue, cuántas niños o niñas quedaron en la orfandad, qué situación guarda y todo el cuidado que tienen”, aseguró.
Sostuvo que a diferencia de gobiernos pasados, el de López Obrador ha dicho que la prioridad está en la gente que más lo necesita y, en particular, en el tema de acceso a la justicia a niños y adolescentes en situación de orfandad.
Objetivo de las mesas
Otro de los temas que se tratarán en las 32 mesas será garantizar una coordinación adecuada entre las dependencias para promover la atención a las mujeres que viven en situación de violencia.
“Se trata de avanzar en lo que tiene que ver con las medidas de protección, ya que es importante garantizar que cuando una mujer solicite una orden de protección se le dé de inmediato, y se apliquen protocolos y medidas de protección y atención”, afirmó.
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los primeros cinco meses de 2019 se perpetraron 369 feminicidios en el país, es decir, 2.44 delitos de este tipo al día, en promedio.
Veracruz encabeza la lista de los asesinatos por razones de género, seguido por el Estado de México, Puebla, Chihuahua, Nuevo León, Sonora, Jalisco, Tabasco, Ciudad de México y Coahuila.
Milenio / COMCOSUR MUJER Nº 607– 08/07/2019
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7) Uruguay: Graciela Villar, «Les pido que me den la oportunidad de conocerme”
Los militantes frenteamplistas recibieron a la ex edila Graciela Villar al grito de “vice, vice” en la Huella de Seregni. Minutos más tarde, entre flashes y aplausos, el candidato frenteamplista Daniel Martínez y la flamante candidata a la vicepresidencia anunciaron la oficialización de la fórmula presidencial.
Martínez comenzó su discurso reafirmando algo que “nunca estuvo en duda”: “La compañera de fórmula tenía que ser una mujer”. Agregó que no se trataba de un “oportunismo electoral”, sino de demostrar en “la práctica” que la fuerza política le da la “oportunidad a las compañeras –que tienen la misma capacidad que los hombres– de tener responsabilidades en la máxima jerarquía”. Luego destacó que tiene la “característica de trabajar en equipo, de buscar los consensos y por eso iniciaron una serie de consultas, que nada tuvieron que ver con un casting”, aclaró.
Martínez dijo que había dos posibilidades arriba de la mesa: una persona vinculada al “movimiento social y a la lucha por los valores” o alguien que “tuviera capacidad, experiencia de gestión y trayectoria”. “Llegamos a un momento final donde tuvimos dos nombres”, dijo en referencia a la activista social Mercedes Clara –que declinó el ofrecimiento– y a Villar.
Uno de los criterios fundamentales, agregó, es que no cree en los “políticos que hacen política desde una silla”, y apuntó que sobre esa base buscaron a una persona que sintetizara “experiencia en la negociación” y “compromiso”. Y finalmente se refirió a la ex edila de Montevideo y recalcó que reconoce en ella “capacidad humana, de diálogo con los sectores populares, de negociación y de compromiso con los sueños y las ideas”.
A su turno, Villar comenzó enfatizando que su postulación era como “precandidata, porque hasta que el Plenario no me respalde no soy candidata a nada”. Luego se refirió a la ex precandidata Carolina Cosse y subrayó que la quería saludar “muy especialmente” porque tuvo “la valentía” de someterse a un plebiscito público y poner “su inteligencia al servicio de acumular para el FA”. También deslizó que, de alguna u otra manera, esperaba que Cosse se sumara en el “equipo para trabajar y seguir peleando”.
Villar recalcó que su lucha nunca ha sido en busca de “cargos”, sino que siempre estuvo orientada a representar a “aquellos que dignamente han delegado en mí su representación”. Resaltó la necesidad de convocar a los jóvenes a “pelear” por un cuarto gobierno frenteamplista y a “construir una nueva utopía”. “Les pido que me den la oportunidad de conocerme. Saldré codo a codo, mano a mano, abriendo la cabeza y poniendo los oídos, para aprender. Porque la vida es eso: aprender para luchar cada vez mejor”.
Luego Villar recalcó en rueda de prensa que será “el plenario el que me respalde o me vete”. Comentó que habló con Martínez después de las internas y admitió que no sabía que su nombre se manejaba como opción para la fórmula. “Yo no tenía idea de que mi nombre estaba dentro de las opciones que el compañero Daniel tenía. Quedé sorprendida. Tuvimos una conversación muy profunda, nos conocemos del movimiento sindical”, añadió.
Villar contó que le dijo a Martínez que “no era parte de su aspiración personal” y por eso no había competido en las elecciones internas, pero que si “él entendía que mi apoyo en la fórmula era importante, contaba conmigo”. Más tarde, se refirió también al papel de las mujeres en la política y en particular en las fórmulas presidenciales. Al ser consultada sobre un eventual debate con la candidata a vicepresidenta del Partido Nacional, Beatriz Argimón, dijo: “No le tenemos miedo a los debates, creo que el aporte del ejercicio político tiene que ver con debatir”.
Más temprano, Martínez se había reunido con el Secretariado del FA para comunicar la postulación de Villar. El anuncio causó malestar en la interna de Asamblea Uruguay (AU) y la dirigencia del sector resolvió convocar de manera extraordinaria a una reunión de la Dirección Nacional para la tarde. Villar renunció a AU en noviembre del año pasado y abandonó su banca en la Junta Departamental de Montevideo para apoyar al ex precandidato Mario Bergara. Al ser consultada sobre las críticas del sector que lidera el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, Villar dijo: “Confió en que AU va a tener la capacidad de poner todo a disposición de un futuro gobierno […], me fui por la puerta grande de AU y nunca hablé mal del sector”.
Por su parte, Martínez dijo a la diaria que él buscó “tener relación con todo el mundo, pero llega un momento en el que hay que tomar decisiones”. También explicó los motivos por los que decidió no incluir a Cosse en la fórmula presidencial y señaló que “era una excelente candidata” y es alguien “imprescindible en un futuro equipo de gobierno”, pero Villar “sintetizaba mejor” los criterios que se había pautado para definir su compañera de fórmula. A su entender, se apuró en resolver el tema porque “nos fortalecía definir esta semana, sacar el tema para empezar a trabajar”.
A pesar de los reparos que puedan existir en la interna del oficialismo por la definición de la candidatura a la vicepresidencia, varios dirigentes confían en que los diversos sectores de la coalición de izquierda terminarán apoyando la dupla presidencial.
El dirigente de la Vertiente Artiguista, Enrique Rubio, dijo a la diaria que Martínez siguió los “criterios” rigurosos que se había fijado y que encontró a una persona con “experiencia política, capacidad de articulación política, con una personalidad muy importante, no decorativa de la fórmula sino valiosa por sí misma”.
Sobre la postura de AU, Rubio señaló que en los ámbitos en los que ha estado no se ha expresado malestar por la fórmula. “Creo que Daniel termina [eligiendo a Villar] y la señal más importante que ha dado es de independencia política”. Para Rubio, así como en determinado momento Tabaré Vázquez “cortó con el cordón umbilical [cuando asumió la Intendencia de Montevideo], él hizo lo mismo”. “Lo que ha hecho Daniel al seguir su propia cabeza y corazón tiene el mismo alcance y la misma traducción simbólica. Es un líder emergente que sigue su propio camino, que recibe el consejo de la generación anterior, pero que hace lo que él entiende que hay que hacer”.
El ex precandidato Mario Bergara, que estuvo presente en la Huella de Seregni, dijo en rueda de prensa que seguramente el plenario aprobará el nombre de Villar y opinó que se trata de una “fórmula competitiva”. Para él, la fórmula maneja los “equilibrios” sectoriales y opinó que lo importante es que los nombres sean acordados de “manera negociada” y opinó que la fórmula cuenta con “el aval explícito de los sectores”.
De noche, tras la reunión de la dirigencia de AU, Astori cuestionó cómo se manejó el proceso de elección de la fórmula. “La verdad es que no compartimos el procedimiento seguido, nos pareció que expuso a mucha gente, que tuvo permanente exposición pública, que puede haber tenido incluso efectos directos e indirectos negativos para las personas”, dijo. “Tal como ocurrió en la historia del FA, esto tenía que ser producto por un lado de un proceso de consulta a referentes del FA y a sus representados, y luego la decisión del propio candidato”, agregó.
Asimismo, Astori planteó que fue un proceso largo, “muy complicado” y “con manejo de nombres que en definitiva no tuvieron después ningún andamiento”. También deslizó que “teníamos otra propuesta que entendíamos era mejor”, y añadió que se trataba de una mujer, porque siempre “defendimos el criterio paritario”, pero se negó a dar su nombre.
La Diaria / COMCOSUR MUJER Nº 607– 08/07/2019
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“El perdón no se puede lanzar al aire, a ver si cae en la cabeza de quien corresponde” Luis Pérez Aguirre
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