1) Argentina: El gobierno presentó su plan de acción integral contra las violencias machistas para los próximos dos años
2) Argentina: 10 años de Matrimonio Igualitario
3) Costa Rica: El Congreso aprueba ley contra el acoso callejero
4) Chile: Astrid González, activista afrocolombiana y migrante: “Hablar de racismo en Chile era imposible”
5) México: Mujeres con amplio trabajo comunitario
6) Uruguay: Red de Abogadas Feministas: “cara a cara con la violencia machista”
7) Uruguay: El Estado es responsable de proteger y garantizar a las mujeres, niñas y adolescentes de una vida libre de violencia
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COMCOSUR MUJER /Fundado por Yessie Macchi / AÑO 26 / No. 650 – Lunes 20 de julio de 2020 / Producción: Beatriz Alonso, Belén Itza y Cecilia Duffau /Apoyo técnico: Carlos Dárdano
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“Por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres” Rosa Luxemburgo
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1) ARGENTINA: EL GOBIERNO PRESENTÓ SU PLAN DE ACCIÓN INTEGRAL CONTRA LAS VIOLENCIAS MACHISTAS PARA LOS PRÓXIMOS DOS AÑOS
La estrategia, que abarca a mujeres y personas LGBTI, incluye 15 acciones principales de prevención, atención, reparación y protección.
El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de Argentina presentó el Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género, que aplicará durante los próximos dos años, “para la prevención, asistencia y erradicación de todas las violencias basadas en género”. El plan abarca a las mujeres y a la población LGBTI. Prioriza tres cuestiones principales: las violencias extremas (femicidios, travesticidios, transfemicidios), la autonomía económica de las personas en situación de violencia, y la dimensión cultural y estructural de la violencia de género.
Durante la presentación oficial, que estuvo encabezada por el presidente argentino, Alberto Fernández, y la ministra de las Mujeres, Elizabeth Gómez Alcorta, las autoridades destacaron que el plan ya tiene presupuesto asignado: están estipulados 18.000 millones de pesos argentinos (aproximadamente 260.000 dólares, de acuerdo al cambio oficial) para su implementación entre junio de 2020 y junio de 2022.
El plan introduce un cambio de paradigma en el abordaje de las situaciones de violencia hacia las mujeres y personas LGBTI respecto de las estrategias de gobiernos anteriores. En primer lugar, porque propone pasar de un abordaje individual a uno integral e interseccional. “Esto quiere decir que estamos impulsando políticas públicas que permitan crear condiciones materiales para que las personas y grupos más afectados por las violencias de género puedan desarrollar un proyecto de vida autónomo”, explica la ministra Gómez Alcorta en el documento que presenta las líneas estratégicas. “El acceso a la vivienda, a la formación laboral y al empleo”, puntualiza, “forma parte de esta definición de políticas de protección integral”.
Por otro lado, se aleja del abordaje centrado sólo en la atención de la emergencia para acercarse a uno que tiene por horizonte la modificación de las condiciones estructurales que afectan a las personas en situación de violencia por motivos de género. Busca además reforzar la presencia del Estado en los territorios, y para eso propone la creación de Centros de Abordaje Integral de las Violencias por Razones de Género en las provincias y el fortalecimiento de las redes territoriales locales y regionales ya existentes.
La estrategia 2020-2022 también plantea no reproducir esquemas de revictimización de las mujeres y disidencias sexuales, y hacer foco en el trabajo con los agresores. “No pensamos en las personas en situación de violencias por motivos de género como víctimas pasivas. Nuestra apuesta es otra: nos importa reconocer su agencia política, su trayectoria y redes de pertenencia, sabiendo que no hay salida individual para las situaciones de violencia de género, sino posibilidades abiertas por un Estado presente con políticas públicas que promuevan la igualdad y el abordaje estructural de las condiciones que hacen posible cada nuevo hecho de violencia”, asegura Gómez Alcorta.
El plan argentino establece cuatro ejes estratégicos para el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas orientadas al abordaje integral de las violencias por razones de género:
Prevención. Este eje está basado en un sistema de alertas tempranas para actuar a tiempo ante las situaciones de violencia de género. Está integrado además por un Programa Nacional de Prevención para trabajar en el mediano y largo plazo los mandatos y patrones socioculturales “que moldean los estereotipos, las identidades y las relaciones entre los géneros, las cuales constituyen la matriz sobre la que se reproducen las violencias por motivos de género”.
Asistencia y abordaje integral. El segundo eje se sustenta en un cambio de paradigma en materia de asistencia: de una estrategia de abordaje individual a una integral e intersectorial. En ese sentido, apunta a la promoción de intervenciones que no se concentren sólo en la atención de la emergencia, sino que apunten a la modificación de las condiciones estructurales que reproducen las violencias. Para eso, el plan propone políticas que tiendan a la autonomía económica y al autovalimiento de las mujeres y personas LGBTI. Una de las medidas centrales de este eje es la creación de un Programa de Transferencia Monetaria para personas en situación de violencia de género.
Protección y fortalecimiento del acceso a la Justicia. Incluye todas las acciones que supongan el resguardo de la integridad física y emocional de las mujeres y las personas LGBTI, y el fortalecimiento de las redes territoriales y comunitarias frente a situaciones de riesgo. En esa línea, el ministerio propone impulsar acciones que garanticen el acceso a la vivienda, a casas de medio camino y otros dispositivos que articularán coordinadamente con los hogares y refugios ya existentes. “El objetivo más importante es el desarrollo de proyectos de vida autónomos y libre de violencias”, señala el documento. Este eje también contempla medidas para promover un mayor acceso de mujeres y personas LGBTI a la Justicia, en condiciones de igualdad, sin discriminación ni violencia, desde una perspectiva de género, derechos humanos y diversidad.
Gestión de la información, transparencia y monitoreo. Este eje incluye medidas que tiendan a producir diagnósticos, información y estadísticas, así como a la creación de herramientas y dispositivos que permitan visibilizar las situaciones de violencia por motivos de género. Las principales medidas en este sentido tienen que ver con el fortalecimiento de los sistemas de consultas y denuncias (en sede policial o judicial), y la integración de los registros sobre causas de femicidios, travesticidios y transfemicidios. También propone medidas de producción de información sobre violencia de género para el diseño de políticas preventivas, el fortalecimiento del sistema de indicadores de género y la creación de observatorios sobre violencias y desigualdades por motivos de género provinciales y municipales.
Los cuatro ejes suponen la puesta en marcha de un total de 27 medidas y 144 acciones estratégicas.
Desde el 1º de enero al 30 de junio se registraron 162 femicidios en Argentina, de acuerdo con los datos del Observatorio “Ahora que sí nos ven”. Es decir que, en promedio, una mujer fue asesinada por razones de género cada 27 horas. De ese total de femicidios, 81 se produjeron durante el aislamiento social preventivo y obligatorio decretado por el gobierno argentino a raíz de la pandemia de coronavirus.
La Diaria / COMCOSUR MUJER Nº 650 – 20/07/2020
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2) ARGENTINA: 10 AÑOS DE MATRIMONIO IGUALITARIO: “SIGNIFICA QUE POR PRIMERA VEZ EL ESTADO NOS RECONOCIÓ COMO IGUALES”
La presidenta de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, destacó para el Informativo FARCO la importancia de la sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario hace diez años. «Provocó un efecto dominó en la región», señaló.
Se cumplen 10 años de la sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario. En la madrugada del jueves 15 de julio de 2010, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, la Cámara de Senadores aprobó la ley por 33 votos a favor, 27 en contra y 3 abstenciones.
Flavia Massenzio, presidenta de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT), destacó para el Informativo FARCO esta fecha conmemorativa y aseguró que la ley significa que, por primera vez, el Estado «nos reconoce como iguales» :»Reconoce nuestro derecho a acceder al matrimonio igualitario en igualdad de condiciones que cualquier otra persona. A diez años hacemos un balance y entendemos sin dudas todo lo que ha significado para Argentina» .
También sostuvo que la Ley de Matrimonio Igualitario provocó un «efecto dominó» en la región y «generó otras leyes más«. «Hoy podríamos hablar de un bloque legislativo de igualdad en Argentina gracias a esta ley«, agregó.
La sanción de la norma hace diez años ubicó al país como el primer Estado de América Latina y el segundo en todo el continente, detrás de Canadá, en reconocer que dos personas del mismo sexo accedan a casarse.
Massenzio explicó que está pendiente superar la brecha entre la igualdad jurídica y la igualdad real: «Hemos alcanzado igualdad jurídica en la comunidad LGTBI+, pero todavía hay una brecha muy grande entre la igualdad jurídica alcanzada y la igualdad real, la que necesitamos, la de todos los días: de no sentirte mirada, discriminada cada vez que caminas de la mano o que te das un beso, o que dos mamás llevan a su hija a la escuela».
«Por eso hablamos que hay una batalla importante que hay que dar que es más grande, la batalla cultural. Para que podamos sentir que vivimos en un país con igualdad real» ,ratificó.
Consultada sobre si la sociedad comprendió el respeto hacia la diversidad sostuvo que «hay un mapa muy diverso«, remarcando que «siempre hay sectores reaccionarios y violentos«. A su vez, apuntó que el respeto hacia la diversidad se promueve a través de legislaciones y «mensajes claros que tienen que traducirse desde el Estado y desde una política pública».
En ese sentido, Massenzio señala que las organizaciones trabajan contra la discriminación y la violencia que sufre la comunidad LGTBI+. En esta ocasión, explicó que buscan la reforma integral de la Ley Antidiscriminatoria y apuntan a una Ley Integral Trans. La primera, sostiene la presidenta de la FALBGT, «es muy vieja, del año ’88, y necesita implementarse de otra manera. No estamos contemplados en la ley antidiscriminatoria. Por eso, pedimos y exigimos su reforma» . La segunda «es entendida como una batería de políticas públicas destinada a la comunidad trans desde infancias, adolescencias, adultez y adultez mayor de la población trans«, describió.
«Necesitamos revertir esa expectativa tan baja de vida que tiene la población trans en nuestro país y en la región. Para eso, se necesita una política pública integral».
Agencia Farco / COMCOSUR MUJER Nº 650 – 20/07/2020
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3) COSTA RICA: EL CONGRESO APRUEBA LEY CONTRA EL ACOSO CALLEJERO
Tras años de discusión legislativa y de un incansable trabajo por parte de las organizaciones de mujeres, feministas, instituciones públicas y diputadas que han insistido en la urgencia de legislar sobre el acoso sexual callejero, este martes, la Asamblea Legislativa aprobó por unanimidad el proyecto de “Ley contra el acoso sexual callejero”.
La aprobación por el Congreso se da después del voto también unánime de la Sala Constitucional respecto a la solidez jurídica de la propuesta que fue aprobada con el voto de los 48 diputados y diputadas presentes en el Plenario.
La Ley contra el acoso sexual callejero para cumplir con las sanciones a estas conductas agrega tres delitos y una contravención al Código Penal y justifica que las mujeres jóvenes menores de 15 años y las niñas, han sido y son las más afectadas con este tipo de violencia, pero no las únicas.
La legisladora Nielsen Pérez (PAC) quien preside la Comisión de la Mujer, dijo que “es un paso fundamental en derechos humanos” que da nuestro país.
“Las 26 diputadas que conformamos este parlamento asumimos este compromiso como parte de nuestra agenda de proyectos priorizada, esfuerzo y compromiso en el que se sumaron compañeros legisladores. Damos hoy el mensaje de que este país considera inaceptable el acoso sexual y lo define como un delito” dijo la diputada Pérez.
Agregó que “se trata de un paso hacia la construcción de una nueva normalidad, en la cual se prioriza la seguridad, integridad y libertad de las personas, especialmente de las mujeres más jóvenes y niñas. Ellas han sido las principales víctimas de una conducta que nuestra sociedad ha aceptado como normal y cotidiana”, expresó la diputada Nielsen Pérez.
En la justificación se detalla que son actos que causan molestia, malestar, intimidación, humillación, inseguridad, miedo, ofensa y agresión de parte de una persona desconocida, en la mayoría de los casos, y tiene lugar en espacios públicos como calles, aceras, parques, plazas, terminales o paradas de transporte público, o espacios de acceso público, como trenes y buses, entre otros.
Para cumplir con el objetivo de sancionar estas conductas, el proyecto agrega tres tipos penales de delito al Código Penal, con una descripción de la conducta a sancionar; normas específicas sobre agravantes y penas accesorias.
También adiciona una sección en la parte de contravenciones, para agregar una única figura contravencional para las conductas de acoso sexual callejero menos gravosas, que serían sancionadas con pena de multa. Además, establece las obligaciones que tendría la Fuerza Pública de intervenir y de apoyar a las víctimas.
“Aprobar una ley que prohíba y sancione el acoso sexual callejero brinda herramientas al Estado, para que este pueda cumplir su rol de garante del derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencia”, dijo la diputada Pérez.
El proyecto define que el acoso sexual callejero es una conducta con connotación sexual inaceptable, sin consentimiento ni aceptación de la persona a la que está dirigida, es decir, la víctima. Por estas razones celebramos haber saldado una deuda del país con todas las personas, en particular las mujeres– principales víctimas del acoso sexual callejero– que ahora podrán transitar libres y seguras en todos los espacios así como en los medios de transporte público sabiendo que una ley las protege de este tipo de delito.
Nodal / COMCOSUR MUJER Nº 650 – 20/07/2020
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4) CHILE: ASTRID GONZÁLEZ, ACTIVISTA AFROCOLOMBIANA Y MIGRANTE: “HABLAR DE RACISMO EN CHILE ERA IMPOSIBLE”
Astrid González es una joven afrocolombiana que vive en Chile desde hace cuatro años. Empapada de las diversidades ancestrales y el feminismo negro decolonial, se aleja del feminismo “blanco de academia”. Es maestra en Artes Plásticas y trabaja en este país como artista y docente en proyectos educativos y creativos. Lo suyo es la calle y la necesidad de conectar su experiencia con la de otras mujeres como ella y también con las afrochilenas o las de pueblos originarios. Por Airam Fernández, desde Santiago de Chile para Agencia Presentes
En 2019 publicó Ombligo Cimarrón, un libro de investigación en artes con el que recorre la historia de los territorios y pueblos afrodescendientes en Colombia desde sus propias vivencias. Ella nació y creció en Medellín, una ciudad con profundas bases coloniales, pero que siente más conexión con el pacífico colombiano, donde nacieron sus padres y abuelos.
Es parte de la Red de Mujeres Afrodiaspóricas, una comunidad creada para visibilizar, difundir y reconocer las experiencias de mujeres negras descendientes de la diáspora africana en Chile. Acá, la mayoría de sus habitantes se considera “más blanco que otras personas de países latinoamericanos” y muchxs creen que las personas migrantes son “más sucias”, según un estudio realizado en 2017 por el Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Astrid tiene 25 años pero no le sorprenden los asesinatos de George Floyd y Breonna Taylor a manos de la policía estadounidense, porque sabe que responden a una violencia sustentada por décadas de racismo, discriminación y segregación. Lo que le parece valioso es que con estos hechos y con la cruzada transversal del “Black Lives Matter”, al menos en Chile se empieza a hablar de racismo con todas sus letras. Sobre esto, su experiencia como migrante y otros abusos conversó con Presentes.
-¿Cómo te pilla la revuelta mundial y el levantamiento de tantas voces en el mundo en contra del racismo?
-Lo que está pasando es algo que hace años muchas personas vienen escribiendo, denunciando, activando y estudiando. Las manifestaciones en la calle por actos de racismo policial no son novedad, mucho menos en Estados Unidos. Lo que me parece interesante, además de la magnitud en que se ha esparcido el mensaje de protesta, es que ya no haya tanto temor en nombrar al racismo. En Chile, por ejemplo, hablar de esto era prácticamente imposible hasta hace poco, ni siquiera porque a las comunidades mapuche se les viene sometiendo desde hace años. Eso está bien documentado desde sus colectivos, organizaciones y desde su propia construcción histórica. Nadie que no fuera racializado llamaba a eso racismo. Por eso me parece importante que en este momento la gente deje de tenerle tanto escozor al concepto y ya no lo camuflen bajo la discriminación o xenofobia, que son conceptos completamente diferentes pero que coexisten con el racismo.
-¿Cuáles fueron tus primeras impresiones al llegar a Chile? ¿Te sentiste bienvenida?
-Apenas llegué, el primer choque fue entender que pasé a estar dentro del censo de la población migrante y por ende tenía que enfrentarme a un proceso infinitamente burocrático para poder andar en la calle con regularidad y tranquilidad. Es un proceso muy largo del que todavía estoy aprendiendo. Sobre todo porque dentro del imaginario social soy parte de un grupo que desde hace algunos años es visto como un fenómeno que viene a ‘perturbar’, a ‘molestar’: una migración racializada, empobrecida, donde la gran mayoría de las personas no llega por decisión propia, sino a raíz de problemas en sus países de origen, también denominada como migración forzada.
-¿Cómo te posicionas políticamente y como una mujer negra frente a esa realidad?
-En Colombia ya me relacionaba con un grupo de jóvenes afrodescendientes y desde una apuesta política, cultural, estética y desde la biografía. Cuando llegué a Chile, una de mis primeras intenciones fue construir o acercarme a redes de mujeres migrantes, específicamente mujeres negras o afrochilenas que estuvieran en un proceso similar al mío, así que busqué posicionarme como sujeta política desde esa esquina y desde el reconocimiento de la existencia de otras experiencias afro en el país. Esto es básicamente porque yo vengo de Medellín, un territorio donde lo negro es ajeno y se asocia sólo al pacífico y la costa de Colombia, que es donde nacieron mis ancestros más recientes, aunque actualmente un gran número de afrodescendientes se ha ido asentando en las principales ciudades del país y hemos aportado en la construcción de su historia.
-¿Qué cosas descubriste como migrante y como investigadora desde las artes?
-Como migrante entendí que existen otras experiencias negras y otras formas de pensar la migración, debido a que las instituciones exponen burocráticamente de manera diferenciada a los grupos migrantes, lo que es una muestra del racismo institucional. Y como artista, debo decir que en Colombia me movía en espacios de arte no hegemónico ni elitistas, que se piensan muy al margen de lo institucional. Cuando llegué a Chile me di cuenta que también existen estos espacios pero yo no los conocía. Entonces me acerqué a un grupo de artistas mapuche, que a partir de su ser en las periferias de Santiago y desde su herencia de pueblos originarios, construyen arte no solamente desde lo plástico y lo visual sino también desde la poesía y el performance. Me empiezo a interesar en el trabajo de estas personas porque apuntan precisamente hacia donde van mis intereses investigativos y formales.
-¿Te toca de cerca ese racismo que describes?
-Constantemente, dentro de mi casa y fuera de ella. Por ejemplo, una vez en el aeropuerto de Arica, regresando de un foro al que fui invitada a exponer, la Policía de Investigaciones decidió sacar de la fila a dos mujeres negras que estábamos allí. Nos llevaron a una habitación a revisar nuestros pasaportes, sólo a nosotras y no a las demás personas. Pasó hace varios años pero es una de las experiencias más fuertes que me ha tocado vivir acá. Y como esa, muchas otras. En este país la migración se piensa y se asume como un agente patógeno, como algo que llega a contaminar. También hay una diferencia de cuáles son esos cuerpos que vienen a contaminar, porque no son todos: son los cuerpos negros y de Abya Yala (pueblos indígenas en América). Los cuerpos europeos, por ejemplo, sí son bien vistos. Todo esto está basado en la construcción histórica de la pureza eurocentrista y la noción de desarrollo colonial y de modernidad.
-A propósito de eso, ¿qué opinión tienes del trato que han recibido los migrantes en medio de la pandemia? Muchísimos ecuatorianos, venezolanos, colombianos y haitianos quedaron sin trabajo y sin casa en Santiago y hasta principios de junio seguían en campamentos afuera de los consulados de sus países esperando alguna ayuda.
-Con esa situación me hace mucho sentido lo que plantea el teórico camerunés Achille Mbembe. Él habla de la necropolítica como concepto, entendida como la forma en que los Estados y los gobiernos están diseñados para decidir quiénes viven y quiénes no. Esos que viven son personas que están en el poder o que pertenecen a élites y deciden cómo mueren las personas que ni consumen ni producen, que en este caso serían los migrantes durante la pandemia y los grupos racializados. Creo que estamos a merced de la necropolítica y de un racismo estructural cimentado desde la época de la colonia, que se ha naturalizado y sofisticado. Es muy preocupante.
-Y sobre el feminismo chileno, ¿qué tienes que decir?
–La verdad es que soy muy partidaria de pensarse desde lo decolonial o desde otro feminismo que no sea el blanco. La escritora Bell Hooks habla de cómo la presencia de las mujeres negras dentro de la existencia del mundo no puede homogeneizarse como igual a las otras. Yo comparto eso plenamente. Siento que muchas de las ideas del feminismo blanco están basadas en que todas las mujeres somos iguales y padecemos de igual manera, sin interceptar la pertenencia étnica y la cultura junto con la clase y el género. Entonces obviamente muchas de las consignas e ideas de ese feminismo blanco, muchas veces académico que anula la agencia histórica de los pueblos afro y originarios, no me hacen sentido porque no responden a mis demandas, ni a mi realidad, ni a mi lugar de enunciación.
Agencia Presentes / COMCOSUR MUJER Nº 650 – 20/07/2020
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5) MÉXICO: “NO SOMOS UNA SIMULACIÓN, SOMOS MUJERES CON AMPLIO TRABAJO COMUNITARIO”
Desde hace dos años la zapoteca, Arcelia García Santiago, coordina la Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México, un espacio donde ha promovido el derecho de las indígenas a la participación política, económica y social y una experiencia que le gustaría trasladar a un organismo público como el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).
Desde el 16 de junio, cuando el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo que propondría a una mujer representante de los pueblos indígenas para encabezar este organismo, las mujeres organizadas comenzaron a sugerir a las líderes tomar la palabra. Una de las que se animó a alzar la mano fue Arcelia García, originaria de Capulálpam de Méndez, en el estado de Oaxaca.
Las indígenas tienen una cosmovisión propia: protegen la vida, defienden el agua, los bienes comunes, el cuerpo y sus territorios, pero también suman saberes que aportan a la construcción de la democracia, por eso Arcelia se presentó como aspirante, en un proceso donde quien tiene la última palabra es el presidente y la Secretaría de Gobernación, dirigida por la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero.
García Santiago es respaldada por la Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México y su nombre está junto al de otras nueve mujeres que integran la lista de perfiles impulsados por el Frente Plural Mujeres Indígenas por la Titularidad del Conapred, una red creada por diversas organizaciones el pasado 21 de junio, con la convicción de marcar la diferencia en esta designación presidencial y acompañar a las postulantes.
“No somos una simulación”
Arcelia ha trabajado en su comunidad promoviendo la preseservación del zapoteco y la medicina tradicional, pero también ha sido delegada ante el Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas. Cuenta con dos licenciaturas, una en Psicología Social y otra en Derecho, por eso ahora considera que en caso de llegar al Conapred su objetivo será promover la igualdad de oportunidades y de trato. Así lo comentó a Cimacnoticias.
“Todas las mujeres indígenas que integramos el frente plural de mujeres indígenas, estamos capacitadas para ocupar la titularidad del la Conapred, somos mujeres con amplia experiencia en el trabajo comunitario, profesionistas, que conocemos las necesidades de la población discriminada. No somos una simulación como lo declaró la senadora del PAN, Kenia López Rabadán, somos sujetas de derechos, somos mujeres comprometidas en proponer y ejecutar acciones que disminuyan la discriminación”.
– Anayeli García Martínez (AGM): ¿Arcelia, por qué te presentas como aspirante a dirigir el Conapred después de que el presidente dejó ver que podría desaparecerlo?
– Arcelia García Santiago (AGS): El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación es una institución primordial para el ejercicio de los derechos de los y las mexicanas, en la vida pública, social y económica. Constituye y representa un avance fundamental en la construcción de la democracia en México, al ser una institución diseñada ex profeso para contribuir a la generación de condiciones de igualdad y justicia para la población, toda vez que la discriminación racial, de género, sexual, religiosa, entre otras, ha sido uno de los grandes obstáculos que no ha permitido el desarrollo y crecimiento de todos y todas en nuestro país.
“Desde esta perspectiva, el Conapred es una institución medular que debe continuar existiendo. Si bien en sus 17 años de operación se han logrado avances que no podemos desestimar, ciertamente se requiere de un diagnóstico en los ámbitos en los que no ha logrado hacer una diferencia sustancial, un replanteamiento de sus facultades que la doten de mayores capacidades jurídicas y de acción, así como una mayor sensibilidad para promover políticas públicas que le permitan alcanzar a todos los grupos en situación de vulnerabilidad y hacer un cambio en las actitudes y comportamientos de todos los mexicanos. En este sentido, el Conapred necesita posicionarse no sólo como una institución que defiende a las personas en situación de vulnerabilidad, sino como una organización que concientice esa mentalidad discriminatoria de todos los habitantes.
“Tu, yo, y las personas que en este momento están leyendo esta nota hemos sido discriminadas. Sin embargo, no todos conocemos que existe una institución donde puedas emitir una queja en torno al tema, muchas personas no conocen las funciones del Consejo, los mecanismos, los procedimientos de formulación para emitir una queja e incluso las recomendaciones que ha dado a las diferentes instancias gubernamentales y a las y los particulares que han sido usuarios o coparte en un proceso administrativo de esta institución. Si nuestro país fuera garante de los derechos, si la sociedad tomara conciencia en el tema, no existirían las discriminaciones multifactoriales, cuya naturaleza es la creación del Conapred.
“Busco encabezar el Conapred, primero porque como mujer indígena tengo las habilidades técnicas, profesionales, de gestión, inclusión y experiencia para realizar las funciones de presidenta del Conapred. Asimismo, desde un marco legal, postulo a este espacio para promover la igualdad de oportunidades y de trato de las personas en situación de vulnerabilidad, formulando acciones en conjunto con la sociedad civil, el poder legislativo federal, y la armonización con los Congresos estatales en torno a la discriminación.
– AGM: Actualmente, una gran parte de las población enfrentan prejuicios y estereotipos discriminatorios; mientras que otra parte niega discriminar o ser responsable de la exclusión, ¿Qué plan tienes para hacer frente a esta situación tan compleja en caso de ser titular de esta institución?
– AGS: Primero, mantener una campaña permanente en contra de la discriminación, concientizando a funcionarios y funcionarias de los tres niveles de gobierno, y a la sociedad en general sobre los diversos procesos colectivos e individuales que nos colocan en una situación de vulnerabilidad. Es necesario informar a todas las personas sobre la existencia del Conapred, a través de todos los medios de comunicación: los masivos y tradicionales, las redes sociales, pero también a los locales, los que están en contacto directo con las comunidades urbanas y rurales.
“Todas y todos los mexicanos tienen que estar conscientes de cuáles son los actos que discriminan y que vulneran a otros y a nosotros mismos, que demandan un cambio en el lenguaje, en la interacción con los otros y en el acceso a las oportunidades. Necesitamos visibilizar el problema de discriminación que padecemos en México y a partir de ello contribuir a construir una ciudadanía respetuosa, consciente y participativa.
“Por otra parte, es urgente que la gente conozca qué hace el Conapred y de qué forma puede apoyarlos. Si no contamos con la información necesaria en el ejercicio de nuestros derechos, si no nos informamos, pero, sobre todo, si no hay una conciencia colectiva seguiremos discriminando e incluso seguirán existiendo delitos donde la discriminación es el germen de esas conductas. Todas y todos los mexicanos debemos saber que contamos con el Conapred para poder denunciar actos de discriminación entre particulares o de parte de las autoridades. Además de saberlo, es necesario que podamos contar con su apoyo y asesoría de una manera directa, ágil y eficaz; para ello planeo establecer módulos de atención en puntos estratégicos del territorio nacional, para que la gente con toda la confianza y las facilidades necesarias pueda acudir a hacer sus denuncias y a solicitar asesoría. Incluso planteo aprovechar la infraestructura de los gobiernos federal, estatales y municipales para establecer estas oficinas de representación.
“Para ello, el Conapred requiere incrementar sus recursos financieros que le permitan llegar a los oídos de todos y todas, en el caso de las campañas para combatir la discriminación, y que también le permitan estar al alcance de la mano de quienes necesitan su apoyo. La próxima titular del Conapred deberá hacer las gestiones necesarias para lograr incrementar el presupuesto de la institución, el cual le permita llegar a la gente que requiere su apoyo en todos los rincones del país.
“En este sentido, considero que el Conapred debe convertirse en una caja de resonancia de las comunidades en situación de vulnerabilidad. Propongo actuar como un defensor de sus derechos, pero también como un intermediario entre el poder público, las organizaciones de la sociedad civil y la población en general, para tejer las sinergias que se requieren para combatir la discriminación y construir un México más igualitario y respetuoso de los otros.
“En materia jurídica, planeo trabajar con cada una de las legislaturas de los estados para incidir en la gestión de leyes para prevenir y eliminar la discriminación, en espejo con la ley federal.
“Además, no podemos dejar de observar que el Conapred necesita facultades vinculatorias para que sus resoluciones sean atendidas de forma obligatoria, tanto con los funcionarios públicos infractores a través de sanciones administrativas, como con los particulares mediante la reparación del daño.
Parte del problema radica en quienes discriminan
– AGM: Sobre la urgencia de conocer las funciones de este organismo, hay casos documentados de mujeres que se han acercado a esta institución alegando que fueron discriminadas, pero el Conapred las envía a otras instancias como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a presentar demandas laborales o quejas administrativas, incluso las canaliza a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) ¿Cómo hacer para definir sus tareas y atribuciones?
-AGS: Es importante destacar la naturaleza jurídica de cada una de estas instituciones y del compromiso de realizar acciones transversales para prevenir la discriminación, fortaleciendo el acompañamiento legal a cada una de las quejas de las y los usuarios de la Conapred.
“Desde la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en su articulo 17, establece las funciones propias del Conapred, afirmando (que son) coordinar acciones de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo federal, en materia de prevención y eliminación de la discriminación. Sin embargo, es primordial que este Consejo realice los trabajos que le corresponden conforme a la ley, sin descuidar la comunicación interinstitucional, en pro de los derechos de todos y todas las mexicanas.
– AGM: En días recientes el Conapred fue blanco de críticas y hubo gente que preguntó para qué sirve un organismo. ¿En qué crees que radica el valor de esta institución en México?
– AGS: Como ya lo mencioné, si bien es cierto que el Conapred requiere de mayores facultades vinculatorias, el máximo valor de la institución radica en su capacidad para trabajar específicamente en el combate a la discriminación, de una manera focalizada y a profundidad no sólo con los grupos en situación de vulnerabilidad, sino con la población en general, porque ahí es donde radica gran parte del problema, en quienes discriminan.
“El Conapred, no sólo debe verse como una institución coercitiva, sino también con una gran posibilidad de persuasión en la toma de conciencia para generar un cambio profundo. Otro gran valor del Conapred radica en la posibilidad de tejer sinergias con los poderes públicos y la sociedad civil, para ser al mismo tiempo líder e intermediario de canalizar todos los esfuerzos que se realizan desde diferentes esferas para combatir la discriminación.
Arcelia García Santiago finalizó diciendo que, a través del Frente, las mujeres indígenas han mostrado la gran capacidad que tienen para actuar de forma colaborativa y consensuada, sin competencias, sino con acuerdos y cooperación, “lo cual sienta un precedente de la manera en que nos conduciremos en el caso de que cualquiera de nosotras sea designada como titular de la institución”.
Cimacnoticias / COMCOSUR MUJER Nº 650 – 20/07/2020
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URUGUAY: RED DE ABOGADAS FEMINISTAS: “NUESTRO TRABAJO IMPLICA ESTAR CARA A CARA CON LA VIOLENCIA MACHISTA”
Las profesionales promueven el fortalecimiento del acceso de las mujeres a la Justicia y la incorporación de una perspectiva de género en el abordaje jurídico.
El primer paso surgió hace como un año. Todas integraban el Grupo Derecho y Género de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República y crearon un grupo de Whatsapp para empezar a compartir ideas. Hablaron de objetivos, actividades e incluso dibujaron el boceto de un posible estatuto. Las unía la profesión: eran todas abogadas. Pero también el interés común de trabajar específicamente en la defensa de los derechos de mujeres, niñas, niños y adolescentes.
Hace menos de dos meses decidieron hacer público el intercambio virtual y crearon las redes sociales de la Red de Abogadas Feministas del Uruguay, donde se presentan como “un equipo de profesionales del derecho, comprometidas con la defensa y promoción de los derechos humanos integrando la perspectiva de género y generaciones”. Entre otras cosas, difunden información acerca de leyes y servicios que amparan a mujeres e infancias, noticias, fechas especiales, y también atienden consultas.
“La red surgió más que nada de la necesidad de encontrarnos, porque nuestro trabajo, litigar, es muy solitario”, contaron Ivana Manzolido y Virginia Cáceres, dos de las siete integrantes de la red, a la diaria. Tender puentes entre ellas, sí, pero también incorporar en el ejercicio del derecho un enfoque de género y derechos humanos que no se aprende en la facultad. “Nuestro trabajo, específicamente, implica estar cara a cara con la violencia machista; acompañar cuerpo a cuerpo”, aseguraron las abogadas feministas. Pero no solamente, porque, como ellas mismas señalan en esta entrevista, la defensa de los derechos de las mujeres abarca muchos más frentes que el de las violencias.
¿Por qué es necesaria una Red de Abogadas Feministas?
Ivana Manzolido (IM): Es inexorablemente necesaria porque, en lo personal, una puede sostener un litigio o una opinión, pero hace falta la colectividad para lograr un cambio social. El ámbito judicial es un ámbito muy duro, y estoy segura de que a todas mis colegas mujeres nos ha pasado de enfrentarnos a cuestiones que no están buenas, pero que hemos podido colectivizar y ahora ya no las pasamos. Se trata de generar un espacio de encuentro y de poder lograr un cambio a partir de nuestra profesión, que muestre que las mujeres tienen necesidades específicas por ser mujeres y que esas necesidades tienen que ser cubiertas desde el ámbito judicial. Que si una mujer necesita acceder a la Justicia, se tiene que hacer oír su voz sin que sea tergiversada y sin discriminación. Por otro lado, la red es necesaria para entender que la perspectiva de género y la de derechos humanos atraviesan toda nuestra vida, y que la sumisión histórica que han tenido las mujeres sigue afectando hasta el día de hoy la vida de muchas mujeres, niños, niñas y adolescentes. Yo lo veo ahora con el tema de la emergencia sanitaria y de los cuidados exclusivos, que pesan de manera desigual sobre las mujeres, por ejemplo. Cada cambio histórico, económico y social implica un movimiento en la vida de esas mujeres, y nosotras queremos que eso se refleje en la Justicia.
“El derecho es una herramienta de transformación que puede ser parte de un cambio social”. Ivana Manzolido.
¿Cuáles son los objetivos específicos?
IM: El objetivo general es hacer entender que el derecho es una herramienta de transformación que puede ser parte de un cambio social. Porque el derecho no es estático, y a partir de los propios litigios podemos construir y cambiar realidades en las personas individuales. Después tenemos varios objetivos específicos que durante las reuniones semanales tratamos de bajar a tierra. Sin dudas, uno de los principales es colaborar en fortalecer el acceso a la Justicia de mujeres, niñas, niños y adolescentes, entendiendo el acceso a la Justicia no sólo como la posibilidad de ir a denunciar a los tribunales, sino que de alguna manera ese pasaje por el sistema de Justicia y el sistema policial sea respetuoso de los derechos de estas poblaciones y además sea justo y no discriminatorio.
¿También atienden consultas?
IM: Sí, hemos recibido un montón de consultas desde el primer día. No todas las colegas que integran el colectivo pueden ejercer, porque algunas forman parte de determinadas instituciones. Lo que hacemos es recibir las consultas desde la red y derivar los casos entre las que sí ejercemos. Se tiende a pensar que las abogadas feministas sólo vamos a estar en los juzgados de familia o en los juzgados de violencia, pero no pretendemos ni queremos eso. Nosotras vamos a estar en derecho penal, en derecho civil, en derecho comercial. Claro que reconocemos que las mujeres donde más se ven afectadas es en materia de violencia, pero el derecho a vivir una vida libre de violencia no es el único derecho fundamental de las mujeres que hay que proteger. Las mujeres tienen derecho a tener bienes, a proyectarse, a decidir si quieren formar o no una familia, y nosotras como red pretendemos no sólo acompañar en derechos sociales, sino también económicos. La idea es ser lo más integral posible.
¿Qué tipo de consultas han atendido en este tiempo?
IM: La mayoría son situaciones en el ámbito penal y vinculadas al abuso sexual. Muchas de las consultas son porque las mujeres hicieron una denuncia hace años, consideran que el proceso está paralizado y nos preguntan a nosotras por qué. Por otro lado, hemos recibido consultas civiles –como, por ejemplo, desalojos– y también de familia.
¿Qué repercusiones ha tenido la creación de la red?
IM: Tuvo repercusiones buenas y malas. Las malas tienen que ver con que nosotras no somos ajenas a la violencia; al contrario. Nos ha pasado de tener que presentar denuncias en Fiscalía o Delitos Informáticos por amenazas hasta de muerte. A mí me ha pasado y he tenido que denunciar. Nosotras ponemos la cara delante de un tipo que muchas veces es capaz hasta de matar, lo cual hace que tengamos que rever las estrategias de cuidado para con nosotras, porque la violencia está recrudeciendo. Incluso está pasando mucho que en el propio ámbito de la Justicia los ofensores realizan acciones contra las profesionales que intervienen en el proceso, ya sea la abogada o la psicóloga que presentó el informe. Otras repercusiones malas han surgido en las redes sociales. Por ejemplo, hemos visto a uno decir “miren esta red que se formó, que atenta contra los derechos de los varones”. Son integrantes de organizaciones del estilo Stop Abuso y nosotras ya conocemos esa cuestión. No nos va a ser ajeno y sabemos que, cuanta más visibilidad tenga la red, más intenso va a ser. Ya sabíamos y sabemos a lo que nos enfrentamos. Incluso tuvimos una reunión hace unos días con las colegas de la Red de Psicólogas Feministas, porque la idea es trabajar en conjunto con ellas, y precisamente lo que nos comentaban era que de alguna manera vamos a tener que encarar con estrategias de cuidado.
Una de las cosas que sostienen es que falta incorporar la perspectiva de género en el análisis legal y en el ejercicio del derecho. En parte, por eso es que surgió esta red. ¿Cómo ven la situación en el sistema de Justicia uruguayo?
Virginia Cáceres (VC): Con el tema de la violencia basada en género partimos de la base de que es un tema económico, porque el Poder Judicial, en general, hoy tiene un déficit de atención a las víctimas que tiene que ver con falta de presupuesto. El Poder Judicial tiene el mismo presupuesto hace muchísimos años y la demanda crece, pero esa demanda no se acompaña con un aumento presupuestal, entonces es muy difícil también porque tiene que ir tapando agujeros, sacando de un lado y poniendo en otro. En lo que tiene que ver con la atención de las situaciones de violencia basada en género esto se multiplica, porque si tuviéramos que armar una pirámide de importancia, este tema es el que está casi en la base, entonces los recursos son los que menos llegan, y eso se siente en la atención. Se han creado más juzgados de violencia doméstica en un esfuerzo monumental que ha hecho el Poder Judicial, que cerró algunos juzgados de familia común para crear otros. A esto se suma que los equipos técnicos no crecen. Entonces hay una demanda tremenda y hacer una pericia para ver si hay una situación de riesgo puede llegar a demorar cinco meses. El otro gran problema es la falta de capacitación y de perspectiva de género dentro del Poder Judicial. Esto hace, por ejemplo, que cuando te inician un juicio de visitas parentales vos partís de la base de que el criterio general es que no importa lo que hizo el padre, porque igual tiene derecho a ver a su hijo. Entonces vos ya llegás al juicio con esa mochila y es re difícil revertir determinadas situaciones como, por ejemplo, probar que una situación de violencia que vivió una mujer también impacta en sus hijos, por más que no haya violencia directa física contra ellos.
¿Y en cuanto a la formación específica de las juezas y los jueces? ¿En el Uruguay de 2020 todavía hay magistrados que culpan a las mujeres de las situaciones de violencia de género que atraviesan?
IM: Sí, pasa bastante. A la mujer se la juzga como madre, como empleada, como hija, como todo. Y sí, falta capacitación en las juezas y los jueces, sin lugar a duda. Se está haciendo algún esfuerzo y hoy en día se nota que hay un cambio, pero no es suficiente. En Uruguay no es obligatorio que las juezas y los jueces estén capacitados en género y eso de alguna manera se nota. El tema es que esto implica un esfuerzo y un desgaste impresionante para nosotras, que ya sabemos que partimos de una base que nos va a contradecir o que no nos va a acompañar. La realidad es que no siempre una mujer está acompañada por una abogada o abogado que tenga perspectiva de género. Si bien hay servicios especializados y hay abogadas particulares que nos dedicamos a eso, somos las menos, y eso se nota en los procesos, porque muchas veces vienen ya con un choclazo de expediente mal encarado y nosotras la tenemos que remar, lo cual es muy complejo y desgastante. Todo parte de no tener capacitación en género.
VC: Eso es en términos generales, pero es justo decir también que hay varios jueces y sobre todo juezas que se están capacitando, no desde la estructura del Poder Judicial sino por voluntad propia. En el Centro de Estudios Judiciales del Uruguay hay un módulo sobre género, pero obviamente no es suficiente, porque no debería ser un módulo, sino que debería haber una transversalidad en todas las materias.
¿Alcanza con promover talleres de capacitación o guías de buenas prácticas?
IM: Por supuesto que con el librito no alcanza, por eso es tan importante el cambio estructural, cultural y social, que va a ayudar, pero por ahí tampoco va a ser suficiente. Quizás empezando por la educación desde la primera infancia podemos lograr algo.
VC: El Poder Judicial no es una isla, forma parte de la sociedad, entonces evidentemente que la capacitación ayuda, es necesaria, pero todo esto es un proceso cultural que tenemos que ir transitando desde muchas trincheras al mismo tiempo. El Poder Judicial es una de las trincheras desde donde dar la lucha. Creo que el objetivo tampoco es que cada jueza o juez deje de creer en lo que cree, porque en realidad esto se trata de respetar que haya una persona que tenga una creencia religiosa y que tenga la libertad de expresar esa creencia religiosa, pero que eso no vaya en perjuicio de los derechos de otros. Me parece que ese es el nudo de todo este lío: entender que tener perspectiva de género no es estar “en contra de” sino a favor. Lo que hay que entender es que mis creencias personales no tienen por qué invadir o desestimar los derechos de otro. Está buenísimo que cada uno pueda creer en lo que quiere. Lo que no podemos hacer es utilizar esa creencia para desvalorizar otro derecho.
El Parlamento es otra trinchera. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando escuchamos a diputadas decir que los hombres matan a las mujeres “por exceso de amor”?
VC: Creo que representan a una parte de la sociedad que cree eso y me parece que eso es lo más grave. A mí no me preocupa el mensajero, me preocupa el mensaje. Y esa mujer está sentada ahí porque hay una parte de la población que la votó para estar sentada ahí, y el problema ni siquiera es ella, es lo que ella representa. Entonces ahí es cuando yo digo que la capacitación obligatoria no funciona, porque hay gente que piensa así y, por más que vos digas que ella es una ignorante en materia de género, no vas a convencer a los que piensan igual que ella de que hay algo distinto que se puede cambiar. A veces las estrategias tienen que adaptarse a lo que uno quiere cambiar y al público objetivo con el que uno va a tratar. Por supuesto que creo que cuando se dicen ese tipo de expresiones, sobre todo viniendo de gente que ostenta lugares de poder, hay que marcarlo, porque el discurso es importante, porque son discursos que llegan a mucha gente y hay que salir a dejar claro que eso no es así. Pero, por otro lado, hay que buscar cuál es la estrategia que tenemos que utilizar quienes trabajamos en esta temática para llegarle a toda esa gente que piensa igual que esta diputada y para que entienda que eso no es así.
“Todavía no logramos que cale en la sociedad que una menor no se prostituye, sino que es explotada sexualmente”. Virginia Cáceres
¿Cómo creen que se está trabajando en el marco de la Operación Océano y cómo evalúan el impacto que tuvo el hecho de que involucre a varones vinculados al poder político, judicial y empresarial, a un arquitecto e incluso a personas que trabajan en la educación, entre otros?
VC: Creo que la Operación Océano marca un quiebre por varias cosas. Primero, porque es la primera vez que judicialmente se puede tener algún tipo de castigo o por lo menos formalizar e individualizar a personas que cometieron un delito de explotación sexual. Segundo, porque se cae el mito que tenemos en el inconsciente colectivo de que estas cosas pasan en determinados estratos sociales, ya que acá estamos hablando de gente de clase media para arriba y profesionales. Creo que lo que impactó es que la que puede estar siendo víctima de una situación así puede ser mi prima, mi hermana o mi sobrina, que va al colegio y tiene a ese profesor, y eso acerca. Cuando vos sentís que algo es muy lejano y que a ti nunca te va a pasar, no te genera interés. Por otro lado, especialmente al principio, al ser hombres de clase media y con determinado perfil se generó una ola muy grande de apoyo. Yo escuché comentarios del estilo: “¿Pero vos viste la foto de las chiquilinas?” o “¿Vos viste cómo se vestían?”. Al principio hubo mucho de eso. Creo que la Fiscalía está trabajando muy bien, de forma muy seria, muy minuciosa, y no ha dejado ningún detalle librado al azar. Por lo tanto, me parece que judicialmente no van a quedar impunes, pero creo que hay un castigo social que es el que nos falta trabajar. Es que todavía no logramos que cale en la sociedad que una menor no se prostituye, sino que es explotada sexualmente. Tampoco se entiende que atrás de una chiquilina que llegó a esa situación hay toda otra situación de vulneración de derechos. Creo que la Operación Océano demostró que todas aquellas campañas que se habían hecho y con las que creímos que había temas que ya estaban saldados no están nada saldados. Hay gente que no entendió nada y creo que eso es lo más grave que nos deja esta situación.
¿En qué consiste el asesoramiento y acompañamiento con perspectiva de género y generaciones a las víctimas de explotación sexual?
IM: La existencia de servicios estatales que aborden abusos sexuales es un gran debe. Para darte un ejemplo, el otro día me llamó una psicóloga porque en Montevideo una adolescente ciega había sido violada en la calle. Otra chiquilina la encontró, se la llevó para su casa unos días, pudieron hacer la denuncia y siguieron todo el protocolo, pero en realidad faltó un servicio que pudiera darle acompañamiento a esa muchacha ciega que sufrió un abuso sexual. No existe. Ni a ella ni a ninguna. Lo más parecido es la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía, que brinda un acompañamiento más psicosocial, pero no es algo integral. No es fácil acompañar a una mujer víctima de abuso sexual. En lo legal, no solamente es necesario experticia en la temática, sino que también es fundamental la empatía. No es para nada fácil e incluso no puede sostenerlo solamente una profesional del derecho, es necesario un abordaje integral.
¿Qué diferencias hay entre el acompañamiento a una víctima de explotación sexual y el que se hace a una víctima de abuso sexual intrafamiliar, por ejemplo?
VC: El abordaje tiene que ser completamente distinto. Primero, llegar a las niñas o adolescentes que están siendo explotadas sexualmente es mucho más difícil que llegar a una persona que sufre un abuso intrafamiliar, porque esta última en algún momento y de alguna manera trata de romper con ese silencio. Capaz que no viene y te lo dice, pero da señales. La explotada no siempre da señales, porque a veces naturaliza la situación. Cuando se destapó la Operación Océano, yo escuchaba la entrevista a una amiga de una de las víctimas que contaba que a ella uno de los explotadores le pagaba la facultad, por ejemplo. Es mucho más difícil llegar a ellas. Primero, porque son más difíciles de ubicar. Segundo, porque ni siquiera ellas tienen intenciones de que las ubiques, porque en algún punto lo tienen naturalizado. Y, tercero, porque los explotadores son personas que tienen determinado nivel social y la explotación forma parte de una vida oculta, no se hace de una manera tan evidente como puede ser el caso del abusador intrafamiliar. Es mucho más difícil el abordaje; cuando viene una chiquilina que es víctima de una explotación de ese tipo, necesariamente tiene que haber una intervención de otra naturaleza. Yo, sola, como abogada, estoy absolutamente incapacitada para encarar un caso así. Tenés que tener una red inmensa, que por lo general tenés que buscar en la sociedad civil, de gente que pueda darle protección a esa chiquilina para que el explotador no pueda tomar represalias contra ella cuando haga la denuncia ni contra su familia. Se tiene que desplegar una actividad que es mucho más grande que cuando estás frente al caso de un abusador intrafamiliar, en la que cortar con esa situación, en principio, implica sacar a esa persona de la familia. En la explotación es mucho más complejo.
Para contactarte con la Red de Abogadas Feministas del Uruguay podés enviar un correo electrónico a redabogadasfeministas.uruguay@gmail.com o un mensaje directo a través de su página de Facebook.
La Diaria / COMCOSUR MUJER Nº 650 – 20/07/2020
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7) URUGUAY: EL ESTADO ES RESPONSABLE DE PROTEGER Y GARANTIZAR A LAS MUJERES, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA
Intersocial Feminista /17 de julio de 2020
Las organizaciones firmantes hemos expresado nuestra preocupación por la situación de las niñas que como consecuencia de violencia sexual y violación, resultan embarazadas y a quienes se les debe asegurar la interrupción del embarazo en forma inmediata y segura.
Como Estado parte de la Convención de Belem do Pará el Estado uruguayo, es responsable de proteger y garantizar a las mujeres, niñas y adolescentes de una vida libre de violencia. El Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI), que tiene como cometido el análisis y evaluación del proceso de la implementación de la Convención de Belém do Pará en la región, considera los informes país y los efectuados por las organizaciones de la sociedad civil y formula periódicamente recomendaciones a los Estados.
En el Informe de Implementación de Recomendaciones del CEVI, el Comité recomendó a Uruguay “asegurar que los embarazos de niñas menores de 14 1 años sean considerados de alto riesgo”, reiterando las razones para ello. El 10 de julio de 2020 expresó su preocupación por los casos de violencia sexual y embarazo en niñas que han sucedido en la región durante los últimos meses, señalando a Uruguay como uno de los países que no están garantizando adecuadamente su protección. Como ejemplo, el Comité se refirió a la niña de 12 años de edad (Departamento de Rocha) a quién se le detectó tardíamente un embarazo producto de violación sexual intrafamiliar a pesar de haber concurrido en etapas más tempranas a su centro de salud para consulta.
El CEVI le recuerda a Uruguay que “(…) su obligación de adecuar sus estructuras, procesos y procedimientos a la Convención de Belém do Pará, para garantizar así la protección a niñas y adolescentes contra la violencia de género, previniendo, investigando y castigando los actos de violencia en su contra y respondiéndole a las víctimas, asegurando un acceso sencillo y eficaz a la justicia que, además, brinde una reparación integral”.
El Comité destaca además, que los derechos sexuales y derechos reproductivos, el derecho a decidir el número de hijos y espaciamiento, son derechos que integran el catálogo de los derechos de mujeres, niñas y adolescentes. Estos derechos incluyen “el derecho a la integridad personal y a no ser sometido a torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes”, a tomar decisiones sobre la reproducción libres de discriminación, coerción y violencia y a contar con información y los medios para hacerlo. Nos preocupa que las últimas informaciones difundidas sobre la niña de 12 años (Rocha) indiquen que “está bien”, que es acompañada y asistida por un equipo integrado por una ginecóloga y una psicóloga, así como aparentemente, su voluntad de continuar el embarazo.
Esta niña y su familia tienen derecho a ser informadas de sus derechos, de los riesgos de un embarazo y a la asistencia letrada inmediata, puesto que claramente sus derechos han sido vulnerados y su integridad física y psíquica se encuentran claramente en riesgo. Para garantizar en forma efectiva los derechos de la niña, los técnicos intervinientes deben contar con especialización y formación en la temática, con el marco normativo y conceptual de la Convención de derechos del niño, la CEDAW y la Convención de Belém do Pará (art. 125, Ley 19.747 Código de la Niñez y la Adolescencia).
El Estado uruguayo ha fallado en su deber de protección desde el primer momento al no seguir el protocolo de atención y el Mapa de ruta para niñas embarazadas, menores de 15 años a pesar de que, según el Código de la Niñez, está obligado a prestarle atención inmediata y a la reparación del daño, debiendo asegurar, como mínimo, los tratamientos necesarios, intervenciones psicosociales y abordajes psicoterapéuticos.
Uruguay es responsable de la violencia institucional que está ejerciendo sobre la niña y su familia al dejarla continuar un embarazo de alto riesgo, y de investigación en el centro asistencial, para determinar la responsabilidad en las omisiones, negligencia e imprudencia, cometidas por el personal del equipo de salud que atendió a la niña y a su madre.
La investigación, identificación y sanción penal del agresor, es una parte de las obligaciones del Estado uruguayo, pero el centro de la atención del Estado de acuerdo con el interés superior del niño, debe ser la niña y su integridad física y emocional.
FIRMAN:
CLADEM Uruguay Asoc. Civil El Paso Aire.UY Cotidiano Mujer Colectiva Mujeres Colectivo La Pitanga Centro Interdisciplinario Caminos DIMAFRU Diálogo político Grupo por la humanización del parto Instituto Mujer y Sociedad Intersocial Feminista El Abrojo Las Puñadito Mujer y Salud Uruguay (Mysu) Mujer Ahora Mujeres en el Horno Mujeres Afro Mujeres de Negro Red Uruguaya contra la violencia doméstica y sexual (RUCVDS) Red Pro Cuidados SUMEFAC Plemuu PIT CNT UAFRO SUA
Intersocial Feminista /COMCOSUR MUJER Nº 650 – 20/07/2020
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“Siempre he partido de una idea elemental: la de que la verdad no necesita ser justificada por la adecuación a un objetivo superior. La verdad es la verdad y nada más. Debe ser servida, no servir.”
Eugenia Ginzburg / “El vértigo”.
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COMCOSUR MUJER ES UNA PRODUCCIÓN DE COMCOSUR / COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR
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