Entradas de diciembre de 2020

COMCOSUR AL DÍA /AÑO 26 /Nº 2279 /miércoles 16.12.2020 Hoy:

1) Uruguay: Votación de nueva Ley de Medios en la Cámara de Diputados fue postergada para marzo de 2021
2) Uruguay: Gobierno derogó disposición que obligaba a Ursec a publicar en la prensa información sobre transferencias de servicios audiovisuales
3) Nicaragua: Gobierno utiliza copyright como excusa para censurar discursos críticos en Internet
4) El Covid 19, un incendio forestal global /Silvio Amodei
5) Salarios de hambre en medio de una crisis mundial que empeora /Sergio Ferrari
6) Recensión de LOS SOCIOS DE DIOS, de Mercedes Vigil – Sionismo por mandato divino /Luis E. Sabini Fernández
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“Siempre he partido de una idea elemental: la de que la verdad no necesita ser justificada por la adecuación a un objetivo superior. La verdad es la verdad y nada más. Debe ser servida, no servir.”
Eugenia Ginzburg / “El vértigo”.
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COMCOSUR AL DÍA / AÑO 26 / Nº 2279 / miércoles 16.12.2020
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1) URUGUAY: VOTACIÓN DE NUEVA LEY DE MEDIOS EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS FUE POSTERGADA PARA MARZO DE 2021

Observacom Uruguay, 10 de diciembre de 2020

La votación en la Cámara de Diputados sobre la nueva Ley de Medios enviada al Congreso por el gobierno de Luis Lacalle Pou, quedará para marzo de 2021.

Las demoras en la votación del proyecto se deben a diferencias en la Coalición de partidos gobernantes, así como por la cantidad de delegaciones que aún debe recibir la Comisión de Industria de la Cámara para manifestar su parecer sobre la iniciativa, según publicó El Observador.

Entre los principales puntos sobre los que hay diferencias se encuentran:

– La cantidad de licencias que puede tener una persona o empresa. Mientras que la Ley vigente indica un máximo de tres, el proyecto amplía el número a 8. Ni el Partido Colorado ni Cabildo Abierto –ambos socios del gobernante Partido Nacional- están de acuerdo.

– Cabildo Abierto también cuestiona algunas disposiciones que implicarían una extranjerización del sistema de medios, como la posibilidad que los cableoperadores puedan vender licencias a empresas extranjeras.

– Asimismo, pide revisar la eliminación del concepto de “grupo económico” del proyecto de Ley, en tanto permitiría que se utilizaran testaferros para superar las limitaciones de concentración de medios

– Ambas colectividades, Partido Colorado y Cabildo Abierto también apuntaron al artículo 48 sobre el arrendamiento de infraestructura por parte de ANTEL (en particular de la fibra óptica al hogar) a cableoperadores.

– Por su parte, el Partido Colorado presentó un texto sustitutivo del artículo 40 sobre retransmisión de señales, para que todos los cableoperadores del país puedan transportar las señales de TV abierta de Montevideo y que, al respecto, la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (URSEC) interceda si no hay acuerdo entre los canales de aire de Montevideo y cableoperadores del Interior.

– Por último, también se cuestiona la eliminación de las actuales pautas sobre publicidad dirigida a niños, niñas y adolescentes.
Enlaces relacionados:

Advierten que nueva Ley de Medios de Uruguay generará más concentración y extranjerización del mapa mediático de Uruguay

El proyecto oficialista de Ley de Medios promueve más concentración y menos pluralismo, advierte OBSERVACOM ante el Parlamento de Uruguay

Observacom
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2) URUGUAY: GOBIERNO DEROGÓ DISPOSICIÓN QUE OBLIGABA A URSEC A PUBLICAR EN LA PRENSA INFORMACIÓN SOBRE TRANSFERENCIAS DE SERVICIOS AUDIOVISUALES

La Diaria, 8 de diciembre de 2020

Un decreto del 30 de noviembre señala que esta obligación resultaba “gravosa” para el organismo y que no lo amerita por tratarse de “un negocio particular”

Un decreto del Consejo de Ministros del 30 de noviembre elimina la obligación que tenía la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) de publicar con siete días de anticipación en medios de prensa de alcance local y nacional las consultas públicas en casos de transferencia y renovación de servicios audiovisuales. Tal como informó Revista Martes, el argumento del gobierno es que asumir este gasto, como lo disponía el decreto reglamentario 160/19 (que reglamenta la Ley 19.307), resultaba “gravoso” para el organismo.

En el documento elaborado por el Poder Ejecutivo se señala que “la publicación de la consulta pública está prevista para los llamados a interesados en prestar servicios de comunicación audiovisual a efectos de lograr una mayor difusión y concurrencia de aspirantes”, pero se considera que cuando se trata de transferencias totales o parciales de servicios no reviste “la misma importancia” la “realización de las publicaciones, pues se transfiere un servicio que ya cuenta con autorización, tratándose de un negocio particular”.

El director de la Ursec, Pablo Siris, explicó a la diaria que cuando asumió la nueva Comisión Directiva, este año, solicitó la ampliación de créditos presupuestarios “para poder cumplir con las publicaciones planteadas”, ante lo cual el Ejecutivo indicó “la imposibilidad de poder cumplir con esos créditos presupuestales, y a partir de allí es que toma esta decisión”. Siris señaló que si bien la URSEC estima un superávit de 47 millones y medio de pesos para 2021, el superávit “no siempre está en correspondencia directa” con los créditos presupuestales disponibles para ciertos rubros. “Cuando asumimos la dirección, los créditos asignados para las publicaciones en relación a las transferencias de los servicios de comunicación ya estaban agotados”, afirmó.

Por otra parte, Siris puso en cuestión que la medida adoptada por el gobierno sea la más efectiva. “La decisión del Poder Ejecutivo, aunque tiene la facultad para hacerlo, ciertamente podría limitar la capacidad de las personas de enterarse de que hay una consulta pública para la transferencia de tal o cual medio”, consideró el jerarca, que también rechazó que se trate de un “negocio particular”, como se postula en el decreto. “Las frecuencias radioeléctricas no son un negocio particular. Puede ser un negocio particular la compraventa de acciones de una empresa o la transferencia de un negocio de una empresa a la otra; las frecuencias son propiedad del Estado y, por tanto, de todas y todos los uruguayos”, expresó.

No obstante, Siris aclaró que esta modificación no implica “que no se va a informar de las consultas públicas”, sino que “lo que no va a suceder es la publicación en medios de distribución nacional”. Sí “se informaría en la página web de la URSEC, aunque ciertamente la redacción del decreto no lo dice”, apuntó. La última publicación sobre transferencias de servicios audiovisuales se hizo en febrero de este año y tuvo un costo estimado de 14.000 pesos.

Bergara: “Una muestra más de que la transparencia no es una característica de este gobierno”

El senador frenteamplista Mario Bergara cuestionó la medida y consideró insuficiente el argumento esgrimido por las autoridades nacionales. “Las consultas públicas son procesos que contribuyen a la transparencia y la democratización. El costo de publicar es ínfimo y no se puede comparar con el rol democratizador”, escribió el legislador en su cuenta de Twitter. Por otra parte, Bergara señaló que “la URSEC cuenta con recursos más que suficientes” y que “hay leyes que limitan la titularidad de estos medios, por lo que la información es fundamental para el control institucional y social”.

“Tampoco puede decirse que son negocios privados cuando involucran frecuencias públicas y licencias otorgadas por el Estado. Una muestra más de que la transparencia no es una característica de este gobierno, por más que la hayan pregonado a los cuatro vientos durante la campaña”, acusó el ex presidente del Banco Central.

La Diaria
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3) NICARAGUA: GOBIERNO UTILIZA COPYRIGHT COMO EXCUSA PARA CENSURAR DISCURSOS CRÍTICOS EN INTERNET

Observacom Nicaragua, 14 de diciembre de 2020

El gobierno de Nicaragua está utilizando la normativa de derechos de autor para censurar discursos críticos en Internet al eliminar o suspender cuentas de activistas, medios independientes y organizaciones de derechos humanos.

De acuerdo con Access Now, distintos medios de comunicación que vieron afectadas sus cuentas de YouTube en base a la Ley Nicaragüense 312 de Derechos de Autor y Derechos Conexos, al emitir contenidos del Canal 4, propiedad de la familia del presidente Daniel Ortega Murillo.

Esos contenidos remiten a acontecimientos del país y discursos del presidente -que se transmiten en cadena nacional y son retransmitidos en forma obligatoria por medios locales- y no precisan de la autorización del autor para ser emitidos ya que están incluidos en la excepción de interés público.

Por ende, de acuerdo con Access Now, los actos de censura o suspensión de cuentas en redes sociales “evidencian una estrategia del régimen de Daniel Ortega para limitar la denuncia pública y obstaculizar el ejercicio periodístico crítico e independiente, haciendo uso de los medios de comunicación propiedad de su familia y otras entidades del Estado que también controla”.

Esta situación se vuelve aún más preocupante frente al proyecto de Ley Especial de Ciberdelitos que se encuentra a estudio del Congreso. Como hemos publicado en Observacom, más de 30 organizaciones sociales manifestaron su preocupación por la iniciativa que, de aprobarse la ley, promoverá la criminalización del uso de las tecnologías y limitará el derecho a la libertad de expresión.

En este panorama de abusos gubernamentales, igualmente Access Now hace un llamado a las plataformas para “revisar sus políticas frente a la eliminación de contenidos y suspensión de cuentas, de forma que sus procesos contribuyan en la defensa de la sociedad civil y los derechos humanos”.

“Una solución integral a los incumplimientos a las normas de derechos de autor debe estar basada en los principios internacionales de transparencia, proporcionalidad y remedio, en aras de proteger a las personas u organizaciones afectadas”, concluyen.

Observacom
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4) EL COVID 19, UN INCENDIO FORESTAL GLOBAL

Por Silvio Amodei /09.12.2020

Con esa imagen y de “esta manera catalogaba el presidente saliente del BID, el colombiano Luis Alberto Moreno, los efectos de la pandemia, “como un incendio forestal que va y viene”, no descartando ningún tipo de confinamiento (1) como medida de contención.

Para Moreno “la contracción en América Latina es tremenda y la relación Deuda-PBI puede llegar a un 75% en los próximos dieciocho meses”. En definitiva la deuda que hoy tienen diferentes países (tanto de América Latina, como de Europa, África, etc.), ha crecido a raíz de este incendio creado a partir de la crisis global del capitalismo, desarrollada y manipulada a partir del Covid 19.

Por otro lado la presidenta de la Banca Central Europea, Christine Lagarde reconoció que se han presentado cambios en el uso de los servicios digitales y manejo de las criptomonedas respaldadas por institutos monetarios. Así mismo reconoció que la desigualdad e inequidad prevalece y aumenta a partir de la crisis del Covid 19.
Christine Lagarde se encuentra muy preocupada por el quiebre de las empresas y el aumento de la desocupación en la zona euro. Destacó, además, en un foro de la ONU que el Covid 19 dejará “cambios duraderos” en las economías y aseveró que la pandemia destruirá 85 millones de puestos de trabajo en la zona euro para el 2025, pero creará otros 95 millones de puestos nuevos. (2)

Escuchando con cierta atención tanto a Lagarde como a Moreno, una presidenta del BCE y el otro ex presidente saliente del BID, podemos constatar que este reacomodo del capitalismo global va más allá de aquello que vemos bajo nuestras narices. El cambio que se avecina es global. No sucederá en un solo continente y menos que menos en un país.

No se trata ya de las políticas que aplique un gobierno definido de centro derecha o centro izquierda. Ningún gobierno en esta fase histórica es libre de tomar una sola decisión económica y social en forma soberana. Todas las decisiones vienen hoy digitadas por organismos supra nacionales.

Los sectores autodefinidos de izquierda o socialdemócratas aún conservan la ilusión del país /nación. Ya no es más así, hace tiempo los hechos, la cruda realidad nos golpea sin miramientos.

Al menos así sucede en la mayoría de los países con economías débiles. Es así no solo en América Latina, África, parte de Asia y Oriente Medio, es así también en gran parte de la iluminada Europa oriental y occidental.

La deuda externa y las estrategias aplicadas para combatir la pandemia han aumentado el gasto público. La sanidad ha sido un ítem importante pero no el único, también la ayuda financiera brindada a la empresa, a las personas, etc.

Esto según el FMI ha llevado a una deuda pública global igual al tamaño de la economía mundial. Los países más endeudados se van sumando, desde Japón, Grecia, Italia, Portugal, EEUU, España, etc. En definitiva mayor es tu deuda, mayor será tu dependencia con los organismos multilaterales. Por lo tanto, a mayor deuda de un país, menor será la soberanía de ese país con respecto a los organismos financiadores. Los políticos locales solo serán meros ejecutores de las políticas globales del capitalismo y solo se destacarán por su espíritu servil ante los organismos de crédito.

La deuda pública o privada deberá ser pagada por parte de los estados, los cuales, a su vez aumentando su endeudamiento realizarán una política de recorte de recursos estatales que predominantemente se volcarán sobre los sectores socialmente más desprotegidos. Sin duda no es un discurso nuevo, y por lo tanto no entraré en la descripción detallada y en cuales sectores se agudizarán los recortes de las inversiones estatales.

En todo esto no hay ningún gobernante o tecnócrata psicópata, como ciertas veces algún intelectual trasnochado cree. Nada de eso es real. Podemos ver cómo el capitalismo a escala mundial se reacomoda para desarrollarse y aumentar sus ganancias limitando todo tipo de resistencia social o de intento de cambio social.
El capitalismo ha desarrollado una estrategia para imponer un nuevo modelo colonizador.

Estos son solo algunos puntos que aplican en esta nueva estrategia “pandémica” a escala global:

1. Instauración del miedo (el terror que se impuso tiene una cierta similitud al miedo que genera los bombardeos en las guerras). Han utilizado para ello los discursos hechos por la academia (médicos, científicos, etc.) y el bombardeo del poder mediático.

2. Acción de las fuerzas policiales para el control del territorio (nada diferente a una guerra). Es de hacer notar que en muchísimos países se aplica el estado de guerra. Confinamiento, toque de queda, multas, detenciones y denuncias por parte de vecinos hacia aquellos que violan las reglas impuestas.

3. Un aumento de la alianza estratégica entre gobiernos y tecnócratas. Todos ellos han aplicado un discurso absolutamente idéntico.

4. Aislamiento y distanciamiento social, ruptura de lazos familiares y de vecindad, viejos y niños distanciados.

Hay algo en todo esto que nos recuerda al conflicto bélico. ¿No será esta una especie de guerra de ricos contra pobres? En notas anteriores hemos ya ilustrado cuánto y quienes se han favorecido económicamente, quiénes hoy son los detentores del poder económico. Qué alianzas internacionales han tejido y cómo las clases subalternas han perdido fuerza en sus ideas de cambio. Hacia ellas apuntan los sectores más poderosos e intentan, a través del aislamiento social, desarticular cualquier forma de organización de las clases subalternas.

Del otro lado, como bien podemos imaginar, hay algunas empresas que han ganado dinero en forma exponencial desde el inicio de la pandemia. Algunas de ellas son Microsoft, Intel, Apple, Google, Amazon y Facebook, Johnson y Johnson, Roche, Pfizer, Visa, Nestlé (3). Es claro, que deberíamos hacer el esfuerzo para comprender donde se desarrolla la contradicción fundamental, y aceptar que el capitalismo ante el avance de las nuevas tecnologías, ha debido “inventarse” una nueva forma de organización política, económica, social y militar para controlar y desarrollar esta nueva fase.

En definitiva y como corolario, es posible decir que no es el Covid 19 el artífice del incendio de la pradera, sino más bien el capitalismo global que prende fuego la foresta para relanzar la hegemonía que necesita para su propia subsistencia imperial.

Notas:
(1) Confinamiento: Sin dudas todo parece indicar que la referencia lleva intrínseca, medidas coercitivas y represivas.
(2) Cifras que pueden decir mucho o nada. La pregunta que salta a la vista es: esos nuevos trabajos, ¿serán trabajos genuinos o simplemente los trabajadores serán los nuevos hombres colonizados, desregulados, cuentapropistas, dislocados geográficamente y aislados en sus casas?
(3) Datos extraídos de Oxfan International: www.mdzol.com

Silvio Amodei
COMCOSUR AL DÍA / AÑO 26 / Nº 2279 / miércoles 16.12.2020
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5) SALARIOS DE HAMBRE EN MEDIO DE UNA CRISIS MUNDIAL QUE EMPEORA

La disputa creciente por la redistribución del ingreso
19 % de asalariados ganan menos que un sueldo mínimo

Sergio Ferrari

Mil millones de seres humanos padecerán de extrema pobreza en 2030. La pandemia acelera la crisis y los salarios caen en picada. Las mujeres, así como los trabajadores con remuneraciones más bajas, pagan el precio más alto.

Según diversos organismos internacionales en torno a 207 millones de personas van a caer por debajo de la línea de pobreza en los próximos años como consecuencia de la crisis económica resultante del COVID-19. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) anticipa cifras no menos dramáticas para el fin de la década: mil millones de personas padecerían de extrema pobreza en el 2030.

El PNUD, (www.undp.org/content/undp/es/home.html) y la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo, UNCTAD, (unctad.org/webflyer/least-developed-countries-report-2020) hicieron públicos la primera semana de diciembre dos estudios donde advierten sobre los altos costos de la situación actual “para los países menos desarrollados”, donde vive la mitad de la población mundial.

Ambas organizaciones coinciden que este año los seres humanos que viven con menos de 1.9 dólares por día aumentarán en 32 millones, implicando un incremento de la tasa de pobreza a nivel global del 32.5% al 35.7%.

La proyección más pesimista anticipa que la crisis económica inducida por el COVID-19 persistiría diez años. La UNCTAD recuerda que la pandemia ha afectado especialmente a los países más debilitados porque constituyen las economías más vulnerables y de menos nivel de resiliencia. Se trata de los 47 países menos desarrollados que producen cerca del 1.3% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial y albergan 1.060 millones de personas. En 2019, el PIB per cápita promedio en esas naciones había sido de apenas 1.088 dólares en el marco de un promedio mundial de 11.371 dólares.

De acuerdo con la UNCTAD, en 2020 esos países tendrán su peor desempeño económico en 30 años, con una caída significativa en sus ingresos, pérdida generalizada de empleos y déficits fiscales cada vez mayores, lo que revertirá años de esfuerzos para alcanzar leves progresos en la reducción de la pobreza, y la mejora de la nutrición y de la educación.

Drama salarial

Según un nuevo estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), publicado también al inicio de diciembre en Ginebra, debido a la pandemia, en el primer semestre de 2020, los salarios mensuales de 2/3 de los países -de los que se cuentan datos oficiales- se redujeron o crecieron más lentamente. En otros países, el salario medio aumentó, pero solo como producto de cálculos artificiales. Ya que ese incremento -solo estadístico- fue la consecuencia de la pérdida sustancial de puestos de trabajo en los sectores con sueldos más bajos.

Tendencialmente, según el organismo internacional, el horizonte será tormentoso. Estima como probable que en el futuro cercano se produzca una fuerte presión a la baja sobre los salarios dada la actual crisis internacional.

El Informe Mundial sobre Salarios 2020-2021 constata que, en América Latina, la pandemia borró rápidamente el leve avance que se había logrado en materia salarial, en particular a partir de 2018, cuando se comenzó a sentir una cierta recuperación.

En este continente se da una situación particular. Una buena parte de asalariados trabaja en la economía informal, razón por la cual muchos han sido excluidos de las medidas de ayuda que han dado algunos gobiernos. En países como México y Brasil, las familias que incluyen personas que tienen empleos informales, han perdido el 60% de sus ingresos a partir de la pandemia.

Principales perjudicadas

La crisis no ha afectado del mismo modo a todas y todos. Las mujeres se han visto más perjudicadas que los hombres. Un sondeo realizado en 28 países europeos concluye que, sin los subsidios estatales, en el segundo trimestre de 2020, la pérdida salarial para las mujeres hubiera sido del 8,1 % frente al 5,4 % para los hombres. La OIT sostiene que “por lo general las mujeres predominan entre los trabajadores mal pagados…En todas las regiones, la proporción de mujeres es mayor entre quienes perciben un salario mínimo o un monto inferior que entre quienes perciben un monto superior al salario mínimo”. También son penalizados los trabajadores jóvenes de menos de 25 años, los que tienen un nivel de instrucción inferior y los trabajadores rurales.

El golpe más fuerte lo sufren los sectores menos pudientes. En esos mismos países, sin los subsidios temporarios, el 50 % de quienes ganan menos hubiera perdido aproximadamente el 17,3 % de su salario. Sin embargo, dichas prestaciones actuaron como amortiguadores. Y compensaron casi la mitad (un 40%) de esa pérdida.
Guy Ryder, Director General de la OIT, al presentar el nuevo estudio, afirmó que “el crecimiento de la desigualdad a causa de la crisis de la COVID-19 podría dejar un desolador saldo de pobreza e inestabilidad social y económica de enormes proporciones”.

Y anticipó que la estrategia de recuperación “debe centrarse en las personas. Necesitamos políticas salariales adecuadas que tengan en cuenta la sostenibilidad del empleo y de las empresas, en las que se aborden también las desigualdades y la necesidad de sostener la demanda”. Ryder lanzó una crítica directa a paradojas inexplicables en el actual sistema: si se quiere reconstruir pensando en un futuro mejor, hay que plantearse cuestiones incómodas, como por qué con tanta frecuencia las ocupaciones de gran valor social, como el personal docente y de la salud son sinónimo de sueldo bajo.

Tema esencial, el salario mínimo

El estudio de la OIT incluye un análisis de los sistemas de salario mínimo, que, podrían constituir un factor determinante para conseguir una recuperación sostenible y justa.

El 90 % de los Estados Miembros de la OIT tiene establecida alguna modalidad de salario mínimo. Sin embargo, aproximadamente 327 millones de asalariada-os (es decir el 19% del total) reciben una remuneración equivalente o menor al salario mínimo por hora vigente. Y enfatiza que ya “antes de la pandemia
266 millones de personas –el 15 por ciento de todas las personas asalariadas del mundo– percibían una remuneración inferior a la del salario mínimo por hora” (www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_762645/lang–es/index.htm).

Las causas principales de esa situación son el incumplimiento de la ley o bien la exclusión de ciertas actividades laborales de la normativa marco. El estudio indica que prácticamente 1 de cada 5 países (el 18 % de los mismos a nivel mundial) que reconocen un ingreso mínimo por ley, excluyen de esa normativa a la-os trabajadora-os agrícolas y doméstica-os, o bien a ambos.

El desafío de un “ajuste salarial suficientemente frecuente” es crucial, enfatiza la organización internacional. Quien constata que en la práctica solo un país de cada dos -que cuenta con un salario mínimo reconocido por ley-, lo ajustó al menos cada dos años en la década 2010-2019. En ese periodo, el aumento real fue, en promedio, de 1.1% en África, 1.8% en las Américas, 2.5 % en Asia y 3.5% en Europa y Asia Central.

La organización internacional mira hacia al futuro. Y lanza como desafío que al prepararse para una nueva y mejor “normalidad”, la existencia de salarios mínimos adecuados- definidos por ley o negociados- podría contribuir a lograr más justicia social y menos desigualdad.

El PNUD, por su parte, estima que con voluntad política se podría evitar lo peor. Si se hicieran inversiones en la dirección establecida por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sería posible rescatar de la extrema pobreza a 146 millones de personas. Para ello, insiste, debería invertirse en esta década en programas de protección y bienestar social, gobernanza, digitalización, y en un cambio hacia la economía verde, así como en mejorar las capacidades productivas. Con un plan ambicioso de impulso a los Objetivos de Desarrollo también se disminuiría la brecha de pobreza en relación al género y se podría reducir en 74 millones el número de mujeres en estado de pobreza, concluye el organismo.
Realidad económica, caída salarial y aumento de la pobreza son tres ángulos de una misma figura. La disputa principal de los actores sociales -sindicatos, movimientos sociales- a nivel mundial es asegurar una mayor participación en la redistribución desde los ingresos sociales. Intentar, al menos, que el triángulo sea equilátero…

Sergio Ferrari, Suiza
COMCOSUR AL DÍA / AÑO 26 / Nº 2279 / miércoles 16.12.2020
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6) RECENSIÓN DE LOS SOCIOS DE DIOS, DE MERCEDES VIGIL
SIONISMO POR MANDATO DIVINO

Luis E. Sabini Fernández

La multipremiada escritora Mercedes Vigil es autora de un libro que se presenta como “novela histórica”, LOS SOCIOS DE DIOS.

La tapa da la pista segura: un sello lacrado con la estrella de seis puntas.

El Uruguay de mediados de la década pasada, era contemporáneo de la última etapa del gobierno venezolano enfrentado a EE.UU., antes de la muerte de Hugo Chávez, para muchos arteramente asesinado.

En ese marco, MV monta una galería de personajes y situaciones protagonizada por supereficientes agentes del MOSSAD.

Sabiendo que el MOSSAD es una máquina quitaobstáculos al poder sionista; traducido, de matar humanos considerados peligrosos para Israel, los protagonistas de esta novela de aventuras muestran la hilacha: son hermosas criaturas, cuerpos masculinos y sobre todo femeninos; una suerte de James Bonds, sólo que más bien con cuerpo de mujer.

MV titula su relato con un concepto que parece muy ligado a las acciones mossadianas: cada vez que ultiman un enemigo, limpian simbólicamente su puñal o su pistola espetando: “Los enemigos sabrán que soy el Señor cuando haga caer mi venganza sobre ellos”.

Como se ve, el mandato no es precisamente humilde. Sus asesinatos se basan en mandatos divinos.

Como diría el hincha ante su equipo vencido: “No hay con qué darles”.

Claro que MV se la hace fácil: tras doscientas páginas de persecuciones, secuestros, infiltraciones, asesinatos, la proteica protagnista se enfrenta en “la batalla final” con un archienemigo. Que vive en la soledad de una mansión en la costa del Mar del Norte. El fulano vive tan en guardia que una interrupción de la voluta del humo de su pipa lo pone sobreaviso de una visita “sorpresa”, ante la cual se esconde agazapado. Luego viene el “enfrentamiernto final”. Pero este personaje, todo un cuadro de la seguridad y la contrainsugencia, estaba en el caserón con puertas abiertas y desarmado…

MV nos presenta así, a dioses, diosas, invencibles (aunque siempre con una herida, una renguera…)
Una mistificación a secas.

Pero lo que llama poderosamente la atención es la estulticia de la autora para mostrar al otro, al enemigo (de dios), al persa, al obstáculo.

En primer lugar lo que se ha dicho siempre: una amalgama. “El otro bando” está constituido por comunistas, nazis, aristócratas monárquicos y chavistas, todos mezclados, como díría el inolvidable Nicolás Guillén. Todos juntos contra la CIA, el MOSSAD y el M16 británico.

‘Se la hace fácil’, parodiando a Pedro Navajas de Ruben Blades.

Pero lo más significativo, porque alcanza ribetes psiquiátricos, son las explicaciones y fundamentaciones de los “malos”.

Veamos uno: “un grupo tradicionalista-legitimista rumano: RLC (Rumanian Legitimist Cluster) [la autora lo escribe en inglés, aunque se da aires de conocer el idioma rumano]. Era un movimiento ultraconservador que apelaba a la violencia como forma de restituir la monarquía, partiendo de una legitimación divina del rey y sin importarle la aprobación popular. La idea del RLC era restablecer una legitimidad por la gracia de Dios [mayúscula de MV]. Realizaba campañas internacionales para obtener recursos económicos. En EE.UU., Francia e Inglaterra […].

Lea el lector atentamente el pasaje y sustituya a los legitimistas rumanos por… veamos:

‘un grupo tradicionalista-legitimador de la causa sionista. Era un movimiento que apelaba a la violencia como forma de restituir la monarquía bíblica, partiendo de una legitimación divina y sin importarle la aprobación. La idea del sionismo era restablecer una legitimidad por la gracia de Yahvé. Realizaban campañas internacionales para obtener recursos económicos en EE.UU., Francia, Inglaterra […].’

Coincide todo: mandatados por el bíblico dios para restablecer su legitimidad, recogiendo generosos apoyos en las colectividades judías de buena posición económica en EE.UU., Inglaterra, Francia… Sionismo 100%. Historia pura.

Pero MV no atiende este paralelismo que más bien revela su carácter proyectivo. Ùnicamente presenta “el bando de los malos” como un sancochado de chavistas, nazis, persas y comunistas.

MV le otorga el mismo fundamento “ideológico” a “tirios y troyanos”. Dudamos que lo advierta. No por carencias intelectuales, ciertamente.

Sino porque los que se sienten excelentes en su causa y más allá de toda sospecha, no son capaces de captar lo que tienen en común con aquellos que sienten proveniente de un círculo muy inferior.

Y se permiten las mayores iniquidades porque tienen garantía divina; mi excelencia proviene de mi dios; no tengo que rendir cuenta a nadie; ni a la democracia ni a los jueces ni a las víctimas arrasadas por mi mano. Es la mano de mi dios.

¿No suena como alocuciones de Netanyahu, Sharon, Begin o Lieberman?

Luis E. Sabini Fernández
COMCOSUR AL DÍA / AÑO 26 / Nº 2279 / miércoles 16.12.2020
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“La izquierda no puede pensar sólo en ganar elecciones. Necesita tener como meta fundamental organizar al pueblo, y recuperar la hegemonía de las ideas de la clase obrera en la sociedad. Recuperar los valores humanistas y socialistas, y practicarlos, como la solidaridad, la defensa de la justicia social y la igualdad entre todos los seres humanos.”
Joao Pedro Stedile – MST (Brasil)
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COMCOSUR AL DÍA ES UNA PRODUCCIÓN DE COMCOSUR / COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR / Desde el 19 de Junio de 1994 / Coordinación: Carlos Casares / Apoyo técnico: Carlos Dárdano.
Colaboran:
ALEMANIA: Alix Arnold (Colonia), Antje Vieth, Carlos Ramos, Ute Löhning (Berlín)
ECUADOR: Kintto Lucas (Quito)
HOLANDA: Ramón Haniotis (Amsterdam)
SUIZA: Sergio Ferrari (Berna)
URUGUAY: Silvio Amodei, Jorge Marrero, Jorge Zabalza

Carlos Iaquinandi Castro /Redacción de SERPAL
José Antonio Rocca /La economía de a pie
Luis E. Sabini Fernández /Revista Futuros
Sudestada, periodismo y transparencia (Uruguay)

COMCOSUR AL DÍA, ES UNA PRODUCCIÓN DE COMCOSUR / COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR / Coordinación: Carlos Casares – DIRECCIÓN POSTAL: Proyectada 17 metros 5192 E (Parque Rivera) 11400 MONTEVIDEO/URUGUAY / Comcosur se mantiene con el trabajo voluntario de sus integrantes y no cuenta con ningún tipo de apoyo económico externo, institucional o personal / Las opiniones vertidas en las distintas notas que integran este boletín no reflejan necesariamente la posición que podría tener Comcosur sobre los temas en cuestión / Comcosur integra la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) /
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COMCOSUR MUJER / AÑO 26 /No. 671/ lunes 14.12.2020 – Hoy:

1) Afganistán: Asesinan a la periodista Malala Maiwand
2) Guatemala: «Aquí la guerra nunca terminó»
3) México: Reconocen a Leydy Pech, defensora maya contra Monsanto y el Tren Maya
4) Panamá: Racismo impide a mujeres afropanameñas tener una vida plena
5) Uruguay: El movimiento feminista logró sacar del presupuesto la eliminación de los juzgados multimateria
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COMCOSUR MUJER /Fundado por Yessie Macchi / AÑO 26 / No. 671 – Lunes 14 de diciembre de 2020 / Producción: Beatriz Alonso, Belén Itza y Cecilia Duffau /Apoyo técnico: Carlos Dárdano
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1) AFGANISTÁN: ASESINAN A LA PERIODISTA MALALA MAIWAND

La periodista afgana Malala Maiwand y su conductor fueron asesinados a tiros este jueves por desconocidos armados en la provincia de Nangarhar, en el este de Afganistán, en un nuevo ataque selectivo en el país contra periodistas.

El tiroteo se produjo esta mañana hacia las 07.10, hora local (02.40 GMT), en la cuidad de Jalalabad, capital de Nangarhar, cuando la periodista se trasladaba de su casa a su oficina, indicó a Efe el portavoz del gobernador provincial, Attaullah Khogyanai
odista afgana Malala Maiwand, que fue tiroteada y perdió la vida hoy junto a su conductor en la provincia de Nangarhar, en el este de Afganistán.

En un breve comunicado difundido por uno de los canales de propaganda del EI en Telegram, el grupo afirmó que «los soldados del califato tuvieron como objetivo a la periodista leal al régimen afgano Malala Maiwand en la ciudad de Jalalabad con una pistola, lo cual llevó a su muerte».

Periodista y activista

Malala Maiwand, que trabajaba como presentadora en el canal de la televisión local Enakas y además desempeñaba un rol activo en la comunidad como activista de la sociedad civil, «fue asesinada a tiros junto con su conductor», precisó el portavoz.

El presidente afgano, Ashraf Ghani, condenó el asesinato de la periodista y su conductor al tiempo que pidió a las autoridades una investigación del ataque «terrorista».
«Los ataques a nuestros periodistas son un crimen inhumano e imperdonable», dijo Ghani en una declaración en la que prometió que el Gobierno hará todo lo posible por «proteger» y «promover» la libertad de expresión y la libertad de prensa.
Este es el más reciente de una serie de asesinatos selectivos cometidos en el país contra figuras prominentes de la sociedad civil.

Los ataque a periodistas, religiosos, defensores de los derechos humanos, y estudiantes han ido en aumento desde hace un año, coincidiendo primero con el acuerdo firmado en febrero entre Estados Unidos y los talibanes, y desde septiembre con el diálogo directo de los insurgentes con el Gobierno de Kabul en Doha.

Una decena de misiones diplomáticas en Afganistán, incluidas las de la Unión Europea, Estados Unidos y la OTAN, condenaron el pasado lunes, a través de un comunicado conjunto, esta ola de asesinatos que buscan acallar la diversidad de opiniones en el país.

EL (efe) / COMCOSUR MUJER Nº 671 – 14/12/2020
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2) GUATEMALA: «AQUÍ LA GUERRA NUNCA TERMINÓ»: REBECA LANE, LA MÚSICA GUATEMALTECA QUE COMBINA SU ARTE CON EL COMPROMISO SOCIAL Y LAS LUCHAS POPULARES

¿Para qué llorar? Se pregunta en su más reciente video Rebeca Lane, una de las artistas más potentes de Guatemala, que ya ha logrado traspasar fronteras para ser reconocida a nivel internacional por la calidad de una obra marcada por su compromiso político con las luchas populares, ya sea de los feminismos a los territorios.

Y se responde a sí misma: «Lloro porque esta ciudad me engulle / con sus grises fauces/ porque la lluvia desborda del río sus cauces / lloro porque era feliz pero no lo sabía / y ahora hay tantas familias cenando con sillas vacías».

A Lane, o mejor dicho, a Rebeca Eunice Vargas Tamayac, que es su verdadero nombre, le importa el mundo. Así lo refleja en sus letras raperas, en su poesía, en su trabajo como actriz, en su permanente y multifacético activismo.

«Para mí el arte ha sido una salvación, me ha permitido explicarme a mí misma, entenderme como una mujer centroamericana en estos tiempos, me ha permitido sacar la voz y hacer catarsis», dice la música en una entrevista con RT en la que aborda las recientes protestas que pusieron en jaque al gobierno de Alejandro Giammattei en Guatemala, un país que arrastra los fantasmas de sus casi cuatro décadas de guerra civil (1960-1996) y de decenas de miles de víctimas que jamás han tenido justicia.

También analiza con mirada crítica la revolución feminista en América Latina y las narrativas mediáticas que ensalzan las volátiles movilizaciones urbanas, mientras desprecian luchas campesinas ancestrales, sólidas y permanentes.

Mujeres

Hace seis años, Lane fundó ‘Somos guerreras’, un colectivo que aglutina a músicas de México y Centroamérica que pelean espacios dentro del hip hop.

«Mi objetivo era hacer alianzas, que, dentro de la cultura hip hop, se le dé más visibilidad al trabajo de mujeres, tanto en el espacio del escenario, del cártel. También es información, espacios de encuentro, de discusión, porque las mujeres en nuestra región tenemos especificidades que quizá en la totalidad del hip hop no son tomadas en cuenta. Incluso muchas de las violencias que vivimos son dentro de la cultura hip hop. Por eso este espacio ha sido muy importante», explica.

Con respecto a los feminismos en Guatemala, la artista, quien también es socióloga, cuenta que la movilización social después de la guerra ha sido muy difícil a pesar de que el sector de mujeres fue uno de los que, a partir de la firma de acuerdos de paz, pudo encontrar su propio espacio.

Lane explica que, antes de suscribirse la paz, las demandas de las mujeres estaban diluidas dentro de movimientos revolucionarios y, al igual que con otros derechos como los de los pueblos indígenas, siempre se pensó que era algo de lo que se iba a hablar cuando triunfara la revolución, pero nunca se les dio la importancia que merecían.

«Sin embargo, la firma de acuerdos de paz marcó una oportunidad para que movimientos específicos tuvieran mayor auge y pudieran realmente plantear cuáles eran sus necesidades particulares. A partir de ese momento, el movimiento de mujeres se comenzó a articular aquí, pero la movilización social sigue siendo muy estigmatizada. Aunque aquí hubo acuerdos de paz, la guerra nunca terminó», sostiene. Su argumento es que el Estado jamás cumplió lo pactado.

«Una de las cosas que el Estado logró afianzar fue la lucha ideológica, en complicidad con los medios de comunicación, de una cultura anticomunista que viene de los años de la guerra que establece que, a quien le pasa algo, es porque estaba metido»

«Las razones por las que las personas estaban luchando en movimientos políticos de base nunca se resolvieron. La pobreza, la discriminación, el machismo y la explotación siguen siendo algo que ha continuado, pero una de las cosas que el Estado logró afianzar fue la lucha ideológica, en complicidad con los medios de comunicación, de una cultura anticomunista que viene de los años de la guerra que establece que, a quien le pasa algo es porque estaba metido. Entonces lo mejor es no decir nada, no manifestarte, no luchar por tus derechos, porque si no, te puede pasar lo mismo que a las víctimas de la guerra y del genocidio de las desapariciones forzadas», explica.

Por eso, dice, aunque el movimiento de mujeres existe, no se ven grandes manifestaciones como en México y Argentina, que son masivas, ya que hay un clima de represión y de impunidad muy graves.

«Las atrocidades calan en lo profundo en las mujeres», denuncia Lane. Y pone como ejemplo el caso de las 56 niñas que, el 8 de marzo de 2017, estaban encerradas en un aula dentro de un hogar al resguardo del Estado que se incendió. A pesar de las llamas, las autoridades no abrieron el recinto. El resultado fue que 41 menores murieron y las sobrevivientes quedaron con terribles secuelas.

«A la fecha no ha habido atisbo de justicia y reparación, el Estado no ha asumido su responsabilidad. Entonces, cuando hay crímenes hacia niñas, hacia mujeres, desde los discursos del Estado se estigmatiza a las mujeres que luchan no solo por los derechos de la agenda feminista, sino sobre todo por los derechos territoriales a los que muchas están siendo enfrentadas, como el despojo de sus tierras. Esta criminalización es una de las razones por las que el movimiento de mujeres se mantiene muy bajo del agua», señala.

Una ausencia

En 1982, dos años antes de que Lane naciera, su tía Rebeca Eunice Vargas Braghiroli fue secuestrada y desaparecida por la dictadura. La tragedia marcó para siempre a su familia y a ella misma, aunque ha intentado reformularla para construir su identidad personal.

«El hecho de venir de una familia con un compromiso político claro ha marcado lo que he llegado a ser. La desaparición de mi tía marcó la vida familiar, como pasó con muchas familias en Guatemala. Hay 45.000 desapariciones forzadas contabilizadas desde que terminó la guerra, pero hay muchos casos que nunca fueron reportados, así que es probable que este número sea incluso aun mayor», recuerda.

A pesar de que le pusieron el mismo nombre de su tía, le gusta reivindicar su propia historia. «El compromiso que tengo también tiene que ver con mi historia personal y no solamente con la de ella. Entiendo que muchas de nuestras familias han intentado que la memoria histórica perviva, pero también es importante reafirmar nuestra identidad y razones de lucha, si bien hay una continuidad», defiende.

En ese proceso, añade, su obra ha ido cambiando, en parte también porque comenzó a viajar y a conocer otras miradas que la enriquecieron.

«En ese urbanocentrismo que tiene la mayoría del feminismo como movimiento en nuestros países, se nos ha olvidado ver precisamente hacia territorios donde hay mujeres que nos anteceden»

«Escucho las canciones que escribía hace ocho, nueve años, y me encuentro que hay muchas cosas que ya no las pienso o formulo igual, que he encontrado otras formas de expresarme. Mi gran escuela ha sido la escucha. A partir de cantar se me han abierto puertas para conocer muchos lugares en el mundo, participar de espacios muy valiosos y conocer distintas experiencias de feminismos. Me ha sensibilizado muchísimo respecto a las luchas y a las diferencias que tenemos. Pensamos que nombrarnos feministas acá o en Argentina es lo mismo, pero es distinto porque nuestras condiciones son distintas, en ese escuchar he nutrido muchísimo mi perspectiva», explica.

Cuando comenzó a hacer música se definía como feminista, rememora, pero hoy, ocho años después, se da cuenta de que en verdad no sabía mucho más que lo que su pequeño contexto le había mostrado. Solo así entendió que el aprendizaje no se termina nunca y que con cada situación la comprensión de la vida adquiere diferentes matices.

«Para mí es una de las cosas más maravillosas que me ocurren y creo que es algo que también intento mostrar en la música. Escuchando disco tras disco mío yo también voy encontrando cómo mi voz va cambiando, cómo se va encontrando con otras formas de expresarse, con permitir que las experiencias me transformen, no llegar solo como testiga, sino también permitir que todo lo que estoy escuchando me interpele», dice.

Territorios

El crecimiento personal le permitió a Lane aguzar el análisis y darse cuenta de que algunos feminismos no alcanzaban a satisfacer las demandas que se expandían fuera de las capitales, tanto en Guatemala como en la mayoría de los países de América Latina.

Por eso, en estos momentos una de las luchas más importantes para ella son las territoriales, ya que considera que los feminismos de las grandes ciudades se han concentrado en una agenda política que tiene que ver más con leyes, con la interacción entre las peticiones y el Estado.

«En ese urbanocentrismo que tiene la mayoría del feminismo como movimiento en nuestros países, se nos ha olvidado ver precisamente hacia territorios donde hay mujeres que nos anteceden. Las luchas anticoloniales contra los despojos de territorios tienen muchos más años de los que nosotros conocemos como feminismos, son nuestras ancestras. Estoy hablando de hace 400, 500 años, y ya llevaban este tipo de luchas antipatriarcales en los territorios. Es muy importante reconocer en la resiliencia, en la experiencia, esa fortaleza», advierte.

Más que pensar en una agenda política de derechos que el Estado tiene que ceder, propone plantear la autodefensa de los territorios, porque en Centroamérica la tierra, el agua, los bosques, los ríos, están siendo destruidos de manera voraz por las empresas trasnacionales y los monocultivos, y si no hay una base territorial sobre la cual construir la vida, todos esos derechos políticos por los que están luchando los feminismos serán inútiles.

«Es decir: si en algún momento logramos que se despenalice elaborto, pero no hay un territorio en el que la vida pueda crecer a partir de una forma digna, libre, entonces esos derechos se van a quedar en papel. Acuerpar las luchas de las mujeres defensoras del territorio para mí ahorita es una cosa vital. Nombrarlas, escucharlas, utilizar los medios que tenemos para que sus voces sean escuchadas», señala.

¿Estallido?

El pasado 22 de noviembre, las imágenes del Congreso de Guatemala en llamas dieron la vuelta al mundo. Fue quemado por manifestantes que se lanzaron a las calles, en una inusual protesta masiva, para repudiar el recorte de presupuesto a la salud y a los derechos humanos.

Parecía que se replicaba la espontaneidad y el hartazgo recientemente ocurridos en Perú a raíz de la destitución de Martín Vizcarra, o la crisis chilena del año pasado, que derivó en un plebiscito para redactar una nueva Constitución. Pero Lane no está tan segura de que así sea.

«Se dice: ‘Guatemala despertó’, pero Guatemala siempre ha estado despierta, porque no es la ciudad, siempre ha estado movilizada, desde la Conquista, estas han sido tierras de pueblos rebeldes»

«Hay que entender qué cuerpos y movilizaciones ocupan la agenda pública. Si aquí en la ciudad se mueven personas que en su mayoría son mestizos, ladinos, blancos, hay una visibilidad mucho mayor que si se movilización las comunidades indígenas en sus territorios. Cuando se habla que en 2015 también hubo manifestaciones masivas que tuvieron como desenlace que renunciara el presidente Otto Pérez Molina, se dice: ‘Guatemala despertó’, pero Guatemala siempre ha estado despierta, porque no es la ciudad, siempre ha estado movilizada, desde la Conquista, estas han sido tierras de pueblos rebeldes», precisa la artista.

Con respecto a la crisis de las últimas semanas, señala que, si bien es cierto que hay hartazgo y rabia contra el gobierno, esas protestas no pueden ser el parámetro de lo que ocurre en todo el país.

«En la ciudad las movilizaciones son por cosas puntuales, pero en los territorios esas luchas se quedan. En la ciudad se quedan en el maquillaje. En las primeras dos movilizaciones (en la capital) hubo represión y presos, pero en la última hay cosas que quedan en duda, ¿será que fue genuinamente la rabia de la gente o había un plan gubernamental para poder reprimir? Se queman unos buses, se quema el Congreso, pero la forma en que ocurrió es muy sospechosa», lamenta.

Lane afirma que en las protestas se mezclaron manifestantes genuinos con otros que no lo eran tanto.

«Esa duda ha desmovilizado mucho y se va a reducir más porque eso es también lo que tiene la ciudad: es muy volátil, se mueve en base a emociones, no a proyectos políticos. Claro, la indignación sacó a la gente a las calles pero la indignación dura poco y no es un proyecto político, si detrás no hay una organización colectiva, se desmovilizan», explica.

Lane hace a un lado la actualidad política por un rato. Cuenta que, en medio de la agitación social de Guatemala, puede seguir desarrollando una obra que se populariza cada vez más a pesar de no tener ni buscar el apoyo de la industria musical ni de los medios tradicionales.

«Este espacio no se lo debo a nadie más que a la gente que necesita escuchar lo que yo y otras personas estamos haciendo», dice. Y que, por lo que se ve, son multitudes.

RT / Cecilia González / COMCOSUR MUJER Nº 671 – 14/12/2020
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3) MÉXICO: RECONOCEN A LEYDY PECH, DEFENSORA MAYA CONTRA MONSANTO Y EL TREN MAYA

La apicultura y defensora maya Leydy Araceli Pech Martín fue galardonada con el Premio Goldman 2020, el reconocimiento ambiental más importante a nivel mundial.

Conocida como «La guardiana de las abejas», Pech lideró la lucha contra la siembra de soya transgénica de Monsanto en Hopelchén, Campeche, y ha trabajado por el cuidado y la preservación de la abeja melipona beecheii.

“La Corte Suprema de México dictaminó que el Gobierno violó los derechos constitucionales de los mayas y suspendió la siembra de soja genéticamente modificada. Debido a la persistencia de Pech y su coalición, en septiembre de 2017, el Servicio Agrícola y de Alimentos de México revocó el permiso de Monsanto para cultivar soja modificada genéticamente en siete estados”, señaló The Goldman Environmental Prize al dar a conocer a los galardonados.

Pech declaró a BBC que «no sólo ha sido una lucha contra Monsanto, sino contra todo el modelo de desarrollo agroindustrial que se ha impuesto en México y que nos está perjudicando».

La defensora maya también ha participado en la lucha de las comunidades de la Península de Yucatán contra el Tren Maya, pues asegura que el megaproyecto devastará el ecosistema en la región y afectará el hábitat de las abejas y su producción de miel.

El Premio Goldman es considerado como el Premio Nobel del medio ambiente. Este lunes, Leydy Pech se convirtió en la primera mujer mexicana en ser galardona con el Premio, con el que también fueron reconocidos ambientalistas como Berta Cáceres, de Honduras, e Isidro Baldenegro, de México.

Desinformémonos / COMCOSUR MUJER Nº 671 – 14/12/2020
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4) PANAMÁ: RACISMO IMPIDE A MUJERES AFROPANAMEÑAS TENER UNA VIDA PLENA

El informe del PNUD denuncia que las mujeres afropanameñas sufren una triple discriminación: por ser negras, mujeres y, en muchos casos, pobres.

Las mujeres afrodescendientes en Panamá enfrentan una serie de obstáculos derivados del racismo y la pobreza que les impiden tener una vida plena, destaca un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) presentado este jueves (10.12.2020).
En el país centroamericano, «las mujeres afrodescendientes enfrentan una serie de obstáculos y desigualdades que les impiden alcanzar su desarrollo humano, aprovechar todo su potencial y capacidades para vivir una vida digna», afirma el estudio en el que también participó el Instituto Nacional de la Mujer de Panamá.

«El racismo atraviesa todas las esferas y segmentos de población en el país y se suma al entramado del mundo global, donde pareciera que las prácticas racistas y distintos tipos de discriminaciones aparecen -o reaparecen- con fuerza», agrega el documento.
Un cuarto de la población de Panamá es de origen afrodescendiente, principalmente trabajadores caribeños que llegaron en los siglos XIX y XX para la construcción del ferrocarril y del Canal interoceánico.
«El reporte que presentamos hoy nos confirma que la desigualdad va más allá del ingreso», dijo la representante residente del PNUD en Panamá, Linda Maguire. «Las generaciones actuales siguen enfrentadas a situaciones similares (a las) que vivían sus madres y abuelas, como tener que optar entre estudiar o trabajar», añadió.

El informe del PNUD denuncia que las mujeres afropanameñas sufren una triple discriminación: por ser negras, mujeres y, en muchos casos, pobres. Esta situación provoca que tengan un peor acceso a servicios de salud y educación de calidad, ya que deben realizar tareas domésticas de manera exclusiva, no tienen recursos económicos o no hay programas educativos o sanitarios cerca de sus comunidades. Esa circunstancia compromete su futuro profesional y, por tanto, la obtención de mejores trabajos y con más altos salarios, lo que termina por perpetuar el círculo de pobreza.

Según el documento, el 10 por ciento de las mujeres afrodescendientes con mayor índice de pobreza no sabe leer, mientras que el 68 por ciento de este grupo no dispone de seguridad social, el 90 por ciento de las que trabajan lo hace de forma precaria y 30 por ciento no posee acceso a internet.

El informe destaca igualmente que, a pesar de que la educación de calidad y el ascenso social han contribuido a mejorar la forma de vida de las afropanameñas, esas condiciones tampoco han evitado «ser objeto del racismo». Hay mujeres afropanameñas «que han logrado altos niveles de educación y excelente desempeño laboral» y reciben «un trato discriminatorio por su etnia e identidad cultural», declaró Maguire.
Afp, radio panamá / COMCOSUR MUJER Nº 671 – 14/12/2020
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5) URUGUAY: EL MOVIMIENTO FEMINISTA LOGRÓ SACAR DEL PRESUPUESTO LA ELIMINACIÓN DE LOS JUZGADOS MULTIMATERIA

La lucha llevada adelante por distintos colectivos feministas logró que el 25 de noviembre la Comisión del Senado no aprobara la eliminación de los juzgados multimateria, y ahora depende de la Suprema Corte de Justicia para que destine presupuesto para su funcionamiento. Compartimos la entrevista realizada por Espika FM el 26 de setiembre a Soledad González, integrante de Cotidiano Mujer y de la Intersocial Feminista, en el que explicaba el impacto del proyecto de presupuesto en las políticas de género, y los pasos que llevarían adelante desde la Intersocial Feminista.

-¿Qué implicancias tiene este Presupuesto en políticas de género?

-Con la Intersocial Feminista estuvimos analizando el Presupuesto con compañeras del Colectivo Lado F de la Economía, que en su mayoría son economistas, para que nos asistieran en la lectura. Uno de los primeros problemas que encontramos en la Ley de Presupuesto es que no se señalan los gastos con perspectiva de género que se destinarían a combatir la desigualdad. El gobierno pasado había implementado el etiquetado de género, ¿qué es eso?, cada Ministerio identifica qué rubro del presupuesto que plantea está destinado a reducir las brechas de género. Pero en este Presupuesto eso no está señalado. Nos dijo la directora de Inmujeres, Mónica Bottero, que hay 40 millones de pesos destinados a fortalecer algunos servicios en el interior del país, de atención. Y esos 40 millones no se ven, no sabemos dónde están puestos, lo que complica no sólo tener realmente claridad de cuánto dinero se destina, sino de, los años que vienen, poder hacerle un seguimiento a esos gastos a ver si fueron rubros que realmente se ejecutaron en el plan inicial. Nosotras hemos hecho bastante foco en el tema de la presupuestación de la Ley Integral contra violencia de género… En el rubro INMUJERES no habría los recortes que hay en otros organismos del Estado. Por ejemplo, en los planes del Mides es una preocupación que tenemos porque la enorme mayoría de los usuarios del MIDES son mujeres jefas de hogar, entonces el recorte de los planes sociales impacta directamente en las mujeres y sobre todo en las más pobres. También nos cuesta ver exactamente qué se recorta y dónde impacta. Cuesta poder prever esto.

-O sea que en el Presupuesto no está discriminado el dinero que va para determinadas políticas…

-No. Y esto es como general. El Presupuesto tiene bolsas de dinero pero no están detalladas las políticas que van dentro de cada rubro.

-Difícil para hacer un seguimiento…

-(…) Nosotros estuvimos en la Comisión de Presupuesto de Diputados reclamando presupuesto para la Ley… pero te faltan argumentos para poder hacer planteos serios y concretos. (…) También hay una cláusula gatillo que tiene el Presupuesto que ya fue votada en el marco de la LUC, que es que si no se cumple con la regla fiscal, se recorta. O sea que aun lo que obtengamos de incremento (que la vicepresidenta está comprometida en destinar recursos reales), si mañana no se llega a la meta fiscal, te lo recortan.

-Lo que se planteaba a nivel general de Presupuesto, que va en la línea del “bolsón”, es que le da mucha discrecionalidad, más allá de la regla fiscal, al Ejecutivo de mover rubros, que debe ser justamente por esto de que son grandes bolsas de dinero. ¿Y a nivel del texto de Presupuesto?

-A nivel de texto tenemos una preocupación muy grande, porque esto sí no involucra dinero pero sí involucra un cambio muy importante en la Ley Integral de Violencia de Género, y es que la Ley Integral creó una cosa que se llaman Juzgados Multi-materia, (…) eliminan los juzgados multi-materia, que nunca los llegó a implementar el Poder Judicial. Ahora los borra, para que sigamos funcionando como hasta ahora: las mujeres pasando por cada uno de estos juzgados cuando tienen una situación de violencia doméstica, porque en cada uno de ellos se arreglan problemas distintos. Se pierden la integralidad y la visión global de la ley; se sigue exponiendo a las mujeres a una revictimización infinita, y eso nos tiene muy preocupadas, porque además demuestra una falta de voluntad absoluta del Poder Judicial de implementar la Ley, después de tres años, y lo viene a plantear ahora: eliminar los juzgados cuando nunca lo dijo. Antes reclamaba 30 millones de dólares para implementarlos, después reclamó 10 millones de dólares para implementarlos y ahora directamente los quiere derogar, y esto es grave, porque es una política votada por el Parlamento Nacional, que el Poder Judicial se niega a aplicar. Esta es la verdad.

-¿Y el recorte es el en proyecto presupuestal? ¿Cómo juega el Poder Judicial?

-Ellos plantearon el artículo que elimina los juzgados.

-¿Cómo es la composición de la Suprema Corte de Justicia?

-Hoy, tres y dos. Hay tres varones y dos mujeres. Pero más allá de su integración con mujeres, no es una Suprema Corte sensible al problema del género. Hace dos años se eliminó la Unidad de Género del Poder Judicial, lo que muestra que no hay ninguna intención de aplicar perspectiva de género, ni impulsarla en la aplicación de los diferentes juicios, ni materias que atienden.

-¿También se hablaba de Juzgados especializados en Violencia de Género? ¿Es lo mismo?

-No, porque la gente no entiende, hace un entrevero… Juzgados especializados es lo que hay hoy en Montevideo. ¿Qué es el Juzgado especializado? Yo tengo una situación de violencia ahora con mi pareja, voy al Juzgado especializado o voy a la Policía y la Policía llama inmediatamente al Juzgado especializado y el juez en ese momento ordena lo que conocemos habitualmente como ‘medidas de protección’ o ‘medidas cautelares’ (por ejemplo, prohibición a que mi pareja se comunique conmigo, a que se acerque por tres meses, y lo establece por 180 días); lo que te da es un tirón de protección mientras el proceso judicial avanza, con los alegatos tanto míos como de mi pareja. Pero si la situación de violencia amerita un delito (por ejemplo, fui amenazada de muerte), eso tiene que pasar por la Justicia Penal. Y si yo además tengo hijos con mi pareja (…) después tenés todo el proceso de tenencia, Juzgado de Familia, pensión alimenticia, regla de visitas… las cosas habituales de una pareja que se separa. O sea, vos ahí ya tenés tres Juzgados distintos, con tres jueces distintos, que incluso pueden llegar a resolver cosas contradictorias…

-¿La ley lo que propone es que un único juzgado multi-materia aborde el tema integralmente?

-Exacto, que el juez de ese juzgado conoce mi caso desde toda la perspectiva: desde la perspectiva Penal, de Familia, la Especializada para el sistema de protección. Tiene todos los elementos a la vista para atender el caso con una visión integral… También hay un ahorro de tiempo, de trabajo.

-Esos Juzgados especializados, en el interior del país, ¿existen?

-No. Esos juzgados no existen y en el interior no están implementados. Eso es lo que están diciendo que van a implementar. Pero nada de eso está claro aún. Hablan de una implementación progresiva, que terminaría siendo en el 2024, si es que termina siendo… Este tema siempre se tira para atrás. El sistema político habla de esto, pero después no lo asume.

-¿Hay algún otro punto de la implementación de la ley que se vea afectado por el Presupuesto?

-Si no hay Presupuesto no hay implementación. Esa es la realidad. Y hay muchos puntos. Nosotras solicitamos que haya servicios las 24 horas, los 365 días del año, en todas las capitales del país, por lo menos. Eso sale 10 millones de dólares. Hasta ahora, hay 1 millón puesto para esto. (…) Pero vos tenés niños que han sufrido abuso sexual que esperan un año en ser atendidos por personal especializado, porque los cupos están saturados, en Montevideo; en el interior creo que es peor. Son servicios que dependen de INAU, no de INMUJERES. Y para eso no he visto que haya aumentado ningún rubro…

-A nivel del MIDES hay algunas políticas que no se sabe bien si van a seguir… para las familias más vulnerables (…), políticas que son fundamentales.

-Están eliminando programas y nos enteramos por la vía de los hechos. (…) Sabemos porque están circulando placas de trabajadores de los servicios SOCAT, que también están cayendo los contratos, pero porque lo están denunciando ellos, los trabajadores.

-Los SOCAT, que cumplen un servicio esencial de por lo menos vincular a las mujeres con los servicios que hay: informales qué servicios hay disponibles y cómo acceder.

-Exacto, a la gente que está muchísimo más vulnerada y más lejos.

-¿Cuáles son los pasos que se plantea el movimiento feminista para revertir esta situación?

-Nosotras estamos tratando de hacer incidencia política: hemos pedido reuniones con las bancadas, con la vicepresidenta, estamos haciendo una campaña en redes donde ponemos las cosas que nosotras creemos que tiene que haber. Y también estamos en las movilizaciones. Nosotras integramos la intersocial, la que ha convocado el PIT-CNT con la FEUU Y FUCVAM. La Intersocial Feminista está ahí adentro y el presupuesto para implementar la Ley es parte de la plataforma de esta articulación bien amplia del movimiento social.

Espika FM 90.7 / COMCOSUR MUJER Nº 671 – 14/12/2020
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“Siempre he partido de una idea elemental: la de que la verdad no necesita ser justificada por la adecuación a un objetivo superior. La verdad es la verdad y nada más. Debe ser servida, no servir.”
Eugenia Ginzburg / “El vértigo”.
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COMCOSUR MUJER ES UNA PRODUCCIÓN DE COMCOSUR / COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR
1994 – 19 de junio – 2020 – 26 años
Coordinación: Carlos Casares – DIRECCIÓN POSTAL: Proyectada 17 metros 5192 E (Parque Rivera) 11400 MONTEVIDEO/URUGUAY / Comcosur se mantiene con el trabajo voluntario de sus integrantes y no cuenta con ningún tipo de apoyo económico externo, institucional o personal / Las opiniones vertidas en las distintas notas que integran este boletín no reflejan necesariamente la posición que podría tener Comcosur sobre los temas en cuestión / Comcosur integra la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC)/
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COMCOSUR INFORMA AÑO 26 – No. 1990 – 11.12.2020 – Hoy:

1) Argentina, Córdoba: Radio Sur cumple 32 años de pasión por la Comunicación Popular
2) Argentina: 35 años de la sentencia del Juicio a las Juntas: “Señores jueces, Nunca Más” /Ailín Bullentini
3) Uruguay: Un país inteligente… /Luis E. Sabini Fernández
4) Uruguay: Seguridad social – Diagnóstico a pedido /José Antonio Rocca
5) Uruguay: Criadero de esturiones con riesgo de cierre por deudas /Víctor L. Bacchetta
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VEO VEO – Propuestas y comentarios de Henry Flores – Hoy:

I. Feria de Arte Impreso en Tribu Café
II. Concierto Italia de película
III. Sofia Gabard y Membrillo del Japón
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COMCOSUR INFORMA AÑO 26 – No. 1990 – 11.12.2020
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1) ARGENTINA, CÓRDOBA: RADIO SUR CUMPLE 32 AÑOS DE PASIÓN POR LA COMUNICACIÓN POPULAR

RIC – Red Informativa Comunitaria

Radio Sur 90.1 FM cumple 32 años de vida, sueños, luchas y palabra compartida este 10 de diciembre. Nacimos el Día Internacional de los Derechos Humanos, como marca de identidad y horizonte de lucha. A 32 años seguimos andando con nuestro perfil comunitario y participativo. Les invitamos a acompañarnos con la vista puesta en el horizonte de los sueños

Hacemos radio con la frescura de la vida cotidiana, la cultura y la mirada desde los sectores populares. Nuestros oyentes buscan en la radio compañía, información, música de su preferencia, y también esperan que les interpelemos como ciudadan@s. Les invitamos a hablar, discutir y reflexionar sobre temas políticos, barriales, de la ciudad, del país y del mundo.

Como radio comunitaria nuestros objetivos son: facilitar la expresión de todas las personas, en especial de los más pobres y excluidos de la sociedad. Como radio acompañamos a nuestr@s oyentes, participamos de sus problemas, sus proyectos, sueños y alegrías. Al mismo tiempo somos un medio plural que facilita debates, confrontación de ideas, la búsqueda de consensos y soluciones a problemas concretos para alcanzar una vida digna.

Nuestra finalidad es la transformación social orientada a la construcción de un país y un mundo más justo, con los pies en la tierra y la voz en el aire, con granitos de arena que se suman a la esperanza de construir esperanzas colectivas.

Radio Sur es propiedad de CECOPAL (Centro de Comunicación Popular y Asesoramiento Legal), Asociación Civil sin Fines de Lucro reconocida por el Gobierno de la Provincia. de Córdoba mediante Resolución N° 285 A/86. CECOPAL es una organización No Gubernamental que acompaña a vecinos y vecinas de barrios periféricos en sus luchas por una mejor calidad de vida, el ejercicio pleno de sus derechos ciudadanos, económicos, sociales y una mayor participación cultural y política.

NdeR: Desde Montevideo, viaja un abrazo fuerte que les abrace a todos y todas las que participaron y participan de Radio Sur FM de Córdoba, en este festejo de ¡32 años de Radio Comunitaria, popular y colectiva! Beatriz Alonso, Carlos Dárdano, Henry Flores, Belén Itza, Cecilia Duffau y Carlos Casares. /COMCOSUR

RIC – Red Informativa Comunitaria /Radio Sur 90.1 FM / Henry Flores
COMCOSUR INFORMA AÑO 26 – No. 1990 – 11.12.2020
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2) ARGENTINA: 35 AÑOS DE LA SENTENCIA DEL JUICIO A LAS JUNTAS: “SEÑORES JUECES, NUNCA MÁS”

Por Ailín Bullentini /Página 12 /Nodal /09.12.2020

“Nunca más”: se cumplen 35 años del juicio a las juntas militares

El 9 de diciembre de 1985 León Arslanián era la voz de una decisión histórica que tomaron, unánimemente, él y otros cinco jueces y, a través de ellos, la sociedad argentina: los secuestros, las torturas, las desapariciones, las muertes, los robos, de la última dictadura cívico militar eran crímenes y sus responsables debían ser condenados. Aquel día, después de ocho meses de juicio, la Cámara Federal condenó a cinco de los nueve integrantes de las tres juntas militares de aquel golpe de Estado por aquellos hechos, Jorge Rafael Videla y Emilio Massera incluidos, y la sentencia, si bien estableció una base para comprender aquellos hechos (un piso del que nadie podía bajar) no logró zanjar los conflictos que por entonces fragmentaban al país en cuanto a la lectura de ese pasado que le respiraba en la nuca. Para el sociólogo Diego Galante, 35 años después, la valoración de aquel momento histórico “aún está en disputa”. “La valoración del juicio y la condena a las juntas militares en la historia de la democracia argentina está en disputa: una línea plantea que fueron los padres fundadores de la democracia y de la lucha contra la impunidad, el primer paso del proceso de los juicios por delitos de lesa humanidad actuales a pesar de la elipsis de más de una década; otra, que son los juicios actuales lo que en forma retrospectiva permitieron una recuperación, una especie de rescate de aquel juicio y aquella condena”, propone Galante, invitado por este diario a seguir reflexionando sobre aquel proceso mucho más que judicial que analizó para su tesis doctoral en Ciencias Sociales y de cuya conclusión, mañana, se cumplen 35 años. 800 palabras leyó, más o menos, Arslanián aquel 9 de diciembre. La sala estaba llena. Los integrantes de las tres juntas militares que habían deshecho el país poquísimos años antes, presentes: de trajes civiles, peinados a la gomina, jóvenes, culpables de punta a punta. El fallo unánime de los seis camaristas federales –Jorge Torlasco, Ricardo Gil Lavedra, Jorge Valerga Araoz, Guillermo Ledesma y Andrés D’Alessio además de Arslanian– habló de “detenciones violentas”, de “mantenimiento de las personas en detención clandestina”, de “interrogatorios bajo tormentos” y “eliminación física” de personas, de “saqueo de bienes”. Y también habló de “bandas terroristas”, de la “responsabilidad” de las Fuerzas Armadas en “la represión de la subversión”.

Condenó a Videla y a Massera a prisión perpetua; a Roberto Viola a 17 años de cárcel; a Armando Lambruschini a 8; a Orlando Agosti a 4 años y seis meses de encierro. Omar Rubens Graffigna, Arturo Lami Dozo, Leopoldo Galtieri y Jorge Anaya resultaron absueltos.

La sentencia llegó tras ocho meses de juicio, “un fenómeno colectivo, mucho más que un evento jurídico concreto”, en el que participaron actores múltiples y sobre el que “se entretejieron múltiples lecturas sobre el pasado dictatorial y su criminalidad, y poniendo en foco sus memorias y conflictos sobre el presente y lo que se esperaba de él”, aclara el doctor en Ciencias Sociales que basó su tesis de doctorado en este proceso, el juicio a las Juntas. El trabajo fue publicado bajo el título: El Juicio a las Juntas. Discursos entre política y justicia en la transición argentina.

La sorpresa

En ese marco, “la condena suscitó sorpresa –resalta Galante–. Fue sorprendente para la escena judicial, para un amplio espectro político y en definitiva para la sociedad en general el hecho de que finalmente la Argentina de la transición lograra concluir un acto jurídico sobre ese pasado criminal que aún estaba muy presente y, más aún, con una condena”. Hay una imagen que lo ilustra: el silencio que se apropió de la sala de audiencias tras la lectura de Arslanián. Propone el investigador de Memorias Sociales del Instituto Gino Germani: “Por contraposición al estruendo de aplausos que acompañó el cierre del alegato de (el fiscal Julio César) Strassera, el silencio que llegó tras la sentencia es representativo del impacto que generó. En la sociedad que dejó mudos a todos”. –¿Sorprendió para bien o para mal?–La sorpresa debe entenderse en el contexto de la sociedad argentina de la transición, tan conflictiva como fragmentada. El juicio estuvo acompañado de amenazas permanentes a fiscales, jueces, funcionarios, secuestro de testigos, amenazas de bomba. Alfonsín había tenido que decretar un Estado de sitio. El estupor tuvo que ver en parte, también, con cierta desazón que causaron las condenas sobre todo en las agrupaciones de derechos humanos, si bien en la mayor parte del espectro político la sentencia fue celebrada. Los organismos no esperaban máximas condenas para algunos jerarcas de las juntas, pero tampoco las absoluciones. Y esa desazón luego se abre en diferentes caminos. Las Madres emiten un comunicado muy duro en el que vincula el juicio a las Juntas con la falta de voluntad del Gobierno de perseguir penalmente a los militares. Le llaman “simulacro”. En otros organismos, como CELS o la APDH, a pesar de las absoluciones, que fueron condenadas, se valoró mucho el avance judicial como el primer registro de que aquel había sido un comportamiento criminal, sistemático y planificado. Y subrayan el punto 30 de la sentencia, en el que la Cámara Federal ordena continuar investigando la participación de grados subalternos a los jefes de las fuerzas. No obstante, la sospecha de que una salida “política”, fuera amnistía u otra, no se apagaba.

“La alerta sobre la salida política era permanente, incluso antes del juicio. Y justificada además, porque durante el desarrollo del juicio emergen varias informaciones cruzadas desde el Gobierno. Algunos funcionarios hablaban a favor del desarrollo de la Justicia y otros planteaban que era necesario ‘cerrar la cortina’” del pasado con amnistías. Alfonsín mismo debe salir a responder políticamente”. Los temores, no obstante, no eran infundados: no llegó una amnistía, pero sí las leyes de Punto Final, de Obediencia debida y, finalmente, los indultos.
Legado y deudas
Hay un legado de esa sentencia que perdura hasta nuestros días. Y ese es el “reconocimiento del carácter criminal de un régimen que se concibió al margen de la ley y que implementó prácticas de lo más inhumanas para reprimir”, puntualiza el especialista. Porque, opina, “tras el Juicio a las Juntas nadie puede negar en buena fe lo que ocurrió en la dictadura, se acabaron las estrategias negacionistas, o quedan en eso, negacionismo, los desaparecidos de ninguna manera están en Europa como hasta entonces creía gran parte de la sociedad. La sentencia viene a sancionar con la fuerza de la verdad que lo que sucedió fue un crimen”.

Sin embargo, aquello estuvo lejos de zanjar las divisiones que fragmentaban a la sociedad argentina de la transición democrática. “Por el contrario, las amplifica”, asegura Galante. “El juicio y la sentencia amplificaron los conflictos existentes, funcionaron como caja de resonancia en donde quedaban expuestas las representaciones divergentes sobre el pasado que estaba bajo análisis y sobre lo que debía esperarse por venir”. –¿Por qué esto es así?– Pues porque si bien en términos jurídicos, la sentencia no pone en duda el carácter criminal de los métodos elegidos por las Juntas, “se apropia de los conflictos culturales persistentes en la sociedad y, en su análisis, los vuelca”. Amplía Galante: “En la primera parte de la sentencia está argumentado en términos históricos lo acontecido en el país bajo los términos de una guerra antisubversiva, los jueces apelan al lenguaje militar para describir los hechos: hablan de terrorismo subversivo, términos que no son cuestionados”. Sus repercusiones hacia adentro y hacia afuera de los derechos humanos.

Más allá de que la condena haya dejado en claro el cáracter criminal del desempeño de los militares, y de que tras lo ocurrido durante ocho meses en la sala de audiencias los gobiernos de Raúl Alfonsín y Carlos Menem hayan barrido –por presiones, por incapacidad de resolver los conflictos que atravesaban a la sociedad, o el motivo que fuere– con las condenas logradas, hubo un aspecto de lo ocurrido durante la dictadura al que el proceso de enjuiciamiento a las Juntas no alcanzó siquiera a desarmar para revisar: el carácter político y económico del Golpe y de sus crímenes; el modelo de país que se buscaba instalar a partir de los secuestros, desapariciones y asesinatos. “Haber roto con el ciclo iniciado en 1930 de golpes de Estado y democracias débiles se lo debemos al juicio a las juntas y a su condena, a esa transición de los 80. Sin embargo, hubo entonces cierto contraste entre la condena moral que existía sobre los crímenes de los militares y la dificultad que había para condenar el golpe per sé. Había una dificultad de parte de la sociedad para reconocer el carácter político de los crímenes condenados en el Juicio a las Juntas, así como el proyecto político y económico regresivo que buscó la dictadura con ellos”, sostiene Galante.

La condena sirvió como “puntapié de recuperación de los derechos humanos como valor de la democracia, algo que cae durante el Gobierno de Carlos Menem y empieza a resurgir en 2003”. También como “antecedente penal para la lucha por la Justicia” en relación a los crímenes de lesa humanidad no solo en Argentina sino también en otros países. Es que, no solo la condena se fundó sobre pruebas que, aún en los juicios de hoy, siguen impactando –testimonios ofrecidos en aquel proceso, sobre todo–, sino que “lo que quedó fuera de esa condena, trunco, por decirlo así, se reabre el camino hacia la persecución de justicia”, propone el sociólogo. Sigue: “Durante el período de la impunidad, la historia de la lucha por la memoria, la verdad y la justicia comienza a escribirse en los márgenes de aquello que había escrito la condena del juicio a las Juntas Militares, en permanente interacción. Fue su piedra basal”.

Un mojón contra el olvido

En la constitución de la memoria colectiva en relación con los crímenes del terrorismo de Estado, la condena de diciembre de 1985 también fue un mojón, que por supuesto no hubiera existido sin la persistencia de los organismos de derechos humanos que empezaron a reclamar verdad en el mismo momento en que el gobierno dictatorial y sus aliados en cada espacio del campo sociocultural, medios de comunicación a la cabeza, insistía en escribir mentiras.

“Fue un elemento fundamental en la construcción de memoria, en la conformación de una serie de enunciados básicos, compartidos por amplios sectores de la sociedad que no concuerdan con otras representaciones de ese pasado, pero sí en aquella verdad que habían empezado a plantear el movimiento de derechos humanos y la Conadep luego: los de la dictadura fueron crímenes. No obstante, en medio del camino transicional, había quienes estaban apurados, incluso desde la panza del Gobierno radical, en transitar el proceso judicial con rapidez para poder, finalmente, olvidar”, dice Galante, quien cita en su trabajo una declaración del entonces secretario general de la Presidencia, Germán López, sobre la supuesta necesidad de “concluir rápidamente con esto, para que la sociedad se repliegue sobre sí misma, haga la reflexión necesaria, se sancione lo que corresponda, y se baje la cortina sobre esta situación dramática”.

Suponiendo que la condena del Juicio a las Juntas no hubiera sido anulada con las leyes de impunidad, ¿habría sido posible el cierre inmediato del capítulo? Es difícil imaginarse esa solución a la luz de lo que ocurrió. De hecho, al comprobar judicialmente lo que había ocurrido hubiera sido difícil persuadir sobre la clausura. Una vez comprobada la existencia del delito ¿con qué argumento se puede invitar a su olvido?

Ailín Bullentini /Página 12 /Nodal

Recuadro:
Comienza el séptimo juicio por delitos de lesa humanidad

El séptimo juicio por delitos de lesa humanidad en Neuquén se iniciará este miércoles, cuando el Tribunal Oral Federal 1 (TOF) comience a juzgar a 15 imputados pertenecientes a Fuerzas Armadas y de Seguridad nacionales y provinciales, que actuaron en la región durante la última dictadura cívico militar.

En el marco del juicio que comenzará tras la postergación que sufrió el inicio del debate el 2 de diciembre pasado, se sentará a los acusados en el banquillo por hechos que involucran a 20 víctimas, de las cuales 9 permanecen hasta hoy desaparecidas.

El TOF 1 es presidido por el juez Alejandro Cabral y lo integran Alejandro Silva y Simón Bracco, en tanto que por la Unidad de Fiscales de Lesa Humanidad actuarán Miguel Ángel Palazzani y José Alberto Nebbia.

En tanto, las querellas estarán representadas por la Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén (APDH), el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CEPRODH) y una tercera que será particular de una de las víctimas, mientras que la defensora oficial Gabriela Labat representará a la mayoría de los imputados.

Los hechos que se investigarán ocurrieron en junio de 1976 en las ciudades de Cutral Có, en la capital neuquina y en Cinco Saltos; y en Cipolletti (Río Negro).

Particularmente serán investigados los vuelos clandestinos realizados desde el aeropuerto de Neuquén a la ciudad de Bahía Blanca para trasladar a los detenidos al Centro Clandestino de Detención “La Escuelita” que funcionó en un predio del V Cuerpo de Ejército de la ciudad bonaerense.

En su requerimiento, el fiscal Palazzani señala al piloto Juan José Capella como responsable de los traslados de detenidos en un avión del Ejército los días 10, 15 y 16 de junio de 1976, entre ellos de las nueve personas que permanecen desaparecidas.

Los imputados, además de Capella, son Miguel Ángel Cancrini, Norberto Condal, Jorge Di Pasquale, Jorge Granada, Raúl Guglielminetti, Gerónimo Huircain, Jorge Molina Ezcurra, Desiderio Penchulef, Oscar Lorenzo Reinhold, Sergio San Martín, Jorge Soza, Carlos Taffarel, Walter Tejada y Osvaldo Páez.

Los desaparecidos son Jorge Asenjo, Carlos Chávez, Susana Mujica, Alicia Pifarre, Carlos Schedan, Arlene Seguel, Mirta Tronelli, Cecilia Vecchi y Miguel Ángel Pincheira.

Otra característica de este juicio es que se investigará como delito autónomo, separado del de tormentos, el abuso sexual sufrido por una de las sobrevivientes.

El Tribunal habilitará la sala de audiencias para un máximo de 35 personas, incluyendo los actores del debate con protocolos sanitarios debido a la pandemia de
coronavirus.

El público podrá seguir las audiencias a través de la página www.cij.gov.ar, mientras que para la prensa se habilitará una plataforma digital.

Télam /Nodal /Enviado por Henry Flores
COMCOSUR INFORMA AÑO 26 – No. 1990 – 11.12.2020
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3) URUGUAY: UN PAÍS INTELIGENTE…

Luis E. Sabini Fernández
revistafuturos.noblogs.org/

Siempre se señala que un rasgo no constituye una constelación, un sistema, pero cuando ese rasgo se reitera, entonces sí, se empieza a contornear o tomar cuerpo, un sistema, de ideas, de comportamientos, de actitudes.

En Uruguay, en medio de ciertos orgullos nacionales legítimos –violencia relativamente baja, instancias de control ciudadano con cierto funcionamiento, limpieza electoral, un fútbol que constituyó caso único en el mundo de país tan chico con trofeos tan grandes, y entiendo que paralelamente el mismo fenómeno se ha dado con las letras.
Pero al lado de tales rasgos, advertimos una creciente dependencia cultural, política, económica nuestra que sólo crece en el torrente de la globalización planetaria.

No estábamos bien con el latifundio, que se adueñó del paisito desmontando durante todo el siglo XIX aquel reparto de tierras de Artigas de principios del ese siglo. En lugar de “suertes de estancia” para los menos privilegiados, el país se repartió con mucha tierra para pocos y rancheríos para el resto. Lo que sociólogos acríticos llamaran con mal disimulado desprecio ”pueblos de ratas”.

Esa estructura territorial a la cual el batllismo, pese a su prédica progresista, poca mella le hizo, fue desmoronándose mientras el país pasaba de proveedor de carnes a Inglaterra a la esfera geopolítica estadounidense siguiendo la política neocolonial del batllismo. Estamos a mediados del s XX.

Los “pobres del campo”, ante un régimen latifundista, expulsivo, abandonaban los campos para dar lugar a los “cantegriles” urbanos.

Así, la ganadería y la escasa agricultura tradicional dio lugar a la agroindustria. Ahora, los grandes consorcios agropecuarios iban a resolver, por fin, la cuestión agraria. Con plásticos y agrotóxicos, remedando la actividad agropecuaria de EE.UU.

La penetración ahora neocolonial −estamos ya avanzando la segunda mitad del s XX− va a ser mucho más profunda: las empresas crecientemente transnacionales ya no se limitan a llevarse el producido sino que empiezan a adueñarse de los campos para orientar la producción, cada vez más extranjerizada.

A este fenómeno de despojo se le llamará modernización. Algo santificante. Que en sus últimas fases, gusta llamarse, a sí misma, “agricultura inteligente”.

Instructiva autodenominación. Que presupone que los campesinos de antes no eran inteligentes o que eran directamente estúpidos.

Esta nueva “ruralidad” ralea más todavía a la población rural y convierte a los trabajadores rurales en foráneos en sus sitios laborales; porque se suben el tractor, al avión, al mosquito, a la segadora, trabajan sus ocho horas y se vuelven a la ciudad.

Esta modalidad se caracteriza porque contamina todo. Es lo que saben los maestros y maestras rurales y los campesinos pobres que siguieron atados a su terruño. Y lo sabemos todos, porque en Uruguay, por ejemplo, el agua de ríos, arroyos, cañadas, ya no es potable; peor aún, intoxica, envenena.

Ésa es la “agricultura inteligente” que campea hoy en “nuestros” campos (lo de nuestros es una figura retórica). La soja y las plantaciones para procesar celulosa, el maíz, transgénico, siguen esas pautas, agroindustriales. Arrinconando a la agricultura tradicional que, a gatas sobrevive por la resistencia –de plantadores orgánicos, biodinámicos, pequeños agricultores ecológicos, campesinos tradicionales que optan por estiércol en lugar de fertilizantes−. La agroindustria, la que campea en todo el mundillo institucional, el oficial y el mediático, sigue las mismas pautas. De envenenamiento. A eso se le llama agricultura inteligente.

Pero nuestro país tiene, con orgullo, al menos oficial, energía inteligente. ¿Y qué es energía inteligente?

Otra vez un calificativo que desmerece lo hecho hasta entonces. Como algo necesariamente no inteligente. Una cierta presuntuosidad presentista.

En el caso que nos ocupa, ahora UTE; nuestra compañía nacional de energía eléctrica, se trata de la incorporación de determinados instrumentos y herramientas; blockchain y Smart Grids, que, podemos intuir por sus denominaciones no son precisamente de origen nacional (designados en el idioma materno de los amos; la lingua franca de los sometidos). Instrumentos entonces inteligentes en todo caso ajenos.

Blockchain aparenta ser una “simplificación” salteando funciones bancarias tradicionales, eso sí, al costo de un enorme dispendio energético y organizativo. Y Smart Grids (enrejados inteligentes) es un instrumento para actualizar blockchains.

Ya estamos acostumbrados a considerar aporte inteligente el aplicado al uso de adelantos tecnológicos. Lo que en todo caso preocupa es que estos “adelantos” están concebidos para aplicar a “grandes clientes”, a quienes se les proyecta reducciones de tarifa “de hasta 60%” respecto de la tarifa habitual (de alguna ventaja o rebaja para los no-grandes clientes, ni una palabra).

Otra vez, como con la agricultura, lo inteligente parece concebido para los grandes capitales…

Hay que ser conscientes que, si los adelantos “inteligentes” son pensados para grandes consumidores, no andamos bien.

Pero el gobierno “avanza” más todavía… en el mismo sentido. Proyecta iniciar el tendido de 300 km de línea de alta tensión para poner a disposición… de UPM.
Para lo cual, ya nos están avisando, UTE proyecta un aumento.

Como si la tarifa fuera baja, su presidenta, Silvia Emaldi, tiene la desfachatez de “adelantar” el estudio de un aumento de tarifas, “probablemente a partir de enero”. (1)
Emaldi aclaró que se trata de una “obra importante”, que llevará unos 3 años y costará 200 millones de dólares.

Observe el deshauciado lector que dicha red va a ser para proveerle electricidad a UPM y para que UPM coloque la producción eléctrica sobrante de su procesamiento. Que será ganancia extra para UPM (con tarifa asegurada de antemano, que seguramente va a ser más alta de la que después pueda cobrar el estado uruguayo para recolocarla… hay antecedentes al respecto).

El consumidor uruguayo debe pagar una tarifa eléctrica de las más altas que se conoce, y cuando se habla de ahorros y abaratamientos es para grandes empresarios multimillonarios y no para población esquilmada… ¿no parece mucho?

Porque ni siquiera en esta inversión, señalada con descaro por Emaldi, UPM paga. ¡Qué generosidad la del mejor ministro de Finanzas del mundo!,(2) y de los presidentes más progresistas que tuvo el país! ¡Y que la actual presidencia se ha apresurado a mantener, pese a la existencia de causal refrendada por el mismo contrato de anulación o suspensión en caso de pandemia!

Es que hay quienes para servir a las grandes finanzas mundiales no se fijan ni se detienen en las dificultades… ajenas.

Ni reparan en ellas, aunque el planeta que habitamos −desde gigabillonarios hasta quienes apenas consiguen un mendrugo− se esté yendo al mismísimo infierno.
“Gracias” a una tecnificación autista que repara en la naturaleza únicamente como recurso económico, gracias al calentamiento global, gracias a los desperdicios que “producimos”.

Todo ello impulsado por la agroindustria y el consumismo desenfrenado. Ni siquiera ese futuro cada vez más cercano parece afectarlos. Cuentan que van a surfear esta ola.

Notas:
(1) Reproducido por la diaria, de Radio Mundo, 24 nov. 2020.
(2) Distinción otorgada por el Financial Times a Danilo Astori, 2018.

Luis E. Sabini Fernández
COMCOSUR INFORMA AÑO 26 – No. 1990 – 11.12.2020
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4) URUGUAY: SEGURIDAD SOCIAL – DIAGNÓSTICO A PEDIDO

José Antonio Rocca /Primera quincena, diciembre 2020

La ley de urgente consideración creo una comisión de “expertos” para realizar un diagnóstico sobre la seguridad social en Uruguay. El manto supuestamente técnico no puede ocultar que se tratará de elaborar un documento tendiente a fundamentar recortes de gastos sociales.

Los esfuerzos notorios para quitar el tema del ámbito de los derechos humanos esenciales donde incluso lo ubican las declaraciones universales al respecto y pretender circunscribirlo y reducirlo poco más que al área financiera representan por sí mismos una definición esencialmente ideológica y política.

Ingresos dignos para la vejez de los trabajadores, seguros de enfermedad, accidentes, invalidez, maternidad, seguro de paro, son derechos básicos de la población que no amparan los “mercados” y la discusión sobre a quienes debe corresponder su financiamiento implica opciones sociales.

Las propuestas actuales se inscriben en un contexto pautado por la presencia de organismos de crédito que presionan a los gobiernos de la región para que reduzcan gastos públicos para garantizar el pago de intereses de deuda.

Las recomendaciones de las calificadoras de riesgo (1) reiteradas hasta en momentos previos a la asunción del gobierno multicolor no dejan espacio a dudas. “El punto central es si la nueva administración podrá implementar la reforma de pensiones y otras iniciativas y por lo tanto contener los gastos estructurales” (2) “la próxima adminstración deberá proceder a concretar una reforma de la seguridad social” (3)

Más allá del uso de argumentos para la tribuna que recurren a dudosas proyecciones demográficas (4) que ni siquiera consideran flujos migratorios, el diagnóstico “técnico” se utilizará como insumo para justificar reformas previstas de antemano, como lo certifican las declaraciones del presidente de la comisión Dr. Saldain.

Sus recomendaciones tienen por eje el incremento de la edad mínima jubilatoria, en concordancia absoluta con los acreedores y son previas al funcionamiento de la comisión y sin estudios serios sobre características demográficas por clase social, condiciones laborales por sectores, formalidad de las relaciones de trabajo, salarios, insidencia de las reformas en el funcionamiento global de la economía.

No menciona temas referidos a la distribución de los frutos de los avances técnicos y la mayor productividad del trabajo que logicamente deberían implicar reducciones de vida laboral y no extensiones, aun considerando tendencias promedio a la mayor esperanza de vida.

Tampoco aparecen evaluaciones sobre los efectos del sistema de AFAP vigente y menos aún las articulaciones de la seguridad social respecto a la actividad económica y la demanda laboral futura.

Su set de declaraciones incluye reflexiones sobre la importancia del ahorro individual en los sistemas previsionales. Tomando como ejemplo países cuyos salarios promedios más que triplican los orientales.

Más allá que los ingresos de la mayor parte de los asalariados en Uruguay son insuficiente incluso para “parar la olla” y pagar deudas, parece derivarse de sus conceptos que el “costo” de la seguridad social debe recaer esencialmente sobre los asalariados, olvidando el origen de los sistemas y la historia de aportes patronales y estatales.

Quizás soy demasiado desconfiado, pero me temo que la comisión es simplemente una excusa para justificar decisiones políticas prácticamente pre determinadas.

Viene a mi mente la letra de una vieja retirada de murga (5) que decía algo así como “A dios momo poderoso perdona si no me callo, pero antes del carnaval la gente ya sabe el fallo”.

Gotitas de economía

Según informa la Cámara de Industrias, entre julio y setiembre del 2020, el índice de volumen físico del sector en Uruguay – sin refinería de ANCAP- descendió 4.5% respecto al mismo lapso del año previo. La inversión entre enero y setiembre cayó 8.2%.

Datos de la Cámara de comercio y servicios registran que el sector se contrajo 0.8% durante el tercer trimestre del año respecto al 2019. Sexto descenso consecutivo.

Los gastos del gobierno uruguayo a favor de la inversión de UPM se tornan cada vez más gravosos. Mayores costos de los previstos en la construcción de vías férreas, viaductos, carreteras, obras de UTE, dragado e instalaciones portuarias requeridas por la empresa. El pueblo paga. Mediante menores servicios sociales, descenso de salarios públicos, mayores tarifas y “ainda mais”.

Quedó al desnudo la demagogia de algunos seudo opositores, al acuerdo, que cuando llegaron al gobierno la dejaron pasar. La pandemia les dio en la mano la posibilidad de renegociar y no hicieron nada. Y votan recursos para obras al servicio de UPM.

Durante el tercer trimestre de 2020, el registro oficial de desocupados en Brasil se eleva a 14.7%.

En el tercer trimestre el PBI de China incrementó 4.9% en relación a 2019. Apenas menor que el interanual de 2019 respecto a 2018 que fue de 5.3%.

Notas:
(1) Que naturalmente responden a los intereses de los acreedores.
(2) Agencia calificadora japonesa R&I
(3) Agencia canadiense DBRS.
(4) Los índices de natalidad y mortalidad son variables. Además los promedios en estos casos pueden ser engañosos.
(5) Murga “Araca la cana”. Allá por los noventa.

José Antonio Rocca /La economía de a pie
COMCOSUR INFORMA AÑO 26 – No. 1990 – 11.12.2020
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5) URUGUAY: CRIADERO DE ESTURIONES CON RIESGO DE CIERRE POR DEUDAS

Industria de caviar puede ir a remate si no logra acuerdo para abatir el endeudamiento, cuyo principal factor es un canon que cobra UTE por usar el agua del Río Negro

Víctor L. Bacchetta /Sudestada – 07/12/2020

La empresa Esturiones del Río Negro (ERN), dedicada a la cría de esturiones a orillas del embalse de la represa de Baygorria, en el departamento de Durazno, se presentó a concurso voluntario de acreedores en el pasado mes de junio. Desde los años 1990 esta empresa fue la primera productora de caviar de esturión en el hemisferio sur y su producto, el Black River Caviar, es considerado uno de los de mejor calidad del mundo.

El proyecto original aspiraba a llegar a producir 10 mil kilos anuales de caviar, con una capacidad instalada para llegar hasta 15 mil kilos. La empresa generó importantes dividendos en la primera década de este siglo, pero luego comenzó a tener pérdidas financieras significativas que llevaron a la situación actual.

Fundada por uruguayos, ERN pasó en 2018 a manos de Black Water Investors LLC, un fondo de inversión estadounidense que adquirió el 70% de las acciones. De acuerdo con la Memoria Explicativa presentada por el presidente Matt Foster en el Juzgado de Concursos de 2º Turno, las causas principales de la reducción de los ingresos obedecen a un conjunto de factores tanto externos como internos.

El factor externo más importante habría sido el aumento de la oferta de caviar en el mercado mundial, principalmente desde China, que triplicó sus exportaciones entre los años 2013 y 2017, lo que provocó una importante reducción de los precios. Del precio medio de 650 dólares por kilo (USD/kg) al que se vendía hasta entonces, el promedio cayó a 465 USD/kg en 2019 y a unos 200 USD/kg en 2020.

Entre los factores internos, una caída de la producción provocada por una demora en la maduración de los peces como consecuencia de la sustitución del esturión siberiano original por el ruso más valorizado, y el aumento de la mortalidad de los mismos. De producir más de 6 mil kilos de caviar en 2014, la empresa pasó a menos de 1.500 kilos en 2015, con una lenta recuperación en los años siguientes.

La mortalidad de los peces es atribuida al aumento de la temperatura del agua, mayor número de días por encima de los 20 grados, y la frecuencia y severidad de las floraciones de microalgas en el río y el embalse. Las cianobacterias reducen el oxígeno y producen toxinas con un efecto crónico sobre la salud de los peces, cuyo sistema inmunológico fue afectado también por una reducción de la calidad de las raciones.

Esturiones del Río Negro invirtió unos 600 mil dólares en la construcción de un sistema de circulación de agua subterránea con el fin de bajar la temperatura para los peces de mayor tamaño en los meses de calor y disminuir la mortalidad. El efecto fue contrario al esperado, la mortalidad aumentó, invirtieron 100 mil dólares adicionales, pero el problema no se solucionó y el sistema fue abandonado, según el informe de la empresa.

Por último, la crisis se agravó este año, en medio de la pandemia declara por la Organización Mundial de la Salud, por la caída general de la demanda de sus principales clientes de la empresa, restoranes, hoteles, cruceros y la industria turística en general. Las proyecciones de producción e ingresos cambiaron totalmente, la empresa entró en un endeudamiento creciente sin posibilidades razonables de hacer frente a facturas y créditos impagos.

El canon cobrado por el agua

En la fecha de presentación a concurso de acreedores, las deudas de ERN ascendían a cerca de 5 millones de dólares (203.798.600 pesos uruguayos), de los cuales un 45% correspondía a préstamos de sus accionistas, 41% a créditos bancarios y un 13% a acreedores varios, por compra de insumos, gastos fijos y arrendamientos. De estos últimos, el 86% del total, 23:542.154 de pesos, corresponden a la UTE.

El 98% de la deuda de ERN con UTE lo constituye el cobro por el agua. Para utilizar las aguas del río, la empresa escogió un predio lindero del embalse de Baygorria, de propiedad de la empresa estatal. El sistema utiliza la fuerza de gravedad para hacer pasar el agua por las piletas donde están los esturiones. Toma el agua del embalse y la devuelve aguas abajo de la represa, aprovechando la diferencia de nivel.

UTE le cobra a ERN un arrendamiento por el área ocupada en su predio y le agregó un costo por el agua usada en el emprendimiento. El Código de Aguas le asignó al Poder Ejecutivo la decisión sobre los casos en que los permisos de uso del agua “podrán otorgarse con carácter gratuito, así como el canon o las contribuciones que deberán pagarse en otras situaciones”. (Decreto Ley 14.859, artículo 167)

El decreto 160/980, que reglamentó el uso de las aguas y álveos dominiales, otorgó a UTE “prioridad para el uso de las aguas de los embalses” para generación de energía frente a los otros usos posibles, excepto el suministro de agua potable a la población. Digamos al pasar que UTE solo perdió esa potestad para asegurarle el flujo mínimo a UPM, cumpliendo los compromisos del contrato firmado por el gobierno.

El hecho es que UTE decidió cobrarle a ERN “el valor de la energía no generada” por el agua que no pasa por la represa de Baygorria. Ni siquiera esto es así, el volumen de agua utilizado por ERN (dos metros cúbicos por segundo) no afecta la generación de la represa. Con el proyecto en alza, el canon no significaría mucho para ERN, pero al entrar en un declive, al ser un costo fijo, pasó a ser una sobrecarga fatal.

“El canon que se basaba en una compleja fórmula considerando el pasaje del agua, comenzó a representar cifras siderales, que la empresa no podía atender, generando una deuda que creció en forma exponencial”, afirmó el contador Jorge Baruj, síndico del concurso designado por el juez Álvaro González González, en el informe a la asamblea de acreedores a realizarse el próximo jueves 10 de diciembre.

Si no hay un convenio con los acreedores o no se produce una venta de la empresa, la alternativa es el remate público. Para el síndico, lo razonable sería llegar a un acuerdo, porque si no se llegara a un convenio con la UTE, que es el principal acreedor, ir a la liquidación implica la destrucción total del valor, la pérdida de 30 fuentes de trabajo y que ninguno de los acreedores recupere sus créditos, incluida la UTE.

Las características del emprendimiento reducen las alternativas, el principal activo de ERN son los peces vivos e instalaciones y equipos que no pueden ser trasladados a otros lugares. La otra empresa del ramo que existe en el país, Estuario del Plata SA, que produce el caviar Polanco, aguas arriba de San Gregorio, no se encuentra en esa situación. Al estar lejos de las represas, UTE no le puede cobrar canon.

Víctor L. Bacchetta /Sudestada, periodismo y transparencia
COMCOSUR INFORMA AÑO 26 – No. 1990 – 11.12.2020
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“Siempre he partido de una idea elemental: la de que la verdad no necesita ser justificada por la adecuación a un objetivo superior. La verdad es la verdad y nada más. Debe ser servida, no servir.”
Eugenia Ginzburg / “El vértigo”.
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VEO VEO – Propuestas y comentarios de Henry Flores

Como consecuencia de la emergencia sanitaria, o pandemia del Covid-19 que está recorriendo el mundo como “coronavirus”, se han suspendido gradualmente todo tipo de espectáculo artístico, deportivo y cultural, por lo que esta sección tomará un giro, para sugerir otros temas vinculados a la literatura, la historia del arte y de las y los artistas.
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I. FERIA DE ARTE IMPRESO EN TRIBU CAFÉ
Viernes 11 de diciembre: Circuito de arte impreso 8 a 20 de diciembre

Feria de publicaciones gráficas, muestra expositiva, circuito de estudios abiertos, jornadas de producción gráfica, performances, proyecciones, lanzamiento de publicaciones, presentaciones de proyectos, acción gráfica en espacio público, conversatorio y encuentro de publicadorxs.
60 proyectos gráficos/editoriales independientes de Montevideo, te esperan 11 de diciembre, de 17 a 22 horas en Tribu Café – Maldonado 1858 esquina Emilio Frugoni.
Todas las actividades serán realizadas co-responsablemente bajo protocolo sanitario.
Viernes 11: Rafaella aka miau – Fol Cvetreznik – Ediciones Casamario – La posta – La kiosquera – Buena Letra – Perro Studio – Mariel ネナロサ – Obra abierta – Zona Editorial – Untonga /Unfanzine /Incluso – Las Mónicas – Colectivo La Estación – Alma-r Gráfica – Ala Bartola – Colectivo Mandarina – Guilda Guirnalda – Apoena Arte – Lucia Fidalgo – Imágenes como amuletos + mesa libre

www.facebook.com/events/173409057825725
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II. CONCIERTO ITALIA DE PELÍCULA
Homenaje a Ennio Morricone
Miercoles 16 de Diciembre – Teatro de Verano

Un clásico de nuestra orquesta desde hace 25 años: el espectáculo Noche de Película, se renueva y homenajea al grandísimo compositor italiano Ennio Morricone.
Una coproducción de la Embajada de Italia en Uruguay y la Orquesta Filarmónica de Montevideo, con el apoyo de Cinemateca, dan luz a esta Italia de película.
La dirección musical estará a cargo de la Directora titular y artística: Maestra Ligia Amadio Un viaje a través de los principales hitos de la música del cine italiano, con la proyección de las escenas culmines de los filmes.
En caso de suspensión por razones climáticas se posterga para el 17/12/2020 en las mismas condiciones.
Sera a las 21 horas en el Teatro de Verano Ramón Collazo

montevideo.gub.uy/ciudad-y-cultura/agenda-cultural/italia-de-pelicula
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III. SOFIA GABARD Y MEMBRILLO DEL JAPÓN
Jueves 17 de Diciembre – Sala Teatro La Experimental Malvín

Sofía Gabard es una joven cantautora que se aproxima a la canción desde temprana edad en su casa musicalizada por la incesante y variada escucha de sus padres y una infancia rodeada de músicos, como su padre quien le prestaba sus guitarras y su padrino Marcos Abramovich, con quien experimenta en el aporte de coros en vivo y en estudio para su proyecto de música infantil; Frutas Planetas. También es invitada a realizar coros en el disco «Palacatún, Candombe para niños», nominado para los Premios Graffiti 2010.
Con esa primera aproximación al instrumento surgieron las primeras composiciones y una necesidad de plasmar en la canción. Con ritmos de zamba, candombe y bossa parecían surgir, insistentes melodías de un inconsciente despierto.
Se ha presentado como solista y en formato banda en diferentes lugares de la escena cultural montevideana como El Tartamudo, Centro Cultural La Cuadra, Tundra Bar y algunas participaciones como invitada en Sala Hugo Balzo del Auditorio Nacional de SODRE y Teatro Solís.
En 2014 participa de la Movida Joven, resultado ganadora en la categoría «Canto» y una Mención especial en su calidad de compositora. En el 2015 es invitada por Luciana Mocchi a abrir uno de sus espectáculos en «Café Vinilo» en la ciudad de Buenos Aires y es invitada por «Sofar Sounds» para realizar una de sus producciones audiovisuales.
La Sala La Experimental está ubicada en Dr. Decroly 4971 esq. Michigan

www.cartelera.com.uy/averespectaculo.aspx?24161

Henry Flores – El Eternauta
VEO VEO / COMCOSUR INFORMA AÑO 26 – No. 1989 – 04.12.2020
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COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR / COMCOSUR – 1994 – 19 de junio – 2020 – 26 años
Selección y producción: Henry Flores y Carlos Casares
Apoyo técnico: Carlos Dárdano
Colaboran:
ALEMANIA: Alix Arnold (Colonia), Ute Löhning, Antje Vieth y Carlos Ramos (Berlín)
ECUADOR: Kintto Lucas (Quito)
HOLANDA: Ramón Haniotis (Amsterdam)
SUIZA: Sergio Ferrari (Berna)
URUGUAY: Silvio Amodei, Jorge Marrero, Jorge Zabalza.

Carlos Iaquinandi Castro /Redacción de SERPAL
José Antonio Rocca /La economía de a pie (Uruguay)
Luis E. Sabini Fernández /Revista Futuros
Sudestada, periodismo y transparencia (Uruguay)

COMCOSUR INFORMA ES UNA PRODUCCIÓN DE COMCOSUR / COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR / Coordinación: Carlos Casares – DIRECCIÓN POSTAL: Proyectada 17 metros 5192 E (Parque Rivera) 11400 MONTEVIDEO/URUGUAY / Comcosur se mantiene con el trabajo voluntario de sus integrantes y no cuenta con ningún tipo de apoyo económico externo, institucional o personal / Las opiniones vertidas en las distintas notas que integran este boletín no reflejan necesariamente la posición que podría tener Comcosur sobre los temas en cuestión / Comcosur integra la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) /
Blog: nuevo.comcosur.org/
comcosur@comcosur.com.uy /
Comcosur también en Facebook
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COMCOSUR AL DÍA /AÑO 26 /Nº 2278 /miércoles 09.12.2020 Hoy:

1) Argentina: Miguel Etchecolatz fue condenado a perpetua por los crímenes en la Brigada San Justo
2) Chile: Universidad de Chile lanza su señal de TV digital y vuelve a emitir señales de televisión luego de 27 años
3) Uruguay: Oficialismo postergaría votación de ley de medios para 2021
4) Uruguay: El gobierno amenaza y prepara terreno
5) La civilidad en Uruguay y juegos de espejos /Luis E. Sabini Fernández
6) El miedo hacia el otro, discurso hegemónico /Sergio Ferrari
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“Siempre he partido de una idea elemental: la de que la verdad no necesita ser justificada por la adecuación a un objetivo superior. La verdad es la verdad y nada más. Debe ser servida, no servir.”
Eugenia Ginzburg / “El vértigo”.
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COMCOSUR AL DÍA / AÑO 26 / Nº 2278 / miércoles 09.12.2020
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1) ARGENTINA: MIGUEL ETCHECOLATZ FUE CONDENADO A PERPETUA POR LOS CRÍMENES EN LA BRIGADA SAN JUSTO

Este mediodía el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata condenó a prisión perpetua al represor Miguel Etchecolatz por los secuestros, torturas y crímenes cometidos en el centro clandestino de detención que funcionó en la Brigada San Justo durante la última dictadura militar.

ANRed /02.12.2020

Se trata de la octava condena a perpetua que recibe Etchecolatz quien siguió el veredicto desde Campo de Mayo donde se encuentra detenido por otras causas debido a su participación en delitos de lesa humanidad.

Mientras tanto en las afueras de los Tribunales de la Plata, organismos de derechos humanos entre otros el CEPRODH, integrante de la querella de Justicia Ya, y organizaciones sociales y políticas siguieron el desarrollo de la audiencia y escucharon la sentencia.

Entre los crímenes por los que Etchecolatz ya fue condenado se encuentran el secuestro y asesinato de un grupo de adolescentes conocido como la Noche de los Lápices; y la apropiación de menores y la desaparición de Jorge Julio López.

ANRed
COMCOSUR AL DÍA / AÑO 26 / Nº 2278 / miércoles 09.12.2020
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2) CHILE: UNIVERSIDAD DE CHILE LANZA SU SEÑAL DE TV DIGITAL Y VUELVE A EMITIR SEÑALES DE TELEVISIÓN LUEGO DE 27 AÑOS

Observacom, Chile, 7 de diciembre de 2020

A través de un acuerdo con Chilevisión, la Universidad de Chile lanzará una señal de TV digital con programación educativa y cultural, que se emitirá en el canal 11.2.

De este modo, la Universidad de Chile vuelve a brindar servicio televisivo luego de 27 años. La casa de estudios había iniciado sus emisiones en 1960 con contenido propio y, a partir de 1993, entregó el usufructo de la concesión a Chilevisión, actualmente propiedad del Grupo Turner.

“Esperamos iniciar una marcha blanca de hora y media a partir de diciembre, para ir aumentando progresivamente”, dijo Ennio Vivaldi, Rector de la Universidad de Chile.
El directivo explicó que el canal, que se emitirá desde las instalaciones de Radio Universidad de Chile, ofrecerá programación utilizando los contenidos que la institución produce a través de sus seminarios, iniciativas culturales, así como temas de debate político, sexualidad, salud mental y arte.

Observacom
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3) URUGUAY: OFICIALISMO POSTERGARÍA VOTACIÓN DE LEY DE MEDIOS PARA 2021

La Diaria /2 de diciembre de 2020

El tratamiento de la ley de medios que presentó el Poder Ejecutivo al Parlamento no se concretará antes de fin de año, como habían solicitado las autoridades del gobierno a los legisladores de los partidos de la coalición.

El diputado colorado Martín Melazzi explicó a la diaria que varios motivos llevaron a su postergación. Según dijo, la principal razón es que todavía la Comisión de Industria, Energía y Minería de la Cámara de Diputados no ha podido recibir a todas las delegaciones que presentó la oposición y, en ese sentido, entienden que “es oportuno que todas se puedan expresar y los legisladores puedan avanzar con la ley de medios”.

Otro aspecto es que “obviamente todavía estamos tratando de ponernos de acuerdo en algunos de los artículos. Tenemos una gran aproximación pero entendemos que todavía no están dadas las condiciones para poder votar esta ley de manera correcta”, expresó Melazzi.

De todas formas, recalcó que existen algunos artículos en los que se ha “logrado un acercamiento”, pero tiene que “haber otras instancias entre los diferentes actores para que se puedan poner de acuerdo en pos de que todos se vean beneficiados con la ley de medios”. Por los “pocos días en el Parlamento” que quedan como consecuencia de la pandemia, dijo Melazzi, “se ha resuelto intentar que el proyecto de ley se pueda tratar de terminar ni bien retome la cámara en marzo”.

Por su parte, el presidente de la comisión, Sebastián Cal, representante de Cabildo Abierto, dijo que “falta ponerse de acuerdo en algunas cosas” y “no es la idea dejar a nadie afuera de las delegaciones que quieran venir”, pero todavía no está definida la postergación.

La Diaria
COMCOSUR AL DÍA / AÑO 26 / Nº 2278 / miércoles 09.12.2020
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4) URUGUAY: EL GOBIERNO AMENAZA Y PREPARA TERRENO

Publicado en la Revista Cooperante * /Diciembre 2020

Guzmán Acosta y Lara otrora diputado colorado, miembro del buffet de Acosta y Lara Asociados y actual director de Telecomunicaciones, había dicho en Paysandú que durante la gestión del FA (Frente Amplio) se dieron frecuencias al “tun tun”.

Con sus comentarios abría un debate donde la derecha no tiene tantas credenciales. Cuestionó la existencia de una comunitaria sanducera, (Horizonte FM) que cumplió todos los requisitos y funciona, comodato mediante, en un predio estatal.

Orlando Santos, integrante de Horizonte FM, dijo al periódico cooperativo La Diaria que “no creo que este señor conozca el lugar donde está la radio, ni el proyecto comunicacional y el rol de 15 años que ha tenido la radio en la comunidad”.

El comentario generó el rechazo de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC Uy).

Durante los gobiernos frentistas se regularizó el tercer sector (radios comunitarias), apareció la UniRadio; radio universitaria, mediante un trabajoso marco legal.
El sector venía de una férrea oposición desde los medios comerciales y los sucesivos gobiernos.

Una de las primeras medidas fue un censo que registró 412 radios comunitarias en todo el país; Horizonte FM fue de las primeras en contar con autorización para salir al aire.
Los cambios frentistas debieron ser más hondos, aunque se venía de la nada. Mejor dicho de la persecución lisa y llama.

Cuesta a muchos concebir los medios como un servicio de interés público y no una mera mercancía, susceptible de acumular frecuencias como sucede.

En realidad el intempestivo ataque, del otrora diputado, hay que enmarcarlo en la preeminencia del sector de los medios comerciales y la pertinaz insistencia en entregar las empresas públicas, en este campo nos referimos a ANTEL. Empresas multinacionales se restrenan las manos.

* Cooperante es una publicación virtual periódica del cooperativismo de vivienda en Uruguay. Editado por AEB Hábitat. N°40 – Diciembre 2020.

Cooperante /Paysandú, Uruguay
COMCOSUR AL DÍA / AÑO 26 / Nº 2278 / miércoles 09.12.2020
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LA CIVILIDAD EN URUGUAY Y JUEGOS DE ESPEJOS

Luis E. Sabini Fernández
https:revistafuturos.noblogs.org/

Dime de que te jactas y te diré de lo que careces

Si hay algo de lo que el Uruguay se enorgullece es de su civilismo.

En rigor, hay diversos rasgos por los cuales muchos uruguayos nos podemos sentir así; –una sociedad con no tan alta violencia explícita, con no tantos de aquellos escándalos que sacuden sociedades de dimensiones más o menos similares, como la ecuatoriana o la hondureña.

Con una de las más bajas tasas de golpes de estado dentro de las sociedades americanas y tercermundistas en general, algo que los uruguayos invocan con cierto orgullo civil.
Pero no nos vamos a dedicar ahora a hacer un inventario de las virtudes y defectos de la sociedad uruguaya, que se trata de una cuestión más que compleja.

Solo quiero apuntar a la cuestión del civilismo. Civilismo, civilidad, pertenecen a la batería de recursos político-culturales que invocamos para analizar nuestras sociedades, ya sea las indoafrolatinoamericanas o las tercermundianas en general, e incluso para compararnos con los estados del centro planetario.

La cuestión es si recurrimos a algo viviente, actuante o a un rasgo ritualizado, es decir más bien deológico.

El grado de civilidad de una sociedad dada se puede medir por el peso de las decisiones que su población desarmada, la población civil, toma. Cuestión escabrosa, sin duda, puesto que toda sociedad civil cuenta en su seno gente con mucho más poder que otra. Pero al respecto, nuestro país ha hecho esfuerzos por procesar democráticamente decisiones y cambios.

Esfuerzos no del todo baldíos. En este momento, por ejemplo, luego de años de ostracismo o autismo psicológico, está empezando a socializarse el terrible impacto que el contrato secreto realizado entre el gobierno y la empresa de origen finlandés pero transnacionalizada UPM firmara, a la chita callando, como dicen los gallegos, en 2017.
Esa incipiente socialización de tamaña cuestión expresa algo de nuestra civilidad.

Hemos transitado hasta ahora un concepto de civilidad política. Pero la civilidad tiene otra medida, mucho más material, que es la económica.
Veamos un ejemplo.

El trato que el régimen jubilatorio da a su población es un índice apreciable de nuestra civilidad. Al respeto que nos debemos como habitantes de esta república y particularmente por el trato brindado a sus generaciones mayores.

Basta ver cómo se distribuyen las pensiones y jubilaciones en la población mayor del país para observar una diferencia enorme, radical, entre el jubileo brindado a civiles y el respectivo brindado a policías y militares.

Grosso modo, los mayores, los veteranos desarmados, reciben mucho menos por el trabajo realizado que los mayores, los veteranos armados. Y esto sí es peculiar, no sabemos si exclusivo de nuestro país o propio de diversos sistemas de injusticia social.

Pero choca con toda idea de protagonismo civil, que tan rápidamente invocamos cuando hablamos de política o sociedad.

Algo previo a los datos que hemos podido consultar sobre jubilados, armados y desarmados. Se suele invocar la sobrecarga que el BPS constituye para “el erario uruguayo”.

El BPS recibe más de la mitad de la asistencia financiera que el estado uruguayo, a través de su presupuesto otorga para el pago de las jubilaciones, reforzando los aportes obreros y patronales.

Los servicios jubilatorios militares reciben desde “afuera” de sus aportes gremiales, el 34% de su presupuesto y la caja policial, respectivamente, “apenas” el 15%. (1)
Una lectura superficial nos puede hacer creer que los jubilados civiles del BPS reciben más que militares y policías retirados. O, si se quiere tanto como éstos agrupados (34 + 15 = 49). Pero nada más errado.

Para dimensionar verdaderamente el significado de estas “ayudas” hay que ver quiénes y cuántos son los destinatarios. Y combinando ambos datos, obtendremos un acercamiento a los ingresos materiales de los respectivos ingresos jubilatorios. El BPS atiende unos 700 000 jubilados, la Caja Militar y la Policial, a unos 90 000 retirados. (2)

Surge así que los militares y los policías reciben per cápita mucha más “ayuda” que los civiles, los desarmados (los militares a su vez reciben per cápita notoriamente más que los policiales).

Si esto fuera para borrar distancia en los ingresos, no habría nada qué decir. Pero es exactamente al revés. Es para asegurarle a los jubilados y pensionados armados un ingreso mucho mayor que al de los desarmados. (3)

Lógicamente, esta presentación sumaria sobre las generaciones mayores puede tener más relevancia, si cabe, con los salarios y sueldos de la población activa. Pero se trataría de un cuadro de situación mucho más complejo.

Es en este delicado punto, que hemos presentado, sobre los ingresos de los jubilados, pensionados y retirados del Uruguay, que se puede valorar la civilidad en nuestra sociedad.

Porque dado el cuadro de situación, entendemos que nuestro panorama se acerca a aquella proclama que Orwell lanzara en su inolvidable Rebelión en la granja: ‘Todos los animales nacen y son iguales’. Pero, claro, algunos son más iguales que otros.

Notas:
(1) ONAJPU, Organización Nacional de Jubilados y Pensionados del Uruguay, 25 nov. 2020.
(2) Ibídem. La Caja Militar atiende a unos 55 000 retirados y la correspondiente Policial, a unos 34 000.
(3) Estamos haciendo un deslinde primario, que no incluye a todos los jubilados del país. No abordamos aquí esta cuestión para la Caja Civil, la Caja Notarial, la Caja Rural, la Caja Bancaria, para nombrar apenas algunos otros regímenes jubilatorios, que caracterizan, y caotizan, a nuestro país.

Luis E. Sabini Fernández
COMCOSUR AL DÍA / AÑO 26 / Nº 2278 / miércoles 09.12.2020
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6) EL MIEDO HACIA EL OTRO, DISCURSO HEGEMÓNICO

A desalambrar la “fortaleza” terrestre

Sergio Ferrari, desde Berna, Suiza /08.12.2020

La inmigración causa pánico. En particular la que proviene de los países del Sur buscando asegurar su sobrevivencia en el Norte desarrollado. La construcción de muros fortificados –o franjas militarizadas– se multiplica como respuesta de autoprotección.

4.679 millones de personas en el mundo, es decir el 60,98% de la población total, viven en países que han construido algún tipo de muro para protegerse. ¿El enemigo? Según los argumentos más usuales, la inmigración es el peor de todos. Pero también aparecen el terrorismo, el narcotráfico, el contrabando, las tensiones territoriales, entre otros.
Paradoja histórica: a 31 años de la caída del Muro de Berlín, y 29 del derrumbe del apartheid sudafricano, las murallas geopolíticas se han multiplicado aceleradamente. Las mismas representan una fuente de suculentos beneficios para la industria armamentista, de la construcción y de la seguridad.

En la actualidad se contabilizan 63 muros a lo largo de fronteras o de territorios ocupados en todo el mundo. Se trata de un “Mundo amurallado… hacia el apartheid global”, como se titula un reciente estudio que cuatro organizaciones no gubernamentales publicaron en noviembre.

“Las fronteras como el apartheid se construyen sobre ideologías racistas, niegan a grupos de personas los derechos básicos y perpetúan la violencia”, subrayan los co-autores del informe: el catalán Centre Delàs d’Estudis per la Pau; el Transnational Institute con sede en Amsterdam, Países Bajos; su compatriota Stop Wapenhandel (Stop Arms Trade) y la campaña internacional Stop the Wall.

Además de la oleada de construcción de muros físicos fronterizos durante las últimas décadas, muchos países han militarizado sus entornos mediante el despliegue de tropas, barcos, aviones y aviones no tripulados, así como vigilancia digital para patrullar por tierra, mar y aire. Si se contabilizaran todos los diferentes tipos de muros existentes, este tipo de barreras geopolíticas a lo largo y lo ancho del planeta podría llegar a centenares. Como consecuencia directa, para aquellas personas que huyen de la pobreza y la violencia, cada vez resulta más peligroso y mortal cruzar esas fronteras.

“La tendencia global de las políticas en materia de gestión fronteriza muestra que se está construyendo un mundo en el que se refuerza la segregación y la desigualdad. En este mundo amurallado, las mercancías y el capital no encontrarán restricciones y serán las personas las que se verán cada vez más excluidas por razones de clase y origen”, señaló Ainhoa Ruiz Benedicto, co-autora del informe e investigadora del Centre Delàs d’Estudis per la Pau, al presentar el estudio.

Horror generalizado

Israel, con seis muros, encabeza la lista de países que más han construido. Le siguen Marruecos, Irán e India, con tres cada uno. Con dos, Sudáfrica, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Jordania, Turquía, Turkmenistán, Kazajistán, Hungría y Lituania.

India ha erguido más de 6.540 kilómetros de barreras con los países vecinos, lo que significa que ha fortificado el 43,29% del total de su perímetro geográfico.
Por su parte, Marruecos construyó un muro de ocupación con el Sahara Occidental de 2.720 kilómetros de longitud, considerado como «la mayor barrera militar funcional del mundo”.

En el continente americano, la colosal obra arquitectónica que los Estados Unidos continúan construyendo a lo largo de su frontera sur para cercenar toda conexión física con México y Centroamérica, constituye el ejemplo típico de segregación.

El estudio de referencia recapitula y cuantifica estadísticas por continentes. Asia es la región con el mayor número de muros: un 56% del total. Seguida por Europa, con un 26%. África cuenta con un 16%. A América le pertenece el resto: el muro que los Estados Unidos están construyendo en su frontera con México.

Mucho más que muros de cemento…

Además de las murallas físicas, continúa intensificándose la militarización marítima de los espacios fronterizos, así como la actividad de cuerpos de seguridad y el empleo de tecnologías de vigilancia y control.

El informe destaca dos casos ejemplares. Uno es Australia, que ha transformado al mar en una barrera militarizada, con amplio despliegue de sus Fuerzas Armadas y de Fronteras. A ello se suma un sistema de detención más allá de sus fronteras, objeto de críticas virulentas por parte de los organismos de derechos humanos, que lo consideran una grave violación.

El otro es México, que ha militarizado de forma significativa su territorio de separación con Guatemala mediante equipos y financiamiento hecho posible por el programa de los Estados Unidos conocido como “Frontera Sur”. A pesar de que no equivale a un muro físico en un sentido literal, la extensa estructura de seguridad construida en y alrededor de dicha zona tiene consecuencias similares para los refugiados y los migrantes: contribuye a inhibir su avance hacia el norte y los fuerza a tomar rutas clandestinas más peligrosas, sostiene el estudio.

La Oficina para Asuntos Latinoamericanos, en la ciudad de Washington (WOLA, por sus iniciales en inglés), define a la frontera sur de México como “el ‘muro’ antes del muro”, es decir, anterior a la muralla USA-México. Además, sostiene que esta valla militarizada no se concentra únicamente a lo largo de la propia frontera sino también en la intensiva militarización del territorio meridional de México con el pretexto de impedir que los migrantes se dirijan hacia el norte. Evidencia de esta militarización es la sistemática red de vigilancia a lo largo de las autopistas, así como un aumento de los controles de seguridad en los centros urbanos. Organizaciones aztecas subrayan que, con el pretexto del resguardo migratorio, dicha militarización procura controlar a los movimientos sociales y las organizaciones indígenas, así como a la población autóctona de estados como Oaxaca y Chiapas.

Un cementerio denominado Mediterráneo

Aunque este informe no hace referencia directa a la Agencia de Fronteras y Costas (conocida como Frontex), es conocida su la fuerte presencia de este organismo creado para resguardar las espaldas de Europa. Una de cuyas misiones consiste en controlar las aguas del Mediterráneo y retornar a los inmigrantes a sus respectivos países de origen (frontex.europa.eu/language/es/).

Según el informe relacionado con el Nuevo Pacto de Migración y Asilo de septiembre del año en curso, la Comisión Europea reconoce que, en 2019, ocurrieron 142.000 cruces ilegales de fronteras. (ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/ES/COM-2020-609-F1-ES-MAIN-PART-1.PDF).

Esta cifra ha sido ratificada por la misma Frontex en su informe exhaustivo de 120 páginas sobre sus actividades en 2019. Según los estados miembros de la Frontex, se llevaron a cabo 141.846 detecciones de cruces ilegales, lo cual representa una disminución del 4,9% con respecto a 2018 y una baja neta con respecto a 2015, año en que produjo un pico de refugiados que intentaron entrar a Europa. Ese año, la Unidad Europea contabilizó 1.800.000 detecciones. Para Frontex, el Mediterráneo es una de las áreas que exige mayor control (frontex.europa.eu/assets/Key_Documents/Annual_report/2019/General_Report_2019.pdf¨).

Desde hace años, organizaciones de la sociedad civil europea especializadas en el tema –y en derechos humanos—han estado enfatizando que la política migratoria excluyente de Europa es responsable de miles de muertes de migrantes, especialmente africanos, que intentan llegar a las costas del sur del continente. Y critican el “muro migratorio” que, a partir de la militarización de las aguas, se ha erguido para impedir el tránsito humano.

La Organización Mundial de Migraciones (OIM) estima que, sólo entre 2014 y 2019, unos 20.000 inmigrantes han perecido en el mar al intentar llegar a las costas europeas. El periódico español La Vanguardia realizó, en octubre del año pasado, una encuesta en línea. Preguntaba: ¿La Unidad Europea gestiona bien la crisis de los refugiados y las pateras? 96,34% de las respuestas fueron negativas.

El gran negocio fortificado

Las ONG co-autoras del informe sostienen que este incremento acelerado de muros a nivel internacional es resultado de un “complejo industrial fronterizo”, en el cual participan empresas de construcción locales y organismos gubernamentales, como el ejército.

Adicionalmente, estas murallas se complementan por una gran gama de sistemas tecnológicos –como equipos de monitoreo, detección e identificación, vehículos, aviones y armas– que las empresas militares y de seguridad proporcionan. También se utilizan sistemas autónomos y robóticos, como drones y torres inteligentes, físicamente integrados a muros y vallas o de que pueden ser operados a distancia.

La investigación conduce a grandes empresas armamentistas como Airbus, Thales, Leonardo, Lockheed Martin, General Dynamics, Northrop Grumman y L3 Technologies como las principales ganadoras de contratos relacionados con la construcción de muros fronterizos y vallas en Europa y Estados Unidos. Otras, como Elbit, Indra, Dat-Con, CSRA, Leidos y Raytheon, también son parte activa de este “mercado global de muros y vallas”.

También destaca el rol de las empresas israelíes, como Elbit y Magal Security, entre otras, que exportan servicios a nivel internacional al vender su experiencia “probada sobre el terreno” en la construcción de la extensa infraestructura de muros que ese país ha desarrollado para controlar los territorios ocupados.

Unos cuantos ejemplos ayudan a dimensionar la importancia ascendente, a nivel mundial, de esta nueva empresa de construcción de muros. “Informes recientes de investigación de mercado prevén un crecimiento anual del mercado global de seguridad fronteriza de entre 7,2% y 8,6% [llegando a] un total de entre 65-68 mil millones de dólares en 2025 (Global Reports Store, 2019). Europa se destaca por un índice de crecimiento anual previsto de 15%”, según el informe de las cuatro ONG europeas.

“Mundo amurallado. Hacia el apartheid global”, también destaca que, detrás del aumento de los muros y la industria específica que acompaña a los mismos, “se esconde una narrativa poderosa y manipuladora que se ha vuelto hegemónica”. La misma sostiene que los migrantes, en particular, “son una amenaza para el modo de vida de algunos países en vez de víctimas de políticas económicas y políticas perpetuadas y promovidas por los países más ricos para obligar a las personas a abandonar sus hogares”.

Esta narrativa utiliza el lenguaje del miedo para persuadir a las personas a que apoyen soluciones basadas en la seguridad. La narrativa del miedo y la seguridad es claramente seductora. Sin embargo, los cambios en la opinión pública, particularmente como resultado del cuestionamiento exitoso de parte de los movimientos sociales, tienen el potencial suficiente como para socavar incluso los sistemas de opresión más fuertes.

Los muros que nos dividen parecen permanentes, pero la educación y la acción política pueden derribarlos. “Es hora de una nueva ola de movilización, contra el mundo amurallado que solamente sirve a una pequeña élite y traiciona las esperanzas de la gran mayoría de la humanidad que quiere vivir con dignidad y justicia”, concluye el estudio.

Sergio Ferrari, desde Berna, Suiza
COMCOSUR AL DÍA / AÑO 26 / Nº 2278 / miércoles 09.12.2020
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“La izquierda no puede pensar sólo en ganar elecciones. Necesita tener como meta fundamental organizar al pueblo, y recuperar la hegemonía de las ideas de la clase obrera en la sociedad. Recuperar los valores humanistas y socialistas, y practicarlos, como la solidaridad, la defensa de la justicia social y la igualdad entre todos los seres humanos.”
Joao Pedro Stedile – MST (Brasil)
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COMCOSUR AL DÍA ES UNA PRODUCCIÓN DE COMCOSUR / COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR / Desde el 19 de Junio de 1994 / Coordinación: Carlos Casares / Apoyo técnico: Carlos Dárdano.
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ALEMANIA: Alix Arnold (Colonia), Antje Vieth, Carlos Ramos, Ute Löhning (Berlín)
ECUADOR: Kintto Lucas (Quito)
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SUIZA: Sergio Ferrari (Berna)
URUGUAY: Silvio Amodei, Jorge Marrero, Jorge Zabalza

Carlos Iaquinandi Castro /Redacción de SERPAL
José Antonio Rocca /La economía de a pie
Luis E. Sabini Fernández /Revista Futuros
Sudestada, periodismo y transparencia (Uruguay)

COMCOSUR AL DÍA, ES UNA PRODUCCIÓN DE COMCOSUR / COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR / Coordinación: Carlos Casares – DIRECCIÓN POSTAL: Proyectada 17 metros 5192 E (Parque Rivera) 11400 MONTEVIDEO/URUGUAY / Comcosur se mantiene con el trabajo voluntario de sus integrantes y no cuenta con ningún tipo de apoyo económico externo, institucional o personal / Las opiniones vertidas en las distintas notas que integran este boletín no reflejan necesariamente la posición que podría tener Comcosur sobre los temas en cuestión / Comcosur integra la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) /
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COMCOSUR MUJER / AÑO 26 /No. 670/ lunes 07.12.2020 – Hoy:

1) Escocia: Primer país del mundo en ofrecer gratis tampones y compresas
2) Guatemala: Lucia Ixchiu, indígena K´iche y periodista: “No hay una real democracia, no hay un Estado independiente ni un Estado de Derecho”
3) Guatemala: En las calles las mujeres denuncian la violencia de género y la corrupción
4) México: Casi 26 millones de mujeres sin ingresos propios y sólo 4 de cada 20 accede al mercado laboral
5) Perú: Comisionado de la CIDH se reúne con víctimas de esterilizaciones forzadas
6) Uruguay: La directora del Sistema de Cuidados y su programa de “familias articuladas”
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COMCOSUR MUJER /Fundado por Yessie Macchi / AÑO 26 / No. 670 – Lunes 7 de diciembre de 2020 / Producción: Beatriz Alonso, Belén Itza y Cecilia Duffau /Apoyo técnico: Carlos Dárdano
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1) ESCOCIA: PRIMER PAÍS DEL MUNDO EN OFRECER GRATIS TAMPONES Y COMPRESAS

Escocia será el primer país del mundo en ofrecer de manera gratuita productos para la menstruación. La medida hace que los tampones y las compresas estén disponibles en lugares públicos designados como centros comunitarios, clubes juveniles y farmacias, a un costo anual estimado para los contribuyentes de 24 millones de libras (26,9 millones de euros).

El proyecto de ley de Escocia sobre la gratuidad de los productos de higiene femenina se aprobó por unanimidad, y la primera ministra de Escocia, Nicola Sturgeon, se refirió a él como “una política importante para las mujeres y las niñas”.

El Parlamento ha dado luz verde a la medida por unanimidad

“Orgullosa de votar a favor de esta innovadora legislación, que convierte a Escocia en el primer país del mundo en ofrecer productos para la menstruación gratuitos para todos los que los necesitan”, publicó Sturgeon en Twitter.

Durante el debate, la proponente del proyecto de ley, la parlamentaria laborista escocesa Monica Lennon, dijo: “Nadie debería tener que preocuparse de dónde vendrá su próximo tampón, toalla sanitaria o reutilizable”. “Escocia no será el último país en relegar la pobreza menstrual a la historia, pero tenemos la oportunidad de ser el primero”, dijo.

Escocia ya suministraba productos para la menstruación de forma gratuita en escuelas, colegios y universidades.

En 2018, Escocia se convirtió en el primer país en proporcionar productos sanitarios gratuitos en escuelas, colegios y universidades.

Alrededor del 10% de las niñas en Gran Bretaña no han podido comprar productos sanitarios, según una encuesta realizada por la organización benéfica infantil Plan International en 2017, y los activistas advirtieron que muchas se saltan las clases como consecuencia.

Los productos sanitarios en el Reino Unido están gravados al 5%

Los productos sanitarios en el Reino Unido están gravados al 5%, un gravamen del que los funcionarios han culpado a las reglas de la Unión Europea (UE) que establecen tasas impositivas sobre ciertos productos. Ahora que Gran Bretaña ha abandonado la UE, el ministro de Finanzas británico, Rishi Sunak, ha dicho que abolirá el “impuesto a los tampones” en enero de 2021.

La Vanguardia / COMCOSUR MUJER Nº 670 – 07/12/2020
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2) GUATEMALA: LUCIA IXCHIU, INDÍGENA K´ICHE Y PERIODISTA: “NO HAY UNA REAL DEMOCRACIA, NO HAY UN ESTADO INDEPENDIENTE NI UN ESTADO DE DERECHO”

Guatemala atraviesa una situación de crisis política y protestas contra el gobierno luego de que el Congreso aprobara el presupuesto para 2021 que no priorizaba la lucha contra la desnutrición y la pobreza. En este contexto, miles de manifestantes se lanzaron a las calles para exigir el fin de la corrupción y la renuncia del presidente Alejandro Giammattei, quien inició su mandato en enero de este año.

Para comprender la importancia de esas protestas, NODAL dialogó con Lucía Ixchiu, indígena K’iche y periodista feminista comunitaria.

¿Por qué la crisis y la magnitud de las protestas contra el gobierno?

Creo que es importante remontarnos a la historia para entender el porqué de lo que está sucediendo. Guatemala es un país colonizado desde hace 500 años, donde los pueblos indígenas estamos en una lucha permanente y constante contra el despojo racista, colonial, patriarcal y estructural. Además, actualmente, es uno de los países más pobres y desiguales a nivel mundial. Más del 80% de la población vive en pobreza extrema, la pandemia acrecentó la violencia y el paso de los huracanes Eta e Iota dejaron poblaciones mayoritariamente indígenas en vulnerabilidad. Todo esto tiene que ver, por un lado, con que hay una concentración de la riqueza en una elite económica oligárquica colonial que se mantiene vigente y, por el otro, con que las relaciones en Guatemala son a partir de un Estado finca, es decir, una élite ordena y manda absolutamente en todo y no hay una real democracia, no hay un Estado independiente ni un estado de derecho que defender sino al contrario. Todavía hay relaciones de esclavitud, violencia sexual y niñas que son madres.

Además, es un país que ha sido bastante violentado. Su democracia es joven porque vivió una guerra de treinta y seis años, donde hubo genocidio, 45 mil desaparecidos y 200 mil personas asesinadas. Tuvo una revolución de 1944 a 1954 pero intervino Estados Unidos. También, en 2015 hubo movilizaciones importantes contra la corrupción, pero el gobierno del expresidente Jimmy Morales sacó a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) que estaba colaborando en esta lucha. Creo que entender la historia del país es fundamental para comprender el impacto de las protestas y el hartazgo de la mayoría de la población. No hay democracia, ha habido fraudes y ha habido intentos de la población de organizarse. Pero la gente que actualmente se organiza es perseguida y somos los pueblos indígenas quienes nos hemos encargado de hacer una defensa del territorio, de luchar por la defensa de los ríos y cerros y a muchos de estos liderazgos indígenas se les ha criminalizado, desaparecido y asesinado.

Con respecto a los reclamos de los pueblos indígenas ¿Cuáles son sus particularidades?

Se está hablando de una nueva Constitución y de un Estado plurinacional que respete y represente a los pueblos indígenas y a las mujeres. Guatemala es de los países con más altos índices de desnutrición, de pobreza, y más del 60% de la población somos indígenas. Entonces, las demandas van desde el acceso a salud, educación, trabajo y el derecho a la tierra, porque hay una redistribución de la tierra que no es justa ni equitativa para la población ya que se da a partir del latifundio, que es la concentración de un sector muy pequeño del país. Las grandes mayorías están siendo excluidas, cuando en realidad los primeros habitantes de estos territorios fuimos y somos los pueblos indígenas y es ahora que a nosotros y nosotras nos llaman “invasores”. Esa sería la particularidad que los pueblos indígenas estamos viviendo.

¿Cuál es la posición del gobierno ante la crisis que vive el país?

Es nula. No tiene ningún interés de escuchar a la población ni de beneficiar a las grandes mayorías. El Congreso se sigue reuniendo para buscar cómo sacar a la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) y como desaforar la Corte de Constitucionalidad para seguir generando impunidad en todos los sectores. El presidente ha llamado a un diálogo pero es desde sus intereses, no desde una verdadera intención de incluir a la población. La situación que se está viviendo es bastante preocupante y delicada y queremos denunciarla porque realmente Guatemala es un país centroamericano invisibilizado a nivel mundial. Centroamérica existe y es una región empobrecida y esclavizada por distintos intereses hegemónicos, geopolíticos y por la intervención de EEUU.

Luciana Mazzini Puga / NODAL / COMCOSUR MUJER Nº 670 – 07/12/2020
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3) GUATEMALA: EN LAS CALLES LAS MUJERES DENUNCIAN LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y LA CORRUPCIÓN

Las mujeres tomaron las calles este 25 de noviembre, día internacional de la eliminación de la violencia en contra de la mujer. En medio de una crisis política, social y sanitaria denunciaron los femicidios, el bajo presupuesto para erradicar la violencia y la corrupción.

La diversidad de mujeres nombraron todas las formas de violencia en su contra y el poco o nulo avance del Estado en el cumplimiento de instrumentos legales internacionales y nacionales a favor de las mujeres.
“Estamos diciendo que no más violencia contra las mujeres (…), estamos acá para sumarnos al clamor colectivo para decir, ya no más violencia contra las mujeres y también queremos expresar nuestro repudio contra el gobierno” resaltó, Alida Vicente, de la Alcaldía Indígena de Palín, Escuintla.

El reclamo hacia el Estado de Guatemala se incrementa mientras la crisis política se agudiza, las mujeres señalan que la corrupción es uno de los males que evitan erradicar la violencia machista.

“Pedimos que el gobierno, los diputados tengan una actitud responsable, que se preocupen por las mujeres y las obligaciones que tiene como Estado”, enfatizó Amparo Lotan de la Asociación de Trabajadoras para el Hogar a Domicilio y de Maquila (Atrahdom).

El 24 de noviembre en la plaza central de la ciudad de Guatemala se encendieron velas por las 444 mujeres asesinadas de forma violenta de enero a octubre de 2020. El reclamo de justicia para las mujeres se unió a la lucha contra la corrupción en el país.

FGER / COMCOSUR MUJER Nº 670 – 07/12/2020
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4) MÉXICO: CASI 26 MILLONES DE MUJERES SIN INGRESOS PROPIOS Y SÓLO 4 DE CADA 20 ACCEDE AL MERCADO LABORAL

La asociación civil Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, anunció que cerca de 26 millones de mujeres no cuentan con ingresos propios en México y solo 4 de cada 10 mujeres tiene acceso al mercado de trabajo.

Además, señaló que solamente 6 por ciento de las mujeres que trabajan ganan más de 12 mil pesos mensuales (unos 596 dólares), mientras que 7 de cada 10 no pueden comprar lo básico con su ingreso laboral.

En un análisis que describe la situación de las mujeres en el mercado laboral, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer que se conmemora el 25 de noviembre, la organización señaló que la asignación social del cuidado del hogar y la familia “ha condenado a la mujer a ser dependiente por no tener ingresos y quedarse en el hogar a ejecutar tareas domésticas”.

Entre otras, a cuidar niños, enfermos, personas discapacitadas o adultos mayores, “labores que no son remuneradas ni socialmente reconocidas”.

El documento apuntó que, además de la exclusión del mercado laboral, “las mujeres que sí logran emplearse, en su mayoría, lo hacen en condiciones de precariedad” con bajos salarios (72 por ciento), sin seguridad social (62 por ciento), sin contrato estable, en horarios rígidos, y sin defensa ni representación sindical.

Los estados donde hay más mujeres sin ingreso laboral suficiente para mantener a una familia son Chiapas (79 por ciento), (Puebla 76 por ciento), Guerrero (75 por ciento), Morelos (75 por ciento) y Oaxaca (74 por ciento). “Sin considerar la doble jornada que realizan, en promedio, las mujeres deberían trabajar años de 13.5 meses para ganar igual que los hombres y años de 14 meses para cubrir el costo de la canasta básica para dos personas”, indicó el reporte.

Alarmante Situación Señaló que “la alarmante situación de las mujeres en el mercado laboral, víctimas de la violencia que caracteriza esta época, se ha agravado con la presencia de la pandemia por covid 19″ y denunció mayor mortalidad entre amas de casas”.

Ante este escenario, la organización propuso “un modelo de igualdad sustantiva que posibilite nuevas relaciones sociales, económicas y políticas, y que contribuya a una economía incluyente”. La propuesta incluye el diseño de un sistema nacional de cuidados que propicie que las mujeres ejerzan sus derechos, dispongan de su tiempo y avancen al logro de conseguir su autonomía económica.

Sobre la exclusión económica y social, el análisis señaló que unos 17 millones de mujeres no pueden trabajar “por asumir un rol de género impuesto histórica y socialmente”.

Señaló que la participación de las mujeres en el mercado laboral es de apenas del 43 por ciento, los hombres tienen una participación del 74 por ciento y el desempleo afecta más a las mujeres (17.5 por ciento) que a los hombres (8.5 por ciento).

Nodal / COMCOSUR MUJER Nº 670 – 07/12/2020
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5) PERÚ: COMISIONADO DE LA CIDH SE REÚNE CON VÍCTIMAS DE ESTERILIZACIONES FORZADAS

En el marco de la visita al país de la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH, para reunirse con autoridades peruanas y víctimas de las recientes protestas sociales que ha enlutado al país, el comisionado Stuardo Ralón, relator para Perú, se reunió con un grupo de mujeres víctimas de esterilizaciones forzadas para escuchar sus casos.

El representante de la CIDH se reunió con María Elena Carbajal y F. L., afectadas por las esterilizaciones forzosas, y con María Esther Mogollón, en representación de la Asociación de Mujeres Peruanas Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas –AMPAEF; quienes le relataron sobre el impacto en sus vidas, en su salud física y mental, y en el de miles de mujeres más, a consecuencia de la política de esterilizaciones que realizó el gobierno fujimorista entre 1995 y 2000.

Son alrededor de 1 300 casos judicializados que siguen esperando justicia, pero el universo de víctimas es mayor. Se calculan más de 300 mil mujeres esterilizadas.

El Comisionado Ralón señaló que, aunque su visita haya sido por otras circunstancias, el hecho de reunirse con ellas, era asumir un compromiso -en el marco de sus competencias- para que sus voces sean escuchadas y se les dé prioridad a sus casos, en tanto sea Relator para Perú. “Es algo de lamentar que durante 24 años han pasado fiscales, ministros, presidentes, y no haya una voluntad para poder atender esa responsabilidad que el Estado peruano tiene hacia ustedes” señaló.
Durante la reunión, se narró cómo a pesar de las pruebas, estos casos eran rechazados por los fiscales, archivados, para luego ser reabiertos. “Ha habido una permanente negación de estos hechos. Estos años han sido años de archivamientos y reapertura de los casos” señaló María Esther Mogollón.

Ante esta situación de incertidumbre, al no hallar justicia en los tribunales nacionales, informaron que 5 casos de esterilizaciones forzadas, han sido presentados ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a fines de setiembre por AMPAEF y la organización internacional Justicia y Reparación.

Pero no son los únicos casos. Con el patrocinio de AMPAEF han presentado tres nuevos casos ante el Comité de No Discriminación de la ONU de mujeres quechua hablantes, esterilizadas también en contra de su voluntad entre 1996 y 1997.

“Es un largo vía crucis de 24 años. Es terrible que no se reconozca que fue un delito, que no fue nuestra culpa, que nos obligaron a esterilizarnos. Nos ha impactado a nosotras, a nuestras familias. Y seguimos esperando justicia. No queremos esperar otros 20 años” señaló María Elena Carbajal.

Al final de la reunión, el Comisionado de la CIDH, reconoció su valor y persistencia por encontrar justicia, reiterando su compromiso para que se dé prioridad a los casos de esterilizaciones forzosas. “Sin duda, sus casos han sido traumáticos. Y hay que reconocer que, frente a la adversidad, ustedes tengan el empuje y una voluntad para buscar justicia en canales nacionales e internacionales”.

Christian Berndt, abogado de Justicia y Reparación, calificó como importante la reunión y agradeció la atención del Comisionado Ralón. “Confío en que su preocupación y sensibilidad sea la misma en los distintos organismos internacionales que tengan la competencia para conocer de estas materias, y se pueda lograr reparaciones integrales en tiempo y forma para las víctimas, quienes no pueden seguir esperando” señaló.

Wayka / COMCOSUR MUJER Nº 670 – 07/12/2020
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6) URUGUAY: LA DIRECTORA DEL SISTEMA DE CUIDADOS Y SU PROGRAMA DE “FAMILIAS ARTICULADAS”

La actual directora del Programa Nacional de Discapacidad (Pronadis) y de la Secretaría Nacional de Cuidados, la psicóloga Gabriela Bazzano, fue investigada por la Justicia de Crimen Organizado por su trabajo al frente de la asociación civil Seamos, que se dedica a la reinserción de personas con discapacidad intelectual o psiquiátrica.

Durante años la organización implementó un programa de “familias articuladas”, que consistía en la entrega de hijos de personas con discapacidad intelectual a otras familias, sin control del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU) ni de otro organismo estatal. Al menos seis niños estuvieron involucrados en este programa entre 2012 y 2017, según la causa judicial.

La investigación comenzó en 2015, tras una denuncia que presentaron el INAU y el hospital Pereira Rossell ante un juzgado de familia. Las autoridades advirtieron que una usuaria de Seamos, que días atrás había parido a su hija, se fue del centro hospitalario acompañada por otras dos personas, sin el alta médica de la niña y con una vía colocada.

Este episodio irregular desembocó en una causa judicial con más de 700 folios, la actuación de tres fiscales especializados, una investigación de Interpol que duró dos años, escuchas telefónicas ordenadas por la Justicia y las declaraciones de decenas de personas involucradas. La Diaria accedió a la totalidad del expediente, ya archivado, y con base en esa información reconstruimos las historias de estos padres y sus hijos. Optamos por utilizar nombres ficticios de niños, madres y padres biológicos, así como de los “padres articulados”.

La historia de Lorena

“Posible venta irregular de recién nacido”, establece un documento de Interpol de setiembre de 2015, dirigido a la jueza de Crimen Organizado Adriana de los Santos. Allí se explica que la denuncia original ante el Juzgado de Familia de 3º Turno la había presentado tres meses antes la Dirección del Servicio Social del hospital Pereira Rossell.

También se relatan los hechos. Lorena, una mujer con esquizofrenia que vivía en el hogar comunitario de Seamos, se fue del hospital con su bebé, que había nacido siete días antes, sin el alta médica, con una vía puesta y acompañada por otras dos personas. Durante la internación, un pediatra y las trabajadoras sociales del hospital público habían advertido “una situación extraña”, ya que Lorena estuvo siempre acompañada por dos mujeres, que la asistieron en el trabajo de parto y que luego se turnaban para cuidar a la bebé.

De acuerdo al expediente judicial, una trabajadora social incluso discutió en la habitación con una de las acompañantes, que “no la dejaba hablar con la mamá”. Según declaró la funcionaria del hospital, la mujer le daba la mamadera y sostenía a la niña. “Estaba en posesión de la bebé”, resumió.

Lorena atendió su embarazo en una policlínica de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y una partera había derivado su caso a Uruguay Crece Contigo (UCC), el programa del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) focalizado en primera infancia. La mujer de 30 años vivía en Paso Carrasco con su hermano, también con esquizofrenia. La casa era mantenida por el padre de ambos, que no vivía allí. Entre otras carencias, no tenía agua caliente. Tras varias entrevistas, el futuro abuelo reconoció que no podía hacerse cargo ni de su hija ni de su nieta. Luego de un episodio de violencia doméstica contra Lorena, que involucró al hermano, el equipo de UCC se contactó con distintas organizaciones, públicas y privadas, para encontrar un lugar donde atender a la joven, pero no tuvieron éxito.

Tras un encuentro con la psicóloga Denise Defey, asesora en ese momento de UCC, la especialista sugirió contactarse con Bazzano, directora de Seamos, para conocer el dispositivo de “familias articuladas”. En un informe que aparece en el expediente judicial, dos técnicas de UCC escriben que Bazzano les explicó que el programa “pretende salvaguardar el vínculo entre los niños y sus madres biológicas apoyándolas en el maternaje”, y que “familias colaboradoras con la organización asumen el cuidado de los niños y los llevan de visita semanalmente al hogar para favorecer el contacto con sus madres”. Según este informe, Bazzano planteó desde el inicio “que las experiencias anteriores de articulación de los niños con estas familias han sido debidamente autorizadas por jueces competentes en la materia”.

¿Qué dijo INAU?

Beatriz Scarone era hasta agosto de 2016 directora de Adopciones del INAU, y luego asumió como directora de Familias y Cuidados Parentales de la institución. Por ese rol fue a declarar ante Crimen Organizado. Allí dijo que las familias articuladas “no existen en INAU”, explicó las distintas modalidades que funcionan institucionalmente y, ante la consulta por si alguna ONG puede concretar un caso sin participación del INAU, Scarone aclaró: “No, todas las ONG que tienen convenio con el instituto, la selección y valoración de las familias amigas son llevadas a cabo por los equipos del INAU. Las organizaciones pueden postular a las personas, pero son los equipos de INAU quienes realizan la valoración”.

Además, explicó que se enteró de la existencia de Seamos en 2014, cuando el juez Messere derivó los antecedentes del pedido de homologación de tenencia por Bruno a la Justicia Penal y, a la vez, informó al departamento de Adopciones de INAU. Luego fue informada de que una mujer que estaba anotada en el registro de adopciones informó que ya se estaba haciendo cargo de una niña (era Sonia, la “madre articulada” de Zoe). Por último, fue informada del caso de la hija de Lorena por el departamento de Trabajo Social. Scarone aseguró que “no es habitual ver este tipo de ONG: en toda mi experiencia nunca vi una organización de esta índole”.

Después de algunas entrevistas, Lorena y su padre decidieron ingresar al programa, un mes antes del parto. Una de las técnicas de UCC declaró ante la Justicia que en las reuniones previas nunca se habló de que la articulación se hiciera desde el nacimiento de la bebé.

Sin embargo, las técnicas fueron a visitar a Lorena al Pereira Rossell cuando nació la niña y conocieron a Marta, quien se presentó como “la mamá articulada”. En ese momento le preguntaron si eso “lo iba a resolver un juez”. “Nos dijo que ella se iba a ir con la bebé para su casa, y que lo de la tenencia lo iba a ver más adelante”, relataron.

Las funcionarias de UCC salieron del lugar “preocupadas”, ya que eso “no era lo conversado”. Al día siguiente, Bazzano llamó a las trabajadoras de UCC para pedirles apoyo, porque un pediatra había derivado el caso al área de Servicio Social del Pereira Rossell. Allí se encontraron con Lorena y con Gerardo, el “padre articulado”, cuando ambos se dirigían al Registro Civil a “reconocer a Belén”, algo que no pudieron concretar porque la oficina contigua al hospital estaba cerrada. A raíz de esta situación, las funcionarias de UCC y la encargada del área de Servicio Social del hospital resolvieron que era necesario judicializar el caso. Bazzano planteó su disconformidad con la decisión y argumentó que el padre de Lorena, que estaba en el hospital, se haría cargo de su hija y su nieta.

Una hora después, las técnicas de UCC recibieron una llamada del hospital informándoles que Lorena había salido hasta el banco de leche y no había regresado. Una de las trabajadoras de UCC declaró ante la Justicia que en ese momento llamó a Marta para saber qué había pasado y la “madre articulada” les respondió que “Lorena se quiso ir”, que ellos la subieron en su auto y que estaban en camino al hogar de Seamos. Marta declaró también ante la jueza que se estaba yendo del hospital cuando vio a Lorena en la parada del ómnibus: “En eso llegó Gerardo, estuvimos tratando de ver qué hacíamos, fuimos al hogar y dije ‘estoy desbordada’”.

Esta fue la denuncia que llegó al Juzgado de Familia de 3º Turno. Por esta fecha, finales de junio de 2015, la bebé recién nacida pasaba las noches en la casa de la “familia articulada” y durante el día estaba en el hogar de Seamos con su madre biológica. La madre “articulada” contó ante la Justicia que luego de salir del Pereira Rossell llevaron a la niña a una clínica de Medicina Personalizada, en consulta particular, para que un médico le quitara la vía.

La jueza María Rosa Aguirre determinó como medida cautelar que la bebé fuera institucionalizada en el INAU y habilitó las visitas diarias de su madre biológica. Semanas más tarde, tras varias pericias, la Justicia determinó que la bebé fuera a vivir con su abuelo. La niña mantuvo el vínculo con Lorena, que siguió viviendo durante un tiempo en el hogar de Seamos.

En 2016, Lorena declaró en el Juzgado de Crimen Organizado. Entre otras cosas, relató que se había enterado de que Marta sería la madre “articulada” de su hija cuando “estaba por entrar a la sala de partos”. “Yo hasta entonces no había asumido que yo también iba a articular a mi hija. Yo pensaba que me iba a quedar con mi hija en Seamos”, declaró ante la jueza de Crimen Organizado María Helena Mainard. La mujer también contó cómo fue su salida del hospital Pereira Rossell, cuando iba camino al banco de leche. “Fui con Marta. Me habían pedido que llevara a mi hija para enseñarme. Yo estaba de camisón. Marta me preguntó: ‘¿Qué hacemos? Mi marido está afuera en el coche esperando por nosotras’. Me preguntó si yo me iba para el hogar. Y yo le dije: ‘Sí, vamos’. Debo decirle que el banco de leche está frente a la puerta de salida del hospital. Yo estaba como mareada, no sabía qué hacer en el hospital, todos me hablaban, estaban arriba mío, y me fui con Marta y mi hija, que aún tenía la mariposa de la vía en su mano. La niña estaba bien abrigada. Yo no me acuerdo cómo me fui exactamente, pero me fui en camisón. Gerardo estaba con la puerta del auto abierta. Yo no me di cuenta de que mi hija tenía la vía. Fue todo al tuntún. Entré al auto con Marta y salimos rumbo al hogar”.

El modelo de Seamos

Seamos se fundó en 1997 para trabajar en la reinserción de personas con discapacidad intelectual; en 2004 la Intendencia de Montevideo le cedió una casa en Jacinto Vera, en la que empezaron a vivir los usuarios, en su mayoría egresados de Aldeas Infantiles con 18 años recién cumplidos. En ese lugar, según la presentación institucional, se implementan talleres de huerta, yoga, cultura general y música, con el objetivo de promover la autogestión. La investigación de Crimen Organizado constató la concreción de cuatro “articulaciones” y dos intentos que no funcionaron.

Uno de los casos más paradigmáticos fue el primero, el de Valentina; Bazzano explicó en varias ocasiones que allí nació la propuesta de familias articuladas. A propósito de este proceso, la organización elaboró un documental, que está disponible en Youtube. “Hubo un esmerado trabajo por parte del equipo de la institución Seamos para evitar que se repitieran las historias de abuso, abandono y maltrato. En 2008 se debió recurrir fuertemente al aval institucional para que no fuera así. Necesitamos de mucha valentía para sobrellevar los límites castratorios de lo instituido. El equipo se afianzó más que nunca”, escribió Bazzano en su artículo “Las familias articuladas y la atención puesta en la primera infancia”, publicado en la web de la organización.

Finalmente, el abuelo obtuvo la tenencia de la niña; Lorena se fue de la casa de Seamos y empezó a ver a su hija en la casa de Paso Carrasco. Cuando la bebé tenía dos meses, Lorena estuvo internada en el hospital Vilardebó y allí recibió la visita de Marta.

En el expediente judicial hay conversaciones telefónicas entre el abogado Pablo Correa ‒luego conocido por ser el representante del Partido Nacional en la denuncia por ANCAP‒ y otros integrantes de Seamos, en las que Marta plantea la posibilidad de que Lorena vuelva al hogar para reclamar la tenencia de su hija. “La estrategia que tienen pensada para que Lorena no piense que ella la quiere llevar es que el propio abogado la llame por teléfono tratando de convencerla de volver a Seamos, para a posteriori pedir que le regresen a su hija para poder tenerla con ella”, puede leerse en el informe de Interpol, a partir de las escuchas telefónicas entre Marta, Gerardo, Bazzano y Correa. Este regreso al hogar de Seamos no se concretó debido a la negativa de Lorena.

Además, según un oficio de Interpol, después de una primera reunión Correa le dijo a Marta “en forma concreta que para él no existe lo de ‘familia articulada’ y no le parece algo positivo, que si hay algún tema nuevo sobre el expediente no tiene problema en ayudarla, que para la próxima reunión concurra sola, ya que no se quiere reunir con Bazzano, porque la misma se cree abogada o escribana”. Finalmente, Correa no intervino formalmente en la causa en el Juzgado de Familia ni tampoco en la de Crimen Organizado.

La historia de Valentina y Bruno

Este caso empieza mucho antes, en 2008. Ese año nacieron dos niños en Seamos: Valentina, hija de María y Daniel, dos jóvenes floridenses con discapacidades intelectuales que se conocieron y se casaron en el hogar, y Bruno, hijo de Soledad, una madre soltera que también vivía en la casa de Jacinto Vera.

Los “padres articulados” de Valentina y Bruno viven en La Tahona. Ella comenzó a tener terapia psicológica con Bazzano por sus problemas de infertilidad. El esposo declaró ante Interpol que durante la terapia Bazzano le habló de Seamos y del programa de “familias articuladas”. “Creo que ahí la señora Bazzano vio que la debilidad de mi señora era poder tener un niño, a lo cual nos plantea el programa de familia articulada y la acerca a ONG Seamos”, dijo.

En 2012 la mujer empezó a concurrir al hogar como voluntaria. Ante Interpol contó cómo fue el proceso: “Comencé a hablar con los padres de dichos niños para que me dieran permiso para salir a pasear, y me encariñé con los niños. Después de varias semanas, los niños comenzaron a quedarse una noche en casa. Eso lo hicimos por varios meses, hasta que paulatinamente fue cambiando, los niños empezaron a quedarse más en mi casa que en el hogar. Vimos que Valentina y Bruno nos habían tomado cariño y se acostumbraron a nosotros, por lo que comenzamos junto con Gabriela [Bazzano] y su abogado a tramitar la tenencia”.

El esposo, sin embargo, planteó otra visión sobre el proceso ante la Justicia. Dijo que le planteó dudas a Bazzano sobre “el marco legal”, algo que no lo “convencía mucho”. “Es más, en una ocasión llevé como 15 preguntas para hacer y no pude realizar ni una, ya que la señora Bazzano era muy manipuladora, tenía un egocentrismo muy grande y no se podía cuestionar sus preceptos”. Contó que a los niños los conocieron el primer día que fueron al hogar y que en el proceso “la única cara visible era Bazzano, aunque ella siempre hablaba de un equipo, que yo nunca conocí”.

El esposo no estaba de acuerdo en firmar un convenio por el cuidado de los niños con los padres biológicos; incluso declaró que su abogado le recomendó no hacerlo, algo que generó problemas con Bazzano y el esposo de ella, Joaquín Rodríguez, también psicólogo e integrante de Seamos. “Allí conocí al señor Joaquín Rodríguez, que de manera muy prepotente me presionaba para firmar el acuerdo, tengo cadenas de email con ellos que llegan a amenazarme en sacarme del programa si yo no firmaba, sabiendo que estábamos en una situación vulnerable. Para una pareja con problemas de infertilidad es casi imposible no aceptar lo que sea para obtener un chico; había cosas que decía el acuerdo que no habían pasado cómo las narraba, por ejemplo, decía que mi esposa se había acercado a la ONG, para el tema de la articulación, y en realidad había ido al consultorio de Bazzano para realizar terapia”, declaró en Interpol. Y luego agregó: “Igual ya estaba tan encariñado con los niños que me fue imposible no firmar y accedí, y reconozco que con nosotros quizás salió bien, pero pueden enviar a los niños con cualquier persona, porque es todo muy informal y arbitrario”.

El “padre articulado” informó que nadie fue a su casa “ni antes ni después de que tuviéramos los niños”. Al ser consultado sobre la relación con los padres biológicos de los niños, a quienes ven semanalmente en el shopping Portones o algunas veces en el hogar, dijo: “No me siento cómodo cuando los vemos porque no estoy acostumbrado a la pobreza, pero la relación es buena. No me gusta ir, si es posible no iría nunca”.

En julio de 2013 la Justicia de Familia homologó el acuerdo de tenencia de Valentina, pero el trámite de la tenencia de Bruno demoró más de lo previsto, ya que el juez a cargo del Juzgado de 22º Turno,

Álvaro Messere, dio la tenencia provisoria al matrimonio pero envió los antecedentes del caso a la Justicia penal.

La fiscal Graciela Peraza, que intervino en ese expediente, hizo un informe para Messere en el que plantea que “ante la situación de hecho ya consumada” y “procurando no vulnerar los derechos esenciales” de Bruno, el juez podía otorgar la tenencia provisoria a los “actuales tenedores de hecho”. Pero en el documento advierte que la madre biológica, Soledad, “es portadora de discapacidad intelectual”, por lo que “su manifestación de voluntad debe valorarse en concordancia a ello, evitando vulnerar su derechos fundamentales”, y cita la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad ratificada por ley en 2008 por Uruguay.

Agrega en segundo lugar que no consta que Soledad “esté representada o asistida conforme a derecho en su manifestación de voluntad”, y directamente cuestiona el concepto de “familias articuladas en la forma que lo emplea la organización social”, porque “vulnera los contenidos de la Convención citada”. “Los tenedores han asumido el rol de padres, tomando decisiones propias de la patria potestad. La madre sólo ha mantenido el contacto con un régimen de visitas que los propios tenedores y la psicóloga del centro han organizado”, argumenta. En ese sentido, solicita a Messere que se envíen todos los antecedentes a sede penal.

Las críticas de dos abogadas

En la investigación de Crimen Organizado fue citada una abogada que participó en la elaboración de los escritos judiciales en pedido de homologación de la tenencia, quien enfatizó, en Interpol y ante la jueza, que nunca trabajó para Seamos ni considera a Bazzano como su clienta. “Me consultaba, me hacía preguntas por teléfono y fuera de mi horario de trabajo, y estando yo en mi domicilio”, declaró.

La abogada era asesora laboral de una empresa de informática en la que el hijo de Bazzano era gerente, y fue este quien le pidió que se reuniera con su madre por una consulta. Tras el encuentro le dio la dirección de su casa y Bazzano empezó a pasar para contarle cosas del hogar y de los niños, entre otras cosas que una pareja los iba a visitar. “Ella es muy avasallante y consigue lo que quiere sin que uno se dé cuenta”, dijo la abogada.

“Cuando Bazzano me dijo que le quería dar un marco más legal a la situación, yo le respondí que quería conocer al matrimonio que paseaba a Valentina y Bruno. Un día fueron a una cita en mi estudio, con su abogada”, relató. En ese momento los niños “pasaban parte de la semana con sus padres biológicos y parte con este matrimonio”. Bazzano le planteó el marco legal que quería y, según la abogada, “yo le respondía que esa figura no existía en ningún código y por ende no había posibilidad de un marco legal”.

Después de ese caso, la abogada dijo que “nunca más” quiso “tener contacto con esta gente”, porque “cuando mandaron el expediente a Penal, Bazzano me llamó para decirme que habían derivado todo a Penal por culpa mía, que yo había hecho todo mal”, dijo, y aseguró que nunca cobró “un peso”.

También fue citada a Crimen Organizado la abogada que representó a Bazzano en la audiencia judicial por la denuncia que presentó el Pereira Rossell. La profesional contó que conoció a Bazzano en abril de 2015, que le “pareció bien” el trabajo de la ONG y que decidió ayudarla. Unos días después, en junio, la llamó para que la representara en la audiencia de urgencia en el juzgado de familia. “Una vez en la audiencia se comenzaron a ventilar situaciones que no tenía presente, por lo que me resultó muy difícil realizar una defensa adecuada”, contó, y dijo que cuando terminó la audiencia le dijo a Bazzano que convenía que cambiara de patrocinadora, “ya que surgieron cosas que no me gustaron, resultaron sospechosas o fuera de orden que iban en contra de mis principios, por lo cual Bazzano estuvo de acuerdo”. No obstante, en febrero de 2016 desde el juzgado de familia que siguió el caso se la convocó, ante lo que la profesional volvió a decirle que cambiara de abogado y, de todas formas, presentó un escrito en el juzgado “desistiendo del patrocinio”.

La visión de los padres: María, Daniel y Soledad
Valentina fue la primera niña “articulada”. Es la hija de María y Daniel, dos jóvenes de Aldeas Infantiles de Florida, que llegaron a Seamos luego de egresar de sus hogares, a los 18 años.

En 2013, a raíz de una denuncia que les llegó, trabajadores sociales del equipo de Aldeas Infantiles de Florida hicieron una visita sorpresiva al hogar de Seamos para conocer la situación. El responsable de Aldeas Infantiles contó ante Interpol que allí confirmaron que tanto Valentina como Bruno estaban “bajo cuidado de una familia ajena, en una situación para nada clara o regular”. También dijo que María, la madre biológica, “tenía día y horarios de visitas para recibir a su propia hija”. “De su relato se desprende que desconocen los procedimientos y bajo qué forma se actuó en la separación de los niños de sus padres biológicos”, declaró Samuel Diogo, representante de Aldeas Infantiles.

Los técnicos se fueron del lugar con la “sospecha” de una adopción “encubierta completamente”, y de que estaba sucediendo algo “por fuera de todos los procedimientos legales establecidos”. Se trataría de una “separación de los niños de sus madres sin aparente actuación competente de autoridades del INAU o juzgados”.

Regresaron al lugar en agosto, a pesar de que la primera visita sin previo aviso había caído mal a Bazzano. En la declaración ante Interpol, Diogo mencionó que existía preocupación porque para los dos procedimientos “existen normas legales” y está prevista la “actuación de autoridades competentes de INAU y la Justicia, cuestión que no se percibe en las familias articuladas, quedando sujeto a la discrecionalidad de la directora del programa la resolución y la definición de estos temas que son críticos en términos de derecho de infancia”. Diogo también mostró sus dudas respecto del consentimiento de los padres. “No sabían bien de qué se trataba, desconocían el alcance de los documentos que les pedían firmar, en algunos casos se nos dijo que sentían presión y por momentos, cuando hacían referencia a lo positivo de la familia articulada, lo hacían con palabras que no eran suyas”, dijo el trabajador social.

El equipo de Aldeas Infantiles elaboró en 2013 un informe sobre el tema. De allí surge que María trabajaba como empleada doméstica en la casa de Bazzano “los días lunes, miércoles y viernes”. Los martes y jueves, en tanto, María limpiaba la casa de una maestra de Seamos, que luego sería la “madre articulada” de otra niña.

Los vínculos laborales entre los usuarios del hogar también se reiteran, ya que al momento de concretar la articulación de su hija, Daniel trabajaba en Intracom, una empresa de informática en la que un hijo de Bazzano tenía un cargo gerencial.

Daniel declaró ante la jueza de Crimen Organizado María Helena Mainard en setiembre de 2016. Entre otras cosas, dijo que no estaba con su hija para no “pasar vergüenza”; junto a su esposa, María, decidieron “dar a mi hija a otras personas, y esa idea la compartimos con Gabriela”. “Me hicieron firmar unos papeles adelante de Gabriela y adelante de la abogada. Y tenía abogado, que me consiguió Gabriela”, señaló. La jueza le preguntó a Daniel qué nivel de conocimiento tenía sobre el acuerdo de tenencia, y sus respuestas fueron: “Gabriela me dijo que intervino un juez”. “Gabriela me dijo que era una familia bien”. “Entendí que era una familia bien educada. Mi hija va al Liceo Francés. Nosotros le sacamos el pasaporte y mi hija viaja”.

Daniel no quiere que su hija “pase lo que yo pasé, y mi señora está de acuerdo”; también contó que cuando se empezó a ir los fines de semana “estaba contenta, se le notaba en la cara”. “Yo se la di porque iban a cuidar a mi hija. Nosotros queríamos lo mejor para Valentina, me lo explicó Gabriela y nos pusimos de acuerdo con María”. También contó que la sigue viendo todas las semanas: “Cuando viene su mamá adoptiva se quiere ir con ella, y cuando la veo hablamos de cómo le va en el colegio. Me cuenta que hace ballet y gimnasia”. “¿Usted sabe que también le podría dar todo eso a su hija?”, le preguntaron a Daniel en la sede judicial. “Sí, señor, hoy me lo dijo la jueza, pero yo eso no lo sabía”, respondió.

María también declaró ante la Justicia de Crimen Organizado. Contó que trabajaba haciendo limpiezas “en la casa de Gabriela y Joaquín”, y también que la mitad de la plata del despido de Daniel (unos 160.000 pesos) la tenía Bazzano, porque “si no la gasta toda”.

Soledad, la madre de Bruno, declaró ante la jueza en setiembre de 2016. Contó que Bazzano la acompañó en la sala de partos cuando tuvo a su hijo en 2012 y que cuando él cumplió tres años y medio conoció a la pareja con quien terminaría viviendo Bruno, la misma que “articuló” a Valentina. “Me los presentó Gabriela. Yo no tenía recursos económicos para tener a mi hijo a mi lado, pero de todas maneras no quería darlo. Pero como no tenía recursos terminé dándolo. Gabriela me dijo que la señora no podía tener hijos y me sugirió que les entregara a Bruno para que ellos se hicieran cargo de su crianza. Convení con esta familia de verlo regularmente, pero solamente lo veo los lunes”, contó. Soledad piensa que Bruno está “contento y feliz y muy bien atendido”.

Julia, la hija de Mónica

Mónica es la hermana menor de María. También llegó al hogar de Seamos desde Aldeas Infantiles de Florida, donde había nacido su hija, Julia. El representante de Aldeas Infantiles de Florida explicó ante Crimen Organizado que, a diferencia de María y Daniel, Mónica ya tenía una hija al momento del egreso. “En ningún momento se plantea la separación y, justamente, una de las razones por la que se eligió a Seamos fue porque Mónica podía ir con su hija. Hay muy pocas posibilidades de inserción para jóvenes que egresan de Aldeas con sus hijos”.

El responsable de la organización dijo además que después de que se enteraron de la situación de Valentina, le preguntaron a Bazzano si el programa de familias articuladas “estaba respaldado a nivel estatal”. “Dijo que estaba habilitado, que se lo había presentado a autoridades gubernamentales. Se le pregunta si había sido visto por INAU y nos dijo que sí”, contó.

Cuando Julia tenía un año, Mónica conoció a través de Bazzano a Sonia, con quien vive su hija actualmente. En el juzgado Mónica contó: “Me dijo que a ella le gustaría hacer lo de la familia articulada. Yo al principio le dije que no, pero Gabriela estuvo hablando conmigo y me dijo que probara, que Julia iba a estar bien con Sonia, y la dejé ir”.

Cuando empezó el proceso, la niña pasaba los fines de semana con su “madre articulada” y entre semana volvía junto a su madre al hogar de Seamos. Pero cuando Julia cumplió tres años, empezó a estar todos los días con Sonia, a Mónica la veía una vez por semana. Luego firmaron el acuerdo de tenencia, en la casa de Bazzano. “Estábamos mi abogada, que la eligió Gabriela y no sé cómo se llama, la abogada de Sonia y nadie más”, contó Mónica, que sobre los papeles dijo: “No sé lo que decía. Al otro día me dieron una copia de lo que firmé”.

También le preguntaron cómo se sintió en ese momento: “Al principio mal, yo no quería firmar los papeles, pero tenía a Gabriela al lado diciéndome que mi hija iba a estar mejor con Sonia, que yo no la podía tener donde estaba. Gabriela me decía que Julia no podía estar conmigo porque yo tenía problemas, y a mi hermana le hizo lo mismo, le decía que era una loca que siempre tenía un problema. Gabriela dice que fue con Sonia a una jueza, pero yo nunca fui al juzgado”.

A Mónica le consultaron si le gustaría recuperar a su hija y respondió que sí, “porque la extraño”. Dijo que se lo planteó a Bazzano, “pero me dijo que no, porque cuando hacés la tenencia compartida no vuelve para atrás, y me amenaza que si me voy a Florida con mi hija me pone cinco abogados para sacármela y me amenaza que nos va a sacar del hogar”.

Sonia, la “madre articulada” de Julia, declaró ante Interpol en noviembre de 2015. En su caso conoció el hogar a través de internet, en 2013. En 2014 se encargó de buscarle un jardín de infantes a la niña y se quedaba con ella los fines de semana, luego una semana, y contó que luego Mónica le pidió que cuidara a la niña porque ella tenía que hacerse cargo de sus hermanos que estaban internados.

Bazzano, según su relato, sólo le realizó una entrevista. “Nadie de Seamos, ni un trabajador social visitó mi casa”, admitió. Agregó que en varias oportunidades compartió con Bazzano sus dudas sobre la legalidad del programa: “Le manifesté que me parecía que estaba mal esto de que me encontraba viviendo con Julia, incluso le mencioné los artículos del Código de la Niñez, de que tenía que llamar a un juez 48 horas después de yo estar con la niña en mi casa, que habría que enterar al INAU y eso”. De acuerdo a su declaración ante la Justicia, Bazzano le decía que se “quedara tranquila”. “Me decía que ellos tenían en cuenta eso que yo le decía, que ya estaban trabajando con INAU de Maldonado y con el Mides, nombrándome constantemente abogados, que ella estaba bien asesorada y que estaba haciendo el proceso para que fuera reconocido. Dentro de mis dudas me quedé más tranquila por las palabras de Bazzano”, contó Sonia ante los funcionarios de Interpol.

El archivo de Pacheco

Cuando comenzó la causa, en 2015, la jueza de Crimen Organizado de 2º Turno era Adriana de los Santos, mientras que el fiscal del caso era Juan Gómez. En junio de 2016 asumió la fiscalía María de los Ángeles Camiño, quien junto a la jueza María Helena Mainard tomó prácticamente todas las declaraciones en la sede durante 2016. En febrero de 2017 asumió el fiscal Luis Pacheco, y en abril de ese año entendió que la investigación estaba “suficientemente instruida” y solicitó archivarla tras no encontrar “indicios de la existencia de hechos con apariencia delictiva”.

En la vista fiscal Pacheco señala que “más allá de la conveniencia o no de un régimen de tales características”, la resolución en todos los casos “se basaba jurídicamente en lo previsto en el artículo 36 del Código de la Niñez y la Adolescencia”. Este artículo establece que cualquier interesado puede solicitar la tenencia de un niño, pero aclara que si la finalidad última es “la inserción adoptiva del niño, niña o adolescente, los interesados deberán haber dado previo cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 132” del mismo código. El artículo 132, por su parte, establece que cualquier situación en que un niño se encuentre privado de su medio familiar “deberá ser comunicada de inmediato al juez con competencia de urgencia en materia de Familia” o “al INAU”. Ese deber de comunicación abarca al progenitor o a quien esté a cargo del niño y decida “no continuar con su cuidado en forma permanente”, y a quienes “tuvieran noticia de ello en el ejercicio de su cargo, empleo, profesión, vínculo familiar o en razón de la institución en la que participan”.

El artículo 36 establece que un juez de Familia debe encargarse de “evaluar el entorno familiar ofrecido por el interesado”; según Pacheco, en los casos en los que intervino Seamos “se promovía la correspondiente homologación judicial del acuerdo de tenencia”. “En ningún caso la solución era clandestina, o podía ser interpretada como una ‘adopción’ ilegal, sino que además de la homologación judicial, el sistema estaba en conocimiento de otros organismos públicos”, consideró.

Pacheco puntualizó que “podría discutirse jurídicamente la validez del consentimiento de personas con discapacidades psiquiátricas para acordar un régimen de tenencia articulada como el que se instrumenta, pero ello es claramente resorte de las autoridades judiciales intervinientes en sede de Familia”. Agregó que en la investigación, que analizó los movimientos bancarios de Bazzano, no hay indicios de “la existencia de pagos o exigencia de dinero por parte de Seamos a las familias que se hacían cargo de la tenencia articulada”. Por último, entendió que el retiro de la madre y la bebé sin la correspondiente alta médica del Pereira Rossell fueron hechos que “carecen de relevancia penal”.

En función del dictamen del fiscal, el 7 de abril la jueza suplente Gabriela Araujo decretó el archivo del caso.

Zoe, la hija de Claudia

La cuarta “articulación” concretada que investigó la Justicia de Crimen Organizado fue la de Zoe, hija de Claudia, que ingresó a Seamos ya embarazada. Los “padres articulados” de Zoe son una maestra que tenía a su cargo un taller de “cultura general” en Seamos y su pareja, un hombre que actualmente se desempeña como adjunto de Bazzano en Pronadis.

Claudia declaró ante la jueza que dos meses después del parto la internaron por una descompensación de su enfermedad, esquizofrenia. “A mí me internaron y me sacaron a la nena. Cuando vuelvo, Zoe estaba con una que decía que era maestra”, contó.

Según puede verse en el expediente, unos días después del parto los hermanos de Claudia manifestaron su voluntad de cuidar a la niña, aunque luego cambiaron de opinión. Bazzano, sin embargo, declaró que los hermanos de Claudia “nos dijeron que no podían ni querían hacerse cargo de la niña”. “Pero no querían que Zoe fuera al INAU. La solución fue que Zoe fuera cuidada por [la maestra] y otras colaboradoras mientras se encontraba una solución familiar con los parientes de Claudia. Sus hermanos nos dicen finalmente que quieren participar como tíos pero que quieren la articulación”.

El “padre articulado” explicó ante Interpol que su pareja era “maestra y colaboradora de Seamos desde hace varios años”, y recordó que cuando Zoe tenía un año y tres meses comenzaron los problemas con su madre biológica, “en lo que se refiere a higiene, alimentación y cuidados típicos que se debe tener con una bebe de esa edad”, por lo que Bazzano resolvió “llevársela para su casa”. Dijo también que la niña estuvo dos meses en la casa de la directora de Seamos, y ellos los fines de semana la llevaban a su casa. “Hasta llegado el momento que nos encariñamos con la misma, quedando permanente la bebé con nosotros viviendo en casa, por lo que al tiempo de esa situación presentamos un escrito en el Juzgado de Familia 15º Turno para poder tener la tenencia de la niña”, detalló.

El hombre dijo que en ese entonces Bazzano “no puso ninguna” condición para la tenencia: “Sí nos dijo verbalmente que le interesaba que la bebé siguiera visitando a su madre en el hogar, cosa que hacemos unas dos veces por semana. La mayoría de las veces en el hogar y algunas veces en el shopping”. De acuerdo a este relato, la “articulación” la decidió Bazzano y la madre de Zoe “también estaba de acuerdo”.

En el juzgado, Claudia manifestó que Bazzano “vino con una escribana que me dio para firmar unos papeles”, con la garantía de “que la nena iba a estar mejor”. También negó que ella quisiera entregar a la niña:

‒“Yo quería vivir con mi hija. Ellas me decían que tenía que hacer yoga”.

–“¿Usted quería que su hija se fuera de su lado?”, le preguntaron en la sede judicial.

‒“No, señor, yo no quería”, contestó Claudia. Sobre la madre articulada, que trabajaba en el hogar, dijo que es “maestra y te hace bajar la cabeza”. “Y no sé si es así. Porque si dicen ‘es maestra’, vos tenés que decir, ‘bueno ta, la va a educar bien’”. Varias de las compañeras del hogar Seamos, en particular Mónica, María y Soledad, declararon que Claudia nunca quiso que la separaran de su hija.

Durante la investigación fue citada a declarar la psiquiatra que atendía a Claudia y a Mónica en el hospital Filtro. La especialista confirmó que después del parto Claudia fue internada por 15 días en el hospital Vilardebó por una “descompensación puerperal”, pero aclaró que regresó al hogar “totalmente compensada”. La psiquiatra dijo que conocía el funcionamiento del hogar porque una colega suya atendía a Soledad, la madre de Bruno.

Relató que Claudia iba a la consulta “con su bebé en brazos”, pero a los pocos meses empezó a contar que la maestra del hogar se llevaba a la niña los fines de semana o varios días a la semana. “De repente todo un fin de semana, uno, por ejemplo, a Punta del Este sin pedirle permiso, y ella se entera por fotos de Facebook”, relató. Además, contó que Claudia “estaba enojada, que ella tenía el derecho de ser informada dónde iba su hija, si le ponían caravanas o no, cosas que le habían ofendido y dolido, de qué le diría la niña; luego la inscribieron en una mutualista, un jardín de infantes, y en la práctica ella no iba a presentarse como la mamá”.

Cuando la niña pasó a vivir con la pareja, Claudia “empezó a manifestar el miedo de cómo sería el vínculo madre-hija si Zoe estaba viviendo en otro lugar. También manifestaba ideas de muerte si no podía seguir viviendo con su hija”. En ese momento, junto a una asistente social concurrieron al hogar y la psiquiatra cuestionó que los jóvenes estaban solos: “Lo más terrible era que Daniel era el encargado de darle la medicación a Mónica y Claudia, Daniel, quien además tiene patología psiquiátrica”. En ese sentido cuestionó a las autoridades de Seamos: “Siempre vimos la irresponsabilidad de que no las acompañaban en la consulta […]. Veíamos que no tomaban la medicación, no venían a control”.

La especialista aseguró que Claudia “no estaba preparada” afectivamente para el desprendimiento de su hija. “Hubiéramos creado un proyecto terapéutico, intentando mantener madre e hija juntas; acá lo que sabemos es que no se intentó, se hizo todo expresamente para que Claudia estuviera descompensada y no se pudiera hacer cargo. El equipo fue totalmente boicoteado por la psicóloga Bazzano”, denunció la psiquiatra ante la Justicia.

Según su visión, con Mónica “tuve la sensación de que la iban dirigiendo a que entregara a su bebé. En el caso de Claudia siempre lo vi mucho más cruel, era la omisión de asistencia. No se la ayudó para una operación de la vista [tenía cataratas], se terminó operando tres o cuatro años después. La dejaban sola, tenía problemas de anemia”.

La psiquiatra dijo que con Bazzano tuvo sólo un encuentro y luego habló por teléfono. La definió como una persona “absolutamente autoritaria, dominante, tratando de vendernos el proyecto del hogar Seamos y los logros actuales del hogar, que hablaba con muchísima autoridad de sus conocimientos, de sus contactos políticos dentro del país. Habló con mucha autoridad y nos explicó al detalle el caso de las familias articuladas y explicó que los casos de los niños que salían en Facebook habían generado jurisprudencia, por lo tanto todo el proyecto que tenía respecto de Zoe y Julia eran absolutamente legal. No quería en absoluto que el Filtro como equipo de salud mental creara un proyecto psicoterapéutico en el caso de Claudia. O sea, dar pautas de cómo generar un desprendimiento menos nocivo entre Claudia y la niña”.

Además, contó que después de que Interpol fuera al hogar, en 2015, tanto Claudia como Mónica “dejaron de concurrir al Filtro” por indicación de las autoridades de Seamos. La ONG denunció a la psiquiatra ante la dirección del hospital.

Antes de la publicación de esta nota, la diaria intentó, sin éxito, comunicarse con Bazzano para consultarla por detalles del proceso judicial y para saber si estos antecedentes se tuvieron en cuenta al momento de su designación en la Secretaría Nacional de Cuidados, que se concretó a finales de junio, tras la renuncia de Daniel Radío.

La Diaria / COMCOSUR MUJER Nº 670 – 07/12/2020
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“Siempre he partido de una idea elemental: la de que la verdad no necesita ser justificada por la adecuación a un objetivo superior. La verdad es la verdad y nada más. Debe ser servida, no servir.”
Eugenia Ginzburg / “El vértigo”.
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