Entradas de mayo de 2021

URUGUAY 1973 – GERARDO NÚÑEZ REESCRIBIENDO HISTORIA – comcosur al día 2294 – 19.05.20 21

COMCOSUR AL DÍA /AÑO 27 /Nº 2294 /miércoles 19.05.2021 Hoy:

1) Argentina, Córdoba: La resistencia de la infancia fumigada en Dique Chico /Silvana Melo
2) Uruguay 1973 – Gerardo Núñez reescribiendo historia /Luis E. Sabini Fernández
3) Uruguay: Nueva Ley de Medios (I)
4) Uruguay: Nueva Ley de Medios (II)
5) Israel- Palestina: Una opresión injusta y un pueblo indefenso /Carlos Iaquinandi Castro
6) La carabela zapatista La Montaña navega hacia la “fortaleza” europea /Sergio Ferrari
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“Siempre he partido de una idea elemental: la de que la verdad no necesita ser justificada por la adecuación a un objetivo superior. La verdad es la verdad y nada más. Debe ser servida, no servir.”
Eugenia Ginzburg / “El vértigo”.
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COMCOSUR AL DÍA /AÑO 27 /Nº 2294 /miércoles 19.05.2021

1) ARGENTINA, CÓRDOBA: LA RESISTENCIA DE LA INFANCIA FUMIGADA EN DIQUE CHICO

Por Silvana Melo / Agencia de noticias Pelota de trapo (APe) 4 Mayo 2021

Dique Chico es uno de esos paraísos buscados por quienes sobreviven en el hacinamiento de las grandes ciudades. A 50 kilómetros de Córdoba, con un río que lo acompaña y una escuelita rural a un kilómetro y medio de las casas, el pueblo sobrevive también rodeado de campos sojeros y de máquinas fumigadoras que organizan sus derivas hacia los niños, en sus viviendas y en la escuela. Una muestra realizada el año pasado en la sangre y en la orina de la infancia de Dique Chico determinó glifosato corriendo por sus cuerpitos y un daño genético producido por el agronegocio tóxico. El pueblo, con unos 400 habitantes que fluctúan, viene resistiendo desde hace cinco años al veneno.

Ahora, con pruebas concluyentes de las consecuencias, vuelven a exigir, desde sus niñeces, una zona de resguardo que vele por la salud y no por la rentabilidad de los grandes productores.

El estudio fue solicitado a la doctora Delia Aiassa y “su equipo de profesionales comprometidos con la ciencia digna”, dice el comunicado de los vecinos autoconvocados, e incluyó “Genotoxicidad -micronúcleos- y análisis de muestras en orina, con el fin de detectar daño genético y presencia de uno de los componentes más frecuentemente utilizados en la producción agroindustrial en nuestro país: Glifosato y su metabolito, Ampa”. El resultado fue una certeza dolorosa: las veinte muestras recolectadas en febrero de 2020 triplican los niveles de referencia. Se habla de “altos niveles de rotura en el material hereditario de las células de nuestros hijos”, es decir daño genético, y la detección “con indicadores realmente alarmantes, de Glifosato y AMPA en orina en 33% de las muestras requeridas”.

Lucrecia Boglietti es mamá de tres niños y uno en camino. Llegó a Dique Chico en 2014, desde Rosario. “Con mi compañero buscábamos un lugar tranquilo donde se criaran nuestros hijos en libertad”. El más grande arrancó tercer año en “la escuelita rural, muy cálida, con una cocinera que sabe hasta lo que le gusta comer a cada chico. Pero la escuela está rodeada de campos, grandes pooles de siembra y casi ninguno se sabe de quién es”. El drama de la escuela fumigada apareció enseguida. Y “ahí arranca nuestra lucha”. A la vez, “desde mi casa se ven unos pinos, cruzando la calle. Detrás hay campo que en ese momento tenía soja; vimos un mosquito y logramos pararlo entre nosotros dos. De esto hace seis años”.

Diana Hernández es mamá de una de las niñas que dio en sus análisis presencia de agrotóxicos. Llegó un año antes que Lucrecia y “no dimensionaba bien lo que era vivir en un pueblo fumigado, la magnitud de lo que implica la convivencia con este modelo de agricultura imperante”. Empezó a sospecharlo cuando “vi el primer mosquito y empecé a hablar con otros sobre qué implicaba, qué hacían, si era legal… como grupo hemos venido construyendo un cúmulo de saberes intenso, que ha llenado de muchas preguntas y esta resistencia”. En 2017 “se inició esta lucha -dice a APe-. En ese momento logramos que la comuna dictara una resolución para establecer una zona de resguardo”.
La resolución 242/17 –“que pudimos redactar con la ayuda del abogado Darío Avila”, acota Lucrecia- disponía la prohibición de las pulverizaciones a mil metros del límite de la planta urbana y de la Escuela Bernardo de Monteagudo.

Mientras tanto, los sojeros, recuerda Lucrecia, “se encadenaron en la comuna, hicieron un acampe, un tractorazo, y salieron en varios medios”.

“Los productores presentaron un amparo y medida cautelar”, explica Diana. La resolución quedó paralizada. “Entonces se inicia toda la causa y se abre una primera instancia de estudios de genotoxicidad con seis niños de la escuela. En ese momento también las medidas triplicaban los valores de referencia. El segundo estudio con 20 niños del pueblo en 2020 confirma los resultados ampliando la muestra. En un pueblo con tan pocos habitantes es representativa”. El estudio se realizó en niñas y niños de entre 5 y 13 años, rango etáreo que permitió el análisis en la nena del medio de Lucrecia y en la hijita de Diana.

La confirmación de la presencia de daño genético y glifosato y AMPA “en los cuerpos de nuestros niños fue muy fuerte para mí; es algo que me lleva a pensar si es posible continuar viviendo acá, con lo que implica para mi vida cotidiana”. Diana piensa en irse de Dique Chico y Lucrecia también: “hemos cortado la ruta 5 y detuvieron a Sofía Gatica (referente de las Madres del Barrio Ituzaingó, Córdoba), hemos hecho campañas fotográficas y después viene la lucha interna de decir qué hacemos, la seguimos peleando o nos vamos de acá”. Lo que angustia, para Lucrecia, es “la sensación de que no vamos a ganar” porque “se ve la impunidad que tienen, vienen a fumigar con el Ministerio de Agricultura, con la policía que los cuida, como si los peligrosos fuéramos nosotros”.

“Sabemos que fumigan porque sentimos el olor, porque siempre es de noche”. Lucrecia y su familia escuchan “el sonido de las máquinas trabajando; fumigan con las luces apagadas para que no las veamos. Ahora, en tiempos de cosecha sabemos que el polvillo que levantan también tiene veneno, el grano tiene veneno”. En ese contexto, “todas las familias de los chicos de la escuela notan que tienen muchos más problemas respiratorios, alergias, de piel que no saben de dónde vienen”.

Diana cita un dictamen confirmado por “el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba que disponía alejar las fumigaciones a 500 metros de la escuela”. Más allá de que implica la mitad de la distancia de la resolución de 2017, “no protege a los niños en sus casas, no se tiene en cuenta que hay una clara afectación de sus derechos a vivir en un ambiente sano”. Ante tanta impotencia “ya hay compañeros que se están yendo. Siento que estamos exponiendo a nuestras familias, yo tengo a mis viejos viviendo acá y es doloroso. Y las consecuencias más graves no las vemos ahora sino que vendrán más adelante”.

“La primera medida que tomamos, de forma individual –relata Lucrecia-, fue que nuestros hijos no fueran más a la escuela de campo; ahora van a escuelas de Anisacate, un pueblo vecino, uno a la secundaria, una a la primaria y uno al jardín”.

Cuando comenzaron a juntarse y a compartir la preocupación, “empezamos a presionar en la escuela, a pedir que nos avisaran cuando estaban fumigando porque desde acá no tenemos posibilidades de ver”. Sin embargo, “no tuvimos mucha respuesta por miedo a pelearse con el vecino; lo veían más como algo individual que como una problemática de salud pública. Terminamos sacando a los chicos de la escuela”.

“Nosotros –dice Diana- combatimos la naturalización de estas prácticas; intentamos problematizar la legitimidad del modelo y el impacto concreto en nuestras vidas. No sólo se trata de salud física sino mental, de la posibilidad de un proyecto de vida en este pueblo”. Y se pregunta “cómo explicarles a los niños lo que nos sucede”.

El comunicado de los autoconvocados exige que el agronegocio y el Poder Judicial expliquen “¿qué hace un agrotóxico -categorizado por la IARC-OMS como probable cancerígeno- en el cuerpo de nuestros niños? ¿Cómo explicar que hace más de 4 años la Justicia de Córdoba tuvo entre sus manos la posibilidad de proteger sus derechos y los nuestros; y para no alterar el statu quo del poder, suspendió la única herramienta de protección que velaba por nuestra vida y nuestra integridad como seres humanos?”

El estado, desde hace años, no tiene respuestas a estas preguntas que involucran a miles de niñas y niños fumigados, enfermos de alergias, de problemas respiratorios, de cánceres diversos, que viven rodeados de tomateras, sembradíos de soja, extensiones de maíz, cruzadas sus vidas por un modelo de producción de alimentos que los envenena, pulverizados en casa y en la escuela. Son listas de víctimas con nombres, caritas, cabellos rubiones y morenos, ojos pícaros y patitas en el barro. Cada uno una historia que no pudo ser. Dique Chico es otro pueblo fumigado con niños que tienen veneno en la sangre. Por suerte hay una decisión firme: “jamás tendrán la comodidad de nuestro silencio”.

Fuente: www.pelotadetrapo.org.ar/la-resistencia-de-los-ni%C3%B1os-fumigados-de-dique-chico.html
Agencia de noticias Pelota de trapo /Red Latina sin fronteras
COMCOSUR AL DÍA /AÑO 27 /Nº 2294 /miércoles 19.05.2021
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2) URUGUAY 1973 – GERARDO NÚÑEZ REESCRIBIENDO HISTORIA

Luis E. Sabini Fernández – revistafuturos.noblogs.org/

El joven Núñez incursiona en lo que no ha vivido y en consecuencia sólo conoce mediante intelección, aprendizaje intelectual, o ideológico, y carece de las tonalidades que da la vida concreta, la historia vivida. (1)

Eso no lo inhabilita para abordar una cuestión –si así fuera, sólo podrían analizar acontecimientos quienes lo han vivido y eso empobrecería, justamente, el abordaje, condenando el conocimiento a un puro presente–; pero al menos tendría que darle muchos recaudos para no desbarrar sin siquiera tener noción de hacerlo.

Gerardo Núñez Fallabrino mueve su abordaje en dos dimensiones. Una versión dicotómica de la sociedad, de la historia. Una visión en blanco y negro. Absolutamente empobrecedora y distorsionadora.

Núñez verifica, con acierto, que el PCU fue muy duramente perseguido por los militares golpistas de los ’70. Ergo, concluye, el PCU fue un gran bastión de lucha antidictatorial.

Este ergo es penosamente falso, al menos en las primeras fases del proceso.

Si Núñez hiciera un análisis más dialéctico de la historia, podría atisbar que los comunistas procuraron aliarse con los militares y que los militares rechazaron semejante maridaje. Esa alianza fue buscada por el PCU antes de febrero de 1973, durante febrero de 1973 cuando los comunicados 4 y 7, y posteriormente, incluso en junio, pasado el 27, cuando ya la CNT había decidido la huelga general antigolpista.

Ante el cierre y ocupación militar del Palacio Legislativo quedaron pocas dudas que estábamos ante un golpe de estado. En las primeras horas de la madrugada del 27 de junio. El mundo sindical inicia la paralización de tareas (sobre todo capitalina y en general urbana).

No fue estrictamente espontánea, porque había una ya vieja resolución en la CNT de huelga general ante golpe de estado. Pero sí fue una paralización por huelga que no necesitó resoluciones de las direcciones sindicales en el día. Porque ya estaban tomadas.

El PCU sufrió una derrota y una persecución: 1) no se le aceptó una alianza primero, y 2) luego que los militares se sintieron seguros en la represión a los grupos guerrilleros y guerrilleristas, el PCU tuvo que sufrir la represión directa y con mucha saña de los militares, profundamente condicionados por la ideología anticomunista.

Esto no fue nada exclusivo de Uruguay. En Argentina, hubo un decurso relativamente paralelo, que hizo que los comunistas encarcelados luego del golpe cívicomilitar del 24 mar 1976, defendieran, desde la prisión, a militares desaparecedores como Videla o Viola, como si fueran “el mal menor” en relación con un tal Menéndez, por ejemplo, y a la vez tuvieran que recibir, en las mismas cárceles, noticias de que en allanamientos les mataran a “camaradas”. Estas peculiares coincidencias tampoco se circunscribieron al Río de la Plata. (La historia muestra muchos ejemplos más o menos similares en circunstancias a veces muy diferentes –Alemania, 1932, España, 1937–, lo cual nos permite inferir que no se trataba de resoluciones locales sino de estrategias generales, de la III Internacional.)

Pero volviendo a nuestro territorio, y a nuestra historia, hay que preguntarse por qué el PCU, sus militantes, tardaron tanto en escribir su historia.

Natalia Uval, en una recensión al libro de Núñez apunta consideraciones de éste: “no hubo ‘una definición expresa’ del partido de no contar la historia reciente y admite que los intentos que hubo al respecto ‘o bien no tuvieron la potencia suficiente para instalarse como relato o carecieron de sistematicidad, o las dos cosas’. Considera que la falta de una narrativa propia, ‘de masas y sistemática’, probablemente ‘haya facilitado la consolidación, durante un extenso período de la democracia, de la teoría de los dos demonios […]’.” (2)

Me pregunto si el trastorno provocado por “el amor no correspondido” no habrá sido causa principal de ese ‘atraso’ en la elaboración del duelo y la restauración a causa de las heridas recibidas. Pero esto ya ingresa al terreno de la interpretación y prefiero atenerme a los hechos.

En cambio, me parece que la razón que le da Núñez a Uval está totalmente desencaminada para no pensar que es manifiestamente falsa:

“[…] siempre costó llevar al papel esa historia de tanto heroísmo y de tanta lucha.” Pregunto apenas: ¿cuándo el PC evitó invocar sus virtudes (reales o supuestas)?
Lo importante, entiendo, es leer los documentos de esa época. ¿Qué y quiénes defendían qué el 9 de febrero? ¿Qué decían los documentos emitidos por los distintos personajes o actores del momento; direcciones militares, direcciones sindicales, direcciones políticas?; ¿qué decían los titulares de la prensa entonces?

Leer las fuentes y no las interpretaciones aggiornadas que de tales materiales hagan los múltiples Núñez que aparezcan.

No quiero abundar, ni corresponde, con la sola lectura de una reseña.

Pero me consta que un cotejo más completo permitiría desnudar aún más un pasaje como el siguiente, también citado por Uval: “Entre el apoyo parcial y circunstancial a los comunicados y establecer que la izquierda uruguaya o el PCU estaban a favor del golpe hay una distancia sideral. Es tan falso como ridículo”.

No fue falso aunque podamos entender que era ridícula la comedia de enredos de “camaradas” apoyando a peruanistas que no existían o en todo caso, que no tenían relevancia alguna (no fueron los únicos; Vivián Trías también apoyó la insurgencia militar, y tupamaros, no todos, se plegaron a una salida por el estilo).

Pero ya sabemos que mal de muchos, consuelo de tontos.

Notas:
(1) Gerardo Núñez Fallabrino, El partido de la resistencia, Ed. Fin de Siglo, Montevideo, 2021.
(2) ladiaria.com.uy/politica/articulo/2021/1/libro-del-diputado-gerardo-nunez-narra-la-resistencia-del-pcu-a-la-dictadura-y-cuestiona-postura-de-civiles-complices/

Luis E. Sabini Fernández
COMCOSUR AL DÍA /AÑO 27 /Nº 2294 /miércoles 19.05.2021
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3) URUGUAY: NUEVA LEY DE MEDIOS (I)

Uruguay: Expertos señalan que la nueva Ley de Medios agudizará la concentración y eliminará mecanismos de transparencia y participación ciudadana

Observacom Uruguay, 12 de mayo de 2021

En el marco del Foro “El proyecto de la nueva Ley de Medios en debate”, organizado por la Facultad de Información y Comunicación (FIC) de la Universidad de la República (UDELAR), expertos y académicos aseguraron que la nueva Ley de Medios del oficialismo agudizará la concentración, reducirá el pluralismo, eliminará mecanismos de transparencia y participación ciudadana, y supondrá un grave retroceso en los derechos de las audiencias.

En el panel académico participaron Gustavo Gómez, Director Ejecutivo de Observacom, el investigador de la FIC Gabriel Kaplún y la decana de la Facultad de Ingeniería de la UDELAR, María Simon.

El Director de Observacom aseguró que el proyecto del Ejecutivo elimina o flexibiliza las reglas de concentración de la propiedad sobre la cantidad de licencias que puede acumular una persona, así como elimina el concepto de grupo económico, dando lugar a la presencia de testaferros para superar aún más esos límites.

Además, planteó que la iniciativa implica un fuerte retroceso en torno a los derechos de las audiencias en la medida que se eliminan derechos reconocidos para niños, niñas y adolescentes, los derechos de los periodistas y se reducen los derechos de las personas con discapacidad visual y auditiva.

Gómez también aseguró que el proyecto de ley del oficialismo busca recuperar privilegios para los radiodifusores con fines de lucro al eliminar el pago del canon por el uso de espectro que, de acuerdo con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) de 2014, sería utilizado para crear un Fondo de Promoción del Sector de Comunicación Audiovisual.

Cabe recodar que por un decreto del Poder Ejecutivo se aplazó por dos años la obligación del pago por el uso del espectro, así como se obligó al regulador a devolver a los medios en forma retroactiva el dinero recaudado hasta ese momento. El proyecto de la nueva Ley de Medios presentado por el gobierno elimina esos artículos.

Por su parte, Gabriel Kaplún advirtió que “en este proyecto ni siquiera aparece este fondo ni la forma de proveerse, con lo cual tendemos a un sistema con cada vez menos producción, pluralismo y diversidad”. Además aseguró que “los sistemas que tienden y favorecen la concentración son sistemas peligrosos para las democracias; cuanto más concentrado está un sistema mediático, menos pluralismo, menos diversidad y posibilidades democráticas”.

Otro de los aspectos que apuntaron tanto Kaplún como Gómez es la eliminación de mecanismos de transparencia y participación ciudadana.

“Me llama mucho la atención en un gobierno que ha planteado la transparencia como un tema central elimine cualquier obligación de transparencia y garantía de participación ciudadana para fiscalizar tanto la política pública de un tema tan sensible como incluso la gestión de los medios públicos”, indicó Gómez.

Sobre esto, Kaplún puntualizó que el proyecto de la nueva elimina el Consejo de Comunicación Audiovisual (CCA), la Comisión Honoraria Asesora de los Servicios de Comunicación Audiovisual y las audiencias públicas.

Observacom
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4) URUGUAY: NUEVA LEY DE MEDIOS (II)

Continúa negociación en coalición de gobierno de Uruguay para aprobar proyecto de nueva Ley de Medios: cambios en reglas de concentración y derechos de audiencia

Observacom Uruguay, 18 de mayo de 2021

Con el objetivo puesto en que la votación del proyecto de la nueva Ley de Medios se concrete próximamente, la coalición de gobierno afina detalles sobre el régimen de concentración de la propiedad de los medios, propiedad extranjera, derecho de las audiencias y compartición de infraestructura.

Como hemos publicado en Observacom, recientemente, representantes del Poder Ejecutivo y legisladores oficialistas retomaron discusiones y alcanzaron acuerdos para llevar al Parlamento una nueva propuesta para sancionar una ley de medios que reemplace a la vigente.

Las demoras del año pasado en la votación del proyecto se debieron a diferencias en la coalición de partidos gobernantes sobre distintos puntos como la cantidad de licencias que puede tener una persona o empresa, el temor a la extranjerización del sistema de medios, el arrendamiento de infraestructura de fibra óptica de ANTEL y los criterios de retransmisión de señales de TV abierta, entre otros.

En relación a las reglas de concentración de la propiedad en materia de licencias de radio y TV abierta, el proyecto inicial enviado por el Ejecutivo planteaba la ampliación de tres (que habilita la ley vigente) a ocho. Ahora se habla de promover un límite de cinco licencias, aunque no está cerrado aún. Esto es así porque, según Omar Paganini, Ministro de Industria, Energía y Minería, el gobierno considera que ampliar la cantidad de licencias permite “dar soporte y sostenibilidad económica” a los medios.

Para la TV por cable, frente a la propuesta inicial del Ejecutivo que no planteaba ninguna restricción, a impulsos de otros partidos de la coalición se propone ahora incluir un límite de de ocho, ampliando lo establecido por la ley actual (habilita hasta seis, pero sólo tres si una licencia se encuentra en Montevideo).

En relación a la eliminación del concepto de grupo económico, el diputado del Partido Colorado Martín Melazzi aseguró que “está muy bien definido, cuando se va a obtener una licencia, [cuáles son] los requisitos. Para las personas jurídicas, uno es no tener vinculación con empresas similares. Eso es lo mismo que había [en la ley de 2014] sobre grupos económicos”.

Otro de los puntos en debate en la coalición de gobierno es el de presencia de capital extranjero. Hay consenso sobre la posibilidad de que extranjeros sean propietarios del 100% de empresas de TV para abonados, algo que prohíbe la ley actual.

La redacción acordada “dice que el Poder Ejecutivo podrá autorizar o no la transferencia de la licencia de televisión para abonados a empresas extranjeras, debiendo dar cuenta a la Asamblea General”, afirmó Melazzi.

En cuanto al derecho de las audiencias, el diputado colorado explicó que en el nuevo proyecto se mantendrán el de accesibilidad a los contenidos de personas con disparidad auditiva y visual, y la prohibición de publicidad protagonizada por menores de edad, así como el derecho a objeción de conciencia de los periodistas. En el proyecto enviado por el Partido Nacional, estos derechos se encontraban fuertemente restringidos.

Por último, se eliminará la obligación de la empresa estatal ANTEL de arrendar infraestructura a que las empresas privadas de cable presten servicios de Internet. Ante ello, el ministro de Industrias dijo que aunque fracasó esa posibilidad, es posible que se celebren acuerdos entre empresas para hacerlo.

«Va a ser una ley no tan compleja como la otra (la ley vigente aprobada en 2014 durante la presidencia de “Pepe” Mujica), tendrá 91 artículos. Va a ser más ágil y realista, se va a poder aterrizar todo el articulado. Apuntamos a sacar leyes flexibles que se puedan cumplir», dijo a Montevideo Portal Eduardo Lorenzo, diputado por el Partido Nacional, y Presidente de la Comisión de Industria, Energía y Minería.

Además afirmó que la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC) será la autoridad encargada del control y fiscalización de la normativa. Así, la eliminación de la institucionalidad establecida en la ley vigente se justifica, según Omar Paganini, Ministro de Industria, Energía y Minería en que la nueva ley “pretende reducirse a administrar el uso general de los medios de comunicación, no meterse en los contenidos o cometidos de medios privados”, tal como publicó La Diaria.

Cabe recordar que distintas organizaciones de la sociedad civil como Observacom, CAinfo y la Coalición por una Comunicación Democrática advirtieron que el proyecto oficialista de Ley de Medios promueve más concentración y menos pluralismo.

Observacom
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5) ISRAEL- PALESTINA: UNA OPRESIÓN INJUSTA Y UN PUEBLO INDEFENSO

“La verdad es la que es y sigue siendo verdad aunque se cuente al revés» Antonio Machado

Carlos Iaquinandi Castro /Redacción de SERPAL, 18 de mayo de 2021

Ya es imposible ocultar que los bombardeos israelíes sobre Gaza constituyen una acción criminal, con un inexplicable silencio cómplice de lo que denominan “la comunidad internacional”. La mayoría de los medios de comunicación analizan la situación en Gaza omitiendo un dato fundamental: cuál fue esta vez la causa del reinicio de los ataques que han dejado ya centenares de muertos y heridos, entre ellos muchos niños. En las crónicas es difícil encontrar la referencia a las acciones israelíes que se iniciaron unilateralmente en los primeros días de mayo para desalojar familias palestinas de sus hogares en los que viven desde hace décadas. Es una zona próxima a la Mezquita de Al-Aqsa, uno de los lugares sagrados más importantes para el mundo islámico desde hace 15 siglos. Esas acciones de policías y militares israelíes provocaron 178 heridos entre la población palestina.

La gran explanada donde está la Mezquita tiene muros de contención y uno de ellos es el “Muro de los Lamentos”, que tiene también gran significación para los religiosos judíos. Tras el conflicto armado del año 1967, Israel anexó la región y estableció un statu quo por el cual autorizan a los musulmanes a subir a cualquier hora del día y la noche a la explanada, y a los judíos a ingresar en ella a ciertas horas. Esta situación ha sido siempre fuente de conflictos graves. Los grupos ultra-ortodoxos judíos violan el statu-quo y hacen incursiones violentas provocando choques con los musulmanes.

El asalto a la Mezquita

El fin de semana pasado estos grupos violentos de la extrema derecha judía agredieron a los palestinos. Y el lunes 10 se repitieron estos incidentes, cuando un gran número de judíos extremistas decidieron asaltar la mezquita de Al-Aqsa para celebrar el aniversario de la Guerra de los Seis Días de 1967, con la que Israel ocupó militarmente Jerusalén Oriental. Pero en este caso, se sumaron fuerzas policiales israelíes disparando granadas de sonido, gases lacrimógenos y balas de goma. Los palestinos se defendieron con piedras. El balance fue de 305 palestinos heridos, varios en estado grave. Estos hechos, coinciden con los anuncios del gobierno israelí de ampliar nuevamente los asentamientos judíos en territorio árabe ocupado.

La reacción de Hamás

Estos graves sucesos, precedieron el inicio de los ataques de Hamás. grupo armado palestino, que respondió lanzando sus cohetes hacia territorio israelí. Algo más simbólico que efectivo. Los ataques provocaron alertas en zonas pobladas, pero la mayoría de los proyectiles fueron detectados por los sofisticados sistemas de defensa israelí y destruidos. Las cifras indican más de 200 muertos civiles palestinos, y una decena en Israel. Y los daños en viviendas e infraestructuras son infinitamente superiores en Gaza.

Esta historia se repite cíclicamente. La capacidad bélica de Hamás es muy reducida, pero sirve muy bien a Israel como excusa para bombardear Gaza, un pueblo indefenso, cercado, bloqueado en necesidades elementales como las sanitarias, controles militares para desplazarse, suministro de agua, víveres, etc.

Días de destrucción y muertes

Mientras tanto, Israel está volando edificios enteros donde viven decenas de familias. Eso sí, en algunos casos avisan que atacarán determinados edificios y dan cinco minutos para que sean desalojados. Hay filmaciones de esas voladuras “controladas” de edificios de más de 12 o 15 pisos. Esa crueldad refinada no solo causa víctimas, sino que provoca el caos en la población afectada, que además pierde todas sus pertenencias. En uno de esos ataques murieron dos mujeres y diez niños, habitantes de la finca. Solo sobrevivió un bebé de seis meses. A todo esto, hay que sumar los efectos de la pandemia, ya que en Gaza sólo se ha podido vacunar a menos del 1% de su población.
Netanhaju busca mantenerse en el poder

Algunos medios independientes israelíes señalan que la provocación inicial de los ultra-ortodoxos judíos puede tener relación con el fracaso de Netanhaju para formar gobierno. El 5 de mayo le venció el plazo post electoral y no consiguió los apoyos necesarios. Y ahora el presidente israelí le ha encargado formar gobierno al centrista Yair Lapid, que al parecer tiene posibilidades de conseguirlo.

Con esta acción, Netanhaju vuelve a ser centro de atención y seguramente pretende mostrar (lo ha hecho siempre) que actuará con toda violencia contra el pueblo palestino, argumentando que son acciones “defensivas”. Ha sido su jugada para evitar los enjuiciamientos y procesos que tiene abiertos, y mantenerse en el poder.
Israel destruye sedes de las agencias de prensa

La impunidad de su acción militar, hizo que el mando israelí dispusiera volar el edificio donde tienen su centro agencias de prensa internacionales, entre ellas Associated Press y la catarí Al Jazeera. En el terrado estaban las antenas de comunicaciones desde donde enviaban su información las agencias internacionales. El objetivo final parece claro; a pesar de que los israelíes argumentaron que en el edificio se escondían “agentes de Hamás”, lo cierto es que el ataque afectará la información desde la zona bombardeada.

Lamentos inútiles y silencios cómplices

A estas horas se suman los lamentos de algunos dirigentes políticos y religiosos por la tragedia en Gaza. Pero se sigue tolerando la injusta y arbitraria ocupación militar del territorio palestino por parte de Israel, Se permite que Gaza sea una gran prisión a cielo abierto en la que malviven algo más de dos millones de palestinos bajo el riguroso control militar de los israelíes. En el consejo de seguridad, EEUU bloqueó una iniciativa para pedir a Israel el cese de inmediato sus ataques.

El argumento de que el poderoso estado de Israel “se defiende” encubre el apoyo a los opresores. Su ejército es uno de los más poderosos del mundo y Palestina es su campo de pruebas. “Si eres neutral en situaciones de injusticia, es que has elegido el lado del opresor”, palabras de Desmond Tutu, pacifista sudafricano.

Carlos Iaquinandi Castro /SERPAL – Servicio Prensa Alternativa
COMCOSUR AL DÍA /AÑO 27 /Nº 2294 /miércoles 19.05.2021
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6) LA CARABELA ZAPATISTA LA MONTAÑA NAVEGA HACIA LA “FORTALEZA” EUROPEA

Travesía altermundialista
Por un mundo donde quepan todos los mundos

Sergio Ferrari

Izaron las velas y se lanzaron al mar el “segundo día del quinto mes”. Apuestan a desembarcar en el puerto de Vigo, Galicia, España, a mediados de junio. Quinientos veintinueve años después de Colón y su “descubrimiento”, La Travesía por la vida navega a partir del 2 de mayo la ruta inversa, para “des-conquistar” América y globalizar la utopía.

Los zapatistas, que sacudieron la opinión pública internacional el 1 de enero de 1994 al ocupar San Cristóbal de las Casas, en el sureste mexicano, desde donde lanzaron su insurrección indígena, nunca dejaron de sorprender. Por su cosmovisión, su interpretación del planeta y sus luchas, su reinvención de conceptos como utopía y autonomía. Y ahora, con esta travesía alter mundialista, munida de una declarada convicción internacionalista en busca de soluciones globales a una crisis civilizatoria única, exacerbada por la pandemia.

Según la leyenda maya, Ixchel, diosa del amor y la fertilidad, dijo: “Del oriente vino la muerte y la esclavitud. Que mañana al oriente naveguen la vida y la libertad en la palabra de mis huesos y sangres”. El Subcomandante Galeano recordaba estas mismas palabras en uno de sus textos recientes para contextualizar el sentido de esta travesía. “Que mañana al oriente naveguen la vida y la libertad en la palabra de mis huesos y sangres, mis crías. Que no mande un color. Que no mande ninguno para que ninguno obedezca y que cada quien sea lo que es con alegría. Porque la pena y el dolor vienen de quien quiere espejos y no cristales para asomarse a todos los mundos que soy. Con rabia habrá que romper 7 mil espejos hasta que el dolor se alivie. Mucha muerte habrá de doler para que, al fin, sea la vida el camino. Que el arcoíris corone entonces la casa de mis crías, la montaña que es la tierra de mis sucesores”.

A bordo del velero La Montaña viaja el Subcomandante Moisés. Quien acompaña a cuatro mujeres, dos hombres y una persona transgénero (“otroa”, según el relato zapatista), designada-os por sus comunidades chiapanecas.

Se trata del Escuadrón 421, en referencia a la diversidad de géneros de sus componentes: 4, 2, 1. Son: Lupita, Ximena, Carolina y Yuli. Junto con Bernal y Darío. Y Marijose, de 39 años, de origen ojolabal. “Ha sido milicianoa, promotoroa de salud y de educación… Se le ha designado como loa primeroa zapatista que desembarque y, con elloa, inicie la invasión…”, describe La delegación marítima zapatista, texto publicado para presentar el viaje transoceánico.

Durante toda la travesía elaborarán relatos sobre esta aventura político-internacionalista, única de su tipo en la historia moderna.

(enlacezapatista.ezln.org.mx/2021/04/12/camino-a-europa/). Otra-os representantes chiapaneca-os se sumarán a la delegación, cuando ésta llegue a Europa. Lo harán por avión. La misión en el Viejo Mundo es tan osada como exigente: recorrer unos 30 países “para platicar sobre nuestras historias mutuas, dolores, rabias, logros y fracasos”, explica el comunicado de abril que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) le dirigió a Los Pueblos del Mundo. Desde el Estado Español a Ucrania y Rusia, pasando, entre otros, por Portugal, Alemania, Italia, Francia, Holanda, Suiza, Bélgica, Turquía…Allí donde “hasta ahora hemos recibido y aceptado invitaciones”. Siempre con la idea de compartir con experiencias organizativas, comunitarias, locales: estrechando la mano de la autonomía zapatista a la resistencia social.

Tres semanas antes de zarpar, las-os integrantes de la delegación se concentraron en el “Semillero Comandante Ramona” para cumplir con un autoaislamiento preventivo anti pandémico. Y para vivir 15 días en una réplica de la embarcación que se construyó en la comunidad, y habituarse, así, a lo que sería la travesía oceánica. Para personas originarias de la Selva Lacandona, el mar y su oleaje son elementos desconocidos.

Con una pequeña ceremonia, «según nuestros usos y costumbres, la delegación recibió el mandato de los pueblos zapatistas para llevar lejos nuestro pensamiento, es decir, nuestro corazón. Nuestr@s delegad@s llevan un corazón grande», subrayan. No sólo para abrazar a quienes en el continente europeo se rebelan y resisten, también para escuchar y aprender de sus historias, geografías, calendarios y modos, explica el EZLN.

Levantar anclas

Pensando en sus pasajeros, como debe ser, el capitán Ludwig al mando de La Montaña, recomendó salir el día 2 en la tarde, tal como relata el primer texto elaborado desde el mar. Recuerda que “el oleaje previsto para el día 3 (de mayo) iba a hacer sufrir a l@s noveles mariner@s más de la cuenta”. Por eso el capitán propuso adelantar la salida un día.

El Subcomandante Insurgente Moisés le escuchó con atención y estuvo de acuerdo, continúa el relato. “Así que ahora, que se acostumbra usar la palabra histórico para cualquier cosa, es la primera vez que el zapatismo realiza algo programado antes de lo anunciado (por lo regular nos colgamos y empezamos tarde). Ergo: es algo histórico en el zapatismo”.

Además del capitán Ludwig, de Alemania, integran la tripulación marinos profesionales: sus compatriotas Gabriela, Ete y Carl, así como Edwin, de Colombia

En la segunda parte de este primer texto Sobre el Mar, firmado por Don Durito de Lacandona, personaje asociado al entonces Subcomandante Marcos, –uno de los fundadores del EZLN y personalidad de referencia del movimiento– aparece el “relato enviado por un ser extraordinariamente parecido a un escarabajo –que viaja de polizón en La Montaña”. Alguien que acompaña imaginariamente la Travesía.

“Más que navegar, La Montaña parece bailar al mar. Como en un largo y apasionado beso, se despegó del puerto y se dirigió a un destino incierto, pleno de retos, desafíos, amenazas y no pocos contratiempos”.

Fue necesaria una parada en Cienfuegos, Cuba, para reparar parte de sus velas. “Pudorosa, La Montaña, buscó recaudo y discreción para remendar sus ropas. Y así reflexionaba: “El viento ha de aprender que el apetito y las ansias, mutuos han de ser, o atraco serán y no amor, que así le llaman”.

Aliñada ya, la embarcación retomó rumbo y misión… “Y así navega La Montaña, le sigue el viento prometiendo madrugadas. Al oriente, la espera crece y, con ella, la esperanza”.

Descubrir la Europa resistente

Será el grito de alguno de los tripulantes o del Escuadrón 421 zapatista que explotará una madrugada hacia mediados de junio, cuando La Montaña se acerque a la costa gallega del Estado Español. Será el fin de la travesía, aunque no de la aventura solidaria. Y nada queda abierto al azar para los promotores de esta original empresa de des-conquista altermundialista.

Según explicaron los zapatistas, “la primera planta que se posará sobre suelo europeo (claro, si es que nos dejan desembarcar) no será de un hombre, tampoco de una mujer. Será de unoa otroa: Marijose”.

En cuanto ponga sus dos pies sobre el territorio europeo y se recupere del mareo, Marijose gritará: “¡Ríndanse cara pálidas heteros patriarcales que persiguen lo diferente!”… No, es una broma, explica un texto del Subcomandante Galeano. Y enfatiza: Al pisar tierra, “loa compa zapatista, Marijose, dirá, con voz solemne: A nombre de las mujeres, niños, hombres, ancianos y, claro, otroas zapatistas, declaro que el nombre de esta tierra, a la que sus naturales llaman ahora Europa, de aquí en adelante se llamará: SLUMIL K´AJXEMK´OP, que quiere decir Tierra Insumisa, o Tierra que no se resigna, que no desmaya. Así será conocida por propios y extraños mientras haya aquí alguien que no se rinda, que no se venda y que no claudique”.

Si no se puede desembarcar, “sea por el COVID, migración, franca discriminación, chovinismo, o que se equivocaron de puerto o la hostia, vamos preparados”, escribía el Subcomandante Galeano a fines de abril en su texto La Ruta de Ixchel… En ese caso, “estamos dispuestos a esperar ahí y desplegaremos, frente a las costas europeas, una gran manta que diga “¡Despertad!”. Esperaremos a ver si alguien lee el mensaje y luego otro tanto a ver si, en efecto, despierta y, otro tanto más, a ver si hace algo”, agrega el dirigente zapatista.

Si la Europa de abajo no quiere o no puede, entonces, previsora, la delegación trae consigo cuatro cayucos –pequeños botes tradicionales– con sus remos respectivos y emprenderá el regreso. “Claro, demoraremos un poco hasta atisbar de nuevo las orilladas de la casa de Ixchel”, explica.

Para los chiapanecos, el número de cayucos no es una simple elección casual. Representan cuatro etapas “de nuestro ser como zapatistas que somos”. Y enumera: «Nuestra cultura como pueblo originario de raíz maya. Es el cayuco más grande y dentro del cual se pueden guardar los 3 restantes. Es un homenaje a nuestros antepasados.

La etapa de la clandestinidad y el alzamiento. Es el cayuco que la sigue en tamaño al primero, y es un homenaje a quienes han caído desde el primero de enero de 1994.

La etapa de la autonomía. Es el tercero en tamaño, de mayor a menor, y es un homenaje a nuestros pueblos, regiones y zonas que, en resistencia y rebeldía, han levantado y levantan la autonomía zapatista.

La etapa de la infancia zapatista. Es el cayuco más pequeño que han pintado y decorado niños y niñas zapatistas con las figuras y colores que se les dio la gana».

Si todo va bien y los viajeros de La Montaña logran desembarcar y “abrazar con la palabra a quienes allá luchan, resisten y se rebelan, entonces habrá fiesta, baile, canciones, y cumbias y caderas estremecerán suelos y cielos distantes entre sí”.

Y en ambos lados del océano, un mensaje breve “inundará todo el espectro electromagnético, el ciberespacio y eco será en los corazones: La invasión ha iniciado. Y tal vez, sólo tal vez, Ixchel, diosa luna, será entonces luminaria en nuestro camino y, como en esta madrugada, luz y destino”, concluye el relato zapatista.

El capítulo Europa de la Travesía por la vida está en marcha. En la mente de sus promotores el objetivo es de compartir, sucesivamente, con todos los continentes. En un mundo único, donde la pandemia devela las profundas interdependencias de la globalización, este grito zapatista de reinventar la solidaridad desde las resistencias locales significa identidad. Es un volver a las propias raíces del levantamiento del 1 de enero de 1994. Con la fuerza de lo vernáculo, con la experiencia de la autonomía construida en 27 años y con la apuesta de otro planeta posible: un mundo donde quepan todos los mundos.

Sergio Ferrari (Suiza)
COMCOSUR AL DÍA /AÑO 27 /Nº 2294 /miércoles 19.05.2021
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“En atletismo existe una carrera en equipo llamada de postas o de relevos. Cada uno de los corredores de un equipo recorre una determinada distancia y allí lo espera un compañero a quien le debe entregar un tubo de unos 30 cm llamado testimonio o testigo. Algo parecido, aunque difícil de visualizar, ocurre en la historia de un país: cada generación entrega su “testimonio” a la que sigue para continuar su interminable carrera. Carrera de relevos generacionales que van tejiendo la trama política, social, cultural de un pueblo.
Esa inmensa trama sufrió en la Argentina un inmenso tajo producido por una bayoneta en la década de 1970. Por ese espantoso agujero negro cayeron 30 mil corredores, compañeros, militantes portadores de testimonios valiosos difíciles de suplantar. Otros quedaron aferrados a los bordes de la trama, resistiendo a rabia, a diente, a imaginación la cruel tempestad desatada por una dictadura cívico militar eclesiástica”.
Jorge Miceli, ex preso político de Coronda, Santa Fe – Argentina
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URUGUAY: MUJERES CHARRÚAS POR LA RECONSTRUCCIÓN DE LA MEMORIA COLECTIVA – comcosur mujer 6 85 – 17.05.2021

COMCOSUR MUJER / AÑO 27 /No. 685/ lunes 17.05.2021 – Hoy:

1) Colombia: La organización feminista y el pueblo tomó las calles
2) Chile: La pandemia sumó obstáculos al acceso al aborto voluntario
3) México: Sin política para atender a infancia en orfandad por feminicidio
4) Palestina: Las tonalidades de la ira
5) Perú: Mujeres víctimas de esterilizaciones marcharon para exigir justicia
6) Uruguay: Mujeres charrúas narran su proceso identitario y la reconstrucción de la memoria colectiva
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COMCOSUR MUJER /Fundado por Yessie Macchi / AÑO 27 / No. 685 – Lunes 17 de mayo de 2021 / Producción: Beatriz Alonso, Belén Itza y Cecilia Duffau /Apoyo técnico: Carlos Dárdano
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1) COLOMBIA: LA ORGANIZACIÓN FEMINISTA Y EL PUEBLO TOMÓ LAS CALLES

Por Claudia Korol

“En los doce días que han transcurrido entre el 28 de abril y el 9 de mayo, al menos 20 departamentos de los 32 que conforman el territorio nacional han estado con acciones de bloqueo, plantones, movilizaciones y ollas comunitarias. Algunos bloqueos han sido transitorios, otros han sido permanentes como pasa en la región del Norte del Cauca y el Sur del Valle, la región que conecta el epicentro de toda la acción que sigue inspirando el paro nacional» explica Sofía Garzón, del Proceso de Comunidades Negras, a Las12. Compañeras feministas de diferentes movimientos, son voceras de estas acciones. Sigue Sofía: «Cali es la segunda ciudad con mayor población afrodescendiente que hay en Latinoamérica. Quisiera contarles que Siloé y el distrito de Aguablanca, Puerto Resistencia, son áreas que se han construido a partir de la expulsión de gente negra de las tierras del sur del Valle y el Norte del Cauca, actualmente llenas de monocultivo de caña. Ustedes no habrán olvidado el episodio que ocurrió con la masacre de cinco jóvenes en Llano Verde, Cali, hace poco. Lo que está pasando ahora es el hartazgo, por el asesinato de líderes sociales, por la declaración de la legalidad de la aspersión con glifosato, porque cuando debió haber solidaridad por parte del Estado colombiano para garantizar que las familias no estuviéramos en situaciones de precarización no se consiguió. No se consiguió para nosotras programas especiales como Agro Ingreso Seguro, programa de transferencia monetaria ideado para que las familias no pasáramos hambre. Al contrario, se encontraron varios equívocos en su entrega, como que primero se lo entregaron a familias que estaban vinculadas con la fuerza pública. A nosotras nos quedó la redistribución y a eso nos dedicamos, al trueque y a hacer radio. Esas mujeres que no hemos dejado de estar en movilizaciones, simplemente nos sumamos al paro, porque ya veníamos de una jornada de protesta por los asesinatos que se concentran en el suroriente colombiano y en áreas como el Catatumbo, Urabá y Arauca. El país ya estaba levantado en algunos puntos, y lo que hace esta situación es reforzar y ampliar, darle más caña a una situación que era insostenible. Ya no solamente somos las comunidades rurales las que estamos levantadas. Esta movilización que hubo a finales de noviembre del 2019 se junta, se amplía, potencia y articula, como está pasando en este momento con el movimiento estudiantil, la guardia indígena, la guardia cimarrona, y la guardia campesina”.

Las voces son diferentes y también las miradas, pero todas nacen y viven en la Resistencia. Olga Marín es una de las representantes del feminismo insurgente en el partido Comunes, la fuerza alternativa revolucionaria del común (FARC), y una de las firmantes de los acuerdos de paz, que el gobierno de Duque está dinamitando con sus políticas de muerte. Nos decía: “En Colombia, a diferencia del resto de países de América Latina a comienzos del siglo XX, triunfó el conservatismo, mientras en otros países triunfaron los liberales. Con una característica de la burguesía colombiana, que es que siempre ha gobernado con el terror y ha utilizado el asesinato tanto colectivo como selectivo como una forma de hacer política. En este siglo XX y este periodo del siglo XXI, en Colombia se ha utilizado la guerra como como forma de gobernar. Eso había enmascarado el desarrollo de la corrupción y de las mafias metidas en todas las esferas económicas sociales y políticas del país. Con la firma del Acuerdo de Paz sobresale el problema de la corrupción. El gobierno de Uribe Vélez creó las condiciones para aumentar esa corrupción. Se firmó el acuerdo con Santos, pero él no generó las bases para que se implementara el Acuerdo de Paz. Gana luego la ultraderecha con Iván Duque, un títere de Uribe, y empiezan a hacer trizas el Acuerdo. Han utilizado la herramienta de la estigmatización y del engaño para confundir a la población, identificando las protestas con el accionar de la guerrilla. Eso como estrategia que tampoco les ha servido, porque las condiciones que vienen de atrás y que han sido profundizadas por la pandemia, han llevado a que una buena parte de la población ya esté harta, y este paro lo ha demostrado.”

Gloria Cuartas es defensora de derechos humanos. Fue alcaldesa en San José de Apartadó, en un tiempo muy duro para las comunidades afectadas por crímenes de Estado. Ella reflexiona: “El proceso que se vive en Colombia, si bien hace parte del paro nacional, muestra varios aspectos muy importantes. Son dinámicas urbanas que no son espontáneas, que están mostrando una compleja realidad, que el Covid contribuyó a hacer visible en el sistema de salud, de educación, de alimentos, en las políticas de viviendas. Se fue haciendo visible cada vez más la desigualdad y la inequidad. Especialmente lo que ha significado la privatización de la salud. La medicina preventiva desaparece, colapsa, y las campañas se reducen especialmente a los plantones, a dejar en paro, que algunos lo han llamado paro de quiebre, para mitigar y prolongar la llegada de pacientes a los UCI (Unidades de Cuidados Intensivos). No se desarrolló un plan en este año y medio para fortalecer estos caminos. El gobierno aprovechó la pandemia para profundizar políticas que fueron concentrando mayores poderes al Presidente la República, recursos a las empresas, a los bancos y endeudamiento externo. Se han generado muchos endeudamientos también de las personas. Esto fue más visible con la Reforma Tributaria, que toca los intereses de los sectores más empobrecidos, demostrando que a lo poco que la gente tiene, se le iba a cobrar mayores recargas fiscales. Mientras hay 14 billones para los bancos de ganancias en el tiempo de la pandemia, la gente acude a unos endeudamientos que se van volviendo situaciones muy, muy precarias, especialmente para los hogares con menos condiciones. La situación de la mujer ha sufrido un especial impacto. Las violencias contra las mujeres, los feminicidios. Las primeras personas despedidas de los puestos de trabajo son mujeres. A ellas se les duplicaron los trabajos en casa, la atención a pacientes con situaciones especiales por discapacidad o por enfermedades, la atención a adultos mayores, porque las cuidadoras de las que pueden pagar no podían desplazarse hasta sus hogares por lo que llamaron prevención. Una situación similar se produce con toda la red educativa, cuando se demuestra que ante las políticas de conectividad del Estado las comunidades no logran tener acceso. En los lugares rurales que durante los 50 años han vivido los impactos del conflicto, es donde con mayor dificultad se ven estas realidades”.

“Ser líder social no es delito”

Durante estos años de “Acuerdos de Paz”, desde los círculos del poder han venido exterminando de manera sistemática, o judicializando y criminalizando a las y los líderes sociales. Una de las mujeres permanentemente hostigada es Marylen Serna, lideresa del Movimiento Campesino de Cajibio, del Coordinador Nacional Agrario (CNA) y portavoz nacional de Congreso de los Pueblos. Ella relata: “El paro se mantiene, se ha fortalecido muchísimo. Todas las vías en las carreteras de acceso a las ciudades están cerradas. En Cali, donde es muy fuerte la movilización, donde la juventud ha salido a las calles a protestar, ha habido una altísima represión policial que ya se ha ido desfigurando hacia un ataque de civiles de vehículos muy lujosos acompañados por la policía. En varias oportunidades se ha constatado que esos “civiles” son personas de la Policía Nacional que no tienen uniforme, no tienen ninguna identificación. Se sufrieron varios ataques en Cali: la guardia indígena que iba entrando a la ciudad, fueron atacados con armas de fuego de personas de un barrio muy lujoso donde viven empresarios del Valle del Cauca, que fueron resguardados por la Policía Nacional y con sobrevuelos de helicópteros de la Policía Nacional. Resultaron ocho indígenas heridos, varios hombres y mujeres. En la noche se estaba realizando una asamblea popular en la Universidad del Valle -el sitio donde pernoctan varios de los grupos campesinos, indígenas y afros que están movilizados-, y fueron rodeados por la policía, por el ESMAD, con sobrevuelo de helicópteros. Se dio un momento muy duro, muy tenso, y fueron atacados. Hay también un ataque muy fuerte a los defensores y defensoras de Derechos Humanos, atacados a balas, con armas de fuego de largo alcance”.

Las mujeres en la primera línea

Las mujeres campesinas, indígenas, negras, como madres, como hermanas, como jóvenes, como defensoras de derechos humanos, están en la primera línea de la rebelión. Por eso han sido especialmente atacadas, siendo denunciados al menos diez casos de violencia sexual.

Olga Lucía Quintero Sierra, campesina, dirigente de las comunidades del Catatumbo en la defensa de los territorios, una de las voceras de Marcha Patriótica afirma con contundencia en el diálogo: “¿Cómo ha sido la participación de las mujeres? Muy activa. Estamos en aras de ayudar a tender puentes, pero también con una posición muy fuerte por la defensa de la vida, de los Derechos Humanos. Es muy grave que se siga atentando contra la democracia del país, y que se le atribuyan al paro situaciones que vienen siendo estructurales. El hambre, la escasez, la falta de garantías no es efecto del paro, es consecuencia de la ausencia de políticas públicas que garanticen la dignidad y la integralidad del pueblo colombiano, sobre todo de esas mayorías olvidadas o excluidas por parte del Estado. La gente está pidiendo no sólo abajo la reforma tributaria, la reforma laboral, previsional; sino también decir No a la fumigación con glifosato, No a la erradicación manual forzada que es uno de los problemas con mayor crisis en este momento; y Sí a la implementación del punto 4 del acuerdo final de paz. El gobierno de Iván Duque sólo ha implementado un 4 por ciento de la totalidad del acuerdo final de paz. Esto evidencia la falta de voluntad política por parte de este gobierno en avanzar en la construcción de paz y eso trae los efectos que son los tambores de la guerra, que le ha costado la vida ya a 1100 líderes y lideresas sociales a lo largo y ancho del país y a 271 firmantes del acuerdo de paz”.

Norma Bermúdez, de la Escuela de Travesías Políticas dice: “Las mujeres hemos tenido situaciones complejas. Ha habido denuncias de mujeres que han sido violadas por el ESMAD, que han sido abusadas, golpeadas, perseguidas. Estamos muy adoloridas, porque es una generación que sale con sus carteles a decir lo que les estamos dejando: un país, un planeta devastado y solamente les quedan deudas y nada más que perder. La juventud está volcada a la calle, gritando que hay 7 millones y medio más de pobres desde el año pasado debido a la tal pandemia y a las medidas para enfrentar la pandemia. Ya no hay vuelta atrás, la gente está volcada a la calle, la gente está resuelta a pelear su dignidad, a pelear los escasos derechos que tenemos, y que también vienen por ellos”.

Sofía Garzón agrega: “Quería compartir con ustedes que sí, que tenemos mucho dolor, pero estamos aprendiendo que el dolor y el miedo han sido por mucho tiempo instrumentos que nos inmovilizan. No estamos dispuestas a seguir inmovilizándonos. Ésa tal vez es la gran lección que nos dejó la movilización de Madres del Pacífico. Básicamente la consigna de las compañeras era: “yo soy madre y parí hijos, y antes de que se decidiera o se les impusiera la fuerza pública, antes de que se siguiera por otros caminos, somos madres y tenemos el derecho y la potestad de decidir hacia dónde deben orientarse los caminos de esta movilización. Acá en el Norte del Cauca están tomadas las instalaciones de Celsia, que es lo que quedó de un consorcio que se llamaba EPSA, que construyó La Represa de Salvajina, uno de los principales megaproyectos que expulsó gente del Norte del Cauca. Ahora son familiares, hijas e hijos de los que fueron desplazados por la construcción de La Represa Salvajina quienes estamos en el Distrito de Aguablanca y en Siloé resistiendo. Hay puntos de bloqueo y ollas comunitarias en Caloto, Guachené, Villa Rica, municipios del Norte del Cauca, y nos estamos declarando en asambleas permanentes en Santander de Quilichao. Empieza a ser una práctica en común de algunos sectores de Bogotá, inspiradas por la experiencia peruana y por la experiencia chilena.”

¿Diálogo? ¿Quiénes y cómo?

El gobierno colombiano está realizando llamados al diálogo a distintos sectores, lo que genera debates sobre la oportunidad, la representación y las condiciones para el mismo. Marylen Serna señala: “Hoy el gobierno ha llamado al Comité Nacional de Paro, como el espacio de donde salió la iniciativa de la movilización del 28 de abril. Surgen unas discusiones muy importantes: una es que el Comité Nacional de Paro no representa a la globalidad de la gente que está en la movilización. Por otro lado se está diciendo que ese Comité no puede negociar con el gobierno nacional cuando en las calles se está asesinando a la gente”.

La rebeldía, la resistencia continúa. Los debates sobre su proyección también. Pero lo que es seguro es que las mujeres, los y las jóvenes, el pueblo colombiano, siguen escribiendo historia, memoria, con coraje y con experiencia aprendidas en años de lucha constante. El SOS que lanzan a la comunidad internacional, para multiplicar la denuncia y acuerparlos, requiere una respuesta contundente. Por eso desde los feminismos, y desde los distintos movimientos populares en el mundo, reforzamos la solidaridad plurinacional, internacionalista, como el oxígeno necesario para que la llama siga ardiendo.

Página 12 / COMCOSUR MUJER Nº 685 – 17/05/2021
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2) CHILE: LA PANDEMIA SUMÓ OBSTÁCULOS AL ACCESO AL ABORTO VOLUNTARIO

¿Qué sucede con la atención en salud sexual y reproductiva, y el acceso al aborto legal en tiempos de coronavirus? ¿Cómo ha impactado la pandemia en las atenciones de servicios de salud reproductiva? ¿Se ha garantizado el acceso a la ley de interrupción voluntaria del embarazo? Estas fueron algunas de las preguntas que guiaron el segundo monitoreo social que la Mesa Acción por el Aborto de Chile y Fondo Alquimia, en alianza con organizaciones territoriales, que tuvo la mirada puesta en la implementación de la ley de aborto por causales, a casi cuatro años de su sanción. Lo presentaron el pasado martes 11 de mayo en conferencia de prensa.

—Yo no la voy a atender—dice una matrona de una Unidad de Alto Riesgo Obstétrico al sur de Chile.
—Yo soy objetora—le contesta una enfermera.

Frente a ellas tienen a una mujer que quiere interrumpir su embarazo. A casi cuatro años de su sanción, el camino de implementación de la ley de aborto voluntario, bajo las causales establecidas, en Chile no ha sido lineal y todavía presenta resistencias por parte de las y los profesionales de la salud: uno de cada dos facultativos se niega a realizar la práctica en casos por causal violación.

Por segunda vez, desde la aprobación de la ley de aborto por causales, la Mesa Acción por el Aborto y Fondo Alquimia, en alianza con organizaciones territoriales, realizaron un monitoreo de su implementación y la atención a la salud sexual y reproductiva en general, al que tuvo acceso LatFem. La presentación del informe se hizo de manera virtual el martes 11 de mayo y participaron Francisca Crispi, Presidenta del Colegio Médico Santiago; Gloria Maira, Coordinadora de la Mesa de Acción por el Aborto en Chile y Karina Sepúlveda, de la Colectiva Madre Nativa de Arica.

Las conclusiones a las que llegaron son similares a las del primer monitoreo que se hizo entre noviembre de 2019 y marzo 2019. Solo que a los déficits ya detectados -como la ausencia de información sobre la ley, las falencias en los primeros niveles de atención, la falta de capacitación del personal de salud y el obstáculo que representa los altos índices de objeción de conciencia en la entrega de la prestación- la crisis sanitaria sumó más complicaciones para la atención de la salud sexual y el aborto legal. “La pandemia evidenció las debilidades propias de la insuficiencia de recursos en personal técnico y profesional, infraestructura y de equipamiento, frente a las necesidades del 80% de la población que utiliza la red asistencial pública, mostrando cómo las precariedades del sistema público son una de las tantas muestras de la profunda desigualdad en Chile”, dice el monitoreo.

Los números de objetores no han cambiado respecto al primer monitoreo: del total de 1214 médicos y médicas obstetras contratadas por la red pública de salud, 223 se declara objetor/a la primera causal, 307 a la segunda causal, y 559 a la tercera causal. Es decir, en la práctica, casi la mitad se niega a interrumpir un embarazo que la mujer ha solicitado por esta razón. La resistencia más grande se encuentra en torno a la tercera causal: embarazo debido a violación.

Todos los estudios e investigaciones internacionales venían advirtiendo, desde el comienzo de la pandemia, cómo el acceso al aborto legal y los derechos sexuales y reproductivos se podían ver afectados en tiempos de catástrofes como la del Covid-19 y eso traía consecuencias permanentes en la vida de las personas. Es por eso que se vuelve necesario desde los Estados redoblar esfuerzos, sumar campañas de comunicación y aportar guías/recomendaciones. Este monitoreo es la evidencia del impacto que tuvo la crisis sanitaria. Mamografías, papanicolaou, entre otros estudios se postergaron y se puso el foco sólo en las personas gestantes.

Cánceres no detectados a tiempo, embarazos no deseados, aumento del embarazo adolescente, mayores tasas de contagio de enfermedades de transmisión sexual, enfermedades ginecológicas no detectadas, problemas durante el climaterio, el aumento de casos de violencia sexual, y las complicaciones post parto: son algunas de las consecuencias, producto de las medidas de confinamiento y las limitaciones que impuso el coronavirus.

En concreto, el impacto en los abortos legales en Chile se ve expresado en los números: la cantidad de casos en 2020 fue 22% menor al atendido en 2019. Al inicio de la crisis sanitaria, de acuerdo al relevamiento que hicieron las organizaciones, no hubo instrucciones en torno a la ley IVE, salvo la de seguir otorgando la prestación. Tampoco lxs profesionales de la salud tenían información sobre cómo actuar en caso de presencia de un PCR positivo con sintomatología. A partir de las orientaciones de junio de 2020 del Ministerio de Salud de la Nación se estableció que en situación de riesgo vital materno se puede constituir la primera causal.

A su vez, entró en juego como un nuevo obstáculo el miedo y la desinformación de la propia población que postergó su propia salud por temor al contagio. La distancia entre los centros de salud y las niñas, mujeres, lesbianas y personas trans se hizo más ancha. Las consecuencias de la suspensión y/o el aplazamiento en el otorgamiento de prestaciones en servicios de salud sexual y reproductiva es conocido: según un informe preparado por el departamento de derechos humanos y de género del Ministerio de Salud, el ingreso a controles prenatales y el número de controles realizado entre enero y mayo de 2020 bajaron en un 12% y 20% respectivamente. En el mismo periodo, se contabilizaron solo 53% de controles ginecológicos que se realizan en tiempos habituales de atención: 367.496 frente a 195.43310.

Este segundo monitoreo se realizó entre julio y octubre de 2020. El trabajo se hizo en alianza con seis organizaciones territoriales: Madre Nativa en la región de Arica y Parinacota, Acción Feminista Ovalle en la región de Coquimbo, Marcha Mundial de Mujeres en la región Metropolitana, Marcha Mundial de Mujeres Fiofío en la región del Biobío, Observatorio de Equidad en Salud según Género y Pueblo Mapuche en la región de la Araucanía y Colectiva Las Furias de Ancud en la región de los Lagos.
Además de una perspectiva feminista, el monitoreo se llevó a cabo desde un enfoque interseccional. Entre las variables que se tuvieron en cuenta a la hora de entrevistar y reportear se encuentran: la pertencia a un pueblo originario o afro, el mundo rural, la condición de migrante, ser lesbiana, persona trans, o vivir con alguna discapacidad.

Las entrevistas dieron cuenta de las dificultades de la salud intercultural en los territorios donde existen centros comunitarios de salud indígena. Las deficiencias se presentan no sólo en las atenciones relacionadas con la maternidad, sino en la inclusión de los saberes de los pueblos originarios en las atenciones de salud.

En la Región de Arica y Parinacota, donde se atienden a algunas usuarias aymara, las entrevistadas destacaron una muy buena iniciativa en la sala de parto aymara. Sin embargo, los saberes ancestrales de los pueblos indígenas no fueron tomados en cuenta en el nuevo contexto que planteaba la pandemia. En la zona norte del país, por ejemplo, las autoridades médicas aymaras de toda la región, han debido permanecer en sus casas y atender por teléfono, lo que ha sido complejo considerando que es importante para la medicina aymara el “tocar” a la usuaria, práctica que es parte del diagnóstico y el tratamiento, en el caso de gestantes.

“Las mujeres han estado mucho más solas en estos procesos”, describió una matrona de la región sur de Chile entrevistrada para este monitoreo.

Las investigadoras entrevistaron usuarias de los consultorios incluidos en el monitoreo y profesionales de la salud de la Atención Primaria (APS) y de las Unidades de Alto Riesgo Obstétrico (ARO), que es donde se realizan los abortos. También conversaron con informantes claves, como colectivos y redes feministas territoriales. Y, a su vez, realizaron solicitudes de información por ley de transparencia. En total, el estudio abarcó un total de 130 entrevistas semiestructuradas a personal de salud y usuarias. Además, llevaron a cabo dos grupos focales: uno con organizaciones de la diversidad o disidencia sexual y de género, y otros con organizaciones de personas viviendo con alguna discapacidad.

De las 59 personas entrevistadas como usuarias, 3 de ellas se autoidentificaron como usuarias. La mayoría habitaba zonas urbanas pero también entrevistaron mujeres y jóvenes rurales. Hay testimonios de mujeres heterosexuales, lesbianas y bisexuales. A su vez, las experiencias de doce mujeres mapuche, dos aimaras y un chono, tres afrodescendiente y dos son migrantes quedaron registradas en el monitoreo.

“En las 6 regiones, la constitución de equipos IVE en las unidades de alto riesgo obstétrico ARO y la rutinización de algunos procedimientos de derivación y atención en la red asistencial están hoy instalados, y esto es un logro de los profesionales comprometidos, y no necesariamente de una política estatal”, dicen desde la Mesa Acción por el Aborto de Chile y Fondo Alquimia.

El desconocimiento de la ley como barrera objetiva

El monitoreo demuestra que no es suficiente con la legislación y aprobación del Congreso. Cuando no hay decisión política de comunicar el nuevo derecho, se hace más difícil que la ciudadanía exija lo que le corresponde. “El hecho concreto es que las mujeres y personas con capacidad de gestar, de manera significativa, desconocen que tienen el derecho a interrumpir un embarazo en las causales legalizadas y que esa interrupción debe hacerse de manera expedita, sin afectación de su dignidad y derecho a decisión. En las entrevistas las mujeres dicen haber conocido de las tres causales por búsqueda propia o por alguna organización feminista y de mujeres en sus territorios”, dice el monitoreo que tiene cien páginas. Y agrega: “Es grave comprobar que esa ausencia de información se mantiene durante el 2020 cuando se conoce, en los peores meses de la pandemia, del aumento de la violencia y la violencia sexual al interior de las familias contra mujeres, adolescentes y niñas. Este año, la desigualdad de acceso a la información se acrecentó por las brechas de conectividad y de alfabetización digital que transparentaron las medidas de confinamiento”.

Así como no se registraron estrategias de información o grandes campañas, tampoco se advirtió una capacitación sostenida al personal de atención primaria. Estas dos grandes debilidades se potencian de manera mutua y se robustecen como un obstáculo en sí mismo, una barrera objetiva, para acceder al derecho. Los relatos que se desprenden de las entrevistas dan cuenta de que las capacitaciones han sido escasas y de ninguna manera permanentes. Hay establecimientos donde se realizó una capacitación al inicio de la implementación de la ley, y no se han repetido. Esto quiere decir que, si hubo rotación, hay personal que no ha sido capacitado; y, que no se han incorporado mejoras en las capacitaciones.

El trabajo en duplas

En los seis territorios monitoreados, la investigación remarca la importancia de las duplas psicosociales en la información y acompañamiento a las usuarias en los procesos de atención y acceso a la interrupción del embarazo. Las investigadoras, también, resaltan cómo se han consolidado los equipo IVE por el compromiso de lxs propixs profesionales y no por una decisión gubernamental.

Como dificultades para el desempeño de sus labores emerge la necesidad de contar con mejor infraestructura para una atención más personalizada, fuera de los espacios ligados a la maternidad, y que permita mayor confianza con las usuarias.

En distintos momentos en la ruta de atención aparecen relatos de violencia institucional: quienes sube el volumen en una ecografía para que las embarazadas escuchen el latido fetal, o se las felicita por sus embarazos aun en conocimiento de la situación que están enfrentando. Estos eventos de violencia obstétrica se concentran, según el informe, en adolescentes y jóvenes. También están quienes solicitan mayores evaluaciones de las necesarias para establecer un diagnóstico, y obstruyen con ello la posibilidad de decisión de las mujeres.

“A tres años de la implementación de la ley se hace necesario revisar y actualizar protocolos y procedimientos para incorporar la experiencia y conocimiento acumulado por los equipos médicos y psicosociales, así como definir cursos de acción que permitan resolver las brechas de acceso existentes que la pandemia ha profundizado”, concluyen las investigadoras.

Es importante que se revise la implementación desde una perspectiva intercultural y se incorporen las necesidades de las mujeres de pueblos indígenas y los saberes de sus culturas en la atención de la SSR y las orientaciones respecto del acceso a la IVE. La ley IVE debe difundirse e implementarse con una perspectiva antirracista.

Recomendamos la despenalización total del aborto y la ampliación de la actual ley de aborto agregando un sistema de plazos que respete la autonomía reproductiva de las mujeres y personas con capacidad de gestar.

Latfem / COMCOSUR MUJER Nº 685 – 17/05/2021
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3) MÉXICO: SIN POLÍTICA PARA ATENDER A INFANCIA EN ORFANDAD POR FEMINICIDIO

Desde que Nadine Gasman Zybelmann anunció la creación de un plan para atender a la infancia en orfandad por feminicidio, en julio de 2020, este sigue solo en papel, en tanto el feminicidio, sigue creciendo con todas su implicaciones. Desde julio de 2020 hasta marzo de 2021, han sido asesinadas 634 mujeres, según el registro del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y aunque no se sabe cuántas de ellas eran madres, ni si hay, niñas y niños que quedaron en orfandad y sin posibilidad de restituir un plan de vida roto después del asesinato violento de sus madres.

Mientras se siguen sumando asesinatos de mujeres y aumenta la cifra de menores de edad en orfandad, este proyecto de protocolo, que aún no es público, continúa en desarrollo. Para que sea eficaz, señalan especialistas consultadas por Cimacnoticias, debe garantizar atención integral, de largo plazo y tomar en cuenta las opiniones de las familias de las víctimas, de las niñas y niños, quienes no sólo necesitan apoyos económicos, sino tener una familia, estar en la escuela, crecer en un entorno de seguridad, y sobre todo recibir atención a su salud emocional.

En entrevistas por separado, la presidenta del Instituto de Investigación y Estudios para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes “Rehilete AC”, Mónica Herrerías Domínguez; la exsecretaria ejecutiva del Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en Puebla, Gabriela Escobar del Razo; y la investigadora y psicóloga Andrea Cárdenas Domínguez, destacaron que la niñez necesita de políticas públicas que los sostengan ante un evento crucial como el asesinato de sus madres.

En 2017 Cimacnoticias publicó la investigación, realizada a propósito del Día Internacional de la Mujer, en la que reveló el desinterés gubernamental para reconocer y atender esta situación, lo cual se refleja en las escasas cifras y poca información sobre la atención para las hijas e hijos de mujeres asesinadas, quienes quedan a la deriva y son invisibles para el Estado. A cuatro años de esa documentación, el gobierno federal continúa “analizando” cómo resolver la falta de políticas públicas en la materia.

El borrador de “Proyecto del Protocolo Nacional de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en Condición de Orfandad por Feminicidio” considera a esta población víctima directa e indirecta del feminicidio, debido a la desprotección en que quedan después de la muerte violenta de la madre, quien en la mayoría de los casos es asesinada por su pareja. Sin embargo, han pasado diez meses desde que se anunció y no se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación para su aplicación en todo el país.

Aunque el trauma y el duelo de la infancia en orfandad se suman a afectaciones a su integridad y la vulneración a sus derechos, todavía no existe un plan de atención integral. En estados como el de México, Coahuila y Jalisco, se han creado programas centrados en transferencias económicas y a nivel federal se dice que se trabaja en una ruta que se centra en actuar ante una escena del crimen donde haya niñas, niños y adolescentes.

Una propuesta inacabada

La orfandad por feminicidio es un problema que data desde que se comenzó a documentar el feminicidio, en la década de los años 90, en el estado de Chihuahua; pero fue el 20 julio de 2020 cuando, por medio de un comunicado, la presidenta del Inmujeres, junto con representantes del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), anunciaron la creación de un protocolo nacional como un hecho pero no hay más.

Ese día aseguraron que este documento sería resultado de la información obtenida en 26 sesiones de trabajo de las Mesas Técnicas de Acceso a la Justicia en casos de Muertes Violentas de Mujeres y Niñas, impulsadas por el Inmujeres en 12 entidades federativas y de la colaboración de las fiscalías y procuradurías estatales, con el fin de conocer el número y las características de niñas, niños y adolescentes víctimas indirectas del delito de feminicidio.

Nueve días después del anuncio, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reiteró en la conferencia mañanera del presidente de la República, que “se presentó y se publicó” el Protocolo, sin que esto fuera verdad. Frente a Andrés Manuel López Obrador, Sánchez Cordero dijo: “La primera vez en la historia de nuestro país que se está atendiendo a través de este protocolo -y quiero ser muy enfática- a las niñas, niños y adolescentes en condición de orfandad por los feminicidios con la finalidad de garantizar el acceso a la justicia, restituir sus derechos y brindarles la protección social y asistencia que requieran”.

Un año y tres meses antes de aquel anuncio en papel, el 6 de marzo de 2019, al presentar el “Plan de Atención General a las Mujeres de México”, Olga Sánchez Cordero y la presidenta del Inmujeres, Nadine Gasman Zybelmann, señalaron, en la conferencia mañanera del presidente López Obrador, que como parte de un plan de atención a la violencia contra las mujeres integrarían un padrón de víctimas indirectas del feminicidio, especialmente de las hijas y los hijos menores de edad.

“También estamos proponiendo integrar un padrón de registro con las víctimas indirectas, especialmente las hijas y los hijos menores de edad, así como dependientes económicos de las mujeres asesinadas y desaparecidos que nos va a permitir dar una atención y acompañamiento integral para todos y todas ellas”, dijo esa mañana de 2019, Gasman Zybelmann.

Pese a todos esos anuncios, lo real, es que por ahora el protocolo sigue sin publicarse y no hay claridad de si aquel padrón que presentaron está en el Registro Nacional de Víctimas (Renavi). Hasta el mes de marzo de 2021, de acuerdo con el borrador con el que cuenta Cimacnoticias, el Inmujeres ubicó por medio de solicitudes de información a las fiscalías locales, 796 casos de niñas, niños y adolescentes en orfandad por feminicidio. Este dato corresponde al registro de enero a diciembre de 2019 y sólo es de 23 de los 32 estados de la República.

Por otra parte, de acuerdo con el Renavi, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, de 2014 al 13 de febrero de 2020, se reconoció a 59 niños, niñas y adolescentes como víctimas indirectas de feminicidio. Es decir, en 6 años el Renavi apenas incluyó cerca de 7 por ciento del total de casos localizados en 2019 por el Inmujeres.

Nadie a cargo de la atención

Pero no sólo no se ha publicado el protocolo final, sino que tras su anuncio público en 2020 no hay institución que se haga responsable de la concreción. Pese a solicitar entrevistas con las personas titulares involucradas en este Protocolo, las áreas de comunicación del Sipinna y el DIF expusieron que no les correspondía coordinar esa política pública, porque únicamente “participaban de forma colateral”. Por su parte el Inmujeres refirió que su desarrollo estaba a cargo del DIF.

Mientras las autoridades se deslindan y se avientan una a otra la responsabilidad, la infancia en orfandad por feminicidio sigue desprotegida.

Al respecto, la presidenta del Instituto de Investigación y Estudios para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes “Rehilete AC”, Mónica Herrerías Domínguez, expuso que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, vigente desde 2014, establece que las Procuradurías de Protección, en particular la federal que se encuentran dentro de la estructura del DIF nacional, son quienes deben proteger los derechos de esta población y la Ley General de Víctimas, vigente desde 2013, establece la reparación integral para las víctimas.

En consecuencia, señaló la también perita en materia de psicología, estas instancias son quienes tienen la responsabilidad de garantizar los derechos de estas infancias, desde atender la depresión y el duelo, acompañar los interrogatorios ante autoridades penales hasta garantizar que no vivan más violencia del feminicida, en caso de que sea su familiar. Es decir, deben coordinar y ofrecer un acompañamiento integral y desde un enfoque psicosocial, educativo y familiar.

Sin embargo, el Proyecto del Protocolo Nacional de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en Condición de Orfandad por Feminicidio de 93 hojas, obtenido en diciembre de 2020 por medio del mecanismo de acceso a la información, establece que la ruta de atención comienza cuando hay una llamada de emergencia al 911 para dar cuenta de un feminicidio. En estas listas de actividades a seguir se consideran acciones como preguntar si hay niñas o niños en el lugar y en su caso informar a la Procuraduría de Protección (a cargo del DIF). La lista de pasos llega hasta la elaboración de un Plan de Restitución de Derechos.

El proyecto parte del supuesto de que cuando una mujer es asesinada sus hijas e hijos se encuentran en la escena del crimen, por lo que la primera persona en responder es la policía ministerial, que de acuerdo con el documento, debe estar capacitada en atención a la niñez y encargarse de resguardar a las personas menores de edad, solicitar atención médica o psicológica en caso de ser necesario y trasladarles al Ministerio Público junto a la Procuraduría de Protección.

En esta ruta de atención es primordial el papel del DIF, quien evadió responder a esta agencia sobre la publicación del documento, pese a que, en la conferencia matutina del 29 de julio de 2020, Sánchez Cordero dijo que este organismo era quien tenía “más clara” la situación de la orfandad. En aquel momento la directora general del Sistema nacional DIF, María del Rocío García Pérez, aseguró: “Este protocolo es un instrumento que describe el proceso de atención y el trabajo de las instancias involucradas, esa es la razón de este protocolo, para responder de manera integral, con un enfoque interinstitucional y multidisciplinario a las necesidades de estas personas que nos necesitan”.

Una realidad más compleja

La falta de concreción del Protocolo Nacional de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en Condición de Orfandad por Feminicidio provoca que los caminos que recorren las familias que se quedan el cuidado de las niñas y niños sean más complejos. Por ejemplo, deben luchar por la custodia de las y los menores de edad y enfrentarse con las familias de los feminicidas, además deben buscar y pagar de su bolsillo atención psicológica porque las autoridades no les ofrecen ningún tipo de apoyo o compensación del daño.

Para la familia de Verónica Guadalupe Benítez Vega, quien fue asesinada el 26 de julio de 2017 por su esposo Luis Ángel Reyes, en el Estado de México, la falta de una política de protección la llevó a lidiar con la familia del feminicida para poder rescatar al hijo de Verónica, de tres meses de edad.

Luego de la impresión por la crueldad del feminicidio, a la cabeza de Juana Isabel Benítez Vega, hermana de Guadalupe, llegó la preocupación por el futuro de su sobrino. Al indagar sobre el paradero del bebé, se enteró que la madre de Luis Ángel se lo había llevado. Para rescatar a su sobrino, Juana tuvo que solicitar el apoyo de policías, quienes le reclamaron a la hermana por no avisarles antes que había un menor de edad involucrado en el caso.

La revisión médica del bebé fue en el Ministerio Público, donde permaneció cerca de siete horas en diligencias. Al final del día la familia pudo reunirse con él. Para la madre de Verónica y Juana, la maternidad se hizo presente de golpe a sus 60 años, en un tris dejó de ser abuela para volver a convertirse en madre. En tanto Juana y su padre se abocaron en encontrar justicia para Verónica.

En 2019 Luis Ángel fue sentenciado a 62 años de prisión, pero, aunque el estado de México es una de las tres entidades que tienen apoyos económicos para las hijas e hijos de víctimas feminicidio, ninguna autoridad ha informado a la familia de Juana sobre estos programas y tampoco han logrado obtener la custodia definitiva del hijo de Verónica, quien hoy tiene cuatro años de edad.

Esta historia se repite para decenas de madres y hermanas de las víctimas de feminicidio que tratan de rescatar a las hijas e hijos de las mujeres asesinadas. Así sucedió con los cinco hijos de Betsabé, asesinada el 9 de septiembre de 2015, quienes se quedaron a cargo de sus abuelos maternos; también pasó con los tres hijos de Nadia Alejandra Muciño Márquez, asesinada el 12 de febrero de 2004, criados por su abuela materna; y con los dos hijos de Lilia Alejandra García Andrade, asesinada el 20 de febrero de 2001, quienes también fueron criados por su abuela materna.

“Hemos escuchado a las familias de las mujeres víctimas, a los jóvenes en orfandad por los feminicidios y sabemos que, si bien algunas han logrado salir adelante, el Estado mexicano nunca más debe dejarlos solos ni solas”, aseguró Olga Sánchez Cordero el 29 de julio del año pasado. Diez meses después de esta declaración cada mujer hace lo que puede para criar a niñas y niños, a quienes les arrancaron a sus madres de forma violenta.

Programas basados en dinero

Tres entidades ya tomaron acciones en este tema. El antecedente del Protocolo Nacional de Atención a la Orfandad por Feminicidio son las políticas emprendidas en los estados de México, Jalisco y Coahuila, cuyos programas se han reducido en compensaciones económicas y a la fecha no se ha medido su efectividad.

El primer programa que se instauró fue el de Jalisco, en 2017. Por medio de este programa se ofrece a la fecha 3 mil pesos bimestrales. Aunque lleva cuatro años en práctica, no cuenta con un diagnóstico que identifique las causas que generan la problemática que atiende ni indicadores que muestren si se ha logrado resarcir el daño a estos menores de edad.

Una evaluación que el propio gobierno estatal hizo en 2018 por medio de una consultora externa, llamada Numera S.C., reveló que había información para medir el impacto de este programa. El programa continúa vigente con la entrega de apoyos económicos. Este 2021 las transferencias serán para 347 niñas y niños. De acuerdo con el gobierno, este monto se entregaría a 74 por ciento de los 464 menores de edad que están en condiciones de orfandad por feminicidio, según el cálculo del gobierno.

Al no existir un registro nacional sobre las niñas y niños que permanecen en el desamparo por el asesinato de sus madres, este programa parte de estimaciones. En Jalisco, a partir de la tasa de fecundidad local, que es 2.2 hijas e hijos por mujeres, y el número de casos de feminicidio en la entidad, se proyecta que hay 464 menores de edad en orfandad por feminicidio.

Jalisco también es la única entidad con un modelo de intervención psicológica para que la niñez tenga un proceso de duelo ante la pérdida abrupta y violenta de sus madres, y para que las personas que asumen su cuidado -en su mayoría adultas mayores- tengan herramientas de “crianza positiva”. En 2020 crearon el “Modelo de intervención psicológica, psicoeducativa y de cuidados integrales para hijas e hijos de víctimas de feminicidio”, dirigido al personal de psicología de las instituciones públicas jaliscienses que tienen contacto con las niñez en estas condiciones.

Este programa se diseñó por demanda de las víctimas. Lo mismo sucedió en el estado de Coahuila. En 2018, derivado de exigencias de familiares de víctimas de feminicidio ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el estado se creó un programa para apoyar únicamente a 18 menores de edad. Hasta 2020 la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF), que se encarga del programa, entregó 32 apoyos.

En el caso del Estado de México existen dos programas de apoyos económico y alimenticios dirigidos a todos los integrantes de familias que enfrentan el asesinato de una mujer por razones de género. También existe uno más nombrado “Programa Valentina” que otorga un apoyo económico mensual de 2 mil pesos para menores de edad en orfandad, no sólo por el feminicidio de sus madres, también si las mujeres fueron víctima de desaparición.

El “programa Valentina” surgió después que el 6 de septiembre de 2018 se dio a conocer que Nancy Nohemí Huitrón Solorio, de 28 años de edad, desapareció con su hija Valentina , de 2 meses de edad, en Ecatepec, Estado de México. Días después, Nancy Nohemí fue encontrada asesinada y se supo que su hija fue vendida por el feminicida. Luego de recuperarla, la menor de edad fue entregada a su abuela materna quien se quedó a cargo de ella y de las otras dos hermanas de Valentina, también menores de edad.

Cada estado ha definido las vías que considera oportunas para entregar los apoyos a las niñas y niños y sus familias. En el Estado de México la Comisión de Atención a Víctimas es la encargada del programa; en Coahuila la ejecución está a cargo de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia y en Jalisco, es la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres.

La falta de una política integral que articule las políticas para atender a la infancia en orfandad por feminicidio lleva a que cada estado atienda el problema según lo considere adecuado, señaló la exsecretaria ejecutiva del Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en Puebla, Gabriela Escobar del Razo.

Lo que se tiene hasta ahora, asegura la experta, son procedimientos administrativos que no garantizan el interés superior de la niñez. Para ella la atención debe partir de la salud emocional de la niñez porque son víctimas de delitos de alto impacto, por tanto, requieren atención psicológica profunda, que derive de protocolos muy claros y con personal profesional. Lo que se supone estaría haciendo el Protocolo Nacional de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en Condición de Orfandad por Feminicidio si realmente existiera.

La entrega de dinero ha sido el eje para atender a la niñez. Como muestra, en noviembre de 2020, la Secretaría de Educación Pública a través de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar y el DIF suscribieron un convenio para ofrecer becas económicas a niñas, niños y adolescentes en orfandad derivada de la pandemia causada por el virus de COVID-19.

Escobar del Razo, quien también trabajó en la Fundación Junto con las Niñas y los Niños (Juconi) aseguró: “eso es más de lo mismo. ¿Por qué no están hablando del caso específico de niños víctimas de un delito de alto impacto como es el feminicidio y todo lo que conlleva restaurar una vida? Hay que reconstruir una historia de vida dañada. Darle una beca no le soluciona la vida a nadie”. Las becas, dijo, están diseñadas para cualquier niña o niño que está en vulnerabilidad por pobreza.

¿Y la atención al trauma y al duelo?

La pérdida violenta de la madre y la ausencia del padre, quien en muchas ocasiones es el feminicida, provoca un daño transgeneracional. En un artículo publicado en 2017 por la abogada feminista Andrea Medina Rosas, quien formó parte del equipo que litigó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso de Campo Algodonero (sobre tres asesinatos de mujeres ocurridos en noviembre de 2001 en Chihuahua), señaló que estas niñas y niños quedan excluidos de políticas de atención especializada, no tienen alternativas claras para remontar el daño causado y su cotidianidad se ve severamente afectada.

La psicóloga Andrea Cárdenas Domínguez, quien trabajó con hijas e hijos de víctimas de desaparición y de feminicidio en el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, en Chihuahua, (Cedehm) expuso que las instituciones que atienden a estas víctimas aún tienden a utilizar una rama de la psicología muy clínica que no responde a las necesidades de la infancia.

En Chihuahua, por ejemplo, detalló que la CEAV ofrece atención psicológica, pero no existe un enfoque que repare a las víctimas ni una mirada que incluya un proceso de sanación. Hasta ahora, se sigue pensando que a las niñas y niños hay que regresarlos a la situación en la que estaban antes del feminicidio, cuando es probable que antes de ese hecho vivieran violencia constante que provocó el crimen.

La psicóloga aseguró que para elaborar un protocolo o plan de atención a la infancia se deberían organizar mesas de escucha con niñas y niños víctimas o familiares, para que expresen sus necesidades y dejar de lado el ángulo adulto-centrista de estas políticas públicas. De entrada, expuso, hacer una ruta de atención que inicia en una escena del crimen es sólo ver la cúspide del problema, el feminicidio. Antes, dijo, tuvieron que pasar muchas violencias para llegar a ese punto.

Por su parte Mónica Herrerías Domínguez destacó como fundamental que un protocolo salvaguarde el interés superior de la niñez y su integridad física cognitiva y emocional, la cual ya está dañada por un evento de alto impacto. Toda atención, consideró, debe empezar por contención y terapia mínima, pero no se debe dejar de lado la salud física, cognitiva y emocional y la seguridad económica y jurídica.

¿Con quién vivirán estos niños, estarán al cuidado de sus abuelas, permanecerán con la familia del agresor, en qué localidad se ubicarán, quién tendrá su custodia legal, cómo participarán en el proceso de justicia para sus madres, seguirán en el sistema escolar, cómo resolverán el duelo? A partir de preguntas como éstas se tiene que planear un programa de acompañamiento que debe durar años, expusieron las expertas.

Pese a que hace diez meses, cuando se anunció el Protocolo, Nadine Gasman Zybelmann sostuvo que “la orfandad de madre o cuidadora de niñas, niños y adolescentes no debe traducirse en una orfandad de Estado” y aun cuando Olga Sánchez Cordero aseguró que las mujeres de este gobierno ven y escuchan a las mexicanas y que “la patria es sólo aquella que realmente equilibra y garantiza los derechos de todas y todos”, hoy no existe el protocolo que presentaron como una política vigente para atender a la infancia y adolescencia en orfandad por feminicidio.

Cimacnoticias / COMCOSUR MUJER Nº 685 – 17/05/2021
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4) PALESTINA: LAS TONALIDADES DE LA IRA

Rafeef Ziadah *

Permítanme hablar en mi lengua árabe antes de que también ocupen mi lenguaje.
Permítanme hablar en mi lengua materna antes de que también colonicen su memoria.
Soy una mujer árabe de color y nosotras venimos en todas los tonalidades de la ira.
Todo lo que mi abuelo siempre quiso hacer fue levantarse al amanecer y observar a mí
abuela postrarse y rezar en una aldea escondida entre Jaffa y Haifa.

Mi madre nació bajo un árbol de olivo en un suelo que, dicen, ya no es mío; pero yo cruzaré sus barreras, sus checkpoints, sus locos muros de apartheid y volveré a mi hogar.

Soy una mujer árabe de color y nosotras venimos en todas las tonalidades de la ira.
¿Escucharon gritar a mi hermana ayer, mientras paría en un checkpoint con soldados israelíes buscando entre sus piernas la próxima amenaza demográfica?
Llamó a su hija nacida, Jenin.
¿Y escucharon gritar a alguien « ¡estamos retornando a Palestina! » detrás de las rejas de la prisión, mientras le tiraban gas lacrimógeno en la celda?
Soy una mujer árabe de color y nosotras venimos en todas las tonalidades de la ira.

Pero me dices que esta mujer que hay dentro de mí sólo te traerá tu próximo terrorista:
barbudo, armado, pañuelo en la cabeza, negrata.
¿Tú me dices que yo mando mis hijos a morir? pero esos son tus helicópteros, tus F-16 en nuestro cielo.

Y hablemos un segundo de este asunto del terrorismo…
¿No fue la CIA la que mató a Allende y a Lumumba?
¿Y quién entrenó a Osama primero?
Mis abuelos no corrían en círculos, como payasos, con capas y capuchas blancas en la cabeza linchando negros.

Soy una mujer árabe de color y nosotras venimos en todas las tonalidades de la ira.
«¿Quién es esa mujer morena gritando en la manifestación?»
Perdón. ¿Debería no gritar? ¿olvidé de ser todos tus sueños orientalistas? el genio de la botella, bailarina de la danza del vientre, chica de un harén, voz suave, mujer árabe,
Sí, amo.
No, amo.
Gracias por los sándwich de manteca de maní que nos tiras desde tus F-16, amo.

Sí, mis libertadores están aquí para matar a mis hijos y llamarlos «daño colateral».

Soy una mujer árabe de color y nosotras venimos en todas las tonalidades de la ira.
Así que déjame decirte que esta mujer que hay dentro de mí sólo te traerá tu próxima rebelde.
Ella tendrá una piedra en una mano y una bandera palestina en la otra.
Soy una mujer árabe de color… ten cuidado, ten cuidado, De mi ira.

* Rafeef Ziadah es artista de la palabra hablada y activista canadiense-palestina y miembro fundador de la Coalición Contra el Apartheid Israelí, que promueve la campaña de Boicot, Desinversiones y Sanciones contra Israel (BDS). Su poesía forma parte del libro Poesía palestina, una antología de poesía escrita por mujeres palestinas.

Enviado por Jorge Zabalza / COMCOSUR MUJER Nº 685 – 17/05/2021
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5) PERÚ: MUJERES VÍCTIMAS DE ESTERILIZACIONES MARCHARON PARA EXIGIR JUSTICIA

Un grupo de víctimas del caso esterilizaciones forzadas realizó una protesta fuera del Palacio de Justicia, en el Cercado de Lima, para exigir que el Poder Judicial no archive el proceso que se le sigue al expresidente, Alberto Fujimori, y exministros involucrados en los presuntos delitos en su contra.

El plantón, que se realizó desde esta mañana y mientras se desarrollaba una audiencia virtual del caso ante el Poder Judicial, se da como reacción al intento de la defensa de Alberto Fujimori de que la denuncia fiscal sea declarada improcedente.

“Es algo indignante. Por eso hemos venido a hacer un plantón, no solo de Lima sino también de provincias. Estamos pidiendo que no sea archivado porque un delito de lesa humanidad no puede ser archivado”, reclamó María Elena Carbajal, presidenta de la asociación Víctimas de Esterilizaciones Forzadas de Lima y Callao.

“El responsable mayor ha sido Alberto Fujimori y posteriormente, sus exministros de salud. Esto tiene que ser visto ya, el fiscal ya sustentó los cargos, presentó las 182 pruebas convincentes de que esto fue un delito en el que compraron a personal de salud, usaron todos los medios para hacer esta violación de nuestros derechos”, añadió.

Carbajal reclamó, en esa línea, que tanto el expresidente como los exministros que encabezaron el sector Salud entre los años 1996 y 2000 “no se pueden lavar las manos ante este crimen”.

El Ministerio Público ha presentado una denuncia formal contra Alberto Fujimori y sus exministros de Salud Eduardo Yong, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga, entre otros exfuncionarios, por el caso de las esterilizaciones forzadas, a quienes acusa de ser autores mediatos de este atentado contra más de 1.300 mujeres como parte de algo que el Gobierno aquel entonces denominó “Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar”.

El proceso, luego de más de 20 años de investigación y con más de 1.200 casos todavía pendientes de ser formalizados o archivados dentro del Ministerio Público, está a cargo del juez Rafael Martín Martínez del Juzgado Penal Supraprovincial Transitorio Especializado en Crimen Organizado.

Esta semana, el abogado de Fujimori, César Nakazaki, señaló que los delitos que imputa la fiscalía de lesiones graves y lesiones graves seguidas de muerte no son imprescriptibles, por lo que luego de 15 años el caso debía ser archivado.

El Comercio / COMCOSUR MUJER Nº 685 – 17/05/2021
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6) URUGUAY: MUJERES CHARRÚAS NARRAN SU PROCESO IDENTITARIO Y LA RECONSTRUCCIÓN DE LA MEMORIA COLECTIVA

De niña, Emilia Carballo disfrutaba de trepar a los árboles. Subía a lo más alto y pasaba largo rato pensando en un sentimiento que no comprendía. Era como una gran ausencia. Vivía en Bella Unión con su familia cuando en tercero de escuela la maestra Barbarita le contó que, en Uruguay, mataron a todos los indígenas. La ausencia creció. Esa idea no le cerró por ningún lado a Emilia, porque le bastaba con ver las caritas de sus compañeros para darse cuenta de que no era posible. Fue la primera vez que se hizo una pregunta que la acompañaría por mucho tiempo: “¿Dónde están los que yo conocía?”.

Ahora, sentada en las escalinatas de la Intendencia de Montevideo (IM), Emilia es una mujer de 45 años de pelo negro, pómulos salientes y ojos rasgados. Su existencia desafía siglos de colonialismo aplastante. De a poco, va narrando esas primeras preguntas sin respuestas, esas sensaciones que no podía explicar de niña, y esa certeza que le transmitieron cuando preguntó por la matanza de los charrúas. “El camino que vos estás eligiendo es muy difícil”, le dijo su madre. Luego, el silencio.

“Me tuve que presentar al mundo como charrúa para seguir estando sana y empezar a pelearla, a explicar que no nos mataron a todos”. Emilia Carballo

Contar de a poco

La situación por la que Emilia decidió nombrarse charrúa no fue agradable. Tenía 19 años cuando se bajó de un ómnibus frente al hotel Radisson, al lado de un auto de lujo con chapa de Punta del Este. Del auto salían dos hombres que la vieron pasar. Uno la señaló y le dijo al otro: “Vos que molestas preguntando dónde están los charrúas, mirá, ahí va caminando una”. “Empecé a reconocer de una buena vez lo que sentía y lo que otros veían en mí. Me tuve que presentar al mundo como charrúa para seguir estando sana y empezar a pelearla, a explicar que no nos mataron a todos”, relata Emilia. Antes, había intentado adecuarse “a la sociedad como está establecida, pero me di cuenta de que hay un orden jerárquico de colores al cual no iba a acceder nunca, porque tengo este color de piel, esta cara y esta forma de ser”. Luego se adentró en la militancia con el colectivo charrúa Bascuadé Inchalá, que forma parte del Consejo de la Nación Charrúa (Conacha).

Para las personas que se autodeterminan indígenas en Uruguay, la búsqueda de la identidad propia y colectiva es un proceso largo, y una lucha que creen necesaria. Victoria Guevara (27) y Gabriella Puyol (24) están sentadas una frente a la otra con una infusión de hierbas y miel entre las manos. Ambas pertenecen hace un año a la comunidad charrúa Jaguar Berá (también parte del Conacha), y recuerdan las primeras preguntas que se hicieron sobre su identidad indígena.

Hace unos cuatro años, Victoria salía de un chapuzón en el río Negro cuando se preguntó por primera vez si sería charrúa. Seguía el activismo del Conacha y, a pesar de su existencia urbana, sentía una necesidad cada vez más presente de estar en el monte, de nutrir su vínculo con la tierra. Así empezó a indagar en su ancestría: “En mi familia, cuando les pregunto, no sólo no saben, sino que, además, lo niegan sin saber. Me dicen ‘acá somos vascos, no busques que no vas a encontrar nada’. Yo la veo a mi madre y es la más parda de su familia de ocho hermanos, y ahí te das cuenta de cómo se ha dado la discriminación interna. Cuanto más morocho, más tenés que esforzarte por ser aceptado socialmente”.

“Encontré costumbres que hacía mi abuela y las empecé a relacionar con la memoria de los demás charrúas. La memoria colectiva sirve para eso”. Victoria Guevara

Victoria empezó a hilar fino con la búsqueda y encontró ciertas prácticas en su familia que se comparaban con las de sus compañeros charrúas: “Encontré costumbres que hacía mi abuela y las empecé a relacionar con la memoria de los demás charrúas. La memoria colectiva sirve para eso. Me enteré de que enterraban los cordones umbilicales de los recién nacidos bajo el ombú o que cortaban la leña en la fase de la luna creciente para que el árbol no sufriera tanto”. Debido a la pandemia, Victoria no ha podido viajar a Rivera, donde tiene a parte de su familia, y seguir investigando sobre su ancestría.

En el caso de Gabriella, su padre trabajaba en el monte de sol a sol. Allí se crio y jugó de pequeña. Él le transmitió los conocimientos sobre “las plantas y los árboles, en qué fechas podar y lo que se puede comer en el bosque nativo”. Desde siempre supo que su familia paterna tenía ancestría gitana, pero no sabía nada de su familia materna, que vivía su ancestría como un tabú. Logró hablar con una tía abuela, que le contó que tenía familia guaraní. “Sentí que encontré al fin de dónde venía, el eslabón perdido, la necesidad del monte la vine a encontrar ahí”, dice Gabriella. A pesar de tener sangre guaraní, ella se siente charrúa: “Estar en Jaguar Berá fue encontrar ese lugar que me pertenece, ahí me di cuenta de que mi sentir es charrúa. Siento el dolor de las antepasadas, el llamado de la luna, de la tierra, del agua”.

La antropóloga social Francesca Repetto asegura que algunos autores y personas indígenas en Uruguay hablan de la “macroetnia charrúa”, término con el que engloban a las demás poblaciones indígenas, y entienden que tienen un origen común. En lo que respecta a la identidad charrúa, las entrevistadas expresan que lo primero es la “autodeterminación” y, luego, el reconocimiento de la comunidad.

En general, las familias con ancestría charrúa en Uruguay lo ocultaron por mucho tiempo. Como dice Victoria, “las familias lo que han hecho es guardarse lo más que se pueda en las casas y contar de a poco”. Mónica Michelena tiene 58 años y más de tres décadas en la militancia charrúa. Ha sido una de las principales referentes del Conacha en Uruguay y en el exterior. A través de una pantalla dice que se enteró que tenía un bisabuelo charrúa a los 18 años. Ahí empezó una búsqueda de su identidad que la llevó a entender el dolor de su madre y de sus abuelos. “A mi madre la mandaron a los cinco años a las estancias, iba de estancia en estancia. La mandaban al arroyo a lavar la ropa, y vivió intentos de violación por parte de los patrones. Nunca fue a la escuela. La historia de mi madre se refleja en la historia de muchas mujeres. Me empoderé de esa historia y es por todas esas mujeres que soy activista”, dice Mónica.

“La generación de mi madre hizo un pacto de silencio para no transmitir ese dolor verbalmente, pero lo transmitió igual, de otras formas”. Mónica Michelena

Pero si bien la palabra charrúa o indígena ni se pronunciaba en las familias, las prácticas se fueron pasando de generación en generación, y la memoria, a través de las manos y el conocimiento. “Que mi madre se quedara horas mirando el fuego en cuclillas”, cuenta Mónica. “Que mi madre me pidiera: ‘agarrá un vasito con agua, ponele sal y mburucuyá y rocialo alrededor de la casa’”, dice Emilia. La propia Emilia lo vio en sus cuatro hijos cuando descubrió que de niños jugaban con piedras y les hacían preguntas; luego supo que sus antepasados hacían música con ellas. Cuando Mónica le cuestionó a su madre por qué nunca le había contado sobre sus ancestros, su respuesta fue precisa: porque tenía miedo de que la discriminaran. “Esa generación hizo un pacto de silencio para no transmitir ese dolor verbalmente, pero lo transmitió igual, de otras formas”, explica.
Poner el cuerpo

Uruguay no reconoce a los pueblos indígenas que habitan su territorio ni sus derechos, y la creencia popular del “país sin indios” aún tiene vigencia, pese a que el Estado niega la Matanza de Salsipuedes de 1831 como genocidio. Paradójicamente, 5% de la población uruguaya cree tener ascendencia indígena, según el último censo nacional de 2011, y ya en la década de 1980 comenzaron a emerger los colectivos que reivindican su ancestría charrúa. Según resultados recientes de las investigaciones genéticas que ha aportado el Departamento de Antropología Biológica de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República, 37% de la población uruguaya tiene al menos un ancestro indígena, y en departamentos como Tacuarembó asciende a 62%. Sin embargo, según las últimas investigaciones del departamento, aún no se ha encontrado linaje indígena por la vía paterna en Montevideo.

Para la arqueóloga Mónica Sans, eso comprueba que en Salsipuedes se mató a los hombres charrúas. A las mujeres, niñas y niños los repartieron de forma planificada en las estancias y en las casas de Montevideo con fines de esclavitud doméstica y sexual. Pero lo que pasó con estas mujeres se conoce muy poco, porque si la existencia charrúa en Uruguay es invisible, la existencia de las mujeres charrúas lo es mucho más. “La historia sobre los indígenas del Uruguay […] se enfoca en la presencia masculina y en cómo los dominios coloniales interfirieron en esas vidas”, escribe Repetto respecto de esa invisibilización.

Las únicas manifestaciones y resistencias que se conocen de las mujeres charrúas de la época se remontan al Montevideo de 1831, cuando lloraban, gritaban y se arrancaban los cabellos de dolor por sus hijas e hijos robados. También se sabe que muchas de ellas fueron “devueltas por inútiles” a la calle o a las cárceles. Esta invisibilización persiste en la actualidad. Mónica denunció en el portal Hemisferio Izquierdo que “a pesar de los avances del Estado uruguayo en clave de derechos humanos, en nuestro país persiste el colonialismo, la discriminación, sexismo, racismo, y exclusión, lo que remarca la invisibilización de las mujeres indígenas, y por ende el ejercicio pleno de nuestros derechos”.

¿Cómo es transitar el espacio público con cuerpo de mujer indígena? Emilia, que es artesana, se encontraba vendiendo con su paño frente a la Intendencia de Montevideo en marzo de 2021, cuando personal de la comuna le ordenó que se retirara. Decía que les había llegado una denuncia con su nombre y foto. Emilia preguntó por qué al resto de los vendedores no se les pidió que se retiraran, le respondieron que la denuncia anónima sólo tenía su nombre. No podía volver a trabajar allí. “Estábamos en el Mes de la Mujer, en la intendencia había una feria de mujeres emprendedoras”, recuerda Emilia. “Yo ni siquiera soy reconocida como mujer, mucho menos como indígena o como emprendedora. Esa tarde me quedé sin trabajar. ¿A dónde voy a pedir ayuda? ¿A quién voy a recurrir?”.

“Hay inchalás a quienes, al preguntar a sus familias por sus antepasadas, les han dicho que provienen de charrúas prostitutas del Ejército cuando, en realidad, fueron mujeres entregadas al Ejército y violadas”. Gabriella Puyol

Guardianas de la memoria

Las mujeres charrúas reclaman el derecho a conocer las historias de sus antepasadas repartidas y separadas de sus hijos después de la Matanza de Salsipuedes. “Hay inchalás [hermana/hermano] a quienes, al preguntar a sus familias por sus antepasadas, les han dicho que provienen de charrúas prostitutas del Ejército cuando, en realidad, fueron mujeres entregadas al Ejército y violadas. Es mucha la impotencia que nos da saber que una inchalá en la repartición sufrió tanto y que luego su descendencia niegue su historia. Nos llena de rabia, queremos saber qué pasó con las mujeres charrúas”, dice Gabriella.

Con sus décadas de militancia, Mónica asegura que fueron las mujeres las que primero se reivindicaron como charrúas y las que lideraron principalmente los activismos de la región. También dice que son las “guardianas de la memoria”, las que cuidaron lo que perduró de las tradiciones y costumbres charrúas, porque son las que quedaron con vida después del etnocidio de Salsipuedes. Aunque, para ella, el rol de mujer guardiana de la memoria es intrínseco a su cultura: “Sobre plantas medicinales sabemos más las mujeres. La presentación del niño a la luna la hacemos las mujeres de la familia para que la luna le transmita al niño toda su energía. También le pedimos a la guidaí [luna] cuando el corazón nos aprieta. El curar con la palabra [curandera o vencedora] es un conocimiento que se transmite entre las mujeres”.

Mónica y Emilia les dan mucha importancia a los encuentros de mujeres. Allí es donde se atreven a contar historias familiares que nunca han contado. Y tienen una misión de vida: la de armar el “gran quillapí de la memoria”, como explica Mónica: “Cada una de nosotras tiene un pedacito de memoria que, aunque no lo saquemos para afuera, está muy adentro nuestro. Entre todas lo estamos armando, estamos cosiendo ese quillapí. Esa tarea es continua y de mucho entusiasmo. Nos reunimos, a veces grabamos, nos hablamos de esas memorias que quedan ahí, en ese instante. Quedan dentro nuestro”. Históricamente, el quillapí es una capa confeccionada con pedazos de cuero cosidos por las mujeres charrúas colectivamente.

En este (re)hacer la memoria, las mujeres charrúas reivindican la historia de las mujeres guerreras. Luisa Tiraparé fue una “mujer de armas tomar”, según Mónica, que luchó hasta 1862 para mantener a un grupo de indígenas reunidos en un pueblo a las orillas el río Yi. También rescatan del olvido a Guyunusa, la única mujer entre los cuatro charrúas secuestrados y llevados a París a un zoológico humano en condiciones penosas en 1833. Dicen que Guyunusa dejó un hijo de ocho años en este territorio, y que en París tuvo una niña que le quitaron. “Algunas de nosotras somos madres y hay algo muy fuerte, porque a Guyunusa la secuestraron y se la llevaron estando embarazada. Nos ponemos en la piel de esa mujer secuestrada de forma socialmente consensuada. Es una barbarie. Guyunusa para nosotras es un ancla en la tierra”, dice Emilia.

Será por eso que uno de los primeros reclamos de las mujeres charrúas madres es poder parir como ellas desean y necesitan, en cuclillas. “Tenemos un trauma en común que es el quirófano donde vamos a dar a luz, acostadas en una camilla, de piernas abiertas, expuestas a no sabemos qué”, cuenta Emilia. “Estamos recabando historias muy fuertes, como la de Sofía, que por decidir parir en cuclillas tuvo una fuerte discusión con el personal de salud en medio del trabajo de parto”.
¿Quién soy?

Además del trabajo de las mujeres guardianas de la memoria, la recuperación interna de la historia charrúa se hace desde las primeras asociaciones charrúas. Para eso apelan a los “círculos de la memoria”, con el “bastón de la palabra”, que pasa de mano en mano y concede el momento de hablar a quien lo sostiene. “Nuestros antepasados usaban un bastón de piedra, ahora usamos uno de madera. Nos sirve cada vez que tenemos algo importante que decir o para dirimir un conflicto interno. Eso nos ordena y nos centra, no tenemos que levantar la mano ni nos hablamos encima. Lo hace comunitario”, cuenta Mónica. En estos círculos han conocido los problemas que arrastran las familias charrúas: el alcoholismo, los femicidios, la violencia, la pobreza.

En uno de los últimos estudios biológicos de la arqueóloga Mónica Sans se comprobó que existe mayor proporción de ancestría indígena en la población de menor nivel socioeconómico de Montevideo. “De un pueblo que ha sido hostigado no salen todas las cabezas piolas, buenas. Estamos llenos de problemas y encima somos de los más pobres del país”, dice Victoria. Según las jóvenes, viven en una tensión constante entre “la cabeza nativa y la cabeza occidental”. “El charrúa del siglo XXI tiene que deconstruir varias generaciones de un sistema que le impusieron. Cuando estamos tratando de pensar con las cabecitas nativas, se nos cruzan cosas de la cabecita occidental impuesta. Ahí pensás ‘por qué estoy haciendo esto que va en contra de todo lo que pienso y quiero’, y esas contradicciones te generan fantasmas. Cuando estás en medio de la comunidad, y ves que a otros inchalás les pasa lo mismo, eso se suma y genera bronca, resentimiento y violencia interna. Nos estamos esforzando mucho para romper con eso y cuesta un montón”, cuenta Gabriella.

Como parte de la visibilización de la cultura y presencia charrúa, Victoria cree importante que Uruguay se declare Estado plurinacional, como lo es Bolivia o Ecuador: “Eso implica que en la educación se enseñe que los charrúas existen y que haya una educación intercultural, para que los niños charrúas no se olviden de su cultura, y que la puedan seguir nutriendo en sus vidas. Lo otro es la salud, nosotros vamos muy poco a los médicos. Es todo a base de yuyos y alimentación, es importante que haya una salud que reconozca nuestra medicina nativa”.

Según Emilia, “seguir negándonos como pueblo charrúa es absurdo. Entonces, ¿quién soy?, ¿cómo soy?, ¿no existo? Si nos niegan siguen haciendo un vacío legal”. En su recorrido, reconocerse charrúa fue fundamental para reencontrarse con las ausencias que sentía de pequeña, las memorias de sus antepasados. Ella repite: “Si negamos una parte vital nuestra, nos enfermamos. Nadie puede negar quien es”.

La Diaria / COMCOSUR MUJER Nº 685 – 17/05/2021
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“Siempre he partido de una idea elemental: la de que la verdad no necesita ser justificada por la adecuación a un objetivo superior. La verdad es la verdad y nada más. Debe ser servida, no servir.”
Eugenia Ginzburg / “El vértigo”.
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ARGENTINA: ESA MUJER QUE ME SALVO LA VIDA POR ALBERTINA CARRI – comcosur ionforma 2003 – 14.0 5.2021

COMCOSUR INFORMA AÑO 26 – No. 2003 – 14.05.2021 – Hoy:

1) Argentina: La memoria sobre los horrores de la dictadura /Sergio Ferrari
2) Argentina: Esa mujer que me salvó la vida, por Albertina Carri
3) Uruguay: ¿Dónde están? /Jorge Zabalza
4) Uruguay: Madres y Familiares pide al gobierno que avance en la ubicación del archivo de OCOA
5) Impunidad de la brutalización israelí /Luis E. Sabini Fernández
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VEO VEO – Propuestas y comentarios de Henry Flores – Hoy:

I. Ciclo “Escritores en Casa” con Walter Bordoni
II. Burbuja literaria “Tópicos de encierro” con Gustavo Espinosa
III. ENCUENTROS “Memoria”
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“En atletismo existe una carrera en equipo llamada de postas o de relevos. Cada uno de los corredores de un equipo recorre una determinada distancia y allí lo espera un compañero a quien le debe entregar un tubo de unos 30 cm llamado testimonio o testigo. Algo parecido, aunque difícil de visualizar, ocurre en la historia de un país: cada generación entrega su “testimonio” a la que sigue para continuar su interminable carrera. Carrera de relevos generacionales que van tejiendo la trama política, social, cultural de un pueblo.
Esa inmensa trama sufrió en la Argentina un inmenso tajo producido por una bayoneta en la década de 1970. Por ese espantoso agujero negro cayeron 30 mil corredores, compañeros, militantes portadores de testimonios valiosos difíciles de suplantar. Otros quedaron aferrados a los bordes de la trama, resistiendo a rabia, a diente, a imaginación la cruel tempestad desatada por una dictadura cívico militar eclesiástica”.
Jorge Miceli, ex preso político de Coronda, Santa Fe – Argentina
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1) ARGENTINA: LA MEMORIA SOBRE LOS HORRORES DE LA DICTADURA

Patrimonio mundial del “nunca más” y antídoto contra el olvido

Sergio Ferrari /Suiza, 10.05.2021

Argentina acelera los procedimientos para que el Museo Sitio de Memoria ESMA – Ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio-, ubicado en la ciudad de Buenos Aires, sea declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO. Fue uno de los 600 centros clandestinos de detención y represión que funcionaron en la última dictadura (1976-1983).
Los promotores argumentan que esta propuesta es un aporte más, desde la historia latinoamericana, al capital de la memoria colectiva universal imprescindible para evitar, en el futuro, cualquier intento de repetición de las brutalidades que se vivieron en el país sudamericano.

En Argentina existe un consenso básico de toda la ciudadanía sobre el “nunca más”, aunque puedan existir sectores muy minoritarios que abogan por el negacionismo. La lucha en mi país de más de 40 años a favor de la memoria, la verdad, la justicia y la reparación, merece que sea reconocida por la comunidad internacional”, enfatiza Alejandra Naftal, directora del Museo de la ESMA, museóloga de formación y ex detenida desaparecida por varios meses y luego liberada durante la dictadura.

La iniciativa promovida ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) se lanzó en 2015 y ha recorrido ya diversas etapas.
Durante este verano europeo entrará en la cuenta regresiva cuando la Secretaría de Derechos Humanos de Argentina, que coordina la propuesta, presente ante el organismo internacional el expediente técnico que sustenta la demanda. De ser aceptada la propuesta, dicho Museo pasaría a integrar el grupo reducido de sitios que en el mundo encarnan los atroces sufrimientos del pasado y la dignidad de la resistencia individual o colectiva. Junto con la Isla de Gorée, Senegal, y el Muelle de Valongo, en Río de Janeiro, Brasil, inicio y fin de la denominada “Ruta del Esclavo”. Junto, también, al Campo de Concentración Nazi de Auschwitz-Birkenau; del Memorial de la Paz de Hiroshima; de la sudafricana Robben Island, donde Nelson Mandela estuvo preso 18 de los 27 años de su reclusión; y del Puente Viejo de Mostar, en Bosnia Herzegovina, paradigma de la dramática guerra en la ex Yugoslavia, así como de la recuperación de tradiciones centenarias de coexistencia pacífica sobreviviendo al odio étnico.
Campo de concentración en pleno Buenos Aires

La Escuela de Mecánica, que pertenecía a la Armada – junto con el ejército y la aeronáutica, los tres brazos militares de la dictadura– es un predio de 17 hectáreas en pleno centro de la Ciudad de Buenos Aires. El Casino de Oficiales constituía uno de los 35 edificios del amplio complejo. Allí se albergaban y reunían en los tiempos libres los altos mandos de la ESMA. Y fue ahí, durante los años de la dictadura, donde instalaron uno de los centros clandestinos más grandes del país, por el que pasaron cerca de 5 mil personas detenidas desaparecidas. En su mayoría, a la postre, asesinadas a través de los “vuelos de la muerte”, que las tiraban desde aviones al cercano Río de la Plata.

En 2004, recuerda Alejandra Naftal, los marinos debieron devolver el predio al Gobierno nacional y al municipal. Entregaron el Casino de Oficiales casi destruido –para intentar borrar las huellas de la brutal represión–, lo que obligó a un arduo trabajo de reconstrucción. “El objetivo fue crear el Museo Sitio de la Memoria que permitiera a los visitantes vivenciar, a través de una herramienta pedagógica, el efecto del Terrorismo de Estado a través del delito de la desaparición forzada de personas”, explica.

Lejos de la imagen común de un museo tradicional, con estatuas, cuadros, utensilios y objetivos materiales, el de la ESMA se reinventó con una nueva forma de presentar la historia. “El Museo es el edificio y, sobre todo, el relato de algunas de las víctimas de ese infierno que lograron sobrevivir, con el apoyo de videos y fotos. Reproducimos sus declaraciones y narraciones ante la justicia”, subraya la directora de la institución.

Para llegar a ese concepto se requirió un proceso de intercambio y consultas de más de 3 años, entre el 2012 y el 2015. “En ese periodo presentamos al menos 200 veces el proyecto, ante el mundo político, los actores de derechos humanos, sectores de la cultura. Contamos con un equipo interdisciplinario amplio y diverso que fue afinando la propuesta”.

Entrar hoy al Museo Sitio de la Memoria de la ESMA implica salir profundamente conmovido luego de recorrer los espacios donde estaban recluida esa militancia juvenil; daban a luz las jóvenes madres secuestradas; los torturadores planificaban los vuelos de la muerte. Así como las salas especiales de tortura y el lugar para concentrar las ropas y artefactos robados durante los allanamientos. O bien, donde los captores explotaban la mano de obra esclava de sus víctimas para hacer publicaciones de inteligencia, fabricar documentos falsos de identidad para los grupos operativos. Así como las escaleras que conducían a los “traslados” sin retorno, es decir la muerte segura.

Nuestro propósito, reflexiona Alejandra Naftal, fue crear un espacio que fuera “cómodo para el incómodo, e incómodo para el cómodo”. Es decir, que impactara y despertara la conciencia de los visitantes que no conocían la historia de la brutalidad represiva, especialmente los jóvenes que no vivieron directamente esa historia. Y que sea, también, un lugar donde las personas directamente afectadas por los crímenes entonces cotidianos de lesa humanidad pudieran recordar y rendir su homenaje.

Si la UNESCO acepta la iniciativa, concluye Naftal, sería una forma más de compartir y universalizar todo ese arduo y novedoso esfuerzo para reconstruir la memoria colectiva, para llegar a la verdad de fondo y para juzgar ese genocidio que se dio en Argentina y que se expresó en tantos centros de tortura y detención.

Novedoso, insiste, porque integra dos componentes esenciales: la prueba de esa brutalidad represiva que dejó en solo siete años un saldo de 30 mil detenidos desaparecidos, más de 10 mil presos políticos y cientos de miles de exiliados internos o el exterior. Y, al mismo tiempo, el ejemplo de este profundo trabajo de memoria, verdad, justicia y reparación, sólidamente anclado en la sociedad argentina, resultado de un consenso muy amplio de respeto a la Justicia. “Es impresionante comprobar que, desde el fin de la dictadura hasta ahora, nunca se dio ni un solo caso de justicia por mano propia de una víctima hacia alguno de sus victimarios”, concluye.

Sergio Ferrai

NOTA FINAL
“Necesidad de la sociedad entera”

P: ¿Qué significa ese consenso social en torno a los derechos humanos al que se refiere?

Alejandra Naftal: Dos ejemplos. En 2017 la Corte de Justicia, que es el principal tribunal del país, promovió la introducción de la fórmula de 2 x 1, es decir, que cada año de detención se cuente doble para promover, así, numerosas libertades de militares condenados por crímenes contra la humanidad. En solo 24 horas hubo una masiva movilización popular en todo el país para oponerse a este “indulto disfrazado”. La presión fue tan rápida y contundente que el parlamento decretó la inconstitucionalidad de esta decisión, que quedó sin efecto. Otro ejemplo: cada vez que en Argentina aparece alguno de los bebés desaparecidos -hijas o hijos de detenidos desaparecidos- que recuperan su identidad, se produce todavía hoy una verdadera celebración social.

P: Es difícil imaginar un Museo sitio de la “Memoria”, dado que la memoria es algo tan subjetivo e intangible…

AN: Sin duda que no fue fácil. Requirió mucha creatividad, consulta, reflexión, consenso. Sobre todo, porque hubo quienes propusieron destruir los edificios de la ESMA para construir aquí un gran parque. Se luchó contra esta concepción. Una vez que se logró recuperar el edificio, casi destruido, del Casino de Oficiales, fue muy importante diseñar un espacio que expresara el objetivo principal. Es decir, aportar, desde el Museo, a la reconstrucción de la memoria colectiva. Las personas que en número de decenas de miles lo han visitado desde su apertura hasta hoy nos expresan su reconocimiento.

P: ¿Concibe al Museo como un espacio donde se dan la mano el pasado y el presente de los derechos humanos?

AN: Una definición exacta. Es una construcción colectiva del pasado-presente. La presencia de la cuestión de género en nuestro Museo es significativa en ese sentido. Insisto: esa construcción puede existir porque hay una demanda de la sociedad. ¿Cómo describir ese espacio de horror, reconvertido? Buscando formas que apelen a la sensibilidad y a la emoción. Todo esto le da fuerza y valor a nuestra iniciativa ante la UNESCO. Algo más: vemos nuestra propuesta como reveladora, no solo de todo un drama nacional, sino también de un continente que padeció represiones brutales similares. Por eso pensamos nuestra candidatura a Patrimonio Mundial desde una perspectiva amplia, nacional y latinoamericana.

P: Para terminar, es importante volver a su reflexión sobre reconstrucción de la memoria colectiva y la identidad y presencia de género…

AN: Un tema esencial. Desde que abrimos el Museo en el 2015, recibimos críticas de grupos de mujeres y de activistas de los feminismos. Señalaban que la muestra permanente no tenía perspectiva de género y no estaba en consonancia con el movimiento que se apropiaba de las calles, con la marea verde, de lucha por el aborto y para exigir justicia por los femicidios, entre otras reivindicaciones. En paralelo, se desarrollaron los primeros juicios de lesa humanidad por los delitos contra la integridad sexual cometidos en los centros clandestinos de detención en la época de la dictadura. Retomamos el tema en el Museo y en el 2019 inauguramos la muestra “Ser mujeres en la ESMA: testimonios para volver a mirar”. Convocamos a las mujeres sobrevivientes, académicas, juezas, abogadas y fiscalas que venían trabajando esta temática. Justamente, con la convicción que los espacios de memoria deben articular el presente con el pasado. A través de un diálogo intergeneracional, cruzando los conceptos feministas con las experiencias de las mujeres ex detenidas Con la posibilidad de crear un espacio en el que puedan hablar y revisar su propia percepción de lo que fuera la experiencia en un centro clandestino. Además, hicimos una autocorrección del lenguaje que utilizamos en la muestra permanente, haciéndonos cargo de nuestro propio olvido y de las ausencias y errores previos. Esa corrección está incluida en la exhibición.

Sergio Ferrari (Suiza)
COMCOSUR INFORMA AÑO 26 – No. 2003 – 14.05.2021
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2) ARGENTINA: ESA MUJER QUE ME SALVO LA VIDA POR ALBERTINA CARRI *

Escrito por La Colectiva Radio el 8 de mayo de 2021

A los 16 años, luego de un intento de suicidio me llevaron a verla. Fui con un importante malhumor porque esperaba un nuevo sermón. Ahora más de izquierda, menos severo, tal vez un poco más humano, pero sermón al fin. Alcira me preguntó si María Elisa, la tía con la que vivía en ese entonces, se portaba bien. Esa fue su entrada triunfal, me puso de su lado y me hizo su cómplice. Me reí. Siempre me preguntaban si yo me portaba bien, dando por sentado que no lo hacía. Ella dejó claro que el problema no era mi conducta. El asunto era cómo se portaban los adultos que me rodeaban. Algo que yo tenía claro y que repetía de diversas formas, pero que nadie era capaz de escuchar en aquel entonces, cuando las rémoras de la dictadura no eran aún memoria ni distancia, sino vida cotidiana, palabras soeces y castigo habilitado.

Ese mismo año mi familia de sangre me echó de todas sus casas y a mí me quedaba un año de secundario. Estaba por irme a vivir a una pensión, fantasía que había construido con las historias que circulaban sobre la juventud y la rebeldía de mi padre, pero Alcira me dijo que vaya a vivir a su casa hasta al menos terminar el colegio. Así, mi adolescencia empezó a ser menos traumática y nos quedábamos charlando, fumando y tomando café durante horas. Aprendí que Roberto era un pensador brillante y Ana María una mujer bravísima. Que Roberto nunca hubiese soportado irse del país y dejar en banda a las personas que dependían de él. Que mamá estaba más asustada pero que nunca hubiera podido dejarlo a él a gamba.

Que la militancia armada fue una consecuencia de 18 años de proscripción. Que era un aire de época y que sus ejemplos eran el Che y la revolución cubana. Que no se aguantaba más tanta política cipaya y tanta hambre para el pueblo. Que a mis dos años ella me hacía bailar al ritmo de “yo no soy leninista, yo no soy leninista y que le voy a hacer“, y que a mi padre se le desviaba el ojo de la bronca que le daba. Que hicieron un viaje a Chile para ver la experiencia de Allende y que mi madre se la pasó con vértigo y con asma. Que Perón no los había traicionado y ahí era cuando peleábamos y me contaba alguna historia sobre los chinos y cómo se organizaban, para que saliéramos del embrollo del peronismo. Siempre trayendo quilombos.

Alcira tenía dos hijos dos años menores que yo. De un día para el otro yo tuve dos hermanos más chicos, unos adolescentes peleones que cada tanto hablaban en mejicano y se amaban entre ellos con locura. Vivimos los cuatro juntos durante tres años. Cuando terminé el secundario me dijo que no me fuera, también habló con uno de mis tíos y le aclaró que ella estaría a cargo de mi manutención pero que él se ocupe de comprarnos una casa a cada una de nosotras. A mis dos hermanas que ya eran grandes, y a mí que estaba empezando a despuntar autonomía. Hasta aquel momento mi abuela y ese tío nos habían mantenido a las tres a través de mensualidades que entregaban a quienes fuera que estuvieran a cargo de nosotras. Así fuimos pasando de casa en casa, según las necesidades económicas de cada familia. Y aquí venía esta mujer de voz ronca y humor ácido a dar un batacazo en nuestro destino. No todo se trata de guita, éstas chicas necesitan amor y un lugar dónde estar.

Alcira reconstruyó la confianza, el lazo primordial para no querer morir.

Después de esos años, seguimos tomando café por horas, cada vez que a mí la vida se me hacía aciaga o la confusión del presente me arrasaba. Me encantaban nuestras charlas largas y nuestras escandalosas presentaciones frente a los otros cuando la llamaba mi mamá putativa, siempre repitiendo en sorna puta-tiva un par de veces. Un chiste nuestro que solo nos hacía reír a ella y a mí. Ella me decía Soberbi y yo le decía Argu, la mula. Entre la terquedad y la soberbia construimos un fuerte de amor y bromas pesadas. Le encantaba decir que si seguía haciendo películas porno ella iba a tener que ir con pasamontañas a los estrenos. Pero me prestaba plata para producirlas. Todo lo que llegaba de Alcira era un estímulo de vida, un apoyo a los sin-razones para seguir. Anoche mismo, cuando el duelo final estaba suspendido por esas pocas horas que habían vaticinado hasta la despedida, se despertó del sueño de la morfina y gritó ¡Viva Perón! creyendo que estaba del otro lado. Me regaló la última carcajada.

Me enseñó a querer a esos jóvenes militantes que habían sido mis padres y me enseñó a darle una vuelta de humor a la impotencia y a la injusticia. Supongo que en estos días surgirán muchos escritos sobre su militancia y su incorruptible ética. Sobre su pensamiento crítico, su lucidez y su brillante oratoria. Pero para mí, hoy es importante contar esta pequeña anécdota sobre su paso en esta tierra. Porque esa dimensión humana es una de las potencias vitales que hacen de la muerte un imposible. Es una obviedad decir que ella vivirá en su hijo, mi hermano Juan Pablo, en mis hermanas Andrea y Paula, en sus nietos Brunito, Furito, Joaquín y Mateo, en mí y en todas las personas que la amamos.

Pero lo que hace imposible su muerte es esa vida de ejemplar compromiso afectivo con los muertos y con los vivos. Con los que se fueron temprano y con los que nos quedamos acá, aún sin convicción. Porque la vida es sagrada si vale la pena vivirla y ella nos deja ese legado. Hagamos que la vida sea algo vivible para la mayor cantidad de personas posibles. Hoy mi hijo me abrazó llorando y me dijo que él también la va extrañar mucho. Yo no sé si la voy a extrañar, todavía no es eso, es más bien unas ganas de correr hasta su casa y que me haga un café batido y me explique algo de lo que me está pasando. No puedo creer que eso no sea posible, pero te juro, Argu, que voy a honrar tu legado.

*Cineasta, hija de Roberto Carri y Ana María Caruso, secuestrados y desaparecidos en 1977. Alcira Argumedo actuó junto a Analía Couceyro en su película Los Rubios.

La Colectiva Radio
COMCOSUR INFORMA AÑO 26 – No. 2003 – 14.05.2021
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3) URUGUAY: ¿DÓNDE ESTÁN?

Por Jorge Zabalza / Semanario VOCES /12.05.2021

En memoria de Beatriz Perla, nacida un 18 de mayo, verdugueada en sus cumpleaños en Punta de Rieles.

El primer grito en silencio se dio el 20 de mayo de 1996. Lo convocaron Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos-Desaparecidos. Nada de banderas partidarias, ellas y ellos son la bandera y lo seguirán siendo mientras no aparezcan con vida… es decir, por siempre.

Hiciera frío o calor, lloviera o tronara, la marcha se convirtió en ceremonia sagrada. Marchábamos para demostrar que las “viejas” no estaban solas, que era nuestra su lucha por saber la Verdad y hacer Justicia. Hasta en silla de ruedas me llevaron una vez, en el 2015. El temporal del 2019 hizo que me volviera de apuro: todavía siento vergüenza por haber faltado al compromiso aquella noche.

Aunque entraña una crítica al sistema que, para prosperar, necesita la impunidad de sus crímenes, el propósito del colectivo de Madres y Familiares no es revolucionar el capitalismo. Su intención es machacar la consciencia del pueblo con el reclamo de juicio y castigo hasta tomen forma de un “Nunca Más” musculoso y… ¡vaya si han logrado que las multitudes entiendan el mensaje!

En estos tiempos, marcados por el retorno de los brujos, los 20 de mayo se sienten como un chaparrón de certidumbres y perspectivas. Cuando todo es desaliento y desesperanza, la respuesta al llamado de las “viejas” renueva la confianza en las reservas morales de este pueblo que supo resistir, enfrentar y rebelarse contra el terrorismo de estado. Es suficiente, no se les puede exigir más, no me atrevo a pedirles que hagan lo que no hemos podido concretar por más intenciones que proclamemos. Desde el cariño y el respeto, acompaño sus decisiones.

En el país de los amortiguadores, el 99% vive perseguido, relegado, excluido y marginado del poder, algunas más que otros, pero todos en general. Nos somete el Estado, el instrumento que nos compele a vender trabajo por un salario, con el fin de sostener la reproducción y concentración de los capitales ajenos. Son estos dueños de todo, el 1% que vive en la cumbre, los únicos que disfrutan de las libertades y derechos “del hombre y del ciudadano”.

Aun así, el 60% de los uruguayos encuentra positiva la gestión reaccionaria del presidente Lacalle, mientras que, apenas la rechaza un 30%, demostración contundente de la efectividad con que trabajan los operadores políticos: los unos, introduciendo la ideología de la “libertad responsable”, y los otros, dada su debilidad, reforzando la idea de que no se conoce un sistema mejor que la república democrática representativa. Las políticas reaccionarias y las progresistas convergen hacia la misma finalidad ulterior: gestionar el estado para acrecentar la rentabilidad de los negocios privados y atemperar las consecuencias sociales de ese crecimiento. Unos preconizan la versión más edulcorada de la barbarie, en tanto los otros asumen la más salvaje y descarnada versión del capitalismo, pero, en última instancia, reaccionarios y progresistas apuestan a la libre circulación de mercaderías y finanzas y a la libre competencia, a la libertad de los zorros en el gallinero.

En ciertos momentos los que ejercen el poder se sienten insatisfechos con los discursos parlamentarios y el espectáculo partidario en los medios, les parecen insuficientes para sus fines. Abandonan la “democracia” liberal y representativa y sacan la lanza. Se les agota la paciencia, renuncian a la pretensión de amortiguar el conflicto social y, aun en plena “democracia” liberal, recurren al terrorismo de estado como hacen Piñera en Chile y Duque en Colombia. Terrorismo con democracias que funcionan y terrorismo desde la presidencia como en Brasil con Bolsonaro.

Es tanta la bronca antisistema acumulada por los pueblos chileno y colombiano, que nada permite entrever su retorno a la trampa de la “normalidad democrática”, a los dueños del poder les quedan cartas por jugar: la constituyente en Chile y Gustavo Petro presidente en Colombia.

En Chile y Colombia parece amanecer un nuevo ’68, con el abajo que se mueve, erguido, combativo, y el arriba que reprime con ferocidad nunca vista, histérico. Por supuesto, los 2000 son muy diferentes a aquellos ’60 y ’70, pero, tanto el terrorismo de estado como la resistencia al malón se transmiten por vías subterráneas de generación en generación y de país en país. Hoy día, pandemia y campaña del miedo mediante, parecen darse condiciones favorables para la reedición de las revueltas juveniles que sacudieron el Abya Yala en los ‘60.

¿Es deseable que los pueblos salgan a las calles para ser masacrados? No. Por supuesto que no. Definitivamente no. Sin embargo, los dueños de todo aprietan el torniquete sin piedad, se agotan las mediaciones del progresismo y no queda otra salida que correr el riesgo de ejercer el derecho a la protesta y la rebelión. Se lucha contra la infamia o se la consiente. No hay otra alternativa. Encierran los pueblos en un laberinto, los obligan a manifestar a mano pelada contra el más moderno y letal armamento.

¿Llegará la tempestad al Uruguay de los amortiguadores aceitados? Difícil que el chancho chifle por ahora, pero es posible pronosticar que llegará la hora en que se cansarán de ejercer pacíficamente la dominación y soltarán las riendas del autoritarismo desenfrenado. En 1968 desencadenó el proceso hacia el terrorismo de estado la lucha por el boleto estudiantil: Liber Arce, Hugo de los Santos y Susana Pintos. Un motivo menor, se puede decir, que no permitía suponer la barbarie que vendría. El desarrollo concreto de los hechos es impredecible, pero las condiciones de desigualdad, exclusión, miseria y desocupación permiten suponer que las explosiones populares de la costa del Pacífico se extenderán por todo el Abya Yala. Negros nubarrones oscurecen el horizonte de nuestro transitar de clase media.

En este país de la amortiguación, con perspectivas tan tristes y sombrías, reconfortan los 20 de mayo. Retumba el redoblar de los zapatos en la avenida, caminando por el borde del sistema, casi cayendo por la cornisa, ¡hartos de la protección a los crímenes del terrorismo de estado! ¡Hartos de la muralla que encubre la impunidad! ¡Hartos de que nos endilguen la responsabilidad por las altísimas cifras de infectados! En medio del amansamiento general, el silencio del 20 de mayo es un derrame de realidad, rompe el ensueño virtual. En la Avenida se vislumbra una perspectiva transformadora, pero, claro, luego, como todos los 21 de mayo, casi con toda seguridad las cosas volverán a su estado habitual.

Como los invisibles vasos comunicantes entre los pueblos nos convocan a la solidaridad con nuestros hermanos chilenos y colombianos, este 20 de mayo del coronavirus se debería reclamar por las violaciones a los derechos humanos sufridos por los pueblos en Chile y Colombia. Por un ratito podríamos escapar a la corrección política al grito de ¡nunca más terrorismo de Estado! ¡Nunca más desapariciones forzosas, asesinatos, tortura y violaciones para amansar los pueblos de América Latina!

Jorge Zabalza / Semanario VOCES
COMCOSUR INFORMA AÑO 26 – No. 2003 – 14.05.2021
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4) URUGUAY: MADRES Y FAMILIARES PIDE AL GOBIERNO QUE AVANCE EN LA UBICACIÓN DEL ARCHIVO DE OCOA

La Diaria, 13 de mayo de 2021

Según integrante de la asociación, los documentos recientemente hallados difícilmente permitan avanzar en la búsqueda de desaparecidos.

“No he visto todos los documentos, pero creo que es más de lo mismo, y lo más probable es que no tengan nada sobre la búsqueda de detenidos desaparecidos para encontrarlos”, dijo a la diaria Nilo Patiño, integrante de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos y Cruzar, un proyecto de sistematización de información de archivos del pasado reciente vinculados al terrorismo de Estado y graves violaciones a los derechos humanos.

Patiño hacía referencia a los documentos de la época de la dictadura hallados por el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) en el Grupo de Artillería 5 de Montevideo, que fueron entregados luego por Presidencia tanto a Familiares como a Fiscalía General de la Nación y a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. También fueron divulgados por el MDN en su página web.

Según dijo, el Servicio de Información y Defensa y el Órgano Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) eran agencias de inteligencia –hay otras, como la Dirección Nacional de Información e Inteligencia o el Departamento 2 de Inteligencia del Ejército– que recogían información, elaboraban estos materiales y los distribuían a las unidades militares. Esa información luego era “transformada en inteligencia”. Esto implica “que la información se analiza y luego se sacan conclusiones y se definen planes”. Luego, esto se distribuía en cada unidad de acuerdo a las tareas respectivas. “Después sí había órdenes específicas para cada unidad”.

Para el integrante de Familiares, una de las fuentes de información que puede contribuir con el paradero de los desaparecidos es el archivo de las oficinas centrales del OCOA. “OCOA es un organismo militar, una unidad especial dirigida especialmente por el comandante de la División del Ejército correspondiente, porque no es de todo el Ejército. Cada división tiene un OCOA, que corresponde a cada región militar”, explica Patiño, y agrega que por eso hubo OCOA 1, OCOA 2, OCOA 3 y OCOA 4. Por ejemplo, OCOA 1 corresponde a la División I del Ejército, que abarca Montevideo y Canelones.

Familiares sostiene –e incluso le ha proporcionado información documentada al presidente Luis Lacalle Pou en junio del año pasado, tal como informó el semanario Brecha– que el archivo del OCOA está en el edificio donde operaba el comando de la Región Militar 1, que actualmente es la División del Ejército 1. “No puede estar en otro lado, porque son documentos de la división, y cada división tiene su propio archivo. En 1977 empezaron a microfilmar, y cuando microfilmás significa que eso lo vas a guardar mucho tiempo”, dijo Patiño.

Según dijeron desde la organización, cuando se le preguntó al ministro de Defensa Nacional, Javier García, por este archivo, este respondió que cuando hubiera alguna novedad la iba a entregar.

¿Por qué este archivo es importante? Porque OCOA se encargaba de centralizar y dirigir todos los operativos “No hay ningún operativo, salvo excepciones, que no le pida autorización a OCOA. De lo contrario se podrían chocar dos unidades haciendo el mismo procedimiento”, explicó Patiño.

El integrante de Madres y Familiares sostiene que cualquier acción operativa quedaría registrada en esos archivos, y esto es de especial importancia, sobre todo teniendo bases clandestinas con personas detenidas que luego desaparecieron. Por ejemplo, los centros clandestinos 300 Carlos y Base Roberto (La Tablada) eran bases “directamente dirigidas por OCOA”, sostuvo.

“La mayoría de los desaparecidos en Uruguay eran detenidos, llevados a una base de operaciones y luego desaparecían; no desaparecían en la calle. Los llevaban detenidos para interrogarlos y luego desaparecieron en esos lugares de detención. Esos operativos quedaron registrados: se anotó qué equipo lo capturó, quién era el oficial responsable y quiénes estaban a cargo de la base. Hay ejemplos de esto en el archivo Berrutti”, señaló Patiño.

La Diaria
COMCOSUR INFORMA AÑO 26 – No. 2003 – 14.05.2021
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5) IMPUNIDAD DE LA BRUTALIZACIÓN ISRAELÍ

Luis E. Sabini Fernández – revistafuturos.noblogs.org/

Llama poderosamente la atención el desalojo violento de Jerusalén, ciudad sagrada, si las hay, a la que se la supone tan respetada…

Prácticamente no hay casi información de los gases, balazos, malos tratos, abusos, torturas, que la policía y el ejército israelí inflige a pobladores de barrios civiles. Que tienen una peculiaridad: son palestinos.

Salvo la que logran traspasar algunos muy aislados y dignos periodistas, valientes, palestinos y algunos de otro origen, que por diferentes razones han estado o están en Jerusalén o en el territorio de la Palestina despojada (por ejemplo, Jonathan Cook o Mohamed Omer).

Por su parte las agencias noticiosas occidentales tienen sus destacados en Palestina/Israel que exclusiva o casi exclusivamente reportan la versión que los sistemas comunicacionales israelíes “informan” y filtran.

En EE.UU., por ejemplo, se hizo viral el video que mostró la atrocidad de la rodilla en el pescuezo asfixiando a George Floyd, afronorteamericano. Pero los videos en que, por ejemplo, se ve que están asfixiando a Mahmoud El Kurd en el operativo de despojo de las viviendas en un barrio jerosolimitano (ahora, mayo 2021, unas 8 viviendas con varias decenas habitantes) no aparecen en Occidente. No es que no se viralicen, ni siquiera alcanzan cualquier circuito (salvo el de los más inmediatos seguidores de la cuestión palestino-israelí).

Pero no sólo no se ve un desalojo violento. Tampoco se vieron, salvo fugazmente, los palestinos gaseados, baleados, lisiados y asesinados durante las Marchas por la Tierra que desde el 30 de marzo de 2018, en forma totalmente pacífica mantuvieron los palestinos durante años. Y no hablamos de hechos aislados: cada viernes, decenas de francotiradores israelíes se apostaban en taludes, cómodamente, para herir o matar. Las primeras manifestaciones fueron “tratados” mediante balazos en las ingles de los manifestantes. Como la cantidad de muertos idos en sangre fue alta y la condena desde determinados círculos, muy notoria, los mandos de la seguridad israelí variaron la tarea de los francotiradores: tirar a los tobillos. Así se lograron varios objetivos: no matar directamente que es muy chocante, y sólo algunos regímenes demenciales como el de Uribe en Colombia, el de Duterte en Filipinas o la Junta Militar de Myanmar, como tantas juntas militares, se atreven a hacer abiertamente. Una democracia modelo como la israelí… no podría.

Pero evitar la muerte franca, permitía a la vez recargar el fragilizado sistema sanitario palestino con baldados de por vida. No estarían muertos, pero llegarían a ser una una carga, para la sociedad palestina.

Ese mismo estilo de “tiro al blanco” fue ejercido contra futbolistas. En un momento Palestina e Israel disputaron su presencia en los certámenes futbolísticos internacionales. No muy directamente, puesto que Palestina es un estado asiático y debería competir en los encuentros asiáticos. Israel, en cambio, mediante buda geográfico, ha sido “incorporado” a Europa. Si pensamos en la etimología de “incorporación” –es el cuerpo el que entra, juega– tendríamos que decir que Israel, mediante este ingreso a la Europa del fútbol, ni siquiera por vía aérea sino por transportación ideológica, ha procesado una espiritual, ya que no territorial, europeización. La disputa futbolística palestino-israelí ya no existe, pero los futbolistas baleados en las piernas lo serán de por vida.

La presión israelí es despiadada, cruel, abusiva. Se ha ido embruteciendo y profundizando a medida que se sintieron con menos impedimentos materiales, que la resistencia palestina se hizo menos armada, menos violenta. Colonos, religiosos, sionistas, sienten que pueden avanzar con su comportamiento agresivo más impunemente.
Como dice Mohammed El Kurd, palestino de Jerusalén: “¿Por qué estamos forzados a probar que somos humanos? (1)

Recordemos que entre los judíos más fundamentalistas es muy común negar la humanidad de palestinos, puesto que no pertenecen al “pueblo sagrado”.

Otro testimonio recogido en el mismo reportaje: “Sajafi dice que las familias que el estado israelí anunció que van a ser desalojadas para dar ese suelo a colonos niegan rotundamente que tengan la propiedad de nuestra tierra. Este suelo ha sido propiedad de musulmanes durante más de 500 años. Nos empujaron a un rincón del territorio, pero nos negamos a reconocerles como dueños legítimos. Hace más de medio siglo que estamos luchando a brazo partido para quedarnos. Si ellos hubiesen tenido derechos legítimos sobre nuestra tierra, no nos habrían permitido habernos quedado tanto. Si tanto alegan los colonos que esta tierra es de ellos, ¿por qué nos están ofreciendo 10 millones de shekel (3 millones de dólares)? Hemos vivido aquí en esta casa nuestra vida entera, el solo pensamiento de ser expulsados se hace terriblemente difícil.” (2)

Es importante ver cómo ven los ojos israelíes: el diario oficialista Noticias de Israel titula así una nota sobre el tema: “Sheikh Jarrah: ¿Qué es todo este alboroto?”, minimizando lo acontecido, trivializándolo. Negarse a ver lo que está pasando en Jerusalén oriental hoy como un eslabón más en la cadena de arrebatos y despojos con que el sionismo ha construido Israel a costa de la Palestina histórica.

Jugando impiadosamente con la verdad inician su nota con: “Nadie ha muerto, a pesar del uso constante de la palabra ‘derramamiento de sangre’.”

Este deslinde inicial, a la luz de la multitud de muertos palestinos que ha cosechado la ocupación sionista es realmente sobrecogedor.

Cualquier palestino sabe que la muerte acecha en casi todos los ojos israelíes. Alguien podrá decir que también los israelíes están prevenidos ante los gestos palestinos, que también han cosechado violencia. Pero si miramos los números, nos damos cuenta de la diferencia abismal entre los daños sufridos por Israel y sus habitantes y los sufridos por Palestina y los palestinos. La diferencia entre la violencia desde una sociedad herida y la violencia desde una institución omnipresente altamente militarizada como es Israel, gran exportador mundial de know how, policial, militar y penitenciario, que “prueban” antes de colocarlos en el mercado internacional, sobre la sociedad palestina).
Burlarse ante la posibilidad de derramamiento de sangre da la estatura moral de ese periódico.

Este borrador de nota fue escrito el 6 de mayo, mejor dicho desde el 6 de mayo. Estaba rematando esta nota y viene la info que Israel acaba de invadir, una vez más, la Franja de Gaza. 13 mayo. 2021

La burla sobre el derramamiento de sangre adquiere toda su brutalidad y desprecio. Solo un supremacismo racial, un racismo al estilo del que se suele atribuir a los nazis (y que en realidad, ha caracterizado a todos los colonialismos) se puede permitir este abuso. Contra un millón y medio de seres humanos encerrados desde hace 15 años, privados o dosificados hasta la penuria, de alimentos, medicamentos, plantas eléctricas, plantas potabilizadoras, elementos de cultura, materiales para la construcción de viviendas, hospitales, escuelas.

Con el pretexto de combatir a Hamas, Israel se permite destruir la sociedad palestina para instalarse en su lugar… por un mandato “divino”. En pleno siglo XXI, con razones que avergonzaría a cualquier humano sin delirios místicos…

Y como decía el sabio Gandhi: “Lo más atroz de las cosas malas de la gente mala es el silencio de la gente buena.”

Notas:
(1) www.972mag.com/sheikh-jarrah-palestinian-youth/, 5 mayo 2021. Oren Ziv.
(2) Ibíd.

Luis E. Sabini Fernández
COMCOSUR INFORMA AÑO 26 – No. 2003 – 14.05.2021
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“Siempre he partido de una idea elemental: la de que la verdad no necesita ser justificada por la adecuación a un objetivo superior. La verdad es la verdad y nada más. Debe ser servida, no servir.”
Eugenia Ginzburg / “El vértigo”.
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VEO VEO – Propuestas y comentarios de Henry Flores
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I. CICLO “ESCRITORES EN CASA” CON WALTER BORDONI
Viernes 14 de mayo

Músico: Walter Bordoni «Creación, música y letra de canciones»

En esta oportunidad con el músico Walter Bordoni que nació un 19 de julio de 1962 en Montevideo. Es compositor, cantante, pianista y guitarrista de música popular uruguaya.

Fue ganador del Festival de La Paz en 1987 (mejor solista y mejor canción inédita). Integrante del Taller de Músicos “El Sótano”, participó desde entonces en múltiples espectáculos organizados por este inquieto núcleo de jóvenes artistas. Obtuvo una mención especial en el 1er. Certamen Municipal de Producción Musical, categoría Inéditos en 1990.

En 1991 sale a la venta su primer álbum, “El gol de la valija y otros cuentos”, que concitó una inusual aprobación por parte del público y la crítica.

En 1994 presenta “Flor nueva de películas viejas”, editado en casete y CD, fonograma que fuera considerado por la crítica especializada como uno de los mejores de ese año en cuanto a música uruguaya se refiere.

En 1997, junto a Gastón Rodríguez, edita el CD “Aguafuertes montevideanas”. Nuevamente la prensa habla de uno de los mejores discos del año.

En 1999, luego del emotivo ciclo de despedida “Aguafuertes del estribo”, forma un nuevo grupo integrado por Fernando Goicoechea en teclados, Guzmán Peralta en guitarras, Popo Romano en contrabajo y Luis Jorge Martínez en batería.

Evento vía zoom enviar correo a: info@casadeescritores.org para la solicitud de la contraseña para el ingreso…

Viernes 14 de mayo a las 19 horas estan tod@s invitad@s

www.casaescritores.org/index.php/actividades/noticias/187-escritores-en-casa-walter-bordoni-creacion-musica-y-letra-de-canciones-jueves-13-de-mayo-hora-19
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II. BURBUJA LITERARIA “TÓPICOS DE ENCIERRO” CON GUSTAVO ESPINOSA
Junio en el CCE

La catástrofe (guerras, pestes, desastres ambientales) genera encierros; y el encierro produce relatos, que –a su vez- tematizan el confinamiento.

A partir de algunos lugares de los textos fundacionales (Bocaccio, Defoe) y de algunos cuentos más o menos canonizados (Maupassant, Borges, Martínez Estrada), se propone una identificación, metabolización y aplicación de ciertos contenidos y procedimientos recurrentes en las narrativas del encierro: la escritura enclaustrada por la catástrofe y extremada por ella.

Gustavo Espinosa (Treinta y Tres). Es escritor, del Barrio Olimar de Treinta y Tres, la región menos occidental del Uruguay. Trabaja como profesor de literatura. Ha publicado las novelas: “China es un frasco de fetos” (Montevideo, H Editores, 2001- Buenos Aires, Alto Pogo 2017) “Carlota podrida” (Montevideo, Hum, 2009, Nueva York, Sudaquia, 2013), “Las Arañas de Marte” (Montevideo, Hum, 2011- Banda Oriental, 2013) “Todo termina aquí” (Montevideo, Hum, 2016). También es autor del poemario “Cólico Miserere” (Montevideo, Trilce, 2009- H Editores, 2016).

Actualmente trabaja en un libro muy extraño titulado, provisoriamente, “La galaxia Góngora”.
Los eventos en línea serán el 07, 14, 21 y 28 de junio del 2021

cce.org.uy/evento/topicos-del-encierro-a-cargo-de-gustavo-espinosa/
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III. ENCUENTROS “MEMORIA”
Sábado 15 de mayo – 19 horas – Sala Zitarrosa

ENCUENTROS es un espacio para conversar sobre nuestra cultura desde la perspectiva de sus protagonistas.

En mayo, mes de la memoria, proponemos la segunda edición de ENCUENTROS, y de cara a la 26ª Marcha del Silencio, les invitamos a conversar sobre el rol de la música y el audiovisual en la construcción y conservación de la memoria colectiva. Proponemos reflexionar junto a referentes de nuestra cultura, y amplificar la convocatoria a una nueva Marcha virtual.

Desde el viernes 14, y por 48 horas, podrán acceder desde nuestro canal de Youtube a materiales de archivo digitalizados y facilitados por el Grupo de estudios audiovisuales (GESTA), en el marco de su proyecto de conservación de la memoria audiovisual de Uruguay junto a Memorias magnéticas y el Lapa-AGU. Estos materiales serán uno de los temas de referencia del ENCUENTRO.

La cita es el sábado 15 de mayo a las 19:00 horas a través del canal de Youtube y el Facebook de la Sala.

En esta edición de ENCUENTROS participarán Elena Zaffaroni por parte de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, Pablo Porciúncula de Imágenes del Silencio, el cantautor Mario Carrero, Isabel Wschebor como integrante del Grupo de Estudios Audiovisuales (GESTA- UDELAR), Alejandra Casablanca directora de TV Ciudad y María Inés Obaldía directora del Departamento de Cultura de la IM.

Modera Soledad Castro Lazaroff.
Organiza Sala Zitarrosa.
Apoya: Instituto de Música y Sonido

www.facebook.com/events/2536425366662363/?ref=newsfeed

Henry Flores – El Eternauta
VEO VEO / COMCOSUR INFORMA AÑO 26 – No. 2003 – 14.05.2021
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COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR / COMCOSUR – 1994 – 19 de junio – 2020 – 26 años
Selección y producción: Henry Flores y Carlos Casares
Apoyo técnico: Carlos Dárdano
Colaboran:
ALEMANIA: Alix Arnold (Colonia), Ute Löhning, Antje Vieth y Carlos Ramos (Berlín)
ECUADOR: Kintto Lucas (Quito)
HOLANDA: Ramón Haniotis (Amsterdam)
SUIZA: Sergio Ferrari (Berna)
URUGUAY: Silvio Amodei, Jorge Marrero, Jorge Zabalza.

Carlos Iaquinandi Castro /Redacción de SERPAL
José Antonio Rocca /La economía de a pie (Uruguay)
Luis E. Sabini Fernández /Revista Futuros
Sudestada, periodismo y transparencia (Uruguay)

COMCOSUR INFORMA ES UNA PRODUCCIÓN DE COMCOSUR / COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR / Coordinación: Carlos Casares – DIRECCIÓN POSTAL: Proyectada 17 metros 5192 E (Parque Rivera) 11400 MONTEVIDEO/URUGUAY / Comcosur se mantiene con el trabajo voluntario de sus integrantes y no cuenta con ningún tipo de apoyo económico externo, institucional o personal / Las opiniones vertidas en las distintas notas que integran este boletín no reflejan necesariamente la posición que podría tener Comcosur sobre los temas en cuestión / Comcosur integra la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) /
Blog: nuevo.comcosur.org/
comcosur@comcosur.com.uy /
Comcosur también en Facebook
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COLOMBIA: CRECIENTE SOLIDARIDAD INTERNACIONAL CON LA PROTESTA – comcosur al día 2293 – 12.05.20 21

COMCOSUR AL DÍA /AÑO 27 /Nº 2293 /miércoles 12.05.2021 Hoy:

1) Colombia: Creciente solidaridad internacional con la protesta /Sergio Ferrari
2) Haití: prisioneros políticos, como Arnel Bélizaire, Pierre Killick Cémélus, Paul Joanel y varios otros, siguen presos desde hace 17 meses, sin ser juzgados
3) Uruguay: Hay más niños pobres
4) Uruguay: “Una lluvia de balas”, lo que no se dice “por amor” a la LUC /Rolando Arbesún
5) Palestinos en Jerusalén: ICAHD Y AIH piden el fin inmediato de todas las demoliciones de viviendas, los desalojos y la planificación discriminatoria
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“Siempre he partido de una idea elemental: la de que la verdad no necesita ser justificada por la adecuación a un objetivo superior. La verdad es la verdad y nada más. Debe ser servida, no servir.”
Eugenia Ginzburg / “El vértigo”.
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1) COLOMBIA: CRECIENTE SOLIDARIDAD INTERNACIONAL CON LA PROTESTA

Comunidad internacional da la espalda a Iván Duque
La Plaza de las Naciones, grito universal contra las masacres

Sergio Ferrari, desde Ginebra, Suiza

Centenas de manifestantes se dieron cita la tarde del sábado 8 de mayo a la Plaza de las Naciones, frente mismo a la entrada principal de la sede de las Naciones Unidas en Ginebra, para repudiar la brutal represión que desde hace doce días conmueve a Colombia.

El “Plantón Solidario”, convocado bajo el lema “Protestar es un derecho, reprimir es un delito”, reunió mayoritariamente a ciudadanos colombianos residentes en muy diversas ciudades del país. Y contó con el apoyo de latinoamericanos residentes en Suiza, así como de numerosos suizos solidarios.

La marea amarillo-azul-roja de las banderas del país sudamericano y el clima creativo de protesta y denuncia que se vivió en la Plaza de las Naciones actualizaba demandas concretas.

Horas antes, una parte de los convocantes, había publicado el pronunciamiento “Paro Nacional Indefinido en Colombia: al borde una guerra civil”, firmado por en tanto Ciudadano-as colombiano-as en el mundo. El mismo, constituye una convocatoria a la comunidad internacional –Gobiernos, organizaciones de Derechos Humanos, Naciones Unidas- para que respalde y verifique el cumplimiento de las reivindicaciones y demandas que sostiene el pueblo colombiano en las calles desde el 28 de abril pasado.

El pronunciamiento – un verdadero programa de urgencia mínimo ante la dramática coyuntura – exige que el Gobierno de Colombia, encabezado por el presidente Iván Duque, repete los Derechos Humanos en general y el derecho a la protesta pacífica, en particular. Que desista de la militarización del país, que promueve altos niveles de impunidad, y que pone en riesgo la vigencia misma del Estado de Derecho y la democracia. También, que se investigue la responsabilidad política y jurídica del Estado en las graves violaciones de DDHH.

Los firmantes exigen además que se reconozca, investigue, sancione y asuma la reparación de los abusos cometidos contra la ciudadanía. Y concluyen exigiendo la “implementación de los Acuerdos de Paz”, responsabilidad principal que le corresponde al presidente Duque en tanto Jefe de Estado.

Europa contra la masacre colombiana

La protesta de Ginebra, una de las más concurridas de los últimos años, si se habla de manifestaciones de solidaridad con Latinoamérica, permitió la confluencia de numerosas acciones simbólicas de apoyo al Paro Nacional Indefinido en Colombia, que se vienen realizando desde el jueves pasado en diferentes ciudades del país (entre ellas Berna y Friburgo).

Y coincidió, el mismo sábado, con acciones en otras ciudades suizas, como Zúrich y Basilea. Así como con movilizaciones muy concurridas en diversas capitales europeas, en especial París y Madrid. En Roma, Italia, una primera protesta se había realizado ya el 4 de mayo.

En el Estado Español, a partir del pasado 6 de mayo y hasta el próximo 15 de mayo -cuando se convoca a una nueva movilización de la Puerta de Alcalá hasta la Puerta de Sol-, se están realizando movilizaciones en una docena de ciudades.

Por su parte en Alemania, a partir del 5 de mayo, expatriados colombianos — con el apoyo de otros sectores locales– han expresado su repudio a las políticas del presidente Duque, entre otras ciudades, en Berlín, Hamburgo, Frankfurt y Bonn.

Sindicatos internacionales que reúnen a millones de afiliados como UNI Global, GUFs, la CUT de Brasil, suscribieron un pronunciamiento junto con sus pares colombianas CUT, CTC y CGT exigiendo al presidente Iván Duque a poner fin a la violencia en el país sudamericano (www.uniglobalunion.org/sites/default/files/files/news/soscolombia_0.pdf).

El mismo está dirigido a Antonia Urrejola Noguera, Comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington D.C. y a Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las ONU para los Derechos Humanos.

La central sindical italiana CISL publicó el pasado 6 de mayo un comunicado donde solicitan al Gobierno italiano intervenir a nivel de la Unión Europea para presionar, a su vez, al gobierno de Colombia para que respete los derechos humanos y la Constitución y relance el diálogo social.

Las centenas de acciones de protesta, comunicados de denuncia, artículos críticos contra la represión y las masacres en Colombia publicados en la prensa europea e internacional en los últimos días, marcan un cambio de la tendencia.

Si entre el 28 de abril y el 1ero de mayo pasados el Gobierno colombiano parecía mantener la ofensiva diplomática y logró silenciar parcialmente a la comunidad internacional, en la última semana se vive una dinámica completamente diferente.

Las posiciones críticas de las Naciones Unidas, la Unión Europea y otras organizaciones internacionales de esta semana constituyeron un grito de alarma y advertencia. Que se incrementó en las últimas horas en las calles del Viejo Mundo cuando miles de colombianos, latinoamericanos y europeos solidarios se pronunciaron por un S.O.S Colombia, basta de represión, respeto a los derechos fundamentales, diálogo social, democracia y justicia para el país sudamericano.

Sergio Ferrari, desde Ginebra, Suiza
COMCOSUR AL DÍA /AÑO 27 /Nº 2293 /miércoles 12.05.2021
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2) HAITÍ: PRISIONEROS POLÍTICOS, COMO ARNEL BÉLIZAIRE, PIERRE KILLICK CÉMÉLUS, PAUL JOANEL Y VARIOS OTROS SIGUEN PRESOS DESDE HACE 17 MESES, SIN SER JUZGADOS

APPA /Puerto Príncipe, 08/05/2021

La detención preventiva y prolongada de los prisioneros políticos continúa en la prisión civil de Croix-des-bouquets y la Penitencier nacional.

El caso de los prisioneros políticos que debía de ser pleiteado en la audiencia del 3 de mayo de 2021, no logró realizarse porque el Comisario del gobierno de Puerto Príncipe no cumplió la etapa preliminar para posibilitar el juicio. El juez de la tercera sección del Tribunal de apelación Eddy Darang y sus asistentes Jean Pérez Paul, y Belotte Larose ordenaron a los representantes del ministerio público que instruya el caso de los prisioneros políticos inmediatamente.

Estos prisioneros son militantes de la oposición que están encarcelados desde más de 17 meses sin ser juzgados. El Ministerio fiscal y el Tribunal de apelación de Puerto Príncipe nunca trataron los casos de esos prisioneros políticos según la observación de sus abogados.

El señor Reynold Georges, uno de los abogados de los prisioneros, pide al Tribunal de apelación tomar nota en el contexto de este caso, porque el Ministerio público no tiene expedientes en los asuntos de los prisioneros.

En este sentido el Consejo de defensa de los prisioneros pide al Tribunal de apelación, una anulación en el caso de los prisioneros que han pasado ya más de 17 meses en cárcel sin ser juzgados.

Fuentes: APPA /Jean Waltès BIEN-AIME, de la radio Resistencia y la Agencia de Prensa Popular Haitiana/ Enviado por Mónica Riet
COMCOSUR AL DÍA /AÑO 27 /Nº 2293 /miércoles 12.05.2021
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3) URUGUAY: HAY MÁS NIÑOS POBRES

El año pasado, 20,2% de los niños, niñas y adolescentes del país (176.375) residía en hogares bajo la línea de pobreza; con respecto a 2019 hubo un incremento estimado de 35.345 niños y adolescentes en esta situación. Así concluye el Observatorio de los Derechos de la Niñez y Adolescencia del Uruguay en su último informe.

La Diaria – 12/05/2021

35.345 menores pasaron a vivir en hogares bajo la línea de pobreza durante 2020

El informe reveló que los niños y los adolescentes “siguen siendo la población más afectada por la situación de pobreza”.

El Observatorio de los Derechos de Niñez y Adolescencia del Uruguay presenta un nuevo informe con datos actuales sobre la incidencia de la pobreza en la población de niñas, niños y adolescentes en el país.

En el informe se expone que durante el año 2020, de cada 1000 residentes en el país 116 no contaban con el ingreso económico mínimo para cubrir las necesidades alimentarias y no alimentarias (INE: 2020).

En ese sentido, se da cuenta de la relación con el año anterior: el aumento de la pobreza pasa del 8,8% a 11,6%, estimando en 408.080 el total de personas; de ellos, 176.375 son niños y niñas.

Niños, niñas y adolescentes siguen siendo la población mayormente afectada por la situación de pobreza. A 2020, de cada 1000 niños, niñas y adolescentes, 202 se encuentran bajo la línea de la pobreza (20,2%); un total de 176.375 estimados.

Este último movimiento indica respecto a 2019 un incremento estimado de 35.345 niños, niñas y adolescentes más residiendo en hogares bajo la línea de la pobreza.
Tal como se expone en el informe, la pobreza es un fenómeno que afecta mayormente a niños, niñas y adolescentes, y esta disminuye a medida que aumenta la edad de la persona. Mientras que 214 de cada 1000 NNA de 0 a 3 años se encuentran afectados por dicha situación (21.4%), entre las personas con 66 y más años, la relación se sitúa en 21 de cada 1000 (2,1%).

La Diaria
COMCOSUR AL DÍA /AÑO 27 /Nº 2293 /miércoles 12.05.2021
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4) URUGUAY: “UNA LLUVIA DE BALAS”, LO QUE NO SE DICE “POR AMOR” A LA LUC

Rolando Arbesún / Info Resistencia – 08/05/2021

Un incidente que involucra a fuerzas policiales de Canelones ocurrido el pasado miércoles 5 de mayo ha sido presentado como un “hecho policial” más.

El hecho en cuestión, descrito por escasos medios de prensa indica que, durante el desarrollo de un procedimiento, funcionarios policiales de Canelones confundieron el auto del jefe de Policía canario, Víctor Tressa.

La confusión tuvo como resultado que el móvil en el que circulaba el jerarca, recibiera varios impactos, se afirma que, en total se dispararon más de 30 tiros, ninguno de ellos con impacto efectivo.

Fuentes policiales del departamento, aseguraron a nuestro portal de noticias “que el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, estaba en conocimiento del tema, pero pidió que no se hable sobre lo ocurrido”, de hecho, agregan las fuentes, “se dio la orden de esconder el móvil en un garaje policial de Canelones”.

De acuerdo a Caras y caretas Portal, algún medio de prensa que tenía conocimiento de lo sucedido, “fue presionado para no dar la noticia”.

El hecho fue comentado, además, por el periodista Gabriel Pereyra, quien escribió en su cuenta de Twitter: “Rapiña en Canelones, hieren a una policía en el tiroteo. El jefe y el subjefe de policía salen en persecución en el auto del segundo, un Peugeot negro. Cerca de Las Piedras un control policial los confunde y le meten decenas de balas al Peugeot.”

En las cuentas oficiales en redes sociales del ministerio del Interior, tan utilizadas para hacer “propaganda” de los operativos de “efectividad policial”, no se comenta el hecho.

El sonido, de las decenas de proyectiles, no hicieron impacto, tampoco, en la “política” comunicacional de dicha cartera.

En paralelo a este hecho, se conoció que la pasada jornada, el diputado por el Frente Amplio, Javier Umpiérrez, “solicitó que se dé curso al pedido de informes dirigido al Ministerio del Interior a propósito de la denuncia que recibiera el subjefe de la custodia del Sr. Presidente de la República”.

El pedido de informes se sustenta en una denuncia que se recibiera en contra del funcionario “por ingresar sin autorización a un campo para cazar animales cuando al parecer debía estar cumpliendo medidas de cuarentena o aislamiento por contacto con personas con Covid-19”, consignó Caras y caretas Portal.

La denuncia contra el funcionario fue radicada en el departamento de Lavalleja.

Jorge Amaro, quien es el denunciado, se desempeña como subjefe del Servicio de Seguridad Presidencial (SSP).

De acuerdo al mismo medio, por el doble “incumplimiento”, el jefe de seguridad presidencial, Alejandro Astesiano, suspendió a Jorge Amaro por 15 días, el motivo de la sanción fue “por hechos de notoriedad pública”, una causal que no existe en el ordenamiento normativo disciplinario de la Policía Nacional.

“Por intermedio de la oficina del Servicio de Seguridad Presidencial, el Jefe de Seguridad del señor Presidente de la República, señor Alejandro Astesiano, dispone: que el subjefe del Servicio de Seguridad Presidencial, señor comisario mayor Jorge Daniel Amaro, es suspendido de sus tareas en el Servicio de Seguridad Presidencial a partir de la fecha por un lapso de 15 días corridos”, dice la notificación del SSP”.

En el pedido de informes de Javier Umpiérrez, se solicita conocer “si ya se dispuso o se tiene previsto iniciar algún tipo de investigación o procedimiento disciplinario respecto del comisario mayor Jorge Daniel Amaro, a raíz de los acontecimientos publicado por la prensa y si en virtud del incumplimiento que se habría constatado, respecto de las medidas sanitarias o protocolos correspondientes, se puso en conocimiento al Ministerio de Salud Pública, a efectos de adoptar las medidas de seguimiento o evaluación de la situación en el servicio de seguridad presidencial, entre otras”.

Quien procedió a sancionar al subjefe del Servicio de Seguridad Presidencial, es e
l señor Alejandro Astesiano, quien, en agosto del pasado año, fue objeto de un pedido de informes del diputado Gerardo Nuñez.

Las razones, de dicho pedido de informes fue, según lo solicitado fue conocer “la nómina de funcionarios dependientes de esa Secretaría de Estado que se desempeñan en el Servicio de Seguridad Presidencial desde el 1° de marzo pasado indicando grado, procedencia o unidad de origen de los mismos”, así como, “la nómina de funcionarios dependientes del Ministerio del Interior que fueran asignados a la jefatura, coordinadores y asesores del SSP, acompañando el texto del legado funcional correspondiente en cada caso”.

Aquél pedido de informes nunca fue respondido, a pesar de las reiteraciones realizadas para ello por el diputado Núñez.

Según información llegada a Caras y Caretas, el actual jefe del SSP sería Alejando Andrés Astesiano Severgnini, de 48 años de edad, uruguayo, casado, con fecha de nacimiento 24 de julio de 1971. Su cargo de jefe del SSP lo muestra su tarjeta cuya copia publicamos adjunta.

En su edición del pasado 30 de agosto, Caras y caretas consignó que “de acuerdo a las informaciones llegadas a este medio, Astesiano habría sido procesado por estafa fuera de la reiteración real con dos delitos descritos en los literales A, C y E del artículo 58 del decreto ley 14.412 sin prisión. Esto data del 18 de abril de 2002.

El 30 de mayo de 2002, habría sido indagado por hurto, por parte de la Comisaría 6ª de Montevideo.
El 18 de febrero de 2003, fue indagado por el Área de Seguridad Zona 2.
El 24 de setiembre de 2003, indagado por hurto, por la Comisaría 19ª de Montevideo.
El 24 de diciembre de 2003, indagado por apropiación indebida, por parte de la Comisaría 16ª de Montevideo
El 6 de julio de 2004, indagado por apropiación indebida, por parte de la Comisaría 19ª De Montevideo.
Más tarde, el 8 de marzo de 2010, habría sido indagado por la Comisaría 4ª.
Posteriormente, habría sido indagado por estafa en mayo de 2010 por el Área Investigación Zona 2.
Luego, el 2 de diciembre, fue indagado, por estafa, por Investigaciones del departamento de Colonia y el 30 diciembre de 2011, indagado también por estafa por parte de la Comisaría 2ª del departamento de Canelones.
El 9 de enero de 2012, indagado por la dependencia de asuntos judiciales de la Policía de Montevideo.
El 27 de enero de 2012, indagado por la dependencia de asuntos judiciales de la Policía de Montevideo.
El 20 de mayo de 2012, indagado en averiguación de paradero, por la Jefatura de Policía de Canelones
Finalmente, el 3 de agosto de 2012, es indagado por daño por parte de la Jefatura de policía de Montevideo”.

“No es la primera vez”, recordaba entonces la nota de Caras y caretas, “que el custodio presidencial se vuelve un personaje muy controvertido. En particular, puede recordarse que el comisario Miguel Zuluaga, quien integraba el cuerpo de seguridad de Luis Alberto Lacalle Herrera, fue denunciado antes del Mundial de Rusia, siendo el encargado de seguridad de la Selección Uruguaya de Fútbol, por haber integrado los cuerpos policiales del Departamento IV de la División de Información e Inteligencia en la dictadura”.

Se trata del mismo Zuluaga, “quien fuera subcomisario de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, negó haber participado en torturas, aunque no negó su vinculación con la Inteligencia policial y con el departamento de Policía, que ha sido tan cuestionado por el tratamiento dispensado allí a los presos políticos”.
El mismo Zuluaga al que hoy, Madres y Familiares, solicitan se expulse de los socios de Peñarol en la campaña “Un gol a la impunidad”.

Una vez más, además de “los misteriosos criterios que usan los Lacalle para elegir sus custodias están nuevamente en tela de juicio”.

Una vez más aquella negativa de Larrañaga de no responder al pedido de informes formulado por el diputado Gerardo Núñez, “deja entrever”, destaca el medio de prensa “que al propio ministro del Interior le resultan impresentables”.

Los hechos de este miércoles, ponen en duda esta hipótesis de una supuesta vergüenza del ministro del Interior.

Es cierto que el escudo heráldico de los Lacalle es “la fruta no cae lejos del árbol”, pero parece que es cierto también, que su “ladero”, asume el silencio y la complicidad derivada del mismo, para “blindar” la “autoridad policial”, no importa que, en esta ocasión, la misma se haya visto “rozada” por las balas de los propios funcionarios.

La “supuesta legítima defensa”, sostenida y amparada en la Ley de Urgente Consideración (LUC), es justamente eso “una lluvia de plomo” que no tiene nombre y que, como vemos, puede “tocarle a cualquiera”.

Las presunciones de la “profesionalidad”, de la que tanto se presume desde las nuevas autoridades ministeriales, no es más que un discreto murmullo, esta vez silenciado por el tronar de tantos proyectiles.

Info Resistencia /Contrahegemonía es decir la verdad
COMCOSUR AL DÍA /AÑO 27 /Nº 2293 /miércoles 12.05.2021
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5) PALESTINOS EN JERUSALÉN: ICAHD Y AIH PIDEN EL FIN INMEDIATO DE TODAS LAS DEMOLICIONES DE VIVIENDAS, LOS DESALOJOS Y LA PLANIFICACIÓN DISCRIMINATORIA

¡Que nuestras voces sean escuchadas por los pueblos y por los gobiernos!

Media IAI – 11 de mayo de 2021

Durante las últimas semanas, la policía y los paramilitares israelíes, junto con grupos violentos de colonos, han intensificado sus ataques contra los palestinos en Jerusalén. El objetivo específico son los residentes de Sheikh Jarrah, que se enfrentan a un desalojo inminente por parte de los colonos israelíes, y los fieles del Ramadán en la mezquita de al-Aqsa y en los alrededores de la Ciudad Vieja. Estos ataques localizados se han convertido en una campaña militar total contra Gaza, totalmente asediada desde 2006, pero que no está dispuesta a abandonar a sus hermanos de Jerusalén.

Esta ronda particular de guerra de baja intensidad se produce durante Ramadán, en el que miles de musulmanes convergen en Jerusalén. Allí, la policía israelí los acosa violentamente, demostrando el total control israelí a través de la pura fuerza. Bastante malo de por sí, este tenso periodo choca con las celebraciones triunfalistas del Día de la Independencia de Israel y el Día de Jerusalén, una «fiesta» oficial en la que miles de colonos nacionalistas religiosos acuden a afirmar la «Judeidad» de la ciudad. Uno de los principales componentes de estas «celebraciones» es humillar a los habitantes palestinos de Jerusalén marchando con grandes banderas y tambores israelíes por sus barrios de la Ciudad Vieja, gritando canciones patrióticas.

No se trata simplemente de «enfrentamientos» entre «bandos» en un «conflicto» simétrico entre dos pueblos. Se trata más bien de acciones de conquista, represión política y desposesión por parte de los judíos israelíes que se enfrentan a una desafiante reacción palestina. El Sionismo, un movimiento colonial de colonos de finales del siglo XIX, tenía un programa claro y explícito: en el lenguaje del movimiento sionista, judaizar Palestina, convertir una tierra árabe en una judía; en resumen, «limpiar» el país étnicamente. En el centro de este proyecto estaba el desplazamiento. Los colonos judíos sólo podían reivindicar su derecho exclusivo al país expulsando a la población indígena de la tierra y tomando el control demográfico y político. La limpieza étnica sigue siendo la única preocupación del Israel moderno. Se encuentra en el centro de los ataques y las protestas de resistencia en Sheikh Jarrah y la mezquita de al-Aqsa, así como en la continua resistencia de la población de Cisjordania, Gaza e incluso, al parecer, de los ciudadanos palestinos de Israel que todavía se encuentran desplazados y sin igualdad de derechos.

El proceso de desplazamiento masivo de los palestinos es evidente por las cifras. Durante y después de la Nakba de 1948 -lo que los palestinos llaman «la Catástrofe» y los israelíes su «Guerra de la Independencia»- el ejército israelí demolió unas 52.000 viviendas, más de 530 pueblos enteros, ciudades y zonas urbanas. No en el fragor de la batalla, sino sistemáticamente, para quedarse con la tierra e impedir el regreso de los refugiados. El 85% de los palestinos que vivían en lo que se convirtió en Israel, 750.000 personas, se convirtieron en refugiados, que ahora son siete millones y siguen sin poder regresar a sus hogares.

En la guerra de 1967, Israel completó su toma militar de Palestina, conquistando Cisjordania, Jerusalén Este y Gaza, reanudando el desplazamiento forzoso de palestinos. Entre 1967 y 2021, las autoridades israelíes demolieron más de 55.000 viviendas, estructuras agrícolas, empresas, centros comunitarios, escuelas y mezquitas. En la actualidad se siguen demoliendo miles de casas y estructuras dentro de Israel. La comunidad beduina del Negev/Nakab de al-Araqib ha sido demolida y reconstruida por sus habitantes ¡186 veces!

En Jerusalén, la limpieza étnica adopta otras formas. El gobierno israelí ha construido docenas de nuevos asentamientos/barrios masivos en todo Jerusalén Oriental y sus alrededores, aislando a la población palestina en enclaves pequeños e inconexos para garantizar el control demográfico y físico. Induciendo intencionadamente una escasez de 25.000 viviendas en el sector palestino, el Ayuntamiento de Jerusalén no concede prácticamente ningún permiso de construcción de viviendas palestinas, al tiempo que derriba hasta 200 viviendas al año. Treinta mil viviendas palestinas han recibido órdenes de demolición. De estas formas «invisibles» se utiliza la planificación como herramienta de desplazamiento y judaización.

Los desalojos de palestinos de sus hogares constituyen otra forma de desplazamiento masivo en Jerusalén. Asociaciones de colonos bien financiadas, respaldadas por los tribunales, la policía y el gobierno israelíes, se están apoderando de barrios palestinos establecidos. Silwan, ahora rebautizado como «Ciudad de David» por los israelíes; Sheikh Jarrah, ahora conocido oficialmente como «Simón el Justo» en honor a un antiguo rabino; Ras el-Amud, Jabal Mukaber, la propia Ciudad Vieja, y otros. En prácticamente todos los barrios del centro histórico de Jerusalén, las familias palestinas se enfrentan al desalojo violento de sus hogares, ya que los colonos utilizan sus considerables recursos y las vías legales para despojarlos. El desplazamiento forzoso, sea como sea, es un crimen contra la humanidad según el derecho internacional. Este es el trasfondo de los violentos enfrentamientos en Sheikh Jarrah, donde las últimas familias palestinas se enfrentan a un inminente desalojo y sustitución por colonos.
La resistencia palestina en todas sus formas no terminará, no puede terminar, hasta que la política de desplazamiento y limpieza étnica de Israel termine. Mientras los gobiernos sigan apoyando a Israel pase lo que pase, mientras Israel no tenga que temer ninguna sanción significativa, no tendrá ninguna motivación para alterar su objetivo histórico de judaizar Palestina, con toda la violencia, los abusos de los derechos humanos y las violaciones del derecho internacional que ello conlleva. Los pueblos del mundo somos el único aliado de los palestinos. Tenemos que hacer oír nuestra voz en los pasillos del poder.

Media IAI
COMCOSUR AL DÍA /AÑO 27 /Nº 2293 /miércoles 12.05.2021
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“En atletismo existe una carrera en equipo llamada de postas o de relevos. Cada uno de los corredores de un equipo recorre una determinada distancia y allí lo espera un compañero a quien le debe entregar un tubo de unos 30 cm llamado testimonio o testigo. Algo parecido, aunque difícil de visualizar, ocurre en la historia de un país: cada generación entrega su “testimonio” a la que sigue para continuar su interminable carrera. Carrera de relevos generacionales que van tejiendo la trama política, social, cultural de un pueblo.
Esa inmensa trama sufrió en la Argentina un inmenso tajo producido por una bayoneta en la década de 1970. Por ese espantoso agujero negro cayeron 30 mil corredores, compañeros, militantes portadores de testimonios valiosos difíciles de suplantar. Otros quedaron aferrados a los bordes de la trama, resistiendo a rabia, a diente, a imaginación la cruel tempestad desatada por una dictadura cívico militar eclesiástica”.
Jorge Miceli, ex preso político de Coronda, Santa Fe – Argentina
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COMCOSUR AL DÍA ES UNA PRODUCCIÓN DE COMCOSUR / COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR / Desde el 19 de Junio de 1994 /Coordinación: Carlos Casares /Apoyo técnico: Carlos Dárdano.
Colaboran:
ALEMANIA: Alix Arnold (Colonia), Antje Vieth, Carlos Ramos, Ute Löhning (Berlín)
ECUADOR: Kintto Lucas (Quito)
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URUGUAY: Silvio Amodei, Jorge Marrero, Jorge Zabalza

Carlos Iaquinandi Castro /Redacción de SERPAL
José Antonio Rocca /La economía de a pie
Luis E. Sabini Fernández /Revista Futuros
Sudestada, periodismo y transparencia (Uruguay)

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PARAGUAY: AMENAZAN DE MUERTE A LA DEFENSORA AMBIENTAL BERNARDA PESOA Y HOSTIGAN A SU COMUNIDAD EN LUCHA POR LA TIERRA – comcosur mujer 684 – 10.05.2021

COMCOSUR MUJER / AÑO 27 /No. 684/ lunes 10.05.2021 – Hoy:

1) Brasil: Amenazas, violaciones y prostitución: los impactos de la minería ilegal para las mujeres
2) Colombia: Fallo judicial da la razón a Ciro Guerra ante denuncia de abuso sexual
3) Chile: Por el derecho a la comunicación y la libertad de expresión en la nueva constitución
4) Guatemala: Despiden asesora de comunicación por impulsar campaña contra la violencia hacia las mujeres
5) México: Programas de noticias dedican más tiempo a campañas de candidatos que de candidatas
6) Paraguay: amenazan de muerte a la defensora ambiental Bernarda Pesoa, y a su comunidad en lucha por la tierra
7) Uruguay: Llamados a licitación para reforzar los servicios de atención en violencia de género
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COMCOSUR MUJER /Fundado por Yessie Macchi / AÑO 27 / No. 684 – Lunes 10 de mayo de 2021 / Producción: Beatriz Alonso, Belén Itza y Cecilia Duffau /Apoyo técnico: Carlos Dárdano
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1) BRASIL: AMENAZAS, VIOLACIONES Y PROSTITUCIÓN: LOS IMPACTOS DE LA MINERÍA ILEGAL PARA LAS MUJERES

La actividad minera clandestina impacta diariamente la vida de los pueblos indígenas en Brasil. La invasión de la minería ilegal interfiere y configura las dinámicas de convivencia en las comunidades del norte del país.

En este contexto, las mujeres sufren tres veces más el impacto de la minería, ya que se ven afectadas por el mercurio tóxico, atienden a los enfermos y también son blanco de violencias machistas y misóginas.

Una mujer indígena que no quiso identificarse (y el equipo de reportaje optó por no revelar tampoco el estado de la federación donde vive, tal es la vulnerabilidad que existe) dijo que las áreas ocupadas por mineros se convierten en territorios de extremo peligro. “Caminan armados y toman mucho, y nos ven [a las mujeres] como blancos fáciles. Una vez, atraparon a una niña y ella nunca regresó”, relató.

Son comunes las historias de amenazas, secuestros y violaciones, según la joven indígena. Madre de dos hijos, dijo evitar ciertas regiones porque teme que algo le pase a ella o a los niños.

El alcoholismo, el tráfico y el consumo de drogas han penetrado en las comunidades y han afectado a muchos jóvenes. Tales prácticas abren el camino a violaciones.

Telma Taurepang, coordinadora general de la Unión de Mujeres Indígenas de la Amazonía Brasileña (UMIAB), contó que la minería ilegal ha destruido la salud mental de las mujeres indígenas.

“Las mujeres son las más afectadas por la minería, porque la violencia de los invasores las deprime. Tienen miedo, están traumatizadas”, explicó.

Este estado de tristeza es el resultado de delitos sexuales, de amenazas y de la pérdida de familiares. La rutina en los territorios indígenas se ha pautado en la actividad ilegal, una vez que esos impactos determinan cómo se desarrolla la vida cotidiana.
“Los mineros son hombres, ¿no? Están buscando la riqueza y eso genera muchos conflictos. No respetan a las mujeres. Las mujeres de la minería viven de la prostitución, están haciendo el servicio que ellos quieren. No hay respeto, porque ven a las mujeres como un objeto que tienen allí y que les sirve”, informó Taurepang.

Las enfermedades dictan la dinámica de las comunidades

Entre los pueblos originarios del extremo norte de Brasil, intoxicarse por mercurio y enfermarse es un problema real y en expansión. “Las mujeres indígenas se encargan directamente de la alimentación. Por eso, el contacto con el agua contaminada afecta la salud”, explicó la activista.

En las mujeres embarazadas, la sustancia llega al feto, lo que puede provocar malformaciones, retraso en el desarrollo, entre otras complicaciones graves. Las consecuencias de la intoxicación por mercurio pueden incluso provocar la muerte de adultos y niños.

Marizete de Souza, vice coordinadora del Consejo Indígena de Roraima (CIR) de la Región de Serras, también destaca que a través de la contaminación de ríos, peces, tierra y aire, el mercurio impacta la seguridad alimentaria y causa la desnutrición de las poblaciones indígenas.

“Mi madre murió por la invasión de los mineros. Traen diversas enfermedades como la malaria, por ejemplo. La minería no es vida, es muerte”, dijo la integrante del CIR.

Actualmente, la minería ilegal también disemina la COVID-19, que ya contaminó a casi 53 mil y provocó la muerte de 1.048 indígenas de 163 pueblos, según un relevamiento del Comité Nacional de la Vida y la Memoria Indígena.

Unión y lucha institucional

“Las leyes se hacen allá arriba, los proyectos de ley y las propuestas de enmienda constitucional nos afectan a nosotros, los pueblos indígenas. Tenemos que pensar a quién ponemos en el municipio, en el estado, en la Cámara, en el Senado y en la presidencia”, defiende Telma Taurepang.

La coordinadora general de UMIAB explica que es importante unirse contra la minería. “[Las mujeres] Nos unimos cada vez más contra la minería, que es ilegal. Nuestra lucha es para que no haya minería. El presidente [Jair Bolsonaro] y su bancada [de apoyadores en el Congreso] están a favor de la minería”, dijo.

Telma recuerda que, a principios de este año, la Asamblea Legislativa del estado de Roraima llegó a aprobar y sancionar un proyecto de ley que liberó la extracción de todo tipo de minerales. La propuesta fue escrita por el gobernador Antônio Denarium y, días después, fue suspendida por el ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF) .

La autorización legislativa permitió realizar la minería incluso sin estudio previo y también incluyó el uso de maquinaria pesada en la explotación de la tierra, excavadoras y embarcaciones. El mercurio también fue permitido.

“Nunca he visto una minería sustentable, una que no contamine el medio ambiente”, explicó. Aún según la activista indígena, es necesario escuchar a los pueblos originarios. “Tenemos cabezas pensantes, cabezas que tienen visiones para las nuevas generaciones. Invítennos a elaborar estas políticas públicas dirigidas a los pueblos indígenas”.

Brasil de Fato / COMCOSUR MUJER Nº 684 – 10/05/2021
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2) COLOMBIA: FALLO JUDICIAL DA LA RAZÓN A CIRO GUERRA ANTE DENUNCIA DE ABUSO SEXUAL

La Fundación para la Libertad de Prensa considera que el fallo del Tribunal Superior de Bogotá configura un caso de acoso judicial a periodistas.

La Justicia colombiana ordenó a dos periodistas de la revista Volcánicas a rectificar un artículo publicado el 24 de junio de 2020 en que se recogían los testimonios anónimos de ocho mujeres que acusaban al director de cine Ciro Guerra de acoso sexual.

El Tribunal Superior de Bogotá concedió “el amparo de los derechos al buen nombre y honra en favor del ciudadano Ciro Alfonso Guerra Picón”, y ordenó a las periodistas que “dentro de los diez días siguientes a la notificación de esta decisión rectifiquen la publicación ‘Ocho denuncias de acoso y abuso sexual contra Ciro Guerra’”. Deberán hacerlo “presentando la información de manera cuidadosa y conforme los lineamientos expuestos en las consideraciones de este fallo”.

“El artículo publicado, al no estar sustentado con la suficiente exactitud que permita verificar la verdad de los hechos y evitar la confusión del lector, desconoció el principio de veracidad e imparcialidad, lo cual afectó la opinión e imagen que la sociedad tiene del quejoso”, indica el fallo.

Catalina Ruiz Navarro y Matilde de los Milagros Londoño fueron quienes entrevistaron en forma anónima a siete mujeres que denunciaron por acoso, y una por abuso sexual, al director de El abrazo de la serpiente (2015), en hechos que según afirman ocurrieron entre 2013 y 2019.

A los testimonios se sumaron conversaciones de Whatsapp con Guerra. El artículo afirma que las actitudes denunciadas “siguen un patrón que incluye incómodas conversaciones de índole sexual, invitaciones a su hotel o apartamento, y el uso de la fuerza para tocarlas sexualmente, besarlas”.

Semanas después de la publicación del artículo, la firma Triana, Uribe & Michelsen anunció el inicio de acciones legales contra las autoras, en representación de Guerra, “a efectos de proteger y restablecer los derechos a la honra, dignidad y buen nombre del cineasta, que se han visto gravemente afectados por las aseveraciones de las periodistas”.

Volcánicas, una revista que dice contar con un equipo “conformado en un 100% por mujeres feministas”, dijo que el fallo les ordena dar más información, como la identidad de las denunciantes, lo que “pone en peligro a las víctimas” y desconoce “la importancia de las fuentes protegidas, que son la piedra angular del periodismo de investigación e imprescindibles para su aporte a la democracia”.

Esta es la segunda denuncia del director colombiano contra las autoras del artículo. En la primera oportunidad su reclamo no fue atendido por la Justicia. En marzo de este año, la revista Semana de Colombia informaba que el Juzgado Quinto Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá había negado el amparo solicitado por el cineasta contra Ruiz-Navarro y Londoño, por considerarlo improcedente.

Libertad de prensa y protección de las víctimas

“Vamos a cumplir la orden judicial siempre protegiendo la reserva sobre la identidad de quienes confiaron en nosotras. El fallo no dice que las historias sean falsas, ni tampoco ha ordenado retirar el artículo, sólo nos pide mayor información, la cual nos proponemos dar”, dice Volcánicas en un comunicado.

Al mismo tiempo, afirma que es “indispensable” entrevistar a Guerra, ya que la primera vez que las periodistas hablaron con él “eligió contestar con parquedad y sin dar razón o respuestas de fondo, lo cual es insuficiente para el Tribunal que pide que responda con más detalle”.

La organización colombiana Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) alertó sobre el revés judicial y expresó a través de su cuenta de Twitter que “el Tribunal desacredita la voz de las víctimas al querer ahondar en la veracidad de sus testimonios, indicando que se debió contrastar con otras fuentes de información”.

“Además, con su cuestionamiento, también reprocha las formas de expresión utilizadas durante la investigación. Todas las formas de expresión están protegidas por los estándares internacionales”, agregó.

También criticó al juez que consideró que se debieron publicar los nombres de las víctimas. “Entregar esa información a Ciro Guerra violaría la reserva de la fuente y las reglas de protección de la identidad de las víctimas de violencia sexual”.

“Este es otro caso de acoso judicial a periodistas, en donde además, el Tribunal falló en contra de los estándares internacionales a la libertad de prensa. Los jueces no deben calificar el ejercicio periodístico, pues no tienen parámetros objetivos para evaluar la ética del oficio”, concluyó la FLIP.

La Diaria / COMCOSUR MUJER Nº 684 – 10/05/2021
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3) CHILE: POR EL DERECHO A LA COMUNICACIÓN Y LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN LA NUEVA CONSTITUCIÓN

La revuelta política y social de octubre de 2019 nos dio el impulso para articularnos como periodistas y comunicadoras feministas, y generar acciones para visibilizar y cuestionar el patriarcado en los medios de comunicación, y con ello en sus prácticas informativas, que se traducen en una irresponsable cobertura sobre violaciones a los derechos humanos; la invisibilidad de la violencia política/sexual hacia mujeres y disidencias; los discursos y representaciones sesgadas y moldeadas sobre los roles que mujeres y hombres en ejercemos en la sociedad; y la subrepresentación de mujeres en los medios, como activas actrices de las transformaciones sociales.

En este contexto, buscamos promover el desarrollo de una Constitución Feminista, inclusiva e interseccional, que recoja las demandas históricas del movimiento feminista y lesbofeminista, y que garantice el derecho a una vida libre de violencias y el Derecho a la Comunicación como vías para democratizar el sistema de medios y las comunicaciones.

Como Red estamos trabajando para garantizar el Derecho a la Comunicación en una nueva Constitución, enmarcado en el derecho internacional de los derechos humanos, garantizando la libertad de expresión, prensa, una ley de medios y el debido acceso a la información. Esta consagración constitucional debe ir acompañada de un sistema de medios de servicio público, a nivel nacional, regional y local; con un marco legal que evite la concentración de la propiedad de los mismos y establezca acciones afirmativas para que las mujeres también puedan ser propietarias de medios.

En estas transformaciones, es vital contar con un periodismo más igualitario, que no discrimine ni admita la frivolización del sexismo cotidiano que transita por las instituciones públicas y privadas, que pongan al centro un enfoque de derechos humanos y género, inclusivo, interseccional y feminista, de modo de evitar la reproducción de violencia simbólica y avanzar hacia medios no sexistas.

Comprendemos las comunicaciones como un derecho humano de todas las personas que debe ser garantizado por el Estado para generar políticas públicas e institucionalidad en un ámbito que hoy solo está controlado por el mercado. Por eso nuestro interés en que se consagre constitucionalmente el Derecho a la Comunicación y a su vez la libertad de expresión, de opinión, el derecho a la información y la libertad de prensa, para luego proyectar el desarrollo de una ley de medios que permita generar políticas de fomento para la creación de medios de comunicación.

Desde la Red de Periodistas Feministas seguiremos impulsando el cambio cultural que transforma las prácticas sexistas al interior de los medios de comunicación, así como en el ejercicio del periodismo.

Red de Periodistas y Comunicadoras Feministas /
COMCOSUR MUJER Nº 684 – 10/05/2021
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4) GUATEMALA: POR IMPULSAR CAMPAÑA CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES DESPIDEN A ASESORA DE COMUNICACIÓN DE UNA OFICINA GUBERNAMENTAL

En fechas recientes, el Gobierno guatemalteco ha rescindido de manera unilateral y arbitraria el contrato laboral de la defensora María Alejandra Morales en la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSEC), donde se desempeñaba como asesora de comunicación.

Su despido se ha producido después de que ella promoviera la campaña “Tengo miedo”, la cual buscaba sensibilizar a la población sobre la grave situación de violencia que viven las mujeres y las niñas guatemaltecas. Dicha campaña fue públicamente criticada por el Gobierno, que llegó a impulsar acciones mediáticas para contrarrestarla, incluyendo una campaña de desprestigio contra las organizadoras, basada en la difusión en redes sociales de información privada de éstas con el objetivo de intimidarlas y dañar su imagen.

El despido de María Alejandra no sería el primero relacionado con la campaña “Tengo miedo”, lo que apunta a la existencia de una estrategia gubernamental para silenciar voces divergentes y la defensa y promoción de los derechos de las mujeres a través de condicionar los contratos laborales. Ante ello, la defensora ha interpuesto un recurso de amparo ante la Corte de Constitucionalidad, alegando que el gobierno está vulnerando derechos como la libertad de expresión, a la igualdad, a la no discriminación, a la dignidad, a la privacidad y a una vida libre de violencia.

Desde la IM-Defensoras nos solidarizamos con María Alejandra Morales y exigimos garantías para que se resguarde su integridad física, moral y emocional y se respeten sus derechos laborales. Asimismo, condenamos la rescisión unilateral y arbitraria de su contrato y denunciamos la omisión y el desprecio con que el gobierno de Guatemala responde ante una problemática tan grave y extendida en el país como es el de la violencia contra las mujeres y niñas.

Iniciativa Mesoaméricana de Mujeres defensoras de DDHH /
COMCOSUR MUJER Nº 684 – 10/05/2021
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5) MÉXICO: PROGRAMAS DE NOTICIAS DEDICAN MÁS TIEMPO A CAMPAÑAS DE CANDIDATOS QUE DE CANDIDATAS

Durante las primeras tres semanas en que 6 mil 942 candidatas y candidatos a diputaciones federales (incluyendo sus suplentes) hicieron campaña para conseguir el voto en la elección del próximo 6 de junio, los programas de noticias en radio y televisión dedicaron alrededor de 96 horas a la información generada por mujeres y 173 horas a la de hombres.

De acuerdo con el monitoreo que realiza la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a petición del Instituto Nacional Electoral (INE), para observar las transmisiones sobre las campañas electorales federales, en estas tres semanas las candidatas aparecieron menos tiempo en en radio y televisión en comparación con sus compañeros varones.

En este proceso electoral, en el que los 10 partidos políticos nacionales estuvieron obligados a registrar 50 por ciento de postulaciones federales para mujeres y 50 por ciento para hombres, las candidatas siguen apareciendo menos minutos que sus pares, pero los programas de noticias hacen más uso del lenguaje incluyente y menos estereotipos de género.

El informe realizado por la UNAM indica que desde que iniciaron las campañas electorales, el 4 de abril, y hasta el 25 del mismo mes, se registraron 96 horas, 33 minutos y 19 segundos dedicados a las campañas de mujeres; 173 horas, 31 minutos y 1 segundo para las de hombres, y 292 horas, 05 minutos y 21 segundos no incluyeron especificación de género.

La revisión también encontró que en radio las mujeres con más valoraciones positivas fueron las candidatas del partido Movimiento Ciudadano y quienes obtuvieron más valoraciones negativas fueron las abanderadas de Movimiento Regeneración Nacional (Morena). En el caso de la televisión, las candidatas del Partido Acción Nacional (PAN) tuvieron valoraciones positivas y de nuevo aquellas postuladas por Morena tuvieron valoraciones negativas.

A revisión lenguaje sexista y estereotipos de género

Este monitoreo se hace desde 2009 para revisar que las elecciones se realicen en condiciones plurales, abiertas y competitivas. Fue en la elección de 2015 cuando se incluyó una variable de género y en 2021 se dio un paso más cuando el INE modificó la metodología para agregar la obligación de revisar si los programas que cubren las campañas electorales hacen uso del lenguaje incluyente y no sexista y si se reproducen estereotipos de género.

La autoridad electoral adoptó estos conceptos para cumplir con las reformas a ocho leyes en materia de violencia política de género, las cuales entraron en vigor en abril de 2020. Con estas reformas se modificó el artículo 48 Bis de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia para agregar la obligación del INE y de los organismos públicos locales electorales de incorporar la perspectiva de género en el monitoreo de las transmisiones de las precampañas y campañas electorales.

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Asimismo, en el acuerdo sobre la metodología, aprobado por las y los consejeros del INE en octubre de 2020, se tomaron en cuenta las observaciones y recomendaciones de instrumentos internacionales. Por ejemplo, de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Convención de Belém do Pará; del capítulo sobre “Mujer y Medios de Difusión”, de la Declaración y Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, conocida como Plataforma de Beijing; y las recomendaciones de 2018 del Comité CEDAW.

Los resultados de las primera tres semanas de monitoreo indican que cada vez es más común el uso del lenguaje incluyente y no sexista. Como muestra, se registraron 26 mil 425 piezas informativas (en su mayoría notas), de las cuales en 8 mil 787, es decir, cerca de 33 por ciento, no hicieron uso de lenguaje incluyente y no sexista.

Las candidaturas de Morena fueron las que se presentaron con más frases que aluden a alguno o algunos de los grupos en situación de vulnerabilidad, como personas mayores, afromexicanas, pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas, migrantes y refugiadas o con discapacidad, entre otras; y las candidaturas independientes fueron las que menos lenguaje incluyente utilizaron.

Además, en este monitoreo se revisaron 3 mil 495 piezas informativas, de las cuales 29 presentaron estereotipos de género (con 42 frases estereotipadas). Es decir, del total de la información analizada para verificar si reproducían estereotipos de género, como cosificar a las mujeres, ensalzar roles domésticos o centrarse en rasgos físicos, vestimenta o edad de las personas, sólo 0.83 por ciento incluyeron expresiones sexistas o machistas.

Los datos de monitoreos anteriores, de acuerdo con información del INE, revelaron que no existe una cobertura igualitaria entre candidatas y candidatos, ya que la cantidad de ocasiones en las que se muestra a los candidatos es mayor a las que las candidatas y, además, la forma en la que se muestra a éstas, generalmente, está cargada de estereotipos de género que las ubican en el ámbito privado.

En esta ocasión cerca del 70 por ciento de las piezas analizadas incluyeron lenguaje no sexista y más del 90 por ciento dejaron de reproducir estereotipos de género, pero las mujeres que hacen campaña para buscar una diputación federal aun parecen menos tiempo que los hombres.

Cimacnoticias / COMCOSUR MUJER Nº 684 – 10/05/2021
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6) PARAGUAY: AMENAZAN DE MUERTE A LA DEFENSORA AMBIENTAL BERNARDA PESOA Y HOSTIGAN A SU COMUNIDAD EN LUCHA POR LA TIERRA

“Sin tierra no hay vida digna”

Desde el año pasado, la comunidad Santa Rosa del Pueblo Qom defiende sus tierras del monocultivo de eucalipto. El pueblo Qom habita allí desde hace más de 37 años, sus tierras están ubicadas en el Bajo Chaco paraguayo, en la localidad de Cerrito, en el distrito de Benjamín Aceval del departamento de Presidente Hayes, a 47 kilómetros de Asunción.

Bernarda Pesoa, integrante de la Organización de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas CONAMURI y referente de la Comunidad Santa Rosa, conversó con Radio Mundo Real sobre la defensa de su territorio y el hostigamiento que recibió junto a su comunidad el 17 de abril.

Tanto Pesoa como su comunidad han recibido amenazas anteriormente pero ese fin de semana “fue de lo más violento, porque entraron con armas y con cadenas, muchísimas personas. Tuvimos que defendernos, entonces ellos nos denunciaron”, contó la lideresa.

La denuncia se realizó en Fiscalía y hasta el momento no han tenido novedades, similar a lo sucedido con la denuncia presentada en octubre del 2020, cuando Pesoa fue agredida físicamente luego de manifestar su oposición a los trabajos para establecer una plantación de eucaliptos las tierras que pertenecen a su comunidad. Por esta razón Pesoa ha decidido darle difusión pública, para protegerse y proteger a su comunidad mediante la solidaridad.

Los títulos de propiedad de las tierras que habitan están a nombre del Pueblo Qom. Son 1.117 hectáreas de tierra de las cuales solo 35 son cultivables; el proyecto de plantación de eucalipto impulsado por Fundación Paraguaya requiere 20 hectáreas. En estas tierras habitan 620 familias, más de 1.500 personas. El Pueblo Qom no fue consultado sobre este proyecto y Pesoa afirma que no hay conformidad con el mismo.

Las comunidades trabajaron muchos años en sus tierras, construyeron caminos, viviendas sociales, una escuela y su propio pozo artesiano. “Somos Qom, esta tierra no es del gobierno, fue donada por misioneros francisanos y entregaron el título en 1992 para usar en cultivos, mantenimiento familiar y vivir dignamente”, aseguró Pesoa.

La defensora del territorio subrayó que los conflictos internos se originan por la intromisión de las empresas en sus tierras, “el interés es la acumulación de capital, no es para la alimentación del pueblo, ni de la tierra”.

Fundación Paraguaya ingresó a la comunidad, mediante un proyecto social llamado “semáforo de la eliminación de pobreza”, Pesoa explicó que nunca vieron los resultados de estos trabajos y que lo utilizan como estrategia para ingresar a sus tierras. Con promesas materiales y de creación de fuentes de trabajo crean conflictos internos, “así manipulan a la gente, nosotros no miramos solo lo económico, miramos más allá del futuro de nuestras familias, una vez que se instalen las plantas ya no tendremos dónde cultivar ni construir nuestras casas”.

Con la convicción de que sin tierra no hay vida digna, las comunidades exigen una audiencia pública para tener una ley de protección de territorio indígenas, que prohíba la instalación de monocultivos.

Ante estos hechos, la Plataforma Social de DDHH, Memoria y Democracia de Paraguay emitió un comunicado expresando su solidaridad y exigiendo al Ministerio Público paraguayo que intervenga de manera inmediata. A la vez, el 26 de abril CONAMURI realizó una movilización en la que manifestaron: “En el marco del conflicto suscitado por la presencia de eucalipto en el territorio común, estas comunidades desamparadas exigen a las instituciones públicas responsables que den la cara e intervengan para hacer cumplir las leyes de protección a los pueblos indígenas y al ambiente”.

Sobre el final de la entrevista Bernarda Pesoa realizó un llamamiento a las mujeres para organizar y liderar sus comunidades: “Sin las mujeres esta sociedad no va existir”.

Radio Mundo Real / COMCOSUR MUJER Nº 684 – 10/05/2021
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7) URUGUAY: LLAMADOS A LICITACIÓN PARA REFORZAR LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN EN VIOLENCIA DE GÉNERO

La Intendencia de Montevideo convoca a proponentes con interés de postularse para la gestión e implementación de los servicios gratuitos de atención psicosocial y jurídica en Comuna Mujer.
El llamado tiene como objetivo reforzar los servicios brindados por Comuna Mujer, dando una atención de cercanía y con enfoque integral e interseccional en todos los municipios de la ciudad.

A través del Plan de Apoyo Básico a la Ciudadanía (ABC) la Intendencia incrementará en un 123% las horas de atención en los servicios de atención de las Comuna Mujer.

Además de los 12 servicios existentes en seis municipios, se prevé la inauguración en junio de dos servicios Comuna Mujer nuevos en los municipios C y CH, completando la cobertura a nivel departamental.
A su vez, toda la información vinculada a los llamados a licitación se encuentra en la cartelera virtual de compras, ingresando el número de compra en el buscador.

Más y mejor respuesta a la violencia de género en Montevideo

El Plan ABC, a través de su eje de igualdad, prioriza la mejora de la respuesta y atención a la violencia de género mediante acciones concretas:

La duplicación de las horas de atención de las Comuna Mujer.
La incorporación de la atención jurídica integral.
La creación de dos nuevos servicios de atención Comuna Mujer, en los municipios C y CH.
La creación de un servicio de atención 365 días.
Se instalará un servicio de atención especializado para mujeres con discapacidad.
El aumento de horas y la atención integral e interseccional permitirán el seguimiento semanal de las situaciones de violencia de género y la recepción de todas las manifestaciones de violencia comprendidas en la Ley 19.580.

Montevideo.gub.uy / COMCOSUR MUJER Nº 684 – 10/05/2021
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“Siempre he partido de una idea elemental: la de que la verdad no necesita ser justificada por la adecuación a un objetivo superior. La verdad es la verdad y nada más. Debe ser servida, no servir.”
Eugenia Ginzburg / “El vértigo”.
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COMCOSUR MUJER ES UNA PRODUCCIÓN DE COMCOSUR / COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR
1994 – 19 de junio – 2020 – 26 años
Coordinación: Carlos Casares – DIRECCIÓN POSTAL: Proyectada 17 metros 5192 E (Parque Rivera) 11400 MONTEVIDEO/URUGUAY / Comcosur se mantiene con el trabajo voluntario de sus integrantes y no cuenta con ningún tipo de apoyo económico externo, institucional o personal / Las opiniones vertidas en las distintas notas que integran este boletín no reflejan necesariamente la posición que podría tener Comcosur sobre los temas en cuestión / Comcosur integra la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC)/
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