1) Menéndez destituye a “mano derecha” de Huidobro
2) Unos 100 médicos militares apelan a retiro ante reforma
3) Argentina y Uruguay eran los menos respetuosos de los DDHH en dictadura, según documentos desclasificados de EEUU.
4) Colegio Médico rehabilita al “doctor sojero”
5) Junta de Canelones discute hoy multas por un total de un millón de dólares al “doctor sojero”
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COMCOSUR AL DÍA / AÑO 17 / Nº 2085 / NOTICIAS Y PENSAMIENTOS / Viernes 12 de Agosto de 2016 / Producción: Andrés Capelán
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«Si asumes que no hay esperanza, garantizas que no habrá esperanza. Si asumes que hay un instinto hacia la libertad, que hay oportunidades para cambiar las cosas, entonces hay una posibilidad de que puedas contribuir para hacer un mundo mejor. Esa es tu alternativa». — Noam Chomsky
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1) Menéndez destituye a “mano derecha” de Huidobro
Roberto Caballero, de la CAP-L, uno de los “viejos tupas”, fue relevado el martes.
(La República)
El doctor Jorge Menéndez, que mañana asumirá formalmente el cargo de ministro de Defensa Nacional, destituyó el martes a Roberto Caballero, director de Asuntos Jurídicos, Notariales y de Derechos Humanos de dicha Secretaría de Estado y mano derecha del recientemente fallecido ministro de Defensa Eleuterio Fernández Huidobro. Menéndez comunicó la decisión a Caballero el martes por la mañana, en el marco de una serie de cambios que se prevén en la nueva conducción del Ministerio de Defensa Nacional. La noticia sobre su destitución causó sorpresa y malestar en algunos círculos políticos e incluso castrenses.
En el cargo de subsecretario, que hasta ahora había sido ocupado por Menéndez (partido Socialista), fue designado Daniel Montiel, dirigente del MPP que ocupó el cargo de vicepresidente de la Administración Nacional de Puertos y anteriormente había sido director de la Dirección de Recursos Acuáticos en el gobierno de José Mujica, mientras que el profesor Hernán Planchón, también del MPP, fue confirmado como director general de Secretaría. Caballero, de 65 años, exsindicalista bancario y miembro de la CAP-L al igual que Fernández Huidobro, tiene un largo historial de militancia en el movimiento tupamaro al que se incorporó con apenas 18 años. Es considerado uno de los “viejos tupas” y hombre del “riñón” de Huidobro, uno de los fundadores y líder histórico del MLN-T.
Integró la columna que comandó Mujica e ingresó al Penal de Libertad el mismo día que Fernández Huidobro, donde estuvo recluido 13 años; ambos respectivamente con los números 775 y 787. Caballero fue secretario personal de Fernández Huidobro durante su actividad parlamentaria y ministerial hasta que fue designado director de Asuntos Jurídicos, Notariales y de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, cargo que desempeñó hasta el martes pasado. En materia de Derechos Humanos, estuvo a cargo de articular la información solicitada por la Justicia sobre desaparición de personas durante la dictadura. Además representó al Ministerio de Defensa en varios homenajes en distintos puntos del país a militantes políticos desaparecidos durante la dictadura, en los que se descubrieron placas recordatorias en unidades militares.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 12 DE AGOSTO DE 2016
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2) Unos 100 médicos militares apelan a retiro ante reforma
Alertan en Parlamento por retiro de personal de las Fuerzas Armadas.
Daniel Isgleas (El País)
La inminente reforma del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas que el gobierno se propone concretar este año, disparó las alarmas entre el personal superior y subalterno de las Fuerzas Armadas. Por un lado cerca de cien médicos de Sanidad Militar, particularmente en el Hospital Militar, presentaron su solicitud de retiro voluntario, y por otro, no hay oficiales voluntarios para cumplir con la misión de un año para la pacificación en Colombia, a la que Uruguay ya fue invitado.
En ambos casos se busca evitar quedar atrapados en las nuevas disposiciones que el Gobierno proyecta que son, básicamente, más años de aportes dilatando los retiros y un nuevo impuesto a los jubilados y pensionistas.
La descripción de una «preocupante» situación fue hecha por los miembros de un equipo de análisis, estudio y diagnóstico de los aspectos relacionados con la reforma integrada por el general Heber Fígoli, los coroneles Mario Frachelle, Rivera Elgue, Sergio Rico, y el capitán de navío Enrique Falco, todos retirados de las Fuerzas Armadas, ante la comisión de Defensa del Senado.
«Los médicos hoy no están en Sanidad Militar por el salario que cobran ni por las exigencias que tienen, sino porque allí buscan asegurarse un piso con el retiro y luego siguen trabajando en sus otras actividades. Si ellos ven una limitación en sus expectativas por el efecto de un impuesto o por modificaciones en el sistema de retiro militar, seguramente vamos a presenciar una salida masiva de médicos, enfermeros, nurses y técnicos», aseguró Elgue, que fue director y también subdirector del Servicio durante años, hasta 2014. Rico, por su parte, precisó a El País que «hay decenas, cerca de 100 médicos, que presentaron solicitud de retiro y no han sido autorizadas».
Los médicos y técnicos del Hospital Militar tienen una jerarquía. Son oficiales equiparados, y atienden hoy en día a unas 180.000 personas, entre militares activos, retirados y sus familias.
Sobre lo que ocurre con los voluntarios para ir a la misión de un año en Colombia, Elgue reveló que «se está pensando en llamar a personal retirado para concurrir dado que no hay personal superior voluntario para cubrir las necesidades que tiene esa tarea. No lo hay, en parte, porque todo el mundo está expectante de lo que pase con la ley y con el impuesto. ¿Por qué? Porque el personal en el exterior no puede pasar a retiro. Eso determina que todo el mundo esté reticente a irse del país mientras esta situación no se aclare», dijo en la comisión legislativa.
Retiro masivo
Fígoli advirtió a su vez que se viene «una retirada masiva de personal técnico, superior, con años de servicio, porque ven que sus expectativas y, de alguna manera, sus derechos adquiridos, podrían verse violentados». Falco, que es abogado además de militar retirado, dijo que un nuevo impuesto sobre las pasividades sería «una doble imposición porque frente a un mismo hecho generador se pretende aplicarnos dos impuestos de igual naturaleza».
«Es confiscatorio porque, de acuerdo con los datos de que disponemos, la doble imposición, la suma de los dos impuestos, en algunos casos podría ascender hasta el 50% del haber que se percibe. Realmente, no conozco una situación igual en el Uruguay», sostuvo en la comisión. Además advirtió que se viola el principio de igualdad consagrado en la Constitución.
A su vez, Rico consideró que la reforma «es un hecho político y no económico». Y apuntó que «este es un problema de fondo y tiene que ver con qué Fuerzas Armadas queremos, cuántos deben ser sus efectivos y cuánto está dispuesto a gastar el Estado para beneficio de toda la población».
Elgue indicó que «un 74% del total de los retirados cobra menos de $ 30.000», y que «los retiros que superan los $ 80.000 son el 14% del total, algo más de 600 personas entre retirados y pensionistas». «Hay que tener en cuenta que el 60% de nuestro personal subalterno —es decir, la tropa— está viviendo en pobreza, y el 20% de ese 60% está en la indigencia. Solo el 30% de oficiales es propietario de vivienda».
«Ahora también se castigará la vejez»
El general Hebert Fígoli recordó ante los miembros de la comisión de Defensa del Senado, entre quienes estaba el expresidente José Mujica, que puede haber una motivación ideológica en la reforma de la Caja Militar. «Cuando estábamos en actividad nos tuvieron con salarios mal pagos, los más bajos del país. Los gobiernos democráticos entendieron que lo que había que hacer era dar la expectativa de una vejez digna, y ahora se les ocurre que también quieren castigar la vejez».
A su vez, el coronel retirado Carlos Frachelle preguntó a los senadores de la comisión de Defensa: «¿Por qué decimos que nosotros no tenemos déficit? ¿Porque tenemos asistencia financiera? Acá es necesario que comparemos, porque se ha llevado al colectivo civil a pensar que nosotros somos los únicos deficitarios. Si ustedes se fijan en lo que establecen las leyes y la Constitución, verán que el Banco de Previsión Social tiene asistencia financiera y nadie dice que tenga déficit; que la Caja de Jubilaciones y Pensiones Policiales tiene asistencia financiera y nadie dice que tenga déficit; que la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias tiene asistencia financiera y nadie dice que tenga déficit». Y respecto a la necesidad de asistencia financiera, explicó que es «producto de un desnivel creado a partir del año 1985 por decisiones estrictamente políticas. En aquel momento, Defensa Nacional costaba casi un 4% del Producto Interno Bruto (PIB) y hoy es menos del 1%. Para eso, las autoridades políticas —el Parlamento y los sucesivos Poderes Ejecutivos— decidieron que había que reducir las Fuerzas Armadas. Entonces la cifra de 40.000 hombres fue llevada a 27.000 y con tendencia a la baja. Si una institución tiene 40.000 hombres y los lleva a 27.000, y sigue bajando la cantidad, es lógico que, llegado el momento, esos se van a jubilar y que los ahorros que se hicieron con el Ministerio de Defensa Nacional tengan que ser pagados como parte de la seguridad social».
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3) Argentina y Uruguay eran los menos respetuosos de los DDHH en dictadura, según documentos desclasificados de EEUU.
Natalia Uval (La Diaria)
Cuando el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, visitó Argentina en marzo de este año, prometió que desclasificaría documentos de la época de la dictadura referentes al vecino país, y así lo hizo. El gobierno de Estados Unidos publicó este lunes 1.078 páginas de documentos confidenciales, mayormente de 1977 a 1983, que hacen referencia a Argentina, pero también a otros países, entre ellos Uruguay.
En términos generales, los documentos ilustran un momento complejo de la relación entre Estados Unidos y Argentina -calificada de “calle empedrada” en algunos de los escritos-, sobre todo durante los años 1977 y 1978, cuando el país del norte pretendía que Argentina adoptara otra posición en materia de derechos humanos (DDHH). Estados Unidos entendía que el “combate al terrorismo” de la dictadura de ese país estaba “fuera de control”, según señalaban, y se hacía necesario “solucionar el problema de los DDHH”, pero sin “ofender gratuitamente a Argentina”. Los documentos dan cuenta de los apoyos económicos de Estados Unidos a los países de América Latina y registran el apoyo económico y militar de la dictadura argentina al golpe de Estado en Bolivia en 1980. Señalan que la dictadura argentina no sólo perseguía a las organizaciones consideradas “terroristas”, sino a cualquier militante político de izquierda, o a cualquier persona que ejerciera cualquier forma de resistencia al régimen. Los informes del gobierno estadounidense mencionan los métodos de tortura utilizados contra los prisioneros, como el submarino, la picana, la violación, arrancarles los dientes, uñas y ojos, castrarlos, quemarles con ácido el cuerpo. También informan que a los detenidos se les suministraba una droga denominada Ketalar, que causaba pérdida de conciencia, para arrojarlos al mar.
Hay referencias específicas a la relación de Estados Unidos con los países del Cono Sur. En un memorando del Consejo de Seguridad Nacional firmado por Robert Pastor, fechado el 9 de agosto de 1978, un subtítulo se cuestiona si Estados Unidos está ganando o perdiendo en el Cono Sur. “Por un período corto, a comienzos de 1977, los países del Cono Sur -liderados por Brasil pero incluyendo a Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay- trataron de establecer un bloque para confrontar nuestra política de DDHH. Debido a que esos gobiernos tenían una desconfianza entre ellos mayor que su desprecio por el presidente [de Estados Unidos, Jimmy] Carter, el movimiento no prosperó”, indica Pastor en el documento.
En un escrito se da cuenta de la supresión de algunas ayudas económicas a los gobiernos militares del Cono Sur, entre ellos el de Uruguay, por la situación en materia de DDHH. En un memorando del 11 de febrero de 1977, firmado por Pastor, este se muestra de acuerdo en suprimir la asistencia en materia de seguridad a Uruguay y en reducir a la mitad la destinada a Argentina. “Teniendo en cuenta que Argentina y Uruguay tienen los dos peores registros en materia de DDHH de todas las naciones de América Latina que reciben asistencia en seguridad, no creo que sea particularmente difícil justificar estos recortes en oposición a otros”, alega Pastor. En otro documento, fechado el 17 de marzo de 1977 y firmado por Pastor, se indica que “Guatemala y El Salvador han seguido el camino trazado por Brasil, Argentina, Uruguay y Chile en renunciar a la ayuda militar de Estados Unidos por la forma en que esa ayuda se ligó a la situación de los DDHH”.
Estados Unidos da cuenta de la perplejidad de Uruguay ante la repentina preocupación del país del Norte por los DDHH, en un memorando del Consejo de Seguridad Nacional fechado el 7 de marzo de 1977. “Uruguay no entiende muy bien por qué hoy Estados Unidos lo está atacando por sus violaciones a los DDHH, cuando unos años atrás alentaba a los uruguayos a suprimir toda forma de subversión. Están especialmente confundidos porque la situación de los DDHH en su país ha mejorado definitivamente en el último año”, señala el escrito.
Otro memorando dirigido al presidente Carter, escrito por el consejero de Seguridad Nacional Zbigniew Brzezinski y fechado el 28 de octubre de 1977, apunta a preparar al presidente para los encuentros bilaterales que mantendría con los responsables de las dictaduras del Cono Sur. Allí el consejero señala su parecer respecto de que algunos países, entre ellos Uruguay, tienen una “impresión inadecuada” de las preocupaciones de Estados Unidos en materia de DDHH. “Aparentemente Pinochet [Chile], Stroessner [Paraguay] y Méndez [Uruguay] sienten que nosotros estamos de acuerdo con ellos en relación a que sus países son víctimas de propaganda incorrecta y con motivos políticos, y que la política de DDHH que se está implementando en su nombre [en el de Carter] realmente no refleja sus puntos de vista [los de Carter]”, indica el escrito. También recomienda al presidente, en su futuro encuentro con el dictador uruguayo Aparicio Méndez, dejarle en claro la dificultad de estrechar relaciones con Uruguay debido a la situación de los DDHH, y la percepción del gobierno de Estados Unidos de que se trata de una buena decisión la instalación de una comisión de información para cooperar con la embajada de ese país.
En otro memorando del mismo estilo y con los mismos actores, pero fechado el 8 de setiembre de 1977, Brzezinski plasma su optimismo pronosticando hechos que no se concretaron: “Consideramos que el presidente Méndez sacará ventaja de su encuentro con usted para anunciar los primeros grandes movimientos de Uruguay en materia de DDHH. Esto incluiría la liberación de algunos prisioneros, la divulgación de nombres y cargos de presos políticos, y el anuncio de acciones disciplinarias contra los militares y policías involucrados en abusos a los DDHH. Porque esto representa el primer paso que toma un gobierno que previamente se había negado a reconocer que tenía presos políticos, es significativo”. “Debemos reforzar esta decisión, haciéndole saber a Méndez que la comunidad internacional juzgará el desempeño del gobierno uruguayo no por sus palabras sino por sus actos”, agrega.
El consejero estadounidense revela que oficiales uruguayos cercanos a Méndez le dijeron que Méndez consideraba que Estados Unidos debería hacer algo para devolverles el favor de haber apoyado el Tratado sobre el Canal de Panamá y para recompensarlo por los avances que estaba haciendo en materia de DDHH. Que quería “recibir” y no solamente “dar”.
Los textos desclasificados el lunes están disponibles en la página en internet de la Oficina del Director de la Inteligencia Nacional de Estados Unidos. El gobierno de ese país anunció que seguirá publicando documentos en los próximos 18 meses. La mayoría de los textos desclasificados el lunes proviene de la biblioteca Jimmy Carter en Atlanta, Georgia, donde funcionan los Archivos Nacionales y Administración de Documentos de Estados Unidos.
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4) Colegio Médico rehabilita al “doctor sojero”
Siga, doctor
Marcelo Aguilar (Brecha)
El Colegio Médico del Uruguay revocó el fallo del Tribunal de Ética Médica que había sancionado con tres meses de inhabilitación al médico y productor sojero Máximo Castilla, denunciado por fumigar sus predios afectando a los habitantes cercanos. Los vecinos avanzan en el diálogo con las autoridades y esperan una resolución.
“¿Qué es lo que me queda, agarrar un revólver y matarla yo, o darle una patada en el traste y tirarla para el medio de la calle?” Las palabras, textuales, son del doctor Máximo Castilla y fueron pronunciadas ante el Tribunal de Ética Médica (Tem) del Colegio Médico del Uruguay (Cmu). Las expresiones estaban dirigidas a Adriana Pascual, una de los denunciantes ante ese organismo.
Con esas declaraciones no es difícil acreditar los testimonios de amenazas a vecinos que se atreven a denunciarlo por las fumigaciones que realiza en su establecimiento sojero y que llegan a rociar las casas cercanas al predio, en Paso Picón, Canelones. Castilla –que según informó en su edición del jueves 19 de marzo el diario Hoy Canelones sería candidato a alcalde en la capital canaria por el sector Alianza Nacional– ya había evidenciado sus intenciones, entregando casa por casa y en el almacén una carta plagada de agravios hacia quienes iniciaron las denuncias.
Las declaraciones que hizo a este semanario en febrero de 2014 reafirmaron su postura: “Todo el que la apoye (a Pascual) y me ensucie sin saber va a ser castigado por la ley, porque yo me voy a encargar de que reciba su merecido”. Así, el doctor retrucó las acusaciones con denuncias ante la justicia y, amparado en el poder que le da su estatus de médico, intentó desacreditar a quienes criticaban su accionar. Sin muchas salidas a la vista en ese momento, los denunciantes apuntaron hacia la ética del profesional.
ÉTICA DIVISIBLE
El 20 de mayo de 2014 ingresó al Cmu la denuncia presentada por los vecinos. Primero se debía probar que Castilla era el autor de la carta y las declaraciones, y luego probar que eso constituyera una falta a la ética profesional. El Tem sancionó en diciembre del año pasado al doctor Máximo Castilla, con la “inhabilitación para el ejercicio profesional por el lapso de tres meses”. La decisión unánime estuvo a cargo de los médicos Baltasar Aguilar, Hugo Rodríguez, Edmundo Batthyany, Roberto Maslíah y Rafael Lombardi.
Sin embargo, apelación mediante, el Consejo Nacional del Cmu, a través de un tribunal de alzada, revocó el fallo, dejando sin efecto la sanción. Ante el Tem, Castilla no sólo confirmó la autoría de la carta y de las declaraciones, sino que insistió con los agravios a los vecinos de su predio. El fondo, por cierto, es más profundo. Castilla lo sabe: “Qué tiene que ver esto de la fumigación con la ética profesional (…) yo pensé que era sólo la parte médica lo que juzgaba el tribunal, el comportamiento de un médico como persona y como profesional”.
Según se detalla en las actas a las que accedió Brecha, el médico sojero insistió ante el Tribunal de Ética en agraviar a la familia Pascual: “Viven en un mugrero que da miedo”, donde habría “leptospirosis, dengue y ratas”. También afirmó que su vecina “es una enferma psiquiátrica (…) una maestra que no va a trabajar porque siempre está con licencia médica, cuando no es licencia psiquiátrica es licencia de reuma, cuando no es de reuma está decaída, ella siempre tiene una excusa”. Interrogado sobre si había accedido a la historia médica de Pascual para hacer tales afirmaciones, el doctor lo negó rotundamente.
Y en este punto nace una de las grandes diferencias de interpretación entre el Tem y el Tribunal de Alzada. El primero detalla: “Que si la violación a la confidencialidad constituye inequívocamente una falta ética, no lo es menos en el caso en análisis, en que la divulgación de la información no fue por negligencia sino deliberadamente para causarle daño y descrédito a los denunciantes. Además, agrava la falta el hecho de que –según el propio denunciado– ni siquiera le constaba en forma fehaciente lo que hizo público, sino que a su juicio se trata de hechos que son vox pópuli y que ‘todo el mundo lo sabe’”.
Para el Tribunal de Alzada, aunque reconoce “excesos” y “palabras poco elegantes”, “una expresión injuriante será relevante en el plano de la ética médica cuando afecte a pacientes, colegas o integrantes del equipo de salud, pero no lo es cuando afecta a otros ciudadanos con los cuales no está relacionado profesionalmente como es en el presente caso”.
El Tribunal de Alzada compuesto por Óscar Balboa, Ramiro Failache, Inés Vidal, Gerardo López Secchi y Jorge Torres entendió que analizar las declaraciones de Castilla “supone ingresar en un campo ajeno a las competencias de los tribunales del Colegio Médico del Uruguay, área que por el contrario corresponde a los tribunales civiles y penales de la República”.
Y SIN EMBARGO
Un dato interesante se desprende de la fundamentación del voto de Aguilar y Batthyany en el Tem: “Surge probado en el procedimiento el daño a la salud que se ha ocasionado como consecuencia de la fumigación (reiterada y no ocasional) de los cultivos realizada por el doctor Máximo Castilla”. La afirmación se basa en el informe de la directora de Salud Ambiental y Ocupacional del Msp, Carmen Ciganda, que fue presentado ante la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) con posterioridad a la denuncia en el Cmu.
Por tanto, los vecinos no incluyeron estos hechos en la denuncia, lo que a su vez impidió al Cmu de pronunciarse sobre el asunto, ya que debe ceñirse estrictamente a la imputación presentada (los dichos y la carta divulgada por el médico). “Contrariamente a lo sostenido por el denunciado, quien considera que el tribunal no tendría competencia para expedirse sobre daños a la salud derivados de su actividad agropecuaria, cabe enfatizar que es sólo por razones del necesario apego a las formalidades procesales que no se ingresará al fondo de las graves situaciones referidas”, aclaró el Tem.
Según Castilla, que Adriana Pascual ponga la piscina, la mesita y las muñecas de su hija del lado de su campo demuestra que ella “está mal de la cabeza”. Sin embargo, los vecinos organizados de Picón lograron llamar la atención de las autoridades. Ejemplo de esto fue la presencia de tres representantes de la Dirección de Servicios Agrícolas del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (Mgap) –incluido su director general, Inocencio Bertoni– en una reunión “informal” con los vecinos, donde escucharon sus reclamos. El 5 de marzo se llevó a cabo una reunión interinstitucional entre los actores involucrados a propuesta de la Intendencia de Canelones (IC), con la idea de “ajustar los protocolos de acción”, atender “casos agudos” como éste, y “avanzar en soluciones de fondo”, coordinación que desembocaría en la reunión más importante que se dio hasta el momento en relación con el caso: la del 13 de marzo en la escuela de la zona.
En este encuentro, que fue presenciado por Brecha, participaron las autoridades de todos los organismos públicos vinculados al tema: Mgap, Msp, Dirección Nacional de Medio Ambiente, IC, Dirección Departamental de Salud, Primaria y la Inddhh. Allí la IC presentó una propuesta concreta, la creación de una nueva categoría territorial: “centro poblado rural”. La propuesta mantiene el rótulo de “rural”, una de las mayores preocupaciones de los vecinos, ya que no se reconocen dentro de la categoría “suburbanos”. Según explicó a este semanario el director general de Gestión Ambiental, Leonardo Herou, “esto implica reconocer que en el departamento de Canelones existen lugares con mayor concentración de población que requieren una atención especial”.
Agregó que ya se ajustó el borrador con la intendenta, Gabriela Garrido, y que la IC “sacará en breve una resolución que tendrá como objetivo viabilizar la permanencia de la población en esta zona y promover las condiciones socioambientales para garantizarlo”. Luego que la resolución se haga efectiva, deberá trasladarse a la Junta Departamental para ser incorporada a las directrices departamentales. Recién ahí se sabrá con mayor claridad lo que implica en la práctica esta nueva categorización, y cuáles son las posibilidades reales de articulación entre los actores para dar respuestas efectivas y concretas al problema. Hasta el momento, y tal como se expresó en la reunión, el Mgap, el Msp y la Dinama ven con buenos ojos esta propuesta. Las autoridades prometieron celeridad ante los vecinos.
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5) Junta de Canelones discute hoy multas por un total de un millón de dólares a productor de Paso Picón.
(La Diaria)
La Junta Departamental de Canelones analizará hoy la imposición de cinco multas a tres productores rurales del departamento por incumplimiento de la normativa ambiental. Tres corresponden al médico Máximo Castilla, de Paso Picón; dos son por 10.000 unidades reajustables (UR) y una por 15.000 UR, que en total implican una cifra cercana al millón de dólares. Las tres son por el mismo concepto: fumigación, y reiteración de fumigación, “en al área de exclusión de actividades que generen perjuicio a la salud de los pobladores o al ambiente de 300 metros en torno al perímetro rural con asentamientos humanos”. Otra de las multas, por 20.000 UR (unos 625.000 dólares), es contra el propietario de un predio en el paraje Las Brujas, por “alteración física del territorio en un ámbito cautelado”: abrió un canalón para poder llevar su embarcación al río Santa Lucía. La tercera, también por 20.000 UR, es contra un productor de la cuenca de la Laguna del Cisne por “modificación predial de un ámbito cautelado”, ya que secó un bañado para tener más terreno para cultivar.
Según explicó el edil por el Frente Amplio (FA) Maximiliano Rivero, las multas mayores a las 70 UR deben recibir la aprobación de la Junta Departamental; las que son de hasta 210 UR, por mayoría simple (16 votos) y las de montos mayores, por dos tercios de los ediles (21 votos). Añadió que las multas al productor de Paso Picón son altas “por reiteración de la fumigación en una zona prohibida”.
La bancada del FA, integrada por 19 ediles, está decidida a aprobar las multas. “Queremos dar una señal a los vecinos del departamento, a los productores, a todo el mundo, de que acá hay normas y se tienen que respetar”, afirmó Rivero. “Está el mito de que las multas son bajas, entonces el productor viene, paga y sigue contaminando, y estas multas desmitifican eso. Las multas duelen, son altas, para disuadir de que se siga contaminando el ambiente”, argumentó. Consideró que se debe intentar “conjugar la historia productiva del departamento, los pequeños productores, los chacreros, con todo el avance de la tecnología aplicada a la producción y, como siempre, hay una contraposición de intereses: el capital, que busca rentabilidad, acumular y acumular, y por otro lado la salud, el ambiente, la vida de la gente”.
Pero para que las multas se aprueben faltan dos votos. La bancada del Partido Nacional (PN, de nueve ediles) y la del Partido Colorado (de tres) resolverán hoy, antes de la sesión, una postura sobre el tema. Castilla, que pertenece a una agrupación nacionalista, fue recibido por la bancada del PN y anunció que presentará recursos contra las multas. El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca lo multó en junio de este año con 60 UR por “la existencia de daño por deriva en predio de denunciantes”, y el Ministerio de Salud Pública comprobó “la exposición reiterada a plaguicidas por parte de la población residente de la zona y que la misma ha afectado la salud de los pobladores”.
Integrantes de la bancada nacionalista dijeron a la diaria que la mayoría de los ediles está dispuesta a aprobar una multa ante los incumplimientos, pero que no están de acuerdo con el monto, que sería “expropiatorio”. Rivero señaló que el “carácter confiscatorio es propio del derecho tributario”, y esta es una sanción y no un tributo. Añadió que los productores “tienen capacidad de pago de la multa; tienen tierras en muchas partes de Canelones”.
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