1) Comisión Investigadora sobre espionaje militar: Servicios coordinados
2) Ejecutivo terminó de redactar reglamentación de la ley de medios y ahora recibirá aportes de la sociedad civil
3) Gobierno otorgará a UPM una terminal portuaria para celulosa
4) AEBU denuncia privatizaciones y represión anti sindical en el BROU
5) Peón agredido en Salto comenzará juicio por créditos laborales y se espera pronunciamiento en la causa penal
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COMCOSUR AL DÍA / AÑO 18 / Nº 2147 / NOTICIAS Y PENSAMIENTOS / Viernes 13 de octubre de 2017 / Producción: Andrés Capelán
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“Vivimos en la mentira del silencio. Las peores mentiras son las que niegan la existencia de lo que no se quiere que se conozca.
Eso lo hacen quienes tienen el monopolio de la palabra. Y el combatir ese monopolio es una tarea central.” — Emir Sader
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1) Comisión Investigadora sobre espionaje militar: Servicios coordinados
Mauricio Pérez (Caras y Caretas)
El capitán de navío Jorge Saravia, ex jefe del Departamento I de Inteligencia, confirmó que la tarea de recopilación de información era una política institucional y descartó que se tratara de actividades aisladas.
Durante años, los servicios de la Dirección General de Información y Defensa (DGID) se dedicaron a recopilar información sobre asuntos de carácter político, económico, psicosocial y militar. Ese trabajo incluyó la elaboración de carpetas sobre personas y organizaciones sociales y políticas. Se trató de un trabajo coordinado entre distintas dependencias que se sustentó en “información abierta”, o sea, en información pública cuyo objetivo era preservar la seguridad. Así lo afirmó el capitán de navío Jorge Saravia, exjefe del Departamento I de Inteligencia, al comparecer ante la comisión investigadora por espionaje militar en democracia.
En su intervención, Saravia diferenció entre recopilación de información y espionaje. Dijo que uno de los trabajos de los servicios es, precisamente, recabar información sobre la actualidad para su evaluación. El trabajo tenía como objetivo mantener informadas a las autoridades sobre posibles actos que afectaran la seguridad nacional; el destinatario final era el ministro o el propio presidente de la República. “Si bien, por la vía jerárquica, dependíamos del ministro, suponía -y supongo- que el destinatario final era el Poder Ejecutivo. No sé si llegaba o no, pero la tarea se hace con esa finalidad. Tal vez en algún momento se hiciera y en otros, no”, señaló Saravia.
Por este motivo, el archivo “era lo más amplio posible; abarcaba prácticamente todos los temas […] dentro del plan de colección abierto que teníamos, la información se archivaba como venía”. “Si estamos hablando de Inteligencia, el fichero es imprescindible. No se puede hablar de Inteligencia si no hay fichero y registro de información. La importancia de una agencia o unidad de Inteligencia no se mide por el valor que puedan tener las operaciones que realiza o los asesoramientos que tiene, que realmente no trascienden. Su peso, su importancia y la seguridad de un país radican en qué tan bueno sea ese archivo”, aseveró.
“Nosotros escuchamos hablar mucho del Mossad y de la CIA, pero pocas veces del fichero inglés. ¿Por qué se dice que el servicio secreto inglés es el más capaz o más completo? […] Se sostenía eso porque en ese archivo existen fichas desde los años 1700 o 1800. En una Guía del Tercer Mundo leí que allí estaba la ficha de José Artigas”, enfatizó Saravia.
Según Saravia, la información se obtenía en base al análisis de diarios y semanarios, que se hacía todos los días, a las 6.00 horas, por un grupo de ocho personas que seleccionaba los artículos, sacaban fotocopias, hacían un resumen y lo archivaban. Por ejemplo, si un diputado hacía manifestaciones sobre una situación nacional, “esa información iba a una carpeta en la ficha de ese legislador o de la personalidad de la que se tratara”.
Entre 1996 y 1997, la DGID analizó diversos asuntos, algunos con especial atención, como el caso de los atentados a la AMIA y a la embajada de Israel en Argentina. “Ese tipo de cosas se trabajaba como una amenaza posible hacia Uruguay, lo que implicaba prestar atención a las comunidades palestinas y a las declaraciones que se hicieran en ese orden”, dijo. También existió una especial atención sobre las migraciones masivas (basándose en lo que sucedía en Europa y otros países de América), la posible construcción del puente entre Colonia y Buenos Aires, las denuncias del exsenador Carlos Julio Pereyra sobre venta de campos a brasileños en la frontera o la actividad del Movimiento sin Tierra en la frontera seca entre Uruguay y Brasil.
Sin embargo, esa recopilación no se trataba de una actividad ilegal ni de operaciones secretas y descartó la existencia de espionaje. “Tengo claro qué son las pesquisas secretas; sé que son ilegales, que no se debían realizar y no las realizamos”, dijo. En ese contexto, el presidente de la comisión, el diputado Gerardo Núñez, se refirió a diversos documentos, que llevaban su firma, que no parecían ser elaborados en base a “información abierta”, como reuniones en un comité del 26 de Marzo, un informe sobre el cuerpo de seguridad del Partido Comunista o de los asistentes al V Foro de San Pablo.
El militar dijo no saber cómo se recabó la información y apuntó a la actuación de otras agencias. “No tengo idea de cómo llegó. Sin duda, vino de otro departamento o de otra agencia de ese estilo y quedó adjuntado”. La información “llegaba a través de otras agencias u otros departamentos, o algo por el estilo. Podía ser -no estoy diciendo que lo sea, hasta que no vea qué es- la Dirección Nacional de Información e Inteligencia. ¿La Policía? Sí. O la Armada, el Ejército o la Fuerza Aérea, pero lo dudo. Ahora supongo que eso está hecho dentro de un plan de recolección”, dijo.
“De cualquier manera, esa información debe tener una evaluación […] obviamente, yo no voy a decir que eso lo saqué de un diario, porque es obvio que no. Pero también digo: simplemente se adjuntó dentro de lo que tenía que ver con el [cuerpo de seguridad del] Partido Comunista; no creo que eso sean amenazas”, señaló. Y apuntó que la Armada asumió la dirección de la DGID en 1994 y que “el archivo venía desde mucho antes”, por lo que desconocía los criterios que llevaron a la selección de la información.
Saravia reconoció que esa información también podía elaborarse en base a los datos aportados por informantes, aunque dijo no conocer cómo era ese asunto de estos (“el pago, si hay contrato, si era alguien que iba y daba una información, porque chau o algo por el estilo, que son completamente diferentes”). “Puede ser información absolutamente abierta y no implica que alguien la haya ido a buscar, que haya hecho un seguimiento o haya predispuesto tal cosa y tal otra”.
Pero no era espionaje. “Estamos hablando de información absolutamente abierta. Espionaje y explotar fuentes cerradas son otra cosa completamente distinta, y eso no sólo no se podía hacer por el marco legal -si bien no era nuestra misión-, sino que -creo que mis jefes también lo habían dicho- tampoco había medios para efectuar ese tipo de tareas desde el Departamento I”, afirmó.
Asimismo el militar expresó que la elaboración del fichero no implicaba una distinción entre amigos o enemigos. “El hecho de figurar en alguna parte del archivo o del fichero no significa que estamos hablando de culpabilidad o de que se está sentenciando o seleccionando. Simplemente es una guía para iniciar una investigación”. Y valoró la distinción de Espacio Marxista (que incluía al PCU) o de Espacio Radical (que incluía al MLN-T) como rémoras que quedaron de la dictadura. “Lo que sucedió en ese entonces fue que el campo político era muy grande, y el campo militar venía de la época de la dictadura con los movimientos irregulares o subversivos puestos dentro del campo militar, lo que se siguió un tiempo más. De todos modos, desde el punto de vista de análisis, todo iba al mismo lugar”, señaló.
“Hoy no se cuál es la colección que realiza cualquier servicio de Inteligencia o, mejor dicho, lo que es hoy la DGID. En este sentido, no sé si anotan lo del camión del 26 de marzo o si viene algo del 26 de marzo, si alguien lo lleva. Acuérdense también de que arrastramos un montón de costumbres y de cosas que se han ido eliminado a lo largo de los años. Yo fui jefe de departamento [en 2006] y se hacía exactamente lo mismo cuando la señora [Azucena] Berrutti era la ministra. Reitero, no era el caso de estos partes, pero lo que era apreciación, situación y colección es exactamente igual. Acá y en la China es así; no hay nada de malo y sí de necesario”, aseguró.
En este sentido, el testimonio de Saravia permite confirmar que estas tareas eran una práctica institucionalizada, con un objetivo específico de recopilar información, al tiempo que -ante una pregunta del diputado Jaime Trobo- descartó actividades de efectivos por fuera de la cadena de mando. “A mí no me consta para nada eso. No me imagino. Si bien había cosas que se hacían en forma automática, como esto por ejemplo [los documentos sobre espionaje], pueden darse a muchas sospechas y cosas que no las había, y que supongo que directamente venía y, como tal, se archivaba. Era una cosa rutinaria que, sin duda, no la vieron ni los directores ni el ministro. Es así”, justificó.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 13 DE OCTUBRE DE 2017
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2) Ejecutivo terminó de redactar reglamentación de la ley de medios y ahora recibirá aportes de la sociedad civil
(La Diaria)
La Comisión Honoraria Asesora de los Servicios de Comunicación Audiovisual (CHASCA) recibió el borrador de reglamentación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA) elaborado por el Poder Ejecutivo. La ley fue aprobada en diciembre de 2014. Este año el Ministerio de Industria, Energía y Minería elaboró un borrador de reglamentación que remitió a Presidencia de la República, donde se hicieron algunos ajustes y finalmente se hizo circular el documento. El gobierno recogerá opiniones de la CHASCA, que no son vinculantes, para luego emitir el decreto de reglamentación.
El Consejo de Comunicación Audiovisual (CCA), organismo rector de la norma, tendrá que establecer un mecanismo de denuncias de presiones directas e indirectas a los comunicadores. Además, dará publicidad al registro de servicios de comunicación audiovisual y al registro de sanciones en comunicación que hoy gestiona la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicaciones (Ursec).
Por otra parte, la reglamentación obliga a los medios a establecer lenguaje de señas en los programas informativos a partir de mayo de 2018, y a partir de agosto de 2018 les exige lenguaje de señas o sistema de subtitulado para los programas informativos y para “tres programas periodísticos, de debate, deportivos, culturales o de interés general de producción o coproducción propia incluidos en su grilla, a elección del propio servicio de comunicación audiovisual”. En mayo de 2019, deberán implementar este sistema en todos sus programas de producción o coproducción propia.
En cuanto a la transmisión por televisión abierta de las instancias definitorias de las selecciones nacionales, se entiende por tales la final y semifinal de un torneo o, en caso de que no existan estas instancias, a los dos últimos partidos de la serie, “siempre que la selección nacional mantenga chance matemática de hacerse con el título del torneo”. En cuanto a las instancias clasificatorias, deberán transmitirse por televisión abierta “todos los partidos cuyo resultado pueda determinar directamente la clasificación o eliminación de la selección nacional del torneo internacional en cuestión”.
Sanciones previstas
En materia de control del cumplimiento de la cuota de producción nacional –la ley de medios establece un porcentaje mínimo de 60%–, se establece que los titulares de los canales deberán remitir semanalmente su grilla de programación al CCA o a la Ursec, con una antelación mínima de 48 horas. Se tomará como base esta declaración para luego fiscalizar el cumplimiento de la norma. A los efectos del cálculo del porcentaje, en el caso de los programas dirigidos a niños, niñas y adolescentes, educativos o de ficción, cada hora de programación contará como una hora y media. En el caso de las señales temáticas, con excepción de las musicales, se las obliga a cumplir con la mitad del porcentaje de producción nacional (30%).
En cuanto a la producción nacional en radio, que la ley fija como mínimo en 30%, el borrador de reglamentación explica que se entiende por tal la música nacional tanto de autores como de compositores e intérpretes. Si es una banda, contabiliza para el cumplimiento de la ley si más de la mitad de los integrantes son uruguayos. El contralor de esta medida se efectuará “mediante la solicitud semanal, rotativa y aleatoria a efectuarse por el órgano de aplicación de los listados completos de programación musical” de la semana inmediata anterior de cada radio.
Para usufructuar una licencia de servicios de comunicación audiovisual se debe acreditar “capacidad económica”, incluyendo “certificación contable del estado de situación patrimonial”, activos y pasivos.
La ley de medios establece que los canales de televisión para abonados están obligados a incorporar todas las señales abiertas nacionales en su grilla. En la reglamentación se agrega que “los operadores de servicios de televisión para abonados destinatarios deberán maximizar la calidad de las señales a transportar, sin discriminar mediante la reducción de la misma, las señales que les son entregadas”. Además, deberán presentar estas señales abiertas “en canales contiguos y siguientes de la grilla de señales, prohibiéndose la inclusión de señales internacionales entre medio”.
Ursec comenzará a controlar en 2019
La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA) da plazo hasta enero de 2019 para regularizar su situación a los medios que excedan los límites previstos en materia de concentración. La norma dispone que una persona física o jurídica privada no puede ser beneficiada con la titularidad, total o parcial, de más de tres autorizaciones para prestar servicios de radiodifusión abierta de radio o televisión, ni más de dos para prestar servicios de radiodifusión abierta en la misma banda de frecuencias –amplitud modulada (AM), frecuencia modulada (FM), televisión– en todo el territorio nacional.
Al mismo tiempo, establece que una persona física o jurídica privada no puede ser beneficiada con la titularidad total o parcial de más de seis autorizaciones o licencias para prestar servicios de televisión para abonados ni más de una autorización o licencia para un mismo o similar ámbito de cobertura local.
El borrador de reglamentación elaborado por el Poder Ejecutivo interpreta el concepto de “cobertura local” y entiende que este corresponde a “unidades sociodemográficas”. Por ejemplo, en el caso de un cablero que tiene una licencia para operar en Tala y San Ramón, se considera que tiene una sola licencia.
El director de la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicaciones (Ursec), Nicolás Cendoya, explicó a la diaria que el organismo esperará a que esté pronta la reglamentación y a que se instale el Consejo de Comunicación Audiovisual (CCA) –organismo rector de la norma– para elaborar un plan de trabajo y empezar a controlar los límites a la concentración establecidos en la ley. De todos modos, Cendoya explicó que algunos grupos mediáticos en el interior ya iniciaron el proceso de regularización.
Sin Andebu
Además del CCA, la ley dispone la creación de una Comisión Honoraria Asesora de los Servicios de Comunicación Audiovisual (CHASCA), que, entre otros cometidos, asesorará al Poder Ejecutivo respecto del borrador de reglamentación. Ayer hubo una reunión de la CHASCA para fijar un reglamento de funcionamiento. Según supo la diaria, la gremial que nuclea a los dueños de radios y canales de televisión privados, Andebu, no presentó representantes para integrar la comisión. El lugar de los empresarios en el organismo lo ocuparán, en cambio, la Asociación de Radios del Interior y la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados. Andebu presentó recursos de inconstitucionalidad contra la ley de SCA, que, salvo en algunos puntos, fueron desestimados por la Suprema Corte de Justicia.
La CHASCA está integrada por 17 personas, entre funcionarios gubernamentales y representantes empresariales, de trabajadores y de la sociedad civil. Lilián Celiberti, de Cotidiano Mujer, y Paula Baleato, de la organización Voz y Vos, representarán a la Coalición por una Comunicación Democrática (CCD) en la CHASCA. En representación de las organizaciones de la sociedad civil también asistirá Néstor Silva, de Mundo Afro. Gabriel Kaplún irá por la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República, y Richard Danta por las universidades privadas. Mario Handler representará a la industria de la producción de contenidos audiovisuales. La Asamblea General no designó a sus representantes en la CHASCA, y tampoco eligió los representantes del CCA, como está obligada a hacer desde 2014.
Por otra parte, algunos integrantes de la CCD tienen reparos con la reglamentación planteada por el Ministerio de Industria, porque a su entender quita potestades al CCA y, en cambio, refuerza el rol de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones. Al mismo tiempo, piensan que debería haber referencias específicas en la reglamentación al capítulo de derechos de la niñez, para que algunas disposiciones puedan ser aplicables.
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3) Gobierno otorgará a UPM una terminal portuaria para celulosa
(El País)
Las negociaciones entre el gobierno y UPM se han vuelto más complejas de la cuenta. Las autoridades del Poder Ejecutivo quieren cerrar el negocio, pero las exigencias de los finlandeses han sobrepasado las intenciones de conceder del gobierno nacional. Esto demoró la firma del acuerdo de entendimiento, que se postergará más allá de octubre, la última fecha planteada por el presidente de la República, Tabaré Vázquez.
Ayer el ministro de transporte, Víctor Rossi, explicó a la prensa que todos los días tiene reuniones de trabajo por la instalación de la segunda planta de UPM. Incluso adelantó que se generará una terminal especializada en celulosa en el puerto de Montevideo, ya que de concretarse la inversión los volúmenes de la materia prima justificarán esa concesión. Para el presidente Vázquez la inversión tiene que "salir o salir", así se lo transmitió el mandatario a su equipo de gobierno. Y en ese sentido los diferentes equipos trabajan para lograr acercar a las partes.
Las demoras en lograr el acuerdo se debieron, en parte, a la insistencia de la delegación finlandesa en que el gobierno los exonere del pago del Impuesto al Patrimonio de las plantaciones forestales. La fábrica no pagará ese impuesto ya que funcionará en régimen de Zona Franca, pero la multinacional finlandesa quiere que ese beneficio se extienda a toda su cadena productiva. Un beneficio igual que el gobierno de José Mujica otorgó a la otra empresa productora de celulosa, Montes del Plata. Sin embargo el presidente Vázquez ya comunicó públicamente que el gobierno no está dispuesto a realizar esa concesión.
La delegación del Ejecutivo explicó que esa exoneración implica una cifra cercana a los tres millones de dólares anuales, en un proyecto que superará los 4.000 millones de dólares. Pero los negociadores de UPM expresaron que su proyecto pasará a ser el más importante en la historia de Uruguay, e incluso para el grupo finlandés implica su proyecto más grande a nivel mundial. Por eso sostienen que no pueden confirmar su inversión teniendo competidores directos que han sido beneficiados con la exoneración.
La delegación uruguaya ha explicado que este "es otro gobierno" y no puede hacer concesiones que no estén amparadas por la Constitución y la ley, y según el argumento del gobierno, otorgar esa exoneración estaría "fuera de la ley". En ese sentido los finlandeses han incrementado sus exigencias en otras aéreas: precio que pagarán por el uso de la electricidad, canon, beneficios en el Puerto de Montevideo, y disposiciones laborales.
Sobre este último punto, según comentaron desde el gobierno a El País, los finlandeses pretenden una flexibilización de la ley sobre contratación de personal extranjero. La norma establece que el 75% de los funcionarios que se empleen en la construcción de la fábrica tienen que ser uruguayos. El restante 25% puede ser de extranjeros. A su vez UPM espera por conocer los avances en la reconstrucción del ferrocarril; inversión imprescindible para confirmar la megainversión. El ministro Rossi dijo que esperan presentar los pliegos antes del cierre de este mes. "Estamos trabajando muy intensamente, nuestra aspiración es que en este mes de octubre se concrete el llamado si no pasa nada raro", dijo.
Oposición amenaza con interpelar a ministros.
A raíz de la renuncia del integrante del equipo económico, Andrés Masoller, por discrepancias con las negociaciones que el gobierno estaba llevando adelante con UPM, los dirigentes de la oposición exigieron información y acusaron de "secretismo" al Poder Ejecutivo. La vicepresidenta, Lucía Topolansky, se comprometió con los representantes de todos los partidos políticos en oficiar de nexo entre ambos poderes para mantener informados a los partidos políticos.
Sin embargo hasta ahora no ha habido novedades y los legisladores esperan las comparecencias de los ministros involucrados a las comisiones parlamentarias. Ante esas demoras, los parlamentarios opositores amenazan con convocar a los ministros mediante el régimen de interpelación o comisión general.
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4) AEBU denuncia privatizaciones y represión anti sindical en el BROU
(La República)
En el marco del conflicto por la reestructura que enfrenta el Banco República (BROU) y la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU), en el día de ayer el sindicato declaró que se seguirá con la aplicación de algunas medidas de lucha.
“La población es la más afectada con la reestructura que piensa hacer el Banco República, los trabajadores hemos decidido hacer en los próximos días una campaña de denuncia, esperando la respuesta del Consejo Central. Seguiremos con el corte de las horas extras y la participación de los cursos de capacitación fuera del horario de trabajo, tal como lo veníamos haciendo desde hace un par de semanas.
Además, se resolvió iniciar algunas medidas en los edificios centrales con el objetivo de no dificultar la atención al público en ninguno de los sectores”, declaró a LA REPÚBLICA Matías Albizu, presidente del Consejo del Sector Financiero de AEBU.
Declaró que el sindicato hará todos los esfuerzos para no afectar, en ningún momento, al público, ya que el mismo es considerado como un “aliado”. Sin embargo, advirtió que la situación dependerá de las decisiones adoptadas por el Banco República. “Hemos logrado un ámbito tripartito de negociación, lo cual no es menor. Los trabajadores continuaremos apelando a la negociación, porque es la única forma de buscar una salida a este conflicto”, agregó.
Afirmó que realizarán un acto en Colonia y Miguelete el martes de la semana que viene y además serán convocados todos los trabajadores del departamento de Colonia y Soriano. “Estamos trabajando en la implementación de un nuevo acto en la puerta de la Agencia del Mercado Modelo. Recordamos a toda la población que el sindicato tiene previsto el cierre de las dependencias.
Seguimos luchando en defensa de todos los uruguayos, en contra de esta reestructura que demuestra el achique del Banco de la República, que avanza hacia la atención de los usuarios a través de privados. Cabe mencionar que no nos negamos a la complementación de los servicios a través de estas empresas, lo que renegamos es la sustitución del trabajo y de los servicios que brinda el Banco República a través de los corresponsales”.
“Las declaraciones del BROU no se ajustan a la realidad”
Lorena Lavecchia, integrante del Consejo del Sector Financiero de AEBU, declaró a LA REPÚBLICA que el BROU compareció el pasado martes ante la Comision de Legislacion del Trabajo en el Parlamento. “Queremos hacer algunas aclaraciones: hay algunas cuestiones planteadas por parte del directorio del Banco República que no se ajustan con la realidad”.
Afirmó que el BROU no reconoce que existe privatizaciones en determinadas áreas y que las mismas aumentan los costos del Banco República. “Estamos pagando 600 pesos la hora por cada trabajador cuando ellos terminan recibiendo entre 87 y 100 pesos. Sin embargo, el salario de un trabajador en la banca oficial es de 250 la hora. Entonces, hay todo un pico que se están quedando estas empresas que son contratadas por el Banco República”.
Mencionó que el directorio negó el hecho de que el Banco República tiene menos ganancias que los privados. “Está claro que el BROU está dejando mercado hacia los privados, lo que está repercutiendo no solamente en los ingresos de una empresas del estado que se debe distribuir entre todos los uruguayos, sino que también está precarizado el trabajo y eliminado servicios en el Interior y en Montevideo”.
“Además, la ciudadanía se está viendo impulsada a otros canales de atención porque no le atienden las llamadas o los mails. Muchos dicen que el público es responsable del cierre de las agencias y esto es una barbaridad, sin duda es una negativa absurda a lo que es la realidad. Lo que está haciendo el Banco República es expulsando a los clientes hacia los corresponsables”, agregó.
En términos generales, denunció que estas acciones redundan en un aumento en los gastos del banco estatal, por lo que los uruguayos “pagan más por menos servicios” a la vez que los trabajadores están recibiendo menos dinero por las mismas tareas. “Eso para nosotros es muy grave. Estamos alertando a la población. No queremos un conflicto, pretendemos negociar de buena fe. Pero tampoco queremos resoluciones tomadas a puertas cerradas en el Ministerio de Trabajo, donde ni siquiera se nos plantea cuál es la decisión”.
Asimismo, Lavecchia mencionó que la reestructuración está mostrando una pérdida “preocupante” de puestos de trabajo. Según sus palabras, en el 2013 habían 4260 trabajadores, mientras que actualmente existen unos 3700. “La función de trabajo se sigue haciendo, pero la hacen los becarios de “Yo estudio y trabajo”, que ganan 14 mil pesos. Ellos están sustituyendo a todos los porteros”.
“Siguen sin existir fundamentos sobre por qué el banco cierra las sucursales cuando están proliferando instituciones financieras en los mismos lugares. Creemos que el Banco República tiene un rol social y de fomento fundamental. Tenemos la documentación para que los parlamentarios sepan cuál es la realidad que estamos viviendo, no solamente respecto a las privatizaciones y al mal uso de los dineros públicos sino también a la represión sindical que los trabajadores hemos sufrido.
Además, cabe mencionar que el directorio no quiere negociar porque no nos proporciona la información. Por tanto, seguiremos realizando propuestas al directorio. Vamos a negociar de buena fe, no sobre la base de falsas premisas. El Banco República tiene que reconocer que hay privatizaciones, después nos sentamos a negociar cuales ameritan una presupuestación permanente y cuáles no”, agregó.
La represión anti sindical
Según Albizu, en el último paro general del Pit-Cnt, cuando el sindicato definió el corte de media hora antes del horario habitual, el BROU amenazó a las trabajadores con la aplicación del decreto 401 y a los gerentes de las dependencias con el inicio de una investigación sumaria en caso de que no se informara qué trabajadores habían dejado de realizar la tarea. Sin embargo, mencionó que el banco resolvió no utilizar el decreto ni la investigación ante la decisión firme de los trabajadores de seguir con la medida. Resaltó que el directorio dejó la puerta abierta para realizar dicha amenaza en futuras oportunidades.
“Es fundamental informar, a través de cartelería, al público sobre todo lo que está sucediendo, porque la población es aliada nuestra de la defensa de las empresas del Estado. Sin embargo, el banco retiró el material sindical que estaba a la vista del público. Este hecho es preocupante y no había ocurrido bajo ninguna otra administración. Incluso, en épocas más complicadas se permitió la información en las mostradores como fue, por ejemplo, en los 90. Por tanto, no entendemos este posicionamiento y lo catalogamos de represión sindical”, agregó.
En términos generales, mencionó que se lograron reivindicaciones de hace muchos años como es el caso de la capacitación, la cual debe ser realizada en horario de trabajo y no como el banco la forzaba a efectuar: fuera del horario de trabajo.
“Tanto el decreto 401 o la aplicación de la esencialidad que se han establecido en algunas empresas del Estado ha sido moneda corriente en los últimos conflictos. Evidentemente es un acto de represión y un intento de evitar cualquier tipo de movilización. No queremos afectar al público, pero nos mantendremos firmes en la defensa de las empresas públicas, de los puestos de trabajo, del banco oficial y en contra del achique y de las privatizaciones”, declaró.
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5) Peón agredido en Salto comenzará juicio por créditos laborales y se espera pronunciamiento en la causa penal
(La Diaria)
El martes fue la reconstrucción de los hechos que ocurrieron el 18 de setiembre en la estancia Flor de Ceibo, a 50 kilómetros de la ciudad de Salto, cuando el trabajador rural Hugo Leites, hasta ese día peón de la estancia, fue azotado por el capataz del establecimiento, Paolo Rodríguez, luego de que el trabajador le reclamara cumplir con la jornada de ocho horas. Leites denunció al capataz por lesiones personales, al capataz y al dueño de la estancia, Ernesto Estévez, por omisión de asistencia, y también al estanciero por amenazas, porque este lo amenazó para que no hiciera la denuncia. Después de haber recibido asistencia médica y de que se le constataran heridas en la espalda y de que en la cara, producto de los golpes del capataz con el rebenque, el miércoles 20 de setiembre el trabajador hizo la denuncia de lo sucedido. Luego de las declaraciones de los tres involucrados, el fiscal de la causa, Ricardo Lackner, ordenó que se hicieran pericias psicológicas y psiquiátricas al capataz y al peón, y también pidió los datos de la historia clínica de Leites, para que el perito forense pueda ampliar su primer informe. En aquel entonces sólo pudo constatar las lesiones en la espalda y la cara, consideradas leves, pero no pudo registrar la fractura o fisura de la costilla que también sufrió Leites, porque no tenía los medios necesarios.
Lackner también pidió una reconstrucción de los hechos, que se llevó a cabo el martes a las 12.00. La reconstrucción duró más de tres horas, en las que Leites, Rodríguez y Estévez dieron sus versiones de cómo se produjeron las lesiones. Gabriel Cartagena, abogado de Leites, se limitó a comentar que está “muy tranquilo, porque mi cliente contó la versión tal cual la viene contando”. Comentó que un dron de la Policía grabó toda la reconstrucción, y que también hubo registro fotográfico de lo que ocurrió. Ayer el informativo de Radio Uruguay difundió que durante la reconstrucción el capataz habría reconocido ser el autor de la golpiza que recibió Leites, pero Cartagena no quiso hacer afirmaciones al respecto, para no romper el secreto de presumario. El abogado consideró que la reconstrucción “es elemental para ponerse en el lugar” de la víctima, y comentó que “para quienes estamos acostumbrados a la ciudad”, el escenario en el que sucedieron los hechos, a unos cinco kilómetros de la ruta, sorprende, porque da cuenta de una “soledad única. Uno miraba la lejanía y en el horizonte sólo veía pradera y animales”.
El abogado estima que el procesamiento de la información generada en la reconstrucción llevará unos días, y espera que llegue, también, la ampliación del informe del médico forense. Esto podría determinar un cambio del presunto delito, ya que si las lesiones generadas le llevan a la víctima hasta 20 días de recuperación se consideran lesiones personales leves, delito que podría derivar en un procesamiento sin prisión, tomando en cuenta que Rodríguez no tiene antecedentes penales; si las lesiones implican más de 20 días de recuperación, se consideran graves, lo que podría derivar en un procesamiento con prisión del capataz.
Cartagena consideró que el proceso hasta el momento ha tenido una “celeridad enorme”, pero explicó que la situación actual de Leites es de mucha presión. Tras el despido de la estancia sigue sin conseguir un empleo, y en su hogar cuentan únicamente con el ingreso de su esposa, que es maestra. Por otra parte, en las instancias de conciliación a nivel laboral no se llegó a un acuerdo, por lo que se deberá llevar adelante un juicio laboral, lo que implica que podría cobrar sus créditos laborales en varios meses. La empresa presentó una oferta por 23.000 pesos, pero para el abogado corresponde una cifra de aproximadamente 895.000 pesos, ya que se trata de un despido abusivo al que le corresponden los rubros habituales –aguinaldo, licencia no gozada, salario vacacional–, a los que se le sumaron 1.284 horas extras, 10% por la multa legal y 50% por daños y perjuicios, según lo establecido en la Ley 10.449. Antes la empresa ya había ofrecido 40.000 pesos al trabajador por el despido, lo que también había sido rechazado por Leites.
El abogado Óscar López Goldaracena cuestionó que el fiscal solicitara pericias psiquiátricas y psicológicas a Leites, en el entendido de que eso contribuye a su revictimización. “El mensaje que se está transmitiendo a la sociedad es que, si algún trabajador rural denuncia a su capataz o patrón por lesiones intencionales, el fiscal solicitará que se lo someta a una pericia psicológica, a una pericia psiquiátrica y a la reconstrucción del hecho, aunque la víctima tenga las costillas rotas”, manifestó, y dijo que el hecho le genera mayor preocupación “cuando estamos a semanas de que comience a regir el nuevo Código de Proceso Penal, que da un mayor protagonismo a los fiscales”. Cartagena consideró que es “cuestionable si corresponden o no las pericias”, pero opinó que “todo lo que le brinde mayores garantías al proceso penal también me da más garantías como operador de la Justicia; también al fiscal y al juez”. Aseguró que en ambas pericias estuvo “tranquilo” y consideró que “puede ayudar para entender a cada uno de los involucrados”.
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“Las ideas dominantes de la clase dominante son en cada época las ideas dominantes, es decir, la clase que ejerce el poder material dominante en la sociedad resulta ser al mismo tiempo la fuerza espiritual dominante, la clase que controla los medios de producción intelectual, de tal manera que en general las ideas de los que no disponen de medios de producción intelectual son sometidos a las ideas de la clase dominante”. — Carlos Marx
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