1) ARGENTINA: PROCESO CONTRA MILITARES, EX-DIRECTORES PENITENCIARIOS /Sergio Ferrari
2) URUGUAY: LA CRISIS DEL AGRO DEL 70’ Y HOY, SEGÚN ASTORI /Eduardo Gudynas
3) URUGUAY: DIPUTADOS APROBÓ PLAN DE VIVIENDA POPULAR
4) URUGUAY: ANTE INICIO DE SELECCIÓN DE INTEGRANTES DEL CONSEJO DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
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COMCOSUR AL DÍA / AÑO 19 / Nº 2159 / Miércoles 14 de marzo de 2018 / Producción: Carlos Casares
“Vivimos en la mentira del silencio. Las peores mentiras son las que niegan la existencia de lo que no se quiere que se conozca. Eso lo hacen quienes tienen el monopolio de la palabra. Y el combatir ese monopolio es una tarea central.” Emir Sader
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1) ARGENTINA; PROCESO CONTRA MILITARES, EX-DIRECTORES PENITENCIARIOS
«Lo que pasó hace 40 años en la cárcel de Coronda es totalmente inaceptable”
Entrevista con Jean-Pierre Restellini, experto internacional
Por Sergio Ferrari, de Naciones Unidas, Ginebra, Suiza.
El juicio en marcha contra los antiguos comandantes de Gendarmería Adolfo Kushidonchi y Juan Ángel Domínguez, ex directores de la Cárcel de máxima seguridad de Coronda (Santa Fe) podría convertirse en un proceso emblemático a nivel internacional dado su carácter “excepcional”.
No es común, no solo en Latinoamérica sino a nivel mundial, un proceso judicial que apunte a las condiciones de detención de los presos. En el caso particular de Coronda, se trata del régimen que debieron soportar más de 1.100 prisioneros políticos que pasaron por esa cárcel durante la última dictadura militar (1976-1983). Personalidad en el mundo de los Derechos Humanos, ampliamente reconocido a nivel internacional, Jean-Pierre Restellini analiza ciertas normas jurídicas de detención aceptadas y vigentes en el plano mundial. Médico y jurista suizo, Restellini, se desempeña desde hace más de 30 años como experto y consultor en el terreno carcelario y especialista en la inspección de prisiones. Actividad que realiza tanto para el Consejo de Europa como para el Centro de Control Democrático de las Fuerzas Armadas, con sede en Ginebra. Durante seis años -hasta 2015- actuó también como presidente de la Comisión Nacional Suiza de Prevención de la Tortura (CNPT). Entrevista exclusiva.
Un juicio sin precedentes
P: En diciembre del 2017 comenzaron los testimonios orales contra los ex comandantes de gendarmería nacional que dirigieron la Cárcel de Coronda en la provincia argentina de Santa Fe. Todo esto, en el marco del juicio por delitos de lesa humanidad cometidos contra presos políticos durante la última dictadura. ¿Conoce procesos de este tipo por hechos similares sucedidos 40 años antes?
Jean-Pierre Restellini (JPR) : No. En todo caso, involucrando directamente a autoridades de una prisión. Sí se promovieron muchas instituciones y acciones, tanto en América Latina como en África, con el objetivo de clarificar hechos del pasado y luego, promover la reparación financiera. En esos casos, el objetivo final era aportar a la reconciliación nacional. Me refiero, por ejemplo, a las Comisiones de Verdad y Reconciliación.
P: Aunque no se pueda enumerar brevemente todas las condiciones de detención, el régimen cotidiano en Coronda – en particular su pabellón número 5- consistía en mantener encerrados a los presos políticos 23 horas por día, en una celda aproximadamente de 2.80 metros por 3.40. En algunas épocas, había dos detenidos por celda, en otras, solo uno. Sin lectura, sin poder trabajar, sin autorización para realizar ejercicios físicos en la celda. ¿Cuáles son las normas internacionales de base relativas a las condiciones de detención?
JPR: En lo que se refiere a la dimensión de las celdas, las normas del Consejo de Europa – que actualmente sirven de referencia incluso si no son respetadas en muchos lugares- son las siguientes: una celda ocupada por una persona no debe ser inferior a 7m2 (sin incluir la superficie para las instalaciones sanitarias). Las celdas con varios detenidos deben tener un mínimo de 4 m2 a disposición por cada persona (sin incluir la superficie para los sanitarios).
Todos los detenidos, sea cual fuere su régimen de detención (incluyendo por ejemplo a los que están en celdas de castigo) deben tener, al menos, una hora diaria de caminata/actividad física.
Los establecimientos penitenciarios deberían asegurar programas que beneficien tanto a los detenidos con condenas como a los que están con prisión preventiva, que a veces implica periodos muy largos. El objetivo consiste en asegurar que todos los detenidos (incluyendo los que están con un proceso en trámite) puedan pasar una parte razonable del día (es decir 8 horas o más) fuera de su celda, ocupados en actividades motivadoras y de diferente tipo: trabajo (especialmente que sirva como formación); estudios; deporte; entretenimiento/colectivas. Esas actividades adaptadas a cada categoría de detención. Por ejemplo, los adultos en prisión preventiva o condenados; los que cumplen una cadena perpetua; los condenados sometidos a condiciones particulares de alta seguridad o de vigilancia reservada. Y también, actividades específicas a las mujeres y los menores.
P: ¿Por qué tomar como referencia las recomendaciones del derecho europeo, si Argentina está fuera de ese marco geopolítico regional?
JPR: Hay que aclarar que si bien las exigencias europeas aparecen como elevadas y completamente ilusorias para ciertos países -en especial de África Central-, Argentina tiene una cultura y una historia, así como un nivel de desarrollo que permiten poner la barra bastante alto en materia de derechos humanos.
Por otra parte, recuerdo de una conferencia sobre prisiones en la que participé en Lima, Perú, hace una decena de años. Para mi gran sorpresa, los participantes optaron netamente por las recomendaciones europeas, argumentando menos influencia norteamericana. Hay que decir que si bien las Reglas Mandela, del 2015, refrescaron la doctrina y la jurisprudencia onusiana, siguen siendo muy generales con exigencias relativamente modestas.
“Denunciar las sanciones”
Q: En el caso de Coronda, la sanción permanente se convirtió en sistema. La hora de caminata en el patio, podía ser anulada durante días ante cualquier pretexto. Un régimen que sancionaba todo, hasta lo más banal: como silbar o cantar en la celda, acostarse en la cama fuera del horario nocturno; tener una tela de araña en el cielo raso de la celda (muy alta) sin tener a disposición los medios necesarios para la limpieza; la barba mal cortada, aunque se carecieran a veces de los medios para afeitarse… Esas sanciones implicaban no solo el corte por varios días del recreo sino la pérdida de las visitas, que en algunos casos fueron de 15 minutos cada 45 días, o de 15 minutos cada mes o quincena, dependiendo de la época…
JPR: Es totalmente claro que una comisión nacional o internacional de inspección de prisiones habría denunciado ese tipo de sanciones…
P: En numerosos casos debidamente documentados, después del Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, los detenidos por motivos políticos, sociales, o sindicales de Coronda fueron golpeados o vejados por los guardias. Varios de los detenidos, incluso, fueron sacados de la Cárcel de Coronda, con el visto bueno de la dirección, para ser torturados en centros policiales o militares de las ciudades de Rosario y Santa Fe, y luego trasladados nuevamente al penal…
JPR: A este nivel y ante esos hechos descritos mi respuesta es clara y tajante. Toda sanción física es absolutamente inaceptable, a fortiori (con mayor motivo) si responde a criterios de tortura, que pareciera fue el caso que se produjo allí. El personal policial o penitenciario autor de tales actos debe ser sancionado con rigor, tanto en el plano administrativo como penal.
“Enfermedad mental no atendida: violación gravísima”
Q: La atención médica y odontológica, según muy diversos testimonios de detenidos, fueron muy deficitarias. Una de las denuncias principales del Juicio de Coronda es la relativa a la muerte de dos prisioneros – Raúl San Martín y Luis Hormaeche- en tanto un tercero -Juan Carlos Voisard- también falleció, pero su deceso es sujeto de una causa diferente. Por otra parte, se consigna que varios de los detenidos luego liberados salieron de la prisión destruidos psicológicamente. ¿Se puede asociar esta situación al concepto universal de violación grave de los derechos humanos?
JPR: La Corte Europea de Derechos Humanos considera que, un nivel de atención médica insuficiente, puede conducir rápidamente a “tratamientos inhumanos o degradantes”.
En la práctica, las autoridades penitenciarias son responsables de la atención de la salud de todos los detenidos. Imperativamente, todos los esfuerzos posibles deben ser implementados para garantizar que se asegure rápidamente un diagnóstico preciso y que se brinde a todos los detenidos los tratamientos necesarios adecuados correspondientes al estado de salud de cada uno.
Además, la enfermedad mental que no es correctamente atendida en el medio penitenciario, puede ser considerada como un trato inhumano o degradante.
En cuanto a las consecuencias psicológicas de la tortura, son muy conocidas y devastadoras en cuanto a sus efectos. La atención terapéutica es larga y compleja. Sobra decir que, dicha situación, implica, sin duda, una “violación muy grave de los derechos humanos”.
Q: Los familiares que visitaban a los detenidos -luego de casi un primer año de aislamiento total de los presos políticos, entre el Golpe de Estado de marzo de 1976 e inicios del 1977- eran, muchas veces, maltratados. Se daban casos rutinarios de inspecciones corporales – incluso vaginales, en el caso de madres y esposas -, aun si en esas visitas no había ningún contacto físico ya que existía un sistema de separación de vidrios gruesos y la comunicación era a través de una especie de tubo fijo…
JPR: Incluso hoy la cuestión de las inspecciones corporales es sensible y delicada. Lamentablemente no es posible prohibirlas totalmente (incluso a nivel rectal o vaginal) para aquellas detenidas o detenidos bajo sospecha de pretender introducir materiales prohibidos como drogas o armas. Por el contrario, en cuanto a las visitas, es claro que una inspección vaginal sistemática es inaceptable, mucho más si no existe contacto físico con los detenidos.
P: ¿Quisiera compartir algún comentario adicional a nivel de conclusión?
JPR: ¡Lo que se vivió hace 40 años en la Cárcel de Coronda, sin duda alguna, es totalmente inaceptable! Es, en parte, como producto de abusos de ese tipo, que con el tiempo se han venido desarrollado sistemas nacionales e internacionales de prevención contra la tortura, los que, por medio de inspecciones, pueden limitar los malos tratos y las vejaciones.
Sergio Ferrari (+Suiza)
COMCOSUR AL DÍA / MIÉRCOLES 14 DE MARZO DE 2018
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2) URUGUAY: LA CRISIS DEL AGRO DEL 70’ Y HOY, SEGÚN ASTORI
En 1971 un joven Astori decía que la baja productividad era de las principales causas de la crisis del agro. Proponía una reforma radical y romper con el imperialismo. Hoy su discurso es diferente
Eduardo Gudynas / Sudestada, 01/03/2018
Un fuerte debate sobre el papel del sector agropecuario no es algo nuevo en la historia del país. Se han repetido en el pasado y en algunos de ellos participaron quienes se convirtieron en destacados actores políticos. Uno de los casos más relevantes es Danilo Astori, quien en 1971 publicó “Latifundio y crisis agraria en el Uruguay”. Esto ofrece una oportunidad extraordinaria para comparar lo que se decía y había en aquel entonces, contra los discursos y prácticas actuales. ¿Qué se aprendió y que se olvidó en estos 47 años?
El “joven” Astori es muy claro: Uruguay sufría una larga crisis agropecuaria, que alcanzaba su mayor gravedad a inicios de los años setenta, al tiempo de la publicación del libro. La producción estaba estancada, y esto se debía a la subutilización de las potencialidades productivas del país. Ofrecía un simple esquema de tres componentes encadenados: el subaprovechamiento lleva a un estancamiento y esto genera la crisis.
La solución que defendía Astori era aumentar la productividad por hectárea, pero la principal traba radicaba en la estructura de la propiedad de la tierra. Por esa razón, proponía eliminar tanto minifundios como latifundios, a tono con las ideas de reforma agraria de los años sesenta, y afirmaba que la explotación de la tierra debería servir a toda la sociedad. Su complemento necesario era transformación económica integral y una ruptura con el imperialismo. Son, sin duda, metas y lenguajes muy distintos de los actuales.
El actual gobierno no habla de reforma agraria pero repite la apuesta a aumentar la productividad y exportaciones como salida de la crisis. En ello no soluciona problemas como el bajo empleo rural y la subordinación comercial del país, que ya fueron señalados por el “joven” Astori.
Pero por sobre todas las cosas, sea en aquel pasado como en el presente, no se abordan los límites sociales, económicos y ambientales del desarrollo agropecuario nacional, aunque hoy en día son todavía más evidentes. En realidad esta y otras crisis no son episódicas, sino que son componentes inevitables de este tipo de desarrollo agropecuario. Eso es justamente lo que hay que debatir.
Eduardo Gudynas /Sudestada, periodismo y transparencia
COMCOSUR AL DÍA / MIÉRCOLES 14 DE MARZO DE 2018
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3) URUGUAY: DIPUTADOS APROBÓ PLAN DE VIVIENDA POPULAR
Pese a las resistencias del Frente Amplio por la falta de financiamiento, el proyecto se aprobó con el apoyo de la oposición y del diputado del Frente Amplio Darío Pérez.
Noticias UY – 14/03/2018
Luego de varias horas de discusión que terminaron a altas horas de la noche, la Cámara de Diputados aprobó este martes el proyecto de ley del Plan Nacional de Vivienda Popular por Construcción Pública, que presentó el legislador de Unidad Popular (UP), Eduardo Rubio.
El proyecto, contó con el voto de la oposición y del frenteamplista Darío Pérez, se discutirá ahora en el Senado, pero tuvo resistencias del oficialismo, que entiende que la ley termina favoreciendo más a las grandes empresas de construcción, más que a los ciudadanos.
El Frente Amplio también cuestiona que la ley no establece de dónde se sacará el dinero para crear el Fondo Nacional para la Vivienda Popular.
El diputado del FA, Alejandro Sánchez, entiende que bajo este proyecto «no se podrá construir ni una sola vivienda» puesto a que «no cuenta con el financiamiento» necesario.
Rubio aseguró durante la presentación del proyecto que «en el financiamiento de todas las políticas de vivienda, habrá que pelear para incrementar el presupuesto para estos fines».
«En el primer Consejo de Ministros se anunciaron cuatro prioridades, y una de ellas era vivienda, por lo que creemos que debe haber margen para incrementar la inversión», sostuvo el diputado en lo que parecería ser un adelanto de las prioridades de su sector de cara a la Rendición de Cuentas que se discutirá este año.
«Este proyecto pretende dar una nueva herramienta para dar solución al tema de la vivienda y no va en contra de ninguna de las políticas de vivienda», ni contra «ningún gobierno. Ni este ni otro», sostuvo.
Rubio explicó que el objetivo del proyecto busca no solo dar acceso a una vivienda digna a las personas que ganen hasta 20 BPC sin la necesidad de ahorro previo, sino también dar mayor dinamismo al sector de la construcción y emplear materia prima y mano de obra local.
«Tenemos ladrilleros de todo el país con dificultades para colocar sus productos, areneros y la planta de portland de Ancap. Además de solucionar el problema de la vivienda, se puede ayudar a solucionar los problemas de ocupación en la construcción, dijo.
La bancada se reunió este lunes con la ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), Eneida de León, para tratar la situación y concluyeron que el Ejecutivo no cuenta con los recursos necesarios para financiar la iniciativa.
Noticias UY
COMCOSUR AL DÍA / MIÉRCOLES 14 DE MARZO DE 2018
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4) URUGUAY: ANTE INICIO DE SELECCIÓN DE INTEGRANTES DEL CONSEJO DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
Coalición por una Comunicación Democrática
COMUNICADO /8 de marzo de 2018
La Coalición por una Comunicación Democrática saluda que finalmente el parlamento haya comenzado el proceso de selección de candidatos para integrar el Consejo de Comunicación Audiovisual (CCA) de acuerdo al art. 74° de la ley 19307, aprobada en 2014. Esperamos que, de acuerdo a lo previsto en la propia ley, en este proceso sean tenidas en cuenta las propuestas y comentarios de las organizaciones de la sociedad civil comprometidas con la defensa de la libertad de expresión.
Saludamos también que, tras una larga demora, en octubre de 2017 se haya instalado la Comisión Honoraria Asesora de los Servicios de Comunicación Audiovisual (CHASCA) que, como primer cometido, debe discutir la propuesta de reglamentación de la Ley, que el gobierno presentó a fin del año pasado.
Advertimos, sin embargo, que la propuesta de reglamentación presentada por el Poder Ejecutivo y actualmente en discusión de la CHASCA pretende restarle competencias al Consejo de Comunicación Audiovisual (CCA) y restringir los niveles de autonomía de la nueva institucionalidad, desvirtuando de este modo el alcance y el espíritu de la ley.
Las organizaciones de la sociedad civil nucleadas en la Coalición por una Comunicación Democrática hemos advertido al gobierno de algunas ilegalidades presentes en la reglamentación propuesta y hemos presentado redacciones alternativas de manera que la reglamentación no se aparte de la letra y el espíritu de la ley, se encuadre en las mejores prácticas de libertad de expresión y en los estándares internacionales en esta materia.
Hasta el momento los representantes del gobierno han manifestado su voluntad de incorporar algunas modificaciones, pero en aspectos fundamentales tales como garantizar la autonomía e independencia del nuevo organismo regulador (el CCA) han manteniendo su propuesta inicial que insistimos, se aparta en varios casos de la letra y el espíritu de la ley.
Esperamos que la aplicación integral de la Ley 19.307, votada por el Parlamento Nacional en diciembre de 2014, pueda finalmente ponerse en marcha plenamente, en este 2018. Desde la Coalición por una Comunicación Democrática seguiremos activos y aportando como hasta ahora, convencidos que el Uruguay necesita un sistema democrático para la regulación de los medios, que garantice el derecho a la comunicación de todas las personas en igualdad de condiciones.
Coalición por una Comunicación Democrática
COMCOSUR AL DÍA / MIÉRCOLES 14 DE MARZO DE 2018
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“Las ideas dominantes de la clase dominante son en cada época las ideas dominantes, es decir, la clase que ejerce el poder material dominante en la sociedad resulta ser al mismo tiempo la fuerza espiritual dominante, la clase que controla los medios de producción intelectual, de tal manera que en general las ideas de los que no disponen de medios de producción intelectual son sometidos a las ideas de la clase dominante”. Carlos Marx
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