1) La Vía Campesina lanza historieta “Campesinas con derechos”
2) Chile: 490 niñas y mujeres han denunciado violaciones a DDHH desde el estallido
3) Guatemala: A tres años del incendio que mató a 41 niñas: estigmatización, criminalización y falta de justicia
4) México: Violencia contra mujeres va en aumento
5) México: Mujeres defensoras de la tierra, invisibilizadas en los medios
6) Republica Dominicana: “Muñecas negras” Un proyecto contra el racismo y para el empoderamiento de las mujeres
7) Uruguay: Las obligaciones del Estado ante la marcha del 8M
___________
COMCOSUR MUJER / Fundado por Yessie Macchi / AÑO 17 /No. 632 – Lunes 16 de marzo de 2020 / Producción: Beatriz Alonso y Belén Itza / Apoyo técnico: Carlos Dárdano
_____
“Por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres” Rosa Luxemburgo
_____
1) LA VÍA CAMPESINA LANZA HISTORIETA “CAMPESINAS CON DERECHOS” QUE BUSCA AMPLIAR LAS VOCES Y LAS DEMANDAS DE LAS CAMPESINAS EN EL MUNDO
La Vía Campesina / Martes 10 de marzo de 2020
Con el motivo del Día de la Mujer Trabajadora, La Vía Campesina lanza su historieta “Campesinas con derechos”, diez bocetos visualmente poderosos ilustrados por el artista y militante Carlos Julio de Argentina, buscan de elevar el nivel de conciencia de los pueblos con relación al rol fundamental que cumplen las campesinas en la producción de alimentos saludables y resalta la urgencia de garantizar sus derechos.
La historieta se inspira en la ‘Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en áreas rurales’ (UNDROP), que fue adoptada oficialmente por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 2018, luego de una ardua lucha y movilización, de más de una década, de La Vía Campesina y aliados.
La Declaración promueve los derechos de millones de campesinas y campesinos, que alimentan a casi el setenta por ciento de la población mundial, a pesar de tener acceso a apenas una cuarta parte de la tierra cultivable del mundo.
Particularmente esta historieta grafica los derechos de las campesinas como se cita en la Declaración, promoviendo la igualdad de propiedad sobre los territorios y los recursos; pidiendo mejores sistemas de salud en las zonas rurales y mejores infraestructuras e instalaciones educativas; haciéndose eco de las demandas de salarios justos; destacando la inmensa contribución hecha por las trabajadoras y campesinas en la producción de alimentos saludables. Además, estas obras de arte también son una expresión de resistencia contra el patriarcado y todas las formas de violencia. Asimismo, exigen el fin del uso de agrotóxicos en los campos, lo que plantea enormes riesgos para quienes producen y consumen estos alimentos, afirmando el camino de la Soberanía Alimentaria que alimenta a los pueblos y enfría el planeta.
Finalmente, también pretende facilitar las acciones de formación y multiplicación tanto para las organizaciones miembros como para organizaciones aliadas y de la sociedad civil sobre la temática. Así como aportar elementos necesarios para el desarrollo de políticas públicas con dignidad y justicia social.
A lo largo del año, La Vía Campesina lanzará una serie de materiales educativos que ayudarán a popularizar el contenido de la Declaración entre las comunidades campesinas y otros sectores.
Haga clic para descargar la historieta y difunda ampliamente.
Traduce a tu idioma local ahora versión en blanco aquí: www.prensarural.org/spip/spip.php?article25155
COMCOSUR MUJER Nº 632 – 16/03/2020
____________
2) CHILE: 490 NIÑAS Y MUJERES HAN DENUNCIADO VIOLACIONES A DDHH DESDE EL ESTALLIDO
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) comunicó el pasado 8 de Marzo un balance nacional sobre la victimización a mujeres desde el estallido social del 18 de octubre del 2019.
El informe señala desde el 18 de octubre, fecha en que comenzó el estallido social, el INDH ha llevado a tribunales 490 casos de mujeres y niñas víctimas que denuncian violaciones a sus DDHH.
De estos casos, señala el organismo, 247 corresponden a torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes, mientras que 112 corresponden a tortura con violencia sexual.
La jefa metropolitana del INDH, Beatriz Contreras, señaló que “de estas cifras nos surgen, principalmente, dos preocupaciones, primero: que de las 490 víctimas, 52 corresponden a niñas”.
“En segundo lugar, que el ingreso de querellas por violencia sexual desde el 18 de octubre en adelante supera en 11,5 veces al mismo tipo de causas ingresada con anterioridad a esta fecha”, señaló Beatriz.
“Hacemos el llamado al Estado en su conjunto, a respetar las obligaciones que en materia de derechos humanos ha adquirido en virtud de la suscripción de diversos instrumentos de derecho internacional”, concluyó.
Nodal / COMCOSUR MUJER Nº 632 – 16/03/2020
____________
3) GUATEMALA: A TRES AÑOS DEL INCENDIO QUE MATÓ A 41 NIÑAS: ESTIGMATIZACIÓN, CRIMINALIZACIÓN Y FALTA DE JUSTICIA
“No quiero que nadie me diga Feliz Día de la Mujer el 8 de marzo” dice Brendy Cuy Urizar. Tampoco Elsa Siquín Montafúr celebra este día. Brendy es la tía de Yohanna y Elsa la madre de Yemmi, dos de las 41 niñas que murieron en el incendio del Hogar Seguro en Guatemala el 8 de marzo de 2017.
Tres años después la tragedia ésta es considerada culpa de los menores por protestar el día anterior, o son estimados delincuentes ya que “por estar ahí, algo habrán hecho mal”. También las madres tienen la culpa porque “abandonaron sus hijas en el Hogar”. Esta criminalización llegó a su colmo cuando a finales de 2019 las quince niñas sobrevivientes fueron denunciadas por ser las responsables de la muerte de sus compañeras. La estigmatización y criminalización no solamente determinan la búsqueda de justicia después la tragedia, pero también determinó la muerte y vida de las chicas, y de cómo llegaron al Hogar.
Una tragedia anunciada
El día antes del fuego, varios jóvenes protestaron y se escaparon del Hogar Seguro Virgen de Asunción en el municipio de San José Pinula, a las afueras de la Ciudad de Guatemala. El Hogar Seguro no era tan seguro como pretendía su nombre, tampoco según la ley que establece su función como casa de acoge para jóvenes en riesgo de sufrir violencia.
Cada domingo y lunes la madre de Yemmi la visitó en el Hogar. Yemmi lloraba mucho, quería irse del Hogar. “Se quejaba de la comida podrida y maltratos. El último domingo que la vi, me contó que ya no quería tomar el refresco porque temían que les drogaban para tranquilizarlas, que vio como llevaron a una niña en la noche. Este día me dio una carta, y por eso luego la castigaron.” Yemmi no exageró. Entre 2012 y 2016 el Procurador de Derechos Humanos registró decenas de denuncias de abusos, entre ellos maltratos, violanciones y trata sexual. Brendy, la tía de Yohanna, entienda porqué las niñas protestaron. “Lo único que estaban pidiendo eran sus derechos. No gozaban ni de toallas sanitarias. Cuando tenían sus reglas sacaron pedazos de las colchones.”
El 7 de marzo no fue la primera vez que los jóvenes se rebelaron contra los abusos. Excepcional fue que esta vez llegaron, por orden del entonces presidente Jimmy Morales, mas de cien policías entrenados para combatir criminales a reprimir una protesta de menores de edad. Golpeados y rociados con gas pimienta los jóvenes capturados tuvieron que esperar durante horas en el frio a las afueras del Hogar. Por no querer mezclar “los buenos” con “los malportados”, encerraron a los chicos en un auditorio grande y a 56 chicas en una aula de 47 metros cuadrados. Las chicas estaban aplastadas ahí desde medianoche, sin acceso al baño, ni a agua potable. Lo que les dieron fueron unas colchonetas de polietileno. Después un día y una noche de desesperación, una compeñera les prendió fuego. Rápidamente un mar de llamas llenó la habitación.
Durante 9 minutos la Subcomisaria Lucinda Marroquín tuvo la llave, pero no abrió la puerta. Sobrevivientes dicen que les insultó y gritó que se quemen. 23 niñas murieron calcinadas, 18 más en los próximos días. 15 niñas sobrevivieron, con graves lesiones físicas y emocionales. “Nueve minutos”, llora Brendy sentada en el cuarto donde duerme toda la familia. “Ni abrió la puerta cuando escuchó esos gritos aterrorizados de las niñas que se estaban quemando. Nunca lograré entender esto.”
Sobrevivientes denunciados por asesinato
Doce personas, entre ellas policías, empleados del Hogar Seguro, una jueza y altos funcionarios de la Secretaría de Bienestar Social, enfrentan juicios por los eventos del 7 y 8 marzo. Se les acusa de delitos menores, como maltrato y homicidio culposo, delitos que implican penas de 3 a 8 años. El proceso penal apenas avanza. “El mayor obstáculo resulta que dividieron la investigación y enjuiciamiento en tres procesos, según la capacidad de mando y decisión de los sindicados”, explica Esteban Celada, el abogado de Mujeres Transformando el Mundo, una organización que es querellante adhesiva en el caso y que defiende a tres familias. El proceso también está plagado por otros retrasos y obstáculos. Ya solamente en la última semana de enero 2020 se canceló una audiencia porque un fiscal llegó dos minutos tarde, y la otra, porque olvidaron los permisos de transporte de una sindicada.
Otra estrategia de los abogados de los acusados es culpar a las sobrevivientes y familiares de las fallecidas. Es una campaña que se refleja también a nivel político, mediático y social. Celada habla indignado. “En vez de concebir las niñas como víctimas que sufrieron una cantidad de violencias, las pintan como jovenes malportadas y delincuentes que fueron institucionalizadas.” También cuestionan a las familias, en específico a las madres, insinúan que no les importaron sus niñas y por lo cual terminaron bajo custodia del Estado. Celada califica esos discursos muy ofensivos. “Pero lo mas perverso de todo este criminalización es denunciar penalmente a las chicas sobrevivientes como responsables.”
En septiembre 2019, un cierto abogado, Ludwig Sandoval interpuso una denuncia en contra de las 15 niñas sobrevivientes, acusándolas de 18 delitos y asesinato, cargo que acarrea una pena de 25 a 50 años de prisión. Sandoval no tiene nada que ver con el caso pero si con el ex-director del Hogar Seguro. La denuncia se dio justo cuando los abogados querellantes buscaban que siete niñas sobrevivientes pudieran por fin dar su testimonio y que ningún sobreviviente debería repetir su historia en tres procesos penales distintos. Según Celada, esta denuncia busca no solamente estigmatizar las niñas pero también callarlas. Añade que para poder entender esta criminalización perversa, se debe contextualizar la estigmatización y la violencia continuada contra las niñas que ha determinado sus vidas, sus llegadas al Hogar, sus muertes y la búsqueda por justicia. “Este caso es un reflejo de Guatemala, un coctel letal de misoginia, pobreza extrema y violencia intrafamiliar, estatal, institucional y criminal”.
Secuestrado por el Estado
Yemmi tenía 15 años cuando murió en el fuego. Vivió toda su vida en un barrio empobrecido de la ciudad de Guatemala. Su casa parece un callejón donde se han montado unos ladrillos y láminas. Aun con la cocina fuera de este reducido espacio, apenas hay lugar para el cuarto de baño y dos cuartos con piso de tierra para toda la familia. En el cuarto más grande no caben más que dos camas matrimoniales, donde Yemmi dormía con su madre, tres hermanas y un hermano. El padre murió hace años. Los dos cuartos están llenos de trofeos. A Yemmi la encantaba jugar futbol. Afuera hay vestidos secando por todos lados. Elsa lava ropa y vende comida para ganarse la vida. Cuando terminó la escuela Yemmi y Carlota, su hermanita de cuatro años menor, ayudaban a su mama a preparar y vender tamales. “Nunca les faltó algo, siempre tuvieron que comer, aunque era solamente frijol. Si necesitaba un cuaderno yo miraba como podía comprarlo. Siempre fui papá y mamá para todos. ”
No solamente la extrema pobreza distinguió la vida de Yemmi. También la determinó la violencia que azota Guatemala y el barrio donde creció. Las pandillas y la violencia que generan es una realidad que no se puede negar allí. Tampoco se puede negar la violencia que generan las autoridades que estigmatizan a los jóvenes pobres de esos barrios como posibles pandilleros. Debido a la persecución a varones jóvenes, las pandillas cambian de táctica y encargan a chicas el llevarles armas y drogas. Estando al lado de una amiga que cargaba una arma, Yemmi fue detenida en un retén de policía. No le permitieron llamar a su mamá. El policía que le sacó su teléfono nunca se lo devolvió. El juez mandó a su amiga a un penitenciario juvenil, y a Yemmi al Hogar Seguro. Nunca avisaron a Elsa donde estaba su hija.
El Estado tendrá el cuidado
Stef Arreaga es periodista Guatemalteca y miembro del Colectivo 8 Tijax. Tras escuchar del incendio permaneció días en el hospital y en la morgue, desde entonces acompaña a la mayoría de las familias y sobrevivientes. “El dominador común de todas las 54 niñas que estaban en el incendio es la situación de pobreza extrema. Además la mayoría vivía en áreas rojas, consideradas muy peligrosas. Otro factor común es que varias niñas vinieron de familias con madres solteras. Las razones por la cual las chicas llegaron al Hogar fueron distintas, pero ninguna estaba ahí porque cometieron delitos. Unos fueron maltratados y hasta prostituidas en casa, otras madres las pusieron ahí porque las maras querían recluir a las niñas. También hubo madres que querían que sus niñas pudieron tener una educación, comida, acceso a un medico. Algo que las madres no pudieron darlas.” Otras niñas eran como Yohanna quien fue criada por su tía Brendy, porque sus padres se marcharon. “A los 15 años se puso rebelde, quería irse.” explica Brendy en su casa de madera en un municipio de Sololá. “Yohanna llamó al juzgado para llevarla al Hogar.” Stef se pregunta si los jueces que tuvieron que decidir sobre las chicas, habrían tomado la misma decisión si no vinieran de áreas marginales. También le llama la atención que tantas niñas provinieran de familias donde mujeres criaron a las niñas, y la marginalización que esto implica.
Elsa, quien no puede leer ni escribir y quien casi nunca salió de los alrededores de su barrio, buscó a su hija en hospitales, morgues, hogares y juzgados, dentro y fuera de la Ciudad de Guatemala. Varias veces preguntó por Yemmi en el Juzgado de la Niñez que la había encerrado. Al cabo de un mes la encontró en el Hogar Seguro, después una sugerencia de un desconocido. “Su pelo tieso, su ropa y cuerpo llenos de manchas. No la dieron ni cosas para bañarse. Estaba todo golpeado por otras chicas y quemada porque la ponían en la cancha como castigo. La prometí que iba a sacarla de ahí. En la audiencia el juez dijo que él decide, que el cuidado lo iba a tener el. Pero ¿qué cuidado? -llora Elsa- si me la entregó muerta.”
“Si hubiera recibido algo de dinero sacaría mi familia de este barrio”
Elsa y Brendy lo tienen claro. Es el Estado que las quemó. “Pero los vecinos y mi familia me dicen que por mi culpa estaba ahí”, lamenta Elsa. “Hasta en el camino a la morgue mi madre y hermana me regañaron que Yemmi era mi responsabilidad.” También a Brendy la miran mal fuera de su pueblo. En las calles de la ciudad más cercana le gritaron asesina. “Ya no vamos por ahí.” Elsa ya tampoco vende sus tamales en el mismo puesto arriba del barrio por miedo a que la van a extorsionar. Muchas personas piensan que Elsa, Brendy y las otras familias, recibieron dinero por lo que pasó con sus hijas, les desprestigian alegando que su motivación por estar en juicios, es una indemnización.
“Si hubiera recibido algo de dinero sacaría mi familia de este barrio”, dice Elsa. Recién recibió amenazas de muerte de unos vecinos y hace un año y medio mataron a su hija Carolina de 13 años. Fue a una tienda al lado y nunca volvió, la decapitaron y la tiraron en un terreno baldío cercano. Elsa dice no tener idea porqué. “Quizás porque pensaron que yo recibí dinero, o quizás porqué Carolina no quería acompañar una persona como hizo su hermana. Aquí en Guatemala, la violencia lo agarra contra las niñas.”
Tres años sin justicia
Tanto Elsa y Brendy desesperan en su búsqueda por justicia, como cuando el juez suspende una y otra audiencia. Llegar a éstas cuesta dinero y tiempo, algo que varias familias no tienen. “No voy a todas. El día que voy es un día que no trabajo”, explica Elsa. Brendy se indigna que ya son tres años y que todavía no hay justicia. “Sabemos que estamos enfrentando a funcionarios muy altos y poderosas”. Con unos sindicados tardaron dos años para decidir si deberían enfrentar juicio, como la jueza que no cumplió con su deber de averiguar y asegurar la seguridad de los niños y adolescentes el 7 de marzo. Otros acusados tenían estrechos vínculos con el ex-presidente Jimmy Morales. El también enfrenta querellas en este caso, por haber ordenado la llegada de 100 policías extra. Su inmunidad siempre lo protegió de persecución en este caso. Y sigue gozando de inmunidad, ya que en enero 2020 fue nombrado como diputado en el Parlamento Centroamericano, horas después de la toma de poder por el nuevo Presidente en enero 2020.
Celada considera que otra razón por la cual se incrementa la obstaculización de la justicia, es porque dos de los tres procesos penales están a punto de entrar en la etapa final. En esta etapa habrá debate público y se presentarán evidencias. Quizás el 2020 podrá ver condenas en el caso de Hogar Seguro. Sin embargo, Stef Arreaga del colectivo 8 Tijax teme que podrían ser penas leves, ya que no son juzgado por delitos de tortura si no por delitos como el maltrato. Ademas, unas penas como la de asesinato culposo no son acumulativos; se juzga por todo el grupo, no por las 56 individuos.
Para Brendy y Elsa justicia no es un memorial que el gobierno instaló en noviembre 2019 a la entrada del Hogar, escribiendo mal los nombres y olvidando de invitar a las familias y sobrevivientes a la inauguración. Justicia para ellas es que se conozca la verdad sobre lo que pasó, que los culpables sean condenados apropiadamente, y que no vuelva a pasar lo que pasó en ningún otro Hogar, y a ninguna otra niña.
Queda todavía mucho por hacer. “Siguen pasando esos episodios de motines en otros hogares donde los niños escapan, donde los niñas están pidiendo que les escuchen”, reflexiona el abogado Celada. “Lo malo es que la sociedad no escucha. Si siguen rebelándose es porque algo nos quieren decir, pero ni siquiera pensamos que son merecedores de ser escuchados.”
Celada enfatiza que la justicia también se debe buscar fuera de los tribunales, por ejemplo, manteniendo el altar que organizaciones de la sociedad civil y individuos montaron en la Plaza Central de Guatemala. En septiembre 2019 el gobierno lo quitó. Aunque activistas volvieron a ponerlo, la falta de indignación de la población en general dice mucho según Celada. Revela la estigmatización y criminalización hacia las familias y sobrevivientes. “Si una sociedad es incapaz de tener empatía por un hecho tan grave como este, se normaliza la violencia. Y puede volver a pasar una tragedia como este del Hogar Seguro.”
Nodal / COMCOSUR MUJER Nº 632 – 16/03/2020
____________
4) MÉXICO: VIOLENCIA CONTRA MUJERES VA EN AUMENTO
A pesar de los compromisos internacionales de México por adoptar las medidas apropiadas para garantizar los Derechos Humanos y las libertades de las mujeres, ellas siguen experimentando violencia, que de acuerdo con cifras oficiales ha ido en aumento.
Un análisis del Instituto Belisario Domínguez, con base en información de datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, indica que la tasa de homicidios de mujeres en México va en aumento: En 1995 se registraban 3.2 asesinatos de mujeres por cada 100 mil habitantes, pero para 2018 la cifra ascendió a 5.7.
La revisión histórica de los asesinatos muestra que, después de una ligera disminución de estos crímenes en el periodo de 1995 a 2007, en 2008 la tasa de homicidios ha experimentado un constante aumento, pasando de 2 mujeres víctimas de homicidio por cada 100 mil habitantes en 2007 a 5.7 en 2018.
Las cifras revisadas del lnegi, dan cuenta de que las mujeres víctimas de homicidio son principalmente jóvenes entre los 18 y 35 años y con bajos niveles de escolaridad, máximo secundaria. Además, el Instituto Belisario Domínguez resalta que, después de 2009, el principal sitio donde ocurre la violencia, que ocasionó el homicidio de una mujer, deja de ser la vivienda y pasa a ser la vía pública.
Por otra parte, el análisis también incluye cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que indican que las presuntas víctimas de feminicidio aumentaron en más de un 100 por ciento, entre 2015 y 2019, pasando de 426 a mil 10 víctimas de este delito.
A la par, las presuntas víctimas mujeres de trata de personas han disminuido en el periodo de 2015 a 2019. Sin embargo, organismos internacionales como el Comité de expertas de la CEDAW (Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, CEDAW, por sus siglas en inglés) y nacionales la Comisión Nacional de los Derechos Humanos han señalado los problemas de información en México en esta materia.
Según cifras del Secretariado Ejecutivo, las entidades federativas con mayor número de presuntas víctimas de feminicidio en 2019 fueron Veracruz con 165 víctimas de este delito, Estado de México con 125, Ciudad de México con 71, Nuevo León con 67, Puebla con 60 y Jalisco con 57.
Las entidades con las tasas más altas de presuntas víctimas de feminicidio fueron Morelos y Veracruz ambas con 3.8 por cada 100 mil habitantes, seguidas de Colima con 2.8, Sonora con 2.7 y Sinaloa con 2.5.
Con estas cifras, el análisis resalta las obligaciones del Estado mexicano en esta materia de violencia contra las mujeres, por ejemplo, el deber de cumplir con las recientes recomendaciones del Comité de expertas de la CEDAW que se realizaron en 2018 y las sentencias que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) ha emitido al Estado mexicano por casos de violencia contra las mujeres.
Estas observaciones, indica el documento, permiten identificar tres causas recurrentes que agravan esta problemática: La falta de mecanismos eficientes y adecuados para acceder a la justicia; las deficiencias en los procesos de investigación para dar con los responsables y sancionarlos; y, la falta de recursos humanos, técnicos y financieros a programas y políticas dirigidas a las mujeres.
Cimaxnoticias/ COMCOSUR MUJER Nº 632 – 16/03/2020
___________
5) MÉXICO: MUJERES DEFENSORAS DE LA TIERRA, INVISIBILIZADAS EN LOS MEDIOS
El asesinato como noticia y las voces masculinas predominan la cobertura en los medios de defensoras y defensores de la tierra y el territorio. Esto es el resultado del observatorio de la agenda mediática que realizaron CIMAC y la Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana (WACC por sus siglas en inglés), del 4 de junio al 6 de julio 2019.
La Coordinadora del Observatorio de CIMAC, Cirenia Celestino Ortega, explicó que bajo la metodología internacional del Proyecto Mundial de Monitoreo de Medios (GMMP, por sus siglas en inglés), se analizaron un total de 3 mil 283 textos periodísticos, de los principales espacios noticiosos en radio, televisión, portales, periódicos impresos y cuentas de twitter noticiosas. El análisis demostró que, a pesar de las violencias que viven las personas defensoras en el país, sus luchas sólo aparecen en una parte mínima de las noticias, y las mujeres defensoras, nunca como protagonistas.
De acuerdo con Amnistía Internacional, de enero a septiembre de 2019, 12 personas defensoras del medio ambiente fueron asesinadas en México. Desde 2016, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de los Defensores y las Defensoras de los Derechos Humanos, Michel Forst, había alertado sobre la defensa de las selvas, montañas, bosques y ríos de América Latina se había convertido en un asunto de alto riesgo.
Sin embargo, sólo 28 de los productos noticiosos analizados, abordaron la defensa de tierra y territorio, es decir, 0.85 por ciento. Únicamente en dos notas aparecen mujeres como voceras en este tema, ninguna de ellas defensora. En un caso, fue la académica Miriam Grunstein Dickter, y en el otro, la funcionaria Mariana Boy Tamborrell, dijo Celestino Ortega.
El asesinato como noticia y las voces masculinas predominaron las noticias, por ejemplo, el asesinato del ambientalista José Luis Álvarez Flores, ocurrido el 10 de junio en los límites de los estados de Chiapas y Tabasco, y las reacciones de otros defensores y funcionarios al respecto.
Otro resultado del análisis fue que se observaron diferencias respecto a los textos sobre defensa del medio ambiente entre los textos que fueron escritos por mujeres y hombres. Se notó que las reporteras cubrieron la defensa en lo local, por ejemplo, la tala de montes en Ocuilan, la defensa del santuario del monosaraguato, o la deforestación en la península de Yucatán. Mientras tanto, los reporteros cubrían lo nacional, por ejemplo, desplazamiento y afectaciones del aeropuerto de Santa Lucía.
En la presentación del informe, el 10 de marzo en el Museo de Memoria y Tolerancia, cinco defensoras de la tierra y del territorio reflexionaron sobre el papel de las mujeres y de los medios de comunicación en la lucha. Liliana Velásquez Fuentes, indígena náhuatl y activista contra la termoeléctrica de Morelos, Claudia Zenteno Saldívar, defensora del medio ambiente de Xochimilco, Gloria Flores, de la Red Nacional de Defensoras, Itzel Silvia Monroy, abogada litigante de Fundar, y América del Valle Ramírez, integrante del Frente de Pueblos en de Fensa de la México Tierra, Atenco, coincidieron en que las mujeres tienen un papel importante.
Ellas, en muchos casos serían las cuidadoras de la tierra, de la cultura, de la lengua, de la historia, de la vida silvestre y de las plantas, todos los aspectos que constituyen un territorio. Y en muchos casos, la amenaza de afuera también resultó en un proceso de empoderamiento de las mujeres en sus propias comunidades. Así, del Valle Ramírez refirió un momento de represión en San Salvador Atenco, en que uno de los “líderes” de la comunidad ordenó “a todas las mujeres y niños” refugiarse en las casas.
Ante este anuncio, narró, una de las mujeres alzó la palabra y retó al hombre: “Nuestro lugar es aquí, al igual que ustedes”, habría dicho. “¿Y quienes creen que cocinaron?” para las personas en las calles, preguntó la defensora. El rol de las mujeres para el movimiento, habría sido fundamental, concluyó.
Sin embargo, este papel no se refleja en la cobertura mediática de los movimientos sociales de la defensa de la tierra. Los medios comerciales, indicaron las defensoras, buscarían protagonistas hombres o “líderes”, y en muchos casos, la nota sangrienta. Los medios alternativos, opinaron, serían en muchos casos aliados de las personas en lucha, y las defensoras confiaron en que reflejan su voz de manera verídica.
Sin embargo, advirtió del Valle Ramírez, los pueblos en defensa no pueden renunciar a la cobertura de los medios comerciales, porque serían un “amplificador” de sus reclamos. Como resultado de su observatorio de medios, Cimac elaboró siete recomendaciones para periodistas que cubren la defensa de la tierra y el territorio:
1. Defiende la autonomía mediática
2. Pregúntate ¿dónde están las mujeres en la comunidad específica a la que te refieres?, ¿por qué están ahí? ¿el proyecto del que se defienden de qué manera les impacta a las mujeres? Por ejemplo, incrementara las horas de trabajo doméstico como el acarreo de agua y lavado de ropa, preparación de alimentos, las alejas de sus actividades como bordados y elaboración de artesanías, profundiza la desigualdad.
3. Acompaña el movimiento, es decir, mantenerte cerca del movimiento e informa sobre los avances, retrocesos y riesgos en la defensa de la tierra.
4. Pregúntate ¿quiénes se benefician con ese megaproyecto?
5. Teje otras relaciones entre medios libres y alternativos.
6. Evita ser portavoz de los grupos con intereses económicos y políticos contra determinado territorio.
7. Alerta a la ciudadanía de los riesgos que significan para la salud y la vida de la población.
Un video que resume el informe e incorpora las voces de tres defensoras, está disponible en Cimac TV.
CIMAC Noticias / COMCOSUR MUJER Nº 632 – 16/03/2020
___________
6) REPUBLICA DOMINICANA: “MUÑECAS NEGRAS” UN PROYECTO CONTRA EL RACISMO Y PARA EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES
“Me gusta aprender a hacer muñecas negras porque así hago algo parecido a mi: son negras y de pelo rizado, como yo! Y al mismo tiempo me hace reflexionar sobre lo que realmente soy, me hace pensar que no es justo que las niñas tengan que jugar con muñecas en las que no pueden identificarse, porque las munecas que se venden normalmente son blancas, flaquitas y con el pelo rubio…però aqui son muy pocas las personas asì!”
Estas palabras de Bileysi, una joven dominicana de ascendencia haitiana, resumen a la perfección el espíritu de este nuevo proyecto popular que se está desarrollando en el país caribeño con el propósito de empoderar a las mujeres de los bateyes, pequeñas comunidades de tipo rural dispersas entre las inmensas plantaciones de caña de azúcar.
Liderado por Ana María Belique y Elena Lorac, miembras fundadoras del movimiento Reconoci.do, un colectivo juvenil que lucha contra la discriminación racial y en favor del reconocimiento de la identidad afrodescendiente en la República Dominicana, el proyecto “Muñecas negras” consiste en talleres semanales, en que las participantes aprenden a fabricar hermosas muñecas de tela, al tiempo que tienen la oportunidad de ir desarrollando un enfoque crítico sobre temas que tocan directamente sus vidas, como la violencia de género y, justamente, el racismo.
La mayoría de las mujeres que acuden a los talleres, de hecho, son jóvenes afrodescendientes, hijas de inmigrantes haitianos empleados como braceros desde largo tiempo en las rentables plantaciones de caña de azúcar, donde trabajan en condiciones de semiesclavitud; mujeres que por vivir en esos lugares aislados, por ser negras, pobres y, en fin, por ser mujeres, no tienen posibilidad de insertarse en el mercado laboral oficial y son objeto de continuas discriminaciones y violencias.
Aun siendo un país con una población mayoritariamente negra, la República Dominicana tiene una cuenta pendiente con su herencia africana y, en especial, con el aporte histórico de la vecina Haití.
Esta negación y este rechazo, compartido y generalizado, a lo negro y a lo haitiano, finalmente, se ha reflejado en una política gubernamental discriminatoria. A través de una controvertida reforma constitucional, incluso aplicada con carácter retroactivo, en el 2013 se despojó de la nacionalidad dominicana a decenas de miles de personas nacidas en el país pero cuyos padres son extranjeros.
A raíz de esa reforma constitucional, Belique y Lorac se han sido dos liderezas del movimiento Reconoci.do, el cual tiene como objetivo defender los derechos de las personas afectadas, promoviendo manifestaciones, debates y demandas colectivas. Pero más allá de las grandes movilizaciones, también sintieron la necesidad de trabajar desde abajo, en el día a día, construyendo conciencia y conocimiento junto a las personas más desfavorecidas, el anillo mas débil de la cadena: las mujeres de los bateyes, quienes ni siquiera tenían los recursos culturales para emprender una lucha tan grande.
Así nació la idea de “Muñecas negras RD”, como forma concreta de lucha y resistencia cotidiana: utilizar un objeto tan simple como una muñeca de tela para concientizar, empoderar y, tal vez, rescatar la vida de las mujeres. Recuerda Belique:
“Hace mucho que venía soñando con realizar algo junto a la población bateyera a la que pertenezco. Quería realizar algo práctico, inmediato, que conjugase la acción con la teoría, y pensé: ¿qué mejor manera que reflexionar y, al mismo tiempo, actuar para deconstruir los estereotipos de belleza que históricamente nos han impuesto desde niñas? Ese fue el pensamiento: ayudar a nuestras jóvenes a reconocerse como negras, valientes y guerreras que luchan cada día contra las adversidades en una sociedad que menosprecia a lo negro y lo inferioriza”.
El primer taller del proyecto se celebró el pasado marzo del 2019 en el batey Sabana Larga, en la provincia de Monte Plata, a unos 50 kilómetros al norte de la capital, Santo Domingo. Desde entonces, todos los sábados, un número creciente de mujeres ha seguido reuniéndose para fabricar decenas de muñecas negras, ejemplares únicos, enteramente realizados a mano, con su cabello naturalmente rizado y alegres vestidos de colores. Durante los talleres, las participantes trabajan en grupos, ríen y se divierten, pero también conversan, discuten y razonan sobre sus vidas, planteándose preguntas y posibles soluciones a los problemas que sufren por su condición social.
“Los talleres –agrega Ana María Belique– ayudan a elevar la autoestima facilitando conversaciones sobre derechos humanos, discriminación estructural, apatridia y negritud. Pero a la vez, son una oportunidad para que las mujeres desarrollen una habilidad que les pueda generar ingresos”.
En efecto, las muñecas fabricadas por las mujeres en los talleres están a la venta, y las ganancias sirven para seguir desarrollando el proyecto y también para ayudar económicamente a las participantes. Sin embargo, por el momento la iniciativa se mantiene gracias a la colaboración de amigos y amigas que creen en la importancia de este trabajo, pero el propósito para el 2020, afirma Ana, es “involucrar a más comunidades y a más mujeres. Por esta razón, necesitamos el apoyo y el sostén de todos. Ver a las mujeres amar estas muñecas negras nos llena de orgullo y nos hace sentir que vamos por el buen camino. Ellas son las que le dan sentido a nuestro trabajo”.
Acento / COMCOSUR MUJER Nº 632 – 16/03/2020
____________
7) URUGUAY: LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO ANTE LA MARCHA DEL 8M
Un informe reciente de la CIDH analizó cuáles son los derechos que se ejercen durante una manifestación y cuáles son los deberes de los estados para garantizarlos
Sudestada – 08/03/2020
En los días previos a la marcha del Día Internacional de la Mujer, este domingo 8 de marzo, autoridades del gobierno informaron sobre algunas características del operativo de seguridad que llevarán a cabo mientras tenga lugar la movilización. Entre las declaraciones realizadas, muchas de ellas desde el anonimato, los miembros del gobierno señalar que la marcha era considerada como “una primera prueba” sobre seguridad, cuando se trata de una movilización pacífica en la que participan referentes políticas, sociales, sindicales y culturales, junto a decenas de miles de personas.
Mediante notas periodísticas también se dieron a conocer algunos detalles del operativo, que incluye la filmación de los manifestantes, un procedimiento cuestionado por el sistema interamericano de derechos humanos, ya que implica el registro irregular del ejercicio de un derecho constitucional ejercido de manera pacífica.
Este asunto fue analizado recientemente por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que publicó el informe “Protesta y Derechos Humanos”, que da cuenta de las obligaciones de los Estados que ratificaron la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), así como otras obligaciones del sistema universal e interamericano.
Cuando ocurre un protesta, “la intervención del Estado debe prestar especial atención a los deberes de protección y facilitación, de conformidad con los artículos 1 y 2” de la CADH, asegura el informe aprobado en diciembre de 2019, en el marco de las manifestaciones que proliferaron en la región el año pasado.
El documento elaborado por el relator especial para la Libertad de Expresión, Edison Lanza, plantea que el “interés social imperativo del que se reviste el derecho a participar en manifestaciones públicas hace que exista una presunción general en favor de su ejercicio” y que los Estados deben “promover un entorno seguro y propicio” para que estas libertades sean ejercidas plenamente.
En este sentido, el informe plantea que “los Estados deben actuar sobre la base de la licitud de las protestas y manifestaciones públicas y bajo el supuesto de que no constituyen una amenaza al orden público, aún en los casos en que se hacen sin aviso previo”.
La actuación policial
La CIDH resalta que el uso de la fuerza pública durante una protesta debe tener un carácter “excepcional”, y regirse en los principios de legalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad. Incluso, plantea que las fuerzas de seguridad tienen el deber de “proteger a los participantes de una manifestación contra la violencia física por parte de terceros y actores no estatales, inclusive personas que puedan sostener opiniones opuestas”.
“Los principios de moderación, proporcionalidad y progresividad deben observarse tanto en situaciones que tengan por objeto la reducción y/o detención de una persona que resiste la acción legítima de la autoridad policial, como en aquellos casos de operativos policiales en manifestaciones o concentraciones masivas que generen situaciones de violencia o afecten derechos de terceras personas”, añade el documento.
El informe de la comisión plantea recomendaciones para que los Estados realicen un uso limitado de las armas en los contextos de protesta, incluyendo aquellas que sean consideradas “no letales” pero que igualmente pueden ocasionar lesiones graves o mortales.
En cuanto a las eventuales detenciones de personas que participen de protestas, el documento recuerda que “no se deberán practicar con la intención de castigar, reprimir o discriminar a las personas privadas de libertad, ni se podrán realizar en condiciones que les ocasionen sufrimientos físicos o mentales, en forma humillante o que propicien la exhibición pública”.
Recuerda que “nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios” y que según la CADH “toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella” y que “debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad”.
Criminalización de la protesta
La CIDH cuestiona especialmente el uso de mecanismos de inteligencia para criminalizar la protesta social, entre ellos “espionaje, seguimiento, infiltración”, entre otras actividades.
“Muchas veces, estas prácticas incluyen el registro fílmico y/o fotográfico de manifestantes que culminan en el registro de datos sobre personas u organizaciones. Así también escuchas de sus conversaciones telefónicas o de sus comunicaciones privadas a través de medios digitales”, advierte el documento.
Sobre estas prácticas, la CIDH señaló que “el monitoreo de las actividades regulares de organizaciones políticas y sociales y el registro y almacenamiento de información obtenida por medio de su infiltración son acciones ilegítimas y contrarias a los estándares interamericanos y viola los derechos de libertad de reunión y asociación y de participación política”.
Sudestada, periodismo y transparencia / COMCOSUR MUJER Nº 632 – 16/03/2020
____________
“Siempre he partido de una idea elemental: la de que la verdad no necesita ser justificada por la adecuación a un objetivo superior. La verdad es la verdad y nada más. Debe ser servida, no servir.”
Eugenia Ginzburg / “El vértigo”.
_____________
COMCOSUR MUJER ES UNA PRODUCCIÓN DE COMCOSUR / COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR / Desde el 19 de Junio de 1994 / Coordinación: Carlos Casares – DIRECCIÓN POSTAL: Proyectada 17 metros 5192 E (Parque Rivera) 11400 MONTEVIDEO/URUGUAY / Comcosur se mantiene con el trabajo voluntario de sus integrantes y no cuenta con ningún tipo de apoyo económico externo, institucional o personal / Las opiniones vertidas en las distintas notas que integran este boletín no reflejan necesariamente la posición que podría tener Comcosur sobre los temas en cuestión / Comcosur integra la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC)/
Blog: nuevo.comcosur.org / Puedes seguir a Comcosur también en Facebook
—