1) Alemania: COVID-19: Piden mantener prohibición de prostitución
2) Ecuador: En la cuarentena se dispara violencia doméstica contra la mujer.
3) El Salvador: La pandemia del autoritarismo
4) México: Trabajadoras del hogar, de las primeras despedidas por el COVID-19
5) Uruguay: Ediles de la oposición no votaron la iniciativa para designar pasajes de La Tablada con los nombres de tres desaparecidas
6) Uruguay: Figuras del poder procesados por red de trata y explotación sexual de adolescentes
7) Cómo evitar que la pandemia afecte a los avances en igualdad de género
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COMCOSUR MUJER / Fundado por Yessie Macchi / AÑO 17 /No. 642 – Lunes 25 de mayo de 2020 / Producción: Beatriz Alonso y Belén Itza / Apoyo técnico: Carlos Dárdano
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“Por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres” Rosa Luxemburgo
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1) ALEMANIA: COVID-19: PIDEN MANTENER PROHIBICIÓN DE PROSTITUCIÓN
Un grupo de 16 diputadas y diputados alemanes pidió en una carta abierta a los gobiernos estatales, que no levanten las medidas que prohíben la prostitución durante la emergencia sanitaria.
Las medidas sanitarias no deberían de relajarse: “Es obvio que la prostitución tendría el mismo impacto como un Superspreader‘(persona que contagia a grandes grupos, en inglés), ya que actos sexuales no son compatibles con el distanciamiento social“, escribieron. A la hora de rastrear las cadenas de infección, lo más probable sería que las personas entrevistadas oculten contactos con mujeres explotadas sexualmente, argumentaron.
La carta fue firmada por 16 diputadas y diputados de los partidos del gobierno, los cristiano-demócratas y socialdemócratas. Sin embargo, representan una fracción mínima del parlamento alemán, con actualmente 709 escaños. Las y los políticos insistieron que abogan por la prohibición de la prostitución en general. Se trataría en la mayoría de los casos de una actividad misógina, degradante y destructora, a la que las mujeres son forzadas.
El actual cierre de los lugares donde se explota sexualmente a las mujeres, confirmaría que éstas no tienen acceso a un registro formal, a vivienda y servicios de salud, y que son dependientes de sus proxenetas. “A estas mujeres, no les ayuda la reapertura de burdeles, sino una formación o actividad en una profesión con un salario digno”, afirmaron las y los diputados.
El grupo aconsejó introducir medidas de asistencia para que las mujeres- en su mayoría provenientes de países del este de Europa- puedan hacer cursos de idiomas y terapias, así como acceder a vivienda y servicios de salud, como lo preve el “modelo nórdico”. De acuerdo con las y los autores de la carta, “hay 33 mil mujeres registradas como prostitutas en Alemania”, pero en realidad serían más de 400 mil.
Alemania, un destino del turismo sexual
En Alemania, la prostitución es legal, y la mayoría de las corrientes políticas, sobre todo liberales y de izquierda, argumentan que regular la industria del sexo significa mejorar las condiciones para “trabajadoras sexuales”. Con muchos países vecinos, como Escandinavia y Francia, siguiendo una política abolicionista, el país se ha convertido en un destino para turistas sexuales desde la legalización en 2001. De acuerdo a la “Ley de Protección de Prostitutas”, aprobada en 2016, las mujeres y hombres pueden registrarse y con eso acceder a servicios de salud y ser más protegidas del crimen organizado.
Sin embargo, la crisis del COVID-19 ha demostrado que muchas de ellas siguen viviendo condiciones de vulnerabilidad. Como una de las medidas que se implementaron a mediados de marzo 2020 para contrarrestar la pandemia, se prohibió la prostitución en varias entidades. De inmediato, hubo reportes de mujeres que perdieron sus viviendas. Ellas vivían en los mismos lugares donde se les explota sexualmente- práctica prohibida por ley pero de hecho tolerada por las autoridades. Con el anuncio de las medidas, sus proxenetas las echaron de las casas, porque no podían “trabajar”.
Asimismo, la mayoría de las mujeres en situación de prostitución no tenía ahorros para sobrevivir meses. No podían acceder a las ayudas financieras que el Estado alemán repartió a trabajadoras y trabajadores independientes, porque no se habían “registrado como prostitutas” y no tenían facturas fiscales, hecho que contradice los argumentos de la política reguladora que persigue el Estado.
La carta de las y los diputados fue criticada por otras parlamentarias y parlamentarios. La iniciativa sería “completamente inútil”, dijo el portavoz de política familiar de los cristiano-demócratas, Marcus Weinberg, al periódico “Bild”. Una prohibición “obligaría a las mujeres a entrar en sótanos oscuros y en la ilegalidad”, continuó. La Secretaría Federal de las Mujeres respondió que prohibir la prostitución no era “propicio para alcanzar el objetivo”. Esto “llevaría a las prostitutas más a la ilegalidad”, advirtió Dirk Peglow, vicepresidente de la Federación de Investigadores Criminales.
Cimacnoticias / COMCOSUR MUJER Nº 642 – 25/05/2020
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2) ECUADOR: EN LA CUARENTENA SE DISPARA VIOLENCIA DOMÉSTICA CONTRA LA MUJER.
Un reciente estudio realizado en Ecuador por el programa PreViMujer de la Cooperación Técnica Alemana, GIZ sobre la violencia hacia la mujer en tiempos de cuarentena a causa del COVID-19, revela que la violencia doméstica contra las mujeres se incrementó en un 30%.
El documento contiene recomendaciones dirigidas al Gobierno Nacional, con el fin de que se adopten medidas de prevención durante y después de la emergencia.
Escuchar audio: www.aler.org/node/7381?fbclid=IwAR3k3ExC6dkJcrf9Ds9p6FVdwqiTCrLsxkN7SNqq0hoH0bFTUYa45EuMt38
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3) EL SALVADOR: LA PANDEMIA DEL AUTORITARISMO
El Salvador lleva más de 60 días en estricta cuarentena vigilada por la policía y las fuerzas militares. Cualquier acto interpretado como una violación a la cuarentena puede costar la violación de los derechos humanos.
En febrero de este año el presidente Nayib Bukele ordenó rodear la Asamblea Legislativa de fuerzas militares como estrategia de presión para lograr el respaldo que le permita tomar crédito por 109 millones de dólares para la compra de armamento.
Para organizaciones feministas, de derechos humanos y partidos como el FMLN lo que hizo Nayib Bukele fue un autogolpe. Para buena parte de la población trajo resonancias de la última dictadura y de los años previos a la firma de los Acuerdos de Paz en 1992.
A pesar de la pandemia, las tensiones entre el presidente Nayib Bukele, la Asamblea Legislativa y el poder judicial no cesaron. La diputada nacional por el FMLN (Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional) y doctora en medicina Rina Araujo afirmó que el día en el que se anunció por cadena nacional el decreto de cuarentena se registraron torturas en vía pública y se detuvieron a 2800 personas.
“Fueron llevadas a centros de contención. No tenían agua, en camarotes a menos de 50 centímetros, en una total violación a los derechos humanos, así hemos estado manejando la pandemia”, advirtió la diputada.
La periodista feminista, Clancy Rosa, de la Revista La Brújula sostuvo que El Salvador pasa por un momento de “inestabilidad social, política y jurídica. El presidente ha sacado decretos que sobrepasan sus atribuciones constitucionales y se ha tomado atribuciones que le corresponden estrictamente a la Asamblea Legislativa”.
“Se vive un momento de muchísima incertidumbre. Políticamente hablando, una de las grandes dificultades es tener en el Ejecutivo a un presidente que está queriendo obtener a cualquier costo el manejo de todo el poder del Estado”, y adviritó que “el presidente a desacatado cualquier resolución que ha venido de la Corte Suprema de Justicia y mucho menos las consideraciones que puedan venir de la Asamblea Legislativa”, dijo la diputada del FMLN.
La diputada Rina Araujo informó que el presidente veta todas las resoluciones del poder legislativo. “Todo lo que hacemos en este pleno y que viene de cualquier grupo parlamentario, es vetado. Llevamos casi nueve vetos”, afirmó.
La situación económica golpea particularmente a los sectores más pobres y la clase trabajadora cuyos índices dan cuenta de un 80 por ciento de informalidad. La cronista de la Revista La Brújula afirmó que “gran parte de la población se dedica a la venta informa y también las pequeñas y medianas empresas, han cerrado porque después de dos meses no han podido garantizar los salarios a sus trabajadorxs” y añadió que, no se ha pensado un plan que pueda aliviar a este sector, la gente se enfrenta a“morir de coronavirus o morir de hambre”
Otro aspecto preocupante en El Salvador es la perscusión a las organizaciones feministas y el nivel de violencia contra las mujeres, lesbianas, gays y personas trans. Según la diputada Araujo en timpos de cuarentena“tenemos más femicidios que personas fallecidas por covid”. Clancy Rosa señaló que “se estima que en el primer mes de confinamiento había como 150 denuncias por violencia de género. El gobierno no se ha pronunciado por los femicidios que ya vamos por 17 femicidios en cuarentena.”
La diputada Rina Araujo no duda en afirmar que “en este momento no tenemos una condición de democracia. Venimos de una guerra. Yo diría que en este momento la democracia está totalmente agredida. No hay un sistema democrático. Hay un sistema autoritario” y en el marco de la emergencia sanitaria mundial “la pandemia se usa para generar estos Estados autoritarios”, advirtió la periodista Clancy Rosa.
Estas son algunas claves para entender en qué contexto llega la pandemia de coronavirus a El Salvador.
Aquí la entrevista con la Diputada Nacional por el FMLN Rina Araujo y la crónica de la periodista Clancy Rosa de la “Revista La Brújula. Periodismo Feminista”
Ir al audio: fmlatribu.com/noticias/2020/05/23/el-salvador-la-pandemia-del-autoritarismo/
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4) MÉXICO: TRABAJADORAS DEL HOGAR, DE LAS PRIMERAS DESPEDIDAS POR EL COVID-19
En México, durante la presente pandemia del coronavirus, las trabajadoras del hogar fueron unas de las primeras personas en ser despedidas de sus empleos o mandadas a sus casas a descansar pero sin goce de sueldo, señaló Marcela Azuela Gómez, coordinadora del Colectivo Hogar Justo Hogar, al participar en la mesa de diálogo ‘Trabajo informal y la crisis del Covid-19’, organizada por el Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.
Muchas de las trabajadoras del hogar son jefas de familia y otras se encargan de cuidar a sus padres y madres, que ya son personas mayores, por lo que al haber sido despedidas a causa de la contingencia por el COVID-19 están viviendo una situación de miseria y de mucha dificultad para sacar adelante a sus familias.
Además, entre las trabajadoras del hogar también hay muchas en riesgo de contraer el coronavirus; por ser adultas mayores, tener enfermedades cardiovasculares o diabetes, agregó Azuela, en el diálogo que formó parte del seminario on line ‘El Derecho frente a la pandemia del COVID-19’.
Aunado a quienes han sido despedidas o ‘descansadas’ está el caso de algunas trabajadoras del hogar que deseaban quedarse en sus casas, para cuidar su salud y la de los otros, pero sus empleadores no se los permitieron, con el fin de que se queden con ellos toda la cuarentena, durante la cual están laborando muchas horas más que antes, pues con las nuevas medidas de higiene, tienen que desinfectar y limpiar más cosas, hacerlo por más tiempo o más veces.
Y algunas se han quedado a trabajar también los domingos; por lo que no están descansando. Ante esta situación, Marcela Azuela recordó que, incluso si viven en la casa de sus empleadores, la jornada laboral de las trabajadoras del hogar es máximo de ocho horas, otras ocho horas son para que descansen y las restantes ocho horas del día tienen el derecho de destinarlas a hacer lo que ellas quieran, incluso en estos tiempos de encierro.
Sólo el 1% de las trabajadoras del hogar tienen seguridad social
En otro orden de ideas, la coordinadora del Colectivo Hogar Justo Hogar dijo que, en México, las trabajadoras del hogar son personas que viven múltiples situaciones de discriminación: por ser mujeres, por tener un nivel educativo casi siempre bajo y por tener un nivel económico bajo también.
Tampoco se pueden organizar, como sucede en otros trabajos en donde el colectivo les indica, explica y enseña cuáles son sus derechos laborales; por lo que las trabajadoras del hogar difícilmente saben que tienen derechos, “así de grave es la situación”.
Uno de esos derechos más complicados de garantizar a las trabajadoras del hogar es el de contar con seguridad social. Aunque, ciertamente, el año pasado, el 30 de marzo – Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar-, en México se dio a conocer un programa piloto para que este sector de la población pueda acceder a la seguridad social, con los mismos derechos y garantías que otros trabajadores.
No obstante que el próximo mes de octubre este programa dejará de ser piloto para volverse obligatorio, la realidad actual es que de las dos millones 480 mil 466 trabajadoras del hogar que hay en este país, únicamente 22 mil cuenta con seguridad social, es decir, poco menos del 1%.
Por lo que en el transcurso de esta pandemia y confinamiento, “me atrevo a suponer que las personas que sí tienen seguridad social no son a las que han despedido o a las que han mandado a sus casas a descansar”.
Si bien Azuela Gómez es consciente de que la situación económica generada por el COVID-19 es difícil para todas y todos, como muestran las cifras de desempleo y el pronóstico de que habrá un aumento de personas que caerán en condición de pobreza, recomienda a las y los empleadoras de las trabajadoras del hogar actuar de la manera más justa posible con ellas.
Por ejemplo, si a una persona le redujeron el 10% de su sueldo, que haga lo mismo con su trabajadora del hogar, es decir, le reduzca en 10% su salario; pero que no la despida. Y es que cualquier persona que emplee a una trabajadora del hogar tiene en sus manos la oportunidad de ser solidaria con ella, de garantizarle sus derechos, de poder enfrentar juntas la pandemia y de cuidarse entre ambas.
Por último, Marcela Azuela compartió una serie de sugerencias para tratar con todo respeto a las trabajadoras del hogar durante la pandemia: acercarles información sobre la contingencia, en un lenguaje claro y sencillo; evitar obligarlas a cuidar a personas con síntomas o afecciones respiratorias; no propiciar que descuiden a sus propias familias (por atender la de su empleador); hacer equipo con ellas para revisar la mejor manera de cumplir con las medidas básicas de higiene.
En caso de tener que suspenderse la presencia de las trabajadoras del hogar por las medidas de distanciamiento social, los empleadores tienen la obligación de seguirles pagando sus sueldos, como ocurriría en caso de enfermedad; y de garantizarles sus derechos laborales; porque “despedirlas por temor al COVID-19 sería un despido injustificado y un daño a su economía y a la del país”.
Mesa
Además de Marcela Azuela Gómez, coordinadora del Colectivo Hogar Justo Hogar, en la mesa de diálogo ‘Trabajo informal y la crisis del Covid-19’ también participaron el Dr. Manuel Fuentes Muñiz, abogado laboralista; Nashieli Ramírez Hernández, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM); y la Mtra. Tania Espinosa Sánchez, coordinadora de WIEGO en México.
Desinformémonos / COMCOSUR MUJER Nº 642 – 25/05/2020
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5) URUGUAY: EDILES DE LA OPOSICIÓN NO VOTARON LA INICIATIVA PARA DESIGNAR PASAJES DE LA TABLADA CON LOS NOMBRES DE TRES DESAPARECIDAS
El proyecto fue presentado por la sociedad civil; no podrá volver a ser tratado hasta el próximo período.
En mayo del año pasado, la Comisión Memoria de La Tablada (Cometa) – integrada por sobrevivientes del ex centro de detención y organizaciones barriales y sociales- logró que el ex centro de represión La Tablada, ubicado en Camino Melilla, fuera declarado un sitio de memoria. Era un paso importante para transformar un lugar que fue de “destrucción, despersonalización e impunidad” en un lugar “de respeto y futuro”, decía por ese entonces a la diaria Ivonne Klinger, ex presa política e integrante de
Cometa.
El siguiente paso era nombrar los tres pasajes que conducen a La Tablada con el nombre de tres mujeres desaparecidas durante la dictadura: Amelia Sanjurjo, Célica Gómez y Carolina Barrientos. “Ponerle el nombre de compañeras desaparecidas cuando la mayoría de las calles tienen nombres de varones es muy importante”, dijo Klinger. La iniciativa fue promovida por Cometa, organizaciones sociales y vecinales de la zona, el grupo Tradicionalista Troperos de La Tablada, el grupo de extensión universitaria
de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de la República, el Municipio G y la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.
Sin embargo, la iniciativa quedó trunca el jueves, tras una sesión de varias horas en la Junta Departamental de Montevideo (JDM). Martín Nessi, edil del Frente Amplio (FA), contó a la diaria que había 12 puntos referentes a nomenclaturas para tratar en la sesión: “Para aprobar los puntos necesitamos 21 votos, una mayoría especial, pero esta vez la oposición no acompañó con los votos. Ellos entendían que, en el marco de la situación
actual de emergencia, la JDM debía votar cosas que fueran relevantes para la ciudadanía, de lo cual se desprende que este tema no es relevante para ellos”.
El edil nacionalista Javier Barrios dijo a la diaria que la votación no tuvo carácter “político-ideológico”. Explicó que había varias propuestas de nomenclatura para votar y su bancada entendió que, en las sesiones especiales, había temas “más urgentes que tratar”, como el decreto “tan comentado” de la obligatoriedad del uso de tapabocas en los ómnibus que firmó la Intendencia de Montevideo. Agregó que la oposición quería saber si se estaba cumpliendo con la normativa de la cuota que tiene la JDM para
la designación de calles y, por ese motivo, solicitaron que los proyectos volvieran a la comisión de nomenclatura. “Le advertimos al FA que si volvía a comisión, se podía volver a tratar dentro de un mes. El FA prefería sacrificar los nombres porque sabía que no tenía los votos, esa fue su decisión”, afirmó.
Barrios cuestionó que se le quiera dar un “tinte político” al tema: “De la misma forma que hace dos sesiones decidimos no votar multas, porque entendíamos que no era el momento para imponer multas a la gente, creímos que este no era el momento de votar nomenclaturas. Los nombres salen por unanimidad en la Junta. Nosotros estamos de acuerdo con el reconocimiento del pasado reciente y con todo lo que tenga que ver con
traer a la memoria estos hechos para que no se vuelvan a cometer nunca más”.
Para Klinger, no hay argumento que justifique la negativa de nombrar “tres callecitas de tierra, que actualmente no tienen nombre y que están dentro del predio otorgado a la Comisión de Memoria de la Tablada”. “No nos cabe ninguna explicación”, argumentó. Además, señaló la contradicción entre esta decisión y la visita de este viernes de la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, y el ministro de Defensa Nacional, Javier García, al Batallón 14, donde manifestaron su compromiso con la búsqueda de los desaparecidos. “Era una cuestión de homenajearlas. No entendemos la negativa en un tema teóricamente administrativo, no nos parece pertinente. Me parece tan cruel”, dijo Klinger.
Amelia, Célica y Carolina
Amelia Sanjurjo:
Tenía 41 años y trabajaba en la editorial Mundo Libro. Militaba en el Partido Comunista del Uruguay. La detuvieron el 2 de noviembre de 1977 en su casa. Según el informe de la Comisión para la Paz, la trasladaron al centro de detención clandestino Base Roberto, en La Tablada, dirigido por el Órgano Coordinador de Operaciones Antisubversivas. El 8 de noviembre, según el informe, intentaron llevarla a la sala de torturas, pero se resistió y la golpearon, lo que “ocasiona su muerte”. Estaba embarazada.
Célica Gómez:
Tenía 29 años y era empleada en la Sección Facturación en la Agencia Oficial de Noticias Argentinas. No militaba en ningún partido. Era hermana de un exiliado del Partido Comunista Revolucionario. El 3 de enero de 1978 la secuestraron al salir de su trabajo en Buenos Aires. Luego de estar en centros de detención argentinos, fue trasladada a Uruguay en el marco de un operativo del Plan Cóndor. Fue vista por última vez en La Tablada.
Carolina Barrientos:
Tenía 37 años y era docente y doctora en Química. Fue secuestrada en la madrugada del 30 de diciembre de 1977, en su apartamento en Buenos Aires. Según información de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, probablemente estuviera vinculada al Partido Comunista Revolucionario. El último lugar donde se la vio fue en La Tablada. Según testimonios, fue trasladada junto a un grupo de uruguayos probablemente por mar desde Argentina a Uruguay.
Mariana Cianelli /La Diaria / COMCOSUR MUJER Nº 642 – 25/05/2020
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6) URUGUAY: FIGURAS DEL PODER PROCESADOS POR RED DE TRATA Y EXPLOTACIÓN SEXUAL DE ADOLESCENTES
En los días pasados se dio a conocer el procesamiento de cinco hombres por explotación sexual de menores. Los involucrados son figuras relacionadas con el poder: un diputado suplente del Partido Colorado, un ex juez, un dueño de un boliche de música electrónica, un arquitecto y un ex asesor de la URSEA.
Los cinco fueron procesados sin prisión, sólo les aplicaron una prohibición de acercamiento a las víctimas, provocando indignación en la sociedad, tal como se pudo percibir a través de las redes sociales.
Ellos son:
Washington Balliva, abogado, ex juez Penal, de Menores y de Aduanas y asesor en seguridad
Nicolás Ortiz, docente del Elbio Fernández y Diputado Suplente por el Partido Colorado (sector Ciudadanos)
Miguel Ángel Larramendi, abogado, ex asesor de la URSEA nombrado en el 2014 y docente de Derecho Administrativo de la Udelar
Nicolás Chirico, empresario nocturno, propietario de La Terraza y organizador de fiestas electrónicas en Punta del Este
Mauricio Zardo Cabrera, arquitecto
Según lo que se dio a conocer a través de los medios, los contactos comenzaron a través de una página web donde personas ofrecen servicios sexuales de toda clase sin pagar comisiones. La página funciona también en Argentina. Luego, acordaban a través de conversaciones privadas donde participaban los involucrados y las adolescentes. Según se informó en medios nacionales, una de las muchachas involucradas apareció muerta en la desembocadura del arroyo Solís después de estar desaparecida algunos días. La última vez que se supo de ella se dirigía a la terminal de Tres Cruces para viajar a Punta del Este. Los chats en los celulares de las adolescentes revelaron datos para la investigación.
Un Estado proxeneta
La noticia causó indignación en la sociedad uruguaya. Siempre causa estupor cuando se conoce este tipo de casos, donde quienes son los responsables de impartir justicia y garantizar derechos, están involucrados por participar en este tipo de delitos atroces.
Sin embargo, para nosotras este tipo de casos no nos parecen sorprendentes. Desde Pan y Rosas venimos denunciando hace mucho tiempo la complicidad del Estado y demás entramado del poder en los casos de trata de personas y explotación sexual. Cada vez que desaparece una muchacha apuntamos a que detrás de estas desapariciones hay redes delictivas, muchas de ellas incluso funcionan de forma internacional.
Existe todo un entramado que incluye a políticos, fuerzas de seguridad, y hasta a la misma Justicia, que son cómplices para que este tipo de delitos se puedan desarrollar de manera impune y a la vista se todos. En diferentes puntos del país, vecinos han denunciado en muchas ocasiones situaciones extrañas, vehículos sospechosos, etc. y sin embargo se desestiman estas declaraciones sin investigar.
Nuevamente el silencio de Argimón y los eufemismos de Talvi
La vicepresidente – que se denomina feminista – aún no opinó públicamente acerca de este caso indignante. En las últimas horas, según trascendió en sus redes sociales, mantuvo reuniones con organizaciones que velan por los derechos de los niños y adolescentes. Sin embargo, se mantuvo sin comentarios respecto a este caso donde están involucrados allegados al poder. Nuevamente queda visible cómo los derechos de las mujeres son puro discurso electoral para los integrantes de la coalición, ya que en palabras o hechos nos siguen violentando.
Para que realmente sea posible el «Ni una menos», no basta con marchar o desfilar con pancartas mientras nos mantenemos al margen de este tipo de casos. Para que se haga realidad el «Ni una menos» es necesario terminar con la impunidad, denunciar y repudiar enérgicamente a todas las estructuras y personajes que son partícipes de la trata y explotación sexual. El silencio – provenga de coalición de derecha o de izquierda – los hace cómplices.
Tampoco podemos dejar de señalar el comentario a través de redes que realizó Ernesto Talvi. El canciller trató de disimular y minimizar la gravedad de la acusación, apelando a la presunción de inocencia de su compañero de partido, Nicolás Ortiz. El diputado suplente quedó suspendido en el ejercicio de sus derechos como afiliado del Partido Colorado, su caso será tratado por la Comisión de Ética y Conducta Política del Partido Colorado. Además, fue desvinculado de la Escuela y Liceo Elbio Fernández, donde Ortiz ejercía como docente. Sin embargo, esta serie de medidas no llegan a estar a la altura de las circunstancias.
Basta de impunidad
Concordamos con las palabras de nuestra compañera Andrea D´Atri, fundadora de la Agrupación de Mujeres Pan y Rosas: «La verdadera inseguridad que afecta a las mujeres es la impunidad con la que pueden actuar los tratantes, proxenetas y femicidas, la mayoría de las veces con la complicidad activa de las fuerzas de seguridad».
Esta penosa realidad se vive en toda la región. Detrás de desapariciones y cuerpos que son descartados sin jamás lograr esclarecer las causas, están detrás estas organizaciones.
Muchas veces los gobiernos fortalecen las fuerzas de seguridad que terminan siendo cómplices y pieza fundamental para que se puedan desarrollar las redes de trata y prostitución.
El Estado condena a las mujeres a situaciones de vulnerabilidad, las somete y las expone al abuso y explotación sexual donde políticos, policías y jueces garantizan el funcionamiento de este tipo de negocios.
Por eso, es esencial que las mujeres y disidencias nos organicemos para demostrar que nuestras vidas valen más que sus ganancias. Tenemos que dar pelea contra aquellos que hacen sus fortunas a costas de nuestras vidas. Es importante visibilizar esta situación que se vive en Uruguay, especialmente en el interior, en las zonas fronterizas, en las zonas de puertos. Es necesario luchar organizadas para tirar abajo todas estas estructuras podridas que nos siguen poniendo en peligro, sometiendo nuestros cuerpos de las peores formas.
Desde Pan y Rosas seguiremos luchando para que se termine la impunidad y la explotación, y que se condenen a los responsables. Seguiremos gritando ¡Ni una menos! y dejando bien claro que al patriarcado lo vamos a tirar, y no habrá retorno.
Laizquierdadiario / COMCOSUR MUJER Nº 642 – 25/05/2020
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7) CÓMO EVITAR QUE LA PANDEMIA AFECTE A LOS AVANCES EN IGUALDAD DE GÉNERO
ONU mujeres ha denunciado que la crisis de la COVID-19 está afectando a mujeres y niñas en áreas, como la salud, la seguridad, la estabilidad laboral, la obtención de ingresos, los trabajos de cuidados y la violencia doméstica y de género.
La pandemia ha puesto en peligro muchos de los avances en igualdad de género que se habían alcanzado. Para recuperar el terreno perdido, las empresas deben tomar medidas con un claro enfoque de género que:
Garanticen la igualdad de representación en la planificación y la toma de decisiones relativas a la COVID-19.
Impulsen un cambio en pro de la igualdad en las cuestiones relativas a los cuidados remunerados y no remunerados.
Incluyan a mujeres y niñas en las acciones empresariales que aborden el impacto socioeconómico de la COVID-19.
Pero, ¿están preparadas las organizaciones para llevar a la práctica estas acciones? ¿Qué ventajas supondrían para las organizaciones?
La RSG, una estrategia transversal en las organizaciones
Aunque en el ámbito empresarial la perspectiva de género solo se ha tratado parcialmente, comienza a ser considerada un principio a tomar en cuenta en el desarrollo del modelo de negocio y la cultura empresarial.
Esta evolución deberá conducir hacia el desarrollo del concepto de Responsabilidad Social de Género (RSG), con el que se busca promover la igualdad y la no discriminación por género en las empresas.
Muchos especialistas proponen una estrategia transversal de RSG que, además de las relaciones laborales y la gestión de los recursos humanos, incluya los procesos de producción, aprovisionamiento, marketing y gobernanza de la empresa.
Esta estrategia seguiría el esquema del Libro Verde para la RSE que define dos líneas de trabajo, la interna y la externa.
Ámbitos de la responsabilidad social como marco para la integración de la igualdad de género
Ámbitos de la Responsabilidad Social como marco para la integración de la igualdad de género (Responsabilidad Social de Género – RSG) Fuente: Elaboración propia a partir de Libro Verde para la RSE.
La dimensión interna contempla las áreas de gestión de recursos humanos, salud y seguridad en el trabajo, adaptación al cambio, y gestión del impacto sobre el medio ambiente y los recursos naturales.
La dimensión externa pone el foco en las comunidades en las que opera la empresa; los proveedores, los consumidores y los socios comerciales; los derechos humanos, y los problemas ecológicos a escala mundial.
Ambas dimensiones son igualmente relevantes y trabajar en ellas, durante y después de la COVID-19, puede ser una gran baza para las organizaciones.
Las recomendaciones de ONU Mujeres y el Pacto Mundial de Naciones Unidas
Ante la crisis de la Covid-19, ONU Mujeres y el Pacto Mundial de Naciones Unidas señalan cinco ámbitos en los que el sector privado debería actuar bajo el enfoque de género:
En el liderazgo, implementando políticas y respuestas a la crisis que refuercen la comunicación con las y los trabajadores y apoyen el teletrabajo.
En el lugar de trabajo, para facilitar la flexibilidad, promover las corresponsabilidades de cuidado. Se ha de prestar especial atención y apoyo a la salud física y mental de los y las trabajadoras, y, muy en particular, a la violencia de género durante el confinamiento.
En relación al mercado, potenciando y visibilizando la actividad de mujeres empresarias locales, bien por haberse visto afectadas por la crisis o por su eficaz gestión de la misma.
En la comunidad, subvencionando organizaciones de apoyo a colectivos vulnerables, haciendo donaciones a la comunidad, o estableciendo moratorias en el pago de alquileres o servicios, entre otras acciones.
En transparencia e informes, informando de las repercusiones económicas de la pandemia, los casos de violencia y abusos en confinamiento, así como de las tasas de infección diferenciadas por género, como parte de su compromiso con los [Principios de Empoderamiento Femenino (PEM)](www.pactomundial.org/wp-content/uploads/2019/03/7-Principios-para-el-empoderamiento-de-las-mujeres.
Junto a lo anterior, ¿qué más pueden hacer las organizaciones?
En el frente interno se debe:
Gestionar los procesos de adaptación al cambio, sin acrecentar las brechas de género existentes, ni afectar la sostenibilidad de las políticas de igualdad.
Abordar la gestión del impacto medioambiental y de los recursos naturales bajo el enfoque de género desde una triple consideración: liderazgo, ciencia y tecnología, y compromiso a largo plazo.
En el frente externo hay que:
Aplicar los criterios de RSG a los eslabones de la cadena de valor, proveedores, consumidores y socios comerciales, sobre los que la empresa puede ejercer cierto control.
Apoyar el cumplimiento de los derechos humanos, especialmente en lo relativo a la igualdad de oportunidades y el empoderamiento de las mujeres.
Incluir el enfoque de género en su visión de los problemas ecológicos globales.
La gestión de la crisis, ¿cambia según el género?
Resulta de gran interés observar las diferentes formas en las que los gobernantes han afrontado esta crisis.
Dada la menor participación política de las mujeres, son muy pocas las que han estado al frente de la gestión de la pandemia. Pero, por diversas razones, sus decisiones están siendo objeto de una especial atención.
En el futuro, el estudio y análisis de algunas de las medidas tomadas por estas mujeres, así como de sus estilos de liderazgo, podrán servir de referencia útil para las y los líderes de las organizaciones.
Parece que la virtud de aceptar y expresar su vulnerabilidad les ha permitido ofrecer respuestas más rápidas, eficaces y sostenibles ante esta crisis, y probablemente ayudará a sus países a estar mejor preparados para crisis futuras.
También las empresas deben cuidar de los suyos
De esta pandemia, y de sus consecuencias económicas, saldrán reforzadas en términos de responsabilidad social las organizaciones que hayan sido capaces de poner el cuidado de las personas en el centro de sus decisiones.
Así lo reflejan los resultados de la última encuesta de Reputation Institute en Estados Unidos: el 59% de los encuestados cree que cómo afronten las empresas ahora la gestión de los despidos, bajas por enfermedad, etc. afectará a su reputación a largo plazo.
En definitiva: tras el tsunami de la COVID-19, las empresas serán juzgadas, sobre todo, por cómo hayan tratado a sus empleados y empleadas.
María Teresa Gallo Rivera, profesora titular de Economía Aplicada de la Universidad de Alcalá.
Elena Mañas Alcón, doctora en Economía. Profesora Titular de Economía Aplicada. Directora de la Cátedra de Responsabilidad Social Corporativa e Investigadora del Instituto Universitario de Análisis Económico y Social, Universidad de Alcalá
The conversation / Rebelion / COMCOSUR MUJER Nº 642 – 25/05/2020
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“Siempre he partido de una idea elemental: la de que la verdad no necesita ser justificada por la adecuación a un objetivo superior. La verdad es la verdad y nada más. Debe ser servida, no servir.”
Eugenia Ginzburg / “El vértigo”.
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