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URUGUAY: 27 DE JUNIO 1973, HUELGA GENERAL, UNA INTERPRETACIÓN HISTÓRICA – comcosur al día 2257 – 08.07.2020

COMCOSUR AL DÍA / AÑO 26 / Nº 2257 / miércoles 08.07.2020 Hoy:

1) Uruguay: 27 de junio 1973, Huelga General, una interpretación histórica / Roberto Sasiain y Cristina Carrera
2) Uruguay: Mides compró “módulos habitables” en forma directa a empresa sin antecedentes /María Natalia Rodríguez y Fabián Werner
3) Brasil: Tierras públicas para explotación ilegal. Cómo Bolsonaro pone en jaque (de nuevo) a la Amazonia /Luna Gámez
4) Salir de la pandemia con alternativas de futuro /Sergio Ferrari
5) Derechos de los pueblos, soberanías de los estados.
Corte Penal Internacional: ¿enjuiciar crímenes de lesa humanidad o programar acuerdos interestatales? /Luis E. Sabini Fernández
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“Siempre he partido de una idea elemental: la de que la verdad no necesita ser justificada por la adecuación a un objetivo superior. La verdad es la verdad y nada más. Debe ser servida, no servir.”
Eugenia Ginzburg / “El vértigo”.
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1) URUGUAY: 27 DE JUNIO 1973, HUELGA GENERAL, UNA INTERPRETACIÓN HISTÓRICA (*)

Por Roberto Sasiain y Cristina Carrera / 27 de junio del 2020

¿Por qué los uruguayos recuerdan el 27 de junio de 1973 más como Golpe de Estado de la Dictadura que como el inicio de la Heroica Huelga General de 15 días de los trabajadores y el pueblo contra esa dictadura?

Intentaremos dar algunas razones que surgen del Análisis Histórico que hemos hecho: En esa madrugada helada del 27 de junio del 1973, los tanques del ejército rodean el Palacio Legislativo y clausuran las cámaras sin disparar un sólo tiro y sin resistencia de los parlamentarios.

Los trabajadores de los primeros turnos de las fábricas no dudaron: ya hacía 7 años que el movimiento sindical había alertado que se venía un golpe y que -para enfrentarlo- los trabajadores debían ir a la HUELGA GENERAL INDEFINIDA CON OCUPACIÓN DE LOS LUGARES DE TRABAJO.

No era necesario que nadie lo decretara o que la CNT lo resolviera. Ya estaba resuelto y asumido como mandato histórico en la cabeza de cada uno de los trabajadores. No le preguntaron a nadie ni esperaron ninguna orden de la CNT.

A fines de los años `50, ante la crisis económica, la clase dominante uruguaya decide imponer un nuevo modelo de acumulación de capital: el neoliberal. Este capitalismo más salvaje se propone barrer con todas las conquistas laborales, lo que provoca la resistencia de los trabajadores.

Entonces, la forma de dominación se hace cada vez más autoritaria y represiva. La dictadura abierta de la clase capitalista se abre paso y sustituye al Uruguay «batllista amortiguador» de contradicciones. Se caen los velos que la recubrían en la Democracia Burguesa Parlamentaria.

Se agudiza la lucha de clases, los trabajadores se enfrentan al capital utilizando los más variados métodos de lucha.

Desde los sucesivos gobiernos y sobre todo desde el “pachecato” (1967), se fueron implementando diferentes leyes y métodos represivos cada vez más violentos para imponer la reforma económica: medidas prontas de seguridad, ilegalización de partidos políticos de izquierda, suspensión de garantías, ley de seguridad del estado, estado de guerra interno, comunicados 4 y 7.

Los dirigentes populares discutieron en cada una de esas situaciones si era el momento de aplicar la medida resuelta y no escrita de Huelga General. Pero ante la caída del último velo, ya evidente de la clausura del parlamento, los trabajadores ya no dudaron: ese era el momento. Todos ocuparon sus puestos de trabajo, sin vacilaciones.

Esa Huelga General de 15 días, fue el hecho más importante en la historia del Uruguay desde la gesta artiguista. Un pueblo entero, a cuyo frente estaba la clase trabajadora, se enfrentó heroicamente a la dictadura cívico-militar de los patrones capitalistas.

La CNT intentó decir que ella decretó la Huelga General, que se decidió en tal o cual lugar. Históricamente se ha demostrado que esto no fue así. La decisión de los trabajadores de Huelga General y ocupación fue espontánea. Espontáneo no quiere decir que surgió de la nada, los trabajadores lo tenían asumido en sus cabezas, fue un hecho masivo y colectivo, sólo faltaba la fecha.

La CNT jugó un papel entreguista. Al principio y ante los hechos consumados de huelga general y ocupación por parte de los trabajadores, decretó al final de la tarde del 27 de junio de 1973 un paro de 24 horas. Al día siguiente otro paro de 24 horas, y así sucesivamente mientras hacía desde el principio los máximos esfuerzos para levantar la huelga general. (1) La CNT formaba parte del «autoproclamado» comando de la huelga, cuyo presidente adivinen quien era: ¡el Gral. Liber Seregni! Aunque no lo crean, había sido nombrado porque era el que entendía de temas militares. Pero el momento antes que militar era político y en todo caso las armas en manos del pueblo no suponen la misma organización que en un ejército burgués.

Seregni que desde el principio llamó a levantar la huelga dijo: «Había que ayudar a estos muchachos de la CNT y los trabajadores a sacarlos del lío en que se habían metido» (2)

Los trabajadores por el contrario, tenían más claro que Seregni, que los milicos no podían simultáneamente desocupar todas las fábricas y que allí estaba el poder de los trabajadores. Por eso volvían a ocupar las fábricas y que allí estaba su poder, por eso las volvían a ocupar.

Pero ¿qué es una Huelga General?

Es el nivel superior en la lucha de los trabajadores, en ella se toma real conciencia de pertenecer a una misma clase: «la que mueve el mundo y cuando paramos todos juntos, somos un sólo puño, un sólo brazo, se detiene el mundo. Ahí está nuestro poder puesto en práctica» (3).

Por eso la Huelga General del `73 no sólo hizo temblar a la burguesía uruguaya y sus perros guardianes, las fuerzas armadas, sino que también asustó a aquellos que objetivamente están por la contrarrevolución, entregando y negociando a espaldas de los trabajadores.

La caída en picada de los salarios, objetivo Nº 1 del golpe de estado, fue impuesta con cárcel, torturas, desapariciones, asesinatos. Hoy, no sólo los salarios no se recuperaron significativamente desde el ´85 a la fecha -incluidos los 15 años del gobierno progresista- sino que, no se reivindica por los sindicatos del Pit-Cnt lo perdido durante la dictadura.

Por lo tanto, lo que fue una desvalorización forzosa de la fuerza de trabajo, hoy se da como una consolidación de esa desvalorización de la fuerza de trabajo. Pero ya no forzosa sino aceptada por el sindicalismo conciliador del Pit-Cnt. Esto redunda a su vez en la consolidación del incremento de la ganancia de los capitalistas locales.

Hubo una gran confusión en los dirigentes políticos y sindicales, desde febrero del ´73 hasta junio del ´73, respecto al tema FFAA. Surgió del error de aplicar como esquema lo que fue la revolución rusa del ´17, donde los soldados conscriptos que peleaban en el frente de guerra se plegaron a la revolución socialista. De ahí en adelante todas las revoluciones futuras debían ser exactamente así.

Se olvidaron por ejemplo, que Fidel Castro en 1959, en Montevideo, dijo: «nosotros no nos aliamos con el ejército, sino por el contrario luchamos contra ellos».

El PCU ilusamente esperó desde febrero ´73 que un sector de las FFAA se plegara a su «gobierno de salvación nacional» y negoció varios días después del golpe, dirigentes de la CNT iban entrando al Ministerio del Interior para dialogar con el Cnel. Bolentini y en eso llega corriendo otro dirigente de la CNT y les dice que acaba de escuchar en la radio que todos ellos están requeridos. Era tragicómico: se estaban metiendo dentro de las fauces del lobo «a dialogar».

Enorme responsabilidad tuvo también el MLN (tupamaros): desde mediados del ´72 con «la tregua», una parte de los líderes históricos del MLN que estaban presos, confiaron en la oficialidad joven de las FFAA y colaboraron con ellos en la represión de ilícitos económicos. Los peores torturadores fueron justamente esos oficiales jóvenes como Gavazzo, Silveira, Cordero, etc. Creyeron ingenuamente que éstos eran oficiales nacionalistas «peruanistas» y también creyeron en los «comunicados 4 y 7» que fue una campaña de contrainteligencia de los milicos, durante el año 1973 e incluso después del golpe.

No supo el MLN responder al golpe, aunque todavía le quedaba aparato armado. Recién 15 días después de levantada la huelga general y desde Buenos Aires, llamó a lanzar la «guerra popular» contra la dictadura. Pero el momento ya no era ese, el momento fue y se desperdició.

Durante la Huelga General desde el 27 de junio, los trabajadores iban ganando confianza y conciencia de su poder, pero no les fue suficiente esa conciencia adquirida para pasar por encima de los dirigentes claudicantes, para ir mucho más allá de la legalidad ya rota por las FFAA, ir hacia una insurrección general, hacia la construcción de un estado de los trabajadores. Es justo reconocer que un pequeño grupo, el MIR-PCR (al que no pertenecemos) dio algún lineamiento en esa dirección pero no fue escuchado.

El resto de los grupos, incluidos los trotskistas y anarquistas, cayeron también en el error de dialogar con los milicos y/o esperar que parte de las FFAA se les unieran. Los anarquistas de la ROE-OPR, FAU, replegaron días antes su aparato armado a Buenos Aires y no lo hicieron regresar cuando se dio el golpe.

Tampoco accionó el aparato armado del PCU, salvo en la voladura de una subestación de energía eléctrica de ANCAP, que hizo suspender la producción de la planta de combustibles por varios días. Lo hicieron obligados por la presión de los trabajadores de ANCAP, éstos últimos tal vez los más lúcidos durante la huelga general.

Los huelguistas de todas las fábricas ocupadas esperaron en vano las armas que el PCU había prometido. También suponían que el MLN aportaría las suyas.

Nada de esto sucedió y cuando se levantó la huelga, esos curtidos trabajadores lloraban desconsoladamente y no lo podían creer, los habían abandonado y traicionado.
Los dirigentes políticos de izquierda y los dirigentes sindicales, no estuvieron a la altura de la responsabilidad y decisión que les exigía el momento histórico.

No entendieron que el golpe era ya una marcha sin retorno. Que si se levantaba la huelga, el pueblo lo iba a pagar muy caro por las represalias de los milicos, vía torturas, muertes y secuestros, como sucedió en todos los años de la dictadura. Por esto hubo sangre de pueblo derramada sin contrapartida de triunfo.

A pesar de que la marcha del 9 de julio de 1973, por el centro de Montevideo, en apoyo a la huelga general reveló un aumento en el nivel de conciencia y participación de todo el pueblo, pero igual la CNT levantó la Huelga General. Intentó justificarlo y conformar a la gente, mediante un comunicado donde dice que lo hacía para «preservar las fuerzas propias y destruir las del enemigo a través de una lucha popular y prolongada», plagiando mal a Mao Tsé Tung y a los vietnamitas de Ho Chi Ming, que ambos sí lucharon con las armas en las manos y no en el papel.

También dijeron y se repite hoy, que la dictadura nació «herida de muerte». Menos mal, porque duró 12 largos años la agonía.

Tampoco el «Comunicado de las 3F» (minoría de la CNT: FUS, FOEB, FUNSA), contenía ninguna autocrítica acerca de su seguidismo a la mayoría de la CNT, ni tampoco respecto a su carencia de aportes para librar una lucha sin cuartel contra las FFAA, hasta lograr un estado de los trabajadores, es decir hacer una revolución.

Todos estos dirigentes, como saben que no cumplieron su papel histórico, prefieren olvidar y tergiversar los hechos de la huelga. No ahondar en la diferencia que separó la masa trabajadora y sus dirigentes en cuanto a decisión y compromiso.

27 de junio 1973: LA GLORIA FUE DEL PUEBLO, LA VERGÜENZA DE LOS DIRIGENTES.

Como no se revisaron los errores del pasado, aquellas traiciones del ´73 trajeron estas traiciones de hoy con el gobierno progresista. ¿Se superarán?
En síntesis: respondiendo a la pregunta inicial de porqué el olvido o restarle importancia a la Huelga General en la memoria de los uruguayos,
Decimos: que es porque no estuvimos a la altura de las circunstancias históricas y desperdiciamos el momento más elevado de la lucha de clases en Uruguay.

(* ) Este trabajo es un avance del libro que estamos preparando sobre la Huelga General. No incluimos aquí la extensa bibliografía empleada, salvo la puntual.

Notas:
(1) Testimonio: Víctor Semproni.
(2) Alvaro Rico: Los 15 días que estremecieron al Uruguay.
(3) Chiaramello: Sindicato Artes Gráficas.

Roberto Sasiain y Cristina Carrera
COMCOSUR AL DÍA / AÑO 26 / Nº 2257 / miércoles 08.07.2020
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2) URUGUAY: MIDES COMPRÓ “MÓDULOS HABITABLES” EN FORMA DIRECTA A EMPRESA SIN ANTECEDENTES

Se imputó el gasto a «Diversos créditos» del «Ministerio de Deporte y Juventud», que dejó de existir en 2005. Un adjudicatario aportó a la campaña de Talvi.

María Natalia Rodríguez / Fabián Werner / Sudestada, 05/07/2020

La compra a dos empresas en forma directa para adquirir paneles a fin de construir “dormitorios”, y el arrendamiento del hotel Urban Express de la calle Andes y Uruguay, fueron los dos rubros en los que se gastó un total de 380 mil dólares.

En una decisión publicada el 3 de abril, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) adjudicó 336.110 dólares para la compra de “32 módulos habitacionales para dormitorios a fin de albergar personas en situación de calle que no pueden acceder a un refugio”. Las beneficiarias de estas compras fueron las empresas Montfrio Ltda, y Home VIP SRL.

La empresa Montfrio Ltda tiene adjudicada la compra de seis unidades, con un valor unitario de 16.233 dólares, que llevan a un total de 118.828 dólares. Por su parte, a la empresa Home VIP SRL se le compraron 26 unidades, que valen 6.850 dólares cada una, un total de 217.282 dólares.

En principio, en la adjudicación firmada por el ministro Pablo Bartol el 3 de abril (resolución N°0889/020), el gasto se imputó al presupuesto de la División Calle del Mides. Sin embargo, según consta en la página web de Compras Estatales, el 24 de ese mes se resolvió dejar sin efecto la adjudicación inicial y se aprobó otra resolución idéntica (hasta se mantuvo el número), cambiando el inciso que realizaría la erogación.

Esta vez el dinero salió de un lugar denominado “Diversos gastos”, dentro de la unidad ejecutora “Ministerio de Deporte y Juventud”, una secretaría de Estado que solo existió entre 2000 y 2005. Los dos únicos gastos ubicados en este ítem son la compra de estos paneles y el alquiler del Hotel Urban Express por parte del Mides.

Otro elemento significativo de la resolución del ministro Bartol es la elección de las empresas adjudicatarias.

La empresa Home VIP SRL fue creada el 5 de junio de 2017 con un capital de 100 mil pesos, por los socios Mario Edgardo Silva Churi y Nicolás Litvan Altmann, con el objeto “Arrendamiento de servicios, importación”. Litvan figura en la página web de la Cámara de Industrias del Uruguay como representante de la empresa textil Prili SA y fue uno de los aportantes a la campaña presidencial del candidato del Partido Colorado Ernesto Talvi, con 36 mil pesos.

Según pudo confirmar Sudestada, la empresa Home VIP SRL registra una importación el 17 de abril, la única del año 2020, y corresponde a “una construcción prefabricada en dos niveles compuesta de dos dormitorios con baños y living (1 unidad)” por un costo de 11887,2 dólares, proveniente de China. La empresa no tuvo actividad de importación durante el año 2019.

Las únicas dos adjudicaciones que figuran en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE) a nombre de esta SRL tienen que ver con esta misma compra directa, la anulada del 3 de abril y la readjudicada el 24 del mismo mes.

Veinte días antes de que se aprobara la adjudicación, Home Vip SRL fue incluida por el Banco de Previsión Social en una lista de morosos por falta de pago de aportes: “con fecha 12/3/2020 ha sido suspendida la vigencia de los certificados de situación regular de pagos de las Contribuciones de la Seguridad Social”. Hasta el mes de marzo, esta información era actualizada mensualmente por el BPS, pero hace tres meses que no se vuelve a publicar.

La dirección con la que se registró Home Vip en el RUPE es Av. San Martín 2594, en el cruce con la calle Rivadavia. El local, que ocupa toda la esquina junto con otros dos, se encuentra cerrado y a la venta.

En tanto Montfrío Ltda. tiene nueve adjudicaciones previas en el registro de proveedores estatales, aunque ninguna de un monto tan elevado.
En mayo de 2019 Montfrío le vendió placas autotrabantes para mantenimiento de azoteas al Banco República por 16.200 pesos, mediante una compra directa. Con el mismo mecanismo, el Mides le compró en marzo de 2017 una placa de polietileno para el techo de una casa en Solymar por 95.001 pesos.
En junio de 2016 la empresa ganó una licitación abreviada de la Intendencia de Paysandú por 1.226.271 pesos para la venta de paneles de chapa y poliestireno. Las compras anteriores son de los años 2015, 2011 (2), 2008, 2007 y 2005.

Hotel en discusión

El hotel propiedad de Edificio Chaná SA, había sido adjudicatario de una compra directa a finales de marzo, antes de estar registrado como proveedor del Estado (requisito excluyente). Según dice una primera resolución, con fecha 8 de abril, se autorizó a transferir “la suma de U$S 15.000 (dólares americanos quince mil) IVA incluido mensuales, por un período de hasta tres meses”. En una resolución con fecha 12 de mayo, se aclara la imputación de ese gasto y se suman 30 mil dólares, correspondientes a dos meses más, financiados por el “Fondo Solidario Covid-19”.

Según consta en ambas adquisiciones, el gasto “se ampara en el numeral 9 del literal (c) del artículo 33 del TOCAF”. Allí se establece que la compra directa puede realizarse “cuando medien probadas razones de urgencia no previsibles o no sea posible la licitación o remate público o su realización resienta seriamente el servicio”.

El ministro de desarrollo social, Pablo Bartol, dijo en el programa Séptimo Día el 21 de junio, que estas compras se realizan con el Fondo Coronavirus, y afirmó que “hay un compromiso del presidente de que estos fondos van a seguir estando”.

María Natalia Rodríguez y Fabián Werner /Sudestada, periodismo y transparencia
COMCOSUR AL DÍA / AÑO 26 / Nº 2257 / miércoles 08.07.2020
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3) BRASIL: TIERRAS PÚBLICAS PARA EXPLOTACIÓN ILEGAL
Cómo Bolsonaro pone en jaque (de nuevo) a la Amazonia

Luna Gámez /RT.com /7 de julio de 2020

Está siendo ilegalmente usurpado por empresarios, políticos locales o personas con el suficiente capital económico para talar y quemar la selva con el objetivo de instalar una actividad económica y hacerse con la propiedad.

Tierras públicas para explotación ilegal: cómo Bolsonaro pone en jaque (de nuevo) a la Amazonia

Unas 11,6 millones de hectáreas de tierras públicas localizadas en la Amazonia, un área casi del tamaño de toda Grecia, están ocupadas ilegalmente por propietarios privados. Estas parcelas, que corresponden al 23 % del total de áreas forestales del Estado todavía no categorizadas con una destinación jurídica específica, han sido declaradas como inmuebles rurales particulares en el Catastro de Propiedad Rural (CAR). Mientras la verificación no se realice, los ocupantes continúan explotando estos terrenos, según ha revelado un estudio realizado por la Universidad Federal de Pará (UFPA) y el Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonia (IPAM), publicado a finales de junio en la revista Land Use Policy bajo el título ‘Tierra sin ley en la tierra de nadie: las áreas forestales públicas no destinadas de la Amazonia brasileña’. El artículo científico afirma que esta ocupación es «una fuente de deforestación, explotación predatoria de recursos naturales, actividades económicas insostenibles y violencia en el campo».

Demostrar una actividad productiva, como la ganadería, en la tierra pública ocupada es un requisito indispensable para que el Estado pueda acabar concediéndole un día el título de propiedad a este ocupante. «Todos los casos de ocupación ilegal de tierras se producen para talar la selva y colocar pasto y ganado», explica Claudio Ángelo, coordinador de comunicación del Observatorio del Clima de Brasil. Algunos pueblos indígenas, comunidades tradicionales y una pequeña minoría de productores familiares sin tierra esperan por la homologación de un pedazo de tierra pública donde poder vivir. Mientras tanto, un quinto de estas tierras públicas está siendo ilegalmente usurpado por empresarios, políticos locales o personas con el suficiente capital económico para talar y quemar la selva con el objetivo de instalar una actividad económica y hacerse con la propiedad.

Esta ocupación ilegal es conocida en Brasil como ‘grilagem’ porque, en ocasiones, los ocupantes falsifican escrituras de propiedad que guardan durante un tiempo en cajones con grillos para que los excrementos de los insectos amarilleen los papeles y les den una apariencia de documentos antiguos. En otros casos ni siquiera es necesario falsificar las escrituras, ya que sucesivas amnistías ambientales y medidas políticas, la última de ellas tuvo lugar en 2018 bajo el Gobierno de Michel Temer, pueden acabar fallando a favor del ocupante ilegal, que acaba ganando el título de propiedad de una tierra que muchos alegan que estaba abandonada por el Estado.

Actualmente, la Amazonia enfrenta una multiplicación del riesgo de ocupación ilegal, deforestación y regulación de la privatización de tierras públicas motivada por el discurso antiambientalista del actual presidente, Jair Bolsonaro, que además pretende aprobar una ley para regular la concesión al uso privado de las tierras públicas forestales de la Amazonia brasileña. El Gobierno presentó en mayo un decreto de ley provisional que quería aprobar de forma urgente. Debido a la presión de la sociedad civil, tanto brasileña como a nivel internacional, que argumentó la irresponsabilidad de aprobar una medida de este tipo sin consulta pública y en medio de la urgencia sanitaria provocada por el coronavirus, la propuesta acabó expirando sin ser tramitada para votación con la diligencia esperada. No obstante la regulación de ocupación de tierras públicas continúa avanzando por una vía más lenta en forma de proyecto ley regular (PL 2633/2020) que «dispone sobre los registros públicos, a fin de ampliar el alcance de la regulación fundiaria y otras providencias», según el texto de la propuesta que aguarda una fecha para ser votada en la Cámara de los Diputados.

Un pedazo de selva amazónica del tamaño de España está en riesgo de usurpación

Casi 50 millones de hectáreas de la región amazónica brasileña, un territorio del tamaño de toda España, corresponden a tierras públicas no destinadas a un uso específico. Esto quiere decir que son susceptibles de ser ilegalmente ocupadas. Son áreas forestales y muchas de ellas están en proceso para ser delimitadas y adjudicadas a una categoría pública específica que permita su conservación, como Tierra Indígena, tierra de otras poblaciones originarias como ‘Quilombolas’ (afrodescendientes) o Unidad de Conservación Ambiental, entre otras. Estas funciones permitirían que las tierras continúen siendo públicas y estén ambientalmente protegidas, mecanismo potencialmente capaz de evitar el fraude de apropiación ilegal.

Durante su campaña electoral, Bolsonaro ya anunció que no reconocería ni un centímetro más de tierras indígenas y en repetidas ocasiones ha corroborado su posición a favor de la explotación económica de los recursos naturales amazónicos.

No obstante, el actual Gobierno de Brasil ha ignorado las demandas pendientes de homologación de estas tierras públicas para usos socioambientales en todo el año y medio que lleva de Gobierno. Bolsonaro, durante su campaña electoral, ya anunció que no reconocería ni un centímetro más de tierras indígenas y en repetidas ocasiones ha corroborado su posición a favor de la explotación económica de los recursos naturales amazónicos, en detrimento de la conservación medioambiental. «Todo el sector productivo tendrá un aumento de la eficiencia, con menos regulación y burocracia», añadió Bolsonaro en referencia a la actividad agropecuaria, a la que dedicó una mención especial durante su discurso de investidura, el 1 de enero de 2019.

El grupo de presión parlamentar rural, conocido en Brasil como ‘bancada del buey’, es uno de los principales apoyos del actual Gobierno brasileño, que pretende allanarle el camino al agronegocio, una de las principales fuentes que alimentan el PIB brasileño. El precio de este modelo de expansión de la agropecuaria en áreas forestales se traduce en un deterioro medioambiental que, con regulación política, podría ser evitado. «Existen numerosas parcelas de tierra deforestadas en Brasil con potencial para ser mejor reaprovechadas por esta industria», según explica Ángelo, y cada vez más experiencias de agroforestería demuestran que el sector de la agropecuaria también puede ganar dinero sin destruir la selva.

Una parte de los incendios en la Amazonia ocurren en tierras públicas ocupadas ilegalmente

Las preocupaciones frente a esta práctica van más allá del hecho de que estas tierras públicas pasen a manos privadas: al encontrarse en área forestal amazónica estos territorios albergan hábitats de flora y fauna con una indispensable función climática. Según informa el Instituto de Investigaciones Académicas (IPAM), el 30 % de la deforestación y de los incendios que tuvieron lugar a mediados de 2019, y que se hicieron eco mundialmente, tuvieron lugar en tierras públicas no destinadas que estaban siendo ilegalmente ocupadas. Los usurpadores destruyen la vegetación para instalar una actividad de agropecuaria intensiva. Esta práctica comienza a prender de nuevo ahora que se avecina la época seca con menores lluvias en Brasil, el momento más idóneo para talar, quemar y ocupar estás parcelas de la Amazonia.

De acuerdo con el estudio referido, solo hasta 2018 se registraron 2,6 millones de hectáreas (cada hectárea corresponde a un tamaño aproximado de un campo de fútbol profesional) completamente deforestadas en terrenos públicos. Una cifra que se estima que se haya multiplicado en los dos últimos años como resultado de la impunidad contra crímenes ambientales que defiende el actual Gobierno. En este mes de mayo, el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE) registró 82.900 hectáreas deforestadas, un récord mensual en relación a los últimos cinco años; esto confirma un crecimiento continuado de la deforestación en los últimos 13 meses y un aumento total del 78 % en relación al periodo anterior de 2018 para 2019. Asimismo, la tala ilegal dentro de Tierras Indígenas en 2019 aumentó un 80 % en relación a 2018. En incendios forestales, Brasil también alcanza otro récord al registrar 2.248 focos de incendios en la Amazonia en este mes de junio, el mayor dato desde 2007.

«Si lo que llega en estos lugares es un discurso de que ahora vale todo, es la luz verde que falta para que comiencen a ser distribuidos los motosierras», declara Claudia Azevedo-Ramos, profesora del Núcleo de Altos Estudos Amazônicos de la Universidad Federal de Pará UFPA y coautora del estudio citado, en entrevista al medio brasileño ((o)) eco. «Si el propio Gobierno, que debería estar fiscalizando estas áreas que son públicas, está transmitiendo un mensaje de que no les va a pasar nada (a los usurpadores), que sus tractores no van a ser quemados o confiscados, que la Policía Federal no les va a controlar, que pueden entrar en Tierras Indígenas, pueden extraer minerales a gusto… Es tierra sin ley, definitivamente», añade.

Luna Gámez /RT.com
COMCOSUR AL DÍA / AÑO 26 / Nº 2257 / miércoles 08.07.2020
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4) SALIR DE LA PANDEMIA CON ALTERNATIVAS DE FUTURO
De la crisis, hacia otro mundo diferente… y posible
El viejo mundo se ve superado por los hechos

Sergio Ferrari, desde Suiza

En medio de los ecos de la pandemia que siguen resonando y condicionan muchos sectores de la actividad cotidiana, la necesidad de conceptualizar “el mañana” parece imprescindible. Y también urgente, según los promotores del “Manifiesto 2020”, que una veintena de personalidades sociales presentaron en Suiza la última semana de junio.
Las y los firmantes se autodefinen como “individuos preocupados por el futuro de la humanidad”, y con sus reflexiones intentan alimentar un movimiento planetario que busca, luego de la crisis del coronavirus, “construir un mundo mejor y armonioso”.

Entre ellos, por citar alguna-os, el ex experto de las Naciones Unidas, Jean Ziegler; Jacques Dubochet, investigador y Premio Nobel de Química 2017; el oncólogo Franco Cavalli, ex presidente de la Unión Internacional contra el Cáncer, así como las dirigentes sindicales, sociales, ambientalistas y feministas Cora Antonioli, Liliane Christinat, Amanda Ioset, Anne Papilloud y Ana Ziegler. Dos de los más destacados dibujantes políticos del país, Thierry Barrigue y Vicent L’Epée, enriquecen con su arte el Manifiesto 2020.

“El viejo mundo mostró sus límites”

“Lo denominamos Manifiesto, como lo podríamos llamar Declaración o Convocatoria”, explica el cantante y escritor helvético Michel Bühler, uno de los promotores que lanzaron la iniciativa (www.manifeste2020.ch/)

No pretende ser un documento ni cerrado ni perfecto, aclara. “Es perfectible, es un espacio de reflexión nacido a partir de nuestra responsabilidad ciudadana”. Ante la crisis, había dos actitudes: cruzarse de brazos y esperar, o bien, promover una reflexión colectiva sobre el día después, puntualiza.

Todos los que contribuimos con nuestros aportes, explica Michel Bühler, provenimos de un espacio amplio, con diversidad de visiones, progresistas. Y compartimos la convicción que las sociedades son creaciones humanas. Y la nuestra no escapa a la regla. Está basada, en una concepción que acepta el poder ilimitado de la economía, la explotación de la naturaleza y la competencia entre los seres humanos. “Esta sociedad favoreció la aparición y el desarrollo de la crisis sanitaria que desembocó en una importante crisis económica y social”, enfatiza.

El documento subraya que “volver a la organización de la sociedad que prevalecía antes de la pandemia, sería reproducir las condiciones que favorecerán la emergencia de nuevas crisis. Esto sería irresponsable y suicida”.

¿Se aprenderá algo de esta situación, se interroga el Manifiesto 2020? Y la respuesta es inmediata: “el viejo mundo mostró sus límites, es necesario imaginar el de mañana, centrado en lo humano, solidario y respetuoso del medio ambiente”.

Reflexiones y aportes

“Suprimir inmediatamente y de forma radical la deuda externa de los países más pobres del planeta”, es una de las propuestas enarboladas por el sociólogo Jean Ziegler, ex – Relator Especial da las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación.

El Premio Nobel de Química 2017 Jacques Dubochet, avanza iniciativas concretas y recomendaciones “para salvar la biodiversidad y asegurar un futuro durable”.
La joven militante a favor de los derechos de los migrantes, Amanda Ioset, sugiere la regulación inmediata de todos los extranjeros presentes en territorio suizo desde hace tres años.

En tanto el doctor en medicina y fundador de Médicos del Mundo/Suiza, Nago Humbert, – promotor de la iniciativa junto con Michel Bühler-, insiste en una reivindicación histórica de la sociedad civil helvética: destinar el 0.7% del Producto Nacional Bruto a la cooperación internacional.

Humbert, junto con el prestigioso oncólogo Franco Cavalli, ex presidente de la Unión Internacional contra el Cáncer, se pronuncian a favor del reforzamiento del sistema de salud pública, del freno a la privatización de este sector y de la creación de una Caja de Salud única, donde cada habitante cotice proporcionalmente a sus ingresos.

Anne Papilloud, secretaria general del sindicato suizo (región francófona) del espectáculo, da pistas a favor de una cultura durable, local, abierta, inclusiva y portadora de esperanza. “Sostener las culturas y no *la* cultura”, enfatiza.

Un reto fundamental de futuro es priorizar y favorecer a los jóvenes, enfatiza Pierre-Yves Maillard, diputado nacional y presidente de la Unión Sindical Suiza, la más importante organización confederal de los trabajadores. Y reivindica, en todas partes del mundo, los derechos fundamentales a la formación profesional y a un primer empleo, para evitar así, el impacto creciente del desempleo.

“Un impuesto a las grandes fortunas y a los grandes salarios”, propone el profesor de Economía de la Universidad de Friburgo Sergio Rossi. Las políticas fiscales, presupuestarias y monetarias “deben permitir dar respuesta a las necesidades del conjunto de la población” apostando a la sostenibilidad social y ambiental.

Ana Ziegler, joven estudiante y activista de la «Huelga del Clima”, enumera 9 puntos para repensar el nuevo mundo luego de la pandemia. El más universal, tal vez, el reemplazo del concepto Producto Interno Bruto (PBI) por el de Índice de Desarrollo Durable (IDD), en tanto “indicador decisivo de la calidad de vida y la prosperidad a nivel internacional”.

“Botella al mar”

El Manifiesto 2020 es, en cierta forma, una botella lanzada al mar. Ejercitando, colectivamente, el deber ciudadano de participar en la elaboración de propuestas alternativas, reflexiona Michel Bühler.

Casi misión imposible elaborar una síntesis exacta de propuestas tan ricas como originales. No tendría sentido, argumenta el escritor y cantante. “Lanzamos esta propuesta como una construcción de tela de araña. Invitando a amigos y personalidades de diferentes sectores, acumulando y reuniendo, pero sin pensar en que lograremos dar respuesta a todos los desafíos de la sociedad y del mundo post pandémicos”.

Y recuerda que fue importante convocar, elaborar y reunir los materiales aceleradamente. “Lo hicimos en la urgencia. En medio de una situación de semi confinamiento y con el objetivo de estar presentes con nuestras primeras reflexiones a corto plazo”, aclara.

Lo más significativo de este Manifiesto es que “nadie de las personas que contactamos respondió negativamente”. Todas y todos demostraron su disposición a participar. Hay una fuerza motora de edades diferentes, de mujeres y hombres comprometida-os, “conscientes que no podemos volver a la anormalidad del mundo anterior. Y convencidos en la necesidad de soñar y diagramar aportes para otra sociedad suiza y para otro mundo posible, concluye.

Sergio Ferrari (Suiza)
COMCOSUR AL DÍA / AÑO 26 / Nº 2257 / miércoles 08.07.2020
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5) DERECHOS DE LOS PUEBLOS, SOBERANÍAS DE LOS ESTADOS
Corte Penal Internacional: ¿enjuiciar crímenes de lesa humanidad o programar acuerdos interestatales?

Luis E. Sabini Fernández
revistafuturos.noblogs.org

La CPI fundada en el cambio de siglo (se inician instancias en 1998 y se concreta un estatuto de funcionamiento en 2002) vino a resolver zonas de derecho que la ONU no había logrado despejar.

El mundo vio que a lo largo de la segunda mitad del s XX, con la ONU, una serie de violaciones se escabulleron de los marcos de la organización internacional que en 1945 se suponía iba a evitarlos. Pensemos en la atroz Operación Djakarta (1965), en la campaña del gobierno argelino contra el FIS (1995), en la limpieza étnica de la etnia hutu contra la de los tutsis en Rwanda (1994)…

La CPI se concibe entonces como el instrumento adecuado para tratar de juzgar a personas acusadas de cometer ‘crímenes de genocidio, de guerra, de agresión y de lesa humanidad’.

Sin embargo, pese a las expectativas, el decurso de la CPI durante estos años del s XXI ha sido más bien deslucido.

Mejor dicho, había sido más bien deslucido. Hasta que en enero del corriente año la CPI decidió considerar los crímenes de lesa humanidad habidos desde principios de siglo en Afganistán (invasión militar de EE.UU., en 2001), devastando al país, generando, por ejemplo, una emigración desesperada que se estimó en 4 millones de habitantes, la cuarta parte de su población, imagínese la magnitud del arrasamiento), y , a la vez, considerar lo acaecido en territorio palestino, su población despojada, diezmada y asesinada inmisericordemente por el Estado de Israel.

Estos dos pasos significan “meterse” con EE.UU. e Israel, nada menos.

Desde entonces, han sobrevenido una serie de advertencias, amenazas, desplantes. (1)

Buena parte de las fricciones con apenas los comienzos de investigaciones, tanto en el caso afgano como en el palestino; ponen a prueba el sentido y existencia de la CPI.
ONU, CPI cuidan la justicia, pero ¿para quiénes?

Procuremos aproximarnos al estado llamemos filosófico de la cuestión.

La discusión para otorgar o negar jurisdicción a la CPI gira alrededor de si, por ejemplo, en el caso palestino, existe un país, un estado, demandante y por lo mismo potencial receptor de una sentencia reparatoria de lo que la CPI juzgue apropiado.

Los argumentos así van y vienen; sobre la existencia presunta, virtual, real, ficticia de un estado palestino (y si, p. ej., tal no existe porque precisamente la política del EdI coarta todo esfuerzo de reconocimiento de tal).

Cabe recordar que cuando en 1947 la flamante ONU, orquestada desde EE.UU. con la victoria “aliada” en la Segunda Guerra Mundial, encara el destino de Palestina (cuatro siglos bajo domino otomano y con la inminente derrota turca, desde 1917 “administrada” por el Reino Unido, que con la Declaración Balfour revelará el proyecto de entregar dicho territorio a la entidad judía sionista a través del Barón de Rothschild, pese a la resistencia encarnizada −con miles de muertos sacrificados en esa resistencia− de la población palestina que sentía así cómo era despojada de su territorio, de su país.

Entonces, se planteó la misma discusión en la UNSCOP (Comité de la ONU para la cuestión palestina, por su sigla en inglés) en 1947 que ahora con la CPI. Jorge García Granados, jurisconsulto “de abolengo jurídico” guatemalteco, y figura clave entre los elegidos por EE.UU. para orientar el destino de Palestina, fijó nítidamente la línea. Valido de su nombradía se permitió escribir todo un libro The Birth of Israel (2) en idioma inglés sin siquiera en un pasaje distinguir, conceptualmente, judeidad, sionismo e israelidad.

Ese penoso hándicap intelectual, como era previsible, no enriqueció ni matizó su visión, antes bien lo confirmó en su incondicionalidad al servicio del sionismo. Por ejemplo, contemporizando con los terroristas judíos, que llegó a entrevistar reiteradamente, tanto era su embeleso.

JGG, en la UNSCOP, examinando qué hacer con las tierras que el Imperio Otomano derrotado, cedía, apostrofa: “Los árabes sostenían que Palestina fue cedida a la parte interesada: la población del país, para ellos. Pero el artículo 1 del Tratado de Lausana [el del reparto de los territorios turcos despojados] establecía la renuncia de los turcos a todos sus derechos. No existe ninguna referencia que sugiera la cesión en favor de los habitantes […] Si buscamos una interpretación en los principios generales del derecho internacional, nos hallamos con que solo los estados soberanos pueden ser sujetos de derecho internacional. Los individuos y los pueblos que no gozan del estatuto legal de gobierno soberano sólo pueden ser objetos del derecho internacional.” (3)

Observe el lector que es una magnífica defensa del colonialismo y el imperialismo: bantúes, mayas, rohingya, zulúes, cheyenes, navajos, charrúas, mapuches, muor, nung, cheroquis, kalakalpacos, inuit, saharauis, yanomamis, jíbaros, arawak, abjasios, osetios, los habitantes ancestrales de todas las tierras del planeta carecen de derechos propios; son transportables, negociables, y ‘si no hay más remedio’, sacrificables.

El doctor en leyes, guatemalteco, latinoamericano, sabía bien de qué hablaba, particularmente en un país con mayoría absoluta indígena, es decir en un país donde la condición de ocupante de los europeos era más patente…

El universo jurídico que expresa este autor, que es el que le importa a EE.UU. al Reino Unido y a Israel, es el de las figuras jurídicas. Lo que considere “la población árabe” respecto de su propio destino lo tiene sin cuidado; los seres humanos somos objetos del derecho internacional; son los estados los sujetos.

Por eso, el interés de Trump de no aceptar la personería jurídica a un (más presunto que real) estado palestino que la ONU finalmente concediera.

Con la aprobación de la ONU, la CPI entendió legítimo encarar estas violaciones a los derechos humanos. Tanto las violaciones palestinas sobre Israel e israelíes, como las violaciones de israelíes a palestinos y a Palestina. Es por esto que “ardió Troya” cuando la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, habilitó ese procedimiento (el caso afgano es más sencillo, porque lisa y llanamente EE.UU. invadió un estado constituido).

Mirado con mínima ecuanimidad se ve que el daño israelí sobre la sociedad palestina es devastador y el daño palestino sobre Israel es incomparablemente menor. (4)
La CPI ingresa entonces a la liza con el punto de la estatalidad palestina. Discusión entre estados. Que Israel procura rehuir, negándoles ese estatuto a los palestinos.
Eso significa de todos modos, que no sólo la ONU no es sede para reclamo de pueblos del tercer y cuarto mundo, tan a menudo despojados; tampoco la CPI se arroga ese ámbito.

Los palestinos han tenido un calvario de bastante más de un siglo y, como dice Mads Gilbert, el médico noruego que los ha asistido en algunos campamentos y está maravillado por su enorme capacidad de resistencia, Palestina existe y la CPI podría significar un paso hacia su reconocimiento como entidad, eso que la prensa occidental en general les ha negado durante décadas.

Pero a la vez, nos queda la pregunta de cómo la civilización dominante en el planeta, la que concierta encuentros planetarios, la que propala derechos humanos urbi et orbi, podrá atender a los seres humanos ya mencionados en el comienzo de este escrito… y tantos otros centenares de etnias despojadas…

Parece por lo tanto que el ordenamiento internacional, el derecho internacional en el siglo XXI sigue tan eurocentrado, moderno, democrático formal como en el siglo XIX, cuando con total descaro los blancos europeos no reconocían derecho alguno a las poblaciones de las tierras que les interesaba conquistar; así la tradicional hospitalidad de pueblos primitivos ante recién llegados, a menudo con penurias tras agotadores viajes oceánicos, era “retribuida” como lo hicieron los anglos en la América del Norte con la consigna “acaben con los bosques y los indios”, mediante mantas contagiadas con virus de viruela, destrucción de cultivos, matanza de “cultores del diablo” y otros ardides que, nos recuerda Noam Chomsky, que los anglos ya habían cultivado arrasando la vecina isla de Irlanda. (5) Lo mismo pasó con la llegada del latino, genovés, Cristoforo Columbus, a la isla que bautizó La Española (hoy asiento de República Dominicana y Haití). Un siglo antes. En busca de oro. Por el oro, obligó a los habitantes arawak a trabajar, deslomándose en minas buscando lo que lo obsesionaba. Sabía que corría con ventaja. Había advertido que los oriundos no manejaban armas metálicas y por lo tanto no podían competir con la parafernalia de lanzas de hierro y trabucos con que contaban los exploradores, muy pronto devenidos conquistadores.

Los siglos han pasado. Pero no las asimetrías ni las desigualdades

Las formaciones especiales de la seguridad sionista, los grupos de tareas, los mistarviim, (6) los destacamentos militares dedicados a la represión y los militares israelíes en general dedicados a sembrar la muerte entre palestinos, “se facilitaban” la tarea: dado que son apenas pueblo y no tienen entidad jurídica, no merecen territorio alguno. Ni vida siquiera.

Han pasado 70 años, tres cuartos de siglo, y los argumentos jurídicos no han cambiado.

Y la situación tampoco: si con el taparrabos estatal, los palestinos siguen siendo arrasados, encarcelados sin juicio, violados, torturados, baleados a quemarropa, eligiendo las partes de los cuerpos para administrar el daño, pensemos por un instante el lugar y el destino que “el mundo moderno y civilizado” le deja a las etnias que no se identifican con estado alguno.

Pero si éste es el destino que la globocolonización le sigue dejando a las poblaciones no elegidas, veamos, finalmente le reacción de los que se sienten dueños eternos del mundo, y entero).

EE.UU. E ISRAEL REACCIONAN CONTRA LA CPI

La decisión de Fatou Bensouda alteró “el juego” que “el mediador deshonesto” (7) llevaba a cabo para salirse con la suya; “El Acuerdo del Siglo”.

Y quienes se consideran dueños del planeta (con considerable dosis de realismo) han mostrado rápidamente los dientes:

Mike Pompeo, actual canciller de EE.UU., ha declarado que su gobierno “está decidido a impedir que los estadounidenses o nuestros amigos [sic] y aliados en Israel [sic sic] […] sean cuestionados por esta corte corrupta [sic sic sic].”

EE.UU. e Israel arguyen que ninguno de esos dos estados ha firmado el acta constitutiva de la CPI. Cierto. Tampoco lo han hecho Cuba, China, Rusia y la India. Por diversas razones, en 2002 eso+s seis gobiernos se negaron a firmar la constitución de la CPI (aprobada por unos 120 estados; hay unos 60 que no se han pronunciado).

El analista Jonathan Cook desnuda la falencia de los improperios de Pence: “En Derecho Penal, los sospechosos de crímenes no deciden si su víctima puede denunciarle.” Cook extiende ese razonamiento hasta “el derecho internacional, si se quiere que sirva para algo”. (8) Pero el matonismo está fuertemente asentado.

Netanyahu, por ejemplo, con cierta falta de originalidad, acusó a la CPI de “antisemitismo”. (9)

Y Maurice Hirsch, asesor militar israelí acusó en la prensa israelí a Bensouda de “desventurado peón de los terroristas palestinos”. (10) Obsérvese al pasar, el desdén contra la fiscal, afrogambiana.

EE.UU. ya le había anunciado a la CPI que usará “la fuerza para liberar a cualquier estadounidense a quien coloquen en el banquillo”. (11)

Al carecer la CPI en su membresía de EE.UU., Rusia, China e India, su alcance se raquitiza por la ausencia de tales “gigantes” geopolíticos (además de Cuba e Israel).
Los boicoteadores cuentan con otras armas, por ejemplo, el carácter transitorio de los funcionarios: Fatou Bensouda, estuvo sopesando acusar de delitos tan atroces a EE.UU. e Israel desde hace por lo menos 5 años. Pero su mandato caduca en un año. Por eso, muchos creen que ‘la sangre no llegará al río’, porque justo cuando el juicio se concrete, caducará el mandato de Bensouda y los que disponen del poder planetario mayor cuentan con poder sustituirla apropiadamente.

Notas:
(1) De los cuales da buena cuenta M. L. Ramos Urzagaste, “¿Se desata una guerra judicial? ¿Qué esconde la furia de EEUU con la CPI?”, www.rebelion.org, 20 jun 2020.
(2) La primera edición en inglés tuvo rápidamente una traducción al castellano inmediatamente editada; Así nació Israel, con un sello editorial en Buenos Aires denominado Biblioteca Oriente. 1949.
(3) Jorge García Granados, Así nació Israel, Buenos Aires, 1949, p. 76.
(4) Se midan como se midan; en vidas humanas perdidas o afectadas, en daño sobre estructuras, la comparación pierde sentido por las diferencias de magnitudes. Y esto sin hablar del meollo histórico: ¿hay derecho a suprimir una sociedad para asentar otra en su lugar? (¿que esta última haya estado en esa tierra unos dos mil años antes, ¿es argumento suficiente o desquiciante?). Podríamos agregar otras preguntas: ¿la base religiosa de toda la reclamación es legítima, sensata? ¿podemos entender la Biblia como un documento histórico? Urticantes preguntas planteadas desde mediados del s XX por Mahatma Gandhi, Arnold Toynbee, Nelson Mandela entre tantos otros.
(5) Noam Chomsky, Año 501: la conquista continúa, cap.1, del volumen Man kan inte mörda historien (No se puede asesinar la historia), Gotemburgo, 1995.
(6) Judíos especialmente entrenados para hablar, vestir, comportarse como palestinos, dedicados a infiltrarse en las actividades de la sociedad palestina para producir el mayor daño. Un ejemplo entre tantos que registra el historiador judío Ilan Pappé: llega un palestino a un taller mecánico con una camioneta que anda mal. Pide el arreglo. Convienen plazo. El dueño o los dueños de la camioneta se retiran: unos minutos después vuela por el aire, la camioneta, el taller, los mecánicos, las casas circunvecinas, con un tendal de muertos y heridos que seguramente alcanza a decenas…
(7) Tipificación certera de Naseer Aruri para describir “el rol de EE.UU. en [tre] Israel y Palestina”, Editorial Canaán, Buenos Aires, 2006.
(8) J. Cook, “Israel y EE.UU. redoblan esfuerzos para intimidar a la C.P.I.”, www.rebelion.org, 20 jun 2020.
(9) Ibídem.
(10) Ibídem.
(11) Ibídem.

Luis E. Sabini Fernández
COMCOSUR AL DÍA / AÑO 26 / Nº 2257 / miércoles 08.07.2020
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“La izquierda no puede pensar sólo en ganar elecciones. Necesita tener como meta fundamental organizar al pueblo, y recuperar la hegemonía de las ideas de la clase obrera en la sociedad. Recuperar los valores humanistas y socialistas, y practicarlos, como la solidaridad, la defensa de la justicia social y la igualdad entre todos los seres humanos.”
Joao Pedro Stedile – MST (Brasil)
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