1) América Latina: La otra pandemia: internet y violencia de género
2) Brechas de participación en organizaciones sociales de Chile, Colombia y México
3) Stella Calloni: “El arma más poderosa que tiene la derecha son los medios”
4) El Salvador: Es justo liberar a las presas salvadoreñas por abortos
5) Escocia: El primer país del mundo en enseñar la historia LGTB+ en los colegios
6) El virus de la desigualdad y el mundo que necesitamos construir
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COMCOSUR MUJER / Fundado por Yessie Macchi / AÑO 26 / No. 649 – Lunes 13 de julio de 2020 / Producción: Beatriz Alonso, Belén Itza y Cecilia Duffau / Apoyo técnico: Carlos Dárdano
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“Por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres” Rosa Luxemburgo
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1) AMÉRICA LATINA: LA OTRA PANDEMIA: INTERNET Y VIOLENCIA DE GÉNERO
Ante los diversos retos que ha traído el desarrollo de la pandemia por la propagación del COVID-19 en la región, la violencia de género en América Latina se ha incrementado ¿cuáles son las herramientas y recursos que existen para apoyar a quienes la enfrentan?
Decir que la pandemia por la propagación de COVID-19 ha transformado por completo nuestra vida y el mundo tal como lo conocíamos se ha vuelto un lugar común. La crisis sanitaria y económica que ha desencadenado la enfermedad no tiene parangón en la historia reciente. Todavía con el virus fuera de control, la sensación generalizada de incertidumbre lo permean todo, mientras nos preguntamos cómo será el mundo una vez que esto acabe y cuánto falta para eso.
Uno de los cambios más notorios tiene que ver con la necesidad de confinamiento de un porcentaje importante de la población. En América Latina, algunas regiones están próximas a entrar al quinto mes de cuarentena, de las más largas del mundo. Mucho se ha hablado respecto al rol preponderante que ha adquirido internet y la tecnología en este contexto de encierro, que nos ha permitido migrar al teletrabajo y la educación a distancia, consolidando servicios que permiten facilitar ciertas actividades a través de la gestión digital.
Y sin embargo, mientras algunos se han empeñado en celebrar la gran capacidad humana de adaptarse a casi cualquier situación, y agradecer por la conexión a internet, la verdad es que esta es solo una parte de una historia mayor que necesita ser matizada, y que rápidamente puede tornarse sombría. En este contexto, es importante señalar que América Latina ha experimentado una alza en las violencias de género, fenómeno que también ha sufrido las transformaciones asociadas al nuevo contexto y los retos que plantea el confinamiento y la subsecuente restricción y limitación de medidas de apoyo a las víctimas.
Con la intención de entender mejor los efectos de la pandemia sobre las mujeres que enfrentan violencias, Naciones Unidas, a través de la Relatoría Especial sobre la violencia contra la mujer, hizo un llamado a contribuir con una investigación que busca poder comprender la violencia de género en este nuevo contexto y las medidas que tanto gobiernos como organizaciones no gubernamentales han tomado para enfrentar los desafíos que plantean las restricciones sanitarias y las limitaciones de los canales convencionales de ayuda.
Desde Derechos Digitales quisimos aportar a este proceso mediante la realización de una consulta a nivel regional a organizaciones feministas y defensoras de derechos digitales, con el objetivo de entender mejor el impacto que la pandemia ha tenido sobre sus métodos de trabajo y poder determinar si el incremento de la violencia de género se ha manifestado también en los entornos digitales.
Con retroalimentación de países como Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala y México, hemos podido identificar que, a pesar de que las redes de apoyo se han mantenido activas en los entornos digitales, uno de los mayores limitantes para acceder a los canales de atención a víctimas de violencia están vinculadas a la restricción del acceso a internet, cuestión que al mismo tiempo ha impactado el ejercicio de derechos como la libertad de expresión y el acceso a información.
Aunado a esto, se ha podido documentar que las medidas implementadas por las plataformas para regular los contenidos que se comparten en ellas han sido explotadas también como mecanismos de censura y en campañas de desprestigio hacia las iniciativas de la sociedad civil que brindan apoyo a mujeres y personas de la comunidad LGBTIQ+. Mientras que las respuestas por parte de los gobiernos de la región han mostrado no ser suficientes para abarcar la amplia gama de necesidades que surgen en este contexto, ni para documentar los impactos que enfrentan las víctimas de violencia de género.
Por otro lado, la interseccionalidad se hace aún más visible, frente a las diferentes brechas que existen en el acceso a internet y a las que se suman condiciones de género, raza y nivel socio-económico que acentúa la precariedad de los recursos a los que estas poblaciones tienen acceso para enfrentar la violencia e incluso los impactos que existen en torno al incremento de la violencia doméstica.
Todas estas cuestiones nos obligan a volver a mirar los indicadores de conectividad en la región que, a la luz de la pandemia, requieren de políticas fuertes que impulsen un acceso universal a internet. De otra forma, la tecnología no es más que otra forma de acrecentar la existente brecha social.
Derechos Digitales / COMCOSUR MUJER Nº 649 – 13/07/2020
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2) OBSERVATORIO DE GÉNERO REVELA BRECHAS DE PARTICIPACIÓN EN ORGANIZACIONES SOCIALES DE CHILE, COLOMBIA Y MÉXICO
Mediante una transmisión de Facebook Live en el evento “Muestra una realidad y abre preguntas sobre ¿Cuáles son las causas y motivos de la menor participación de las mujeres rurales en organizaciones?”, la coordinadora del Observatorio de Género, Mujeres y Territorios de Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, junto a Carolina Carrera, secretaria de la Corporación Humanas (Chile); Carmenza Saldías, investigadora, docente y exsecretaria de Hacienda/Planeación de Bogotá (Colombia); y Carla Zamora Lomelí, investigadora del Colegio de la Frontera Sur (México) entregaron los resultados de la actualización del estudio “Análisis de brechas de género y territoriales en indicadores de participación social y política”, publicado en 2019.
Acorde a los datos entregados, la mayor participación en los territorios rural-urbanos se ve reflejada en los procesos electorales, destacando en tres países la participación de las mujeres por sobre la masculina. Pese a ello, las mujeres de territorios medianos y pequeños (pertenecientes a zonas más rurales) tienden a una menor participación que aquellas de territorios más grandes y, por tanto, más urbanos.
Por el contrario, la participación en las organizaciones sociales y políticas que requieren involucrarse más y por un período más extenso de tiempo, disminuye; y son en general los hombres quienes se asocian a ellas, incluyendo sindicatos, cooperativas, juntas de vecinos y partidos políticos.
En cuanto a la metodología, se analizó cerca de 12 mil encuestas -diseñada junto a dos universidades latinoamericanas-, aplicadas en 2017 y 2018 a hogares repartidos en los territorios rural-urbanos de Chile, Colombia y México. En Chile, específicamente, se tomaron en cuenta 165 localidades de casi todo el país (a excepción de la Región del ‘uble), y en la Región del Biobío se consideraron 24 territorios rural-urbanos.
Participación en Chile
Sobre la participación electoral, por un lado, los territorios medianos son aquellos con menor nivel participación electoral, frente a aquellos pequeños (más rurales), tanto en hombres como en mujeres. Pese que a nivel nacional se observa una brecha de género favorable a las mujeres (de alrededor de 10 puntos porcentuales), esta brecha no se observa en la muestra de territorios rural-urbanos, donde las mujeres aparecen con niveles de participación electoral similares e incluso menores a los de hombres en todos los territorios rural-urbanos.
En los partidos políticos, por otro lado, las personas de territorios más rurales presentan los menores niveles de participación, tanto en hombres como en mujeres, siendo estas duplicadas en cantidad en territorios rural-urbanos grandes y pequeños. En las juntas de vecinos, en cambio, es la más alta en comparación con Colombia y México, y es el único indicador que presenta una brecha favorable a las mujeres, pues ellas participan en mayor proporción que los hombres.
Por último, la participación en sindicatos es menor en los territorios rural-urbanos de Chile que lo reportado en los datos oficiales a nivel nacional (20,6%) y presenta brechas de género en desmedro de las mujeres, lo que difiere de la tendencia nacional de feminización de estos. La mayor brecha de género se observa en los territorios más urbanizados, a la vez que presentan los mayores niveles de participación. Esto puede deberse, en parte, a que en los sectores rurales hay mayor proporción de trabajadoras informales o auto empleadas que dependientes.
Para más información, puedes revisar la transmisión en vivo del lanzamiento, disponible en el fanpage de Rimist (Facebook).
Valentina Riveros Soto/Resumen.cl / COMCOSUR MUJER Nº 649 – 13/07/2020
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3) STELLA CALLONI: “EL ARMA MÁS PODEROSA QUE TIENE LA DERECHA SON LOS MEDIOS”
La escritora y periodista especializada en política internacional Stella Calloni analizó la coyuntura en América Latina en diálogo con Nora Lafón y Gustavo Cano. Sostuvo que «la pandemia desnudó la realidad» y «aparecen los rostros» de la «impunidad imperial» y el «capitalismo salvaje». «La gente dice “la oligarquía” y esto es la mafia del empresariado que subió sobre la espalda de las dictaduras militares y con el apoyo de Estados Unidos», aseveró.
Durante su participación en el programa Noticias Hoy, Stella Calloni afirmó que «la pandemia desnudó esa realidad que golpea profundamente y que ocultan los medios de comunicación. Hay un sector de la población del mundo que no se detiene en su ambición. Es la impunidad imperial, el capitalismo salvaje que se expresa perfectamente bien y los rostros aparecen: Bolsonaro, Trump, Piñera, Macri».
«Bolivia en este momento es el símbolo de esta terrible crueldad del imperio que quiere avanzar sobre nosotros. Se produjo un hecho fenomenal a tal punto que Bolivia era el único país que había crecido en América Latina y en muchos lugares del mundo. Esto no lo podían tolerar porque era un ejemplo», aseguró.
Asimismo, Calloni consideró que «el golpe contra Evo venía contra el proyecto que habíamos logrado, así como lo hicieron con Allende, que hizo avances importantísimos. Este golpe fue trabajado. Es tan brutal y tan descarnado, que el secretario general de la OEA estaba en el lugar de los hechos, por primera vez en la historia. La OEA siempre intervino en nuestros golpes, siempre los amparó».
A su vez, señaló el rol de los medios en el plan de dominación, y remarcó que «el arma más poderosa que tiene la derecha en este momento son esos medios», que «ya no son de comunicación, sino de propaganda en acciones de la guerra de cuarta generación. Nada de esto es nuevo, ahora está más descarnado. La gente dice “la oligarquía” y esto es la mafia del empresariado que subió sobre la espalda de las dictaduras militares y con el apoyo de Estados Unidos. La mafia que no tiene patria. Tenemos estos nuevos ricos surgidos de lo más mafioso de la historia de nuestros países», concluyó.
Escuchar entrevista en : radiocaput.com/?p=21927
Radio Caput / COMCOSUR MUJER Nº 649 – 13/07/2020
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4) EL SALVADOR: PRESAS SALVADOREÑAS POR ABORTOS: “¡ES JUSTO LIBERARLAS!”
La alegría por la absolución definitiva de Evelyn -la joven que debía cumplir 30 años de cárcel por un aborto espontáneo- se funde, tanto en El Salvador como en Bruselas, con la preocupación por las que siguen presas.
Cuando en agosto de 2019 la salvadoreña Evelyn Hernández logró su libertad después de 33 meses en prisión por un aborto involuntario, la Fiscalía recurrió el fallo y pidió un aumento de su condena: de 30 a 40 años. A finales de junio de 2020 la Justicia confirmó su absolución y, entretanto, han pasado los plazos para una última posibilidad de recurrirla. «La absolución de Evelyn está en firme. Es un gran triunfo que se reconozca su inocencia”, dijo a DW Sara García Gross, especialista de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto.
«Es una gran noticia, porque da cuenta de que el sistema de Justicia está escuchando la denuncia ciudadana. Sin embargo, esta realidad no termina con el caso de Evelyn: hay 18 mujeres más privadas de libertad y en situación de injusticia por haber sufrido problemas obstétricos”, agrega.
No es suficiente
«Nuestra resolución, con seguridad, aportó a que Evelyn quedase en libertad”, comenta a DW Tilly Metz, presidenta de la delegación para las relaciones con los países de América Central en el Parlamento Europeo. Efectivamente, en diciembre de 2017, la Eurocámara aprobó una resolución abogando por la libertad tanto de Evelyn Hernández como de Teodora Vázquez. Esta última quedó en libertad en abril de 2018.
«Son buenas noticias y queremos verlas como un buen augurio. Pero no es suficiente. Nuestra presión tiene que seguir. No es posible que en El Salvador se siga encarcelando mujeres por problemas obstétricos. No puede que ser que una joven –hay muchos embarazos adolescentes- que ha sufrido una violación y luego un aborto, acabe en la cárcel”, sigue Metz.
La base del problema
En la base del problema están varios artículos del código penal de El Salvador que castigan duramente el aborto. Este país de América Central tiene, desde 1998, una de las legislaciones más restrictivas al respecto y no permite la interrupción del embarazo por ningún motivo, ni aunque sea producto de violación, ni aunque haya malformación o peligro de la vida de la madre.
Tanto desde las organizaciones internacionales como desde las instituciones europeas se ha hecho llamamientos a que El Salvador respete los derechos de las niñas y las mujeres y su integridad física y se le ha recordado que la negativa a facilitar una cobertura sanitaria gratuita en caso de violación es equiparable a la tortura. No obstante, los avances son pocos y lentos.
«¿Quién respalda esto? Organizaciones de corte fundamentalista que tienen en su agenda que no se modifique la legislación ni se avance en los temas LGTBI. Les conviene porque perpetúa el sistema de dominación y conviene al sistema empresarial que se lucra de esta lógica de clandestinidad”, explica García Gross.
Con todo, cuarenta y tres mujeres han logrado ser liberadas en los más de diez años que su organización lucha jurídica y políticamente por la libertad de las mujeres criminalizadas por abortar. Pero el cambio al que aspiran es más estructural.
Largo aliento
«Es una lucha de largo aliento”, sigue Metz, que presidió la delegación que visitó el país centroamericano en febrero de 2020. «Vamos a seguir con las visitas a las mujeres y con el contacto con la sociedad civil. También haciendo presión a nivel gubernamental”, agrega.
Cabe recordar que, si bien está en vigencia la parte comercial del Acuerdo de Asociación de la UE con los países de América Central desde finales del 2013, la parte de diálogo político y de cooperación sigue a la espera de ratificación. «Si estuviese en vigor, podríamos tener un diálogo estructurado sobre derechos humanos, sobre los derechos de las mujeres”, insiste Metz.
García Gross, por su parte, ve con buenos ojos toda instancia europea que pueda sustentar su labor, pues, por un lado, capta la atención internacional y, por otro, logra que sus mismos políticos escuchen en otras voces lo que las organizaciones sociales dicen en su propio país.
Como fuere, la alegría por Evelyn se funde con la preocupación por las otras 18. «Incluso el grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de la ONU opina que es arbitrario que estén en la cárcel por una emergencia obstétrica y siguen ahí”, subraya García Gross, que aboga por su libertad, más aún en tiempos de la pandemia de COVID-19.
«Es imposible mantener distancia social en la cárcel, no tienen acceso a kits de higiene personal. Han sido criminalizadas injustamente. ¡Es justo liberarlas!”, enfatiza, pidiendo apoyo internacional para lograr la liberación inmediata de las que faltan.
DW / COMCOSUR MUJER Nº 649 – 13/07/2020
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5) ESCOCIA: EL PRIMER PAÍS DEL MUNDO EN ENSEÑAR LA HISTORIA LGTB+ EN LOS COLEGIOS
Cada año, junio se marca como el Mes del Orgullo en todo el mundo donde millones de personas salen a las calles para reivindicar y celebrar. Sin embargo, este año las cosas serán diferentes producto de la pandemia por coronavirus ya que, por el confinamiento y evitar las aglomeraciones, no se podrán realizar actos de este estilo. Por eso, y en este contexto, desde Escocia han anunciado que desde el próximo año se convertirán en el primer país del mundo en enseñar la historia LGBTQ en sus escuelas.
La ley ya había sido aprobada en noviembre de 2018 por los ministros escoceses, pero no será aplicada hasta el próximo año, lo que esto significa que todos los alumnos de escuelas públicas recibirán lecciones acerca de los problemas que el colectivo LGTB+ ha vivido durante toda su historia, sea en el país que sea.
El viceprimer ministro y secretario de Educación, John Swinney, se refirió a este hecho histórico como: «Escocia ya es considerado uno de los países más progresistas de Europa para la igualdad LGBT+. Por eso, me complace anunciar que seremos el primer país del mundo en tener una educación inclusiva LGBTI integrada en el plan de estudios».
Entre las lecciones que se brindarán, en varios grupos de edad y materias, serán abordar la homofobia, la bifobia y la transfobia, como también que los jóvenes tengan conciencia de la historia de los movimientos LGBT.
Con respecto a otras leyes relacionadas con la comunidad LGBT en Escocia, el matrimonio entre personas del mismo ha sido legal desde 2014, y la sociedad civil entre personas del mismo sexo desde 2005. En cuanto a la adopción y el acogimiento por parte de parejas del mismo sexo, es legal desde 2009. Las leyes que castigan la discriminación basadas en el género y la sexualidad han estado vigentes desde 2010.
Blue / COMCOSUR MUJER Nº 649 – 13/07/2020
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6) EL VIRUS DE LA DESIGUALDAD Y EL MUNDO QUE NECESITAMOS CONSTRUIR
La pandemia por el Covid 19 ha producido grandes y rápidos cambios en nuestras formas de relacionarnos, convivir y trabajar. Ha quedado claro que no se trata, solamente, de la emergencia sanitaria y sus efectos en la pérdida de cientos de miles de vidas humanas. Se ha desnudado una crisis de carácter civilizatorio, que pone en cuestión los fundamentos mismos del actual modelo económico, político, social, cultural y ambiental.
Esta crisis ha mostrado la esencia misma del capitalismo, su necesidad de asegurar la acumulación de riqueza, de poder y control político a través de la súper explotación del trabajo y la destrucción de la naturaleza. Nos ha develado cuán entrelazados están el patriarcado, el racismo y el colonialismo, expresados en pobreza, desigualdad, misoginia, lesbofobia, homofobia, entre otros síntomas del intento despiadado por continuar un tipo de desarrollo “sin fin” que consagra formas de vida inviables, no sólo para el conjunto de la humanidad, sino para la sobrevivencia misma del planeta.
La pandemia afecta a todas las personas
Pero no de la misma forma. Ha dejado al descubierto las enormes desigualdades en el mundo, entre regiones, entre países, entre personas. La desigualdad que caracteriza y pesa sobre América Latina y el Caribe, se amplificó en tiempos de pandemia. Sus efectos se ensañan con aquellos sectores de la población que han sufrido históricas exclusiones y privaciones, con quienes viven en condiciones precarias y se encuentran en mayor vulnerabilidad, con quienes trabajan en la informalidad, con quienes por su edad, su orientación sexual, identidad de género, origen étnico, ven sus posibilidades de reaccionar limitadas y sus derechos cada vez más restringidos.
A pesar del progresivo debilitamiento de los Estados para promover los derechos sociales y colectivos, los efectos de la pandemia han demostrado que son fundamentales para encarar la crisis y asegurar la provisión de servicios básicos y protección social. Sin embargo, sus capacidades se han visto rebasadas por la emergencia sanitaria y erosionadas por la progresiva disminución de su rol regulador y la reducción de los presupuestos que habían destinado a salud pública, educación y empleo. En muchos de ellos, la ausencia de mecanismos efectivos de control y rendición de cuentas, han dejado al descubierto la ineficiencia y la corrupción de políticos y empresarios que supeditan los derechos de las ciudadanías a las exigencias del mercado.
La pandemia ha sido utilizada como pretexto para avanzar hacia el autoritarismo estatal, que en varios países de la región ya se ha venido manifestando con represiones violentas y visiones fundamentalistas y antiderechos. La presencia de policías y militares en las calles, como medidas biopoliticas que aseguren la prevención contra el virus, conllevan el riesgo de permanecer después que la pandemia sea superada. En varios países éstas son utilizadas para reprimir movimientos y protestas sociales, restringiendo los derechos humanos y ampliando los mecanismos de control sobre la población, sobretodo en los barrios populares y en contra de la población negra y pauperizada, en el marco de democracias ya debilitadas.
Se dice muy fácil
La cuarentena ha sido priorizada como una de las medidas más eficaces para luchar contra el virus, pero “Quédate en casa” tiene diferente significado para quienes no la tienen, para quienes viven en situación de hacinamiento o no pueden permanecer en ella porque el sustento familiar depende de los ingresos diariamente conseguidos en la calle. “Lávate las manos” se dice muy fácil, pero tiene diferente sentido para quienes no cuentan con agua potable, electricidad, ni otros servicios básicos y no pueden seguir la educación a distancia porque no tienen computadora, ni teléfono inteligente, ni acceso a internet.
“Quédate en casa” se dice muy fácil. Pero las casas pueden ser el lugar menos seguro para miles de mujeres, niñas y niños: la mayoría de sus agresores están en el entorno familiar. Algunos países vieron duplicar los registros de casos de violencia doméstica e incrementar el número de feminicidios y violencia sexual de manera alarmante durante el confinamiento.
Los insuficientes esfuerzos realizados por los Estados para enfrentar la violencia de género, han quedado una vez más en evidencia: los derechos de las mujeres no son considerados prioritarios para las autoridades en tiempos de “normalidad”, menos aún en tiempos de pandemia.
La cuarentena ha sido usada como pretexto para suspender servicios de salud sexual y reproductiva, atención gineco-obstétrica o provisión de anticoncepción, y se hace casi imposible acceder al aborto, incluso en los casos previstos por las leyes.
Sectores fundamentalistas han aprovechado el contexto de la crisis sanitaria para reiniciar los ataques contra la igualdad de género, y posicionar visiones conservadoras y contrarias a los derechos de las mujeres y las diversidades sexuales no hegemónicas. Es mayor la vulnerabilidad en que se encuentran las trabajadoras sexuales y las mujeres trans dedicadas al trabajo sexual.
De la mano de la violencia simbólica, el contexto de temor al contagio ha sido el caldo de cultivo para exacerbar y amplificar discursos de odio, reproduciendo prejuicios y prácticas discriminatorias contra personas y pueblos indígenas, afrodescendientes y de las diversidades sexuales no hegemónicas.
El cuidado del trabajo. El trabajo del cuidado
El mundo del trabajo se reestructura para mantener el sistema intacto, consustancialmente racista y patriarcal. En el contexto de pandemia y encierro, esta dinámica se extiende y lleva a una explotación mucho más aguda del tiempo laboral y de las subjetividades de la clase trabajadora, en especial de las mujeres, con sus extensas e intensas jornadas, a menudo simultáneas, entre el trabajo “reproductivo” y el trabajo “productivo”.
Las actividades del cuidado nunca se detuvieron. Quedó demostrado que el trabajo doméstico no remunerado sostiene el corazón de la vida cotidiana y tiene un valor económico que debería ser medido y reconocido. Ese trabajo recae injustamente sobre las mujeres, a quienes históricamente se les ha impuesto esa responsabilidad y que la realizan de forma gratuita dentro del hogar, o remunerada, cuando lo hacen en casas de otras personas.
Las trabajadoras domésticas remuneradas, en general expuestas a formas laborales ya precarias, en el contexto de la pandemia están sujetas a prácticas abusivas que van desde la pérdida de sus puestos de trabajo, al confinamiento en los hogares de los/las empleadores/as con sus derechos laborales vulnerados.
El trabajo comunitario de mujeres en la provisión de alimentos, a través de las ollas populares, ha sido fundamental para sostener el confinamiento y los efectos de la caída de las economías, pero este trabajo no es reconocido ni valorado como tal por vía de derechos.
En esta crisis, la importancia absoluta del trabajo, y por lo tanto de la clase trabajadora, es más evidente que nunca, y la importancia del trabajo doméstico se revela sin rodeos.
¿De qué “normalidad” están hablando?
El discurso estatal quiere llevarnos hacia una “nueva normalidad”. Pero ¿de qué normalidad están hablando? ¿Es normal un sistema que prioriza el consumo y el lucro sobre las necesidades de la gente? ¿Que existan fortunas incalculables que no pagan impuestos? ¿Es normal que cientos de millones de personas vivan en la miseria? ¿Es normal que las mujeres tengan menos derechos que los hombres? ¿Que la tierra que habitamos sea tan expoliada que ni el aire que respiramos, ni los alimentos que comemos sean “normales”?
La actual crisis se convierte en una oportunidad única para construir otro tipo de vida, otro tipo de Estado y de instituciones. Implica una disputa de sentidos sobre el mundo que queremos. Nos invita a confrontar el capitalismo heteropatriarcal, racista y colonial para crear nuevos imaginarios colectivos.
Los movimientos sociales y -entre ellos- el movimiento feminista en su pluralidad, a lo largo y ancho de los continentes, han denunciado el proceso de mercantilización de la política, horadando la perspectiva hegemónica que reduce la democracia a los procesos electorales, pero desconoce las otras múltiples dimensiones de las relaciones sociales. El feminismo colocó a la vida cotidiana como una dimensión de la democracia, como una forma de organizar la vida social. Requiere de narrativas, acción y propuestas, forjadas en la pluralidad de las prácticas y desde la experiencia concreta de la vida de todos y de todas, marcadas por desigualdades de clase, de raza, de etnia, de sexo, de género. Es necesario avanzar hacia una democratización de la democracia, que recupere su sentido de justicia, igualdad y libertad para todas las personas, y que coloque en el centro de la política la sostenibilidad de la vida.
No queremos una “nueva normalidad” que mantenga las desigualdades y los privilegios de siempre, pero con el tapabocas puesto. Queremos políticas que impulsen transformaciones capaces de generar cambios estructurales.
Debemos pensar en un modelo que coloque las relaciones sociales y con la naturaleza en una dimensión central; que impulse cambios firmes en las políticas de redistribución de la riqueza y en las dinámicas de consumo, que priorice el bien común y no la acumulación, y que garantice la libertad en la vida sexual y reproductiva como una dimensión de la ciudadanía. Un modelo donde el papel del cuidado que “naturalmente” hacen las mujeres, se convierta en el trabajo más importante y necesario, y que el trabajo productivo y reproductivo sea hecho de forma compartida como una práctica social libre y plena de sentido. El cuidado se propone como un derecho universal, transversal e intercultural y abre la posibilidad de recuperar nociones como la solidaridad, la reciprocidad y la interdependencia entre los seres humanos y entre estos y la naturaleza, para reinventar las formas de vivir, soñar y preservar la vida
Como corriente feminista de pensamiento y acción, afirmamos nuestra determinación para avanzar en el fortalecimiento y en la lucha del movimiento de mujeres para transformar el mundo, que urgentemente requiere:
Universalización de sistemas corresponsables de cuidados – Reconocimiento al trabajo no remunerado de las mujeres y su integración a las cuentas nacionales – Renta básica universal – Liberalización de patentes para medicamentos – Soberanía alimentaria y formas de producción y consumo sostenibles – Asegurar a los pueblos el derecho a sus territorios – Protección y acceso a los bienes comunes y preservación de la naturaleza – Garantía universal de los derechos económicos, sociales, políticos y culturales – Sistemas públicos de salud, educación y seguridad social – Erradicación de todas las formas de discriminación y violencia contra las mujeres – Erradicación del racismo – Garantizar el ejercicio pleno de los derechos sexuales y los derechos reproductivos.
Nuestra voz no está en cuarentena
Exigimos el fin de todas las formas de criminalización política.
Articulación Feminista del Mercosur / COMCOSUR MUJER Nº 649 – 13/07/2020
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“Siempre he partido de una idea elemental: la de que la verdad no necesita ser justificada por la adecuación a un objetivo superior. La verdad es la verdad y nada más. Debe ser servida, no servir.”
Eugenia Ginzburg / “El vértigo”.
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1994 – 19 de junio – 2020 – 26 años
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