1) Brasil – Alemania: Volkswagen indemnizará a ex funcionarios perseguidos durante la dictadura militar brasileña /La Diaria
2) Uruguay: «Orgullo es luchar» Marcha de la Diversidad /Sudestada
3) Uruguay – Argentina: El fiscal Perciballe retoma las investigaciones por delitos cometidos contra ciudadanos argentinos en Uruguay dentro del Plan Cóndor. /Lucas Silva
4) Uruguay – Argentina: A fines de 1977, las dictaduras de Uruguay y Argentina lanzaron una ofensiva común en los dos países. /Juan Manuel Rodríguez
5) Hambre y crisis ambiental, los rostros del naufragio humano anunciado /Sergio Ferrari
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“Siempre he partido de una idea elemental: la de que la verdad no necesita ser justificada por la adecuación a un objetivo superior. La verdad es la verdad y nada más. Debe ser servida, no servir.”
Eugenia Ginzburg / “El vértigo”.
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1) BRASIL – ALEMANIA: VOLKSWAGEN INDEMNIZARÁ A EX FUNCIONARIOS PERSEGUIDOS DURANTE LA DICTADURA MILITAR BRASILEÑA
Además, la empresa alemana financiará proyectos de rescate de la memoria y la verdad sobre las violaciones a los derechos humanos.
La Diaria /24.09.2020
En un hecho de carácter histórico, la empresa automotriz alemana Volkswagen anunció que llegó a un acuerdo con el Ministerio Público Federal del estado de San Pablo para reparar la conducta de la entidad durante la dictadura militar que gobernó Brasil entre 1964 y 1985. Gracias a este acuerdo, cuya firma fue anunciada en la noche del miércoles, tres investigaciones civiles que estaban en curso serán cerradas, al tiempo que se estipuló que la empresa comenzará a cumplir con su política de indemnizaciones a partir de enero del año que viene, de acuerdo a lo que informó el diario O Globo.
La empresa se comprometió a otorgar 36 millones de reales –algo así como seis millones y medio de dólares– para promover iniciativas vinculadas a la defensa de los derechos humanos y a la investigación de crímenes cometidos durante la pasada dictadura. Poco más de tres millones de dólares de ese dinero se destinarán para el gremio de trabajadores de la empresa, particularmente a los ex trabajadores que hayan denunciado haber sufrido violaciones de sus derechos humanos durante el período militar o a sus sucesores legales.
En un comunicado, la empresa alemana manifestó que “con este acuerdo, Volkswagen quiere promover el esclarecimiento sobre las violaciones a los derechos humanos de aquella época”. Al mismo tiempo, la entidad automotriz afirmó ser “la primera empresa extranjera en enfrentar su pasado de manera transparente”.
Los vínculos entre Volkswagen y la dictadura nunca fueron un secreto, pero recién en 2016 la Justicia brasileña puso el ojo en el tema en el marco de la Comisión de la Verdad impulsada por la entonces presidenta brasileña, Dilma Rousseff.
La casa matriz de la empresa –que durante los años 70 y 80 llenó de combis, escarabajos y camionetas Brasilia las calles brasileñas, y también las uruguayas– ordenó la realización de una investigación profunda, y para ello contrató al historiador alemán Christopher Kopper, académico de la Universidad de Bielefeld.
De acuerdo al trabajo de Kopper, se llegó a la conclusión de que la empresa les brindaba información a las autoridades sobre las actividades sindicales de sus trabajadores de la planta ubicada en Sao Bernardo do Campo, localidad paulista situada en las afueras de la capital estadual, conocida por su importante actividad industrial, sobre todo en el rubro metalúrgico.
En el marco de esta colaboración entre la compañía automotriz y el régimen militar, en el año 1972 un trabajador llamado Lucio Bellentani, quien era miembro del Partido Comunista de Brasil, fue torturado por policías integrantes del Departamento de Orden Político y Social (DOPS) dentro de la oficina de Recursos Humanos de la empresa.
Además, ese mismo año otros seis trabajadores de Volkswagen fueron detenidos por sus actividades gremiales. El informe del investigador alemán que se publicó en diciembre de 2017 indica que la dirección de Volkswagen no tuvo participación en el golpe militar del año 1964, “pero la instauración de una dictadura militar que fue siendo cada vez más represiva fue evaluada en forma positiva por la empresa”. En este sentido, Kopper afirmó en su trabajo que Volkswagen fue “leal” al gobierno militar, “compartiendo plenamente sus objetivos económicos y de política interna”.
Luego de conocido el acuerdo entre Volkswagen y la Justicia brasileña, Kopper afirmó que el acuerdo tiene carácter histórico.
En declaraciones a las cadenas alemanas Norddeutscher Rundfunk y Südwestrundfunk y al diario Süddeutsche Zeitung, el investigador dijo que “esta es la primera vez que una empresa alemana acepta responsabilidades por violaciones a los derechos humanos de sus propios trabajadores por hechos sucedidos después del fin del nazismo”.
La Diaria
COMCOSUR AL DÍA / AÑO 26 / Nº 2269 / miércoles 30.09.2020
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2) URUGUAY: «ORGULLO ES LUCHAR» MARCHA DE LA DIVERSIDAD
Alrededor de cien mil personas marcharon este viernes por la Diversidad, en un clima de celebración. Lee la proclama completa
Sudestada, 25/09/2020
Una multitud marchó este viernes 25 desde la Plaza Libertad hasta el Palacio Legislativo, en una nueva edición de la Marcha de la Diversidad, cuyo recorrido fue modificado por la pandemia de Covid-19. La proclama de la Coordinadora que organizó la movilización, integrada por 19 colectivos, así como muchos de los carteles sostenidos durante el trayecto, tuvieron mensajes críticos hacia el gobierno, los recortes presupuestales de políticas sociales y el avance de la agenda impulsada por grupos religiosos.
Además de recordar a las mujeres trans asesinadas en los últimos meses, la marcha se posicionó contra el anuncio de la agenda provida del presidente Luis Lacalle Pou, quien se mostró contrario a la interrupción voluntaria del embarazo. «Marchamos en contra de un gobierno que impone una agenda “provida” que busca limitar los derechos conquistados. Nosotres decimos “¡ni un paso atrás!”. El aborto es Ley en Uruguay. Las mujeres lo exigimos y el pueblo lo respaldó: la maternidad como deseo y jamás como castigo».
Asimismo, hubo cuestionamientos a la falta de implementación y presupuesto para la Ley integral de violencia basada en género, «porque quienes gobiernan el país la han pospuesto, demostrando una vez más que para ellos nuestras vidas pueden esperar, aun cuando el femicidio se declaró emergencia nacional».
Además, hubo una condena a «la trata de personas con fines de explotación sexual, en donde las víctimas son mayoritariamente mujeres cis y trans, niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad socioeconómica. En lo que va del 2020, en nuestro país hay 17 mujeres desaparecidas. ¿Dónde están nuestras gurisas? ¿Qué pasó?», se preguntaron.
Amplia agenda social
«Vemos con preocupación los recortes en el Sistema Nacional Integrado de Cuidados. El cuidado es un derecho que debe garantizarse colectivamente, y esto solamente se cumplirá si se le asignan los recursos necesarios y se lleva a cabo como corresponde», reclamó el pronunciamiento, en alusión a uno de los cambios más controvertidos en el Ministerio de Desarrollo Social (Mides).
Por otro lado, se cuestionó la falta de cumplimiento de la ley de medios y el rol de los medios masivos de comunicación que «continúan operando y no permiten la democratización de la información. ¡No podemos seguir sin saber qué está pasando en nuestro país!»
En cuanto a la discusión presupuestal, y los recortes anunciados por el gobierno, la proclama criticó que «los avances están en riesgo por una Ley de Presupuesto que recorta todos los recursos que apoyan las trayectorias educativas de las personas más vulneradas».
«Ataca nuestra socialización, alimentación y construcción de ciudadanía. Compromete el futuro de les hijes del pueblo, de las personas empobrecidas, de las personas con discapacidad, de las personas afro, trans, migrantes y a todas las que han sido históricamente postergadas. La educación no debe ser un privilegio de clase, ¡es un derecho!»
En este sentido, el pronunciamiento indicó que «defender la educación pública es defender la libertad y la dignidad humana. Por eso repudiamos el proyecto de Ley de Educación Sexual que es una nueva embestida de los sectores reaccionarios asociados al conservadurismo político y religioso, que buscan frenar la educación en derechos humanos en nuestro país».
En línea con lo planteado por el PIT-CNT, las organizaciones convocantes reclamaron que el gobierno tome medidas contra la crisis provocada por la pandemia, «como una renta transitoria de emergencia, intervención para proteger las fuentes de trabajo y más presupuesto para la salud y la educación».
Contra la LUC
La proclama también cuestionó la reciente aprobación de la Ley de Urgente Consideración (LUC) con los votos de la coalición de gobierno en el parlamento.
«Repudiamos el permiso que le otorga a la policía para abusar de la fuerza, lo que impacta con más dureza sobre las personas pobres, en situación de calle, las trans, las afro, las maricas, las tortas y las disidencias. Sobre las personas pobres, que conviviendo con discapacidades son censuradas y reprimidas en las calles, en los semáforos y en las plazas», señaló el texto.
«Marchamos contra la LUC, porque atenta contra el derecho a huelga y el derecho a expresar nuestros reclamos. Criminaliza la protesta, habilitando a las fuerzas policiales a reprimir manifestaciones, sin siquiera contar con el aval de la justicia», cuestionó.
En la LUC, se indicó en la proclama, «vuelven a aparecer los viejos discursos que fomentan y aplauden el odio y la violencia entre seres humanos. Mientras tanto, intentan restaurar la convicción hegemónica de que hay un ser superior al que le debemos sumisión: el varón rico de clase media, blanco, cisgénero, sin discapacidad y heterosexual».
Uno de los momentos más emotivos del trayecto se produjo en la esquina de avenida del Libertador y Nicaragua, donde esperaban los integrantes de la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos que sostenían carteles de las víctimas del Terrorismo de Estado. Allí, luego de un aplauso de varios minutos, los participantes de la marcha corearon «Tu lucha, es nuestra lucha».
Orgullo es Luchar – Proclama marcha por la diversidad 2020
Lunes 28 de setiembre de 2020
¡Una vez más marchamos por la Diversidad, marchamos porque es nuestro derecho y por nuestros derechos!.
Este año gritamos Orgullo es luchar. Porque desde los últimos soplos de la dictadura hubo quienes se organizaron para que pudiéramos estar hoy celebrando nuestra existencia. ¡Hagamos ruido, porque esa es la mejor forma de demostrar que existimos y que no permitiremos ninguna marcha atrás en nuestras conquistas!
Miles de compas han hecho posible que hoy nos encontremos nuevamente. Compas que ya no están, otres que continúan y nuevas generaciones de lucha. Porque en momentos como éste, luchar se vuelve el mayor acto de empatía.
Aprovechamos para recordar a Antonio Bergamasco, artista y docente, a Carolina Poggi, compañera y fotógrafa histórica de nuestras marchas, Alberto Restuccia, también conocida como Bety Farías, gran referente del teatro y de la contracultura y a César Cigliutti, compañero activista argentino, fundador y presidente de la Comunidad Homosexual Argentina (La CHA). ¡Hasta siempre compañeres!
También recordamos a las compañeras trans asesinadas, Kiara Acosta, La brasilera, Kasandra y la Pochito. El transodio mata impunemente y el Estado es cómplice. ¡Basta de travesticidios y trans-feminicidios!
Hoy marchamos por nuestras compañeras, por aquellas que hoy no están porque han sido asesinadas en manos de la violencia machista. Marchamos por las que fueron desaparecidas. Marchamos porque estamos hartas de sufrir día a día la violencia patriarcal que atraviesa todos los espacios que habitamos. Porque se ha dicho que la violencia a la que están expuestas aquellas mujeres encerradas con sus agresores en esta pandemia no son más que un daño colateral. Nuestro orgullo más grande es luchar por nuestros derechos, por tener una vida digna y libre de explotación capitalista y patriarcal que violenta nuestros cuerpos.
Marchamos porque la Ley integral de violencia basada en género sigue hoy sin presupuesto, porque quienes gobiernan el país la han pospuesto, demostrando una vez más que para ellos nuestras vidas pueden esperar, aún cuando el femicidio se declaró emergencia nacional.
Marchamos en contra de un gobierno que impone una agenda “provida” que busca limitar los derechos conquistados. Nosotres decimos “¡ni un paso atrás!”. El aborto es Ley en Uruguay. Las mujeres lo exigimos y el pueblo lo respaldó: la maternidad como deseo y jamás como castigo.
Hoy marchamos porque LO URGENTE SON LAS PIBAS. Condenamos la trata de personas con fines de explotación sexual, en donde las víctimas son mayoritariamente mujeres cis y trans, niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad socioeconómica. En lo que va del 2020, en nuestro país hay 17 mujeres desaparecidas. ¿Dónde están nuestras gurisas? ¿Qué pasó? Vivas se las llevaron y vivas las queremos de vuelta.
Sostenemos que el Estado es responsable por omitir datos y minimizar una de las manifestaciones más agudas de la violencia de género. Es responsable por la falta de compromiso político en la aplicación de la Ley de Prevención y Combate de la Trata de Personas.
Tanto en la Operación Océano como en todas las causas exigimos justicia y reparación por las que ya no están, por las que no tienen voz y por las que rompieron el silencio. Repudiamos la respuesta discrecional de la justicia a estos violadores y explotadores de menores.
Por las que han nacido en Uruguay y por las nacidas en cualquier parte. Porque cuando migramos lo hacemos con todos nuestros derechos.
Seguiremos en alerta.
También queremos solidarizarnos con todas aquellas que se han visto obligadas a crear y buscar espacios seguros de palabra y escucha. Ante todo esto, queremos gritar bien fuerte: ¡No estás sola, nosotres te creemos!
Marchamos contra todas las manifestaciones de odio, porque el feminismo debe ser amplio, debe luchar por y con todas: con las trans, con las afro, con las indígenas, con las discas, seropositivas, con las migrantes. Ser feministas no es odiar, y sí abrazar las luchas de las más oprimidas. ¡Fuera Terf!
Hoy marchamos porque las leyes impulsadas por los movimientos sociales no son nada si no se aplican, si no se les asigna presupuesto, si se posponen, si se nos niega su ejercicio.
Marchamos porque el Estado no está cumpliendo la ley trans al no brindar herramientas para su correcta implementación. En particular para personas trans en situación de pobreza extrema, sin conexión, lejos del centro de la capital.
También marchamos porque las barreras de acceso a la salud de las personas trans se profundizan por los recortes del Gobierno Nacional. Exigimos que se cumpla lo establecido en la Ley Integral para Personas Trans. ¡Que el Gobierno Nacional tenga voluntad política real! Muchos prestadores privados de salud siguen incumpliendo la ley y negando el acceso a los tratamientos trans específicos. Ya es ley, ¡pasemos de la letra a los hechos!
Marchamos por testeo rápido de VIH, universal y gratuito, en todo el territorio nacional. Saber nuestro estado serológico es un derecho, acceder a información de calidad sobre prevención y cuidados es un derecho también. Las campañas de educación y comunicación para erradicar el estigma sobre el VIH/SIDA son una obligación del Estado.
Exigimos todos los tratamientos disponibles, en todos los prestadores de salud del país.
También marchamos porque exigimos que se haga cumplir de forma efectiva la ley de reproducción asistida. Los privados siguen mintiendo y robándole a las parejas incumpliendo la ley.
Vemos con preocupación los recortes en el Sistema Nacional Integrado de Cuidados. El cuidado es un derecho que debe garantizarse colectivamente, y esto solamente se cumplirá si se le asignan los recursos necesarios y se lleva a cabo como corresponde.
Marchamos porque las personas con discapacidad todavía estamos lejos de la accesibilidad, tanto en las ciudades como en el transporte; es necesario llegar a todos los rincones del país. Marchamos por el acceso al trabajo de las personas con discapacidad. El Estado incumple con la ley de cupos que apenas cubre el 1%.
Porque ni siquiera nos toman en cuenta en aquellas políticas pensadas para nosotres. Se nos ha querido imponer el teletrabajo para no hacer accesibles los espacios laborales. No permitiremos que sigan tomando decisiones por nosotres. ¡Dejen de infantilizarnos!
Acá estamos marchando las discas lesbianas, les discas trans, gays, bisexuales y de otras tantas identidades discriminadas, gritando que no permitiremos más que se nos invisibilice. Construiremos colectivamente para poder acceder al placer, libres de abuso y violencias. ¡También exigimos políticas específicas contra el abuso sexual hacia las personas con discapacidad!
Exigimos que la accesibilidad deje de ser un privilegio de ricos. ¡Basta de capacitismo!
La ley de medios sigue sin cumplirse. Los medios masivos de comunicación continúan operando y no permiten la democratización de la información. ¡No podemos seguir sin saber qué está pasando en nuestro país!
Hoy marchamos por nuestro derecho a una educación sin exclusiones. Porque es en la educación pública donde hemos logrado impulsar la cultura del respeto y la lucha contra la discriminación. Por eso, nos posicionamos en defensa de un presupuesto digno para la educación pública.
Venimos acá a decir junto con trabajadores de la educación y estudiantes: ¡viva la educación pública! ¡Sin educación pública no hay futuro!.
Hoy los avances están en riesgo por una Ley de Presupuesto que recorta todos los recursos que apoyan las trayectorias educativas de las personas más vulneradas. Ataca nuestra socialización, alimentación y construcción de ciudadanía. Compromete el futuro de les hijes del pueblo, de las personas empobrecidas, de las personas con discapacidad, de las personas afro, trans, migrantes y a todas las que han sido históricamente postergadas. La educación no debe ser un privilegio de clase, ¡es un derecho!.
Marchamos nuevamente por un sistema educativo sin violencias institucionales, que permita que las infancias y adolescencias transiten sus etapas educativas en libertad y sin closets, sin violencias, hostigamiento ni discriminación.
Para el pueblo no cabe duda: defender la educación pública es defender la libertad y la dignidad humana.
Por eso repudiamos el proyecto de Ley de Educación Sexual que es una nueva embestida de los sectores reaccionarios asociados al conservadurismo político y religioso, que buscan frenar la educación en derechos humanos en nuestro país.
El proyecto de ley pretende romper con principios básicos de la educación uruguaya: el derecho a la igualdad, a la libertad de cátedra, a la laicidad, a la no discriminación y al pensamiento crítico. Todos un orgullo histórico de nuestra sociedad.
Hoy, movilizándonos frente a la Casa de la Democracia, le decimos bien claro a ese grupito de legisladores: ¡NO PASARÁN!
Hoy también marchamos contra la LUC. Repudiamos el permiso que le otorga a la policía para abusar de la fuerza, lo que impacta con más dureza sobre las personas pobres, en situación de calle, las trans, las afro, las maricas, las tortas y las disidencias. Sobre las personas pobres, que conviviendo con discapacidades son censuradas y reprimidas en las calles, en los semáforos y en las plazas.
Exigimos garantías en el acceso a la justicia para las personas más vulneradas. Es imprescindible que exista acceso al patrocinio jurídico para las personas afro, trans, para todas las mujeres que son víctimas de la violencia machista y no cuentan con recursos económicos.
Exigimos acompañamiento legal y justicia, porque sin justicia no hay paz.
Marchamos contra la LUC, porque atenta contra el derecho a huelga y el derecho a expresar nuestros reclamos. Criminaliza la protesta, habilitando a las fuerzas policiales a reprimir manifestaciones, sin siquiera contar con el aval de la justicia.
La situación de emergencia sanitaria generada por el Covid 19 ha sido excusa, a su vez, para el abuso de poder sobre trabajadoras y trabajadores, principalmente hacia peones rurales y trabajadoras domésticas, quienes se ven obligades a trabajar en las casas de sus patrones, poniendo en riesgo sus propias vidas y las de sus familiares, sin contar con la libertad de poder elegir estar en su propia casa. ¡Basta de esclavitud!
También marchamos en contra de la LUC porque desconoce la realidad de miles de mujeres víctimas de violencia de género, se olvida de protegerlas y hace mucho más dificil comprobar la violación y el abuso de menores ante la justicia.
En esta Ley vuelven a aparecer los viejos discursos que fomentan y aplauden el odio y la violencia entre seres humanos. Mientras tanto, intentan restaurar la convicción hegemónica de que hay un ser superior al que le debemos sumisión: el varón rico de clase media, blanco, cisgénero, sin discapacidad y heterosexual.
Todas estas formas de odio, hoy y siempre han sido amenazas hacia nosotres, promovidas por quienes tienen el dinero, el poder y dominan los discursos que circulan en los medios masivos de comunicación y redes sociales.
Hoy venimos a informarles que por más dinero que inviertan, ¡jamás nos someteremos a su mundo de odio, dominación, dolor e injusticia!
La LUC es otro retroceso para los movimientos sociales que luchamos contra los discursos de mano dura que tanto daño nos hicieron como país y que sostienen que los problemas de convivencia social se solucionan con palos, aumentos de penas, represión policial y más cárceles inhumanas y superpobladas. ¡Uruguay ya le dijo NO A LA BAJA Y NO A LA REFORMA! Ahora nos toca decirle: ¡NO A LA LUC!
Hoy tampoco podemos olvidar que por negligencia de las autoridades de gobierno, debido al desmantelamiento de programas, han muerto dos personas en situación de calle en lo que va del año. ¡La calle no es lugar para vivir! Tampoco lugar para morir. Exigimos políticas públicas efectivas, basta de caridad.
Los discursos de odio perpetuados por quienes hoy ocupan lugares de poder tienen consecuencias. Cuatro personas fueron asesinadas a manos de grupos neo fascistas. En lo que va del año, tres personas afrodescendientes en situación de calle sufrieron atentados contra su vida: Gustavo Castro, encontrado muerto con una herida de 11cm en la cabeza, luego de buscar refugio sin ser recibido y ser detenido por la policía; Andrés Vargas, prendido fuego mientras dormía, quien aún sigue luchando por su vida; y Victor Andrade, artista que fue despojado de sus pertenencias y sus herramientas, luego de ser detenido por la policía de forma arbitraria. Nuevamente se evidencia la impunidad ante el ataque hacia las vidas de las personas afrodescendientes y empobrecidas.
Marchamos porque en todas las calles del país las personas afrodescendientes somos atacadas, violentadas y reprimidas.
Hoy marchamos porque vivimos diariamente la pobreza. Las personas afro en Uruguay duplicamos los niveles de pobreza y triplicamos los niveles de indigencia.
Marchamos para que se cumplan los cupos laborales y las becas estudiantiles que conquistamos para todas las personas en situación de desigualdad.
Hoy marchamos por una democracia sin racismo; porque este gobierno neoliberal, en alianza con la derecha fascista, perpetúa las prácticas coloniales y aristocráticas, que profundizan las desigualdades estructurales que vivimos las personas afrodescendientes.
Hoy, también marchamos porque las vidas negras importan. El año se vio sacudido por actos de violencia racista, que tuvieron alcance mundial, pero que es parte de la cotidianeidad que vivimos las personas afrodescendientes hace más de 500 años. Este año no tenemos nada que celebrar. Recordamos a nuestres hermanes estadounidenses: Breonna Taylor, George Floyd y Jacob Blake y a tantes hermanes que fueron asesinades brutalmente por la mano represiva del Estado: la policía.
Esta realidad se repite en toda Latinoamérica, especialmente en Brasil, el país en donde son asesinados más jóvenes afro periféricos por la policía, sin ser noticia, sin ninguna indignación mundial. Tampoco podemos dejar de lado el caso de Facundo Castro en Argentina, uno de muchos jóvenes que sufrieron la desaparición forzada y el asesinato en manos de la policía bonaerense.
Esto remarca la dimensión golpista de la policía en toda América, la derecha argentina justifica el actuar de sus fuerzas al sitiar la Casa de Gobierno, afirmando que se trata de reclamos laborales. Colombia reprime a sus juventudes cuando exigen justicia por Javier Ordoñez, asesinado por agentes de las fuerzas de seguridad. Bolivia, que luego de sus reiteradas masacres ahora disfraza discursos golpistas como sacrificios por la democracia. El fascismo es contagioso y no hay mayor prueba que quienes hoy se encuentran sentados en nuestro parlamento.
Estamos alertas. Son los restos de impunidad con los que seguimos cargando los que permiten esto.
Por eso, como todos los años, seguimos marchando exigiendo verdad y justicia. Los sucesos de los últimos meses, con representantes nacionales que usan su lugar en el Parlamento para cuestionar resoluciones judiciales y ampararse en sus fueros, nos vuelven a demostrar que la historia reciente está más viva que nunca, aunque ellos intenten disimularlo.
Ahora, quienes han disparado por la espalda, violado a hombres y mujeres, aplicado torturas a seres humanos que se encontraban atados, hambrientos, enfermos; dicen ser héroes y patriotas. Se regodean con sus compañeros de armas diciendo que lo harían nuevamente, pero cuando los interroga la justicia mienten, esconden y dicen haber perdido la memoria.
En su trinchera, quienes en campaña se mostraban comprometidos con la búsqueda de nuestros compañeros y compañeras, hoy nos demuestran ser cómplices y cobardes que crean un relato donde se cuestiona a la justicia. No daremos un paso atrás por quienes fueron, por quienes estamos y por quienes vendrán, que nos digan dónde están ¡Verdad, memoria, justicia! ¡Terrorismo de Estado Nunca Más!.
Marchamos sumando nuestras voces al reclamo de un Presupuesto digno para el Pueblo. Porque a las restricciones que el gobierno adjudica a la pandemia se están sumando otras que poco tienen que ver, pero que sin duda nos golpean especialmente a quienes partimos de un piso desigual. El alcohol en gel no borra a las miles de personas que quedaron sin ingresos, víctimas de la especulación empresarial, o a las que hacen fila en ollas populares porque la plata no da.
Marchamos denunciando la falta de respuesta estatal a quienes perdieron por completo su fuente de ingresos. Mencionamos especialmente a quienes viven del trabajo sexual y son, muchas veces, el único sostén económico de sus familias.
En línea con lo planteado por el PIT-CNT, insistimos en la necesidad de que el Gobierno tome medidas contra esta crisis, como una renta transitoria de emergencia, intervención para proteger las fuentes de trabajo y más presupuesto para la salud y la educación.
Es necesario hacer alusión a la problemática medioambiental: porque ni la Tierra ni las personas somos territorio de conquista. El capitalismo, el patriarcado, la heteronorma y el sistema racial son aliados en una constante industria de fundamentalismos entrelazados que nos proponen vernos como objetos de consumo. Los impactos irreversibles del cambio climático deterioran todos los días nuestras condiciones de vida y la de todos los seres del planeta.
UPM sigue siendo una amenaza en nuestro territorio. El tren avanza, y en breve comenzaremos a ver los impactos de la Ley de Riego sobre nuestros alimentos, sobre el agua que sale de nuestras canillas, sobre la que beben los animales en ríos y arroyos. Cuidar la tierra también es parte de nuestras luchas, porque quienes siempre hemos sido vulnerados somos les primeres en ver el desgaste de nuestro ambiente.
Como es tradición, la unidad entre los movimientos sociales se ve representada con las múltiples formas en que vamos tejiendo redes. Sin ir más lejos, a esta Marcha la hicieron posible los aportes de un montón de organizaciones sindicales y profesionales, así como de colectivos sociales muy diversos. Otro ejemplo son nuestres compas de SUTEL, quienes se posicionaron en contra de la designación de un fundamentalista antiderechos como asesor de comunicaciones para la presidencia de ANTEL. La laicidad y el respeto a nuestras identidades deben ser base para nuestra democracia, y no podemos permitir que se designen cargos de confianza a quienes han militado en contra de los derechos humanos.
Es por todas estas cosas que hoy acá está el Movimiento Social Uruguayo, como cada 8 de Marzo, cada 1° de mayo, cada 20 de mayo, cada 14 de agosto. Estamos siempre para celebrar los 25 de julio, las Marchas a Punta del Este del cooperativismo, defendiendo la ley de medios o juntando firmas para nuestras causas. Y en medio de las pandemias y las crisis, también estamos.
Es por eso que hoy, más que nunca, nos abrazamos en nuestra diversidad y teñimos las calles de colores, para recordarle al mundo que el odio y la violencia solo crean miedo, rechazo e ignorancia. Vamos a seguir reclamando vivir libres de cualquier encierro como respuesta a la culpa y a la vergüenza con la que nos educaron; queremos vivir sin armarios, sin tapujos, sabiéndonos libres e iguales en dignidad y derechos.
Porque siempre que el miedo fue la norma que rigió nuestra existencia, el orgullo fue nuestra respuesta. Esta vez no será distinto. Les decimos una vez más que al fascismo no le tenemos miedo y que vamos a seguir orgulloses de luchar por ser quienes somos, sentir sin moldes y seguiremos transformando la realidad para hacer de ella una en la que entremos todes.
¡Marchamos porque lo que nos llena de orgullo es luchar!
Sudestada, periodismo y transparencia C
OMCOSUR AL DÍA / AÑO 26 / Nº 2269 / miércoles 30.09.2020
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3) URUGUAY – ARGENTINA: EL FISCAL PERCIBALLE RETOMA LAS INVESTIGACIONES POR DELITOS COMETIDOS CONTRA CIUDADANOS ARGENTINOS EN URUGUAY EN EL MARCO DEL PLAN CÓNDOR
Nueve ex militantes de los GAU declaran este jueves ante la Justicia por la desaparición forzada, en 1977, del montonero Oscar de Gregorio
Lucas Silva /La Diaria, 9 de septiembre de 2020
Oscar de Gregorio llegó al puerto de Colonia del Sacramento el miércoles 16 de noviembre de 1977, poco después del mediodía. Lo esperaba su esposa, Rosario Evangelina Quiroga, con quien cruzó miradas antes de empezar los trámites migratorios. No pudo terminarlos: fue detenido por funcionarios de Prefectura Naval, que lo trasladaron a Montevideo. Un mes después, y tras largas sesiones de interrogatorios y torturas, retornó a Argentina en un vuelo clandestino y rodeado de militares. Casi 43 años después, sigue desaparecido.
La causa que investiga el fiscal especializado en Derechos Humanos, Ricardo Perciballe, se originó con una denuncia que se presentó en el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Colonia en abril de 2012, por los delitos cometidos contra De Gregorio y otros ciudadanos argentinos en territorio uruguayo, en el marco del Plan Cóndor. Entre los denunciantes está el ex diputado peronista entrerriano Jaime Dri, que cuando fue detenido por militares uruguayos se dirigía a la casa que tenía en Carrasco el pianista argentino Miguel Ángel Estrella.
Los posibles crímenes de lesa humanidad son desaparición forzada, sustracción y retención de menores, privación de libertad, tortura y asociación para delinquir. Los presuntos responsables que aparecen en la carátula, José Nino Gavazzo, que era jefe del Departamento III del Servicio de Información y Defensa (SID); Juan Carlos Larcebeau, ex capitán de la Armada uruguaya; y oficiales argentinos del centro clandestino que funcionó en el casino de oficiales de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA) desde 1976 hasta 1983.
Para este jueves fueron citados por la Fiscalía, en calidad de testigos, ocho ex militantes de los Grupos de Acción Unificadora (GAU): Jorge Solari, Miguel Kaplan, Jorge Seco, Eduardo Brenta, Óscar Boiani, Carlos Dosil, Beatriz Fynn, Juan Manuel Rodríguez y Daoiz Uriarte. La audiencia ante el juez letrado de Colonia de 4º Turno, Andrés Hernández Ferreiro, comienza a las 13.30 y será por videoconferencia desde la sede penal de Juan Carlos Gómez. Perciballe explicó a la diaria que tenía previsto concretarla hace algunos meses, pero se postergó por la pandemia; también dijo que es la única causa de la fiscalía especializada con sede en Colonia.
El fiscal comentó que la investigación de la desaparición forzada de De Gregorio apunta a establecer responsabilidades entre quienes estaban en 1977 al frente del cuerpo de Fusileros Navales (FUSNA), pieza clave en la articulación con los represores argentinos.
“De Gregorio estuvo detenido en el FUSNA y luego fue trasladado a la ESMA. En otros operativos mueren algunos dirigentes montoneros; pero otros fueron detenidos y también terminan siendo trasladados a Argentina”, explicó Perciballe, quien prefirió no dar más detalles porque la investigación está en la etapa de presumario.
Las torturas en el FUSNA
El sociólogo santafecino Oscar El Sordo de Gregorio era un dirigente importante en la estructura de Montoneros; entre otras cosas, había participado en setiembre de 1974 en el secuestro de los hermanos Jorge y Juan Born, herederos de la corporación económica Bunge y Born (ver recuadro). Antes había estado en la organización política Descamisados, un grupo en el que militaron dirigentes peronistas relevantes como Jorge Taiana (luego canciller) y Fernando Galmarini (luego diputado), entre otros.
El secuestro de los Born
Oscar El Sordo de Gregorio era un dirigente pesado en la estructura jerárquica de Montoneros. En el libro Born, de la periodista argentina María O’Donnell, queda claro su rol protagónico durante las negociaciones con la casa central de Bunge y Born durante el secuestro de los hermanos Juan y Jorge. De Gregorio, según esta investigación, fue el encargado de transmitirle a la familia que la organización guerrillera exigía “cien” a cambio de liberar a los cautivos.
“¿Cien mil?” respondió el representante de la empresa. “Cien. Cien millones. De dólares”, aclaró De Gregorio, según consta en el capítulo 3 del libro de O’Donnell.
La ficha de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente señala que cuando De Gregorio fue detenido en Colonia tenía 34 años. En Montevideo se domiciliaba en la calle Palmar 2238, casi en la esquina con Acevedo Díaz.
Los militares uruguayos aseguraron que intentó ingresar al país con documentación falsa, un revólver y dos granadas que tenía escondidas entre sus pertenencias. Una vez en el FUSNA, trató de fugarse y resultó herido. El 18 de noviembre de 1977 lo internaron en el Hospital Militar, donde fue intervenido quirúrgicamente (le practicaron un ano contra natura).
Cuatro días después, dos oficiales argentinos de inteligencia lo interrogaron en el celdario del Hospital Militar; desde allí lo trasladaron otra vez al FUSNA y volvió a ser torturado.
Finalmente, lo llevaron a Buenos Aires el 17 de diciembre, en un vuelo clandestino en helicóptero. En el informe que elaboró la Armada durante el primer gobierno del Frente Amplio para la ex ministra de Defensa Nacional Azucena Berrutti puede leerse: “El detenido fue trasladado en un helicóptero de la Armada Argentina que aterrizó en el Área Naval del Puerto de Montevideo”.
Primero estuvo en la ESMA. En marzo de 1978 fue trasladado a otro centro clandestino que funcionaba en la escuela Sargento Cabral, en Campo de Mayo, pero su estado de salud se agravó y lo llevaron al Hospital Naval.
De acuerdo con el testimonio de su compañera, Rosario Quiroga, murió el 25 de abril de ese año en la ESMA, “tras meses de tortura en Uruguay y Argentina, luego de ser herido y operado, y debido a un paro cardíaco”. Cuando su familia reclamó el cuerpo, un oficial naval le respondió que lo cremarían y lo enterrarían en una fosa común en el cementerio de La Chacarita. Sin embargo, todavía sigue desaparecido.
La historia de los argentinos
Volvamos unos meses antes, a mediados de diciembre de 1977. La detención de De Gregorio derivó en una serie de operativos coordinados entre las fuerzas represivas uruguayas y argentinas, dirigidos en particular a los montoneros que estaban en Uruguay, pero también a integrantes de los GAU, en ambas orillas del Río de la Plata. En este marco también fueron detenidos militantes del Movimiento de Liberación Nacional (MLN), del Partido Comunista Revolucionario (PCR) y de las Agrupaciones de Militantes Socialistas (AMS). La dictadura argentina sospechaba que en Uruguay se estaban organizando atentados de cara al Mundial de 1978, y con esa excusa afianzó sus lazos con los militares uruguayos.
De acuerdo con la información de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, tres montoneros que vivían en Uruguay murieron durante los operativos binacionales de diciembre de 1977: Juan Alejandro Barry, Susana Mata y Carlos Valladares.
Barry fue asesinado mientras se trasladaba por Avenida Italia en una camioneta Mehari junto con Jaime Dri, uno de los sobrevivientes, que presentó la denuncia en 2012 y vive actualmente en Panamá. La esposa de Barry, Susana Mata, se suicidó con una píldora de cianuro cuando llegaron militares a la casa en la que se encontraba desde la noche anterior, en la avenida Bullrich de Lagomar. En ese chalet también estaba la sanjuanina Rosario Quiroga con sus tres hijas, que también fueron secuestradas.
La hija de Barry y Mata, Alejandrina, tenía dos años y medio cuando murieron sus padres. Fue entregada a sus abuelos paternos el 29 de diciembre de 1977 y es recordada por los operativos mediáticos que se montaron en torno a su situación: los tres medios más importantes de la editorial Atlántida (las revistas Somos, Gente y Para Ti) la convirtieron en una especie de “botín de guerra” con artículos que la presentaban como una “hija abandonada” por sus padres guerrilleros. En una de las notas aparecía una foto de la niña, acompañada por el titular “Los hijos del terror”. Años después, Alejandrina presentó una demanda judicial contra la editorial Atlántida, que todavía está en curso.
Otros ocho ciudadanos argentinos fueron secuestrados en Uruguay. Cuatro de ellos fueron trasladados clandestinamente a la ESMA y años después recuperaron la libertad. Los otros cuatro fueron procesados por la Justicia militar uruguaya y condenados a años de prisión, entre ellos Estrella. Los cinco niños que estaban con esos adultos, según este documento, fueron entregados a sus familiares en Argentina en diferentes circunstancias.
La historia de los montoneros detenidos en Uruguay está relatada con detalles en el documental argentino Sonata en si menor, realizado en 2014 con base en una investigación periodística del medio cooperativo La Vaca, que está disponible en Youtube.
La carta de la madre
Aída Marconi era la madre de De Gregorio. Cuando se enteró de que su hijo había sido detenido en el puerto de Colonia les envió una nota a las autoridades uruguayas. La carta decía: “Mi hijo Oscar, de reconocida filiación peronista […] Según relatos de testigos, al llegar a la Aduana de Colonia vestía pantalón azul marino, camisa celeste y saco sport cuadrillé blanco, negro y celeste. Allí luego de pasar por Migraciones, es introducido a una habitación, desde allí fue llevado del lugar por una camioneta carrozada, de color azul celeste y con la inscripción ‘Prefectura Naval’ en su puerta. A la misma fue introducido por la fuerza por dos personas que vestían pantalón marrón y camisa amarilla clara y que llevaban un revólver a la cintura. Desde allí fue llevado por la mencionada camioneta seguida de un taxi color negro con rumbo desconocido. Desde ese momento no tuvimos más noticias de mi hijo”.
Lucas Silva /La Diaria
COMCOSUR AL DÍA / AÑO 26 / Nº 2269 / miércoles 30.09.2020
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4) URUGUAY – ARGENTINA: A FINES DE 1977, LAS DICTADURAS DE URUGUAY Y ARGENTINA LANZARON UNA OFENSIVA COMÚN EN LOS DOS PAÍSES
Oscar de Gregorio, los GAU y la participación del Fusna en la represión y las desapariciones
Juan Manuel Rodríguez / La Diaria, 26 de septiembre de 2020
El 9 de setiembre varios ex militantes de los Grupos de Acción Unificadora (GAU) concurrimos a la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad para declarar en el caso que lleva adelante el fiscal Ricardo Perciballe, presentado en el juzgado de la ciudad de Colonia, donde en noviembre de 1977 fue detenido el dirigente montonero Oscar de Gregorio.
Un mes después de su detención en nuestro país, De Gregorio fue trasladado a Buenos Aires, donde murió a los pocos meses, después de continuas y durísimas torturas, de lo cual hay testimonios de supervivientes.
El pedido de citación de los testigos fue realizado por el juez de 4º Turno de la ciudad de Colonia, Andrés Hernández Ferreiro. La detención de De Gregorio, su traslado a la sede del Cuerpo de Fusileros Navales (FUSNA), su internación en el Hospital Militar luego de un disparo que sus captores le efectuaron ante un intento de escape, así como su ilegal traslado a Argentina son relatados de manera detallada en el artículo de Lucas Silva publicado en la diaria del 10 de setiembre.
El objetivo de esta nota es dar cuenta de la represión que a partir de la detención de De Gregorio se desarrolló contra los GAU por parte del FUSNA en Montevideo y por fuerzas represivas argentinas en Buenos Aires, en forma coordinada. En los días siguientes a la detención, en Uruguay se realizaron decenas de ratoneras, hubo cientos de detenidos y finalmente 24 resultaron procesados por la Justicia Militar. Quizá este frenesí represivo haya sido influido por el descubrimiento de la existencia de un grupo que, después de cuatro años del período de la mayor represión de nuestra historia, mantenía un funcionamiento orgánico y un trabajo político en barrios y lugares de estudio y trabajo. También hubo detenidos y muertos argentinos (unos por balaceras, otros por autoeliminación). Algunos fueron procesados, como el conocido pianista Miguel Ángel Estrella.
En Argentina, en esos mismos días de noviembre de 1977, se desató una represión similar. Hubo 31 secuestrados uruguayos, la mayoría de los cuales, aunque no todos, pertenecían a los GAU. Todos están desaparecidos. Estos hechos muestran, una vez más, la coordinación de las fuerzas represivas en los dos países, hecho repetido en múltiples casos. Y, como se indica enseguida, también permiten demostrar la falsedad de los informes presentados por la Armada a los pedidos de información de la Presidencia, y el ocultamiento que hicieron de esa coordinación así como de su participación en las acciones en Argentina, donde tuvieron un rol importante, claramente demostrable con sus propios documentos.
Para comprender el conjunto del proceso es necesario conocer los inicios de la represión en Buenos Aires, su posterior suspensión y su reinicio en noviembre de 1977, a partir de la detención de De Gregorio. Un informe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires o Policía Provincial, firmado el 16 de agosto de 1977, da cuenta de la detención de varios militantes de los GAU. Este informe fue conocido hace pocos años, cuando se inició el estudio del período represivo, hecho impedido antes por efecto de la ley de caducidad.
Según ese informe, meses antes de que fueran detenidos, la Policía Provincial argentina buscaba a una pareja paraguaya en una casa de apartamentos. Un vecino les dijo que no conocía a ninguna pareja paraguaya, pero sí a una uruguaya, y les señaló una puerta. Al entrar en el apartamento encontraron documentos políticos, y la pareja fue detenida. Eran militantes del GAU.
Poco después detuvieron a otro militante, que se había trasladado por un mes al exterior, pero cuando volvió, su casa estaba vigilada. Los interrogatorios y las torturas a los que fueron sometidos permitieron identificar otros nombres.
El informe mencionado indica que las acciones que realizaban los GAU se basaban en relevamiento de información y en llevar adelante discusiones, y que no estaban vinculadas con la situación argentina. También señala que nuevos posibles detenidos están ubicados en zonas en las que esa fuerza no tenía competencia porque estaba asignada a otra unidad, así que se pedía una decisión superior para intervenir o no. Las distintas unidades represivas de ese entonces se habían repartido el territorio para que ninguna interfiriera en las actividades de otra. El documento concluye con una frase que, pese a que han transcurrido más de 40 años, aún aterroriza. En referencia a este último detenido, Fernando Martínez Santoro dice: “Sugiriéndose para con el causante una DF por no considerárselo de interés para la investigación”. El propio informe de la Armada a la ministra de Defensa indica que DF debe significar “disposición final”.
Los hechos indican que no se tomó la decisión de continuar la investigación, porque en los meses siguientes no hubo nuevas detenciones. La situación cambió cuando De Gregorio fue detenido en Colonia, el 16 de noviembre. De Gregorio ingresó al país con una cédula falsa y otra cédula uruguaya que había sido perdida en Buenos Aires.
A las 72 horas, el 19 de noviembre de 1977, fue allanada la casa de la propietaria de la cédula y se encontraron materiales políticos, lo que llevó a la detención de la dueña de la cédula y de su hermano, a quien pertenecían los materiales. La tortura sistemática llevó a que en pocos días el FUSNA realizara 50 operativos y múltiples detenciones, entre ellas las de los 29 miembros de los GAU procesados por la Justicia Militar y las muchos de otros que luego liberó por no tener vínculos con estos grupos. La amplia mayoría de las operaciones se realizaron entre el 19 de noviembre y el 6 de diciembre.
En Buenos Aires también hubo detenciones, y su celeridad y masividad indicarían que a partir de los datos que las fuerzas represivas ya conocían desde antes, como indica el informe referido, se realizó un trabajo de inteligencia que permitió detener a 31 personas en una semana. Estos hechos están descritos en el informe realizado sobre De Gregorio por el Equipo de Investigación Histórica de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente. El análisis de este conjunto de hechos permite realizar una serie de comentarios/conclusiones.
En primer lugar, que los operativos represivos de Montevideo y Buenos Aires fueron coordinados por las fuerzas de los dos países. Varios hechos permiten hacer esta afirmación:
a) Varios de los detenidos en Montevideo, en medio de la tortura, fueron amenazados con ser trasladados a Buenos Aires. “Vos sabés que si vas allá sos boleta”, les dijeron a algunos.
b) Tres oficiales del FUSNA –Jorge Tróccoli, Ricardo Dupont y José Uriarte– se trasladaron en avión a Buenos Aires el 20 de diciembre y volvieron el 22 (existe registro documental en Migración y en la Compañía Aérea). El 21 comienzan las detenciones en Buenos Aires. ¿Qué razón puede explicar este viaje que no sea la coordinación (¿participación?) de los operativos que realizarían las fuerzas represivas argentinas?
c) Hay testigos de las operaciones en Argentina que afirman que en ellas participaban uruguayos. Lo mismo indican sobrevivientes del Centro de Operaciones Tácticas Nº 1 (conocido como COT1) y del Pozo de Quilmes, donde estuvieron algunos días los secuestrados uruguayos. Sobrevivientes argentinos del Pozo de Banfield afirman que “los uruguayos fueron interrogados por uruguayos”.
d) Varias fichas elaboradas por el FUSNA sobre los detenidos en Buenos Aires, que integran los anexos del informe que la Armada entregó a la ministra Azucena Berruti en 2006, firmado por Juan H Fernández Maggio, comandante en jefe de la Armada, indican que el Fusna tenía información diaria de lo sucedido en Buenos Aires. A continuación, algunos ejemplos. En la ficha de Gustavo Arce –desaparecido– hay una anotación del 29 de diciembre de 1977, “Origen FUSNA”, que dice textualmente: “Hace dos días desapareció de la ciudad de Buenos Aires: es GAU”. Nótese que dice “desapareció”, o sea que registra un hecho anterior a la fecha en que fue anotado. Arce fue detenido el 22 de diciembre de 1977. En la ficha de Raúl Gámbaro –también desaparecido–, el 2 de enero de 1978 aparece la anotación “ver carpeta 0455, de FMF, Origen FUSNA”. FMF es uno de los detenidos en Uruguay. Y así pueden indicarse varios otros casos que establecen relaciones entre detenidos en Montevideo y Buenos Aires a fines de 1977. No se podría haber hecho esas anotaciones, en esas fechas, de no existir una información precisa y al día de lo que ocurría en los dos países.
Debe tenerse en cuenta que todo indica que estas fichas del FUSNA fueron “limpiadas”, es decir corregidas, borradas, sustituidas las originales por otras, lo cual puede deducirse del hecho de que algunas frases se cortan en una página y quedan inconclusas, y situaciones parecidas. Todo indicaría que existió una directiva para realizar esta limpieza. Pero los humanos se equivocan, omiten y cometen errores. Esta es la explicación más probable de que las citas mencionadas anteriormente no hayan sido borradas.
Una segunda conclusión es que los informes de la Armada al presidente incluyen falsedades, sobre todo para ocultar el rol que el FUSNA tuvo en la represión en Argentina y por tanto en cuanto a los desaparecidos. Por ejemplo, en el informe firmado por Juan A Fernández Maggio se dice textualmente: “Existen documentos que permiten determinar en forma preliminar que el FUSNA no participó de los operativos contra el GAU en Buenos Aires y que recién tomó conocimiento del listado completo de los detenidos después del 28 de febrero de 1978”. Memorando COMAR, julio de 2006, dirigido a la ministra de Defensa Nacional.
Los hechos mencionados y las citas de los documentos oficiales entregados por la Armada prueban inobjetablemente que esta afirmación es falsa. El FUSNA sabía de los detenidos en Buenos Aires desde diciembre de 1977, como lo indican las fichas que hicieron de ellos. Y es muy difícil que el comandante en jefe de la Armada desconociera lo que ocurría, siendo la militar una organización tan vertical. A la vez, estos hechos muestran el largo camino que aún queda para descubrir la verdad de lo efectivamente ocurrido en la dictadura.
Finalmente, no deja de llamar la atención que oficiales que tuvieron un rol relevante en este triste y doloroso proceso aún no hayan sido procesados. Es el caso del ex comandante Tabaré Daners Eyras, juez sumariante de los detenidos del GAU en Montevideo, que tenía una oficina muy cercana a una de las piezas de tortura en el FUSNA. A muchos nos amenazó con volver a la tortura si no firmábamos las declaraciones que ellos habían redactado. Lo mismo podría decirse de Ricardo Dupont, compañero de Tróccoli en su viaje a Buenos Aires en diciembre de 1977, con participación personal y directa en las desapariciones de uruguayos en Argentina. Sólo por mencionar dos nombres entre muchos posibles.
Juan Manuel Rodríguez / La Diaria
COMCOSUR AL DÍA / AÑO 26 / Nº 2269 / miércoles 30.09.2020
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5) HAMBRE Y CRISIS AMBIENTAL, LOS ROSTROS DEL NAUFRAGIO HUMANO ANUNCIADO
Movilización ciudadana ante la urgencia climática
Sergio Ferrari, desde Ginebra (ONU) y Berna /28.09.2020
La inercia puede ser tan fatal como las hambrunas. Y si la pandemia anticipa nubarrones antisociales cada vez más oscuros, la búsqueda de alternativas se vuelve una necesidad imperiosa. Los organismos internacionales promueven iniciativas. La juventud ambientalista, gana las calles.
En una sociedad global cada vez más urbana, la lucha contra el hambre y el mejoramiento nutritivo en ciudades y periferias se vuelve un objetivo central.
Para los movimientos ambientalistas suizos que el lunes 21 y martes 22 de septiembre ocuparon la Plaza Federal de Berna –frente a la sede del gobierno-, y que volvieron a la carga movilizándose el viernes 25 todas las iniciativas pueden ser insuficientes si no se reduce la actual tendencia climática.
Lo que está en juego es la Tierra misma, enfatizan. La emergencia climática exige medidas drásticas, inmediatas y a corto plazo. El hambre y todos los otros problemas derivados, van de la mano de un calentamiento global irreversible y suicida, resultado del actual sistema hegemónico mundial, sostienen. La pandemia no esclarece el escenario, sino que lo complica.
Más alimentos
Un centenar de centros urbanos serán escenario en los próximos tres años de una iniciativa promovida por la FAO que acaba de ser anunciada en la tercera semana se septiembre. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura busca integrar a 15 metrópolis, 40 ciudades intermedias y 45 pequeñas en un proyecto al que considera “innovador, global y coordinado”.
El mismo, se impulsará en, al menos, 15 naciones. De la lista provisoria todavía a confirmar, seis son de América Latina y el Caribe: Colombia, Ecuador, Perú, Cuba, Haití y Jamaica. El resto de África, Asia y Oceanía (www.fao.org/3/cb0848en/cb0848en.pdf)
Un paso previo lo había dado ya la FAO cuando presentó en 2014 el Informe “Ciudades más verdes en América Latina y el Caribe”. Incluía en ese rango, por entones, a La Habana, Ciudad de México, Antigua y Barbuda, Tegucigalpa, Managua, Quito, El Alto, Lima, Belo Horizonte y Rosario de Santa Fe.
La actual Iniciativa “Ciudades Verdes” 2020 se propone mejorar los medios de existencia de ese centenar de polos demográficos. La perspectiva: extender esta propuesta a mil centros urbanos hasta el 2030. Busca mejorar el entorno urbano, afianzar los vínculos entre el mundo rural y el mundo citadino y reforzar la resiliencia de los sistemas, servicios y poblaciones ante las perturbaciones externas. En el trasfondo del proyecto, se visualiza “la contribución potencial de las ciudades a la reducción de los efectos de la pandemia del COVID-19, sobre la salud, la seguridad alimentaria de las personas y la mitigación de los efectos del cambio climático”, señala la FAO.
La propuesta intenta también garantizar el “acceso a un entorno saludable y a dietas adecuadas provenientes de alimentos sostenibles”. Y proyecta la creación de una “red de ciudades verdes”, con la idea de asegurar el intercambio de experiencias sobre las mejores prácticas, éxitos y lecciones, así como promover la cooperación entre las mismas.
En concreto, la Iniciativa (www.fao.org/3/cb0848en/cb0848en.pdf) analiza los aportes de la FAO a cada uno de los tipos de casos. Para las ciudades metropolitanas (capitales o muy pobladas), que desempeñan un papel crucial en el crecimiento y la riqueza nacional, se propone aportar tecnologías innovativas verdes para la alimentación, para la infraestructura ecológica, para mejorar los sistemas de distribución de alimentos, así como para la gestión de residuos de alimentos y agua.
En cuanto a las ciudades intermedias, aportará al equilibrio entre entornos verdes y saludables y la productividad, a la producción de alimentos locales. Así como a las conexiones entre productores y mercados locales, centros de alimentos de elaboración agrícola innovadores, empleos verdes, mercados y economía circular.
Para las ciudades pequeñas, que se caracterizan en particular por la disponibilidad de tierras, el acento será puesto en el potencial de dietas más saludables y la proximidad e interacciones cercanas a la fuente de producción de los alimentos. Propone centrarse en la gobernanza de los territorios, la innovación y las tecnologías verdes, infraestructuras y sistemas alimentarios, centros de elaboración de productos agrícolas mejorados y vínculos urbano-rurales.
Traduciendo los conceptos en imágenes, el informe de la FAO finaliza presentando una serie de ejemplos que ya se están implementando desde algunos años. En América Latina, destaca un gran huerto colectivo en la Plaza de la Revolución, Cuba. Reivindica la esencia ambientalista de Curitiba en Brasil. Ilustra la producción agrícola urbana y periurbana de Caracas, en Venezuela. Señala con curiosidad la experiencia de cultivos en contenedores en el techo del Instituto de la Juventud del Distrito Federal en Miguel Hidalgo.
El “Sur”, crecimiento explosivo
En un anterior estudio sobre el mismo tema publicado en el 2014, la FAO señalaba que las ciudades en los países en desarrollo crecen a una escala sin precedente. Si hacia inicios del siglo un 40 % de la población del mundo en desarrollo vivía en centros urbanos, apenas en 10 años creció en más de 500 millones de personas, lo que equivaldría a la instalación de casi cinco nuevas ciudades de Beijing (de cerca de 22 millones de habitantes en 2018) cada 12 meses. Anticipaba entonces que esa cifra podría representar en el 2025, 3.500 millones de personas.
Si en Europa y América del Norte la urbanización tomó siglos, “estimulada por la industrialización y el aumento constante de los ingresos per cápita, en el mundo en desarrollo se producirá en el lapso de dos o tres generaciones”, subrayaba el informe. En cuanto a las causas de ese crecimiento, en muchos países en desarrollo, no está ligado a opciones laborales o económicas, sino fundamentalmente a las altas tasas de natalidad y a la inmigración interna masiva proveniente del campo, escapando del hambre, la pobreza y la inseguridad.
Para 2025, la población urbana de los países menos avanzados de Asia crecerá de 90 millones a 150 millones, según proyecciones, y se prevé que Dhaka se convierta en la quinta ciudad más grande del mundo, con 21 millones de habitantes.
Esta tendencia se ha denominado «la nueva bomba demográfica» y constituye una pesadilla para la gobernabilidad. Con ciudades que se desbordan, degradadas y empobrecidas, y saturadas por una población numerosa y vulnerable de personas socialmente excluidas, jóvenes y sin empleo, enfatizaba dicho informe elaborado hace seis años.
Mundo citadino
La hipótesis de base que impulsa la iniciativa recientemente anunciada por la FAO en el marco de la 75 sesión de la Asamblea General de la ONU, es la cada vez mayor concentración demográfica. Las proyecciones indican que, dentro de 30 años, casi el 70% de la población mundial se concentrará en el medio urbano. Y no menos del 70% de los suministros totales de alimentos serán consumidos por sus habitantes.
Esa tendencia de concentración y la acelerada urbanización implican cambios nutricionales. Así como una mayor demanda de bienes y servicios básicos. Según la FAO, a los gobiernos locales cada vez le cuesta más dar respuestas a las demandas de ciudades y zonas periféricas. Lo que se ve agravado por el COVID-19 que ha producido trastornos de los sistemas alimenticios, pérdida de empleos, inestabilidad del trabajo informal, inseguridad alimentaria…Todos factores que conspiran, esencialmente, contra los sectores socialmente más vulnerables.
La urgencia climática
Centenares de jóvenes militantes ambientalistas ocuparon en la madrugada del lunes 21 de septiembre la Plaza Federal de Berna, lugar simbólico de las grandes movilizaciones político-sociales del país.
Bajo la consigna “De pie por el clima”, diversas organizaciones (Huelga del Clima, Extintion Rebellion etc.), con métodos masivos y no-violentos, respetando la disposición del porte de barbijos, anunciaron que la ocupación duraría cinco días. Justo en un momento clave en que, a pocos metros, en la sede del Parlamento nacional, los diputados deberían discutir a mitad de semana la nueva ley de protección del clima.
El mundo político y mediático suizo vivió un verdadero terremoto ante ese paisaje particular de una Plaza Federal ocupada durante la actividad parlamentaria a pesar de la prohibición explícita de manifestaciones en ese lugar durante las sesiones.
Luego de dos días, en la madrugada del miércoles 23 de septiembre, los ocupantes fueron desalojados por la policía. No se resignaron, y con fuerte presencia, se volvieron a convocar en la misma capital el viernes 25. La lucha por la Tierra no admite desmayos, parecen expresar.
Habían, así, reforzado un debate que cada día se inserta con mayor fuerza en la sociedad suiza y europea: el de la urgencia climática. La Tierra, al borde de sus fuerzas, amenaza derrumbarse. El clima pega gritos. La tarea es intentar salvarla hoy, no mañana. Única forma, al decir de los movimientos juveniles resistentes, de asegurar no solo la lucha contra el hambre sino la sobrevivencia misma del planeta. Guiñando así, indirectamente, un ojo a la FAO y sus iniciativas. Todo será insuficiente para paliar las hambrunas sino se cambia el paradigma de modelo económico hegemónico. En torno al clima, el debate de sociedad aparece ya al rojo vivo.
Sergio Ferrari (Suiza)
COMCOSUR AL DÍA / AÑO 26 / Nº 2269 / miércoles 30.09.2020
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Joao Pedro Stedile – MST (Brasil)
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