1) Alemania: Ley transgénero es “arcaica y degradante”
2) Argentina: Casi 300 femicidios desde que empezó el aislamiento social: la necesidad de una reforma judicial feminista
3) Chile: Diamela Eltit: Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria en Idioma Español
4) España: Mujeres mayores: El enfoque olvidado
5) Haití: Mujeres resisten al acaparamiento de tierras y a la zona franca
6) México: Agotamiento crónico, estrés, doble y triple jornada, enfrentan mujeres a un año de teletrabajo por Covid
7) Uruguay: Las mujeres uruguayas todavía son minoría en todos los puestos de toma de decisión
8) Los objetivos del desarrollo insostenible, una cuestión de género
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COMCOSUR MUJER /Fundado por Yessie Macchi / AÑO 27 / No. 681 – Lunes 12 de abril de 2021 / Producción: Beatriz Alonso, Belén Itza y Cecilia Duffau /Apoyo técnico: Carlos Dárdano
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1) ALEMANIA: LEY TRANSGÉNERO ES “ARCAICA Y DEGRADANTE”
Las personas transgénero en Alemania son sometidas a un proceso de evaluación largo y costoso para cambiar su género legalmente. Activistas aseguran que urge una nueva ley de autodeterminación.
«Degradante, cara e ilógica»: así es como una persona transgénero describe su experiencia de cambiar legalmente su género en Alemania.
Felicia Rolletschke es una de las muchas activistas que luchan por una reforma a la llamada Ley sobre transexualidad (TSG, por sus siglas en alemán), que determina el proceso legal para que las personas transgénero cambien su género y nombre en Alemania.
La ley ha estado en vigor por exactamente 40 años, desde 1981. Durante este tiempo, muchos países han experimentado un gran cambio en su legislación en torno a los derechos de las personas transexuales. El máximo tribunal constitucional alemán también recomendó un cambio en la ley en varias ocasiones, la más reciente en 2011.
El Gobierno alemán confirmó en febrero de 2021 que había redactado un proyecto para una nueva «ley de autodeterminación». Aunque no se ha publicado oficialmente, los activistas esperaban una racionalización y modernización del proceso. Pero Berlín ha dejado claro que no se puede esperar tal reforma en el corto plazo.
El costo frena a las personas transgénero
«Realmente es una molestia y un inconveniente cambiar tu nombre legal y género», explicó Felicia Rolletschke, una conferencista de 26 años que vive en Berlín. Ella misma pasó por el proceso entre 2015 y 2018. Después de crecer en un pueblo bávaro «muy católico» de 4.000 habitantes, se trasladó a la capital alemana a los 17 años para asistir a la universidad. Fue allí donde salió del armario como mujer transgénero, a los 21 años.
Después de aceptar su identidad y hablar con amigos y familiares, comenzó el proceso de cambiar legalmente su nombre y género en los tribunales alemanes. «A finales de 2015, incluso antes de que saliera del armario, encontré un terapeuta realmente bueno. Entonces acordamos que debía comenzar con el papeleo con el fin de cambiar mi nombre. Pero para iniciar ese proceso, tenía que pagar 1.600 euros», cuenta Rolletschke.
Un pago que suele ser una barrera, especialmente para quienes son más jóvenes y carecen de recursos. Rolletschke también se vio obstaculizada por tener menos de 25 años, lo que significaba que cualquier apoyo económico estatal que pudiera recibir se evaluaba en función de los ingresos de sus padres. Pero para entonces su madre había cortado el contacto con ella.
Las sesiones con psicoterapeutas
«Normalmente los costos son de miles de euros. Estos obstáculos son demasiado altos», relata Kalle Hümpfner, de la Asociación Alemana Transgénero (BVT).
Después de una audiencia inicial con un juez, se necesita dinero para que los solicitantes paguen por dos «peritajes» -en casi todos los casos, psicoterapeutas licenciados- que necesitan evaluar de forma independiente a la persona transgénero en cuestión.
«Los psicoterapeutas te los asigna el tribunal», explica Rolletschke. «Se puede preguntar quiénes son y en Berlín normalmente se asigna al que uno desee, pero eso no ocurre necesariamente en el resto de Alemania».
Rolletschke describe su experiencia con los psicoterapeutas como basada en «roles de género pasados de moda»: «Mis dos evaluaciones tomaron dos horas cada una. Son evaluaciones psicológicas donde hablas de toda la historia de tu vida. Preguntan sobre experiencias sexuales, orientación sexual, fetiches, estructuras familiares. Cubrieron muchos temas que no eran relevantes para el género», recuerda.
Como alguien que intentaba cambiar su género legal a femenino, Rolletschke creía que se la juzgaba particularmente por su preferencia a una apariencia femenina estereotipada. «Juzgaban lo bien que me maquillaba. También observaron que cruzaba las piernas cuando me sentaba», asegura. «Y juzgaron mi orientación sexual. Por ejemplo, si eres una mujer transgénero y te interesan exclusivamente los hombres, eso significa puntos extra».
Descartada como enfermedad
«Parecía que venían de un área de patologías. Parecían creer que ser transgénero es una enfermedad mental», dice Rolletschke. Precisamente la idea de que ser transgénero es un trastorno mental fue descartada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2019.
Luego, los evaluadores presentan sus conclusiones al juez correspondiente. Y, según Hümpfner, el 99 por ciento de los peritajes acaban llegando a la misma conclusión que lo que la persona transgénero había dicho de sí misma: «El proceso no solo es superfluo, sino que puede ser degradante e invasivo».
Rolletschke tuvo que esperar otros dos meses después de sus evaluaciones antes de que, a principios de 2018, recibiera la carta en la que se le comunicaba que su cambio de género y de nombre había sido aprobado. En total, el proceso había durado más de dos años y le había costado miles de euros, horas de su tiempo y mucho estrés. «El mero hecho de hablar de cambiar esta ley arcaica es un paso en la dirección correcta. Espero que funcione, pero no soy demasiado optimista», confiesa Rolletschke.
DW / COMCOSUR MUJER Nº 681 – 12/04/2021
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2) ARGENTINA: CASI 300 FEMICIDIOS DESDE QUE EMPEZÓ EL AISLAMIENTO SOCIAL: LA NECESIDAD DE UNA REFORMA JUDICIAL FEMINISTA
A raíz de los femicidios ocurridos en estos últimos meses, el reclamo de una reforma judicial con perspectiva de género toma fuerza entre distintos sectores.
El pasado 20 de marzo se cumplió un año del decreto del aislamiento social, preventivo y obligatorio; durante este tiempo, se contabilizaron alrededor de 288 femicidios, según el observatorio “Ahora que si nos ven”. Estos números pusieron en evidencia el reclamo de una reforma judicial con perspectiva de género que tenga en cuenta capacitaciones a los miembros del Poder Judicial, sanciones ejemplares y una escucha atenta para con las víctimas. Dicho pedido tomó mucha más fuerza luego del femicidio de Úrsula Bahillo, quien había denunciado a su femicida, Matías Martinez, en 18 oportunidades.
El 1 de marzo, en la apertura de sesiones en el Congreso, el Presidente Alberto Fernández anunció que plantearía una serie de iniciativas para establecer una reforma y para garantizar procesos más claros en el Poder Judicial. Este discurso fue apoyado por distintos funcionarios como Vilma Ibarra, Wado De Pedro y la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gomez Alcorta. Además, abogadas y especialistas en derecho aseguraron que es necesaria una reforma judicial para acompañar a las víctimas de violencia que denuncian los casos y aplicar las leyes vigentes.
Dicha reforma judicial consiste en una serie de modificaciones en la estructura de acceso a los recursos federales, así como también la creación de un tribunal penal que reduzca la cantidad de casos que llegan a la Corte, la reducción del mandato del Procurador, subir a 16 el número de miembros del Consejo de la Magistratura y un sistema de juicio por jurados para el Fuero Penal Federal. Si bien el proyecto de ley que el Presidente envió el año pasado al Congreso, que implica la creación de juzgados federales, la formación en género y paridad en los nombramientos y concursos de jueces, fue aprobado en el Senado, todavía no logra un consenso entre los diputados.
En un conversatorio llamado “Hacia una justicia feminista”, organizado por el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, Ileana Arduino, abogada del área de Feminismos y Justicia Penal del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), mencionó que “no se trata sólo de controlar agresores sino de fortalecer la capacidad de las personas agredidas para que puedan ejercer sus derechos” y que no se puede transitar el camino de la medida cautelar sin acompañamiento para las víctimas, ya que no se obtendrán resultados efectivos. En ese sentido, Arduino explicó que “acompañar a la víctimas es conseguirles un abogado pero también entender cuáles son las circunstancias de su vida económica, laboral, y ocuparse de responder en todos los puntos”.
Por otro lado, asumió Martín Soria como nuevo ministro de Justicia y en los próximos días se reunirá con Gómez Alcorta para tomar medidas conjuntas que comiencen a introducir la perspectiva de género en el Poder Judicial. Una de las primeras decisiones será intimar a los jueces y juezas del máximo tribunal a capacitarse en la Ley Micaela. «No puede ser que existan jueces que se nieguen a capacitarse en la Ley Micaela», había mencionado Soria hace unas semanas en una entrevista con el Gato Sylvestre.
La asunción de Soria y la presión por parte de los movimientos sociales obligan al Poder Judicial a replantearse varios conceptos ortodoxos establecidos desde hace ya mucho tiempo. Es el momento de que, uno de los organismos más importantes del Estado, empiece a velar por los intereses de, no solo la sociedad en su conjunto, sino particularmente de las mujeres, quienes son asesinadas cada 21 horas en nuestro país.
Agencia Paco Urondo / COMCOSUR MUJER Nº 681 – 12/04/2021
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3) CHILE: DIAMELA ELTIT GANA EL PREMIO INTERNACIONAL CARLOS FUENTES A LA CREACIÓN LITERARIA EN IDIOMA ESPAÑOL
La chilena se convierte en la segunda mujer en recibir este reconocimiento
La chilena Diamela Eltit, considerada la escritora más destacada e importante de los últimos años de su país y del mundo de habla hispana, es la ganadora del Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria en Idioma Español, tal como informó este martes la secretaría de Cultura de México, Alejandra Fraustro a través de un tuit.
“Felicito a la escritora Diamela Eltit, quien ha ganado el Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria en Idioma Español. Mujer que puso a la literatura como cuerpo para navegar entre la dictadura en Chile. La suya es una literatura de la memoria y el deseo”, publicó la funcionaria en la red social.
Difusión Cultural de la UNAM también anunció la noticia en sus redes sociales, felicitó a Eltit, e informó que el jurado lo integraron las y los escritores Cristina Rivera Garza, Mario Bellatin, Adolfo Castañón, Angelina Muñiz-Huberman y Luisa Valenzuela, ganadora del galardón en 2019.
El galardón le es concedido a Eltit “por su compromiso con la reinvención del lenguaje y la transgresión, sin perder de vista la dimensión ética y política”, señaló la Secretaría de Cultura en un comunicado, donde agrega que el jurado del Premio destacó su trabajo literario pues “ha sido significativo en el proceso de cambio social y cultural en los territorios de la lengua española, renovando las formas mismas de la expresión por medio de su estructura, en la que conviven la poesía, el ensayo y la narrativa”.
El jurado determinó que además que “la obra de Eltit rompe las fronteras de género, tiempo y espacio, manteniendo una constante y vital vigencia. Sus novelas «Lumpérica» (1983), «Por la patria» (1986) y «Vaca sagrada» (1991) forman parte de un conjunto al cual se añade el notable texto titulado «El infarto del alma» (1994), elaborado junto con la fotógrafa Paz Errázuriz; «Los vigilantes» (1995) y «Los trabajadores de la muerte» (1998) hacen de su quehacer literario un espacio clave para la nueva lectura y escritura a la que estuvo tan atento Carlos Fuentes”, subraya el acta del fallo.
Diamela Eltit (Santiago de Chile, 1947) recibirá el que es uno de los más importantes galardones que otorga el gobierno de México con la colaboración de varias instituciones, entre ellas la UNAM, que fue creado en 2012 tras la muerte del autor de “Aura” y “La región más transparente” como una forma de rendirle homenaje.
La ensayista y narradora fue reconocida en 2018, en Chile, con el Premio Nacional de Literatura, que entre otras han ganado pocas mujeres, entre ellas Gabriela Mistral, Marta Brunet e Isabel Allende.
Es autora de obras como “Lumpérica”, “Por la patria”, “El cuarto mundo”, “El padre mío y “Vaca sagrada”, en las que ha abordado lo mismo una reflexión sobre la identidad latinoamericana y lo mestizo, que ha hablado sobre la corrupción, la violencia y la degradación de su país, pero también haciendo de la literatura un espacio de resistencia y crítica al poder.
A partir de 1970 entró a la literatura, pero también desarrolló un interesante trabajo visual como integrante del Colectivo de Acciones De Arte (CADA)y para los años 90 ya ocupaba un lugar importante en las letras. En esa década viajó a México como agregada cultural.
Mientras residía en México elaboró, junto a la fotógrafa Paz Errázuriz, un libro de carácter documental sobre amor y locura, titulado «El infarto del alma» (1994). Ese mismo año, recibió una atención especial de la crítica por su novela «Los vigilantes», que fue galardona con el Premio José Martín Nuez en 1995.
Fue colaboradora activa en la “Revista Crítica Cultural”. Ha alternado la ficción con el ensayo. Recibió la beca Guggenheim hace más de 30 años, y es profesora visitante en varias universidades estadounidenses y europeas.
Recientemente ha publicado dos libros: “No hay armazón que la sostenga”, que reúne entrevistas, y “Diamela Eltit: políticas de su narrativa ficcional”, una recopilación de ensayos.
Diamela Eltit se convierte en la segunda mujer en recibir el Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria en Idioma Español, luego de que en 2019, la edición pasada, lo recibió la escritora argentina Luisa Valenzuela.
La autora de “Los trabajadores de la muerte” se suma a la lista de ganadores del premio -dotado de 125 mil dólares y una escultura de Vicente Rojo-, entre los que también están Mario Vargas Llosa (2012), Sergio Ramírez (2014), Eduardo Lizalde (2016) y Luis Goytisolo (2018).
El Universal / COMCOSUR MUJER Nº 681 – 12/04/2021
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4) ESPAÑA: MUJERES MAYORES: EL ENFOQUE OLVIDADO
La pandemia mundial provocada por el COVID 19 ha derivado en una situación de crisis generalizada en todo nuestro territorio, agrandando aún más las desigualdades sociales y en especial en lo que afecta a las mujeres, y si nos centramos en nosotros los mayores, nuestro colectivo tan vulnerable, hemos visto acrecentada la desigualdad durante esta crisis sanitaria.
Muchas personas mayores han estado mayormente abandonadas, pues la vejez está claramente feminizada. Las mujeres somos mayoritarias en la vejez, superando en un 32 % a los hombres.
Y hoy me toca hacer un examen de conciencia para manifestar que las personas mayores hemos estado solas. Solas y abandonadas durante este terrible año de pandemia. Y no es un problema que ha surgido de repente, no ha sido el COVID 19, ni el confinamiento o el temor a no contagiar o ser contagiados.
Estábamos solos y solas
Y no lo merecemos, pues la mayoría de las personas mayores lo hemos dado todo, hemos sufrido una guerra, divisiones de familias enteras por caer en este o en el otro frente; nos hemos calentado en invierno con el carbón que desprendían los trenes al llegar a la estación de Atocha y que, siendo niñas, recogían en sus faldas para llevarlo a sus casas.
Muchas de nosotras dejamos de estudiar con 14 años y fuimos aprendizas de modistas, de sastras. Trabajaron en la primera camisería en Sol, que luego sería un imperio (El Corte Inglés) y hablo de una generación de mayores, que conozco bien, hago voluntariado con este grupo realizando desde hace años un taller de memoria.
Tienen más de 80 años y en un juego recurrente que les propongo en Navidad “y si te toca la lotería…”. Todas se lo darían todo al hijo en paro, al nieto o nieta para que estudie. Sí, no se quedarían con nada.
Y hablo de un perfil muy modesto, con pensiones mínimas y ayudas sociales y parroquiales. Sin ascensor en sus viviendas y, en ocasiones, sin calefacción central.
Pura generosidad
Y cuando llega el día de venir al taller de memoria, llegan antes de la hora, guapas, pintadas y arregladas como para ir “a misa el domingo” y cuando terminamos no se levantan de la silla. Vienen con tanta ilusión.
Porque ya no socializan apenas, porque a excepción de nuestro taller y de la misa dominical y alguna consulta médica, viven solas. Y todas, sin excepción, tienen familia, hijos e hijas, nietos de los que se sienten muy orgullosas pero que apenas les atienden.
Tampoco ellas lo demandan. No quieren molestar
Y hablo en femenino, aunque hay 2 o 3 maridos vivos, la mayoría son viudas y al taller vienen solas, hasta este último año que se incorporaron 2 matrimonios. Aquí tengo que contener las lágrimas, pues una de las parejas ya no vendrá más. Primero falleció ella y a la semana él se desplomó. Y del otro matrimonio, también nos dejó Justina.
Y otra alumna, Paquita, la más “picante” de mis alumnas, 97 años, que perdió a un hijo por el COVID 19, murió de pena a los pocos días.
Y siguen solas, y en algún caso que acabo de conocer, son maltratadas, por su marido, por sus hijos que no las atienden y/o miran hacia otro lado.
La sociedad entera ha mirado hacia otro lado
No hemos aprendido de nuestros antepasados, que veneraban a sus ancianos y los hemos “aparcado” en residencias (donde se les ha dejado morir) o en sus casas, a veces supliendo nuestros afectos y compañía pagando a cuidadoras que limpian nuestras conciencias.
Algunos datos sobre personas mayores y violencia
Investigadores hablan de cuatro características específicas de la violencia de género en las relaciones de pareja en edades avanzadas:
1.- El inicio de la relación cuando no había conciencia de género.
2.- La larga duración de la violencia en el tiempo.
3.- La utilización de la edad como herramienta de daño.
4.- Y la normalización de la violencia de baja intensidad.
Tanto el entorno cercano a las mujeres mayores como el conjunto de la sociedad e instituciones públicas tienen un papel fundamental para poder terminar con una relación violenta y emprender un proceso de recuperación.
Los hijos e hijas mayores pueden ser un elemento facilitador y de apoyo, pero también pueden suponer una barrera adicional en algunos casos.
Por ello, es importante realizar campañas de sensibilización que también interpelen a los hijos e hijas mayores. Asimismo, incrementar la formación con perspectiva de edad y de género, especialmente, en el ámbito de la salud y la atención socio-sanitaria con la implicación de todas las instituciones, Policía, Ayuntamientos y otras (con las que nos une una autentica colaboración y compromiso)
Múltiples estudios indican que la atención primaria juega un papel crucial a la hora de detectar situaciones de violencia y es muy importante que el personal sanitario sepa reconocer situaciones de violencia de género en mujeres mayores y evitar conductas “edadistas”, como asociar algunas dolencias a la edad sin indagar en profundidad las verdaderas causas.
Además, el fomento de redes de apoyo es fundamental para abordar problemas como la soledad o el abandono que afecta a las mujeres mayores y que supone un freno para poder salir de una relación violenta.
La realización de actividades lúdicas y de formación destinada a mujeres mayores también juega un papel muy importante en la recuperación y puede ayudar a encontrar nuevas amistades y reforzar redes de ayuda y apoyo durante la vejez.
Por último, es esencial que se pongan en marcha campañas específicas para eliminar el “edadismo” en la sociedad, fomentar el trato igualitario hacia las personas mayores, incentivar el empleo y la independencia económica en mayores de 50 años y fomentar una imagen distinta de la vejez, en la que emprender nuevos proyectos vitales sea posible.
Pilar Azorin / Rebelión / COMCOSUR MUJER Nº 681 – 12/04/2021
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5) HAITÍ: MUJERES RESISTEN AL ACAPARAMIENTO DE TIERRAS Y A LA ZONA FRANCA EN REGIÓN DE HAITÍ
“Al impedir que estas mujeres puedan trabajar en sus plantaciones, el gobierno conducido por los intereses del capital pone en riesgo la seguridad alimentaria de varias familias. Las acciones violentas que expulsan a las mujeres de sus espacios de lucha y transformación son una herramienta sistemática para la ganancia. Los industriales haitianos operan como intermediarios de grandes empresas transnacionales de varios sectores, como es el caso de la Coca-Cola, en una dinámica imperialista”.
En Haití, las mujeres trabajadoras y campesinas buscando sus derechos, crearon en 1986 la red Solidaridad de Mujeres Haitianas (Solidarite Fanm Ayisyèn – SOFA) que desde entonces ha reunido y organizado la lucha feminista en el país. Las mujeres agricultoras asociadas a la SOFA tienen 13 hectáreas de tierra destinadas a la agricultura orgánica otorgadas en 2017 por el gobierno haitiano. En ese espacio, ubicado en la comuna de Saint-Michel de L’Attalaye, se encuentra la Granja Escuela de Agricultura Orgánica Délicia Jean.
En mayo de 2020, el territorio fue reivindicado por Andy Apaid Jr., un magnate haitiano conocido por liderar el Grupo de 184, la coalición que, en 2004, retiró del poder Jean-Bertrand Aristide (primer presidente haitiano democráticamente electo) a través de un golpe de Estado en colaboración con los Estados Unidos de Norteamérica. La acción de ocupación del territorio organizada por Apaid fue brutal con los militantes de la SOFA y destruyeron las cercas levantadas por las participantes del proyecto, que demarcan un territorio de igualdad y de producción sin veneno y explotación. El objetivo del acaparamiento de esas tierras es producir estevia para hacer edulcorantes para uso de la Coca-Cola.
Durante el periodo de existencia de la Granja Escuela, más de 240 mujeres tuvieron formación sobre técnicas de agricultura orgánica, lo que les permitía una mayor producción y más diversificada, fortaleciendo la soberanía alimentaria en la región de Artibonite. El trabajo de la SOFA en el sitio también hizo posible la cosecha y distribución de semillas de diversos alimentos. Las mujeres agricultoras son guardianas de las semillas en muchos territorios y juegan un papel fundamental para la diversidad de la naturaleza, la ascendencia y la alimentación de las comunidades.
Ante esa agresión, la SOFA presionó al ministro de Agricultura Pierre Patrix Sévère, pero él solo indicó a la organización que tratara de negociar los derechos sobre la tierra directamente con Apaid. La organización se recusó a seguir ese camino, entendiendo que la desigualdad de poderes e intereses en ese tipo de negociación no podría traer victorias populares. El ministro, entonces, notificó a SOFA con una propuesta de acuerdo con el usurpador. La propuesta avalada por el gobierno va contra las leyes haitianas sobre conflictos de tierra.
Al impedir que estas mujeres puedan trabajar en sus plantaciones, el gobierno conducido por los intereses del capital pone en riesgo la seguridad alimentaria de varias familias. Las acciones violentas que expulsan a las mujeres de sus espacios de lucha y transformación son una herramienta sistemática para la ganancia. Los industriales haitianos operan como intermediarios de grandes empresas transnacionales de varios sectores, como es el caso de la Coca-Cola, en una dinámica imperialista.
El territorio
La Savane Diane cubre un territorio que atraviesa tres de los departamentos agrícolas más grandes del país: el Norte, el Centro y el Artibonite. Debido a la importancia agrícola de la región, la Savane Diane fue clasificada por el Ministerio de Agricultura en 2018 como una de las cinco áreas prioritarias para garantizar la autosuficiencia alimentaria del país. El bioma cubre cerca de 200 mil hectáreas y en él son producidos todos los tipos de alimentos: guisantes, abelmosco (gumbo), arroz, maní, caña-de-azúcar, mijo, moringa, diversas variedades de frutas, además de plantas medicinales cuya producción fue de inmensa importancia en la batalla contra la covid-19.
Pero, el 08 de febrero de 2021, el presidente Jovenel Moïse y el ministro de Agricultura han convertido el área en una zona franca para cultivo de exportación, medida que dificulta la posibilidad futura del país de proveer alimentos a su propia población. Moïse, que se mantiene en el poder a través de un golpe de Estado, ganó las elecciones en 2016 con el discurso de que alimentaría a toda la población.
Zonas francas, zonas de explotación
En esta nota Sabine Lamour, coordinadora general de la SOFA, ironiza la decisión de Moïse:
“El 08 de febrero de 2021, 24 horas después del término del mandato del Sr. Jovenel Moïse, fue publicado un decreto en el diario oficial Le Moniteur que trae la firma de un ministro que ya no forma parte del gobierno de facto. Lo que demuestra que estas personas están ansiosas por ejecutar sus esquemas que, incluso lo incorrecto, ellos lo hacen de manera equivocada”. Las zonas francas son territorios destinados exclusivamente para producir para el exterior. Ese tipo de concesión exonera a las empresas del pago de impuestos aduaneros o a la Dirección General de Impuestos [Direction Générale des Impôts – DGI] por 15 años, en una lógica tributaria injusta, alimenta, por un lado, el lucro de las transnacionales y por otro, el déficit y las deudas en un país ya empobrecido.
Declarar Savane Diane zona franca es permitir la destrucción de la naturaleza y de la agricultura familiar. En ese proceso, las y los agricultores se ven obligados a trabajar en las fábricas, en particular en la fábrica de provisión de stevia para la Coca-Cola. Sus vidas se vuelven más precarias, su trabajo penoso y mal pagado, y no hay ningún tipo de compensación social, ya que no hay justicia en ese proceso. La población de la Meseta Central, del Norte y de Artibonite se ve obligada a dejar el país para trabajar en los campos de caña de azúcar de República Dominicana o para huir en embarcaciones y exponerse a los riesgos asociados a las malas condiciones de los viajes marítimos, sin garantías de que podrán entrar en el país donde buscan refugiarse (a esas personas se las conoce como “boat people“). En otras palabras, la concesión refuerza la inseguridad alimentaria y el empobrecimiento del país incluyendo la feminización de la pobreza.
El debilitamiento de la organización popular haitiana por parte del Estado y por el poder de las grandes corporaciones está cada vez más latente, aunque invisible, como señala Islanda Micherline en un video enviado al Capire. La situación política de Haití es un asunto poco comentado en los medios tradicionales internacionales, acción motivada por la lógica que ve con normalidad la violencia y acaparamiento de tierras en el sur global. En marzo de 2020, un promedio de 4,1 millones de personas en Haití no tenía suficiente para comer¹. Ahora las actuales condiciones estatales del país, acompañadas de industriales, quieren llevar una parte aún mayor de la población al hambre y la miseria.
Cuando la producción de los departamentos del Norte, Artibonite y Centro desaparezca y sea reemplazada por la stevia, mucho más haitianas y haitianos sufrirán los dolores de la pobreza inducida. Por eso, la resistencia permanente da las compañeras agricultoras clama por solidaridad feminista internacional y ejerce un papel fundamental: el de cambiar esa ruta de desigualdad, y retomar ese y todos los territorios del pueblo como espacios de libertad, dignidad y soberanía.
Capire / Desinformémonos / COMCOSUR MUJER Nº 681 – 12/04/2021
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6) MÉXICO: AGOTAMIENTO CRÓNICO, ESTRÉS, DOBLE Y TRIPLE JORNADA, ENFRENTAN MUJERES A UN AÑO DE TELETRABAJO POR COVID
Con la llegada de la pandemia, la carga de trabajo de las mujeres aumentó de manera doble o triple. Ellas se ven obligadas a repartir su tiempo entre: las tareas del hogar, los pendientes de la oficina y el cuidado y atención de su familia, lo que les ha provocado un agotamiento crónico que demuestra la falta de reconocimiento de ellas como seres humanos y de sus derechos.
Así lo asegura el estudio “Madres trabajadoras y Covid-19 efectos de la pandemia en circunstancias de teletrabajo en México”, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México, en el que se entrevistó a 57 mujeres con al menos un hijo o hija menor de 12 años con el fin de visibilizar cómo la pandemia ha afectado a las mujeres que laboran.
Antes de la pandemia, señala el estudio, las mujeres dedicaban 20 horas a la semana a labores no remuneradas y 12.3 horas de trabajo no remunerado de cuidados a integrantes del hogar mientras que los hombres destinaban 5 horas a la semana para los mismo apartados.
Cifras que la pandemia, específica el estudio, agravó e hicieron más evidentes las brechas de desigualdad que afectan a las mujeres debido a la presencia de los roles de género en los hogares y en las empresas: sobrecargas de trabajo, despidos injustificados, exclusión del mercado laboral, violencia en los hogares, y muchas otras agresiones.
De acuerdo con el estudio, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) registró que 56.60 por ciento de las mujeres se encontraba sin trabajo, 24.78 por ciento trabajaba fuera de su hogar, 4.10 por ciento ya trabajaba desde casa, incluso antes del Covid-19, y sólo 12.21 por ciento trabajaban fuera de su hogar con posibilidad de teletrabajo antes de la llegada de la pandemia a México.
Con el cierre de las escuelas y las guarderías, que antes era una ayuda, las mujeres se vieron en la necesidad de enseñar y supervisar las tareas y clases de sus hijos mientras realizan más actividades, lo que para algunas ha resultado bien, pero para otras ha sido fatal, pues ha reducido sus espacios de participación en el mercado laboral.
“Algunas de ellas tuvieron que dejar de lado la actividad laboral. Ello tuvo como consecuencia que en un año se han perdido 1.3 millones de empleos formales de mujeres en condición de teletrabajo”, específica el estudio.
Así, sin empleo, sin ingresos, y con sobrecargas de labores, las mujeres han vivido un retroceso en el ejercicio de sus derechos. Ejemplo de ello, son las trabajadoras del hogar, quienes para mantener a su familia han sido obligadas a laborar más de 12 horas, por más días, sin mejoras salariales, sin medidas sanitarias para no contagiarse y siempre bajo el riesgo de ser despedidas sin previo aviso.
Otro sector muy afectado, describe el estudio, son las mujeres que pertenecen al ámbito de la salud. Al estar en la primera línea de atención de la pandemia, ellas se han expuesto a largas jornadas de trabajo sin descanso, incluso se han tenido que aislar de sus familias y hogares, pues todos los días corren el peligro de contagiarse. Según el estudio, estas mujeres representan 72.8 por ciento del sector de salud.
Los testimonios recolectados por el estudio revelaron que las mujeres han sufrido de políticas estrictas que no contemplan el cuidado de sus hijos como algo que puede interferir con su trabajo. Mucho menos el que ahora ellas debían desempeñar un acompañamiento en la educación a distancia de sus hijos, por lo que la mayoría tuvo que apegarse a las condiciones que se les dictaron.
En pocos casos, resalta el estudio, se implementaron protocolos que atendieran las necesidades familiares, sin embargo, esto no se ha traducido en medidas institucionalizadas para atender dicha cuestión en lo que va de la pandemia.
Por su parte, las mujeres que estuvieron embarazadas con hijos y realizaron las mismas actividades que las que no, sólo se les permitió cuidar de su gestación y cuidados de sus hijos según el tiempo destinado por la ley. Muy pocas fueron las que tuvieron la posibilidad de tener un permiso de maternidad más prolongado con goce de sueldo, otras debido a la carga de trabajo decidieron no tomar su permiso de maternidad por el miedo de perder su sustento económico.
Después del parto, estas mujeres dijeron que pasaron por más dificultades. La llegada de un nuevo bebé a sus vidas, sumó más trabajo. A algunas de ellas no se les proporcionó horarios de trabajo flexibles, por lo que optaron llevar a sus hijos a guarderías privadas cercanas a su domicilio mientras que las que no pudieron solventar este gasto acudieron por ayuda con sus familiares o de trabajadoras del hogar.
Frente a la falta de políticas claras sobre teletrabajo, casi todas las mujeres con hijos y embarazadas con más hijos, decidieron renunciar a puestos de mayor responsabilidad con mejores salarios, no participaron en proyectos simultáneos, se negaron a capacitarse o de subir de puesto con tal de poder conciliar mejor el tiempo laboral, familiar y personal.
La carga de trabajo, revela el estudio, aumentó el triple para las mujeres con hijos y fue aún mayor para las mujeres que ya tenían hijos, pero estaban embarazadas. En suma, en algunos trabajos, se les hizo firmar cartas compromiso o establecieron reglas para regular cómo debían comportarse ellas en sus casas, por ejemplo: se les exigió que no se escucharan ruidos o no tuvieran distracciones cerca.
“Nos hicieron firmar una carta responsiva sobre el home office… donde decían que tú te estabas comprometiendo a destinar un lugar específico para poder realizar tus actividades laborales, sin la interrupción de mascotas o menores de edad”, dijo Tamara, madre de un hijo, quien participó en la encuesta.
Ante este contexto, el total de las mujeres muestra una alta frustración por el hecho de que el trabajo doméstico se haya incrementado tanto, sobre todo las labores de cocina, lavar trastes y la limpieza en general; y muchas no cuentan con redes de apoyo ni están contratadas, por lo que llevan solas la carga de trabajo no remunerado.
El resultado, las mujeres no cuentan con espacios ni tiempo propio. Muchas de ellas dejaron de practicar deporte o hacer actividades que les producían placer, su alimentación ha empeorado, y, en algunos casos, han sido agredidas por sus parejas, esto ha provocado que ellas padezcan de depresión, ansiedad, insomnio y cansancio crónico por el sobreuso de su cuerpo.
En la casa trabajo y en la oficina más
La rutina antes del Covid-19 de Juana Morales, madre de un niño de 5 años, era levantarse temprano, preparar el desayuno, llevar a su hijo a la guardería y llegar al trabajo. Actividades que le tomaban 3 o 4 horas, pues vivía muy cerca de su oficina, por ello prefería caminar antes que tomar el transporte público.
Cuando el virus llegó y empezó el confinamiento, la mandaron a casa con un bonche de trabajo, sin preguntarle si tenía una computadora o un espacio para hacerlo. Por su hijo aceptó, no quería exponerlo al contagio. A los 2 meses presentó un embarazo.
En los primeros meses de la pandemia intentó conciliar sus tiempos pero no pudo, las clases de su hijo tomaban mucho tiempo y no tenían un horario fijo, el trabajo de su oficina era mucho, incluso en su área hicieron un grupo de WhatsApp, y los síntomas del embarazo la aquejaban. Juana pasaba más de 8 horas sentada, en consecuencia, sus piernas comenzaron a hincharse.
“Se me hizo muy pesado porque tus jefes parten de que tú estás en tu casa y que no tienes otra cosa que hacer que trabajar, pero la carga de trabajo para las mujeres de por sí ya tienen una extra que es la casa. Sentí que el trabajo subió 4 niveles. Tenía que hacerme cargo de mi trabajo, de las clases de mi hijo, de la comida y del embarazo”, explicó la mujer de 34 años en entrevista con Cimacnoticias.
En un momento de su embarazo decidió que la mañana y la tarde no era suficiente y comenzó a trabajar de noche porque así podía concentrarse más en sus tareas de oficina, sin embargo, eso la afectó aún más, sufrió de insomnio, ansiedad, el cuerpo le dolía y en las tardes se la pasaba somnolienta. “Me sentía mal, no dormía lo suficiente para estar embarazada”, dijo.
En una ocasión, se sintió mal de ver y escuchar que de manera constante llegaban muchos mensajes del trabajo a su celular, su jefe le pedía que resolviera un pendiente de manera urgente, ella sólo le pudo avisar que iba camino al hospital. Para Juana su cuerpo no ha descansado desde marzo de 2020, fecha en que inició la pandemia.
Hoy Juana vive a tres horas de su trabajo con su hijo, su bebé recién nacido y su pareja. Tuvo que desalojar el departamento en el que vivía antes pues un inquilino se contagió de Covid-19. Este pequeño cambio, dice, agravó más su situación: debe pararse más temprano para dejar leche de su pecho para su bebé, ir al trabajo, regresar y supervisar las tareas de su otro hijo.
Más tarde, se dedica a hacer la comida, lavar la ropa, limpiar los cuartos, ver los pendientes que le quedaron del trabajo, darle pecho a su hijo y una serie infinita de actividades antes de ir a la cama. Hoy también ella vive con el medio de contagiar a sus hijos debido a que se terminó su licencia de maternidad se le exigió ir ciertos días a las instalaciones de su trabajo.
“Todos los días me siento muy cansada, tengo sueño, no me siento con tanta energía y estoy tomando vitaminas y pues el temor de sentirse así en medio de la situación de la pandemia es horrible. Leo, mi bebé, me quita todas esas vitaminas que él necesita a través de la leche y eso siento me deja en más vulnerabilidad”, finalizó.
Alejandra tiene más de 20 años trabajando en una empresa de comunicación, pese a que su jefe ha adoptado el discurso de género muy bien pues constantemente les habla a sus empleadas de la importancia de que tengan tiempos para ellas y deben cuidarse y no todo es trabajo, la realidad de la pandemia borró este discurso.
Madre de 3 hijos, separada, ella asume el cuidado, educación, crianza y manutención de sus 3 hijos, todos en edad escolar. A sus jornadas diarias de trabajo remunerado sumó las clases de sus hijos por línea, el aseo de casa, de ropa, de trastes y elaboración y compra de alimentos, y la angustia por solamente contar con un dispositivo electrónico para todos.
“Creo que a los jefes se les hace muy fácil decirte, te conectas a tal hora, agendar reuniones todo el día si es posible, y si es los 5 días de la semana mejor, pues de otra forma parece que no trabajas, debes estar disponible casi las 24 horas porque estás en tu casa, y se supone que una está muy cómoda esperando los mensajes del jefe para atenderlos inmediatamente porque esa es otra, si no atiendes pronto los 40 grupos en los que estás de Whatsapp se toma como que eres floja y que no estás al pendiente de tu trabajo.
A veces de las propias compañeras y compañeros del trabajo no tenemos la misma comprensión ni compartimos las mismas circunstancias, algunas tienen empleadas del hogar que les ayudan y ellas están más libres, o no tienen hijos, pero muchas no tenemos esa ayuda y se vuelve interminable el trabajo, pero sobre todo la exigencia”.
“Yo no tengo hijos, pero sí estoy a cargo de mis dos papás que aún viven y son adultos mayores. A mi papá le dio una embolia hace un mes y eso nos cambió la vida, ahora debo estar más pendiente de él y de mi mamá, llevarlo a sus consultas y todo lo que eso implica, y pues es tiempo. Mi jefa que dice que es muy feminista, ya ves que ahora todas lo son, me dice que no me preocupe, que puedo tomarme todo el tiempo para atenderlo e ir viendo lo del trabajo, pero yo sé por algunos compañeros, que ella se queja de los que presentamos algún inconveniente como este, o de las que tienen hijos porque dice que no vamos a sacar la chamba igual y pues hay que producir y la casa pierde, y no dudo que al cabo de un tiempo si yo me tomo ese tiempo como ella dice, me lo cobre con mi despido porque así le pasó a una compañera. Entonces esto se ha vuelto, como decirte, más estrés para una porque somos humanas y siempre hay algo que pasa en la vida que requiere nuestro tiempo y a veces eso los jefes no lo entienden; pero es muy complicado ahora tomar decisiones, o te vas al desempleo, o trabajas a marchas forzadas con todo lo emocional que eso te cuesta y desgraciadamente ¿dónde te atiendes esto?”. Jimena, 40 años de edad.
Las y los especialistas recomiendan que es necesario que se incluya el trabajo de cuidado como un trabajo esencial, que se generen políticas públicas con perspectiva de género que contemplen el cuidado de la salud mental de las mujeres y que el Estado cumpla con su obligación de establecer planes para movilizar recursos que atiendan las tareas de cuidados y exigir a las empresas que desarrollen esquemas de trabajo que sean flexibles, o rotativos durante y después de la pandemia.
Cimacnoticias / COMCOSUR MUJER Nº 681 – 12/04/2021
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7) URUGUAY: LAS MUJERES URUGUAYAS TODAVÍA SON MINORÍA EN TODOS LOS PUESTOS DE TOMA DE DECISIÓN
Le dicen “techo de cristal” a la barrera invisible o simbólica que limita la posibilidad de que las mujeres asciendan en sus carreras profesionales y accedan a cargos de jerarquía o de toma de decisiones. Lo cierto es que, en ocasiones, ese techo transparente se parece más a uno de cemento, impenetrable, bien visible para las que lo miran desde abajo. Pese a ser uno de los países más avanzados de la región en materia de derechos de las mujeres, en Uruguay también existe.
El informe El lugar de las mujeres uruguayas en los cargos de decisión, presentado en marzo por ONU Mujeres y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), asegura que en el país se reconocen al menos cuatro “nudos estructurales” constitutivos de las relaciones desiguales de género: los patrones culturales, la desigualdad económica, la división sexual del trabajo y la concentración del poder. El estudio aborda este último y, en particular, la baja representación de las mujeres en los cargos de decisión en distintos ámbitos: los tres poderes del Estado, los gobiernos subnacionales, las empresas públicas, los entes autónomos, los servicios descentralizados, las empresas privadas, las cooperativas, los sindicatos, las cámaras empresariales y la Universidad de la República (Udelar).
La conclusión general del análisis, que estuvo liderado por la politóloga Victoria Gadea, es que existe una “persistente segregación vertical en el acceso al poder por parte de las mujeres” –es decir, respecto de la escala jerárquica o de tareas dentro de cada lugar de trabajo–, a la que se suma una segregación horizontal –entre ocupaciones–, “ya sea porque las mujeres acceden en menor medida a puestos de conducción como por las temáticas que conducen”. El informe asegura que ninguna de las instituciones analizadas escapa a esta lógica. Puntualiza además que esta discriminación se mantiene a pesar de que las mujeres tienen niveles más altos de educación y suelen contar con mayor formación que los hombres para los cargos a los que aspiran.
Los poderes del Estado
Uruguay es la democracia plena más avanzada de América Latina y el Caribe, según la última edición del Índice de Democracia de la Unidad de Inteligencia de The Economist, publicada en febrero. Sin embargo, también se mantiene como uno de los países de la región con menor participación de mujeres en los distintos espacios de representación política.
Los datos que revela el informe reflejan bien este fenómeno. El único “avance sustancial” que registra es la elección en 2019 de la primera mujer para ocupar la vicepresidencia de la República, Beatriz Argimón. Por lo demás, Uruguay está lejos de ser una democracia paritaria.
El análisis a nivel del Poder Ejecutivo muestra que la participación de las mujeres como ministras desde el retorno de la democracia “sigue siendo marginal”. En el primer período posdictadura (1985-1990) había sólo una ministra; hoy, más de tres décadas después, hay apenas dos. El gabinete con mayor representación femenina fue el que funcionó entre 2015 y 2020, con cinco ministras (en un total de 13). Esta situación provoca una “alerta”, dice el documento, si se tiene en cuenta que “el gabinete continúa siendo el que, en gran medida, define las políticas públicas del país”.
“Desde el retorno a la democracia, Uruguay aún no ha dado un salto cualitativo en su gabinete, como sí lo han hecho otros países, anunciando gabinetes paritarios. Incluso, hay ministerios en los cuales nunca ha habido mujeres en los cargos de decisión, como pueden ser el Ministerio de Ganadería [Agricultura y Pesca], el de Transporte [y Obras Públicas] o la cancillería, por lo que es una deuda pendiente para Uruguay”, afirmó la representante de ONU Mujeres en Uruguay, Magdalena Furtado, durante la presentación del estudio. Por otro lado, dijo que actualmente hay ministerios que son “muy feminizados en su plantilla”, como el Ministerio de Salud Pública, en donde más de 70% de su funcionariado son mujeres, pero ninguna integra cargos de decisión.
Respecto del Poder Legislativo, el informe asegura que las elecciones de 2014 marcaron “un cambio en la representación de las mujeres”, especialmente en el Senado, debido a la Ley de Cuotas, que ese año rigió por primera vez en una elección nacional. Sin embargo, el avance parece ir a pasos lentos: tras las elecciones de 2019, la presencia de mujeres en las dos cámaras del Parlamento aumentó apenas de 19,4% a 21%. Como resultado, Uruguay ocupa el lugar 104 en la Clasificación Mundial de Mujeres en el Parlamento en 2020 de la Unión Interparlamentaria, en una lista de 193 países.
Por otro lado, las mujeres representan 73% de la plantilla en el Poder Judicial, según datos oficiales de 2019. Pero ocurre que, cuanto más alto es el nivel de jerarquía, menor es la presencia femenina.
El informe Brechas de la Oficina Nacional del Servicio Civil, divulgado en febrero de este año, ya había revelado que 78% de los cargos de conducción en el Estado son ocupados actualmente por varones.
Gobiernos departamentales y municipales
Uruguay no tuvo ninguna intendenta mujer hasta 2010, año en que por primera vez fueron elegidas tres. Una década después, la presencia femenina en estos cargos sigue siendo escasa: en el período siguiente fue electa sólo una jefa de gobierno departamental y hoy en día son dos las mujeres que ejercen como intendentas, en Montevideo y en San José. De acuerdo con el informe, este fenómeno es el reflejo de la poca presencia de mujeres ocupando candidaturas a estos cargos.
Por otra parte, se registró un crecimiento de la representación femenina en las juntas departamentales, que pasó de 18,8% en 2010 a 32% en 2020. De todas formas, el documento aclara que se trata de cargos “de poco prestigio político y no remunerados”.
El tercer nivel de gobierno, que quedó establecido por ley desde 2010, “representó un espacio de oportunidad para el posicionamiento de las mujeres”, asegura el informe, pero la presencia en los cargos de conducción es aún reducida. El porcentaje de alcaldesas incluso disminuyó de 23,6% en 2010 a 18,5% en 2020. “Como en otros espacios de poder, en los cargos más valorados del tercer nivel de gobierno (los de mayor visibilidad y remunerados) la presencia de mujeres es reducida y está estancada”, señala el informe. Mientras, la proporción de concejalas aumentó de 18,3% en 2010 a 34,5% en 2020.
Entes autónomos, servicios descentralizados, empresas públicas y Udelar
Otro de los apartados analiza la distribución de altos cargos entre hombres y mujeres en entes autónomos, servicios descentralizados y empresas públicas. En estos casos la brecha de género también es evidente.
El análisis de los diez entes autónomos demuestra un “estancamiento cuantitativo de las mujeres en los cargos de decisión”. Incluso en dos casos –Administración de Ferrocarriles del Estado y Banco de Seguros del Estado– no ha habido ni una mujer en puestos de jerarquía desde 2010. De hecho, las mujeres representan 71% del funcionariado de los entes autónomos, pero están representadas sólo en 28% de los cargos de conducción.
Una situación similar ocurre en los nueve servicios descentralizados, donde de los 31 cargos de conducción, sólo 11 son ocupados por mujeres. También en este caso, las mujeres representan 71% de la plantilla, pero apenas 36% de los cargos de liderazgo.
En el caso de las empresas públicas, si bien se destaca UTE por tener su primera presidenta mujer en la historia del organismo, los datos muestran que están lejos de alcanzar representación equitativa en los cargos de conducción. Las cinco empresas tienen una plantilla más masculinizada que los entes y los servicios (66% están integradas por hombres) pero, como consecuencia, su presencia en los cargos de decisión está todavía más masculinizada (83%).
En el ámbito académico, lo primero a destacar es que el cargo máximo al que se puede aspirar en la Udelar –es decir, la rectoría– nunca estuvo ocupado por una mujer. Esta es sólo una muestra de la segregación vertical que aparece en el resto de la estructura, ya que a pesar de que son más las mujeres que ocupan grados docentes, la incidencia que tienen decrece cuando el grado aumenta. Así, el informe muestra que hasta el tercer nivel las mujeres representan más de la mitad de los grados, mientras que en los grados 4 y 5 los hombres son mayoría. De hecho, las mujeres representan sólo 34% de los grados 5.
En paralelo, la Udelar cuenta actualmente con siete decanas de 15, lo cual representa 47% del total.
Sindicatos
“El lento protagonismo de las mujeres en los sindicatos es otro síntoma de las dificultades que enfrentan para acceder a los cargos de decisión”, introduce el informe en el capítulo sobre el ámbito sindical. Y afirma que, “aunque las mujeres han cobrado mayor protagonismo en esta última década, los sindicatos son espacios que siguen estando masculinizados”.
Ese mayor protagonismo se logró a partir de 2018, cuando el PIT-CNT cambió su reglamentación interna y determinó, como exigencia, la presencia femenina en sus órganos. A partir de esa modificación, se exige que al menos un tercio de la composición del Secretariado Ejecutivo esté formado por mujeres, lo cual se cumple en un grado mínimo. El grado es literalmente mínimo: hoy en día, las mujeres representan casi 36% de este órgano de decisión.
El estudio también analiza los directorios de los 13 sindicatos con más afiliadas y afiliados pertenecientes al PIT-CNT. En ocho de ellos las mujeres representan más de 30% del total en los espacios de decisión. La Federación Uruguaya de Magisterio es la más feminizada, con 73% de mujeres. En el otro extremo están la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado y el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos, donde la representación femenina es de 8% y 9%, respectivamente.
Empresas privadas y cámaras empresariales
Si en las empresas públicas la desigualdad en el acceso a los cargos de decisión es evidente, en el sector privado hay mucha más tela para cortar. El informe recuerda que la Encuesta Continua de Hogares de 2019 reveló que en el sector público hay 53,7% de presencia femenina, mientras que en el sector privado la representatividad desciende a 33,6%.
También hace mención a una encuesta que realizó el Banco Mundial en 2017 que muestra que solamente 11% de las empresas en Uruguay tiene mujeres en los puestos de máxima jerarquía. “Y si distinguimos por tamaño de la empresa, vemos que en las más grandes ese porcentaje se reduce drásticamente”, acotó Furtado. En esa línea, aseguró que sólo en 5% de las empresas grandes de Uruguay hay una máxima autoridad mujer. “Si comparamos con el resto de América Latina y el Caribe, o con los países de ingresos altos, vemos que también Uruguay queda rezagado”, consideró la representante de ONU Mujeres.
En el caso de las 19 cámaras empresariales analizadas, la investigación encontró que de los 96 cargos altos que están representados (presidencia, vicepresidencia, secretaría y tesorería, dependiendo de la conformación de cada entidad), apenas 11 son ocupados por mujeres. Visto de otra manera, en 12 de las 19 cámaras empresariales ninguna mujer ocupa un cargo de dirección.
Cooperativas
De acuerdo con un relevamiento realizado por la Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas, que sistematizó la información de diferentes organizaciones que nuclean cooperativas, el lugar que ocupan las mujeres en la toma de decisión alcanza a 25% de los lugares de dirección.
El estudio incluso reveló que, de las diez entidades analizadas, sólo una –la Federación de Cooperativas de Producción del Uruguay– cuenta con un directorio en el que la mayoría son mujeres (57%). Además, siete de las diez cooperativas cuentan con directorios en los que las mujeres representan menos de un tercio del total.
Un análisis anterior, realizado en 2019 por el Instituto Nacional de Cooperativismo, ya había visibilizado las múltiples barreras que se les presentan a las mujeres para acceder a los cargos de conducción. Entre otras cosas, menciona como obstáculo la propia estructura de las organizaciones, que “muchas veces requiere un alto número de horas presenciales”, o la distribución desigual de las tareas en los hogares, “lo que les impide dedicar más tiempo a la actividad cooperativa”.
La Diaria / COMCOSUR MUJER Nº 681 – 12/04/2021
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8) LOS OBJETIVOS DEL DESARROLLO INSOSTENIBLE, UNA CUESTIÓN DE GÉNERO
La crisis del Covid-19 ha tenido un impacto desproporcionado fundamentalmente en las mujeres, lo que está exacerbando las desigualdades de género existentes. Y, para reconstruir mejor y de forma más justa las políticas de ocupación deben situar la igualdad de genero en el centro de los esfuerzos de recuperación, al tiempo que se debe reforzar las medidas y los datos de género para cuantificar adecuadamente los retos a los que se enfrenta el mundo.
Desde hace más de un siglo la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se ocupa de cuestiones relacionadas con el mundo del trabajo. Por ello, ha sido elegida organismo custodio de 14 indicadores relacionados con el trabajo decente en el marco de 5 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Y hoy se ocupa de esta situación.
La OIT mantiene activamente una serie de modelos econométricos que se utilizan para producir estimaciones de los indicadores del mercado laboral en los países. Sin embargo, la conmoción sin precedentes del mercado de trabajo creada por la pandemia del COVID-19 hace difícil de evaluar con los datos históricos.
Por ello, la mayoría de las series del conjunto de datos de las estimaciones y proyecciones modelizadas de OIT terminan ahora en 2019 (el último año para el que se disponía de datos de la encuesta anual de población activa en el momento de elaborar las estimaciones).
En el caso de algunos indicadores, se utiliza un modelo de previsión actual para proporcionar las estimaciones de 2020 y un nuevo modelo de proyección para prever las estimaciones de 2021. Dada la situación excepcional, incluida la escasez de datos pertinentes, las estimaciones para 2020-21 están sujetas a una gran incertidumbre.
Un reciente informe dos expertas de la OIT -Vipasana Karkee (estadística y Marie-Claire Sodergren, economista, ambas de la Unidad de Producción y Análisis de Datos del Departamento de Estadística), sostiene que los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas establecen una visión compartida para acabar con la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio climático para 2030.
No obstante, se interpelan a la vez, si las consecuencias de la pandemia invertirá los avances en la promoción del trabajo decente para todos, tal y como establece el Objetivo 8. Parece probable, al menos para las mujeres. Incluso antes del inicio de la pandemia, la igualdad de género en el lugar del trabajo seguía siendo difícil de alcanzar.
Ahora las mujeres están en primera línea de la crisis del Covid-19, ya que constituyen el grueso de los trabajadores esenciales, incluido el 70% del personal sanitario. Sin embargo, en todo el mundo y en todas las regiones y grupos de ingresos, la pandemia ha afectado más a las oportunidades de las mujeres en el mercado laboral.
Es probable que esto revierta algunos de los progresos realizados en el marco del Objetivo 8, que pretende «promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, la plena y productiva ocupación y el trabajo decente para todos».
La perturbación del mercado laboral en 2020 superó con creces el impacto de la crisis financiera mundial de 2009. Las pérdidas no sólo no tuvieron precedentes, sino que fueron más pronunciadas para las mujeres (5,0%) que para los hombres (3,9%). Además, dado que el cierre de las escuelas debido a los cierres requiere una mayor supervisión de los niños en el hogar, las mujeres son mucho más propensas a abandonar la fuerza de trabajo que los hombres para poder prestar esa atención.
Esto está aumentando aún más las antiguas brechas de género en las tasas de participación en la fuerza laboral. En 2019, antes de que comenzara la pandemia, la participación en la fuerza de trabajo de los hombres en edad avanzada era del 93,5%, en comparación con sólo el 62,1% de las mujeres en edad avanzada. La tasa era aún más baja para las mujeres en pareja con hijos pequeños.
La infrarrepresentación femenina en puestos directivos puede empeorar
La proporción de mujeres en puestos directivos en todo el mundo ha mostrado un lento progreso en las dos últimas décadas. Aumentó menos de tres puntos porcentuales desde el año 2000. En 2019, aunque las mujeres representaban casi el 39% de la población activa mundial, solo ocupaban el 28% de los puestos directivos.
Esto sugiere que el techo de cristal sigue muy presente, ya que los hombres siguen dominando los puestos de toma de decisiones, como los de director general, altos funcionarios y legisladores, ocupando casi tres cuartas partes de estas ocupaciones.
Mientras tanto, el impacto desproporcionado de la pandemia en las mujeres amenaza con hacer retroceder los escasos avances logrados estas últimas décadas. La proporción de mujeres en puestos directivos disminuyó, a veces significativamente, del cuarto trimestre de 2019 al tercer trimestre de 2020 en más de la mitad de los 47 países con datos disponibles.
Las cifras trimestrales estaban disponibles sobre todo para los países de ingresos altos. No obstante, es probable que este patrón se mantenga en los países de ingresos más bajos, donde a menudo más de la mitad de las mujeres directivas trabajan por cuenta propia.
Las medidas de distanciamiento social, los cierres y la distorsión de las cadenas de suministro y los mercados han exacerbado las desigualdades estructurales y los retos que suelen impedir el rendimiento y el crecimiento de las empresas propiedad de mujeres, y han provocado el cierre de muchas de ellas.
Gran porcentaje de mujeres jóvenes no recibe educación ni formación
En todo el mundo, la proporción de jóvenes que no cursan estudios, ocupación ni reciben formación (NEET, por sus siglas en inglés) no ha mostrado signos significativos de mejora en más de una década, mientras éstas siguieron viéndose afectadas de forma desproporcionada en comparación con sus homólogos masculinos. En 2019, las mujeres jóvenes tenían más del doble de probabilidades que los hombres jóvenes de estar desempleadas y sin educación ni formación.
Aunque todavía no se dispone de cifras globales para el conjunto de 2020, las cifras trimestrales muestran que la tasa de Ni-nis fue mayor en el segundo trimestre de 2020 que el año anterior en 45 de los 50 países con datos disponibles. Esto no es sorprendente, ya que las medidas de cierre por la pandemia de Covid-19 causaron pérdidas sin precedentes en ocupación en 2020, con mayores pérdidas para los jóvenes (8,7%) que para los mayores (3,7%).
Mientras tanto, tanto la educación técnica y profesional como la formación en el puesto de trabajo sufrieron una interrupción masiva, obligando a muchos a abandonar sus estudios. El empeoramiento de la situación de los jóvenes debido a la crisis Covid-19 es especialmente preocupante para las mujeres jóvenes. Casi un tercio de las mujeres jóvenes de todo el mundo ya no cursaban estudios, ocupación o formación en 2019.
Trabajadores de la economía informal y mujeres, en sectores de alto riesgo
Se calcula que 1.600 millones de trabajadores de la economía informal -es decir, el 76% de los trabajadores informales de todo el mundo- se vieron muy afectados por las medidas de cierre y/o trabajaban en los sectores más afectados, como los servicios de alojamiento y alimentación. Entre ellos, las mujeres estaban sobrerrepresentadas en los sectores de alto riesgo: El 42% de las mujeres trabajaban en esos sectores, frente al 32% de los hombres.
Mientras que el sector informal ocupación tiende a aumentar durante las crisis, actuando a menudo como una opción «por defecto» para sobrevivir o mantener los ingresos, las limitaciones a la circulación de personas y bienes durante la pandemia de COVID-19 han restringido este tipo de mecanismo de supervivencia.
Esto, a su vez, ha dejado a los trabajadores informales y a sus familias en una posición muy precaria, expuestos a pérdidas repentinas de ingresos y enfrentándose a mayores riesgos de caer en la pobreza.
La ausencia de un debate dialécticamente serio
Los datos que se desprenden del informe muestran que la división sexual del trabajo es una realidad. Esto no sólo supone la especialización de la mujer en ciertas tareas sociales (la mayoría de las veces más reproductivas), sino que demuestra que los efectos de la crisis y de la política económica se sufren de diferente modo.
De hecho, si tenemos en cuenta que el 88’5% de las mujeres ocupadas lo están en el sector servicios y que ocupan el 70% de empleo público podemos deducir cómo las políticas de recortes, las reformas laborales que facilitan el despido en los empleos con menos grado de protección y precariedad (como el sector servicios) y de privatización (con el empeoramiento de condiciones laborales) afectan de manera más severa a las mujeres.
Es decir, recortar y privatizar servicios públicos afecta más a las mujeres trabajadoras dado que son sectores feminizados.
El empeoramiento en las condiciones de vida, la precariedad laboral y todos los elementos que deterioran las condiciones del ideal de la familia burguesa hacen que sobre la mujer recaiga la mayor parte de responsabilidad doméstica. Las presiones y las frustraciones provocadas por la imposibilidad de mejorar y ascender en el sistema capitalista por parte de los trabajadores acaban siendo pagadas por las mujeres y las niñas(os).
La mujer, miembro familiar que cumple el papel de sustento doméstico y en muchos casos emocional, sufre de más violencia en períodos de crisis económica en la familia. Además, los recortes y la falta de fondos en ayudas a mujeres en situación de violencia machista suponen una desprotección total hacia las víctimas y la imposibilidad de una salida material por parte del Estado que permita la emancipación de estas mujeres.
Un simple vistazo al mercado laboral muestra cómo la mujer vuelve a estar discriminada en multitud de aspectos. A nivel salarial, las mujeres sufren discriminación “vertical” (acceden a muchos menos puestos de responsabilidad), “horizontal” (realizando el mismo trabajo obtienen una menor retribución y/o una menor categoría profesional) y por embarazo, siendo aún frecuente el despido o la no contratación de mujeres embarazadas. Todo ello se traduce en que el salario de las ocupadas es de media un 22% menor que el de los ocupados.
Las mujeres trabajadoras sufren la opresión patriarcal además de la material, por lo que resulta imposible encontrar la fórmula de acabar con el patriarcado de manera separada al método para acabar con el capitalismo y, por lo tanto, no marcar como básica la necesidad de analizar a la clase trabajadora también como sujeto de cambio para acabar con la opresión de género.
La opresión de género está profundamente ligada con el sistema capitalista y, por tanto, la única posibilidad de acabar con esta opresión es construyendo una nueva sociedad donde estas bases materiales no existan, donde no sea posible que nadie se beneficie a costa de ningún tipo de desigualdad, y esto significa irremediablemente acabar con el sistema capitalista.
Día a día, en nuestras vidas cotidianas, en nuestros centros de trabajo y de estudio, en nuestras casas, en la calle, en la televisión, etc., las mujeres ven sus libertades coartadas, sus vidas ninguneadas y sus condiciones de vida cada día más precarias. Mientras, una sinfonía de informes oculta el verdadero debate.
Eduardo Camín / Rebelion / COMCOSUR MUJER Nº 681 – 12/04/2021
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Eugenia Ginzburg / “El vértigo”.
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