NOTICIAS Y PENSAMIENTOS
COMCOSUR AL DÍA – AÑO 15 – Nº 1979
Viernes 4 de Julio de 2014
Producción: Andrés Capelán – Coordinación: Carlos Casares
COMCOSUR / COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR
1994 – 19 de junio – 2014
HOY:
1) Corré la voz
2) FA vota ley de medios cuando termine la campaña, por gestión de
Vázquez
3) A ocho meses del fin del período legislativo, el nuevo Código
Penal no tiene ni media sanción.
4) Judiciales entregaron proyecto de reforma del Poder Judicial a
Vázquez
5) Cayó la concesión a operador portuario privado en Rincón del
Cerro.
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"Si asumes que no hay esperanza, garantizas que no habrá esperanza.
Si asumes que hay un instinto hacia la libertad, que hay oportunidades
para cambiar las cosas, entonces hay una posibilidad de que puedas
contribuir para hacer un mundo mejor. Esa es tu alternativa".
Noam Chomsky
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1) Corré la voz
Gobierno propone que empresas públicas publiciten en radios
comunitarias de todo el país.
Virginia Recagno (La Diaria)
Las radios comunitarias suelen quedar por fuera de los beneficios que
brinda el Estado a otros proyectos radioemisores. Los motivos son
varios: la reducida potencia, el tamaño y que estos medios sean sin
fines de lucro. La Dirección Nacional de Telecomunicaciones (Dinatel)
anunció ayer que pretende modificar esta situación mediante la
“coordinación con las empresas públicas” para que publiciten en
las radios comunitarias de todo el país, pero con la “condición
previa” de que exista una figura legal que “medie”, algo que los
representantes de las radios consideran que “no será tan fácil”.
“Se trata de superar las barreras por las que siempre ha sido
difícil para las empresas [públicas], a través de sus agencias de
publicidad, llegar correctamente a toda la red”, dijo el titular de
la Dinatel, Sergio de Cola, en referencia a la necesidad de crear una
“figura legal que facilite la contratación de pauta
publicitaria”. “Es una solución viable que contempla todos los
intereses en juego, y que cumple el objetivo de que la publicidad
llegue a todos”, agregó ayer, en una conferencia de prensa en la
que anunció una serie de medidas de apoyo al sector comunitario.
Algo que ver
El senador Enrique Rubio (Vertiente Artiguista) dijo a la diaria que
la ley de medios se aprobará sin “dudas”, aunque no está
definido si será antes de octubre. “Hay algunas tesis que sostienen
que habría inconstitucionalidad, no lo estudié pero está claro que
no nos podemos arriesgar en medio de la campaña electoral”,
valoró. La bancada del FA definió que el miércoles termine la
votación del texto en comisión.
Actualmente las dos organizaciones que reúnen a emprendimientos
comunitarios son la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y las
Asociaciones Educativas Comunitarias, pero sólo 40 radios -de más de
100- forman parte de éstas. “Ahí se presenta un inconveniente,
porque se obligaría a las radios a asociarse a una de las dos o crear
una asociación independiente”, dijo un representante de una de las
radios “independientes”, quien además consideró -como muchos de
los presentes- que crear una figura “no es un buen mecanismo”.
Por su parte, De Cola sostuvo que “no se busca forzar” a ninguna
de las radios a “asociarse”, sino que “deberán construir una
para todos”. “No tiene por qué ser” una de las dos
existentes, pero “definitivamente no puede ser el Estado”, como
muchos representantes propusieron, ya que de esta manera se generaría
el “problema de quién factura y quién cobra; y todo eso es un
lío”, explicó. Dijo que “las ideas factibles son bienvenidas”,
y sugirió que sea una asociación civil la que canalice y distribuya
la publicidad.
Se pretende que las radios comunitarias reciban “como mínimo, el
monto de sus tarifas” como retribución por parte de las empresas
públicas.
Discriminación positiva
Otras de las medidas anunciadas fue la convocatoria a fondos
concursables y la realización de talleres de capacitación. Si bien
estas modalidades existen desde hace años, este año se discriminará
positivamente al sector comunitario, destinando especialmente una
parte de los fondos a estos proyectos. Los llamados serán tres: a
contenidos audiovisuales para televisión, a contenidos radiales y a
la compra de equipamiento para “actualización y mejora
tecnológica”, tanto de equipos de transmisión como de producción.
Este último regirá para asociaciones civiles del interior del país.
Los talleres serán técnicos y comunicacionales, y tendrán que ver
con la “puesta al aire” y la producción de contenido,
respectivamente. Habrá tres: uno en Montevideo, en agosto, y otros
dos en Salto y Durazno, entre setiembre y noviembre.
En la conferencia, el titular de la Dinatel dejó trascender que la
Unidad Reguladora de los Servicios en Comunicaciones “auditará”
las radios comunitarias. Se está diseñando un proceso
“integral”, dijo De Cola, que buscará “cuidar” tres
dimensiones: la económica, que tiene que ver con la parte contable y
la corroboración de que las radios sean efectivamente organizaciones
sin fines de lucro; la técnica, que referirá a aspectos de
transmisión y emisión; y por último, la Comisión Honoraria
Radiodifusión Comunitaria “opinará sobre los aspectos de
contenido”, de manera de corroborar que el proyecto “mantenga sus
características comunitarias”.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 4 DE JULIO DE 2014
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2) FA vota ley de medios cuando termine la campaña, por gestión de
Vázquez
(El Observador)
Acepta su sugerencia a cambio de un compromiso de sancionarla después
de las elecciones nacionales de octubre
El candidato por el Frente Amplio (FA), Tabaré Vázquez, pidió al
oficialismo postergar la aprobación del proyecto de Ley de Servicios
de Comunicación Audiovisual (más conocido como ley de medios) dado
que el texto corre riesgo de ser declarado inconstitucional por la
Suprema Corte de Justicia (SCJ). Ante ese pedido, la bancada decidirá
el lunes terminar de votar el miércoles el texto en comisión, pero
dejar la sanción definitiva en el Plenario para diciembre.
El mensaje del expresidente llegó en un momento en que la bancada de
Senadores del FA estaba empantanada en la discusión del texto tras la
petición del Frente Líber Seregni de dilatar la aprobación de la
iniciativa.
Vázquez se reunió la semana pasada con el senador socialista y
presidente de la comisión de Industria del Senado, Daniel Martínez,
para manifestarle las dificultades legales que tiene el proyecto de
ley, confirmaron allegados a ambos. Consultado al respecto por El
Observador, Vázquez dijo que es partidario de postergar la
aprobación, pero el líder izquierdista no puso tanto el énfasis en
que no se tratara en plena campaña –tal como plantearon senadores
astoristas–, sino en el riesgo de que esta iniciativa se sume a la
lista de leyes que han sido rechazadas por inconstitucionales.
Vázquez afirmó que se trata de una materia “muy compleja”, sobre
la que hay dudas en algunos puntos, y es necesario escuchar más a los
expertos. La inconstitucionalidad a la que hace referencia Vázquez
radica en que la ley prevé crear cargos y en este año –por ser de
elecciones– eso está expresamente prohibido por la Carta Magna.
El candidato reconoció que conversó este asunto con Daniel Martínez
y con el presidente José Mujica, quien, según dio a entender, está
en la misma sintonía. Según supo El Observador, la fórmula
presidencial también transmitió su postura al coordinador de la
bancada de senadores del oficialismo, Enrique Rubio.
Negociación
Luego del planteo de Vázquez, empezó una negociación que derivará
en la postergación de la aprobación de la ley hasta noviembre o
diciembre. De esa negociación también participa la presidenta del
Frente Amplio, Mónica Xavier.
Los legisladores que aspiran aprobarla ahora pusieron como condición
para postergar su consideración el hecho de que termine de votarse en
comisión la semana próxima. Además, pretenden un compromiso
público de que la ley será aprobada luego de las elecciones de
octubre.
Algunos temen que pasada esa fecha –y en el caso de que Vázquez
gane– dé la orden para que la iniciativa no prospere. En el peor de
los casos, para el oficialismo, si el FA pierde los comicios, el otro
escenario es que no se apruebe ante una eventual derogación para el
siguiente período. Por eso, los senadores se comprometieron a
sancionarla sí o sí luego de los comicios.
Inconstitucionalidad y oportunidad
Las dos razones por las que el Frente Amplio terminará aprobando la
ley luego de las elecciones de octubre son una eventual
inconstitucionalidad ante la imposibilidad de crear cargos en año
electoral y una cuestión de oportunidad. Por un lado, se cree que no
es una buena idea sancionarla en campaña electoral porque la
iniciativa tiene un capítulo dedicado a la publicidad de los partidos
políticos. Por otro, algunos creen que no es beneficioso confrontar
con la televisión antes de octubre y noviembre.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 4 DE JULIO DE 2014
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3) A ocho meses del fin del período legislativo, el nuevo Código
Penal no tiene ni media sanción.
Natalia Uval – Santiago Sánchez (La Diaria)
La base del Código Penal vigente en Uruguay data de 1933. El proyecto
que busca sustituir el texto actual, elaborado por expertos y enviado
por el Poder Ejecutivo al Parlamento, ingresó en la Comisión de
Constitución y Códigos de la Cámara de Representantes en 2010, a
comienzos del período legislativo, y aún no ha salido de allí.
Sobre los puntos más polémicos no hay redacción de acuerdo, y
quedan ocho meses para que termine la legislatura, que transcurrirán
en medio de la campaña electoral. En el Frente Amplio ya empiezan a
dudar de que se apruebe, aunque el diputado Felipe Michelini (Nuevo
Espacio) sostuvo que se puede y que “es cuestión de trabajar”.
El Frente Amplio definió la reforma del Código Penal entre sus
objetivos legislativos prioritarios para este período. El trabajo
para modificar el texto vigente -que al establecer un sistema de penas
define los valores y derechos a preservar en una sociedad y cómo se
jerarquizan- comenzó hace nueve años, cuando se creó una comisión
especial a tales efectos, presidida por el ex ministro de la Suprema
Corte de Justicia, Milton Cairoli. En 2010, la comisión entregó su
trabajo al Poder Ejecutivo y éste remitió un proyecto al Parlamento,
que ha sido tratado en la Comisión de Constitución, Códigos,
Legislación General y Administración de Diputados, pero que por el
momento está lejos de ingresar en la etapa de votación.
“Hasta que no esté todo aprobado, todo considerado, no hay una
votación. Esto es como un macramé”, graficó el diputado Felipe
Michelini. Los puntos más polémicos, que son varios a lo largo del
texto, están “desglosados”, lo que quiere decir que todavía no
se empezaron a discutir. “Lo que está desglosado se va a discutir
más adelante, es un proceso de acumulación aluvional y en algún
momento se va a decir: ‘Bueno, está todo el mundo de acuerdo, se
vota a favor o en contra’”, explicó Michelini. El desglose se da
“unas veces por una coma, otras veces por un tema de profundidad”,
acotó.
Otra cuestión que resta definir es si va a haber una derogación
tácita o explícita de los delitos. Consultado respecto de si hay
tiempo para aprobar el Código antes de que termine el período
legislativo, Michelini valoró que “es cuestión de trabajar”,
pero aclaró que aún no hay fecha fijada para la votación. “Las
elecciones, el Mundial y algunos otros temas han hecho que este tema
se demore más. La comisión está trabajando a su ritmo”, indicó.
El actual Código Penal, con su sistema de penas, da una jerarquía
mayor a la protección de los bienes que a la protección de las
personas. A modo de ejemplo, la rapiña es castigada con una pena
máxima de 16 años, y si es con privación de libertad, una pena
máxima de 24 años. En tanto, el homicidio es castigado con una pena
máxima de 12 años. Este esquema no cambia con la nueva redacción
del Código. Las penas máximas del homicidio y la rapiña se
mantienen igual, y sólo disminuye la pena máxima de la rapiña con
privación de libertad, que pasa a 18 años.
El nuevo texto elimina figuras delictivas arcaicas o de configuración
vaga (ver http://ladiaria.com.uy/ACrT) y actualiza la redacción de
otros delitos. Por ejemplo, en el caso del delito de violación, antes
se hacía referencia a que se “compele a una persona del mismo o de
distinto sexo, con violencias y amenazas a sufrir la conjunción
carnal”, y ahora se señala específicamente que comete ese delito
quien mediante “violencia o amenazas logre la conjunción carnal con
una persona del mismo o diferente sexo, aun cuando se tratare de su
cónyuge o concubino, introduciendo su órgano sexual o cualquier otro
aparato o instrumento, en la cavidad vaginal o anal de la víctima”.
La pena se modifica muy levemente: aumenta la pena mínima de dos a
tres años y la pena máxima se mantiene.
En el caso del delito de violencia doméstica, en el Código actual se
establece que debe haber “una o varias lesiones personales”,
mientras que la redacción nueva dispone que basta con el ejercicio
habitual de violencia física o psíquica. La nueva redacción elimina
además como agravante la circunstancia de que la víctima sea una
mujer.
Se suman
El texto a estudio de la comisión incorpora nuevos delitos, como el
denominado “Menoscabo del derecho a disposición de datos”. Éste
establece que “el que, por medio de copia, supresión,
inutilización o cambio, menoscabare el derecho de disposición de
otro sobre datos, cuando éstos sean protegidos contra acceso no
autorizado y que sean almacenados o se transmitan electrónicamente o
en otra forma no inmediatamente visible, será castigado con tres
meses de prisión a seis años de penitenciaría”.
En el mismo sentido, se cambia el nombre al actual delito de
“Atentado contra la regularidad de las comunicaciones telefónicas,
telegráficas o inalámbricas” por “Atentado contra la regularidad
de las telecomunicaciones”, y se agrega que se considera como
agravante especial del delito la sustracción, el daño o la
destrucción de instalaciones destinadas a las prestaciones del
servicio de telecomunicaciones.
Otro delito que se incorpora es la “introducción de desechos
peligrosos”, que pena a quien “introdujere de cualquier forma en
zonas sometidas a jurisdicción nacional desechos peligrosos”, como
los radioactivos y todos aquellos que causen un daño al ambiente.
Además de la actualización en función de las nuevas realidades, hay
algunos cambios conceptuales. Por ejemplo, se habla de “delitos
contra la República” en lugar de “delitos contra la patria”. En
el delito de “Atentado contra la Constitución”, por el que fuera
procesado en su momento el ex presidente y luego dictador Juan María
Bordaberry, se incorpora como agravante especial el hecho de que el
delito sea cometido por un “ciudadano de la República”.
En el delito de “suministro de provisiones a un Estado enemigo en
tiempos de guerra”, se incorpora como excepción los suministros
efectuados “en cumplimiento de las normas de derecho internacional
humanitario obligatorias para la República”. En el delito de
incitación al odio, se agregan como motivos la orientación sexual y
la identidad sexual.
También se cambia la redacción del delito de desacato, que es aquel
en el que se “menoscaba la autoridad”. La redacción vigente
incorpora como desacato las “ofensas reales, escritas o verbales”
contra la autoridad, incluyendo “gritos y ademanes ofensivos”. En
cambio, la nueva redacción solamente indica que el desacato es la
“desobediencia abierta” al mandato de la autoridad, y aclara que
“nadie será castigado por manifestar su discrepancia con el mandato
de la autoridad”.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 4 DE JULIO DE 2014
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4) Judiciales entregaron proyecto de reforma del Poder Judicial a
Vázquez
(Caras y Caretas)
Los funcionarios judiciales entregaron al candidato del FA, Tabaré
Vázquez, un documento con el proyecto de reforma del Poder Judicial
que vienen trabajando. En quince puntos los trabajadores de la
Justicia critican el funcionamiento de la corporación, proponen una
descentralización de los juzgados y las defensorías; y exigen una
mayor democratización de sistema. Caras y Caretas Portal te acerca el
documento.
En la visita de la fórmula del Frente Amplio (FA), Tabaré Vázquez y
Raúl Sendic a la sede PIT CNT, en la que el candidato fue recibido
por la Mesa Representativa, los trabajadores le entregaron a la
fórmula un documento con una serie de reivindicaciones que la central
le planteará a los candidatos a la Presidencia de la República de
las diferentes colectividades políticas.
Entre las preocupaciones que los sindicalistas pusieron sobre la mesa
están los temas de la infraestructura, la diversificación de la
matriz productiva, el sistema nacional de cuidados, el sistema
nacional de salud, la integración regional, la consolidación de las
conquistas laborales de los últimos años, las Afaps y la
sostenibilidad del sistema de Previsión Social.
Una de las reivindicaciones de los trabajadores fue la critica al
Poder Judicial, donde los trabajadores reclamaron cambios en el
sistema para que “todos los ciudadanos sean iguales ante la ley”.
En esta área Vázquez recibió un documento preparado por los
Funcionarios Judiciales. Los nucleados en AFJU vienen proponiendo un
análisis de una posible Reforma del Estado
“político-administrativo” en el Poder Judicial. Promoviendo a
través de esta intención una “Transformación Democrática del
Estado” y una “Nueva Relación con la Ciudadanía”.
La AFJU y el instituto de estudios judiciales que ha creado
presentaron un informe con una serie de puntos. El documento señala
que “hay que pensar una justicia y un sistema judicial que se
construya sobre verdaderos principios de igualdad, solidaridad social
y accesibilidad”. Por esto señala que se debe repensar como
“formamos a quienes serán los operadores del sistema, desde los
planes de estudio, ingreso y ascenso en la magistratura y la defensa
pública”.
Y reclaman para el Poder Judicial “un nuevo ordenamiento
administrativo y organizativo que sea generador de políticas
públicas, y que el centro de esas políticas estén orientadas a
asegurar el acceso a la justicia y la protección de los derechos de
todos los ciudadanos”. Al señalar que el sistema “amerita una
urgente reformulación con la debida transparencia y buscar ámbitos
de participación de la ciudadanía organizada”. Afirman que está
“en peligro la calidad del sistema judicial uruguayo”.
Las propuestas de AFJU son las siguientes:
-Reformular la Defensa Pública. Distribuyendo a los Defensores y
Procuradores por materia (en Montevideo), priorizando las materias
“mas sensibles” como Familia, Laboral y Penal. Para el interior
pretenden asignar Defensores y Procuradores de acuerdo a las
necesidades del servicio.
-Eliminar los topes de ingreso para acceder al defensor público.
-Instalar consultorios en los barrios más alejados, como forma de que
aquellos usuarios con menos recursos tengan un lugar donde asesorarse
y consultar. La propuesta señala que se pueden unificar con los
Centros de Mediación, como forma de llegar a los grupos de la
sociedad más vulnerables y con menos posibilidades en el ejercicio de
sus derechos.
-Informatizar los Servicios de Defensorías, en inmuebles adecuados,
con el mejor mobiliario; y el personal capacitado, necesario para el
mejor desempeño de la función.
-Profundizar el rol de la Mediación. Considerando esta instancia
intermedia como de interacción social para resolver conflictos sin
llegar al “pesado” sistema judicial.
-Volver a instalar la Justicia de Paz en los barrios en Montevideo.
– Crear Tribunales de Apelación por regiones en el interior del
país, acompañando el proceso de descentralización en todas las
áreas del estado.
Piden a su vez democratizar el ingreso y la carrera a la magistratura.
Mejorar la organización de la estructura administrativa y
organizativa en el Poder Judicial.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 4 DE JULIO DE 2014
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5) Cayó la concesión a operador portuario privado en Rincón del
Cerro.
Federico Gyurkovits (La Diaria)
El presidente de la República, José Mujica, firmó la semana pasada
la resolución que deja sin efecto el permiso otorgado al empresario
naviero Fernando Capurro y su empresa Dinvert SA en 2002, para operar
por 30 años la terminal portuaria de Rincón del Cerro. La decisión
implica que tampoco podrá seguir desarrollando las actividades de
desgüace y armado de barcos.
De la medida fueron notificados el Ministerio de Economía y Finanzas,
de Defensa Nacional, de Ganadería, Agricultura y Pesca, del Interior,
de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, la Comisión
Administradora del Río de la Plata, la Dirección Nacional de
Hidrografía (DNH) del Ministerio de Transporte y Obras Públicas
(MTOP) y la Intendencia de Montevideo (IM), organismos que tenían
distintos tipos de vínculo y responsabilidad sobre el funcionamiento
de la empresa. De hecho, en 2012 la IM había clausurado el lugar tras
constatar un grave riesgo al ambiente (por la realización de quemas a
cielo abierto y disposición final inadecuada de residuos sólidos y
líquidos), suspensión que fue levantada parcialmente el año pasado,
luego de que el empresario demostrara que había corregido algunas de
esas cuestiones.
El 20 de marzo la diaria daba cuenta de la compleja situación que se
vivía en la zona de Pajas Blancas, y anticipaba que el Poder
Ejecutivo se encaminaba a revocarle la autorización que se le había
otorgado hacía 12 años para “el desarrollo, operación y
mantenimiento de instalaciones y la prestación de servicios
portuarios en la terminal del Rincón del Cerro”. También se
concedía “el uso de las obras de dominio público existentes en el
álveo”, en referencia al muelle ubicado dentro de la franja de agua
que está bajo dominio legal de la DNH. Como complementación, se le
había otorgado el uso “de la parte del álveo y la aguas
correspondientes al Río de la Plata”.
En marzo, Capurro había dicho que si le quitaban la concesión
portuaria seguiría adelante con las otras facetas de su negocio, que
en los hechos eran su rubro principal: armado y desgüace de barcos.
Pero atento a la resolución presidencial y a fuentes del gobierno
departamental que fueron consultadas, al retirársele también “el
uso privativo” del muelle y del álveo, Dinvert SA quedaría sin
posibilidad real de mantener esas actividades.
Debido proceso
Los problemas empezaron 11 meses después de otorgada la concesión.
En setiembre de 2003, la DNH constató que Capurro no había cumplido
con las obras a las que se había comprometido. A partir de ese
momento empezaron a correr prórrogas, recursos y negociaciones entre
el empresario y las autoridades. Fuentes de esta dirección nacional
del MTOP habían definido esas idas y vueltas con el privado como
“tensas y conflictivas”, y habían señalado que más allá de las
instancias administrativas recorridas, “nunca hubo voluntad real”
de sacar a flote la concesión.
En paralelo, la zona de Rincón del Cerro comenzó a experimentar lo
que significaba la presencia de Dinvert en la zona. Ricardo Gudynas,
cuyo predio linda con el de Capurro, fue quien lo denunció
públicamente por primera vez en 2012 con el apoyo del periódico
barrial La prensa de la zona oeste, como también lo hizo ante la
Dirección Nacional de Medio Ambiente, la IM y la DNH por
contaminación.
La resolución presidencial, del 23 de junio, incluye en sus
fundamentos las acciones de Gudynas y hace un repaso de todas las
oportunidades que se le dieron a Dinvert. Finalmente, se considera que
dado que la División Servicios Jurídicos del MTOP “expresa que,
dado los reiterados incumplimientos de la firma” y pese “a las
intimaciones bajo apercibimiento que le fueran realizadas y a lo
informado por las distintas reparticiones de la DNH, es pertinente
proceder a la revocación” de la concesión.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 4 DE JULIO DE 2014
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y no cuenta con ningún tipo de apoyo institucional ni personal.
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Comcosur integra la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC)
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Las opiniones vertidas en las distintas notas que integran este
boletín,
no reflejan necesariamente la posición que podría tener Comcosur
sobre
los temas en cuestión.
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