1) Alejandra y Adrián /Jorge Zabalza
2) Argentina: Disparos por la espalda, detenciones arbitrarias y desapariciones: la añeja violencia de las fuerzas de seguridad /Cecilia González
3) Uruguay: La huelga y las ocupaciones después de la LUC /Hugo Barretto Ghione
4) Uruguay: En defensa de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del pueblo
5) Hambre creciente en un mundo que derrocha cada día más alimentos /Sergio Ferrari
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VEO VEO – Propuestas y comentarios de Henry Flores – Hoy:
I. “Salados” – Alegría en Las Ollas – Club Liverpool FC
II. Los Clásicos contigo (1973 – 1997)
III. Documental “Mi Querido Supermercado” Brasil DOC Montevideo
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“Siempre he partido de una idea elemental: la de que la verdad no necesita ser justificada por la adecuación a un objetivo superior. La verdad es la verdad y nada más. Debe ser servida, no servir.”
Eugenia Ginzburg / “El vértigo”.
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1) ALEJANDRA Y ADRIÁN
En memoria de Guillermo Machado
Jorge Zabalza /Semanario Voces, 23.07.2020
Adrián y Alejandra, mis vecinos del Bajo Valencia, son un joven matrimonio sin techo. Vivían de agregados en casa de familiares. Junto a centenas de familias necesitaban una la vivienda digna, derecho con garantía constitucional que el Estado negaba.
Un buen día, espontáneamente, ocuparon el estéril baldío al norte de Santa Catalina. Se proponían poblar donde reinaba la chirca, tradición transmitida por sus padres y abuelos, fundadores de los barrios que se extienden al oeste de Camino Cibils. Una anónima obra de civilización que colonizó el espacio vacío con miles de casas.
Alejandra y Adrián se sumaron a la ocupación y levantaron su propio refugio con unas pocas tablas y chapas. Podían haberse dedicado a resolver estrictamente lo suyo, pero, inspirados en los relatos que circulan en la zona, se propusieron levantar un merendero aprovechando los restos de un tanque australiano. Seis meses después, con el auxilio solidario de sindicatos y militantes, el merendero es una realidad. El matrimonio, además, está embarcado en la formación de una cooperativa por ayuda mutua afiliada a FUCVAM. Son luchadores, quieren salir organizadamente de la agobiante situación de marginación a que han sido empujados. Sin embargo, pronto les caería encima el Estado, con una furia inaudita e injustificada.
El miércoles 15 citaron a los ocupantes para una instancia de diálogo y negociación en el Sistema de Mediación de Montevideo. Participaban la Coordinadora de Asentamientos, la Cámara de Representantes, la Junta Departamental, la Intendencia de Montevideo y el fiscal Diego Pérez, que ya llevaba “formalizados” por asociación para delinquir una quincena de ocupantes. Toda una ceremonia institucional que, se presumía, tenía la laudable intención de resolver un conflicto social. El “país de los amortiguadores” en pleno funcionamiento. Adrián concurrió como referente de una importante movilización social y fue “atendido” como si hubiera cometido un delito al luchar por viviendas dignas para todas y todos los vecinos.
El fiscal Diego Pérez, representante del gobierno nacional en la instancia, se despojó de su disfraz de amortiguador y mandó detener a Adrián Alanís. La instancia de “diálogo y negociación” se transformó en una trampa policíaco-judicial: el referente barrial resultó procesado por asociación para delinquir y usurpación, delitos que se le podrían imputar a cualquier ocupante de tierras, mujer u hombre, que angélicamente concurriera a la instancia de mediación convocada por las autoridades. Diego Pérez optó por declarar la guerra a los ocupantes y echar a andar la maquinaria represiva que reproduce sepultureros del régimen.
Sin decir diciendo, fundamentó su acto represivo en el antecedente judicial de Adrián quién, desde que fue dejado en libertad, ha trabajado en la construcción, conformado un hogar (Alejandra perdió su embarazo la noche del temporal) y, además, es conocido su largo esfuerzo en aras del bienestar colectivo. En realidad, su delito es haber nacido en la marginación y la exclusión.
Pese a todo el discurso electoral sobre la necesidad de transformar las cárceles en centros de rehabilitación, cuando un liberado demuestra fehacientemente su voluntad de salir del delito, el colérico fiscal Diego Pérez se atribuye el derecho de condenarlo a vivir en la calle. ¡Cuánta saña gratuita e injustificada! Es un nuevo disparate del sistema de “justicia”. Con sus niñas y niños, algunos de brazos todavía, las familias ocupantes continúan soportando temporales y olas de frío bajo sus techos de cartón. En el aislamiento: gobierno y parlamento los ignoran. No es que los hayan olvidado, no saben que existen. Solamente les resta la esperanza de salir adelante con su cooperativa, que les adjudiquen un terreno y un préstamo para construir por ayuda mutua las viviendas de bajo costo. Esperan que fiscalía y el gobierno no opten por empujarlos al abismo. Hay soluciones, como siempre las hubo. Basta con que haya voluntad política.
Con el relato de lo sucedido a los creadores del “Nuevo Comienzo” (así bautizaron su barrio), se pretende poner de relieve las ideas que corren por detrás del escenario de los “allanamientos nocturnos”. La cosa va mucho más allá de una simple reforma constitucional o del debate jurídico, es una tentativa de instalar la ideología de la mano dura. En realidad, hay fuertes indicios de que ya es hegemónica y cuenta con la aquiescencia de los partidos y el electorado suficientes. La violencia de la actitud del fiscal Diego Pérez frente a la marginación social, es apenas una expresión individual de esa la filosofía de la mano dura que se propaga desde el poder político. En definitiva, es el mismo espíritu con que un energúmeno intentó quemar vivo al pobre Andrés que dormía en la calle. Se promueven las ideas y luego se sufren las consecuencias prácticas. Si las cosas continúan por el mismo derrotero, tendremos que llorar muchos Guillermo Machado más.
Jorge Zabalza /Semanario Voces
COMCOSUR INFORMA AÑO 26 No. 1970 – 17.07.2020
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2) ARGENTINA: DISPAROS POR LA ESPALDA, DETENCIONES ARBITRARIAS Y DESAPARICIONES: LA AÑEJA VIOLENCIA DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD
Por Cecilia González / RT /15.07.2020
A Lucas lo asesinaron con disparos por la espalda. A Luis lo mataron y escondieron el cuerpo. A Mauro lo golpearon. A Walter lo asfixiaron. Y Facundo está desaparecido. En todos los casos hay fuerzas de Seguridad involucradas.
Estos son apenas un puñado de los nombres propios reconvertidos en las últimas semanas en emblema de la violencia institucional que Argentina arrastra desde que en 1983 terminó la última dictadura militar, y con la que ningún gobierno democrático ha podido terminar.
No importa si son fuerzas nacionales o provinciales.
Tal y como ocurre en gran parte de América Latina, muchas veces los policías argentinos inspiran más miedo que confianza. Es un desprestigio bien ganado. Y ahora encontraron en la pandemia un nuevo pretexto para cometer abusos.
Uno de los primeros casos que llamó la atención de la opinión pública fue el de Luis Espinoza, un trabajador rural de 31 años que fue detenido el 15 de mayo por policías de la provincia de Tucumán por violar la cuarentena.
En el operativo, un policía le disparó por la espalda. Lo mató. Varios policías se complotaron para esconder el cadáver. Lo arrojaron en un barranco. Luis, casado y padre de seis hijos, estuvo desaparecido durante una semana, hasta que hallaron el cuerpo.
Antes, el 5 de abril, Florencia Magalí Morales, de 39 años, madre y abuela, fue encontrada ahorcada en una comisaría en la provincia de San Luis. Los policías la habían detenido cuando salió de su casa, en bicicleta, para comprar alimentos, pero como no llevaba identificación, la acusaron de violar la cuarentena.
El 1 de mayo, Mauro Coronel, 22 años, padre de cuatro menores, fue detenido en Santiago del Estero, acusado de violencia de género por su pareja. Los policías lo torturaron, lo golpearon. Murió a los cuatro días en un hospital.
Tres semanas más tarde, el 24 de mayo, Alan Maidana, de 19 años, fue asesinado con un tiro en la espalda en la provincia de Buenos Aires. Le disparó un policía federal que, en ese momento, estaba fuera de servicio. Seis días después, también en esta provincia, un policía federal asesinó a Lucas Barrios, de 18 años, con 18 balazos. Lo acusó de haber querido robarle.
Otra historia de alta repercusión ocurrió el 26 de junio, cuando policías de Tucumán detuvieron en la calle a Walter Ceferino Nadal, de 43 años, a quien una mujer acusaba de haber querido robarle. El hombre murió asfixiado por los policías que lo redujeron en el piso, de manera similar a George Floyd, el caso que conmocionó a Estados Unidos.
El viernes pasado, Lucas Nahuel Verón fue asesinado por dos policías de la provincia de Buenos Aires. Ese día cumplía 18 años. Estaba a una cuadra de su casa. Iba en una moto junto a un amigo cuando los policías le dispararon.
¿Dónde está Facundo?
Facundo Astudillo Castro, de 22 años, salió de su casa el 30 de abril para ir a visitar a su novia. En el camino fue detenido por policías de la provincia de Buenos Aires que lo acusaron de incumplir la cuarentena. Desde entonces no se sabe nada de él.
La pregunta sobre el paradero de Facundo comenzó a replicarse de a poco en las redes sociales y en algunos medios de comunicación, pero sin la magnitud esperada, dado que se trata de un nuevo caso de desaparición en democracia, en un país que todavía exige memoria, verdad y justicia por los 30.000 desaparecidos durante la dictadura. Se manifestaron los organismos de derechos humanos de siempre, y poco más.
Los reclamos al peronista gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y a su ministro de Seguridad, Sergio Berni, fueron más bien discretos. Parecía que las simpatías políticas se imponían. Algunos usaban el desgastado e insuficiente lugar común de mejor callarse para «no hacerle el juego a la derecha». A otros les bastaba que, a diferencia del gobierno anterior, las autoridades no culparan a las víctimas de sus tragedias ni encubrieran o negaran los casos. O explicaban que no podían salir a marchar por la cuarentena.
La coherencia de las convicciones se puso a prueba para evitar la aplicación de una doble vara marcada por la militancia. Para no repudiar solamente la violencia del Estado cuando hay un gobierno con el que no se simpatiza.
Esta semana, la desaparición de Facundo, sumada al asesinato de Lucas, ya tomó una nueva y mayor dimensión social. El caso interpela de manera directa al gobierno de Alberto Fernández y a sus promesas en materia de derechos humanos. Tanto, que Máximo Kirchner, jefe de la bancada oficialista en la Cámara de Diputados, está promoviendo una reforma policial con miras a combatir la violencia de las fuerzas de Seguridad.
Después de múltiples demoras e irregularidades en la investigación, por fin se están haciendo rastrillajes para encontrar a Facundo. En otros de los últimos crímenes -no en todos- hay policías sancionados, separados de las fuerzas, procesados o indagados.
El presidente, Kicillof, la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, y el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, mantienen el mismo discurso. Coinciden en la necesidad de actuar en cada caso, condenar los abusos, combatir la impunidad. En subrayar que no habrá tolerancia y que no se encubrirá a nadie. Que las familias de las víctimas serán acompañadas. El único que desentona es el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, amante de hacer un show de sí mismo.
Las reacciones oficiales contrastan por completo con el amparo que el gobierno de Mauricio Macri brindó a las fuerzas de Seguridad que estuvieron involucrados en múltiples casos de «gatillo fácil», el eufemismo usado en Argentina para referirse a los asesinatos cometidos por policías. El discurso peronista es totalmente opuesto, pero no alcanza.
Indignación oportunista
Sectores antiperonistas no pierden la oportunidad de aprovechar la violencia institucional registrada durante la pandemia para usar políticamente a las víctimas.
Con una súbita, repentina y sorpresiva indignación, comenzaron a denunciar cada caso y a reclamarles al presidente y a los gobiernos provinciales peronistas. Mutaron en nuevos e inesperados militantes de derechos humanos. Qué bien que se sumen a la lucha. Nunca es tarde.
Lástima que durante los cuatro años que gobernó Mauricio Macri poco o nada dijeron de las 1.833 personas que fueron asesinadas por las fuerzas de Seguridad, de acuerdo con los registros de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi).
Más allá de los números, queda en la historia la doctrina aplicada por la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich: defender a priori, sin investigación de por medio, a gendarmes, prefectos y policías involucrados en violaciones a derechos humanos; felicitarlos por disparar incluso por la espalda; visitarlos en el hospital si estaban heridos, lo que jamás hizo con los familiares de los asesinados en casos de «gatillo fácil»; y culpar a las víctimas.
«Fue a enfrentarse con un grupo violento», dijo Bullrich para justificar el asesinato por la espalda de Rafael Nahuel, de 22 años, durante una represión en una comunidad mapuche. «Si ese chico le tira a un policía, el agredido es el policía, que tiene todo el derecho a defenderse», afirmó para responsabilizar a Facundo Ferreyra, un niño de 12 años, de haber sido ejecutado en Tucumán por un policía que le disparó en la nuca. Las pericias concluyeron que el niño no tenía armas, no había disparado. Y son sólo dos ejemplos.
El caso más emblemático de violencia institucional del macrismo fue el de Santiago Maldonado, un joven de 28 años que desapareció el 1 de agosto de 2017, durante una represión de Gendarmería en una comunidad mapuche de la Patagonia. Su cuerpo fue encontrado 78 días después.
Desde que se denunció la desaparición, Bullrich defendió a ultranza a los gendarmes y acusó a la familia de la víctima de no querer colaborar con la investigación. Funcionarios, políticos y periodistas macristas difundieron más de 30 noticias falsas para generar dudas sobre Santiago y revictimizarlo. El maltrato fue permanente. Cuando por fin el cuerpo fue hallado en un río, la conclusión oficial fue que se había ahogado por no saber nadar. Era su culpa. De la represión, se olvidaron.
El 20 de mayo del año pasado, policías bonaerenses persiguieron en sus patrullas un vehículo. Le dispararon. Hubo un choque. Murieron Aníbal Suárez, de 22 años, y los menores Gonzalo Domínguez, de 14; Camila López y Danilo Sansone, de 13. Rocío Guagliarello, también de 13 años, sobrevivió. Los policías falsificaron las actas. Hasta hoy, se desconoce por qué los perseguían. Por qué los mataron. Fue una masacre amparada en el silencio de los políticos entonces oficialistas.
Con estos antecedentes, es difícil confiar en la imprevista preocupación del macrismo por los derechos humanos ahora que son opositores.
Violencia arraigada
Según Correpi, una organización que en 1996 comenzó a documentar la violencia institucional ocurrida desde el fin de la dictadura, en los 12 años de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner (2003-2015), 3.070 personas fueron asesinadas por policías provinciales, federales o guardias de servicios penitenciarios.
De acuerdo con sus reportes, desde 1983, casi la mitad de los abusos se cometen en la provincia de Buenos Aires. De ahí que la bonaerense sea conocida como «la maldita policía». Y la mitad de las víctimas son jóvenes menores 25 años.
En un informe específico sobre la Policía Federal, el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) reveló que durante el segundo gobierno de Fernández de Kirchner (2011-2015), elementos de esta fuerza asesinaron a 276 personas.
Luciano Arruga, Mariano Ferreyra y Carlos Fuentealba son apenas algunos de los nombres propios que simbolizaron la violencia policial durante el kirchnerismo.
La lista de víctimas es larga. Y del actual gobierno depende que no sea interminable.
Cecilia González /RT
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3) URUGUAY: LA HUELGA Y LAS OCUPACIONES DESPUÉS DE LA LUC
Por Hugo Barretto Ghione * /La Diaria, 22 de julio de 2020
Una vez aprobada la ley de urgente consideración (LUC), resta interpretarla. Disponemos de un texto que transitó un breve trayecto parlamentario y ahora es el tiempo del lector. Empieza una instancia enteramente distinta, que hará cobrar vida al artículo 392, que reglamenta la huelga, dispositivo que deberá probar su ductilidad para reglar un espacio tan complejo y versátil como es el conflicto social emergente de las relaciones de trabajo.
Contra esta moderna manera de concebir cómo funciona el mecanismo cultural de la interpretación y aplicación de las normas subsiste una vieja y arraigada (y agregaría: reaccionaria) idea de que es el legislador quien presta el sentido único y definitivo a las leyes. En esta línea de pensamiento, para atribuir un sentido a un texto jurídico debería acudirse a la intención que tuvo presente el parlamentario que votó la iniciativa, quien operaría como un demiurgo que fijaría de una vez y para siempre los términos de cómo deben entenderse las normas y cuáles son las finalidades que se persiguen en cada acto legislativo.
El problema está en que aun dentro de ese formalismo obsoleto, de esta abstracción insondable, la eventual “voluntad” del legislador sería igualmente materia misma de interpretación: no hay otro modo de escapar a ese círculo.
Lo cierto es que nada queda fuera del dominio del lector, que es soberano frente al texto de una ley. Aunque no totalmente, según veremos, y aquí radica lo más relevante desde nuestro punto de vista.
Es el intérprete quien completa la tarea inacabada del legislador, como ocurre con una novela o con un film: quien da vida a los signos inertes es quien lee o quien mira. En eso reside la potencia y la pertinencia que encierran las normas jurídicas, que son capaces de regular conductas humanas a través de marcos referenciales que no contemplan todas las situaciones que pueden producirse en la vida social.
Además, es decisivo incorporar otro elemento: la LUC, como cualquier otra norma, se inserta en un mundo jurídico habitado por otras normas, con las que deberá convivir, las que tienen una mayor antigüedad y se encuentran asentadas y son secularmente entendidas y aplicadas por los operadores del sistema.
Muchas de esas normas preexistentes tienen jerarquía superior al artículo 392, y por tanto, la lectura de ese dispositivo deberá moldearse a contornos férreamente determinados por el artículo 57 de la Constitución, que ordena que cualquier reglamentación de la huelga debe conducir a dotarla de efectividad, lo que supone una gran exigencia para el legislador que quiera incursionar en el tema: no puede reglar la huelga antojadizamente.
Otras normas que integran el núcleo fundamental al cual la LUC deberá acomodar el cuerpo son el Convenio Internacional del Trabajo N° 87, el Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, que en su totalidad reconocen la huelga como un derecho fundamental incondicionado.
En este terreno, el modesto artículo 392 de la LUC, que prescribe –recordémoslo– que el Estado garantizará el ejercicio pacífico de la huelga y el derecho de los no huelguistas a acceder y trabajar y el derecho del titular del establecimiento a ingresar a este, no puede ser leído de cualquier forma. De esto se deriva necesariamente que el intérprete tiene cierta restricción, ya que el artículo 392 no podrá ser aplicado en el sentido de restar eficacia a la huelga. Se trata de un verdadero impedimento.
Pero hay todavía alguna consideración más sobre este novedoso artículo 392, ya que termina a nuestro juicio con una discusión sobre la ocupación como medida de ejercicio de la huelga que nos ha ocupado los últimos años.
En adelante ninguna sentencia judicial podrá determinar la desocupación de un establecimiento, ya que la LUC impone que el decisor deba limitarse a compatibilizar los derechos.
Contra la opinión de algunos legisladores y funcionarios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el texto aprobado no prohíbe las ocupaciones; tanto, que ni siquiera las menciona. La prohibición de las ocupaciones ha sido una obsesión de las cámaras empresariales, que presentaron una queja ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 2010 para que el organismo declarara la ilegitimidad de la medida. Un objetivo imposible (alguien se lo tendría que haber avisado), ya que es sabido que el organismo internacional concibe desde siempre a las ocupaciones como una medida legítima de defensa del interés de los trabajadores en cuanto se desarrollen pacíficamente y no impidan el acceso de los no huelguistas y empresarios al establecimiento.
Como podrá observarse, las condiciones que establece la OIT para la realización de las ocupaciones de los locales de trabajo son idénticas a las previstas en el artículo 392 de la LUC para la huelga (de la cual la ocupación es parte). En consecuencia, no parece haber otro camino que deducir que, si la OIT considera legítimas las ocupaciones dentro de ciertas condiciones, del mismo modo lo hace la ley nacional, ya que estamos ante textos calcados.
Al no haber prohibición en el texto aprobado como LUC, las ocupaciones de los lugares de trabajo, como modalidad del ejercicio del derecho de huelga, se ubican en un espacio de libertad de los sujetos de las relaciones laborales: lo que no está prohibido expresamente en el plano de los derechos de las personas está permitido. Es una formulación del principio de libertad, tan caro al Poder Ejecutivo, según se encarga de recordarnos todos los días.
Las ocupaciones, al no estar prohibidas, son un comportamiento a priori permitido y únicamente podrán tener alguna cortapisa si impiden el acceso a la empresa por parte de trabajadores no huelguistas o por titulares del establecimiento.
De existir tal contradicción de derechos (el de huelga con la libertad de trabajo y de empresa), el dispositivo de la LUC proporciona una solución que, en sintonía con lo dispuesto por la OIT, dispone la compatibilización de los derechos en pugna.
Esto equivale a decir que en adelante ninguna sentencia judicial podrá determinar la desocupación de un establecimiento, ya que la LUC impone que el decisor deba limitarse a compatibilizar los derechos, o sea, a garantizar la huelga (en la modalidad ocupación) y ordenar que se permita el acceso de no huelguistas y empresarios al local de trabajo. Si un juez volviera a la práctica actual de decretar la desocupación de un local de trabajo, rompería el equilibrio de derechos que el artículo 392 de la LUC consagra.
Naturalmente que como todo conflicto de derechos, deberá dirimirse ante el Poder Judicial (no sería constitucionalmente posible interpretar que “el Estado garantizará” los derechos por la vía de la acción policíaca inmediata), y a falta de otro mecanismo previsto en el ordenamiento jurídico, los demandantes tendrán a disposición la acción de amparo, tal como ha venido sucediendo en los últimos diez años.
Las perplejidades de una redacción muy defectuosa del artículo 392 de la LUC, que puede dar lugar a interpretaciones lesivas de los derechos individuales y colectivos (como por ejemplo, sostener que ante una ocupación deba actuar directamente la Policía), se despejan si descartamos toda acción conculcadora –y por eso inconstitucional– de los derechos en juego.
No es un tema de guapos, sino de ciudadanía.
* Hugo Barretto Ghione es profesor titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República.
Hugo Barretto Ghione /La Diaria
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4) URUGUAY: EN DEFENSA DE LA INSTITUCIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y DEFENSORÍA DEL PUEBLO
Declaración de la Red de sitios de Memoria de Uruguay (1)
Como Red de Sitios de Memoria de Uruguay cuestionamos, por su profundo sentido antidemocrático, los contenidos del editorial que el diario El País publicó el lunes 13/7/20 sobre la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.
En el espacio reservado a la exclusiva opinión de la empresa, ésta sintetizó su parecer sobre la Institución titulándola: «inútil y de izquierda».
Nos preocupa que un diario de amplia circulación en nuestro país considere que la defensa de los derechos humanos sea una cuestión de «la izquierda» y más preocupante aún que cuestione a la Institución cuyo cometido es precisamente el de velar por «la defensa, promoción y protección en toda su extensión de los derechos humanos».
Quizás valga recordarle al editor que la Institución de Derechos Humanos no es un invento frenteamplista, sino que éstas fueron creadas a partir de los Principios de Paris de las Naciones Unidas, del año 1991, como forma de proteger los derechos de los ciudadanos ante el incumplimiento y/o atropello de los Estados Nacionales. En nuestro país la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo fue creada con el voto de todos los partidos políticos representados en el Parlamento.
Somos ciudadanos con memoria y conocemos las posiciones políticas de este diario en el pasado y en el presente. Un diario que dice que en nuestro país solo hay «eventuales violaciones a los derechos humanos» o es miope o negador de evidencias. A nosotros también nos gustaría que solo fueran «eventuales» las violaciones, pero la realidad es otra.
El Alto Comisionado de NNUU le otorga a las Instituciones de DDHH el rol de observador y contralor de las políticas y acciones del Estado en su totalidad, sobre sus obligaciones para con la ciudadanía y en caso de incumplimiento, llamarle la atención y efectuar la correspondiente recomendación para que corrija la falta.
Finalmente, recogemos la propuesta del editorial que dice que «es tiempo de sincerar funciones y hablar claro» y preguntamos, ¿qué función está jugando hoy (el diario) El País con su editorial? ¿En nombre de qué intereses habla? y ¿a quienes beneficia la ausencia de un control independiente sobre el accionar del Estado?
Necesitamos aumentar y no disminuir los mecanismos democráticos. Tal como lo prescriben Los Principios de París (2), es fundamental que la Institución de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo cuente con «los medios suficientes que le permita lograr la autonomía respecto del Estado y no estar sujeta a controles financieros que puedan limitar su independencia”. Todo cuestionamiento en esta dirección es ¡un atropello a nuestros derechos ciudadanos!
Notas:
(1) Creada en setiembre de 2018 por la Ley 19641 de Sitios de Memoria Histórica de Uruguay
(2) La versión en español de los Principios de París puede consultarse en: www.ohchr.org/spanish/law/index.htm
Red de sitios de Memoria de Uruguay
COMCOSUR INFORMA AÑO 26 No. 1970 – 17.07.2020
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5) HAMBRE CRECIENTE EN UN MUNDO QUE DERROCHA CADA DÍA MÁS ALIMENTOS
Vergüenza planetaria
“Hambre cero”, imposible con este modelo
Sergio Ferrari, desde la ONU, Ginebra, Suiza
Desde años, se promete mucho y se cumple poco. El *hambre cero* se sigue posponiendo y el panorama para la próxima década no es halagüeño. Sin embargo, un tercio de los alimentos producidos en el mundo para consumo humano se pierde o desperdicia anualmente.
La brecha de riqueza-pobreza se agudiza, la sociedad planetaria se polariza, y los seres humanos insuficientemente nutridos llegan casi a los 3 mil millones. 690 millones, es decir uno cada diez habitantes del planeta Tierra, padecen hambre.
Hace cinco años las Naciones Unidas se habían propuesto terminar con este flagelo en el 2030. El horizonte se estira, las apuestas se alejan. La situación internacional lejos de mejorar, empeora. En el último quinquenio, en vez de reducirse los números, 60 millones más de personas engrosaron las filas de los desheredados de la Tierra.
Cinco de las organizaciones onusianas publicaron en la segunda semana de julio, El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo (www.fao.org/3/ca9692en/online/ca9692en.html).
El planeta sigue grave. Y el COVID-19 no mejora las cosas, pudiendo sumar, según estimaciones, 130 millones adicionales a la categoría de insuficientemente alimentados.
Derecho humano esencial
Tal como lo define el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (el DESC) en su documento de mayo de 1999, “el derecho a la alimentación adecuada se ejerce cuando todo hombre, mujer o niño, ya sea solo o en común con otros, tiene acceso físico y económico, en todo momento, a una alimentación adecuada o a medidas para obtenerla” (conf-dts1.unog.ch/1%20SPA/Tradutek/Derechos_hum_Base/CESCR/00_1_obs_grales_Cte%20Dchos%20Ec%20Soc%20Cult.html#GEN12)
Tres años antes, durante la Cumbre Mundial de la Alimentación realizada en Roma, se había acordado dar un contenido más concreto y operacional a dicho derecho reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, y consagrado 18 años más tarde, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
En el 2000, la Comisión de DDHH de la ONU estableció el mandato de Relator Especial sobre el derecho a la alimentación. Y tres años después, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO) estableció un Grupo de Trabajo Intergubernamental que elaboró en 2004 las Directrices Voluntarias en apoyo a la Realización Progresiva del Derecho de una Alimentación Adecuada en el Contexto de la Seguridad Alimentaria Nacional. En síntesis, se trata de recomendaciones que los Estados deben cumplir coherentes con el artículo 11 del Pacto Internacional.
Los expertos en el tema subrayan tres componentes esenciales para asegurar el ejercicio de este derecho en todo el planeta. La disponibilidad de los alimentos ya sea mediante la producción directa (agricultura, ganadería etc.) o bien a través de la adquisición de los mismos en tiendas y mercados.
La accesibilidad, que implica asegurar que todo ser humano (incluyendo niños, enfermos, discapacitados o mayores) pueda tener acceso físico o condiciones para obtener o comprar los productos esenciales. Sin comprometer por ello, la satisfacción de ninguna otra necesidad básica: medicamentos, alquiler, gastos escolares, entre otras.
Y, como tercer elemento y condición absoluta, asegurarse una alimentación realmente adecuada a las necesidades, libre de sustancias contaminantes y culturalmente adaptada a las costumbres de cada grupo social determinado.
Diagnóstico preocupante
En el último lustro el “hambre aumentó al ritmo del crecimiento de la población mundial”, sostiene el estudio elaborado conjuntamente por la FAO, el Fondo Internacional para la Agricultura (FIDA), el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Programa Mundial de Alimentos (PAM) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Según su impacto regional, en Asia viven 381 millones de mal alimentados. 250 millones en África y cerca de 48 millones en América Latina y el Caribe. Si de porcentajes se trata, es África el continente más golpeado por este flagelo social, y cuenta casi con un 20 % de su población mal alimentada. 8,3 % en Asia y 7,4% en América Latina y el Caribe. De mantenerse la actual tendencia, más de la mitad de la población africana sufrirá de hambre crónica en el 2030.
El acceso a una alimentación realmente de calidad – incluyendo 2300 calorías y 69 gramos de proteínas diarias- constituye ya un sueño de ricos para casi la mitad de la población mundial. Se calcula que los alimentos sanos son cinco veces más caros si se compara con un régimen a base de carbohidratos que da respuesta solo a las necesidades energéticas.
Su precio está por encima de la noma internacional de la pobreza internacional (definida en 1.90 dólares diarios por persona). Por otra parte, los países con bajos ingresos consumen más alimentos de base y menos frutas, verduras y carnes que los países de ingresos más altos. Una gran parte de la población mundial no cuenta hoy con el mínimo de 400 gramos por persona y por día de frutas y verduras, recomendados por la OMS.
Según el informe de las cinco agencias de Naciones Unidas, las niñas y los niños se encuentran entre las principales víctimas de esta ilógica realidad mundial. El año pasado, 144 millones de menores de 5 años (21,3% del total de los infantes) padecieron un retraso en el crecimiento, 47 millones (6,9%) sufrieron emaciación es decir pérdida involuntaria de más del 10% del peso corporal, y 38,3 millones de sobrepeso debido a la mala alimentación.
Nubarrones sobre América Latina
Para el continente las previsiones tampoco son alentadoras. Según el informe, la situación actual es peor que en el 2015. “Desde entonces nueve millones de personas más viven con hambre”, afectando a un 7,7% de la población total. En perspectiva ese porcentaje llegará al 9,5 en el 2030.
A nivel subregional, las previsiones para 2030 indican tres puntos de aumento en América Central, llegando casi a los 8 millones de víctimas del hambre. Sudamérica superaría, entonces, casi los 36 millones. El Caribe, a pesar de leves avances, no cumplirá con la meta de hambre cero y contaría con 6,6 millones de seres humanos mal alimentados al finalizar esta década.
También son preocupantes los matices intermedios. Casi un 10 % de la población actual sufre de inseguridad alimentaria grave, es decir gente que por diversas razones no cuenta regularmente con alimentos y pueden llegar a pasar uno o varios días sin comer.
Si se introduce la categoría de “inseguridad alimentaria moderada”, casi un tercio de la población latinoamericana y caribeña, es decir 205 millones de personas, la padecen. Se trata de la incertidumbre sobre la capacidad para obtener alimentos lo que las lleva a reducir la cantidad o la calidad de la comida que consumen.
En cuanto al acceso a una dieta realmente saludable, 104 millones de habitantes de la región no lo logran. El precio de 3,98 dólares por día es el más alto del mundo y es 3,3 veces más caro que lo que una persona bajo la línea de la pobreza puede invertir para alimentos.
Derroche criminal
Hipótesis novedosa: el informe concluye afirmando que un cambio global hacia regímenes alimentarios sanos ayudaría no solo a frenar el hambre sino también a lograr enormes ahorros en el plano internacional. Ese cambio es posible asegurando que se haga de “manera durable para las personas y el planeta”.
Las organizaciones especializadas de la ONU calculan que ese cambio de paradigma (de comida chatarra a alimentos sanos) permitiría compensar casi totalmente los costos de salud resultante de una mala alimentación -solo en Estados Unidos se calculan en 1.300 billones de dólares. Y reducir en tres cuartas partes el valor actual del costo social de las emisiones de efecto invernadero ligadas a la producción de alimentos, calculado en 1700 billones de dólares estadounidenses.
Llaman a los gobiernos a integrar la nutrición en sus estrategias agrícolas y a esforzarse en reducir los factores de aumento de los costos en la producción, stock, transporte, distribución y comercialización de alimentos.
Y proponen, además, ayudar a los pequeños productores locales a cultivar y vender productos más nutritivos garantizándoles un acceso al mercado. Recomiendan favorecer el cambio de comportamientos a través de la educación y comunicación e integrar la nutrición en los sistemas de protección social y en las estrategias oficiales de inversiones.
Una reflexión esencial en las líneas de acción futura consiste en reducir gastos debido a la ineficacia, pérdidas y derroches.
La FAO calculaba ya en 2019 que 1.300 millones de toneladas de alimentos humanos producidos cada año se pierden o desperdician (www.fao.org/platform-food-loss-waste/es/).
Según la ONG helvética WWF en Suiza representan 2,8 millones de toneladas. Es decir, se derrochan 330 kilos por persona y por año.
En Francia al igual que en México se botan 10 millones de toneladas anuales. En Argentina 16 millones y en Brasil 41 millones de toneladas. La población de Estados Unidos tira a la basura un 30% de los alimentos producidos (unos 400 gramos por día y por persona), en tanto en Europa, como promedio, representa el 20%.
Sergio Ferrari /Ginebra, Suiza
COMCOSUR INFORMA AÑO 26 No. 1970 – 17.07.2020
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VEO VEO – Propuestas y comentarios de Henry Flores
Como consecuencia de la emergencia sanitaria, o pandemia del Covid-19 que está recorriendo el mundo como “coronavirus”, se han suspendido gradualmente todo tipo de espectáculo artístico, deportivo y cultural, por lo que esta sección tomará un giro, para sugerir otros temas vinculados a la literatura, la historia del arte y de las y los artistas.
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I. “SALADOS” – ALEGRÍA EN LAS OLLAS – CLUB LIVERPOOL FC
Sábado 25 de julio – Olla Popular de Liverpool Fútbol Club a las 19 hs Agraciada 4186
“Salados” es una banda de la zona oeste de Montevideo, Llevan la bandera del barrio, la calle, la esquina y el bar, de corte fiestero, con paisaje cotillón, con derroche de colores, energía y alegría. Con ritmos bailables, estribillos pegadizos y alma fresca. Un show intenso, interactivo e inolvidable. Se llaman “Salados”, nacieron en 2005 como banda, sus fundadores son tres hermanos Cabrera. Han girado más de una vez por Bolivia, Perú, Argentina, Paraguay y el interior de nuestro país. Se han presentado en los escenarios y salas más representativas junto a bandas reconocidas de nuestro país.
En 2015 editaron de forma independiente su primer disco: El mejor disco del año. Este disco cuenta con la participación especial de Pablo Silvera (cantante de Once Tiros) y Álvaro “Apagón” Piñeyro (cantante de Congo) entre otros. Cerraron el 2015 con 60 conciertos presentándose para 50 mil personas y compartieron escenarios entre otros con: León Gieco, Mala Tuya, Pecho E´ Fierro, Jorge Nasser y Trotsky. A fines de febrero de este año vuelven a presentarse en La Fiesta del Río compartiendo escenario con Rubén Rada, Mandrake Wolf y Riki Musso entre otros.
Durante el 2017 se presentaron en diversos festivales tales como la Fiesta del Rio por 3er año consecutivo y Polo Prado en La noche de la nostalgia entre otros. En la recta final del año los encontró siendo convocados por la UNASEV para realizar su campaña de fin de año denominada «Nos une la vida». Actualmente se encuentran produciendo su segundo disco con la participación de Alfredo «Chole» Giannotti (Abuela coca, Congo)
Seguimos llevando “Alegría en las Ollas”, Próximo sábado estaremos en la Olla Popular de Liverpool Fútbol Club a las 19 hs en Agraciada 4186.
Trae un alimento no perecedero o un abrigo. Entre todos ¡se puede!
Apoyan – Bizarro Uruguay y Aje Estampados – Taller
www.facebook.com/pg/saladosrock/about/?ref=page_internal
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II. LOS CLÁSICOS CONTIGO (1973 – 1997)
Centro Cultural de España – Los viernes 24 y 31 de julio: Cine en línea
Hay películas que se quedan fijadas en la memoria con la firmeza de una grapa. Van acompañando a sus espectadores a través de sus imágenes, de sus sonidos, de momentos precisos en los que parece reducirse toda la sabiduría o la idoneidad para expresar una idea, una emoción, un sentimiento… Sin duda, las cinco películas que constituyen este programa bien pueden ejemplificar esa adhesión a la imaginación y al recuerdo. Además, fueron también emblemas para la memoria colectiva, pues consiguieron conectar con sus espectadores contemporáneos y devolverles un imaginario más rico y complejo, donde repensarse y atesorar una memoria sobre el pasado y sobre su contexto. Hoy en día, no cabe duda de que son títulos que siguen hablando a un gran número de espectadores.
Aparece uno de los directores llamados a fortalecer la idea de un cine elaborado desde el matiz de la narración y el trabajo delicadísimo con la imagen. Víctor Erice es, sin duda, uno de los maestros en los que se han venido a mirar las tres generaciones posteriores a su debut. La progresión como autor desde un cine de ficción, respaldado en la crítica y la cinefilia, hasta otras formas de documental o, incluso, de ensayo fílmico o videoarte, hacen de su trayectoria meditada un camino por el que repensar constantemente la naturaleza del cine. Las dos películas del programa, El espíritu de la colmena y El sur, abundan en la genialidad de su tacto fílmico y la demora en la descripción de un paisaje humano y visual que, sin duda, siguen conmoviendo hoy.
Junto a él, el otro autor que ya había aparecido en la primera parte del programa y que siguió ofreciendo su genialidad es Luis G. Berlanga, del que se propone aquí La vaquilla, verdadera sátira, demasiado humana, de la Guerra civil española. En un tiempo en el que el cine que recuperaba la guerra y la posguerra era una obligación con la memoria histórica y con el necesario alivio después de casi medio siglo de dictadura, Berlanga y Azcona proponen una mirada corrosiva hacia la contienda presentando la lucha por la vida a través de una peripecia que, en su falta de épica, define la humanidad de la que son verdaderos portadores los pobres soldados, ajena a lo que implica el horror y el sinsentido de la guerra.
Los santos inocentes fue una película crucial en el advenimiento de las políticas dirigidas a afianzar el cine de calidad en la década de los ochenta. El recurso a las obras literarias referenciales de la tradición literaria del siglo XX fue una de las vertientes a las que se recurrió para hacer un cine que también forjara nuevas lecturas sobre el eterno diálogo entre el cine y el libro con el fin de evidenciar los principales temas y preocupaciones de la cultura española.
Finalmente, la obra más reciente presentada es la penúltima obra de Ricardo Franco: La buena estrella, que se organiza en torno a un drama a tres voces; las de sus tres personajes principales, interpretados por Maribel Verdú, Antonio Resines y Jordi Mollá, que protagonizan una historia sin aliento. Desde la mirada hacia la marginalidad, otro de los temas recurrentes en el cine de los ochenta y posterior, hasta la reflexión sobre la existencia pensada como una constante conexión con la vida de los otros -y la entrega a ellos y ellas-, el triángulo amoroso de estos tres personajes recuerda la claustrofobia de los entornos cerrados, donde la vida de la familia y su destrucción permea una cotidianidad imposible, cuando la pulsión por la vida y la muerte es más fuerte que la supervivencia de los propios individuos.
24 de julio: La buena estrella (Ricardo Franco, 1997)
31 de julio: La vaquilla (Luis García Berlanga, 1985)
cce.org.uy/evento/clasicos-contigo-1973-1997/
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III. DOCUMENTAL “MI QUERIDO SUPERMERCADO” BRASIL DOC MONTEVIDEO
Sinopsis:
Mientras realizan actividades extremadamente repetitivas, los trabajadores de un supermercado encuentran espacio para expresar sus dudas y sus afectos, sus miedos y sus sueños improbables. Humor, drama, misterio, romance y física cuántica conviven con cajas de leche, cortes de carne, códigos de barras y cámaras de seguridad. en el espacio confinado de un supermercado, los trabajadores no permiten que una rutina encierre su espíritu.
Dirección: Tali Yankelevich / Producción: Minom Pinho / Empresa productora: Casa Redonda / Producción ejecutiva: Minom Pinho / Dirección de fotografía: Gustavo Almeida / Edición: Marco korodi / Sonido: INPUT I arte sonora / Música: André de Cillo, Alex Buck.
País: Brasil, Dinamarca / Año: 2019 / Duración: 80´
Premios y festivales:
IDFA, VIsions du Réel, Thessaloniki, Moma Doc Fortnight, Festival Internacional de Cine de Guadalajara.
Tali Yankelevich
Tali es directora y editora de documentales en São Paulo. Realizó una maestría en dirección de documentales en la Edinburgh College of Art. Su primer corto, “The Perfect Fit”, sobre una bailarina de ballet y su zapatero, ganó el premio SXGlobal en SXSW (2012). Otros trabajos como directora incluyen el corto “A Girl´s Day” (2014) para la serie internacional de documentales “Why Poverty?”, patrocinada por The Why Foundation. Su trabajo más reciente como editora es el documental “Cravos” dirigido por Marco Del Fiol. “Mi querido supermercado” es su ópera prima en largo y fue seleccionado en IDFA, Visions Du Réel, Thessaloniki, Moma Doc Fortnight y el Festival Internacional de Cine de Guadalajara.
www.docmontevideo.com/peliculas_semana_doc/mi-querido-supermercado/
Henry Flores – El Eternauta
VEO VEO / COMCOSUR INFORMA AÑO 26 – No. 1970 – 24.07.2020
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COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR / COMCOSUR – 1994 – 19 de junio – 2020 – 26 años
Selección y producción: Henry Flores y Carlos Casares
Apoyo técnico: Carlos Dárdano
Colaboran:
ALEMANIA: Antje Vieth, Carlos Ramos (Berlín)
ECUADOR: Kintto Lucas (Quito)
HOLANDA: Ramón Haniotis (Amsterdam)
SUIZA: Sergio Ferrari (Berna)
URUGUAY: Silvio Amodei, Gustavo González, Jorge Marrero, José Antonio Rocca, Jorge Zabalza.
Carlos Iaquinandi Castro /Redacción de SERPAL.
Luis E. Sabini Fernández /Revista Futuros
Sudestada, periodismo y transparencia (Uruguay)
COMCOSUR INFORMA ES UNA PRODUCCIÓN DE COMCOSUR / COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR / Coordinación: Carlos Casares – DIRECCIÓN POSTAL: Proyectada 17 metros 5192 E (Parque Rivera) 11400 MONTEVIDEO/URUGUAY / Comcosur se mantiene con el trabajo voluntario de sus integrantes y no cuenta con ningún tipo de apoyo económico externo, institucional o personal / Las opiniones vertidas en las distintas notas que integran este boletín no reflejan necesariamente la posición que podría tener Comcosur sobre los temas en cuestión / Comcosur integra la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) /
Blog: nuevo.comcosur.org/
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