1) Argentina: Sin el reconocimiento de las diversidades sexuales no hay democracia posible
2) Argentina: Se viene el 35° Encuentro Plurinacional de mujeres, lesbianas, travestis, trans, intersexuales y no binaries
3) India: Las mujeres siempre se llevan la peor parte
4) México: Feminicidios: Falta algo más presidente
5) Paraguay: Militares secuestraron y torturaron a 35 personas, entre ellas 6 adolescentes y 3 personas trans, durante 12 horas
6) Perú: El Poder Judicial peruano dejó sin protección explícita a las personas LGBTI+
7) Uruguay: Por una ciudad feminista – ecofeminista
8) Uruguay: Brechas de género en los ingresos laborales: entre el “techo de cristal”, el “piso pegajoso” y la penalización por maternidad
9) Infamia /Veronika Engler
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COMCOSUR MUJER /Fundado por Yessie Macchi / AÑO 26 / No. 651 – Lunes 27 de julio de 2020 / Producción: Beatriz Alonso, Belén Itza y Cecilia Duffau /Apoyo técnico: Carlos Dárdano
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“Por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres” Rosa Luxemburgo
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1) ARGENTINA: SIN EL RECONOCIMIENTO DE LAS DIVERSIDADES SEXUALES NO HAY DEMOCRACIA POSIBLE
En medio de la cuarentena y sumando logros a su recorrido, se constituyó la Asociación Civil Mocha Celis. Se trata de una entidad sin fines de lucro, que surge como sostén y expansión de la labor del Bachillerato Popular Travesti-Trans Mocha Celis, la primera escuela secundaria para adultes con perspectiva de género.
A pesar de la dificultad que significó para muches el aislamiento, y en particular para el colectivo travesti-trans, desde el Bachillerato Popular Mocha Celis aprovecharon este tiempo para avanzar hacia la conformación de la asociación civil que venían proyectando desde hace tiempo, con el objetivo de ampliar el horizonte y seguir profundizando el trabajo que vienen realizando hace ya 10 años. La organización recientemente constituida es, además, la primera asociación civil aprobada bajo la resolución 1/2020 de la IGJ (Inspección General de Justicia), que fue aprobada en febrero para simplificar y hacer más económico el trámite de la personería jurídica para las organizaciones que trabajan con poblaciones en situación de vulnerabilidad y ligadas a la diversidad de género. «Lo que buscamos principalmente es promover la inclusión social y la participación política de la comunidad travesti-trans y de las identidades sexo-género disidentes», cuenta Manu Mireles, secretaria general de la Asociación Civil Mocha Celis, en diálogo con El Grito del Sur.
«La conformación fue a partir de una lógica participativa, colectiva, horizontal. Hoy, en la Junta Directiva de la asociación civil, hay egresades y distintos actores que formamos parte de la Mocha», describe Mireles, quien es además docente, secretaria académica y coordinadora del área de comunicación del bachi popular. Esta noticia llega una década después del nacimiento de la primera escuela secundaria para adultes con perspectiva de género. La Mocha viene contribuyendo al proceso de transformación social que se desarrolla en las últimas décadas a lo largo de todo el mundo, y en nuestro país en particular, a partir de la inclusión de las diversidades sexuales y la aprobación de leyes que acompañan ese proceso.
«La idea es crear también un espacio que tenga la posibilidad de dialogar con el arte y contener a las personas que participan del mismo, reconocer y valorar sus identidades, para ampliar justamente los derechos económicos, sociales y culturales del colectivo travesti-trans y no binarie», explica la secretaria general de la institución. El próximo paso es avanzar en la planificación y ejecución de los distintos proyectos que vienen trabajando desde hace algunos meses: propuestas editoriales, iniciativas culturales, formaciones en educación para docentes e instituciones, acompañamiento médico y jurídico y contención de compañeres en situación de emergencia, entre otras cuestiones.
Consultada por lo que significa para elles la conformación de la asociación civil, Mireles responde: «Haber logrado la constitución de la Asociación Civil Mocha Celis es un paso súper importante y nos representa un gran nivel de compromiso, porque hay muchas personas que hacemos parte del espacio y hay muchas organizaciones que acompañan la trayectoria de la Mocha, que excede lo que tiene que ver con las aulas o lo que tiene que ver solamente con un espacio educativo tradicional». «Es una apuesta a crecer colectivamente, a seguir trabajando con organizaciones sociales, a seguir vinculándonos con instituciones del Estado de una forma más profunda para garantizar que haya políticas sociales que sean capaces de reconocer y valorar a los colectivos travesti-trans, no binaries y de todas las diversidades», suma.
De este modo, la flamante asociación se inserta en el camino de las reivindicaciones y conquistas logradas por los movimientos de diversidad y de derechos humanos que la precedieron, evocando la visión de Lohana Berkins y reivindicando a la Mocha Celis, travesti tucumana asesinada por la policía, así como otres muches compañeres que históricamente sufrieron la exclusión por parte del Estado y de la sociedad hetero-cispatriarcal. «Tanto la Ley de Identidad de Género, como la Ley de Matrimonio Igualitario o el debate actual sobre el Cupo Laboral Trans son, por un lado, logros de muchos años de militancia y por otra parte mantienen integralmente activa la voz de las personas que forman parte de estos espacios. Pero además, y lo más importante, son diferentes estrategias y normas que lo que hacen es apostar a que la democracia sea más inclusiva», concluye la docente.
El Grito del Sur / COMCOSUR MUJER Nº 651 – 27/07/2020
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2) ARGENTINA: SE VIENE EL 35° ENCUENTRO PLURINACIONAL DE MUJERES, LESBIANAS, TRAVESTIS, TRANS, INTERSEXUALES Y NO BINARIES
Dado el contexto de emergencia sanitaria, en octubre habrá una instancia virtual y se prevé un encuentro presencial que aún no tiene fecha. “No nos vamos a correr de que en San Luis haya un encuentro cara a cara, acuerpado», señaló Noelia Aguilar, una de las organizadoras.
“No hemos podido parar ni un minuto, la pandemia nos agarró de sopetón, como a todes, pero no hemos podido parar”, contó Noelia Aguilar, parte de la comisión organizadora del 35º Encuentro. En pleno contexto de contagios por Covid-19 y con diferentes reglamentaciones para las provincias o ciudades, el 35º Encuentro tuvo que reformularse. “Empezamos a organizarnos de manera virtual (…) a principio de mes tuvimos la primera asamblea semipresencial, jugando un poco con los permisos que tenemos, porque en San Luis estamos en fase 5, podemos tener reuniones presenciales de hasta 10 personas”, señaló en diálogo con Futura en casa.
El evento está siendo pensado de dos formas: “el encuentro en San Luis se va a hacer de manera virtual y no es que esa virtualidad va a reemplazar el encuentro cara a cara (…) no vamos a permitir que queden desplazadas la cantidad de encuentreres que año a año hacen muchísimos esfuerzos para llegar y que no tienen la tecnología para acceder a esa virtualidad”. Por eso habrá, además, una instancia presencial cuya fecha aún no está determinada. «Vamos a definir seguramente en nuestra próxima asamblea la fecha definitiva del encuentro cara a cara que bajo ningún concepto va a ser remplazado por esta virtualidad que estamos pensando para octubre”.
Noelia señaló que pensar la virtualidad para un Encuentro requiere de muchas articulaciones para garantizar una transmisión de calidad. “Ya empezamos a trabajar con distintas áreas del gobierno provincial para utilizar plataformas con distintas instituciones de la provincia para pensar la virtualidad y que no se nos cuelgue frente a la masividad que puede llegar a haber, pero siempre con este objetivo: empezar a definir la fecha (del encuentro presencial), remarcó.
Somos Plurinacional
“Las primeras tres asambleas del año pasado giraron todas en torno a la resignificación del nombre. De manera contundente, de manera horizontal, logramos argumentar. Todas las voces fueron escuchadas y se definió de manera ampliamente mayoritaria», explicó con respecto a que el encuentro sea llamado plurinacional y de mujeres, lesbianas, trans, travestis, intersex y no binaries.»Dimos un debate sostenido en tres asambleas que duraban 4 o 5 horas, o más, sobre esto. Nos lo permitimos y logramos que todas las voces pudieran circular. Y que en San Luis, además de ser el primer encuentro que realizamos de estos 34 que ya se vienen sucediendo, sea el que marca un punto de inflexión en el encuentro que es la necesaria resignificación del nombre”, afirmó la encuentrera.
A su vez, Noelia destacó el trabajo que realiza la comisión plurinacional del Encuentro. “San Luis es un territorio muy complejo, los pueblos originarios en cierto modo están de manera muy institucionalizada en la provincia (…) no estamos contando con presencia de compañeres que se definan como originaries, pero está la comisión trabajando en recuperar eso. Por ejemplo, para eso han entrado en contacto con compañeras originarias de otros territorios que tienen fuerza, potencia y organización muy potente, para conocer, para indagar, para poder hacer incidencia en la provincia, porque este encuentro nos ha demostrado que es imperante, es necesario hacerlo”, afirmó.
Un Encuentro con las disidencias
En la resignificación del nombre que se da en esta edición aparecen también la disidencias en una provincia donde, durante el mes del orgullo, se quemó una bandera multicolor en el Consejo Deliberante “esta quema de la bandera nos agarró a mitad de diálogo con el Concejo Deliberante de la ciudad de San Luis, que justo a los poquitos dias voto de manera mayoritaria que el 35 Encuentro sea declarado de interés cultural, en la ciudad”.
La provincia se define como territorio huarpe, comechingón y ranquel. Noelia señaló que “esta posibilidad de organizar el encuentro también ha dado la posibilidad de terminar de salir del closet socialmente para la comunidad LGBT en San Luis. Es muy significativo desde ya, desde ahora mismo, el paso del encuentro, porque nos habilita un montón de oportunidades que a veces dan cosita en un pueblo chico”.
FM Futura / COMCOSUR MUJER Nº 651 – 27/07/2020
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3) INDIA: LAS MUJERES SIEMPRE SE LLEVAN LA PEOR PARTE
Sadhna Gupta (nombre ficticio) descubrió que estaba embarazada justo después de que las autoridades indias decretaran un duro confinamiento con el objetivo de frenar el avance de la pandemia de coronavirus.
La joven de 21 años, oriunda de la ciudad de Bhubaneswar, situada en el este del país, no quería seguir adelante con el embarazo. Sin transporte público disponible, con las clínicas cerradas y la ciudad paralizada, la joven compró una píldora abortiva sin consultar a un médico. Si bien lo que hizo no es inusual, la ley india exige que las píldoras sean recetadas por un profesional médico autorizado.
Gupta no estaba preparada para lo que pasó a continuación. Sangró durante horas y tuvo un intenso dolor. Muy asustada, llamó a Hidden Pockets, una plataforma de ayuda y asesoramiento en salud reproductiva.
«Fue una situación bastante angustiosa», explica la fundadora de la entidad, Jasmine Lovely George, que habló con Gupta durante el proceso. «Si sangras durante horas y nadie te ha explicado nada, sientes mucho miedo. Sientes mucho dolor y no sabes lo que te está pasando».
En los últimos tres meses, se han cuadruplicado las llamadas a este teléfono de ayuda de mujeres que no pueden acceder a anticonceptivos, comprar un test de embarazo o abortar.
Un sistema sanitario contra las cuerdas
La pandemia ha puesto contra las cuerdas al sistema sanitario de India y los derechos reproductivos de las mujeres se han visto particularmente afectados. Las restricciones a los viajes, el hecho de que el sistema haya destinado la mayoría de sus recursos a frenar el avance del coronavirus, el cierre de clínicas privadas y las interrupciones en las cadenas de suministro médico han impedido que las mujeres reciban atención a tiempo.
La Fundación de Servicios de Salud Reproductiva de India (FRHS) estima que las interrupciones de los servicios durante el confinamiento podrían dejar a 25,6 millones de parejas sin acceso a métodos anticonceptivos, lo que daría lugar a otros 2,3 millones de embarazos no deseados y a 834.042 abortos inseguros. Los abortos peligrosos son la tercera causa de muerte materna en India.
Cuando el Gobierno indio decretó el confinamiento el 25 de marzo, con un aviso a la población de tan solo cuatro horas, la salud reproductiva no figuraba entre los servicios esenciales que seguían operando con normalidad. Solo después de que un grupo de médicos y activistas apelara al Ministerio de Salud, el Ejecutivo la añadió a la lista el 14 de abril.
Sin embargo, desde el confinamiento, la mayoría de los hospitales públicos se han convertido en centros que asisten a los enfermos de COVID-19, y sus limitados recursos y personal se destinan a frenar la pandemia. Muchas clínicas privadas tuvieron que cerrar debido a la escasez de transporte y la falta de equipo de protección.
Los casi 900.000 trabajadores del sector salud que hasta la llegada del virus se ocupaban de la salud reproductiva y de la distribución de anticonceptivos ahora se dedican a tareas que tienen que ver con el coronavirus.
Parivar Seva Sanstha, una organización de salud reproductiva, se vio obligada a cerrar 31 clínicas que prestaban servicios de planificación familiar y aborto. Aunque poco a poco las clínicas vuelven a funcionar, el doctor Alok Banerjee, asesor técnico de la organización, señala que «no hay transporte público». «La mayoría de nuestras clientas viajan desde zonas rurales y no pueden desplazarse hasta la clínica». Algunas mujeres que han intentado desplazarse hasta estos centros médicos se han sentido intimidadas por la policía.
«La policía solo permite desplazarse para ver a un médico a aquellas personas que parecen estar gravemente enfermas», indica Ajitha Suhalka, una comadrona que trabaja en un centro de salud comunitario en la zona rural de Rajastán. «Si una mujer tiene un aspecto normal y saludable, le resulta difícil explicar en un puesto de control policial que quiere abortar». En algunas ocasiones, los compañeros de Suhalka han recogido a mujeres en sus propias motos y las han llevado a la clínica.
Desde que se inició la fase de desescalada en el país, las clínicas rurales han registrado un aumento de visitas de mujeres que han tenido complicaciones por tomar píldoras abortivas sin supervisión médica, o por visitar a médicos no cualificados.
«Las mujeres están tomando píldoras abortivas sin entender la dosis ni el procedimiento», dice Banerjee. «Luego llegan a la clínica con abortos incompletos, con un feto muerto en su interior». Alrededor del 60% de los casos en las clínicas de Parivar Seva Sanstha están ahora relacionados con complicaciones tras el aborto.
Las cadenas de suministro médico también se han visto afectadas por la prohibición de los viajes interestatales y el cierre de fábricas que producen medicamentos para la planificación familiar.
«Las mujeres siempre se llevan la peor parte»
La interrupción de un embarazo mediante el uso de píldoras está permitida en las primeras siete semanas, después de lo cual se recomienda un procedimiento quirúrgico. Según la ley india, el aborto es legal hasta las 20 semanas, excepto en los casos relacionados con una violación, una relación incestuosa o un menor, en los que puede ampliarse hasta las 24 semanas. Después de eso se necesita un permiso especial de los tribunales. Muchas mujeres indias desconocen que el aborto dentro de las 20 semanas es legal.
«Hay mujeres con embarazos no deseados que se quedaron atrapadas en sus casas durante el confinamiento, que pensaron que irían al médico cuando las medidas se relajaran», explica la doctora Nupur Gupta, director de obstetricia y ginecología del Instituto de Investigación Fortis Memorial, en Gurugram, una de las ciudades satélites de Delhi. «Ahora, o bien tienen que hacerse un aborto quirúrgico, o si han superado esa etapa irán a un curandero, o continuarán con un embarazo no deseado».
Se prevé que las medidas adicionales que deben tomar las clínicas para protegerse frente el coronavirus harán aumentar el coste de los servicios de aborto y podrían tener un impacto sobre la decisión de las mujeres de solicitar atención médica.
«Todos estos costes adicionales tendrán que ser sufragados por la paciente en un momento en que muchas personas están perdiendo sus medios de vida», señala la doctora Suchitra Dalvie, coordinadora de Asia Safe Abortion Partnership, una organización sin fines de lucro que promueve los derechos reproductivos. «Las personas que estén desesperadas probarán métodos inseguros».
George dice que en India hay «un desdén por la salud sexual y reproductiva». «La actitud es, ¿hay una crisis y quieres hablar de condones?». Y concluye: “¿Quién se lleva la peor parte? Las mujeres, siempre”.
Rebelion / COMCOSUR MUJER Nº 651 – 27/07/2020
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4) MÉXICO: FEMINICIDIOS: FALTA ALGO MÁS PRESIDENTE
La incidencia delictiva se redujo 1.4% con bajas considerables en robo, en sus diversas variantes –transporte público y de vehículo, a transeúnte–, en tanto que en los delitos federales bajó 28%, al pasar de 52 mil 352 (enero-junio de 2019) a 37 mil 618 delitos en este año. Lo anterior se escuchó el lunes 20, durante la mañanera de 2.6 horas de duración.
Mas el talón de Aquiles en la inseguridad son todavía los homicidios dolosos y los feminicidios. En el primer caso el secretario Alfonso Durazo explicó que “tenemos menos 0.8% en la tendencia de crecimiento histórica. Esta es la brecha entre la tendencia histórica y los resultados de junio. Es claramente perceptible que hay una línea de contención respecto de la evolución que habría tenido”. Dicho de otro modo, bajó el ritmo de crecimiento del ilícito que no cuenta con cifra negra como la mayoría de los delitos cometidos –excepto robo de vehículos, que disminuyó sustancialmente en 18 meses–, y los feminicidios.
Los homicidios dolosos están concentrados en su mayor porcentaje en una parte de Guanajuato, la sierra de Chihuahua y Ciudad Juárez; la región de Cajeme, Guaymas y Empalme, en Sonora; regiones del estado de México y una parte de Acapulco.
Bien por la focalización del grave problema y mal por los resultados que, con todo, son mejores que en el asesinato de mujeres por el simple hecho de serlo, niñas incluidas y que al decir de la activista Frida Guerrera (Verónica Villalvazo) creció durante la pandemia, lástima que no aporta datos duros, igual que sus compañeras. Agraviante asunto que, a mi juicio, debe asumir la sociedad no sólo los tres órdenes de gobierno, si interesa construir una vía de soluciones ajenas al protagonismo y la grilla, al golpeteo al presidente Andrés Manuel que intentan capitalizar los partidos Acción, Revolucionario, Ciudadano y el hilarante PRD y sus desplantes televisivos.
El hecho es que en junio se reportaron 99 asesinatos de mujeres (3.3 cada día), muy por arriba de los 73 que se cometieron en mayo. Se trata, además, de la cifra más elevada desde noviembre de 2018, cuando fueron ejecutadas 100, y la segunda más alta desde 2015, si nos atenemos al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Gravísimo problema para todavía magnificarlo con que en febrero se cometían 10 asesinatos diarios –de lo cual Utopía se hizo eco– y ahora las múltiples siglas feministas mencionan 12 feminicidios diarios. Y no falta quien exija que todo asesinato de una mujer sea considerado feminicidio.
Cifras aparte, estamos ante un problema macro de derechos humanos e igualdad de género, de seguridad pública y aún nacional por lo que implica para la paz con justicia, y por ello López Obrador podría hacer un esfuerzo extraordinario para desenvolver mejores iniciativas a través de la Secretaría de Gobernación y de la misma Presidencia para avanzar con mayor consistencia en proteger la vida de las mujeres y niñas, igualmente los tres órdenes de gobierno, los tres poderes de la Unión y la sociedad civil. También los corporativos mediáticos que aún privilegian los estereotipos sobre las mujeres como objeto sexual, la famosa cosificación, con su fuerte dosis de misoginia; básico tema del que poco se ocupa el feminismo liberal.
Tiene razón AMLO en que (este) “Es el gobierno que más recursos destina para combatir la pobreza, para atender las necesidades de las familias más humildes de México, y lo vamos a seguir haciendo. Es un proceso, nos va a llevar algún tiempo… me importan mucho las mujeres, su protección, el derecho a la vida.” Pero hace falta y urge algo más presidente.
Alainet / COMCOSUR MUJER Nº 651 – 27/07/2020
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5) PARAGUAY: MILITARES SECUESTRARON Y TORTURARON A 35 PERSONAS, ENTRE ELLAS 6 ADOLESCENTES Y 3 PERSONAS TRANS, DURANTE 12 HORAS
Hasta hoy, no hay ningún militar imputado por el crimen.
Juliana Quintana y Maximiliano Manzoni /La Diaria, 24 de julio de 2020
Un video mudo en blanco y negro. En medio de la noche, dos militares arrastran, golpean y empujan a seis jóvenes a la carrocería de una camioneta sin identificación. El vehículo arranca y avanza hacia destino desconocido. Parece la descripción de otra época. Pero ocurrió el 17 de julio de 2020, a la 1.48 de la mañana, en Ciudad del Este, Paraguay.
Después de lo que se reportó como un tiroteo entre marinos y supuestos contrabandistas en el río Paraná, que terminó con la muerte del suboficial Marcos Agüero, militares iniciaron una redada ilegal en el barrio San Miguel Remansito y la villa Kuwait. Al mando del capitán Walter Díaz, los marinos secuestraron de sus casas y torturaron a 35 personas, entre ellas seis adolescentes y tres mujeres trans.
La Fiscalía y la Policía se enteraron de las detenciones ocho horas después. Las víctimas estuvieron 12 horas incomunicadas en la Base Naval de Ciudad del Este, antes de que pudieran hablar con un familiar o abogado. Todo –las detenciones, las torturas, las pruebas de parafina sin la presencia del Ministerio Público– fue ilegal.
A Hugo Arsenio González lo sacaron de su casa. Dijo que los militares le derramaron agua caliente y alcohol en la cabeza. Luego lo llevaron al baño y entre cuatro empezaron a golpearlo. “Se rompió mi vena adentro con el golpe, explotó”, contó. Casi muere en la patrullera. “En el hospital me salvaron la vida”, relató a una radio local.
Fernando, un adolescente, dijo que les daban golpes con cachiporra en la espalda mientras estaban con el cuerpo al suelo. Otra víctima contó: “Nos pusieron hule, nos hacían atajar la respiración, me pegaban por mi cara”.
Cris, Sadis y R, tres mujeres trans, fueron detenidas por más de una decena de militares que entraron a su casa a medianoche luego de derribar la puerta de una patada, contaron a Agencia Presentes. “Nos sacaron del cabello, a las tres. Nos metieron a una camioneta, como perros o bolsas de basura, y nos llevaron a la base naval. Ahí comenzó nuestro calvario”, dijo Sadis López, y recuerda que las trasladaron encubiertas en mercadería. “Apenas podíamos respirar. Nos torturaban, nos pegaban con cachiporras, con palos, con sogas gruesas con las que se atan barcos. Nos decían que nos iban a hacer hombres a la fuerza”, contó.
Todos usaron una palabra para describir lo que sucedió: tortura.
Los militares también le rompieron la boca a una niña de dos años con la culata de un arma cuando estaba en los brazos de su padre, que fue detenido. A Carlos Antonio López, de 69 años, le pegaron un culatazo en la cabeza. Al día siguiente, tres adolescentes, de 15, 16, y 17 años, mostraban sus espaldas con hematomas violetas a la cámara de un celular mientras la mujer que los grababa decía: “¿Esto es el Estado de derecho?”.
Sólo durante 2013 y 2016, la Fiscalía de Derechos Humanos, que investiga desapariciones, maltrato, tortura, persecución, espionaje y ejecuciones cometidas por funcionarios públicos, recibió 873 causas contra agentes estatales. No hay datos diferenciados de las causas, pero ninguna había tenido sentencia. Una impunidad denunciada por el Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas en 2017.
El capitán Walter Díaz fue relevado del cargo luego de la muerte del suboficial Marcos Agüero. De los 35 detenidos ilegalmente, 25 fueron imputados por resistencia y por violar la cuarentena, y dos por homicidio doloso.
Al 21 de julio, ningún militar fue imputado por las torturas.
Juliana Quintana y Maximiliano Manzoni /La Diaria – Este artículo fue publicado originalmente por El Surtidor Alainet / COMCOSUR MUJER Nº 651 – 27/07/2020
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6) PERÚ: EL PODER JUDICIAL PERUANO DEJÓ SIN PROTECCIÓN EXPLÍCITA A LAS PERSONAS LGBTI+
El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, una de las más altas instancias del sistema de administración de justicia en el Perú, decidió adherirse a las “100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia para Personas en Condición de Vulnerabilidad”, pero excluyendo de forma explícita y particular a la población LGTBIQ+. Esta decisión homofóbica fue tomada en enero del presente año, pero recién circuló en julio cuando la Resolución N° 002-2020-CE-PJ llegó a las oficinas de todos los jueces del Perú. Por Verónica Ferrari
El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, una de las más altas instancias del sistema de administración de justicia en el Perú, decidió adherirse a las “100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia para Personas en Condición de Vulnerabilidad”, pero excluyendo de forma explícita y particular a la población LGTBIQ+. Esta decisión homofóbica fue tomada en enero del presente año, pero recién circuló en julio cuando la Resolución N° 002-2020-CE-PJ llegó a las oficinas de todos los jueces del Perú.
El juez supremo Javier Arévalo Vela sustentó esta decisión señalando en su escrito que la orientación sexual, en condiciones normales, es heterosexual, y que cualquier otra situación se debe a causas psicológicas y sociales. En pocas palabras, llamó a las personas LGTBIQ+, anormales, enfermas mentales o con algún trauma social, lo que es un delito pues en el Código Penal peruano, desde el 2017, se sanciona la discriminación por orientación sexual e identidad de género. Además es anticonstitucional, pues la Constitución Política del Perú protege y garantiza la dignidad de todos y todas sus ciudadanas.
La Resolución fue publicada el día de hoy en el Diario Oficial El Peruano. Esto causó conmoción en el activismo LGTBIQ+ y en algunos jueces que venían sacando adelante una serie de actividades alrededor del reconocimiento de la población LGTBIQ+. Por ejemplo, el primer Congreso Nacional de Acceso a la Justicia para Personas Víctimas de Discriminación y Violencia por motivos de Orientación Sexual e Identidad de Género, realizado en 2019. Este evento fue aprobado por el mismo Consejo que ahora decide retirar a la población LGTBIQ+ del acceso a justicia. Al respecto, el juez supremo provisional Carlos Calderón, organizador de este evento, señaló para Presentes que “esta resolución es un retroceso, un olvido total de las sentencias de la CorteIDH y un hecho doloroso, frustrante y triste a la vez”.
Anred / COMCOSUR MUJER Nº 651 – 27/07/2020
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7) URUGUAY: POR UNA CIUDAD FEMINISTA – ECOFEMINISTA
De cara a la Asamblea Feminista de Montevideo, que realizaremos de forma presencial en el Espacio Feminista Plaza las Pioneras, queremos trabajar en 5 ejes que tienen como temas transversales el combate al racismo, la promoción de la diversidad y disidencia sexual y la accesibilidad de todos los cuerpos plenos de derechos.
Para ello convocamos a un ciclo de debates virtuales a través de Zoom, que iniciará el jueves 6 de agosto. Cada eje funcionará durante dos horas y contará con intérprete de lengua de señas:
1. Espacios para la vida – 6 de agosto, 18hs
2. Cultura de la no violencia, denuncias de las violencias patriarcales – 13 de agosto, 18hs
3. Sostenibilidad de la vida – 20 de agosto, 18hs
4. Culturas no sexistas – 27 de agosto, 18hs
5. Participación social y autogestión- 3 de setiembre, 18hs
La participación es abierta a todos los colectivos feministas formales o informales, a los colectivos artísticos feministas y a personas a nivel individual que deseen contribuir a la construcción de una agenda prioritaria para el departamento de Montevideo desde la mirada feminista, anti-racista, ecofeminista, plural y diversa.
¿Cómo imaginamos una ciudad en clave de los cuidados? ¿Una ciudad que piense en las relaciones antes que en las piezas aisladas; que piense desde la complejidad para facilitar la vida; que piense desde lo público para retejer lo social? Una ciudad que priorice el consumo y la producción sostenibles. Que responda las necesidades básicas para una vida que merece ser vivida, al mismo tiempo que minimiza el uso abusivo de la naturaleza y los materiales tóxicos y las emisiones de desechos y contaminantes para no poner en peligro las necesidades de las generaciones futuras.
Repensar la ciudad desde una perspectiva feminista es dejar de producir espacios desde una lógica productivista y mercantilista y empezar a pensar en entornos que prioricen a las personas que los van a utilizar. Que los espacios estén adaptados a las diferentes necesidades de las personas y no que las personas se adapten a las condiciones del espacio. Poner a las personas en el centro, visibilizando la diversidad de experiencias y necesidades, sin tratar de homogeneizar los usos y actividades en el espacio urbano. Por eso, frente a la ciudad funcionalista, las Smart Cities u otros paradigmas alejados de la realidad de las personas, proponemos la ciudad cuidadora. Las políticas urbanas pueden contribuir al encuentro, o la destrucción, de los espacios comunes.
Cotidiano Mujer e Intersocial Feminista/ COMCOSUR MUJER Nº 651 – 27/07/2020
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8) URUGUAY: BRECHAS DE GÉNERO EN LOS INGRESOS LABORALES: ENTRE EL “TECHO DE CRISTAL”, EL “PISO PEGAJOSO” Y LA PENALIZACIÓN POR MATERNIDAD
Un estudio de la CEPAL y ONU Mujeres evidencia que las mujeres experimentan una reducción de su salario después de tener hijas o hijos.
Los avances normativos, políticos y sociales de las últimas décadas han permitido que hoy las mujeres tengan más derechos que hace 100 años. Sin embargo, las desigualdades persisten en algunos sectores, y específicamente en el terreno económico y en el mercado laboral muchas brechas de género todavía siguen sin cerrar.
Esta es una de las principales conclusiones a las que llega el informe “Brechas de género en los ingresos laborales en Uruguay”, presentado este mes por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y ONU Mujeres. El documento identifica las brechas de ingreso por género –es decir, las diferencias en las remuneraciones que reciben mujeres y varones en el mercado laboral– y explica cómo se miden.
También aporta información sobre el impacto de la maternidad en estas diferencias salariales. En ese sentido, un dato que revela es que la llamada “penalización de la maternidad” no se da sólo en los primeros meses de crianza de la hija o el hijo recién nacido, sino que persiste durante los años siguientes al nacimiento. La sobrecarga de las tareas de cuidados en las mujeres emerge entonces como una de las principales causas de las diferencias de ingresos.
Por otro lado, el estudio recuerda cuáles son las normas vigentes que buscan mitigar las desigualdades laborales en Uruguay y propone recomendaciones para enfrentar los desafíos presentes y futuros.
“Para comprender mejor cómo operan los nudos vinculados a la desigualdad económica y a la división sexual del trabajo e impulsar las mejores políticas para enfrentarlos, es imprescindible conocer y comprender lo que sucede en el mercado de trabajo”, dice el prólogo del informe. El objetivo general, agrega el texto, es “aportar insumos para el diseño e implementación de las mejores políticas y regulaciones que contemplen los esfuerzos realizados hasta ahora y permitan avanzar hacia un horizonte de igualdad de género en Uruguay”.
El estudio fue elaborado por las especialistas Maira Colacce, Julieta Zurbrigg y Mariana Mojica, bajo la supervisión de Verónica Amarante, directora de la CEPAL en Montevideo, y Magdalena Furtado, representante de ONU Mujeres en Uruguay. Su publicación contó con el apoyo financiero del Instrumento de Asociación de la Unión Europea en el marco del programa “Ganar-ganar: la igualdad de género es un buen negocio”.
“En líneas generales, el mensaje es que las brechas salariales de género continúan siendo significativas en Uruguay, y su reversión debe ser prioridad de empleadores y de políticas públicas”, sintetizó Amarante durante la presentación del informe, que tuvo lugar en el Parlamento y fue transmitido por Zoom. “En los últimos diez años hubo avances significativos en términos de políticas”, aseguró la economista, y mencionó por ejemplo la mejora en materia de licencias parentales y servicios de cuidados que fomentan la corresponsabilidad, pero –insistió– “se tiene que continuar avanzando en el monitoreo de esas políticas y en la evaluación de su impacto para alcanzar la igualdad de género”.
¿Por qué existen las brechas?
Las autoras del informe aseguran que la brecha de género en los ingresos laborales podría ser el reflejo de cinco “situaciones no excluyentes”. Las dos primeras son la existencia de discriminación o de prejuicios de género contra las mujeres en el mercado laboral, y las diferencias en sus características –como la educación y la experiencia previa– “que implican diferencias en la productividad laboral”. Otra explicación puede deberse a “diferencias culturales y/o genéticas” que son valoradas por el mercado laboral “porque se asocian con una productividad mayor”, como por ejemplo la ambición o la competitividad.
En la actualidad, estas interpretaciones “parecen haberse tornado menos relevantes por la mejora de las características vinculadas al empleo de las mujeres en relación a los varones y por el combate explícito a la discriminación a través de leyes y normativas”, plantean las especialistas. Ponen el foco entonces en las otras dos explicaciones: la segregación laboral y la penalización por maternidad.
La segregación laboral por género es “la tendencia a que las mujeres se concentren en ciertos puestos de trabajo que están asociados a menores niveles de productividad y, en general, a menores niveles salariales”, explicó Amarante. Se identifican dos tipos: la segregación horizontal –entre ocupaciones– y la vertical –respecto de la escala jerárquica o de tareas dentro de cada lugar de trabajo–. “En la medida en que las mujeres se ocupen más en trabajos peor remunerados”, dice el estudio, “sus salarios serán inferiores a los de los hombres en promedio, dado el resto de las características”.
La segregación vertical es uno de los fenómenos más considerados en la última década para explicar las brechas de género, ya que las mujeres tienen cada vez más educación y experiencia, pero aún no logran acceder a los puestos de decisión en las empresas, dice el informe. Esta ausencia de las mujeres en los puestos jerárquicos puede explicarse por dos mecanismos. El primero es el conocido “techo de cristal” y tiene que ver con que las mujeres son promovidas a un ritmo menor que los hombres, por lo que cuando finalmente acceden a los puestos jerárquicos sus ingresos no aumentan en la misma proporción que los de ellos. El segundo mecanismo es el llamado “piso pegajoso”, un “patrón de empleo que mantiene mayoritariamente a las mujeres en los puestos más bajos de la escala jerárquica y, por lo tanto, con menores ingresos y menores posibilidades de ascenso”.
Algunos estudios recogidos por el informe de la CEPAL y ONU Mujeres revelan que en Uruguay la discriminación es el factor más relevante para la explicación de la brecha salarial. De hecho, especifica el documento, esas investigaciones “determinan que, si no existiera discriminación, la brecha salarial favorecería a las mujeres, porque son más productivas que los varones”. Otros trabajos, en cambio, señalan la segregación laboral como un factor explicativo de las brechas salariales en el país.
El castigo por ser mamá
La maternidad es otra de las cuestiones que pueden incidir en la brecha salarial. El informe asegura que la evidencia encontrada a nivel internacional muestra que “las mujeres tienen una penalización salarial por ser madres, mientras que no hay modificaciones en los ingresos de los varones” que deciden ser padres. Tampoco hay modificaciones en la remuneración de mujeres de las mismas características que no decidieron ser madres.
De acuerdo con el informe, esta penalización por maternidad puede deberse a los mismos factores que se analizan para la brecha de ingresos: discriminación de los empleadores hacia las madres, diferencias en la experiencia profesional por haberse retirado del mercado laboral para la crianza, diferentes preferencias entre las mujeres que deciden ser madres y las que no, o segregación de las madres en empleos peor pagos que faciliten la compatibilización del trabajo remunerado con las tareas de cuidado.
En Uruguay, el único estudio disponible que permite identificar el impacto de la maternidad en el ingreso laboral es el de la economista Martina Querejeta, que se basa en los datos de mujeres ocupadas en la actividad privada formal que hicieron uso del subsidio por maternidad por primera vez entre abril de 1997 y abril de 2015. Las mujeres tenían entre 18 y 40 años de edad y se encontraban empleadas durante el año previo al inicio del subsidio.
Con base en ese trabajo –que recoge registros administrativos del Banco de Previsión Social–, el informe de la CEPAL y ONU Mujeres analiza los efectos de la maternidad en la historia laboral de las mujeres. Uno de los principales resultados que emergen es que, durante el primer año después del nacimiento, el salario total de las madres se reduce 19% en comparación con el de mujeres con características similares que no tuvieron hijos. El estudio muestra una caída abrupta en el cuarto mes luego del nacimiento, que coincide con el fin del subsidio maternal.
Pero la penalización no logra revertirse en el mediano y largo plazo, ya que el salario mensual alcanza una reducción de 42% diez años después de la maternidad. “Esta persistencia en el tiempo nos indica que ahí está el nudo entre la carga asociada al trabajo doméstico y la inserción en el mercado de trabajo; allí hay una parte muy importante de la brecha entre hombres y mujeres”, explicó Amarante.
Parte de esta reducción en los ingresos se debe a que las mujeres que son madres trabajan 60% menos que las mujeres que no tuvieron hijos, en términos de horas. La otra parte, dice el informe, se explica por ingresos por hora menores que las mujeres que no son madres: al año de la maternidad, el salario por hora alcanza una reducción de 6%, que se acentúa en el largo plazo hasta alcanzar una baja de 25%.
“Esta comparación, que es bien rigurosa, entre mujeres que tuvieron y no tuvieron hijos nos muestra claramente que la penalización por maternidad existe en Uruguay, y no sólo es persistente sino que lo es durante muchos años”, señaló la representante de la CEPAL.
Buscar soluciones
La vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, celebró durante la presentación del informe que un “documento público” se haya “arriesgado” a hablar de la penalización por maternidad. “En un país donde siempre se nos habla de lo delicado de la situación por tener tan baja natalidad y una población avejentada, vemos que el estudio muestra claramente que tener un hijo implica un descenso salarial, un castigo que además persiste a lo largo del tiempo”, cuestionó Argimón. “Cuando se habla de los avances en el ejercicio auténtico de los derechos de las mujeres, también debe tenerse en cuenta lo que implica querer desarrollar paralelamente el ejercicio del derecho laboral y el ejercicio de la maternidad. Evidentemente, hay temas que no estamos solucionando”, puntualizó.
Para la vicepresidenta, además, este fenómeno “somete” a las nuevas generaciones a la necesidad de tener que dirimir, en determinado momento de su vida, si ser madres o participar en el mercado laboral, porque no hay garantías de que se pueda hacer las dos cosas en simultáneo sin tener consecuencias.
El ministro de Trabajo, Pablo Mieres, ratificó que la penalización por maternidad es uno de los tres problemas que acentúan la brecha de género en los ingresos –junto con la poca participación de mujeres en el mercado laboral y el “techo de cristal”– y uno de los que han quedado “más en evidencia” en los últimos años. “En un país que tiene las tasas de crecimiento demográfico y de natalidad tan bajas, es tremendo que el costo de la maternidad sea un deterioro de sus condiciones de trabajo y de su remuneración”, aseguró.
Según el ministro, “es clave desarrollar modalidades que fomenten el cuidado compartido y las licencias no sólo por maternidad sino por parentalidad, es decir, de madres y de padres”. Reconoció que a nivel normativo Uruguay “ha avanzado algo”, pero insistió en la necesidad de “buscar la manera de que eso sea una opción mucho más prevalente en las decisiones cotidianas”, específicamente en materia de corresponsabilidad de los cuidados, un “tema cultural que está vigente desde tiempos inmemoriales”.
Las autoras del informe aseguran que para reducir las brechas salariales “Uruguay no debe empezar de cero”, ya que en las últimas décadas ha adoptado medidas, normas y regulaciones que van en ese sentido. “El país se encuentra frente a la oportunidad de, entre otras cosas, realizar mayores esfuerzos”, exhortan, entonces. Y recomiendan adoptar “medidas de transparencia empresarial” –por ley o por iniciativa propia de los empleadores privados–, generar políticas que apunten a reducir la segregación ocupacional y las interrupciones laborales de las mujeres –como, por ejemplo, políticas de cuidados que permitan reducir la carga de trabajo no remunerado de las mujeres en el hogar– y equiparar el salario mínimo entre distintos sectores. Otra de las sugerencias del estudio es evaluar y adaptar políticas (públicas y corporativas) de licencias maternales, paternales y parentales, “de modo que permitan reducir efectivamente el impacto adverso de la maternidad sobre las trayectorias laborales”.
La Diaria / COMCOSUR MUJER Nº 651 – 27/07/2020
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9) INFAMIA
Veronika Engler /domingo, 26 de julio de 2020
Conocí desde muy pequeña a Daniel Viglietti, después vino la dictadura y con ella las distancias, pero tuve la enorme suerte de contarlo entre nuestros amigos hasta el día de su muerte. El Daniel que conocí era un hombre tremendamente solidario, un luchador por los Derechos Humanos, amigo de sus amigos, inteligente, desinteresado y talentoso. Jorge y yo compartimos muchos momentos con él, con Lourdes, con mi padre, Inger y otras/os amigos. En el acuerdo o la discrepancia siempre existió respeto y su proceder honesto amerita que se abra un espacio de duda frente a lo que hoy sucede. Lo respetamos, admiramos y queremos, por eso me duele tanto la rapidez de mucha gente en apoyar acusaciones que hasta el momento no tiene fundamentos sólidos.
Si Daniel Viglietti estuviera vivo habría cumplido 81 años el pasado 24 de julio. A raíz de la acusación del periodista Nelson Díaz, posteriormente reafirmada en un posteo por Lucía Viglietti Forner, se responsabiliza a Daniel de violar a una niña de 10 años cuando él tenía 27, o sea en 1966. 54 años más tarde y sin que él pueda defenderse, la sobrina tira una piedra y esconde la mano. No sé qué edad tenía ella en ese entonces, ni tampoco entiendo por qué casi tres años después de la muerte de su tío publica ese post y luego desaparece. Es una acusación muy seria que realizada de esta manera no le hace ningún favor a la supuesta víctima, le quita seriedad, la convierte en circo. Además pone en evidencia la responsabilidad de toda una familia por haber callado en lugar de hacer la denuncia. Intenté entrar a la página de Facebook de la denunciante, pero no lo logré, parece que la cerró. Les pido que, si no les importa la memoria de Daniel, respeten a Trilce y a Lourdes cuando suelten juicios de valor basados en lo que hasta ahora parece ser una campaña de desacreditación.
Leo con asombro que mucha gente postea afirmando: “Yo le creo a la víctima”. Les recuerdo que hasta ahora la supuesta víctima no se manifestó ni sabemos quién es, lo que resta credibilidad a todo esto. Lo que creen es lo que dice un periodista y los post de Lucía Viglietti.
Me apena reconocer entre la gente que insulta y replica la “noticia” a quienes otrora levantaron a Daniel como digno representante de la integridad y los valores morales. Resulta que ahora, en macabra fiesta de impunidad de las redes, varias personas manifiestan que lo sabían. Hipócritas y cómplices, ¿si lo sabían, por qué no hicieron nada?
El periodista no deja en ningún momento claro en que pruebas se basa para acusarlo y la sobrina tira la bomba y luego se retira. Comencemos con Nelson Diaz, que escribe en su muro de Facebook: “Sabían que este miserable, abyecto, que cantaba para el pueblo violó menores? La muerte no redime. VIglietti violador. Hablen con la familia y lo sabrán.” Al decir que “violó menores”, ¿lo acusa de más casos? No me queda claro. También publica en su muro: “Fin de la discusión. Daniel Viglietti violó una menor. En mi ética, más allá de su obra, es un miserable. Un hijo de puta. Este pedófilo podría haber violado a tu hija. Cantá a desalambrar.” Claramente induce al odio y a la violencia verbal, intenta (y en muchos casos lo logra), manejar la opinión de quien lo lee, lo hace personal: “Este pedófilo podría haber violado a tu hija.”, lo coloca en tu casa, junto a tus hijas. para despertar alarma ¿No se dan cuenta de lo tendencioso que es y cómo intenta que tomemos partido por una víctima que es hasta ahora inexistente? La ética profesional del señor Nelson Díaz ofrece serias dudas, como periodista tiene la obligación moral de investigar los hechos antes de hacerlos públicos y de presentar algo más que insultos categóricos, deslindandose de la responsabilidad con la frase: “iHablen con la familia y lo sabrán.”
Por otro lado, la sobrina escribe: “Hay mucha gente que lo sabe, de hecho quien era su esposa en ese momento lo supo por boca de él y se separó de inmediato”. Evidentemente el “periodista” no se contactó con la ex esposa para confirmarlo, pero hoy lo hizo una persona de mi total confianza y comprobó de boca de la ex esposa de Viglietti que no era cierto. Entonces, la señora Lucía miente en eso, lo que a mi entender pone en tela de juicio toda la afirmación. Lucía involucra a una persona que ni siquiera estaba enterada de lo que sucedía y que quedó muy asombrada en el momento de saber sobre la acusación.
También escribe: «Tampoco voy a aclarar y explicar más nada. Entiendo que fue una figura pública y un referente importante para muchos, pero eso no quita que, así como tuvo sus luces, tuvo sus sombras. El que quiera creerlo bien y el que no, en su derecho está». Como verán se lava las manos, tiro eso y hasta luego…
Asusta pensar que podemos escribir y acusar a cualquier persona de lo que queramos y que la opinión pública, lejos de pedir que se demuestren los hechos y analizarlos, nos va a incinerar como en tiempos de caza de brujas. Hoy somos los verdugos de las redes sociales, me tocó vivirlo con personas muy cercanas, los vi ser admirados hasta el furor y condenados tras un audio o algún disparate en redes con mentiras muy burdas y fácilmente desechables. Por eso me debo y les debo respeto antes de actuar como la inquisidora que lleva la antorcha.
Un tema tan serio no se puede manejar con supuestos. A pesar de la poca claridad de las acusaciones, arremetieron sin abrir el más mínimo paréntesis de duda. Un tema muy mal manejado y con mucha falta de respeto. No me queda duda de que quien comete una violación, en el año y en el momento que sea, debe ser repudiado y si está vivo castigado, pero no nos hagamos eco de todas las campañas de enchastre que escuchamos, hay que investigar y corroborar antes de sentenciar.
Veronika Engler/ COMCOSUR MUJER Nº 651 – 27/07/2020
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“Siempre he partido de una idea elemental: la de que la verdad no necesita ser justificada por la adecuación a un objetivo superior. La verdad es la verdad y nada más. Debe ser servida, no servir.”
Eugenia Ginzburg / “El vértigo”.
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