1) Brasil: Excluye del informe anual sobre violaciones a los Derechos Humanos los datos de violencia policial
2) El Salvador: organizaciones feministas exigen liberación de mujeres encarceladas por emergencias obstétricas
3) Chile: “El nombramiento de Mónica Zalaquett es otro reflejo de esta sociedad patriarcal”
4) Estados Unidos: Angela Davis: las protestas antirracistas en EEUU: «Me siento agradecida por estar viva y poder presenciarlo»
5) Uruguay: La crisis del covid-19 acentúa la brecha de género en la academia
6) Uruguay: Estudio “Violencia en casa”
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COMCOSUR MUJER / Fundado por Yessie Macchi / AÑO 17 /No. 645 – Lunes 15 de junio de 2020 / Producción: Beatriz Alonso y Belén Itza / Apoyo técnico: Carlos Dárdano
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“Por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres” Rosa Luxemburgo
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1) BRASIL: EXCLUYE DEL INFORME ANUAL SOBRE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS LOS DATOS DE VIOLENCIA POLICIAL
El Ministerio de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos argumentó que “hay inconsistencias en los registros” y hace falta un “estudio más profundo”
La Diaria, 13 de junio de 2020
La línea telefónica Disque 100 fue creada en Brasil en 1997 para atender denuncias de violencia y violaciones a los derechos humanos, y desde 2003 depende del gobierno federal, actualmente del Ministerio de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos. Entre las denuncias se incluyen las de violencia doméstica y de género, y también la ejercida por policías contra civiles. A partir de esos datos, se elabora un informe anual.
Pero esta vez el gobierno que encabeza Jair Bolsonaro omitió dar información sobre las denuncias contra la Policía. Los números sobre violencia policial, según informó la agencia de noticias Reuters, figuran en los informes de los años 2017 y 2018, pero en el de 2019, divulgado en mayo y que recoge las denuncias que se hicieron durante el primer año de gobierno de Bolsonaro, ni siquiera se menciona la denominación “violencia policial”.
En los informes más recientes, este tipo de violencia venía en aumento. En 2016 las denuncias de abusos policiales fueron 1.009, en 2017 aumentaron a 1.319 y en 2018 llegaron a 1.637.
En un comunicado, el ministerio que encabeza la pastora evangélica Damares Alves dijo que los datos sobre violencia policial no fueron divulgados “porque fueron indentificadas inconsistencias en estos registros”. La cartera agregó que estas denuncias serán analizadas en un “estudio más profundo” antes de su difusión.
Desde los tiempos en que fue diputado, el ultraderechista Jair Bolsonaro siempre fue un firme defensor del Ejército y la Policía, y varias veces se manifestó a favor de lo que él llama “exclusión de ilícito”, mecanismo por el cual no se aplicaría sanción alguna contra integrantes de las fuerzas de seguridad por actos cometidos en el ejercicio de su función. Entidades dedicadas a los derechos humanos entienden que esta idea de Bolsonaro constituye una especie de carta blanca para los abusos por parte de los efectivos policiales.
Para la fiscal del Ministerio Público de Río de Janeiro, Andrea Amin, que investiga asesinatos cometidos por policías en ese estado, la omisión de información sobre la violencia policial en el informe “era esperable”. Según dijo a Reuters Amin, Bolsonaro “no cree que la violencia policial sea una violación a los derechos humanos. Para él toda acción policial es legal, legítima y necesaria, y todos los que se oponen a esta son delincuentes”. Agregó: “Así de básico es nuestro presidente”.
“El Ministerio Público Federal tiene un área de derechos humanos y ellos deberían cuestionar, aunque sea mínimamente, este cambio de criterio en el informe. La omisión de estos datos debe ser justificada”, dijo Amin.
Por su parte, Ariel de Castro Alves, abogado e integrante del grupo Tortura Nunca Más, dijo a Folha de São Paulo que la decisión de no difundir estos datos en el informe parece haber sido tomada debido a “alguna orden”, pensando en las bases de Bolsonaro, “que tiene su principal apoyo en las policías estaduales” y “especialmente en los policías militares, que son los principales denunciados”. Para Alves, “es inaceptable e inusitado no tener el registro de violencia policial dentro de las violaciones a los derechos humanos, más aun teniendo en cuenta los antecedentes históricos de este ítem”.
“Si hablamos de violación a los derechos humanos, lo primero que se nos viene a la cabeza es la violencia policial. Esta omisión es hacer de cuenta que la violencia policial no existe en Brasil”, agregó.
Para el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Brasil, Hélio Leitão, la exclusión de estos datos por parte de la administración de Bolsonaro no es sorpresiva, debido a la falta de transparencia que a su entender hay en el actual Ejecutivo. “Parece que hay algo que esconder”, dijo Leitão, y agregó que “todos los indicios apuntan a un aumento notorio de la violencia y de la letalidad policial en todo el país”.
“Hay datos –para hablar de sólo un estado donde esa cuestión es crónica– de que durante el año 2019 la letalidad policial aumentó 92% en el estado de Río de Janeiro. Nada más ni nada menos que 92%”, agregó. Según Leitão, existe un vínculo directo entre el aumento de la violencia policial y los discursos de los altos funcionarios, en este caso del gobernador de Río de Janeiro, Wilson Witzel, abogado y ex marino, que llegó al cargo con un perfil político agresivo y proclive al uso de la fuerza. “Vemos un vínculo directo de las señales dadas por el representante más alto del gobierno en relación con un incentivo real a la violencia y la letalidad policial”, agregó Leitão.
En su opinión, este fenómeno surge también desde el Palacio de Planalto, la sede del Ejecutivo brasileño. “Cuando tenemos un presidente de la República que fomenta este discurso de violencia y de eliminación del otro, ese reflejo es inevitable”, concluyó.
La Diaria / COMCOSUR MUJER Nº 645 – 15/06/2020
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2) EL SALVADOR: ORGANIZACIONES FEMINISTAS EXIGEN LIBERACIÓN DE MUJERES ENCARCELADAS POR EMERGENCIAS OBSTÉTRICAS
En El Salvador la población carcelaria hasta diciembre de 2018 era de 39,642; de estos, 27,719 eran condenados y 11,923 tenían calidad de procesados. En cuanto a sexo 3,490 son mujeres (8.80%) y 36,152 son hombres (91.20%), según el portal de transparencia de la Dirección General de Centros Penales. Datos de World Prison Brief, indican que en El Salvador hay 597 prisioneros por cada 100,000 habitantes, y lo ubican como tercer país con mayor hacinamiento carcelario.
Ante la pandemia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha pedido a los Estados conceder libertad anticipada a grupos de riesgo como personas mayores, mujeres embarazadas o con niños a su cargo “vale la pena señalar que muchas de las salvadoreñas encarceladas de manera injusta tienen hijos menores de 12 años que les esperan en casa, fueron detenidas de manera arbitraria o ya cumplieron un tercio de las condenas que nunca debieron haber recibido” manifiestan en el comunicado.
Ese organismo ha señalado que las medidas de descongestión carcelaria deben ser transparentes y aplicadas sin criterio de discriminación alguna.
En marzo de este año el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU concluyó que en el país ocurren detenciones arbitrarias a mujeres que han tenido emergencias obstétricas.
“El marco normativo salvadoreño es discriminatorio pues restringe los derechos humanos y la dignidad de las mujeres al criminalizar el ejercicio de sus derechos reproductivos y las conductas que son el resultado directo de la falta de acceso a servicios de salud, esa situación se agrava mucho más en el contexto de la pandemia por COVID-19 pues las mujeres detenidas de manera arbitraria se exponen al contagio del virus como un riesgo adicional” explican en el comunicado.
Asimismo, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha pedido que durante la crisis sanitaria se investiguen todas las presuntas violaciones a los derechos humanos en el contexto de la aplicación de las medidas para responder al COVID-19.
“La Alta Comisionada dejó claro que los Estados tienen la obligación de respetar los derechos humanos de la población carcelaria evitando amenazas de salud pública y para ello reiteró que deberían adelantarse medidas de descongestión poniendo en libertad reclusos y reclusas que están detenidos y detenidas sin motivos jurídicos suficientes. Ese es el caso de las mujeres que están encarceladas arbitrariamente en El Salvador”.
Experiencia en otros países
A nivel mundial muchos países han acatado las recomendaciones de la ONU al respecto de la reducción de población penitenciaria para mitigar la pandemia. En América Latina varios Estados se han alineado en ese mismo sentido y les han permitido la libertad a poblaciones en contextos de vulnerabilidad buscando contener la transmisión del COVID-19.
En Chile se ha otorgado la libertad a mujeres que hayan cumplido un tercio de la condena; les quede por cumplir un saldo igual o inferior a los 36 meses; y estuvieren embarazadas o tuvieren un hijo o hija menor 2 años que resida en la unidad penal.
En Colombia se le ha dado el beneficio de detención domiciliaria a mujeres gestantes o con hijos menores de tres años, dentro de los establecimientos penitenciarios, o también a personas con medidas de detención preventiva por delitos culposos.
En México se ha concedido la libertad a mujeres acusadas del supuesto delito de aborto, y por extensión a personal de salud que haya llevado a cabo el procedimiento sin violencia y con consentimiento de dicha mujer.
En Brasil se ha recomendado la revisión de detenciones provisionales para liberar a mujeres gestantes, lactantes o madres o personas responsables de niños de hasta 12 años o de personas con discapacidad, así como adultos mayores, indígenas, personas con discapacidad o personas en grupo de riesgo.
En Nicaragua fueron excarceladas 1,700 personas que no tenían antecedentes penales y que eran acusada de delitos por los cuales se aceptaban fianza de algún tipo.
“Es claro que los países de la región han dejado en libertad a un gran número de mujeres tenido en cuenta condiciones similares como ser madres, ya sea ya sea que sus hijos o hijas menores de edad se encuentren dentro o fuera de la prisión; estar detenidas de manera preventiva; o haber cumplido una porción considerable de la pena que les fue impuesta. De ese modo,
Las organizaciones recuerdan a El Salvador, que como Estado integrante de la Organización de Estados Americanos y de las Naciones Unidas, debe alinearse con las recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos y debe seguir el ejemplo de las naciones que han dado pasos para reducir la población penitenciaria como medida para contener la expansión del COVID-19.
“Urge otorgar libertad a las personas que cumplan con los requisitos señalados, permitiéndoles buscar un lugar que garantice las condiciones adecuadas de salud para prevenir el contagio”, expresan en el comunicado.
En medio de una de las peores crisis de salubridad que ha sufrido la humanidad, muchas mujeres en El Salvador siguen en prisión de manera indebida: ya sea porque fueron detenidas de manera arbitraria o porque les fueron impuestas condenas inmerecidas por un delito que no cometieron.
Las organizaciones enfatizan que las salvadoreñas encarceladas de manera injusta por haber tenido una emergencia obstétrica son mujeres que hace mucho debieron gozar de la libertad y, hoy, ante la crisis por COVID-19 no merecen estar expuestas a un riesgo mayor.
Nodal / COMCOSUR MUJER Nº 645 – 15/06/2020
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3) CHILE: ORGANIZACIONES FEMINISTAS Y SERNAMEG: “EL NOMBRAMIENTO DE MÓNICA ZALAQUETT ES OTRO REFLEJO DE ESTA SOCIEDAD PATRIARCAL”
El día de ayer el presidente Sebastián Piñera tomó el juramento de Monica Zalaquett en el cargo del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género tras la sorpresiva renuncia de Macarena Santelices en un fugaz paso por la cartera. Sin embargo, la militante UDI que se encontraba en Subsecretaría de Turismo fue duramente criticada a las horas después de asumir el puesto.
Al igual que su antecesora, las organizaciones feministas la calificaron como una mujer no capacitada en materias de género traduciendo este cambio como “más de lo mismo” y que vendría a sustentar otra vez la precariedad en la que encuentran las políticas y mecanismos de protección del ministerio hacia las mujeres.
Al respecto se refirió la vocera del Movimiento 8M de Concepción, Francisca Rubio: “Ninguna está dando el ancho, se encuentran con un movimiento concreto y contundente donde estamos mucho más organizadas que otros años, con unas demandas claras. Si ponen a una mujer que no comparte las exigencias ni los ideales que estamos pidiendo, no sentirá nunca el respaldo desde las organizaciones feministas”.
En su cuestionada trayectoria, se encuentran unos polémicos dichos y opiniones, puesto a la luz gracias a los cibernautas. Entre ellos, su calificación de “valiente” a una niña de 11 años que decidió tener a su hijo luego de quedar embarazada tras ser abusada por su padrastro. También su postura contra el postnatal extendido calificándolo como una “guillotina laboral” para las mujeres en su votación del 2010. Esto sumado a su postura contraria contra la adopción homoparental y matrimonio igualitario, haciendo énfasis en la idea de “hombre y mujer” para la realización de ambos.
Monica Zalaquett también participó de un lobby aprobando solicitudes formuladas por Casinos Marina del Sol empresa representada por Triangular Integración Estratégica, la firma de lobby fundada por ella misma y que ahora está en manos de su hermano Pablo Zalaquett, quien está siendo investigado por lavado de dinero.
“Estamos viendo que hay una mujer que no está entendiendo el mensaje de las feministas, sigue trasformando el mensaje en términos economicistas. Desde el gobierno se siguen normalizando acciones que violentan estructuralmente” enfatiza Rubio.
Asimismo, se menciona la disconformidad en la que se encuentran las organizaciones de mujeres con el gobierno y su gestión, apuntando que las estrategias empleadas solo se han preocupado de hacer negocios de la pandemia lucrando con la incertidumbre y posponiendo todo lo que respecta a las políticas en un contexto que ahonda aún más las crisis de género generando más violaciones, abusos, violencia y femicidios.
Finalmente, la campaña #NotenemosMinistra sigue en pie por parte del Movimiento 8M y coordinadoras feministas, quienes se encuentran firmes en la crítica enfatizando en el compromiso que requiere el cargo, el que debe estar sujeto con una mujer capacitada en políticas de género y con una perspectiva afín a las demandas de mujeres y niñas.
Valentina Luza/ Medio a Medio / COMCOSUR MUJER Nº 645 – 15/06/2020
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4) ESTADOS UNIDOS: ANGELA DAVIS: LAS PROTESTAS ANTIRRACISTAS EN EEUU: «ME SIENTO AGRADECIDA POR ESTAR VIVA Y PODER PRESENCIARLO»
La histórica filósofa y activista afroamericana participó el pasado sábado en un debate y compartió sus reflexiones sobre la ola de protestas antirracistas que atraviesa Estados Unidos.
Para Angela Davis no hay duda. Las dos semanas de protestas en todo Estados Unidos contra el racismo y la brutalidad policial son un momento histórico. En concreto, considera que es la expresión «más intensa» del antirracismo que ha vivido nunca el país, algo que achaca en buena medida a años de trabajo activista que ha logrado cambiar la mentalidad de buena parte de la población. Hablar de racismo sistémico o estructural, a juicio de la prominente activista feminista afroamericana, ya no es algo minoritario, empieza a ser parte de la cultura dominante.
Estas fueron algunas de las reflexiones que compartió Davis el pasado sábado en un debate online organizado por los colectivos Rising Majority y el Movimiento por las Vidas Negras. A lo largo de la charla, en la que participaron varios activistas antirracistas, la célebre filósofa compartió su punto de vista sobre las causas que han confluido hasta el actual estallido social, el papel del activismo o las demandas del movimiento en estos momentos que, según aseguró la mujer de 76 años, se siente afortunada de poder presenciar tras toda una vida dedicada a la lucha por los derechos civiles. «Sigo aprendiendo de las generaciones más jóvenes de activistas que están haciendo todo esto posible, permitiéndonos imaginarnos realmente lo que, como dijo Nina Simone, se puede sentir al ser libre», apuntó.
Son varios los factores que, en su opinión, explican las protestas que han llenado las calles de más de 100 ciudades estadounidenses tras el caso de George Floyd, asfixiado por un policía en Minneapolis. «La confluencia de la pandemia de COVID-19, la presidencia actual por supuesto, la increíble organización del feminismo antirracista durante la pasada década, especialmente desde la revuelta de Ferguson [protestas de 2014] y los recientes asesinatos de Ahmaud Arbery, Breonna Taylor, Tony McDade y George Floyd han creado esta combinación única», afirmó Davis. Que todo el mundo pudiera ver sus últimos nueve minutos de vida, dijo por videoconferencia, fue la «chispa» que prendió la llama.
«La organización antirracista que ha habido durante este periodo reciente, incluso cuando parecía que no había nadie escuchando fuera de las comunidades negras, ha marcado una gran diferencia. Lo destaco porque no siempre tenemos la oportunidad de ser testigos de los resultados, de forma tan espectacular, del activismo y su trabajo intelectual, que cambian la mentalidad de la gente y comienzan a modificar las narrativas de la cultura dominante en muy poco tiempo», agregó. «Ahora, dentro de la cultura dominante, escuchamos comentarios sobre el racismo sistémico, el racismo estructural, el racismo institucional».
Estados Unidos, prosiguió la teórica antirracista durante el debate, tampoco había vivido nunca manifestaciones «tan masivas y sostenidas» tanto en las grandes ciudades como en los pueblos pequeños. «A la vez, es importante reconocer que esta conciencia del racismo es global. Nuestras hermanas y hermanos en el continente africano, en Sudamérica….», aseguró Davis, que mencionó en concreto el ejemplo de Brasil: «Sufren los mismos problemas [de violencia policial] que nosotros en este país y con frecuencia con mayor intensidad». Para ella, el papel de los activistas en este momento, sostuvo una vez más, «debe ser demostrar las conexiones entre el capitalismo mundial y el racismo globalizado, el capitalismo racial desde la época de la esclavitud hasta el presente».
«La pregunta va a ser qué hacemos después»
«Diría que estamos en medio de la más intensa expresión de sentimiento colectivo antirracista que este país nunca ha visto», agregó Davis en otra de sus intervenciones. Sin embargo, opina que, después de más de 10 días de protestas, los esfuerzos deben concentrarse en el «ahora qué».
«Hemos visto 11 días de manifestaciones masivas y marchas de todo tipo. Pero esto pasará. Las manifestaciones no continuarán para siempre y creo que es nuestra responsabilidad como organizadores y activistas», aseveró, como involucrar a «aquellos que han sentido que participar en las manifestaciones es un primer paso para hablar en contra de los sistemas racistas de siglos de antigüedad en este país». «Hay mucha gente nueva ahí fuera», añadió Davis, quien puso el ejemplo de su joven sobrina, que ha sido hasta ahora «bastante apolítica». «Nos escribió hace poco una carta a mis hermanos y a mí agradeciéndonos el trabajo que hemos hecho y ahora está ahí, en las manifestaciones (…) Tenemos que prepararnos para una organización tan intensa como lo han sido estas esperadas manifestaciones».
«Así que la pregunta va a ser qué hacemos después. ¿Cómo aprovechar este momento? Porque todos conocemos el trabajo real, no importa cuán impresionantes sean las manifestaciones, el trabajo real no está grabado en video, no sale en televisión, es el trabajo que todos vosotros habéis estado haciendo día a día organizando y concienciando, así que la pregunta es cómo pasamos de este momento al siguiente», señaló. También subrayó el papel del arte y la cultura, así como de la música, en el cambio de mentalidad y «la globalización de la conciencia antirracista».
A diferencia del resto de participantes, que hasta entonces no habían sacado el tema, Davis se refirió a las próximas elecciones presidenciales de noviembre. «Con el candidato demócrata siendo quien es [Joe Biden], no creo que haya mucha inclinación hacia este debate, pero tenemos que tenerlo: hablar de cómo utilizar la política electoral de forma que nos ayude a ampliar la arena para organizarnos. Así que no se trata de elegir a alguien que creemos que nos va a representar, sino de elegir a alguien sobre el que podamos ejercer el tipo de presión que amplíe el terreno de la política radical», opinó.
«Se arresta a policías, pero la estructura es aún racista»
La temática del debate era cómo forjar una «estrategia abolicionista para la defensa de las comunidades negras». Davis, férrea crítica del sistema penitenciario que apoya abiertamente la abolición de las cárceles, volvió a pronunciarse sobre esta cuestión y enmarcó en este movimiento algunas de las demandas que están cobrando fuerza en las actuales protestas, como la desfinanciación de la policía. «Lo que para mí es más emocionante de este momento es la forma en que los jóvenes están construyendo sobre las luchas que tuvieron lugar antes y llevándolas mucho más lejos de lo que cualquiera de nosotros podría haber imaginado», recalcó. «Me siento muy agradecida de seguir viva en este momento para presenciar, en nombre de todos mis camaradas que han caído, cómo todos vosotros nos estáis haciendo avanzar».
«Hace muchos años, cuando empezamos a hablar de la abolición, la gente pensaba que estábamos completamente locos. ¿Qué quiere decir abolir nuestras prisiones, qué vamos a hacer con todos los asesinos y los violadores? ¿Qué quiere decir controlar la policía? Toda esa demanda de control comunitario de la Policía se ha movido hacia una posición de cuestionar por qué las estructuras de la policía tienen que estar tan saturadas de racismo y capitalismo», prosiguió.
«Por supuesto, seguimos viendo que el impulso inmediato es pedir al sistema penal, al sistema legal, que trate a los policías como a toda la gente que comete delitos. Pero hemos hecho eso durante décadas y cada vez que un policía es arrestado y juzgado, o incluso condenado en algunos casos, las estructuras policiales siguen siendo tan violentas, tan represivas, tan racistas, tan misóginas, como lo eran antes», aseguró la histórica activista. «Cuando miramos la historia del sistema penitenciario de este país nos damos cuenta de que siempre se han pedido reformas y estas se han instituido, pero la institución se ha vuelto aún más violenta, aún más represiva, aún más racista», enfatizó.
En este sentido, Davis defendió que «uno de los aspectos críticos del complejo industrial penitenciario» hoy en día es la detención de inmigrantes. «No solo en EEUU, sino en Europa, Australia, en todo el mundo». «Cuando decimos que queremos abolir la policía, tenemos que señalar también que queremos abolir el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas). ¿Hemos reformulado la pregunta, no sobre hacer las prisiones más humanas o la Policía más eficaz? ¿Qué pasa si nos preguntamos qué aspecto tendría nuestro mundo si no existieran tales instituciones? Necesitaríamos mejores escuelas, mejor atención médica, desprivatizar la asistencia sanitaria, la vivienda y la comida. Si miramos estos temas a través de una lente abolicionista, también nos exigiría usar enfoques feministas, porque el feminismo antirracista y anticapitalista nos ayuda a mantener todos estos temas en tensión», subrayó.
«Demandemos la reducción de la Policía, pero al mismo tiempo tenemos que imaginar nuevas formas de seguridad. ¿Cómo sería la seguridad si no estuviera basada en la violencia? ¿Cómo sería la seguridad interrelacionada con nuestras necesidades de comida, vivienda, atención sanitaria, trabajo y cultura?», zanjó.
Icíar Gutiérrez /Resumen Latinoamericano/ COMCOSUR MUJER Nº 645 – 15/06/2020
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5) URUGUAY: LA CRISIS DEL COVID-19 ACENTÚA LA BRECHA DE GÉNERO EN LA ACADEMIA
Un estudio impulsado por dos investigadoras de la Universitat de València (UV) profundiza en la desigualdad de género derivada del trabajo y la docencia telemáticas y apremia a una regularización del teletrabajo que tenga en cuenta aspectos como la conciliación y la brecha digital.
Isabel Pla y Mar Moncho, investigadoras de la Unidad de investigación de Economía Feminista de la Facultad de Economía de la Universitat de València, sintieron la necesidad de iniciar una investigación para conocer cómo estaba afectando la crisis provocada por el covid-19 a la comunidad universitaria desde el principio del confinamiento por sus propias circunstancias. “Se suponía que estaba todo parado, pero yo estaba trabajando casi las 24 horas”, explica Pla. Fue, cuenta, la observación participante lo que le motivó a impulsar la investigación, pero no solo: como profesora, narra la economista, sentía la necesidad de saber qué estaba ocurriendo y cómo lo vivían todos los tres colectivos que componen la universidad —estudiantes, personal docente e investigador (PDI) y personal de administración y servicios (PAS)—.
A nivel académico, con la crisis sanitaria llegaron las cancelaciones de clases presenciales, de congresos u otras actividades investigadoras, al tiempo que se hubo de incrementar el tiempo dedicado a los cuidados de menores y otras personas dependientes por el cierre de instituciones educativas y centros de día. Todo ello hacía difícil, explican Pla y Mocho, mantener un horario estable de trabajo y la concentración.
Los datos demuestran que el PDI de la UV destaca haber intensificado su carga de trabajo pero que, en cambio, su productividad ha disminuido
Las autoras adelantan que entre los resultados provisionales de la investigación —integrada en el proyecto Work-Life Balance y covid-19 en la UVEG para estudiar el impacto de la crisis provocada por el coronavirus sobre la comunidad universitaria—, los datos demuestran que el personal docente e investigador de la UV destaca haber intensificado su carga de trabajo pero que, en cambio, su productividad ha disminuido, algo que achacan fundamentalmente a las interrupciones constantes, la necesidad de realizar tareas presenciales para poder desarrollar sus funciones, las dificultades derivadas de haber perdido la comunicación cara a cara con compañeros y compañeras, el no disponer de un espacio adecuado para trabajar o el haberse encontrado con problemas informáticos, entre otros motivos.
En los últimos años, varias investigaciones se han enfocado en la desigualdad de género en la academia, profundizando en algunos aspectos como los vinculados al rol social de la maternidad, los liderazgos internos o las “jornadas interminables de las mujeres” de las que hablan autoras como Brigid Schulte. La pandemia y el teletrabajo impuesto por la situación sanitaria, explican las investigadoras, ha acentuado algunas de estas cuestiones y, lo que es peor, ha resultado en la paralización de desarrollos profesionales: “Existe un peligro de que se amplíe la brecha de género en la academia”, advierte Pla. De hecho, un estudio de 2010 revelaba que las científicas asumían en un 54% de tareas como la cocina o la limpieza, mientras que los científicos llevaron solo el 28% de la carga.
Un estudio de 2010 revelaba que las científicas asociadas hicieron el 54% de la cocina, la limpieza y la lavandería, mientras que los científicos masculinos asociados llevaron solo el 28% de la carga.
Pla explica que, durante la pandemia, tanto hombres como mujeres de los colectivos remunerados —personal de administración y servicios y docente o investigador— afirman haber aumentado su dedicación a las tareas del hogar y a los cuidados de personas dependientes, pero son ellas quienes se encargan en mayor medida: ellas manifiestan más dificultades para hacer su jornada con personas dependientes, “puesto que a todas horas se requiere su atención y se dificulta su trabajo por el riesgo de interrupción”, y reseñan tener menos tiempo libre para sí mismas.
Por eso, las investigadoras creen que el impacto de esta realidad va a perjudicar más a determinados perfiles: “Ha empezado una carrera y quienes tengan a cargo personas dependientes salen perdiendo”, afirma Pla. La economista hace referencia a la dificultad que muchas investigadoras están teniendo para terminar artículos académicos que enviar a revistas de impacto, que son los que más se valoran de cara al currículo investigador.
Recientemente, la directora asistente en una revista científica británica comentaba en sus redes sociales cómo había disminuido el envío de artículos a la publicación por parte de mujeres.
Hace unas semanas, Elizabeth Hannon, directora asistente en la revista científica The British Journal for the Philosophy of Science, comentaba en sus redes sociales cómo había disminuido el envío de artículos a su revista por parte de mujeres el mes de marzo, haciendo referencia al “insignificante número de propuestas” y asegurando que “nunca había visto nada así”, algo a lo que respondió el coeditor de la Comparative Political Studies afirmando que, aunque en su caso las propuestas de artículos de mujeres no habían variado con respecto al mismo mes del año anterior, las de hombres se habían incrementado en un 50%.
Todo apunta también, explican las investigadoras, a que la crisis del covid-19 agravará la ya de por sí importante brecha de género que existe en la actualidad en los denominados sexenios de investigación y transferencia —que permiten avanzar en una carrera académica—, pues las mujeres encuentran más dificultades para desarrollar su currículo al ser quienes más asumen los permisos por maternidad y cuidados. Recientemente, la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT) denunciaba “la escasa participación de mujeres investigadoras en la convocatoria” para obtener los mencionados sexenios e invitaba a “estudiar en profundidad la posible existencia de sesgos de género tanto en la convocatoria como en la actuación de las comisiones”.
Mujeres en la Universidad: más estudiantes, no tantas profesoras y pocos altos cargos
Pero el personal docente o investigador no es el único que afronta situaciones complicadas derivadas del confinamiento. Los estudiantes también remiten una mayor sobrecarga como consecuencia de la docencia telemática, a lo que se suma que en muchas familias han debido compartir los recursos digitales entre dos o más personas. Moncho expone que aproximadamente siete de cada diez estudiantes encuestados considera que el cambio de evaluación no les ha beneficiado: “Las consecuencias del coronavirus en el ámbito académico han cuestionado la calidad de la docencia”, exponen las investigadoras.
Moncho expone que aproximadamente siete de cada diez estudiantes encuestados considera que el cambio de evaluación no les ha beneficiado. “Las consecuencias del coronavirus en el ámbito académico han cuestionado la calidad de la docencia”
A ello se suma que en este grupo el estudio registra una diferencia sustancial entre mujeres y hombres en lo que se refiere a tareas del hogar y cuidados: “Mientras la mayoría de las mujeres afirma haber aumentado o mantenido la dedicación a estas tareas, los hombres indican que su tiempo no ha variado, o directamente, no dedican tiempo ni a los cuidados ni al hogar”, explican las investigadoras.
Aunque el personal de administración y servicios (PAS) es el grupo que “ve más deseable el teletrabajo que el resto de la comunidad universitaria”, también este colectivo, como los otros dos, percibe que las relaciones de poder se diluyen y advierten de una menor falta de participación en la toma de decisiones. “No es algo premeditado, es una cuestión de que el tiempo apremiaba”, afirma Pla. Sin embargo, considera, los resultados del estudio se deben tener en cuenta de cara a una necesaria regularización del teletrabajo y de la educación online.
Una revisión necesaria
La Generalitat Valenciana ya advirtió de que la docencia universitaria del primer cuatrimestre será semipresencial. El análisis que están llevando a cabo las investigadoras de la UV ni se enfoca solo en un colectivo —veían imprescindible, explican, analizar a toda la comunidad universitaria ya que los colectivos se interrelacionan— ni se focalizan solo en el ámbito laboral: la encuesta contempla cuestiones como la sostenibilidad, la salud mental o los autocuidados. Entre los resultados que presentarán próximamente de manera detallada, las investigadoras ya han percibido que las mujeres remiten más estrés y que todos los colectivos se sienten perjudicados porque el espacio de trabajo no esté diferenciado del resto, además de registrar, los tres grupos, problemas para conciliar el sueño o concentrarse.
El objetivo del estudio, explican las investigadoras, es exponer los datos del estudio de la UV —cuyas conclusiones creen que serán extrapolables a otras comunidades universitarias— para que sean tenidos en cuenta de cara a lo que consideran una obligatoria regularización del teletrabajo.
La adopción de la “nueva normalidad”, insisten, debe ir unida a la regulación de las nuevas formas de trabajo y de estudio, “abordando las desigualdades existentes en los tres colectivos universitarios sin incurrir en sesgos de género”
“El fin es sensibilizar, que estas cuestiones no se queden en una burbuja invisible, que se tengan en cuenta las necesidades concretas de los diferentes grupos y los condicionantes de las personas”, resume Pla. La adopción de la “nueva normalidad”, insisten, debe ir unida a la regulación de las nuevas formas de trabajo y de estudio, “abordando las desigualdades existentes en los tres colectivos universitarios sin incurrir en sesgos de género”.
“Desde la economía feminista planteamos un enfoque global mediante el cual se ponga la vida en el centro y se desarrollen políticas diseñadas para el buen vivir, la conciliación y la corresponsabilidad”, explican las investigadoras. Por eso, y a tenor de los resultados, ven imprescindible la búsqueda de soluciones institucionales que garanticen unas condiciones laborales y de estudio “de calidad y en igualdad” y que faciliten “la conciliación entre esferas y la corresponsabilidad de los géneros sin perjudicar las carreras profesionales”. La conclusión para ellas es clara: el covid-19 ha sacado a la luz todas estas desigualdades, “por lo que es necesario regular teniendo en cuenta a todos los colectivos”, finaliza Pla.
El Salto / COMCOSUR MUJER Nº 645 – 15/06/2020
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6) URUGUAY: ESTUDIO “VIOLENCIA EN CASA” ENCUESTÓ A MÁS DE 1800 MUJERES DE UNOS 40-45 AÑOS
Durante el confinamiento, siete de cada diez mujeres declararon que la principal violencia que sufrían era la psicológica. Así lo señala el estudio Violencia en casa, por el cual se entrevistaron a mujeres en el contexto de pandemia.
La medición fue realizada por Nómade Consultora para la Intersocial Feminista en abril. La politóloga Florencia Roldán, integrante del equipo coordinador del estudio, agregó en Puntos de vista que aunque ocho de cada diez mujeres conoce los servicios especializados para atender violencia doméstica, solo una de cada cuatro recurre a ellos.
“Una de cada dos pide ayuda a familiares o amigos antes de ir a un servicio especializado”, añadió.
Un 15% no quiso responder el cuestionario, aclaró.
Escuchar la entrevista en:
radiouruguay.uy/siete-de-cada-10-encuestadas-advierten-violencia-psicologica-en-el-hogar/?fbclid=IwAR3eBp9AHl3wTmMCtw9kN-_hdfqRhyjo_dYfTniQ_EQS9BCVLJgrj7s2QWw
COMCOSUR MUJER Nº 645 – 15/06/2020
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“Siempre he partido de una idea elemental: la de que la verdad no necesita ser justificada por la adecuación a un objetivo superior. La verdad es la verdad y nada más. Debe ser servida, no servir.”
Eugenia Ginzburg / “El vértigo”.
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