1) Argentina: Aborto Legal: 250 mil firmas internacionales en apoyo al Proyecto IVE
2) España: “La violencia digital es una condición previa para que algunos pasen a la violencia física”
3) Chile: Se acentúa la violencia en pandemia
4) Francia: El castigo que nosotras merecemos
5) Kurdistán: El Movimiento de Mujeres lucha contra la violencia de género y resiste la ocupación
6) Perú: Más de 5 mil mujeres desaparecidas entre enero y noviembre de 2020
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COMCOSUR MUJER /Fundado por Yessie Macchi / AÑO 26 / No. 672 – Lunes 21 de diciembre de 2020 / Producción: Beatriz Alonso, Belén Itza y Cecilia Duffau /Apoyo técnico: Carlos Dárdano
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1) ARGENTINA: ABORTO LEGAL: 250 MIL FIRMAS INTERNACIONALES EN APOYO AL PROYECTO IVE
La organización de derechos humanos, Amnistía Internacional, entregó al Senado 250 mil firmas de todo el mundo para pedir aborto legal en Argentina y se reconozcan los derechos humanos de las mujeres, niñas y personas con capacidad de gestar. Por ANRed
Amnistía Internacional puso a disposición de senadores y senadoras de la Nación más de 250 mil firmas que reunió alrededor del mundo para exigir que se legalice el aborto en el país y se reconozcan los derechos humanos de las mujeres, niñas y personas con capacidad de gestar.
Las firmas provienen desde muchos países alrededor del globo entre ellos: Bélgica, Brasil, Canadá, Corea, Noruega, Países Bajos, Reino Unido, República Checa, Suecia, Suiza y Taiwán, entre otros países.
La finalidad de la campaña es el apoyo al movimiento feminista argentino que esta a punto de lograr una demanda histórica como es la legalización y despenalización del aborto.
“El mundo está mirando a Argentina nuevamente. Los senadores no pueden volver a darle la espalda a las miles de mujeres que cada año arriesgan la vida y la salud en la clandestinidad. Que ninguna mujer y persona gestante muera por un aborto inseguro no es solo un objetivo realizable es un imperativo de justicia social, de justicia reproductiva y de derechos humanos”, sostuvo Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
AnRed / COMCOSUR MUJER Nº 672 – 21/12/2020
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2) ESPAÑA: LAIA SERRA: “LA VIOLENCIA DIGITAL ES UNA CONDICIÓN PREVIA PARA QUE ALGUNOS PASEN A LA VIOLENCIA FÍSICA”
Laia Serra es abogada penalista y una de las redactoras de la reforma de la ley catalana de violencias machistas, que incluye la violencia digital.
Laia Serra es abogada penalista, miembro del colectivo Dones Juristes y la letrada de emergencia para muchos colectivos feministas. Especializada en Derechos Humanos, LGTBI+, libertad de expresión y violencias machistas, no se le escapa nada y está atenta a todo. Colabora con la revista Pikara y es una de las redactoras de la reforma de la Ley de violencia machista catalana 5/2008, que se espera que apruebe en breve e incluye el término de violencias digitales.
La periodista y activista feminista Irantzu Varela fue agredida el pasado domingo en su propia casa por un vecino que profirió insultos lesbófobos y, a lo largo de este año, el espacio donde trabaja ha sido atacado cuatro veces con pintadas. ¿Hay un paso lógico entre la violencia digital y la física?
El paso de la violencia digital a la física ha suscitado mucho interés y se ha estudiado detenidamente en los discursos de incitación al odio para testar hasta qué punto la interpelación verbal se traduce luego en acciones físicas. No se ha llegado a establecer nexo causal, pero sí la dinámica por la cual este lenguaje deshumaniza, estigmatiza y degrada a quien es considerado adversario, en este caso, adversaria. Es una condición previa necesaria para que algunos sujetos pasen a la acción porque sienten legitimadas sus agresiones físicas a personas o a sus bienes. Esa validación social da el empujón necesario a ciertos sujetos que se consideran representativos o vanguardia de un cierto tipo de masculinidad y traspasan lo virtual pasando al ataque físico.
¿Qué consecuencias tiene la violencia digital?
Los pocos estudios sobre la toxicidad de Twitter son de Amnistía Internacional, en 2018. Se entrevistaron con mujeres agraviadas por violencias digitales en la red social Twitter y con sanitarios de salud mental. Convinieron en que socialmente estamos más preparadas para prever el impacto y agravio en las violencias analógicas, donde hay códigos implícitos de supervivencia y solidaridad arraigados culturalmente. En cambio, en las violencias digitales las mujeres no tenemos claro quién es nuestra comunidad de apoyo.
¿Las mujeres nos encontramos más desorientadas en las redes sociales?
Sí y, sobre todo, la incertidumbre del riesgo es muy dañino, porque no sabes si esa amenaza es una chorrada absoluta o todo lo contrario. ¿Son calentones que no van a salir de la pantalla y solo buscan busca el efecto de que los vea mucha gente? Esta ambivalencia nos descoloca para tejer estrategias comunitarias de apoyo. Los feminismos son críticos, por ello existe una tendencia al castigo social de las mujeres que lo reivindican.
¿Se subestiman las repercusiones?
Sentimos la impotencia de que socialmente se pueda sentir como una tontería porque bah, una pintada. Pero te sientes amenazada en tu propio espacio. Donde desarrollas tu actividad política y profesional se convierte en un lugar inseguro para ti. Es una marca de poder. Se puede llegar a dar un efecto muy perverso, que te hace sentir que tu trayectoria personal es la responsable de haber convertido en inseguro para tus compañeras un espacio colectivo. Debemos dar importancia a este tipo de marcajes tremendamente fuertes.
¿Se está analizando?
Junto con un un psiquiatra experto en trauma y tortura política publiqué un artículo donde lo analizábamos. De él surge la idea de interpelar a las instituciones para que se empiecen a reformular estándares internacionales que incluya la tortura digital. Lo que sí se está estudiado es el marcaje digital a activistas y colectivos. En Egipto se ha descubierto que el Estado entraba en chats de personas homosexuales para destapar sus identidades a las que luego la comunidad ejercía un castigo comunitario. Ahí tienes el círculo de violencia cerrado.
En España hicieron pública la identidad de la víctima de la violación grupal en los Sanfermines de 2016.
En el caso de la víctima de la Manada he ejercido la acusación popular de Dones Juristes en uno de los casos y se ha puesto de relieve los datos filtrados. Consideramos que hay que hacer dos reflexiones: todo el mundo se centra en el sujeto que divulgó los datos de la mujer, cuando en realidad se debería poner el foco en quién permitió que esto pasara. Es inaudito que en un caso como este, habiendo una decisión judicial de proteger su identidad, el mea culpa del CGPJ fuera un mero comunicado explicando que hubo un error técnico. Y hay un tercer responsable: los foros. Foros absolutamente monetizados deberían tener filtros y mecanismos adaptados al volumen de tráfico que registran para evitar las violencias que se dan en ellos. Ante la notoriedad del caso en este país, ningún foro adoptó las precauciones necesarias para que no se sucediera la tormenta perfecta. Ninguno de los tres actores ha asumido su responsabilidad. Y quien ha sufrido violencia sexual ha vivido un escarnio social.
En verano, la artista Daniela Ortiz denunció que se marchaba de España tras recibir amenazas. ¿Es otro caso más de violencia digital?
Evidentemente. El racismo, el feminismo y el ecologismo cuestionan estructuras, dinámicas de poder y valores supuestamente consensuadas en un “contrato social” que nunca nos incluyó. El problema no es que solo determinados perfiles violenten, sino que esas incursiones son validadas por otros perfiles y que quienes tendríamos que alzarnos, no siempre lo hacemos. Muchas veces no nos posicionamos porque podemos no tener simpatía con esa mujer. Pero lo que debería guiar nuestros posicionamientos no es solo la empatía o la afinidad, sino ser conscientes de que se trata de violencia política hacia mujeres que representan reivindicaciones, ideas, maneras de vivir. No estamos desarrollando una solidaridad estratégica.
¿Las mujeres tenemos que ser más corporativistas?
Es importante la solidaridad más allá de lo personal. Tenemos una tendencia muy localista, si tocan a alguien de mi colectivo, cerramos filas, pero si se trata de alguien que no es cercano o reivindica ideas que no forman parte de mi problemática de primer orden, no cerramos filas. Ese esquema hace que se jerarquicen las violencias y que no tendamos puentes entre nosotras.
¿Cuál debería ser nuestra respuesta?
Así como en otro tipo de violencias, como la represión policial, todas sabemos qué hay que hacer, en las violencias digitales no. Muchas activista muy activas en redes no han realizado evaluaciones previas de cuán vulnerables son a nivel de seguridad de contraseñas, información suya accesible en Internet, etc. Los colectivos feministas o grupos de apoyo tampoco suelen dedicar una reflexión política a cómo actuar para ayudar a esa mujer. Hay una serie de debates éticos y estratégicos que es conveniente realizar antes de que llegue el problema. Por ejemplo, ante un ataque, si la compañera se siente bloqueada, ¿es legítimo y estratégico que las compañeras tomen las riendas en las redes sociales de la mujer atacada? Sin esos debates previos, cuando llega el incendio, en medio del vértigo de tomar decisiones, no sabemos qué estrategia sería la que desearía la agraviada si estuviera en condiciones de decidir con perspectiva.
Una autodefensa feminista pactada previamente.
Sí, lo ideal sería que ese batallón de choque esté preparado de antemano, porque cuando llega el huracán no hay mucho margen de maniobra.
¿Y qué debería de tener todo buen protocolo contra la violencia digital?
En marzo sacamos una web de acoso online que da trucos para reportar ante las plataformas y también cómo denunciar legalmente: acoso.online, lo que hay ahí es un tesoro. Hemos trabajado en ensayar cuál es la vía más efectiva para reportar y eliminar contenidos en cada una plataforma. Es como el llevar el número de las abogadas a una manifestación.
Si Irantzu Varela viviera en Catalunya, donde en breve se espera que se apruebe la reforma de la ley catalana de violencias machistas, ¿estaría más protegida?
Lamentablemente la eficacia de la respuesta, todavía depende de muchas casualidades, entre ellas los agentes policiales que te recojan la denuncia e investiguen, la sensibilidad del Juzgado a la hora de dimensionar los hechos y dedicar energía a investigarlos, la postura de la Fiscalía, la destreza y nivel de formación de tu representante legal, etc. La incorporación de las violencias digitales en la ley obligará a todos los operadores que intervienen en su abordaje a contemplarlas y adaptar su respuesta a las particularidades de la misma. Esta será la primera ley autonómica en incluir las violencias digitales, un avance que puede acabar impulsado la actualización de la Ley estatal de violencia de género.
El Salto / COMCOSUR MUJER Nº 672 – 21/12/2020
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3) CHILE: SE ACENTÚA LA VIOLENCIA EN PANDEMIA
Una de cada tres mujeres reconoce haber vivido alguna situación de violencia en pandemia
Durante septiembre, Corporación Miles -ONG que promueve el acceso a derechos sexuales y reproductivos- realizó una encuesta online sobre las dinámicas de violencia al interior de los hogares durante la pandemia. El estudio aplicado a 470 personas con la colaboración del Centro de Estudio de la Mujer, buscó adentrarse en estas vivencias y apuntó a visibilizar las alternativas de las personas para abordar dichas situaciones y la evaluación que tienen de los servicios disponibles para pedir ayuda o denunciar.
Una de cada tres mujeres reconoce haber vivido algún tipo de violencia en el contexto del Covid-19. De ellas, un 89% sufrió violencia psicológica que se tradujo en descalificaciones, humillaciones y malos tratos, seguida de un 13.5% que reconoce violencia económica y por expresión de género.
En ese sentido, una de cada cinco personas menores de 18 años afirmó no sentir la libertad para expresar sus preferencias, gustos o intereses sexuales con su pareja. Y una de cada cuatro, también menores de 18 años, se sintió en riesgo físico durante la pandemia. Asimismo, el 80% de las mujeres encuestadas se vio dificultada para tomar decisiones económicas con autonomía, y un 5.5% fueron víctimas de violencia sexual al tener relaciones sexuales sin consentimiento.
La encuesta también da cuenta de que un 57% de las mujeres prefirió mantener silencio durante una pelea, se sintió criticada o subestimada, o alguien le puso problemas para contactarse con amigos o familiares durante la pandemia.
Por otro lado, la mitad de las personas que se encuentran en alguna situación de discapacidad reconoce haber vivido, principalmente, violencia de índole psicológica y/o emocional y luego económica. En específico, más de un tercio de las personas en situación de discapacidad ha sufrido al menos una de las siguientes situaciones: Le han restringido el manejo del dinero como forma de enojo o no pudo tomar decisiones económicas con autonomía.
“Este estudio pretende ser un aporte a la problematización de una situación histórica que la pandemia sólo ha venido a agudizar y busca potenciar las visibilización de otras formas de violencia que ya no pueden continuar en las sombras”, explicó Stephanie Otth, coordinadora de investigación de Corporación Miles.
Asimismo, la encuesta de Corporación Miles evaluó los mecanismos de denuncia disponibles y el impacto que tienen en las personas. Si bien las encuestadas conocen los servicios de respuesta institucionales a la violencia, no acuden a ellos: Solo un 1% acudiría a Carabineros, utilizaría los servicios de orientación dispuestos por el Ministerio de la Mujer y de la Equidad de Género o los números telefónicos de la policía. El 79% de las encuestadas optaría por sus redes personales frente a una situación de violencia. Este distanciamiento de las personas respecto de los servicios de violencia de género puede explicarse con las malas evaluaciones que hacen quiénes los han utilizado: Según la encuesta de Corporación Miles, sobre un 60% de las personas que han utilizado alguno de estos métodos los evalúan con las peores calificaciones.
Datos son alarmantes
Para Corporación Miles, es responsabilidad del Estado promover una cultura libre de violencias, mediante políticas de educación sexual integral que puedan transversalizar un discurso común de respeto y responsabilidad afectiva en los vínculos humanos, que rechacen las lógicas de pertenencia y control emocional que aún perduran en la actualidad. “L os resultados de nuestro estudio interpelan directamente al Estado porque reflejan su respuesta parcial y negligente frente a la violencia. El presupuesto para el 2021 de SERNAMEG y el Ministerio es insuficiente, y la pandemia agudizó la violencia contra las mujeres y visibilizó las fallas de un sistema que sólo entiende la violencia en el contexto familiar o de parejas, pero sabemos que no es así. La violencia es un continuo y nuestros resultados lo demuestran. La violencia de género es estructural. Por ello, alentamos a que el gobierno impulse con fuerza el debate legislativo y podamos contar con una ley integral que garantice el derecho a una vida libre de violencia”, comentó Anita Peña Saavedra, directora ejecutiva de Corporación Miles.
Medio a Medio / COMCOSUR MUJER Nº 672 – 21/12/2020
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4) FRANCIA: EL CASTIGO QUE NOSOTRAS MERECEMOS
El Ministerio de Función Pública de Francia ha multado al Ayuntamiento de París, y por ende a la alcaldesa Anne Hidalgo, por “haber nombrado demasiadas mujeres en puestos de dirección”. Es un castigo. No tiene nada que ver con ninguna ley ligada a eso que llama “paridad”. No tiene nada que ver con las cuotas o su reverso. Es un castigo. Se nombró para los puestos directivos a “once mujeres y solo cinco hombres”, en palabras de Hidalgo. Ah, ese adverbio, qué importantes son los adverbios. Ah, ese “solo””.
Un castigo.
Solo eso.
Pero no. No es “solo” eso, sino un castigo más. Otro castigo. Lo que sucede es que este resulta mucho más concreto, certero y envenenado que los que acostumbramos a recibir.
Es un espanto.
La alcaldesa de París puede bromear al respecto, claro, porque lo grotesco del asunto llama a carcajada. Sin embargo, ay, la multa al consistorio que ella dirige muestra un retrato abrumador de lo que está sucediéndonos a las mujeres que ponemos un pie, de una u otra manera, en el espacio público.
¿Alguien sabe cuántos hombres y mujeres se han elegido para ocupar altos cargos en los ayuntamientos, comunidades autónomas, empresas públicas o Gobierno de España? ¿Alguien sabe de alguna empresa pública o privada que cumpla la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres? Y sobre todo, ¿es eso relevante?
No. La respuesta es no. No es relevante.
Podríamos elegir como periodo histórico aquel que parte del año cero de las cuentas cristianas, o sea unos veinte siglos atrás, o elegir a los sumerios, por aquello de la escritura, y contar milenios, y nos daría igual. La cuestión no es cuánto tiempo llevan los hombres ocupando ellos solos algo que hoy llamamos «puestos de dirección», qué idiotez. Siempre. Pero la cuestión no es el siempre, sino el ahora.
Detengámonos en el segundo exacto en el que usted lee la palabra ahora. Pongamos ese segundo, este, entre paréntesis y sumerjámonos ahí. ¿Cuántos nombramientos de hombres para puestos directivos existen en ese corchete de tiempo en el que permanece, sobre el que flota, la idea de eso llamado «paridad», incluso unas leyes al respecto? ¿Cuántos nombramientos de mujeres para esos mismos puestos?
Es evidente (sobran cifras al respecto) que ahora se está nombrando a una cantidad incalculablemente mayor de hombres que de mujeres para puestos directivos, sea lo que sea que vayan a dirigir.
¿Entonces?
Entonces, el castigo.
Entonces, alguien busca un lugar, probablemente el único lugar relevante, en el que se elige a un porcentaje mayor de mujeres que de hombres para «puestos directivos» en un momento concreto. Y lo señala. Y lo denuncia. Y consigue que se castigue. Que eso se castigue. Que se castigue nombrar a más mujeres que hombres para dirigir algo. Algo considerado relevante. Es más, consigue que eso se castigue usando una norma creada para precisamente lo contrario, paliar la ausencia de mujeres en «puestos directivos». O sea, se utiliza contra nosotras un instrumento, uno de los poquísimos, creado y aprobado para darnos vida, mientras un mundo, un universo de lo contrario, de nombramientos de hombres, no solo no se castiga, sino que ni siquiera merece una mirada. Consistía en paliar la ausencia de mujeres en «puestos directivos» o en cualquier otro punto, directivo o no, del espacio público.
¡Ahí!, justo ahí late lo perverso. Por eso la multa al Ayuntamiento de París supone un paso mucho más concreto, certero y envenenado que los que acostumbramos a recibir.
Sí, para nosotras los castigos se han convertido en costumbre. Pero ¿por qué se nos castiga? ¿Qué se castiga?
Pongamos el ejemplo de una fábrica dedicada al enlatado de mejillones en escabeche. A nadie se le ocurre, obviamente, la posibilidad de que se denuncie que la inmensa mayoría de las contratadas para las cadenas de enlatado sean mujeres. Ah, pero tampoco se ha detenido nadie a echar cuentas sobre el porcentaje de hombres y mujeres nombrados para ocupar «puestos directivos» en las fábricas de enlatado de mejillones en escabeche de España, Francia o Bélgica.
Pongamos ahora otro ejemplo, esta vez del mundo de la interpretación. Una actriz llamada X. En principio, a nadie le preocupa que dicha actriz llamada X cope todos los papeles protagonistas en las producciones de la temporada. La convertirán en «referente» en «la estrella del momento» y la retratarán donde sea que se retrate ahora a las gentes de la Cultura, si es que existe tal lugar. A no ser que…
A no ser que nuestra querida y estelar actriz llamada X decida expresar su opinión sobre cualquier tema más allá de sus hábitos gastronómicos o de indumentaria. Al grano, a no ser que la actriz llamada X decida opinar sobre cualquier asunto perteneciente al espacio público. En este momento, incluso el simple hecho de hacer pública su vida sexual activaría el empentón que la mandaría al suelo. Se acabó la estrella. Qué decir si se le ocurriera expresar su sentir sobre cualquier «tema de actualidad».
El castigo no procede de ocupar o no un «puesto directivo». ¿Quién sabe y a quién le importa con cuántas mujeres cuenta la industria del enlatado de mejillones en escabeche?
El castigo no procede de ocupar un lugar en el espacio público. Ahí está nuestra estelar actriz llamada X mientras permanezca muda.
El castigo procede de intervenir en el espacio público.
Nadie multaría a Anne Hidalgo, empresaria mejillonera, por nombrar una escuadra de directivas del mejillón en escabeche. De la misma manera que nadie multaría a Anne Hidalgo, empresaria audiovisual, por producir la mayoría de los programas emitidos en las cadenas de televisión nacionales.
Las mujeres somos castigadas por intervenir en el espacio público. Podemos hacer lo que nos parezca en el espacio privado, el que nos ha sido asignado desde los sumerios hasta el momento. Podemos ocupar un lugar, incluso considerable, en el espacio público a modo de gatos de porcelana. Desde la noche de los tiempos, nuestro lugar está en lo privado, allí donde se concibe, se gesta, se pare, se cría y se cuida. El espacio público, o sea político, o sea económico, es territorio vedado a las mujeres. Así ha sido siempre.. Siempre es lo contrario de ahora, o así nos lo parece cuando aceptamos la fantasía de que las mujeres hemos dado pasos históricos en lo público «y no hay marcha atrás», qué gilipollez. Siempre hay marcha atrás. La Historia es una construcción marcha atrás.
Todas y cada una de las mujeres que, en esta sociedad de ahora, ponen un pie en lo público para intervenir, reciben su castigo: periodistas, políticas, activistas, actrices, creadoras, sindicalistas, científicas, empresarias, teóricas… Eso lo sabemos. Se aprende pronto. La más notable característica del castigo es su rápida efectividad, nosotras lo conocemos bien.
La multa al Ayuntamiento de París por «haber nombrado demasiadas mujeres en puestos de dirección» se podría estudiar en un futuro próximo como un paso disruptivo al respecto. También como un daguerrotipo bilioso de dicha disrupción. De los sumerios aquí, o de los dinosaurios, las mujeres hemos tardado toda la Historia, toda la historia, en apenas rozar lo público con el filo de la uña del dedo meñique del pie izquierdo.
Imagina que el torturador coge esa misma uña, te arranca solo el borde con el que has rozado su espacio y con ese preciso filo te corta el cuello.
Pues eso.
Rebelión / COMCOSUR MUJER Nº 672 – 21/12/2020
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5) KURDISTÁN: EL MOVIMIENTO DE MUJERES LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y RESISTE LA OCUPACIÓN
Las mujeres de Kurdistán se encuentran movilizadas desde hace dos meses denunciando las políticas misóginas y criminales del Estado turco.
Durante los meses de noviembre y diciembre, los movimientos de mujeres en Rojava (en el noreste de Siria) y Bakur (en el sureste de Turquía) tomaron las calles para crear conciencia sobre la violencia de género. Centradas en el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el 25 de noviembre, las acciones llamaron la atención sobre los crímenes contra las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad, desde la discriminación, el acoso y el abuso en las familias y las comunidades, hasta las atrocidades contra las mujeres durante la guerra.
Este año, la campaña estuvo marcada por crímenes continuos contra mujeres en ambos lados de la frontera. Las mujeres en Rojava recordaron a dos políticas feministas caídas: Hevrin Khalaf, asesinada por yihadistas respaldados por Turquía en octubre de 2019, y Zehra Berkel, asesinada en un ataque con drones en junio de este año. También llamaron la atención sobre el destino de las mujeres secuestradas por facciones de la oposición siria: al menos 80 casos de este tipo se han registrado en Afrin solo en 2020.
En Turquía, varias políticas feministas están en prisión por el delito de representar a sus electores. En septiembre, a una ex diputada se le agregó un año a su sentencia porque calificó al presidente Recep Tayyip Erdogan de misógino. Los casos recientes de violencia sexual, perpetrados por personal de seguridad en ciudades kurdas, se han cometido con total impunidad. Los esfuerzos oficiales para encontrar a una joven kurda que desapareció en enero han cesado en contra de los deseos de su familia. 361 mujeres han sido asesinadas por hombres desde principios de año, efectivamente una por cada día de 2020.
Estos casos no son tragedias aisladas, sino tácticas integrales de la guerra de Turquía en Kurdistán. A medida que el régimen del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) ha consolidado el poder y ha encendido conflictos destructivos, también ha envalentonado a innumerables perpetradores de violencia sexista. Ya sea que los delitos sean cometidos por agentes del Estado o simplemente por hombres que saben que el Estado se pondrá de su lado, el resultado ha sido un ataque al derecho básico de las mujeres a vivir una vida segura, digna y pacífica.
Una guerra internacional contra las mujeres
Durante la última década del gobierno de Erdogan, el número de mujeres asesinadas por hombres ha aumentado casi todos los años. Las autoridades han intentado legalizar el estupro y el matrimonio infantil, no una, sino dos veces y han amenazado con abandonar la Convención de Estambul, el principal tratado internacional que penaliza la violencia de género.
La represión de la oposición kurda ha eliminado a cientos de mujeres de todos los niveles de la política y ha cerrado prácticamente todos los centros de mujeres en las regiones kurdas. Las mujeres que se resisten a estas políticas antidemocráticas enfrentan la brutalidad policial y cargos por terrorismo.
En Rojava, la situación quizás sea peor. Turquía ha empleado a milicias yihadistas brutales que ven a las mujeres como inherentemente subordinadas a los hombres, para así aplastar los avances revolucionarios en la libertad de las mujeres hechos por la Administración Autónoma del Norte y el Este de Siria (AANES).
Las mujeres y las niñas en las zonas ocupadas de Afrin, Serekaniye y Tel Abyad han perdido todas las protecciones legales e institucionales contra la violencia y la discriminación, mientras que los hombres que sirven en las fuerzas de Turquía no enfrentan consecuencias por cometer crímenes contra las mujeres. Las autoridades religiosas, afiliadas a la ocupación, cuyos fallos influyen y a menudo invalidan el derecho civil, han elogiado la poligamia y defendido los llamados asesinatos por honor; sus prácticas contra las mujeres han provocado el aumento de los matrimonios infantiles en los territorios ocupados.
Campañas contra la violencia masculina y estatal
Las conexiones entre el autoritarismo, el militarismo y el sexismo del régimen del AKP son sistémicas e inequívocas. Por lo tanto, para las mujeres kurdas, la lucha contra las tres formas de opresión está conectada. Su lucha es un ejemplo esencial de cómo desafiar a los estados violentos y a los hombres violentos al mismo tiempo, y cómo construir una sociedad alternativa libre de ambos flagelos.
En Rojava, un programa de cuatro semanas, que duró del 10 de noviembre al 10 de diciembre, llegó a cientos de mujeres en ciudades y pueblos de toda la región. Grupos como la Organización Sara para la Prevención de la Violencia contra la Mujer, el Consejo Democrático Sirio y el Consejo de Mujeres Sirias, organizaron programas educativos para concienciar sobre la violencia doméstica, mientras que se llevaron a cabo manifestaciones masivas condenando los crímenes de guerra contra mujeres en las áreas ocupadas.
“El feminicidio es la base de la eliminación de la sociedad: sin mujeres, una sociedad no puede prosperar. Se está llevando a cabo una guerra multifacética y estratégica contra las mujeres”, decía un comunicado del Kongra Star, la principal organización de mujeres del noreste de Siria, emitido el 25 de noviembre.
La declaración agregaba: “Las mujeres de todo el mundo siguen luchando en el sentido más amplio y con actividades intelectuales que son cada vez más profundas. Pero antes de que podamos alcanzar la unidad nacional como mujeres, que es el resultado deseado de esta lucha, primero, debemos aceptar la verdad de que la violencia contra las mujeres a nivel mundial ha alcanzado el nivel de la guerra”.
En Bakur (Kurdistán turco), las mujeres del Partido Democrático de los Pueblos (HDP) y las organizaciones afiliadas organizaron una campaña aún más extensa, bajo el lema “Em xwe diparezin” (“Nos defendemos”). Estas actividades duraron de septiembre a diciembre. Según la portavoz del Movimiento de Mujeres Libres (TJA) Ayşe Gökkan, sus talleres contra la violencia habían llegado a 3.000 mujeres a mediados de noviembre.
El 11 de diciembre, el TJA publicó un informe sobre casos de violencia masculina y estatal contra mujeres kurdas durante el año. El informe reveló que 2.250 mujeres solicitaron protección contra el abuso a ONG y asociaciones, 775 mujeres buscaron refugio y 60 mujeres fueron encontradas muertas en circunstancias sospechosas.
También señaló que cerca de 250 activistas del TJA habían sido detenidas durante el transcurso del año y que un número similar de políticas feministas y defensoras de los derechos de las mujeres fueron objeto de detención, arresto y otras formas de acoso legal. Las recomendaciones del TJA para resolver la crisis incluían propuestas de políticas que abordaban tanto cuestiones específicas de los derechos de las mujeres como las relacionadas con el alcance total de la guerra en Kurdistán. Un punto del informe demandó a Turquía que adoptara plenamente la Convención de Estambul, mientras que otro pidió nuevas negociaciones para resolver pacíficamente la cuestión kurda.
A nivel internacional, el Movimiento de Mujeres Kurdas de Europa (TJK-E) ha lanzado una petición para exigir que Erdogan enfrente la justicia internacional por los crímenes del régimen del AKP contra las mujeres. La campaña “100 razones para juzgar al dictador” compartirá las historias de 100 mujeres asesinadas por el Estado turco y sus representantes.
Hasta ahora, las mujeres a las que han recordado incluye a Sakine Cansiz, la legendaria cofundadora del PKK (Partido de los Trabajadores de Kurdistán), asesinada por la inteligencia turca en París en 2013; Taybet Inan, una madre kurda baleada por las fuerzas de seguridad turcas, cuyo cuerpo fue dejado en la calle durante una semana; y Derya Koc, una funcionaria electa del HDP, asesinada en los sótanos de Cizre.
“Queremos buscar justicia y exigir un enjuiciamiento de Erdogan. Con este esfuerzo, queremos ser la voz de todas las mujeres del mundo que son víctimas de violencia y (llamar) la atención sobre todos los delitos de Estado cometidos contra las mujeres”, afirmaron las organizadoras de la campaña. Hasta ahora, más de 1.000 personas se han inscrito en la convocatoria.
Desinformemonos / COMCOSUR MUJER Nº 672 – 21/12/2020
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6) PERÚ: DEFENSORÍA DEL PUEBLO REPORTA MÁS DE 5 MIL MUJERES DESAPARECIDAS ENTRE ENERO Y NOVIEMBRE DE 2020
La Defensoría del Pueblo ha expresado su preocupación por las 5016 mujeres, niñas y adolescentes reportadas como desaparecidas entre enero y noviembre del 2020. Asimismo, alerta sobre la conexión que existe entre esta forma de violencia con otras más graves, ya que, de acuerdo al último reporte ¿Qué pasó con ellas?, en un 26 % de los casos de feminicidios (33 de 127), las víctimas habían sido reportadas previamente como desaparecidas.
Cabe indicar que, de enero a noviembre, 1506 mujeres adultas y 3510 niñas y adolescentes fueron reportadas como desaparecidas de acuerdo a la sistematización realizada por la Defensoría del Pueblo de las notas de alerta de la página web de la PNP (adecuada al actual Sistema de Búsqueda de Personas Desaparecidas). Es decir, cada día, se viene reportando un promedio de más de 15 hechos de este tipo (más de uno cada dos horas, aproximadamente).
Solo en noviembre, 390 menores de edad fueron reportados como desaparecidos. De este número, un 83 % corresponden a notas de alerta sistematizadas sobre niñas y adolescentes mujeres, es decir, un total de 325 registros que reflejan el impacto por razones de género. Esta cifra representa un aumento del 12 % en comparación con octubre y se manifiesta principalmente en los departamentos de Lima, que pasó de 91 a 112 registros; Cusco de 13 a 18; Apurímac, de 10 a 14; Callao, de 7 a 11, entre otras.
Además, en noviembre, 190 mujeres adultas fueron reportadas como desaparecidas, lo que representa un 20 % más que el mes anterior. El incremento se evidenció principalmente en regiones como Lima, que subió de 60 a 76 notas de alerta sobre esta forma de violencia; Arequipa, de 9 a 15; Callao, de 3 a 9; Piura, de 4 a 8, entre otras.
Para la Defensoría del Pueblo, es preocupante el aumento de estas cifras, toda vez que muchas de estas desapariciones están ligadas a otras formas de violencia más atroces. En ese sentido, cabe advertir que, de las 127 víctimas de feminicidios registrados entre enero y noviembre, 33 habían sido reportadas previamente como desaparecidas, es decir un 26 %.
De otro lado, no menos preocupante resulta que, en lo que va del 2020, se hayan producido 188 tentativas de feminicidio (15 de estas en noviembre, siete más que el mes pasado). Asimismo, se han perpetrado un total de 50 muertes violentas (1 en noviembre), que aún siguen en investigación sin esclarecerse el contexto de la muerte.
La Defensoría del Pueblo reconoce el progresivo funcionamiento del recientemente implementado Sistema de Búsqueda de Personas Desaparecidas. No obstante, hemos solicitado que se subsanen algunas limitaciones. Una de estas está referida a la dificultad en el acceso y la difusión oportuna de las notas de alerta de personas desaparecidas en meses anteriores, ya que no se puede acceder directamente a estas, sino que deben ser buscadas por su nombre. Asimismo, se han advertido deficiencias en las fotografías colocadas para la búsqueda de las personas.
De la misma forma, es necesario fortalecer la sección ¿Cómo denunciar?, con datos como la no obligatoriedad de esperar 24 horas para denunciar los hechos o que la PNP tiene que recibir las denuncias y cumplir con diligencias urgentes e imprescindibles en casos en que la víctima sea una persona en situación de vulnerabilidad. Además, se debe colocar el Decreto Supremo N°003-2019-IN –que aprueba el Reglamento del D.L. N° 1428– y el Protocolo interinstitucional de atención de casos de desaparición de personas en situación de vulnerabilidad y otros casos de desaparición.
Adicionalmente, se recalca que, de acuerdo al D.L. N° 1182, los concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones tienen la obligación de proporcionar datos de geolocalización para favorecer el proceso de búsqueda y pronta ubicación de la víctima. No obstante, esto no se cumple debido a que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) no han establecido las infracciones y sanciones frente a un eventual incumplimiento. Esta situación debe ser evaluada por ambos entes.
De otro lado, la Defensoría del Pueblo insiste en la necesidad de que se mantenga una capacitación permanente al personal policial y de los Centros Emergencia Mujer, Unidades de Protección Especial y la Línea 100. Ello debe realizarse con el objetivo de optimizar la atención y evitar que las denuncias o investigaciones se vean obstaculizadas por la persistencia de estereotipos, prejuicios de género y de la mirada adultocéntrica en el abordaje de casos que comprometen a la niñez y adolescencia.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo reitera en que la desaparición de mujeres por particulares debe ser incluida en la Ley N° 30364 y en el Plan Nacional de Violencia de Género 2016-2021 como una forma de violencia de género. Esto permitirá darle mayor visibilidad al problema, especializar los servicios de atención y formular políticas públicas preventivas desde un enfoque interseccional, además de plantear mecanismos de acción en cada región de acuerdo con las particularidades del territorio.
Nodal / COMCOSUR MUJER Nº 672 – 21/12/2020
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“Siempre he partido de una idea elemental: la de que la verdad no necesita ser justificada por la adecuación a un objetivo superior. La verdad es la verdad y nada más. Debe ser servida, no servir.”
Eugenia Ginzburg / “El vértigo”.
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