1) Argentina, Córdoba: Radio Sur cumple 32 años de pasión por la Comunicación Popular
2) Argentina: 35 años de la sentencia del Juicio a las Juntas: “Señores jueces, Nunca Más” /Ailín Bullentini
3) Uruguay: Un país inteligente… /Luis E. Sabini Fernández
4) Uruguay: Seguridad social – Diagnóstico a pedido /José Antonio Rocca
5) Uruguay: Criadero de esturiones con riesgo de cierre por deudas /Víctor L. Bacchetta
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VEO VEO – Propuestas y comentarios de Henry Flores – Hoy:
I. Feria de Arte Impreso en Tribu Café
II. Concierto Italia de película
III. Sofia Gabard y Membrillo del Japón
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COMCOSUR INFORMA AÑO 26 – No. 1990 – 11.12.2020
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1) ARGENTINA, CÓRDOBA: RADIO SUR CUMPLE 32 AÑOS DE PASIÓN POR LA COMUNICACIÓN POPULAR
RIC – Red Informativa Comunitaria
Radio Sur 90.1 FM cumple 32 años de vida, sueños, luchas y palabra compartida este 10 de diciembre. Nacimos el Día Internacional de los Derechos Humanos, como marca de identidad y horizonte de lucha. A 32 años seguimos andando con nuestro perfil comunitario y participativo. Les invitamos a acompañarnos con la vista puesta en el horizonte de los sueños
Hacemos radio con la frescura de la vida cotidiana, la cultura y la mirada desde los sectores populares. Nuestros oyentes buscan en la radio compañía, información, música de su preferencia, y también esperan que les interpelemos como ciudadan@s. Les invitamos a hablar, discutir y reflexionar sobre temas políticos, barriales, de la ciudad, del país y del mundo.
Como radio comunitaria nuestros objetivos son: facilitar la expresión de todas las personas, en especial de los más pobres y excluidos de la sociedad. Como radio acompañamos a nuestr@s oyentes, participamos de sus problemas, sus proyectos, sueños y alegrías. Al mismo tiempo somos un medio plural que facilita debates, confrontación de ideas, la búsqueda de consensos y soluciones a problemas concretos para alcanzar una vida digna.
Nuestra finalidad es la transformación social orientada a la construcción de un país y un mundo más justo, con los pies en la tierra y la voz en el aire, con granitos de arena que se suman a la esperanza de construir esperanzas colectivas.
Radio Sur es propiedad de CECOPAL (Centro de Comunicación Popular y Asesoramiento Legal), Asociación Civil sin Fines de Lucro reconocida por el Gobierno de la Provincia. de Córdoba mediante Resolución N° 285 A/86. CECOPAL es una organización No Gubernamental que acompaña a vecinos y vecinas de barrios periféricos en sus luchas por una mejor calidad de vida, el ejercicio pleno de sus derechos ciudadanos, económicos, sociales y una mayor participación cultural y política.
NdeR: Desde Montevideo, viaja un abrazo fuerte que les abrace a todos y todas las que participaron y participan de Radio Sur FM de Córdoba, en este festejo de ¡32 años de Radio Comunitaria, popular y colectiva! Beatriz Alonso, Carlos Dárdano, Henry Flores, Belén Itza, Cecilia Duffau y Carlos Casares. /COMCOSUR
RIC – Red Informativa Comunitaria /Radio Sur 90.1 FM / Henry Flores
COMCOSUR INFORMA AÑO 26 – No. 1990 – 11.12.2020
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2) ARGENTINA: 35 AÑOS DE LA SENTENCIA DEL JUICIO A LAS JUNTAS: “SEÑORES JUECES, NUNCA MÁS”
Por Ailín Bullentini /Página 12 /Nodal /09.12.2020
“Nunca más”: se cumplen 35 años del juicio a las juntas militares
El 9 de diciembre de 1985 León Arslanián era la voz de una decisión histórica que tomaron, unánimemente, él y otros cinco jueces y, a través de ellos, la sociedad argentina: los secuestros, las torturas, las desapariciones, las muertes, los robos, de la última dictadura cívico militar eran crímenes y sus responsables debían ser condenados. Aquel día, después de ocho meses de juicio, la Cámara Federal condenó a cinco de los nueve integrantes de las tres juntas militares de aquel golpe de Estado por aquellos hechos, Jorge Rafael Videla y Emilio Massera incluidos, y la sentencia, si bien estableció una base para comprender aquellos hechos (un piso del que nadie podía bajar) no logró zanjar los conflictos que por entonces fragmentaban al país en cuanto a la lectura de ese pasado que le respiraba en la nuca. Para el sociólogo Diego Galante, 35 años después, la valoración de aquel momento histórico “aún está en disputa”. “La valoración del juicio y la condena a las juntas militares en la historia de la democracia argentina está en disputa: una línea plantea que fueron los padres fundadores de la democracia y de la lucha contra la impunidad, el primer paso del proceso de los juicios por delitos de lesa humanidad actuales a pesar de la elipsis de más de una década; otra, que son los juicios actuales lo que en forma retrospectiva permitieron una recuperación, una especie de rescate de aquel juicio y aquella condena”, propone Galante, invitado por este diario a seguir reflexionando sobre aquel proceso mucho más que judicial que analizó para su tesis doctoral en Ciencias Sociales y de cuya conclusión, mañana, se cumplen 35 años. 800 palabras leyó, más o menos, Arslanián aquel 9 de diciembre. La sala estaba llena. Los integrantes de las tres juntas militares que habían deshecho el país poquísimos años antes, presentes: de trajes civiles, peinados a la gomina, jóvenes, culpables de punta a punta. El fallo unánime de los seis camaristas federales –Jorge Torlasco, Ricardo Gil Lavedra, Jorge Valerga Araoz, Guillermo Ledesma y Andrés D’Alessio además de Arslanian– habló de “detenciones violentas”, de “mantenimiento de las personas en detención clandestina”, de “interrogatorios bajo tormentos” y “eliminación física” de personas, de “saqueo de bienes”. Y también habló de “bandas terroristas”, de la “responsabilidad” de las Fuerzas Armadas en “la represión de la subversión”.
Condenó a Videla y a Massera a prisión perpetua; a Roberto Viola a 17 años de cárcel; a Armando Lambruschini a 8; a Orlando Agosti a 4 años y seis meses de encierro. Omar Rubens Graffigna, Arturo Lami Dozo, Leopoldo Galtieri y Jorge Anaya resultaron absueltos.
La sentencia llegó tras ocho meses de juicio, “un fenómeno colectivo, mucho más que un evento jurídico concreto”, en el que participaron actores múltiples y sobre el que “se entretejieron múltiples lecturas sobre el pasado dictatorial y su criminalidad, y poniendo en foco sus memorias y conflictos sobre el presente y lo que se esperaba de él”, aclara el doctor en Ciencias Sociales que basó su tesis de doctorado en este proceso, el juicio a las Juntas. El trabajo fue publicado bajo el título: El Juicio a las Juntas. Discursos entre política y justicia en la transición argentina.
La sorpresa
En ese marco, “la condena suscitó sorpresa –resalta Galante–. Fue sorprendente para la escena judicial, para un amplio espectro político y en definitiva para la sociedad en general el hecho de que finalmente la Argentina de la transición lograra concluir un acto jurídico sobre ese pasado criminal que aún estaba muy presente y, más aún, con una condena”. Hay una imagen que lo ilustra: el silencio que se apropió de la sala de audiencias tras la lectura de Arslanián. Propone el investigador de Memorias Sociales del Instituto Gino Germani: “Por contraposición al estruendo de aplausos que acompañó el cierre del alegato de (el fiscal Julio César) Strassera, el silencio que llegó tras la sentencia es representativo del impacto que generó. En la sociedad que dejó mudos a todos”. –¿Sorprendió para bien o para mal?–La sorpresa debe entenderse en el contexto de la sociedad argentina de la transición, tan conflictiva como fragmentada. El juicio estuvo acompañado de amenazas permanentes a fiscales, jueces, funcionarios, secuestro de testigos, amenazas de bomba. Alfonsín había tenido que decretar un Estado de sitio. El estupor tuvo que ver en parte, también, con cierta desazón que causaron las condenas sobre todo en las agrupaciones de derechos humanos, si bien en la mayor parte del espectro político la sentencia fue celebrada. Los organismos no esperaban máximas condenas para algunos jerarcas de las juntas, pero tampoco las absoluciones. Y esa desazón luego se abre en diferentes caminos. Las Madres emiten un comunicado muy duro en el que vincula el juicio a las Juntas con la falta de voluntad del Gobierno de perseguir penalmente a los militares. Le llaman “simulacro”. En otros organismos, como CELS o la APDH, a pesar de las absoluciones, que fueron condenadas, se valoró mucho el avance judicial como el primer registro de que aquel había sido un comportamiento criminal, sistemático y planificado. Y subrayan el punto 30 de la sentencia, en el que la Cámara Federal ordena continuar investigando la participación de grados subalternos a los jefes de las fuerzas. No obstante, la sospecha de que una salida “política”, fuera amnistía u otra, no se apagaba.
“La alerta sobre la salida política era permanente, incluso antes del juicio. Y justificada además, porque durante el desarrollo del juicio emergen varias informaciones cruzadas desde el Gobierno. Algunos funcionarios hablaban a favor del desarrollo de la Justicia y otros planteaban que era necesario ‘cerrar la cortina’” del pasado con amnistías. Alfonsín mismo debe salir a responder políticamente”. Los temores, no obstante, no eran infundados: no llegó una amnistía, pero sí las leyes de Punto Final, de Obediencia debida y, finalmente, los indultos.
Legado y deudas
Hay un legado de esa sentencia que perdura hasta nuestros días. Y ese es el “reconocimiento del carácter criminal de un régimen que se concibió al margen de la ley y que implementó prácticas de lo más inhumanas para reprimir”, puntualiza el especialista. Porque, opina, “tras el Juicio a las Juntas nadie puede negar en buena fe lo que ocurrió en la dictadura, se acabaron las estrategias negacionistas, o quedan en eso, negacionismo, los desaparecidos de ninguna manera están en Europa como hasta entonces creía gran parte de la sociedad. La sentencia viene a sancionar con la fuerza de la verdad que lo que sucedió fue un crimen”.
Sin embargo, aquello estuvo lejos de zanjar las divisiones que fragmentaban a la sociedad argentina de la transición democrática. “Por el contrario, las amplifica”, asegura Galante. “El juicio y la sentencia amplificaron los conflictos existentes, funcionaron como caja de resonancia en donde quedaban expuestas las representaciones divergentes sobre el pasado que estaba bajo análisis y sobre lo que debía esperarse por venir”. –¿Por qué esto es así?– Pues porque si bien en términos jurídicos, la sentencia no pone en duda el carácter criminal de los métodos elegidos por las Juntas, “se apropia de los conflictos culturales persistentes en la sociedad y, en su análisis, los vuelca”. Amplía Galante: “En la primera parte de la sentencia está argumentado en términos históricos lo acontecido en el país bajo los términos de una guerra antisubversiva, los jueces apelan al lenguaje militar para describir los hechos: hablan de terrorismo subversivo, términos que no son cuestionados”. Sus repercusiones hacia adentro y hacia afuera de los derechos humanos.
Más allá de que la condena haya dejado en claro el cáracter criminal del desempeño de los militares, y de que tras lo ocurrido durante ocho meses en la sala de audiencias los gobiernos de Raúl Alfonsín y Carlos Menem hayan barrido –por presiones, por incapacidad de resolver los conflictos que atravesaban a la sociedad, o el motivo que fuere– con las condenas logradas, hubo un aspecto de lo ocurrido durante la dictadura al que el proceso de enjuiciamiento a las Juntas no alcanzó siquiera a desarmar para revisar: el carácter político y económico del Golpe y de sus crímenes; el modelo de país que se buscaba instalar a partir de los secuestros, desapariciones y asesinatos. “Haber roto con el ciclo iniciado en 1930 de golpes de Estado y democracias débiles se lo debemos al juicio a las juntas y a su condena, a esa transición de los 80. Sin embargo, hubo entonces cierto contraste entre la condena moral que existía sobre los crímenes de los militares y la dificultad que había para condenar el golpe per sé. Había una dificultad de parte de la sociedad para reconocer el carácter político de los crímenes condenados en el Juicio a las Juntas, así como el proyecto político y económico regresivo que buscó la dictadura con ellos”, sostiene Galante.
La condena sirvió como “puntapié de recuperación de los derechos humanos como valor de la democracia, algo que cae durante el Gobierno de Carlos Menem y empieza a resurgir en 2003”. También como “antecedente penal para la lucha por la Justicia” en relación a los crímenes de lesa humanidad no solo en Argentina sino también en otros países. Es que, no solo la condena se fundó sobre pruebas que, aún en los juicios de hoy, siguen impactando –testimonios ofrecidos en aquel proceso, sobre todo–, sino que “lo que quedó fuera de esa condena, trunco, por decirlo así, se reabre el camino hacia la persecución de justicia”, propone el sociólogo. Sigue: “Durante el período de la impunidad, la historia de la lucha por la memoria, la verdad y la justicia comienza a escribirse en los márgenes de aquello que había escrito la condena del juicio a las Juntas Militares, en permanente interacción. Fue su piedra basal”.
Un mojón contra el olvido
En la constitución de la memoria colectiva en relación con los crímenes del terrorismo de Estado, la condena de diciembre de 1985 también fue un mojón, que por supuesto no hubiera existido sin la persistencia de los organismos de derechos humanos que empezaron a reclamar verdad en el mismo momento en que el gobierno dictatorial y sus aliados en cada espacio del campo sociocultural, medios de comunicación a la cabeza, insistía en escribir mentiras.
“Fue un elemento fundamental en la construcción de memoria, en la conformación de una serie de enunciados básicos, compartidos por amplios sectores de la sociedad que no concuerdan con otras representaciones de ese pasado, pero sí en aquella verdad que habían empezado a plantear el movimiento de derechos humanos y la Conadep luego: los de la dictadura fueron crímenes. No obstante, en medio del camino transicional, había quienes estaban apurados, incluso desde la panza del Gobierno radical, en transitar el proceso judicial con rapidez para poder, finalmente, olvidar”, dice Galante, quien cita en su trabajo una declaración del entonces secretario general de la Presidencia, Germán López, sobre la supuesta necesidad de “concluir rápidamente con esto, para que la sociedad se repliegue sobre sí misma, haga la reflexión necesaria, se sancione lo que corresponda, y se baje la cortina sobre esta situación dramática”.
Suponiendo que la condena del Juicio a las Juntas no hubiera sido anulada con las leyes de impunidad, ¿habría sido posible el cierre inmediato del capítulo? Es difícil imaginarse esa solución a la luz de lo que ocurrió. De hecho, al comprobar judicialmente lo que había ocurrido hubiera sido difícil persuadir sobre la clausura. Una vez comprobada la existencia del delito ¿con qué argumento se puede invitar a su olvido?
Ailín Bullentini /Página 12 /Nodal
Recuadro:
Comienza el séptimo juicio por delitos de lesa humanidad
El séptimo juicio por delitos de lesa humanidad en Neuquén se iniciará este miércoles, cuando el Tribunal Oral Federal 1 (TOF) comience a juzgar a 15 imputados pertenecientes a Fuerzas Armadas y de Seguridad nacionales y provinciales, que actuaron en la región durante la última dictadura cívico militar.
En el marco del juicio que comenzará tras la postergación que sufrió el inicio del debate el 2 de diciembre pasado, se sentará a los acusados en el banquillo por hechos que involucran a 20 víctimas, de las cuales 9 permanecen hasta hoy desaparecidas.
El TOF 1 es presidido por el juez Alejandro Cabral y lo integran Alejandro Silva y Simón Bracco, en tanto que por la Unidad de Fiscales de Lesa Humanidad actuarán Miguel Ángel Palazzani y José Alberto Nebbia.
En tanto, las querellas estarán representadas por la Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén (APDH), el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CEPRODH) y una tercera que será particular de una de las víctimas, mientras que la defensora oficial Gabriela Labat representará a la mayoría de los imputados.
Los hechos que se investigarán ocurrieron en junio de 1976 en las ciudades de Cutral Có, en la capital neuquina y en Cinco Saltos; y en Cipolletti (Río Negro).
Particularmente serán investigados los vuelos clandestinos realizados desde el aeropuerto de Neuquén a la ciudad de Bahía Blanca para trasladar a los detenidos al Centro Clandestino de Detención “La Escuelita” que funcionó en un predio del V Cuerpo de Ejército de la ciudad bonaerense.
En su requerimiento, el fiscal Palazzani señala al piloto Juan José Capella como responsable de los traslados de detenidos en un avión del Ejército los días 10, 15 y 16 de junio de 1976, entre ellos de las nueve personas que permanecen desaparecidas.
Los imputados, además de Capella, son Miguel Ángel Cancrini, Norberto Condal, Jorge Di Pasquale, Jorge Granada, Raúl Guglielminetti, Gerónimo Huircain, Jorge Molina Ezcurra, Desiderio Penchulef, Oscar Lorenzo Reinhold, Sergio San Martín, Jorge Soza, Carlos Taffarel, Walter Tejada y Osvaldo Páez.
Los desaparecidos son Jorge Asenjo, Carlos Chávez, Susana Mujica, Alicia Pifarre, Carlos Schedan, Arlene Seguel, Mirta Tronelli, Cecilia Vecchi y Miguel Ángel Pincheira.
Otra característica de este juicio es que se investigará como delito autónomo, separado del de tormentos, el abuso sexual sufrido por una de las sobrevivientes.
El Tribunal habilitará la sala de audiencias para un máximo de 35 personas, incluyendo los actores del debate con protocolos sanitarios debido a la pandemia de
coronavirus.
El público podrá seguir las audiencias a través de la página www.cij.gov.ar, mientras que para la prensa se habilitará una plataforma digital.
Télam /Nodal /Enviado por Henry Flores
COMCOSUR INFORMA AÑO 26 – No. 1990 – 11.12.2020
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3) URUGUAY: UN PAÍS INTELIGENTE…
Luis E. Sabini Fernández
revistafuturos.noblogs.org/
Siempre se señala que un rasgo no constituye una constelación, un sistema, pero cuando ese rasgo se reitera, entonces sí, se empieza a contornear o tomar cuerpo, un sistema, de ideas, de comportamientos, de actitudes.
En Uruguay, en medio de ciertos orgullos nacionales legítimos –violencia relativamente baja, instancias de control ciudadano con cierto funcionamiento, limpieza electoral, un fútbol que constituyó caso único en el mundo de país tan chico con trofeos tan grandes, y entiendo que paralelamente el mismo fenómeno se ha dado con las letras.
Pero al lado de tales rasgos, advertimos una creciente dependencia cultural, política, económica nuestra que sólo crece en el torrente de la globalización planetaria.
No estábamos bien con el latifundio, que se adueñó del paisito desmontando durante todo el siglo XIX aquel reparto de tierras de Artigas de principios del ese siglo. En lugar de “suertes de estancia” para los menos privilegiados, el país se repartió con mucha tierra para pocos y rancheríos para el resto. Lo que sociólogos acríticos llamaran con mal disimulado desprecio ”pueblos de ratas”.
Esa estructura territorial a la cual el batllismo, pese a su prédica progresista, poca mella le hizo, fue desmoronándose mientras el país pasaba de proveedor de carnes a Inglaterra a la esfera geopolítica estadounidense siguiendo la política neocolonial del batllismo. Estamos a mediados del s XX.
Los “pobres del campo”, ante un régimen latifundista, expulsivo, abandonaban los campos para dar lugar a los “cantegriles” urbanos.
Así, la ganadería y la escasa agricultura tradicional dio lugar a la agroindustria. Ahora, los grandes consorcios agropecuarios iban a resolver, por fin, la cuestión agraria. Con plásticos y agrotóxicos, remedando la actividad agropecuaria de EE.UU.
La penetración ahora neocolonial −estamos ya avanzando la segunda mitad del s XX− va a ser mucho más profunda: las empresas crecientemente transnacionales ya no se limitan a llevarse el producido sino que empiezan a adueñarse de los campos para orientar la producción, cada vez más extranjerizada.
A este fenómeno de despojo se le llamará modernización. Algo santificante. Que en sus últimas fases, gusta llamarse, a sí misma, “agricultura inteligente”.
Instructiva autodenominación. Que presupone que los campesinos de antes no eran inteligentes o que eran directamente estúpidos.
Esta nueva “ruralidad” ralea más todavía a la población rural y convierte a los trabajadores rurales en foráneos en sus sitios laborales; porque se suben el tractor, al avión, al mosquito, a la segadora, trabajan sus ocho horas y se vuelven a la ciudad.
Esta modalidad se caracteriza porque contamina todo. Es lo que saben los maestros y maestras rurales y los campesinos pobres que siguieron atados a su terruño. Y lo sabemos todos, porque en Uruguay, por ejemplo, el agua de ríos, arroyos, cañadas, ya no es potable; peor aún, intoxica, envenena.
Ésa es la “agricultura inteligente” que campea hoy en “nuestros” campos (lo de nuestros es una figura retórica). La soja y las plantaciones para procesar celulosa, el maíz, transgénico, siguen esas pautas, agroindustriales. Arrinconando a la agricultura tradicional que, a gatas sobrevive por la resistencia –de plantadores orgánicos, biodinámicos, pequeños agricultores ecológicos, campesinos tradicionales que optan por estiércol en lugar de fertilizantes−. La agroindustria, la que campea en todo el mundillo institucional, el oficial y el mediático, sigue las mismas pautas. De envenenamiento. A eso se le llama agricultura inteligente.
Pero nuestro país tiene, con orgullo, al menos oficial, energía inteligente. ¿Y qué es energía inteligente?
Otra vez un calificativo que desmerece lo hecho hasta entonces. Como algo necesariamente no inteligente. Una cierta presuntuosidad presentista.
En el caso que nos ocupa, ahora UTE; nuestra compañía nacional de energía eléctrica, se trata de la incorporación de determinados instrumentos y herramientas; blockchain y Smart Grids, que, podemos intuir por sus denominaciones no son precisamente de origen nacional (designados en el idioma materno de los amos; la lingua franca de los sometidos). Instrumentos entonces inteligentes en todo caso ajenos.
Blockchain aparenta ser una “simplificación” salteando funciones bancarias tradicionales, eso sí, al costo de un enorme dispendio energético y organizativo. Y Smart Grids (enrejados inteligentes) es un instrumento para actualizar blockchains.
Ya estamos acostumbrados a considerar aporte inteligente el aplicado al uso de adelantos tecnológicos. Lo que en todo caso preocupa es que estos “adelantos” están concebidos para aplicar a “grandes clientes”, a quienes se les proyecta reducciones de tarifa “de hasta 60%” respecto de la tarifa habitual (de alguna ventaja o rebaja para los no-grandes clientes, ni una palabra).
Otra vez, como con la agricultura, lo inteligente parece concebido para los grandes capitales…
Hay que ser conscientes que, si los adelantos “inteligentes” son pensados para grandes consumidores, no andamos bien.
Pero el gobierno “avanza” más todavía… en el mismo sentido. Proyecta iniciar el tendido de 300 km de línea de alta tensión para poner a disposición… de UPM.
Para lo cual, ya nos están avisando, UTE proyecta un aumento.
Como si la tarifa fuera baja, su presidenta, Silvia Emaldi, tiene la desfachatez de “adelantar” el estudio de un aumento de tarifas, “probablemente a partir de enero”. (1)
Emaldi aclaró que se trata de una “obra importante”, que llevará unos 3 años y costará 200 millones de dólares.
Observe el deshauciado lector que dicha red va a ser para proveerle electricidad a UPM y para que UPM coloque la producción eléctrica sobrante de su procesamiento. Que será ganancia extra para UPM (con tarifa asegurada de antemano, que seguramente va a ser más alta de la que después pueda cobrar el estado uruguayo para recolocarla… hay antecedentes al respecto).
El consumidor uruguayo debe pagar una tarifa eléctrica de las más altas que se conoce, y cuando se habla de ahorros y abaratamientos es para grandes empresarios multimillonarios y no para población esquilmada… ¿no parece mucho?
Porque ni siquiera en esta inversión, señalada con descaro por Emaldi, UPM paga. ¡Qué generosidad la del mejor ministro de Finanzas del mundo!,(2) y de los presidentes más progresistas que tuvo el país! ¡Y que la actual presidencia se ha apresurado a mantener, pese a la existencia de causal refrendada por el mismo contrato de anulación o suspensión en caso de pandemia!
Es que hay quienes para servir a las grandes finanzas mundiales no se fijan ni se detienen en las dificultades… ajenas.
Ni reparan en ellas, aunque el planeta que habitamos −desde gigabillonarios hasta quienes apenas consiguen un mendrugo− se esté yendo al mismísimo infierno.
“Gracias” a una tecnificación autista que repara en la naturaleza únicamente como recurso económico, gracias al calentamiento global, gracias a los desperdicios que “producimos”.
Todo ello impulsado por la agroindustria y el consumismo desenfrenado. Ni siquiera ese futuro cada vez más cercano parece afectarlos. Cuentan que van a surfear esta ola.
Notas:
(1) Reproducido por la diaria, de Radio Mundo, 24 nov. 2020.
(2) Distinción otorgada por el Financial Times a Danilo Astori, 2018.
Luis E. Sabini Fernández
COMCOSUR INFORMA AÑO 26 – No. 1990 – 11.12.2020
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4) URUGUAY: SEGURIDAD SOCIAL – DIAGNÓSTICO A PEDIDO
José Antonio Rocca /Primera quincena, diciembre 2020
La ley de urgente consideración creo una comisión de “expertos” para realizar un diagnóstico sobre la seguridad social en Uruguay. El manto supuestamente técnico no puede ocultar que se tratará de elaborar un documento tendiente a fundamentar recortes de gastos sociales.
Los esfuerzos notorios para quitar el tema del ámbito de los derechos humanos esenciales donde incluso lo ubican las declaraciones universales al respecto y pretender circunscribirlo y reducirlo poco más que al área financiera representan por sí mismos una definición esencialmente ideológica y política.
Ingresos dignos para la vejez de los trabajadores, seguros de enfermedad, accidentes, invalidez, maternidad, seguro de paro, son derechos básicos de la población que no amparan los “mercados” y la discusión sobre a quienes debe corresponder su financiamiento implica opciones sociales.
Las propuestas actuales se inscriben en un contexto pautado por la presencia de organismos de crédito que presionan a los gobiernos de la región para que reduzcan gastos públicos para garantizar el pago de intereses de deuda.
Las recomendaciones de las calificadoras de riesgo (1) reiteradas hasta en momentos previos a la asunción del gobierno multicolor no dejan espacio a dudas. “El punto central es si la nueva administración podrá implementar la reforma de pensiones y otras iniciativas y por lo tanto contener los gastos estructurales” (2) “la próxima adminstración deberá proceder a concretar una reforma de la seguridad social” (3)
Más allá del uso de argumentos para la tribuna que recurren a dudosas proyecciones demográficas (4) que ni siquiera consideran flujos migratorios, el diagnóstico “técnico” se utilizará como insumo para justificar reformas previstas de antemano, como lo certifican las declaraciones del presidente de la comisión Dr. Saldain.
Sus recomendaciones tienen por eje el incremento de la edad mínima jubilatoria, en concordancia absoluta con los acreedores y son previas al funcionamiento de la comisión y sin estudios serios sobre características demográficas por clase social, condiciones laborales por sectores, formalidad de las relaciones de trabajo, salarios, insidencia de las reformas en el funcionamiento global de la economía.
No menciona temas referidos a la distribución de los frutos de los avances técnicos y la mayor productividad del trabajo que logicamente deberían implicar reducciones de vida laboral y no extensiones, aun considerando tendencias promedio a la mayor esperanza de vida.
Tampoco aparecen evaluaciones sobre los efectos del sistema de AFAP vigente y menos aún las articulaciones de la seguridad social respecto a la actividad económica y la demanda laboral futura.
Su set de declaraciones incluye reflexiones sobre la importancia del ahorro individual en los sistemas previsionales. Tomando como ejemplo países cuyos salarios promedios más que triplican los orientales.
Más allá que los ingresos de la mayor parte de los asalariados en Uruguay son insuficiente incluso para “parar la olla” y pagar deudas, parece derivarse de sus conceptos que el “costo” de la seguridad social debe recaer esencialmente sobre los asalariados, olvidando el origen de los sistemas y la historia de aportes patronales y estatales.
Quizás soy demasiado desconfiado, pero me temo que la comisión es simplemente una excusa para justificar decisiones políticas prácticamente pre determinadas.
Viene a mi mente la letra de una vieja retirada de murga (5) que decía algo así como “A dios momo poderoso perdona si no me callo, pero antes del carnaval la gente ya sabe el fallo”.
Gotitas de economía
Según informa la Cámara de Industrias, entre julio y setiembre del 2020, el índice de volumen físico del sector en Uruguay – sin refinería de ANCAP- descendió 4.5% respecto al mismo lapso del año previo. La inversión entre enero y setiembre cayó 8.2%.
Datos de la Cámara de comercio y servicios registran que el sector se contrajo 0.8% durante el tercer trimestre del año respecto al 2019. Sexto descenso consecutivo.
Los gastos del gobierno uruguayo a favor de la inversión de UPM se tornan cada vez más gravosos. Mayores costos de los previstos en la construcción de vías férreas, viaductos, carreteras, obras de UTE, dragado e instalaciones portuarias requeridas por la empresa. El pueblo paga. Mediante menores servicios sociales, descenso de salarios públicos, mayores tarifas y “ainda mais”.
Quedó al desnudo la demagogia de algunos seudo opositores, al acuerdo, que cuando llegaron al gobierno la dejaron pasar. La pandemia les dio en la mano la posibilidad de renegociar y no hicieron nada. Y votan recursos para obras al servicio de UPM.
Durante el tercer trimestre de 2020, el registro oficial de desocupados en Brasil se eleva a 14.7%.
En el tercer trimestre el PBI de China incrementó 4.9% en relación a 2019. Apenas menor que el interanual de 2019 respecto a 2018 que fue de 5.3%.
Notas:
(1) Que naturalmente responden a los intereses de los acreedores.
(2) Agencia calificadora japonesa R&I
(3) Agencia canadiense DBRS.
(4) Los índices de natalidad y mortalidad son variables. Además los promedios en estos casos pueden ser engañosos.
(5) Murga “Araca la cana”. Allá por los noventa.
José Antonio Rocca /La economía de a pie
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5) URUGUAY: CRIADERO DE ESTURIONES CON RIESGO DE CIERRE POR DEUDAS
Industria de caviar puede ir a remate si no logra acuerdo para abatir el endeudamiento, cuyo principal factor es un canon que cobra UTE por usar el agua del Río Negro
Víctor L. Bacchetta /Sudestada – 07/12/2020
La empresa Esturiones del Río Negro (ERN), dedicada a la cría de esturiones a orillas del embalse de la represa de Baygorria, en el departamento de Durazno, se presentó a concurso voluntario de acreedores en el pasado mes de junio. Desde los años 1990 esta empresa fue la primera productora de caviar de esturión en el hemisferio sur y su producto, el Black River Caviar, es considerado uno de los de mejor calidad del mundo.
El proyecto original aspiraba a llegar a producir 10 mil kilos anuales de caviar, con una capacidad instalada para llegar hasta 15 mil kilos. La empresa generó importantes dividendos en la primera década de este siglo, pero luego comenzó a tener pérdidas financieras significativas que llevaron a la situación actual.
Fundada por uruguayos, ERN pasó en 2018 a manos de Black Water Investors LLC, un fondo de inversión estadounidense que adquirió el 70% de las acciones. De acuerdo con la Memoria Explicativa presentada por el presidente Matt Foster en el Juzgado de Concursos de 2º Turno, las causas principales de la reducción de los ingresos obedecen a un conjunto de factores tanto externos como internos.
El factor externo más importante habría sido el aumento de la oferta de caviar en el mercado mundial, principalmente desde China, que triplicó sus exportaciones entre los años 2013 y 2017, lo que provocó una importante reducción de los precios. Del precio medio de 650 dólares por kilo (USD/kg) al que se vendía hasta entonces, el promedio cayó a 465 USD/kg en 2019 y a unos 200 USD/kg en 2020.
Entre los factores internos, una caída de la producción provocada por una demora en la maduración de los peces como consecuencia de la sustitución del esturión siberiano original por el ruso más valorizado, y el aumento de la mortalidad de los mismos. De producir más de 6 mil kilos de caviar en 2014, la empresa pasó a menos de 1.500 kilos en 2015, con una lenta recuperación en los años siguientes.
La mortalidad de los peces es atribuida al aumento de la temperatura del agua, mayor número de días por encima de los 20 grados, y la frecuencia y severidad de las floraciones de microalgas en el río y el embalse. Las cianobacterias reducen el oxígeno y producen toxinas con un efecto crónico sobre la salud de los peces, cuyo sistema inmunológico fue afectado también por una reducción de la calidad de las raciones.
Esturiones del Río Negro invirtió unos 600 mil dólares en la construcción de un sistema de circulación de agua subterránea con el fin de bajar la temperatura para los peces de mayor tamaño en los meses de calor y disminuir la mortalidad. El efecto fue contrario al esperado, la mortalidad aumentó, invirtieron 100 mil dólares adicionales, pero el problema no se solucionó y el sistema fue abandonado, según el informe de la empresa.
Por último, la crisis se agravó este año, en medio de la pandemia declara por la Organización Mundial de la Salud, por la caída general de la demanda de sus principales clientes de la empresa, restoranes, hoteles, cruceros y la industria turística en general. Las proyecciones de producción e ingresos cambiaron totalmente, la empresa entró en un endeudamiento creciente sin posibilidades razonables de hacer frente a facturas y créditos impagos.
El canon cobrado por el agua
En la fecha de presentación a concurso de acreedores, las deudas de ERN ascendían a cerca de 5 millones de dólares (203.798.600 pesos uruguayos), de los cuales un 45% correspondía a préstamos de sus accionistas, 41% a créditos bancarios y un 13% a acreedores varios, por compra de insumos, gastos fijos y arrendamientos. De estos últimos, el 86% del total, 23:542.154 de pesos, corresponden a la UTE.
El 98% de la deuda de ERN con UTE lo constituye el cobro por el agua. Para utilizar las aguas del río, la empresa escogió un predio lindero del embalse de Baygorria, de propiedad de la empresa estatal. El sistema utiliza la fuerza de gravedad para hacer pasar el agua por las piletas donde están los esturiones. Toma el agua del embalse y la devuelve aguas abajo de la represa, aprovechando la diferencia de nivel.
UTE le cobra a ERN un arrendamiento por el área ocupada en su predio y le agregó un costo por el agua usada en el emprendimiento. El Código de Aguas le asignó al Poder Ejecutivo la decisión sobre los casos en que los permisos de uso del agua “podrán otorgarse con carácter gratuito, así como el canon o las contribuciones que deberán pagarse en otras situaciones”. (Decreto Ley 14.859, artículo 167)
El decreto 160/980, que reglamentó el uso de las aguas y álveos dominiales, otorgó a UTE “prioridad para el uso de las aguas de los embalses” para generación de energía frente a los otros usos posibles, excepto el suministro de agua potable a la población. Digamos al pasar que UTE solo perdió esa potestad para asegurarle el flujo mínimo a UPM, cumpliendo los compromisos del contrato firmado por el gobierno.
El hecho es que UTE decidió cobrarle a ERN “el valor de la energía no generada” por el agua que no pasa por la represa de Baygorria. Ni siquiera esto es así, el volumen de agua utilizado por ERN (dos metros cúbicos por segundo) no afecta la generación de la represa. Con el proyecto en alza, el canon no significaría mucho para ERN, pero al entrar en un declive, al ser un costo fijo, pasó a ser una sobrecarga fatal.
“El canon que se basaba en una compleja fórmula considerando el pasaje del agua, comenzó a representar cifras siderales, que la empresa no podía atender, generando una deuda que creció en forma exponencial”, afirmó el contador Jorge Baruj, síndico del concurso designado por el juez Álvaro González González, en el informe a la asamblea de acreedores a realizarse el próximo jueves 10 de diciembre.
Si no hay un convenio con los acreedores o no se produce una venta de la empresa, la alternativa es el remate público. Para el síndico, lo razonable sería llegar a un acuerdo, porque si no se llegara a un convenio con la UTE, que es el principal acreedor, ir a la liquidación implica la destrucción total del valor, la pérdida de 30 fuentes de trabajo y que ninguno de los acreedores recupere sus créditos, incluida la UTE.
Las características del emprendimiento reducen las alternativas, el principal activo de ERN son los peces vivos e instalaciones y equipos que no pueden ser trasladados a otros lugares. La otra empresa del ramo que existe en el país, Estuario del Plata SA, que produce el caviar Polanco, aguas arriba de San Gregorio, no se encuentra en esa situación. Al estar lejos de las represas, UTE no le puede cobrar canon.
Víctor L. Bacchetta /Sudestada, periodismo y transparencia
COMCOSUR INFORMA AÑO 26 – No. 1990 – 11.12.2020
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“Siempre he partido de una idea elemental: la de que la verdad no necesita ser justificada por la adecuación a un objetivo superior. La verdad es la verdad y nada más. Debe ser servida, no servir.”
Eugenia Ginzburg / “El vértigo”.
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VEO VEO – Propuestas y comentarios de Henry Flores
Como consecuencia de la emergencia sanitaria, o pandemia del Covid-19 que está recorriendo el mundo como “coronavirus”, se han suspendido gradualmente todo tipo de espectáculo artístico, deportivo y cultural, por lo que esta sección tomará un giro, para sugerir otros temas vinculados a la literatura, la historia del arte y de las y los artistas.
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I. FERIA DE ARTE IMPRESO EN TRIBU CAFÉ
Viernes 11 de diciembre: Circuito de arte impreso 8 a 20 de diciembre
Feria de publicaciones gráficas, muestra expositiva, circuito de estudios abiertos, jornadas de producción gráfica, performances, proyecciones, lanzamiento de publicaciones, presentaciones de proyectos, acción gráfica en espacio público, conversatorio y encuentro de publicadorxs.
60 proyectos gráficos/editoriales independientes de Montevideo, te esperan 11 de diciembre, de 17 a 22 horas en Tribu Café – Maldonado 1858 esquina Emilio Frugoni.
Todas las actividades serán realizadas co-responsablemente bajo protocolo sanitario.
Viernes 11: Rafaella aka miau – Fol Cvetreznik – Ediciones Casamario – La posta – La kiosquera – Buena Letra – Perro Studio – Mariel ネナロサ – Obra abierta – Zona Editorial – Untonga /Unfanzine /Incluso – Las Mónicas – Colectivo La Estación – Alma-r Gráfica – Ala Bartola – Colectivo Mandarina – Guilda Guirnalda – Apoena Arte – Lucia Fidalgo – Imágenes como amuletos + mesa libre
www.facebook.com/events/173409057825725
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II. CONCIERTO ITALIA DE PELÍCULA
Homenaje a Ennio Morricone
Miercoles 16 de Diciembre – Teatro de Verano
Un clásico de nuestra orquesta desde hace 25 años: el espectáculo Noche de Película, se renueva y homenajea al grandísimo compositor italiano Ennio Morricone.
Una coproducción de la Embajada de Italia en Uruguay y la Orquesta Filarmónica de Montevideo, con el apoyo de Cinemateca, dan luz a esta Italia de película.
La dirección musical estará a cargo de la Directora titular y artística: Maestra Ligia Amadio Un viaje a través de los principales hitos de la música del cine italiano, con la proyección de las escenas culmines de los filmes.
En caso de suspensión por razones climáticas se posterga para el 17/12/2020 en las mismas condiciones.
Sera a las 21 horas en el Teatro de Verano Ramón Collazo
montevideo.gub.uy/ciudad-y-cultura/agenda-cultural/italia-de-pelicula
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III. SOFIA GABARD Y MEMBRILLO DEL JAPÓN
Jueves 17 de Diciembre – Sala Teatro La Experimental Malvín
Sofía Gabard es una joven cantautora que se aproxima a la canción desde temprana edad en su casa musicalizada por la incesante y variada escucha de sus padres y una infancia rodeada de músicos, como su padre quien le prestaba sus guitarras y su padrino Marcos Abramovich, con quien experimenta en el aporte de coros en vivo y en estudio para su proyecto de música infantil; Frutas Planetas. También es invitada a realizar coros en el disco «Palacatún, Candombe para niños», nominado para los Premios Graffiti 2010.
Con esa primera aproximación al instrumento surgieron las primeras composiciones y una necesidad de plasmar en la canción. Con ritmos de zamba, candombe y bossa parecían surgir, insistentes melodías de un inconsciente despierto.
Se ha presentado como solista y en formato banda en diferentes lugares de la escena cultural montevideana como El Tartamudo, Centro Cultural La Cuadra, Tundra Bar y algunas participaciones como invitada en Sala Hugo Balzo del Auditorio Nacional de SODRE y Teatro Solís.
En 2014 participa de la Movida Joven, resultado ganadora en la categoría «Canto» y una Mención especial en su calidad de compositora. En el 2015 es invitada por Luciana Mocchi a abrir uno de sus espectáculos en «Café Vinilo» en la ciudad de Buenos Aires y es invitada por «Sofar Sounds» para realizar una de sus producciones audiovisuales.
La Sala La Experimental está ubicada en Dr. Decroly 4971 esq. Michigan
www.cartelera.com.uy/averespectaculo.aspx?24161
Henry Flores – El Eternauta
VEO VEO / COMCOSUR INFORMA AÑO 26 – No. 1989 – 04.12.2020
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COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR / COMCOSUR – 1994 – 19 de junio – 2020 – 26 años
Selección y producción: Henry Flores y Carlos Casares
Apoyo técnico: Carlos Dárdano
Colaboran:
ALEMANIA: Alix Arnold (Colonia), Ute Löhning, Antje Vieth y Carlos Ramos (Berlín)
ECUADOR: Kintto Lucas (Quito)
HOLANDA: Ramón Haniotis (Amsterdam)
SUIZA: Sergio Ferrari (Berna)
URUGUAY: Silvio Amodei, Jorge Marrero, Jorge Zabalza.
Carlos Iaquinandi Castro /Redacción de SERPAL
José Antonio Rocca /La economía de a pie (Uruguay)
Luis E. Sabini Fernández /Revista Futuros
Sudestada, periodismo y transparencia (Uruguay)
COMCOSUR INFORMA ES UNA PRODUCCIÓN DE COMCOSUR / COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR / Coordinación: Carlos Casares – DIRECCIÓN POSTAL: Proyectada 17 metros 5192 E (Parque Rivera) 11400 MONTEVIDEO/URUGUAY / Comcosur se mantiene con el trabajo voluntario de sus integrantes y no cuenta con ningún tipo de apoyo económico externo, institucional o personal / Las opiniones vertidas en las distintas notas que integran este boletín no reflejan necesariamente la posición que podría tener Comcosur sobre los temas en cuestión / Comcosur integra la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) /
Blog: nuevo.comcosur.org/
comcosur@comcosur.com.uy /
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