1) Argentina: El derecho al aborto, con avances y obstáculos
2) Argentina: Las alertas previas al femicidio de Úrsula: “si un día no vuelvo, hagan mierda todo”
3) Argentina: El día que la vimos muerta: una crónica sobre el femicidio de Úrsula Bahillo
4) México: 2020 “año de la impunidad y la violencia contra mujeres”
5) México: Detrás del color de mi piel: el racismo contra las migrantes negras
6) Perú: Más de 5.500 mujeres fueron dadas por desaparecidas en 2020
7) Uruguay: Investigación de INAU constata “situaciones de explotación sexual comercial, trata y venta de sustancias psicoactivas” en Treinta y Tres
8) Uruguay: Sálvese quien pueda
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COMCOSUR MUJER /Fundado por Yessie Macchi / AÑO 27 / No. 674 – Lunes 1ero de febrero de 2021 / Producción: Beatriz Alonso, Belén Itza y Cecilia Duffau /Apoyo técnico: Carlos Dárdano
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1) ARGENTINA: EL DERECHO AL ABORTO, CON AVANCES Y OBSTÁCULOS
La ley entró en vigencia el 24 de enero. Desde entonces, el 0-800 de Salud Sexual y Reproductiva duplicó los llamados. Nación compró el doble de misoprostol que en 2020 y en la provincia de Buenos Aires subieron 50 por ciento las consultas. Sin embargo, en varias provincias hay impedimentos.
Desde el 24 de enero, para acceder a un aborto sólo debería hacer falta recurrir a un centro de salud, público o privado, y manifestar la voluntad de hacerlo. Así lo dice la ley 27.610. Para garantizar su cumplimiento, la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva difunde el 0800 222 3444, número al que cualquier persona de cualquier lugar del país puede llamar para denunciar si le niegan atención, si tiene dudas o requiere información sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo. “El volumen de llamados creció considerablemente (más del doble) debido a la visibilidad de la ley y la enorme difusión que tuvo. Habilitamos también el correo institucional saludsexual@msal.gov.ar para recibir consultas y estamos reforzando la línea 0800 Salud Sexual para la atención”, contó Valeria Isla, directora nacional de Salud Sexual y Reproductiva. El gobierno nacional también previó la compra de más del doble de misoprostol que el año pasado, ya que inmensa mayoría de los abortos se realizan con esta droga. Trabajadoras de la salud de la provincia de Buenos Aires registran un aumento de hasta el 50 por ciento en las consultas que se reciben a partir de la ley.
El mazazo llegó el jueves, desde Chaco. La jueza civil y comercial de esa provincia Marta Aucar de Trotti aceptó la medida cautelar presentada por una organización antiderechos y frenó la vigencia provincial de una ley nacional, yendo mucho más allá de su competencia. Mientras acciona con la Fiscalía de Estado, el gobierno de Chaco vuelve a trabajar con el marco legal anterior: aplica la Interrupción Legal del Embarazo de acuerdo con el Código Penal vigente desde 1921. “Tenemos suspendido el marco IVE y volvemos al marco ILE. No se suspendió ningún turno”, explicó a Página/12 la subsecretaria de Salud Comunitaria de Chaco, Carolina Centeno. La diferencia es que hace falta acreditar que el embarazo es producto de violación o afecta la salud de la mujer, algo innecesario con la actual ley, vigente en el resto del país.
Como el servicio de salud es competencia de los estados provinciales, cada una de las 24 jurisdicciones afina sus estrategias de implementación. La disparidad geográfica no es sólo con Chaco, donde la decisión de una jueza impide el ejercicio de este derecho, sino de acuerdo a distintas realidades de los sistemas de Salud provinciales.
–¿Cómo están articulando con las áreas de salud sexual y reproductiva de todo el país la implementación de la ley de IVE? –preguntó este diario a Valeria Isla.
–Los programas provinciales de salud sexual y reproductiva de las 24 jurisdicciones están en coordinación entre sí y con la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva en forma permanente mediante comunicaciones cotidianas a los efectos de intercambiar las experiencias, las fortalezas de cada provincia y la mejor manera de encarar los problemas que se presentan. Esta dinámica se implementó durante todo el 2020 y continúa. Además, durante el mes de enero de 2021 hemos realizado dos reuniones virtuales para coordinar estrategias para la implementación de la ley 27610.
–¿Tienen previstas mayores compras de misoprostol para atenderla?
–Para fortalecer la implementación de la política pública de acceso a la ILE durante el año 2020, la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de la Nación compró 35.000 tratamientos (12 comprimidos) de misoprostol 200 mg. De los cuales 19.000 por compra nacional y 16.000 tratamientos a UNFPA (Fondo de Población de Naciones Unidas). Para el año 2021 se incorporó al plan anual de compras más del doble de lo previsto en 2020, a su vez las jurisdicciones provinciales también compran misoprostol desde los ministerios provinciales o mediante compras directas de hospitales. Algunos ejemplos de provincias que compran misoprostol son Buenos Aires, La Pampa y Ciudad de Buenos Aires, entre otras. La provincia de Santa Fe tiene abastecimiento propio mediante su laboratorio público con sede en la ciudad de Santa Fe, el LIF.
La funcionaria puntualizó que “la medicación se distribuye mediante el programa Remediar a los programas y direcciones provinciales de Salud Sexual y Reproductiva y a centros de salud que requieren su envío en forma directa”. Ese programa llega a más de 8000 centros de atención primaria de todo el país, de los cuales 5800 reciben botiquines de salud sexual con métodos anticonceptivos. “Otro insumo que se ha distribuido en los servicios de salud priorizados por las/os referentes y directoras de salud sexual y reproductiva provinciales son los requeridos para realizar AMEU, a los efectos de contribuir a la calidad de atención”, puntualizó la funcionaria. AMEU significa Aspiración Manual Endouterina, y es otro método de interrupción del embarazo.
Hasta la semana 14, y si no hay complicaciones, el aborto puede hacerse de forma ambulatoria, con la provisión de las pastillas de misoprostol en los centros de atención primaria de la salud. También se puede acceder a través del AMEU. Si hay complicaciones en la práctica, o si la edad gestacional es más avanzada, es necesario recurrir al segundo nivel de atención (hospitales) y ese es un punto álgido en muchas jurisdicciones.
Medicamento prohibido
En San Juan y Mendoza, de la región de Cuyo, la venta de misoprostol está prohibida en las farmacias, lo que dificulta el acceso a la ILE a cualquier usuaria de obras sociales, ya que sólo puede obtenerse en el sistema hospitalario. “Todas las IVE y las ILE entran por el 0800 de Nación, que está explotado, de ahí lo toma el programa de Salud Sexual y Reproductiva de Mendoza y de ahí se deriva a buenas voluntades. Hay pocos equipos armados, hay zonas que no tienen equipos. Se garantiza el acceso pero con todos esos limitantes. No existe en Mendoza el pedido voluntario de IVE, no podés ir al centro de salud, a tu médico o médica a pedir la interrupción voluntaria del embarazo, todo es por 0800, debido a la ley de prohibición de venta de misoprostol que está vigente desde 2009”, explicó Gabriela Dik, psicóloga e integrante de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir de esa provincia. “Entendemos desde la Campaña (Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito) y desde la Red que esa ley se hizo para limitar los abortos, lo que favoreció la clandestinidad y el mercado negro. La prohibición del misoprostol en farmacias trae todas estas consecuencias y con la IVE se nota más, se hace muchísimo más evidente”, agregó. Existe un proyecto en la Legislatura provincial para derogar esa norma, y llegó a tener media sanción en Diputados “pero está cajoneado y en todo este año la comisión de Salud del Senado no se pudo reunir y entonces no hay un solo avance en esa derogación”, lamentó.
Interculturalidad pendiente
Otra provincia donde el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo genera desafíos es Jujuy. “Fuimos convocadas a la reunión con la dirección del programa de Salud Sexual provincial para ver cómo íbamos a implementar la ley. Se pidió poder trabajar una guía provincial, que todavía no tenemos. Estamos tomando de modelo la que salió en Buenos Aires y queremos poder incluir en esa guía, que es la manera de asegurar un procedimiento, algo más local como son los intérpretes que siempre necesitamos, que haya en los equipos alguien que tenga una mirada más intercultural. Hay muchas personas que hablan más el quechua que castellano”, plantea Luz Díaz, de la Red de Profesionales de Jujuy.
Una de las propuestas de la Red de Jujuy es que la guía “incluya a los espacios activistas y acompañantes”, que hacen de puente entre las personas y el sistema de salud. Justamente, el activismo feminista difunde el 0800 Salud Sexual. “Sabemos que han aumentado las llamadas y si bien hay una demora, hasta ahora el tiempo de resolución es de 48 horas”, puntualizó Díaz.
Al alcance de todes
El 0800 de Salud Sexual es una herramienta disponible en todo el país, de lunes a viernes de 9 a 21, sábados, domingos y feriados, de 9 a 18. Allí se pueden hacer consultas y también denunciar la falta de atención.
–¿Han notado una mayor demanda al 0800 a partir de la aprobación de la ley? ¿Tienen previsto reforzar la atención? –fue otra de las preguntas para la Directora Nacional de Salud Sexual y Reproductiva Valeria Isla.
–El volumen de llamados al 0800 creció considerablemente (más del doble de llamados) debido a la visibilidad de la ley 27610 y la enorme difusión que tuvo. Habilitamos también el correo institucional de la dirección nacional: saludsexual@msal.gov.ar para recibir consultas y estamos reforzando la línea 0800 salud sexual para la atención. Las respuestas a las consultas realizadas a la línea 0800 en algunos casos se realiza a través de los equipos técnicos de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva; en otros se requiere de la participación de los programas provinciales, otros organismos o programas gubernamentales. La resolución de las situaciones que ingresan es un trabajo conjunto con cada provincia y los equipos de salud que garantizan el acceso, durante el 2020 a la interrupción del embarazo por causales ILE y a partir del 24 de enero a la interrupción del embarazo por plazo (14 semanas inclusive) sin necesidad de brindar motivos.
La más grande
Buenos Aires fue la primera provincia en difundir un protocolo de IVE, elaborado por los Ministerios de Salud y de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual. “Esto significa poner a las personas que se atienden realmente como protagonistas de su salud y de su vida, y no tener que estar justificando por qué quieren o no quieren. Dejamos de ser las profesionales de salud las que decimos si un aborto es legal o no porque diagnosticamos una causal y es la persona la que decide. Realmente ahora se respeta la autonomía”, subraya Julieta Bazán, que trabaja en la Unidad Sanitaria 1° de Mayo y en el hospital Narciso López de Lanús y es integrante de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, donde se nuclean más de 1000 trabajadorxs de todo el país que desde mucho antes de la ley venían garantizando el acceso a todos los derechos sexuales.
“El cambio en los equipos de salud que trabajamos en la Red es más que nada administrativo. Nos facilita mucho el trabajo no tener que estar justificando las causales. Pero en cuanto a la dinámica de atención es la misma. Nosotros hacemos una escucha integral”, apunta Bazán, quien considera que el protocolo de la provincia es importante. “Son necesarias las directivas para que en todos lados se resuelva de la misma manera, para empezar a hablar de qué hacemos en esta situación, porque es una ley nueva. Si bien veníamos garantizando en muchos efectores, esto inspira a que los otros efectores que no venían garantizando el acceso a la Interrupción del Embarazo tengan material para dar por lo menos una primera respuesta. Falta construir que haya más efectores que den respuesta”, apunta Bazán.
Justamente, en el conurbano bonaerense, hay una gran disparidad entre las personas que saben que pueden recurrir al sistema de salud y aquellas que, al no contar con la información, recurren a prácticas inseguras y ponen en riesgo su salud. Dos de las muertes que se conocieron por aborto clandestino durante 2020 en la Argentina fueron en la provincia de Buenos Aires (La Matanza y Junín). “Desde 2018 hasta ahora, las personas que accedían a más información, con el debate en el Congreso, ya venían a averiguar desde otro lugar, más decididas, o sabiendo que podían consultarnos y al mismo tiempo recibimos por la guardia a personas que habían realizado prácticas más inseguras. Hay personas con mucha información y personas que no, y que han tenido que recurrir a prácticas inseguras y que después dijeron si hubieran sabido, venían de entrada al hospital o al centro de salud a preguntar”, plantea Bazán sobre la necesidad de difundir que ahora se trata de un derecho. “Desde 2018 a ahora creció un montón la demanda en el sistema de salud. Y ahora estábamos viendo que con el anuncio de la ley, durante enero crecieron un montón también las consultas. Personas que se acercaron a preguntar: ‘¿todavía puedo interrumpir, porque este embarazo no lo busqué, no lo deseo? Venían a preguntar diciendo eso, o que escucharon que salió la ley. Tuvimos en enero un incremento de la demanda en relación a diciembre muy grande, incluso en algunos efectores lo evalúan en un 50%”.
Preguntas en La Capital
En la Ciudad de Buenos Aires, el lunes pasado recibieron el nuevo formulario de consentimiento informado. “Lo empezamos a usar ese mismo día. Lo que cambia sobre todo es el formato de consulta. Nosotras seguimos sosteniendo que el trabajo tiene que ser interdisciplinario porque nos parece que todo el contexto de la situación integral de salud tiene que entrar en la consulta. Lo más importante que cambió para nosotras es que frente a una persona que viene a solicitar un acompañamiento de aborto seguro, ahora simplemente con esa solicitud la podemos acompañar. No significa que entonces si hay una situación de violencia no la vamos a abordar, si tiene una situación económica muy compleja no la vamos a abordar y tratar de acompañarla. Todo eso no va a quedar afuera, no queremos que quede afuera, por eso no queremos que sea un procedimiento solamente médico”, plantea Estefanía Cioffi, también de la Red, que trabaja en CABA y en Quilmes.
Estefanía difundió por sus redes sociales la primera consulta de IVE, que se hizo viral. “Cuando estamos en la consulta les decimos que se habrán enterado que el 30 de diciembre se legalizó la IVE, y todas vienen conociendo esa situación. Se las ve más seguras, con menos miedo, eso tiene que ver con que concurran al centro de salud en primera instancia, con que no estén dando vueltas a ver qué hacen antes de recurrir al sistema de salud. Siempre tuvimos muchos relatos de personas que hicieron varias consultas o que intentaron interrumpir su embarazo antes de llegar al sistema”, relata la profesional, quien considera que una semana “es muy poquito tiempo para tener conclusiones”. “Lo que vimos es que las mujeres vienen informadas y con menos inseguridades, que lo plantean desde el primer momento”, apuntó Cioffi.
Voces del sur
En la provincia de Río Negro, la garantía de las ILE venía por una ley provincial de 2012. “El viernes tuve cuatro entrevistas por IVE. Mi primera pregunta fue esa. Si había escuchado lo que viene pasando”, planteó María Verdugo, conocida como “Moro”, trabajadora social de un centro de salud de un barrio popular de Cipolletti, que también integra la Red nacional.
Para las trabajadoras de la Red en la Patagonia fue “muy emocionante” lo ocurrido esta semana. “Tenemos un grupo de la regional patagónica de la Red, que somos como 100 personas de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Neuquén y Río Negro. Es muy emocionante poner IVE en el diagnóstico. Saltearse esa parte de explicar por qué ponemos causales. Ahora les decimos que nos interesa que puedas contar lo que quieras. Los motivos son tuyos y podés contarnos lo que quieras. Y ella nos dijo ‘sí, yo lo vi en la tele, qué bueno’. Estaba muy emocionada y agradecida. Es un logro y un avance colectivo. Me emociona mucho poder hablar del deseo ahí. Es una práctica en la que siempre quiero traer el deseo ahí, que importa. Ahora que legislativamente está puesta ahí la voluntad de la persona, eso es reparador”, planteó Moro.
Objeción fuera de lugar
Durante la primera semana de vigencia de la ley, el Hospital Privado de Córdoba hizo una publicación a favor de la objeción de conciencia institucional, que no está contemplada en la norma aprobada. Es decir que si incluso todas y todos los profesionales de un centro privado se niegan a hacer la práctica, deben hacer una derivación, con los costos a su cargo, a otro efector similar.
En el sistema de salud provincial de Córdoba, desde 2019 está vigente el protocolo de Interrupción Legal del Embarazo que se aplica en el país con anterioridad. En esa provincia estuvo frenado durante siete años por una presentación judicial del Portal de Belén que fue rechazada por el Superior Tribunal de Justicia de esa provincia en septiembre de 2019. “Nosotros tenemos una red muy grande del sistema público, que creció mucho a partir de la vigencia del protocolo”, plantea Ana Morillo, de la Red de Profesionales de Córdoba. “El gobierno provincial está mudo, en silencio, porque aparte hemos tenido el bloque completo de los cuatro diputados y diputadas por Córdoba, que tuvieron un voto negativo”, plantea la articuladora de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en esa provincia. “El gobierno provincial distribuye misoprostol, esto lo viene haciendo bastante bien, desde 2019. Se recibió misoprostol de Nación, hubo una compra de la provincia y hubo distribución para el interior de la provincia”, planteó.
Chaco, después del fallo
La Subsecretaria de Salud Comunitaria de Chaco, Carolina Centeno, lamenta la decisión de la jueza de su provincia, sobre todo por lo que implica en la organización del sistema de salud para garantizar derechos. «Nosotros veníamos haciendo Interrupciones Legales del Embarazo, en virtud del marco que tenemos desde 2012, una ley de adhesión al protocolo nacional, que es la 2038G, que nos permitía el marco por causales, y se venían haciendo las interrupciones legales en los tres efectores más grandes de la provincia, que son el hospital Perrando en Resistencia, el 4 de junio en presidencia Roque Saénz Peña y el hospital y algunos centros de salud de Castelli», plantea la funcionaria.
A partir de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, «se planteó la apertura en esos tres efectores de consultorios de demanda espontánea, para canalizar la interrupción voluntaria en virtud de que se empezó a detectar que había una mayor demanda. No llegamos a aplicar todo esto, porque el jueves a la tarde nos desayunamos con la cautelar. El viernes el Estado se notificó y empieza a accionar con Fiscalía de Estado». Centeno puntualizó: «Tenemos suspendido el marco IVE y volvemos al marco ILE que teníamos previamente. No se suspendió ningún turno, pero en vez de hacer IVE y entran por ILE». Para quienes no estén en tema, parece una cuestión de letras, pero se trata claramente de un obstáculo. La IVE no necesita razones, para hacer una ILE hay que determinar que el embarazo es producto de una violación, o afecta la vida o la salud de la persona gestante.
Para la funcionaria, la decisión de la jueza Marta Aucar de Trotti «tiene un mecanismo disciplinatorio por dos lados. Uno es los equipos que estaban garantizando, que se sienten amenazados por la cautelar. Sabemos que de las personas que presentaron el recurso, hay dos que forman parte del área hospitalario del hospital Perrando, ellas buscan el impacto del disciplinamiento a los equipos que se habían puesto en garantizar». Esas dos personas son la jefa de consultorios externos, Gabriela Monzón y Cristina Chemes, integrante del comité de ética hospitalaria del Perrando. Las dos son activas militantes antiderechos y han impulsado a médicas y médicos a firmar como objetores de conciencia. «Pero hay tres o cuatro profesionales, más el servicio de Salud Mental y el de Trabajo Social, que están dispuestos a garantizar y lo siguen haciendo. De hecho, 2020 fue el año donde más interrupciones legales se hicieron en la provincia». Para Centeno, la IVE daba «la oportunidad» de establecer un consultorio. «Estaba asignado el lugar, los horarios y los profesionales que lo iban a hacer, así como el flujorama de atención. Lo mismo en el hospital 4 de Junio de Roque Sáenz Peña, había siete profesionales, uno por guardia garantizando y además un consultorio de guardia espontánea para esta temática», relata los preparativos. «Ellos apuntan a que no sucediera eso. La cautelar viene a disciplinar claramente a los equipos y por el otro lado, a disciplinar a las mujeres, al decirles que si quieren abortar en la provincia no van a poder. Se van a tener que ir a Formosa, a Corrientes o a Santa Fe», lamenta la funcionaria.
Sonia Tessa /Pagina 12 / COMCOSUR MUJER Nº 674 – 22/02/2021
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2) ARGENTINA: LAS ALERTAS PREVIAS AL FEMICIDIO DE ÚRSULA: “SI UN DÍA NO VUELVO, HAGAN MIERDA TODO”
La diaria, 10 de febrero de 2021
Se levantan movilizaciones en todo el país para repudiar la desidia estatal ante el caso de la mujer que fue asesinada por su expareja tras denunciarlo 18 veces.
Úrsula Bahillo tenía 18 años. Antes de ser asesinada por su expareja, Matías Martínez, que trabaja como oficial de la Policía Bonaerense, lo denunció por violencia de género ante la Comisaría de la Mujer 18 veces. El juez de paz Luciano Callegari desestimó la situación y resolvió no renovar la restricción perimetral ni otorgar el botón de pánico que Úrsula pedía porque consideró que el femicida “no era peligroso”. Ahora se investiga el accionar de este juez que, por su parte, denunció a la mamá de Úrsula por las declaraciones públicas que hizo en su contra.
El femicidio ocurrió cerca de Rojas, una localidad a 240 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Martínez trasladó a la mujer a un paraje rural a ocho kilómetros, para asegurarse de que nadie la asistiera. La apuñaló al menos 15 veces.
Después de matar a Úrsula, el femicida se autolesionó con la misma cuchilla. Fue detenido e ingresado en un centro de salud de Pergamino. Será indagado por femicidio agravado por alevosía y premeditación.
Según datos del Observatorio de Violencias de Género “Ahora que sí nos ven”, en enero hubo 33 femicidios en Argentina. Uno cada 23 horas. En 67% de los casos, el femicida fue la pareja o la expareja. Tres de los 33 femicidas forman parte de las fuerzas de seguridad, dos son militares y uno, policía. En 2020, ocho mujeres fueron asesinadas por razones de género por integrantes de las fuerzas de seguridad.
“Me tiene amenazada de muerte. Por eso tengo miedo, amiga”, le dijo Úrsula a Milagros Almirón, una de sus amigas, que recordó el mensaje en Twitter. “Úrsula avisó, fuimos a hacer la declaración y les chupó un huevo. Nos dieron un papel de mierda y nada más y hoy mi amiga está muerta. Ojalá se haga justicia por ella y por todas”, escribió.
“Estoy temblando. No me respondas nada de lo que te digo. Me re cagó a palos mal. Y esta vez fue muy posta”, decía Úrsula en sus mensajes, que se viralizaron en las redes sociales. Le contó que le pegó durante siete meses. “Me callé siempre. Hasta que me vi muerta. Por eso lo denuncié”, llegó a decirle a su amiga. Un tiempo atrás, también escribió en una historia de Instagram: “Si un día no vuelvo, hagan mierda todo”.
Patricia, la mamá de Úrsula, acompañó las movilizaciones y pidió “justicia por el crimen de su hija”. Contó que el femicida “la tenía amenazada de muerte”. “Cuando ella pidió auxilio, la Policía no actuó. ¿Por qué esperaron a que mi hija estuviera en una morgue?”. Los padres de Úrsula se enteraron en enero de la situación de violencia, que ya llevaba meses. Hicieron la denuncia también. La perimetral que se impuso fue violada por el agresor. Volvieron a denunciar, pero la denuncia se desestimó y no hubo consecuencias.
“Nos contaron todo y fuimos a la Comisaría de la Mujer de Rojas, donde nos tomaron la denuncia”, explicó Patricia, aunque aclaró que el 1º de febrero, menos de un mes más tarde, Martínez violó la perimetral que le habían impuesto; ella llegó a fotografiar con un celular al ahora imputado en plena infracción. “Tenía fotos en la puerta de mi casa y no hacían nada, pedía por favor porque no quería que fuera una menos, [quería] que no me la tocaran y la salvaguardaran”, dijo.
También envió un mensaje a Sergio Berni, ministro de Seguridad provincial: “Estoy esperando que baje a la cúpula policial, quiero que la muevan entera, porque no hicieron nada”.
La Policía tuvo además acciones de violencia contra las primeras movilizaciones frente a la comisaría de Rojas, donde se presentaron varias de las denuncias. Nerina, otra de las amigas de Úrsula, estaba reclamando justicia frente a la comisaría local cuando la Policía empezó a disparar con balas de goma. Una de las municiones impactó muy cerca del ojo de la mujer, que cayó al piso y fue rescatada e ingresada a un centro de salud. Recibió el alta médica horas más tarde. Ocho personas fueron detenidas; cuatro tienen menos de 18 años.
La mamá de Úrsula también señaló la violencia policial: “Nadie nos quería decir que nuestra hija estaba muerta y me trataron como a una delincuente. Me pusieron esposas, estoy toda machucada por la forma en que me trataron, y fue un varón, aunque no le pude ver la cara porque me tiraron al suelo”.
El Ministerio de Seguridad Bonaerense intervino la seccional de Rojas y la Comisaría de la Mujer luego del femicidio. Además, la Auditoría General de Asuntos Internos de la cartera ordenó que se realicen “auditorías preventivas” en las dos dependencias.
Familias sobrevivientes de femicidios convocaron este miércoles a una movilización en Plaza de Mayo y en distintos puntos del país para exigir “Ni una más” y “que el Estado tome medidas concretas contra la violencia machista”.
La Diaria/ COMCOSUR MUJER Nº 674 – 22/02/2021
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3) ARGENTINA: EL DÍA QUE LA VIMOS MUERTA: UNA CRÓNICA SOBRE EL FEMICIDIO DE ÚRSULA BAHILLO
María Florencia Alcaraz /Violencias, 11 de febrero de 2021
El cruce entre la violencia de género y la policial, la desolación de las amigas y una radiografía institucional: todo lo que podía fallar, falló.
Matías Ezequiel Martínez, el femicida de Úrsula, tenía denuncias previas por amenazas, violación y una carpeta psiquiátrica en la Policía, pero ningún área del Estado actuó a tiempo. Era un policía desarmado, sin actividades y obsesionado con una adolescente de 18 años. En una cobertura especial para Anfibia y LatFem, María Florencia Alcaraz recorrió la ciudad de Rojas en medio del duelo y habló con la familia, las amigas y funcionarixs.
‒¿Sabés quién es ese pelotudo? El que mató a mi prima.
Los nenes no tienen más de ocho años y están frente al monumento a San Martín, intervenido con imágenes de Úrsula Bahillo y pedidos de justicia en forma de cartulina. El que habla señala con el dedo la foto del femicida Matías Ezequiel Martínez, que está uniformado. El otro sólo escucha y a su alrededor el silencio ocupa todo el espacio público, a pesar de que hay 1.000 personas de todas las edades. Es el tercer día de concentración en la plaza central de la ciudad de Rojas, un pueblo en medio de la llanura bonaerense de casi 24.000 habitantes que hoy está haciendo un duelo a cielo abierto. La primera marcha fue el estallido del hartazgo y el reclamo de justicia ante el crimen; la segunda, la bronca por el doble reclamo para cercar la impunidad ante la represión policial, y la tercera, la despedida. El día que la vimos muerta: el cajón con el cuerpo de la chica acaba de llegar a la parroquia principal. El pueblo calla hasta que una chica empieza, tímida, un aplauso cerrado que acompañará la entrada del féretro. Todos y todas quedan inmóviles afuera ante la ceremonia religiosa.
Antes, Úrsula se había visto a sí misma muerta y se lo contó a su amiga Milagros Almirón, otra adolescente de 16 años. Mili fue su mayor contención en los últimos días. Ella vio cómo Martínez incumplía la última perimetral impuesta cuando lxs cruzó en Avenida Tres de Febrero y 25 de Mayo. Fue a contarlo a la Comisaría de la Mujer por pedido de Úrsula. Las amigas salieron de ahí con un papel que “podía servir para el juicio”. Hoy Mili siente culpa por haber denunciado, porque al día siguiente a Úrsula la encontraron atravesada por al menos 15 puñaladas y ella cree que puede haber sido una represalia.
“¿Sabés qué? Yo me siento responsable de lo que pasó, porque la cabeza funciona así. Te hace sentir culpable. Después me doy cuenta de que no, de que yo no tuve nada que ver”, dice sin dejar de temblar. Está sentada en la vereda del hospital María Unzué, de Alvear. No se mueve más allá de ese punto en el pueblo. No puede pasar ni cerca de la casa donde vivía Úrsula. No fue a la sala velatoria ni a la iglesia, tampoco a la plaza y mucho menos al entierro en el cementerio privado que eligió la familia. Hace un día que no come, no duerme bien y no se baña. Atiende los llamados de periodistas porque siente que esto que está pasando “se tiene que viralizar”. Con una conductora de televisión se enojó: le pusieron los audios de su amiga al aire y ella se sacó el retorno. Su último mensaje con Úrsula fue: “Me muero si por no acompañarte te pasa algo”.
La historia se repite como el perro que gira en círculos y no se atrapa el rabo. Sólo que el recorrido que hacen las pibas en ese círculo al que entran cuando piden ayuda es cada vez más frenético. Para salir del círculo de la violencia machista, entran en otro de violencia institucional cuando todo falla. Cada vez tienen mayor conciencia de cómo la violencia y la burocracia son una dupla que atenta contra sus vidas. Ellas cambiaron en los últimos años, son una generación que se hizo de herramientas y recursos, pero del otro lado se encuentran con estos varones que insisten con la violencia.
Antes de la despedida colectiva en la iglesia, las amigas y vecinas de Úrsula y parte de su familia desfilaron por la casa velatoria Solari, en un adiós más íntimo que empezó a las dos de la tarde. Dos adolescentes llevan flores, hacen la fila y esperan, pero cuando llegan al momento de entrar, desisten. Nunca estuvieron en un velorio y no quieren ver en Úrsula la amenaza latente que ahora pesa sobre sus vidas, el femicidio de otra piba tan cerca. “El cajón está abierto y yo no la puedo ver así”, dice una de ellas.
Otro grupito de amigas sentadas en el ventanal de una casa sólo espera con las miradas perdidas en la nada, cuando se larga a llover.
Ninguna piba debería pasar el verano de gira entre comisarías y fiscalías para pedir ayuda. Las denuncias formales de Úrsula fueron al menos tres. El 9 de enero, el 28 de enero ‒acompañada por su mamá, Patricia Nassutti‒ y el 5 de febrero de este año, cuando denunció a su expareja por los delitos de amenazas y desobediencia en tres expedientes distintos, que quedaron en manos del magistrado Luciano Callegari, del juzgado de paz local, del fiscal Sergio Terrón, de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) 5 y la ayudante fiscal de Rojas, Nora Fridblatt, y de la UFI 3, respectivamente. “Nunca creí estar denunciando a alguien por violencia de género. Quiero ser la última”, había escrito la adolescente en Twitter.
De las tres presentaciones iniciales se hicieron dos ampliaciones: el 9 de enero la madre hizo la denuncia en la Comisaría de la Mujer y el juzgado de paz le otorgó una medida perimetral y el cese de hostigamiento. El 1º de febrero la madre volvió a denunciar, pero el juez la desestimó. Cuatro días después, Úrsula fue a la Comisaría de la Mujer y lo denunció por desobediencia de medidas y amenazas. Los dos días siguientes amplió sus denuncias ante la ayudantía fiscal, la comisaría y el juzgado de paz.
En plena pandemia, un policía desarmado y sin actividades, obsesionado con una chica de 18 años, es un cabo suelto que abre una zona de riesgos que nadie registró
A pesar de que el futuro femicida había desobedecido tres veces, ningún área tomó medidas al respecto. En su última denuncia, Úrsula había pedido el botón antipánico, pero en el Municipio de Rojas no se lo dieron porque no contaban con esos dispositivos en funcionamiento, y según el Área de Género y Diversidad local, no habrían recibido el oficio judicial con el visto bueno.
El 8 de febrero Martínez fue citado por la Ayudantía Fiscal para informarle de las medidas en su contra y advertirle acerca de las consecuencias de transgredirlas. Ese mismo día mató a Úrsula. Ese mismo día, desde el municipio vieron el correo en el que autorizaban el botón antipánico desde el juzgado de paz. Todo lo que podía fallar, falló. Todo lo que podía demorarse se ralentizó.
En el país que gritó “Ni Una Menos” e hizo de esa causa un movimiento social transnacional, a tres horas de la Ciudad de Buenos Aires, los juzgados de paz no tienen guardias los fines de semana. Sábados y domingos son días de desprotección total. Las únicas que evaluaron el riesgo fueron otras pibas como la propia víctima, sus amigas y su familia. Las redes feministas están de guardia 24/7, el denuncismo es una estrategia que se instaló en los últimos años como única forma de pedido de ayuda. ¿Sabrán las pibas que en distintas áreas del Estado hay feministas que quizás pueden darles una respuesta distinta a la de la Policía? ¿Pueden esas feministas dar otras respuestas a las conocidas? ¿Hay otras respuestas posibles?
No había llamadas a la línea 144 [de atención y asesoramiento ante situaciones de violencia de género], que podría haber actuado evaluando el riesgo con mayor rapidez que la Policía. Tampoco se registraron pedidos de intervención de parte del Área de Género y Diversidad de la localidad de Rojas. Ese espacio fue creado hace pocos meses por insistencia del Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad de la provincia de Buenos Aires. Cuenta sólo con dos personas en su plantel y no tiene presupuesto propio. Para 2021 no existe dinero asignado a esta área, según las organizaciones locales. Y la mesa de asistencia a víctimas tiene como presidente a un varón psiquiatra que cuenta con denuncias por violencia machista y que también coordina la Mesa Local Intersectorial en la prevención, atención y salidas de las violencias por razones de género. El círculo frenético del perro mordiéndose el rabo con varones como guardianes de esa dinámica.
“No puedo resistir que ninguna de nosotras lo vio”, dice Andrea Tamasi, de la organización comunitaria de Rojas, La Casa de Todas. “No me lo puedo perdonar. Podría haber llamado al 144, porque el funcionamiento de la Justicia y de cómo actúa la Policía acá ya lo conocemos. Tiene que haber una asistencia comunitaria. Resolver más allá de los mecanismos y los tiempos del Estado”.
Más allá de las denuncias de Úrsula, las agencias y responsables estatales contaban con otras alertas. El 18 de febrero Martínez ya tenía fecha para declarar en el Juzgado en lo Correccional 1º departamental, en el marco de la causa por el delito de amenazas calificadas contra una expareja, Belén Miranda, que se remonta a 2017.
La cantidad desmedida de efectivos en el territorio bonaerense es una herencia del gobierno de Daniel Scioli. Desde 2005 hasta 2015 la presencia policial en la Provincia casi se duplicó: pasaron de ser 48.000 efectivos a 95.000. Martínez es uno de estos tantos que comenzó su carrera como policía en setiembre de 2015 y cosechó un acumulado de sanciones, traslados y carpetas. Según Asuntos Internos de la Bonaerense, durante la gobernación de María Eugenia Vidal tuvo un sumario por violencia machista que no se resolvió en tres años. A mediados de 2020 Asuntos Internos abrió una carpeta médica-psiquiátrica contra él por desobediencia a una superiora que lo colocó a hacer tareas administrativas. Ante un traslado, Martínez la amenazó: “Si me trasladan, tiro una bomba”.
Mientras cursaba ese trámite, al área de Asuntos Internos llegó que tenía una denuncia penal por violación de una nena de 14 años con discapacidad en la ciudad de 9 de Julio, el destino donde había sido trasladado y había formado pareja con una agente policial, Florencia Veloz. Entonces se inició una nueva investigación administrativa y disciplinaria. A comienzos de setiembre, una Junta Médica decidió que había que retirarle el arma por el protocolo vigente en Buenos Aires, y a finales de ese mismo mes se determinó que no podía cumplir ninguna tarea: lo enviaron a su casa porque no estaba en condiciones de prestar servicio. Era el paso previo para desafectarlo, pero no lo llegaron a hacer. En plena pandemia, un policía desarmado y sin actividades, obsesionado con una chica de 18 años, es un cabo suelto que abre una zona de riesgos que nadie registró.
El último pedido de detención fue el 4 de febrero, pero nunca se concretó. Fue cuatro días antes del femicidio de Úrsula: Martínez tenía que estar privado de su libertad, pero no estuvo
La crisis por el coronavirus fue la excusa para demorar pericias en la causa por violación. Martínez estaba cada vez más cercado y al borde de todo, pero a la vez sin ningún control. Recién a mediados de diciembre, una cámara Gesell validó el relato de la víctima de violación que tramitó en la Fiscalía 2 de Mercedes. El fiscal Sebastián Villala pidió su detención dos veces: en enero y en febrero de 2021. La primera no fue ratificada por el juzgado de garantías. El último pedido de detención fue el 4 de febrero, pero nunca se concretó. Fue cuatro días antes del femicidio de Úrsula: Martínez tenía que estar privado de su libertad, pero no estuvo.
“Vine a pedir justicia y así quedé”, dice Jonathan Maidana, y se levanta la remera para mostrar las marcas de la violencia estatal. No puede abrir el ojo derecho. Tiene el cuello lastimado, entre otros cortes, y casi no puede mover el brazo. El lunes salió a las calles: terminó golpeado con la culata de la escopeta, esposado y detenido durante siete horas. Tiene 16 años.
En la escuela 1 Domingo Faustino Sarmiento, de Rojas, se montaron los ministerios itinerantes: el Ministerio de Mujeres, Políticas de Géneros y Diversidad, junto con el de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, ocuparon el espacio para tomar testimonios de la represión del lunes 8, cuando Rojas salió a manifestarse para reclamar justicia. La mayoría son pibes que llegan acompañadxs por sus madres o por amigas. Entran a las aulas para dar testimonio. Todavía no se determinó qué fuerza comenzó la represión, porque la Policía de Rojas había pedido refuerzos a pueblos vecinos y estaban actuando distintas fuerzas de seguridad y grupos especiales.
Nerina tiene 20 años y casi perdió el ojo por un balazo de goma a muy corta distancia. Estaba de brazos cruzados frente a la comisaría. También está en la escuela, dando su testimonio. “No olvidemos a Úrsula porque esto pasó en Rojas, en un pueblo donde nadie pensaba que podía pasar”, dice.
En total, el lunes hubo ocho personas detenidas, cuatro de ellas menores de 18. Hasta el miércoles todavía algunas estaban privadas de su libertad.
Las funcionarias feministas van desde la escuela devenida espacio de escucha al velatorio. Están Flavia Delmas, subsecretaria de Políticas contra las Violencias por Razones de Género; Lucía Portos, subsecretaria de Políticas de Género y Diversidad Sexual, y Agostina Belastegui, directora de Intervención en Situaciones de Alto Riesgo y Casos Críticos, todas del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Géneros y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires. El miércoles también llegó a Rojas Carolina Varsky, subsecretaria de Programas Especiales del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. Tuvieron reuniones con el intendente cambiemita de Rojas, Claudio Rossi, que decretó tres días de duelo, y para “entender el caso” se armó una línea de tiempo en su despacho.
“Interseccionalidad”, “interministerial”, “situado” y “territorialidad” son títulos bonitos para planes y programas, pero se ponen en juego en la urgencia y ahí funcionan con personas a la altura. En la diaria la burocracia estatal gana la disputa con funcionarios y responsables del Estado que continúan viendo desde una mirada cenital. Es urgente una reforma judicial con más funcionarixs que miren al ras del suelo, cerca de los problemas reales, y con perspectiva feminista. El camino de las feministas en el Estado tiene un recorrido pero nunca es suficiente.
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En la plaza central hay un Banco Rojo, de los que se pintan como símbolo del femicidio. Nadie se anima a sentarse ahí.
Ahora que todo estalló, las comisarías de Rojas fueron intervenidas y Asuntos Internos está haciendo “auditorías preventivas” en las dependencias. Además de un tío policía, las amigas de Úrsula dicen que Gabriela Peralta, titular de la Comisaría de la Mujer, está en pareja con un primo de Martínez. Si hay algo más corporativo que el patriarcado, ese algo es la institución policial.
Sergio Berni, ministro de Seguridad bonaerense, había sido uno de los primeros funcionarios en arribar a Rojas. Sus laderos se instalaron en la casa de la familia de Úrsula y no se separaron de ella. Llevaron el cajón cuando se hizo la despedida. Hay respeto a la institución policial en esta familia: el abuelo de Úrsula fue un uniformado.
A pesar de que hacía siete meses que el hostigamiento y los maltratos iban in crescendo, Úrsula mantuvo al margen a su familia, porque las amenazas de Martínez también iban dirigidas a su mamá y su papá. El lunes por la noche, cuando no contestó el celular, su padre, Adolfo Bahillo. cerró el negocio de comidas que tienen en el pueblo a las 21.30. Tenía un mal presentimiento. Todavía no lo volvió a abrir.
El cuerpo de Úrsula lo encontraron el lunes, cerca de las 20.30, a unos 20 minutos de Rojas, entre unos pastizales en un paraje a la altura de Guido Spano. Había llegado viva hasta ahí en el Peugeot 307 gris que manejaba el policía. La búsqueda llegó hasta ese lugar porque Martínez llamó a su tío y le confesó que “se había mandado una cagada”. Cuando la Policía arribó, se encontró con la adolescente asesinada y el agresor herido en su auto, en un charco de sangre. Primero intentó escapar a pie por los pastizales, pero fue reducido y arrestado. Dentro del auto había una cuchilla de carnicero con mango blanco y manchas hemáticas: creen que fue el arma homicida. Martínez asesinó a su exnovia de al menos 15 puñaladas y con la misma arma blanca se autoprovocó una serie de lesiones, en un intento de suicidio o para fingir un ataque. Está detenido en un destacamento en Conesa, sobre la ruta 188, partido de San Nicolás.
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En el bar de la esquina de la plaza principal de Rojas son las 19.00 del miércoles y todavía no hay hielo para la bebida. Sólo hay varones sentados en las mesas. En la televisión están transmitiendo el entierro que ocurre a unas cuadras.
“Te voy a extrañar, hija. Pero voy a hacer justicia”, fue lo último que le dijo Patricia Nassutti a su única hija en la despedida en el cementerio. La mujer estuvo todo el tiempo agachada ante los pies del cajón. Antes de retirarse pidió que lo acomodaran, porque estaba un poco torcido.
Publicado en Revista Anfibia y LatFem / COMCOSUR MUJER Nº 674 – 22/02/2021.
4) MÉXICO: 2020 “AÑO DE LA IMPUNIDAD Y LA VIOLENCIA CONTRA MUJERES”
En México, durante 2020, cada hora 25 mujeres fueron víctimas de violencia en el ámbito familiar, 2 fueron víctimas de violación y 6.5 de lesiones dolosas, de acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que fueron analizados por la plataforma “Nosotros tenemos otros datos”.
Luego de hacer un balance de la estadística de violencia contra las mujeres durante todo 2020 que publicó el SESNSP este 25 de enero de 2021, las defensoras de los derechos de las mujeres que integran la red “Nosotras Tenemos otros Datos” aseguraron que “2020 fue el año de la impunidad y de la violencia contra las mujeres”.
El análisis de las estadísticas oficiales más recientes mostraron que durante el año pasado, en México cada hora 25 mujeres fueron víctimas de violencia en el ámbito familiar; también cada hora 2 fueron víctimas de violación sexual y otras 6.5 son víctimas de lesiones dolosas.
Se registró también que de las 4 mil 982 personas desaparecidas en el país, 68 por ciento eran niñas y adolescentes de entre 0 a 17 años, según los datos oficiales. Por número de casos, el Estado de México, Hidalgo, Chiapas, Yucatán y Puebla, de acuerdo con datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas.
En 2020, además, 940 casos de feminicidio y 2 mil 783 homicidios dolosos de mujeres, lo que representa un promedio de 11 mujeres asesinadas diariamente, 25 por ciento de los cuales ocurrieron con arma de fuego.
A estas cifras se suman que cada día existen 48.4 nuevos deudores de pensión alimenticia.
Impunidad social y del Estado, causa del feminicidio
La impunidad es una de las peores violaciones a los DH, ya que integra un continum de violaciones de Derechos Humanos y son la causa y la consecuencia de un conjunto de otras volaciones, por lo que las Naciones Unidas han llamado a erradicar la discriminación y la impunidad; explicó la abogada feminista y litigante en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso de feminicidio en Ciudad Juárez Chihuhua, conocido como Campo Algodonero, Andrea Medina Rosas.
La abogada definió la impunidad como una construcción social de redes de violencia, de ideas, de mentalidades y de posibilidades que sostienen tanto la discriminación y sobre todo los privilegios que consolidan estas formas de violencia; y recordó que la definición de violencia feminicida en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Libre de Violencia establece que ésta pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres.
Medina Rosas refirió que no se está haciendo un análisis de contexto, como determinar el impacto de la militarización, las empresas que generan un desarrollo sin garantías de DH, cuál es el impacto de profesionales recién egresados sin formación en perspectiva de género; y observó como determinantes de la problemática de impunidad la ausencia de periciales, la gran rotación de MP, las condiciones laborales precarias de este personal, la sobre acumulación de carpetas de investigación, la falta de investigación al funcionariado, la descoordinación entre dependencias gubernamentales, las restricciones de la reparación del daño, y la falta de registro pleno de todas las víctimas directas e indirectas del delito de feminicidio.
Sobre el mecanismo de Alerta de Violencia de Género –que se creó desde 2015 como una de las principales herramientas para contener la violencia contra las mujeres, la coordinadora de la Red Nacional de Alertistas, Leticia Burgos, expresó que actualmente hay más de 610 municipios alertados en el país; sin embargo, no está funcionando porque no es una prioridad del Sistema Nacional de Seguridad Pública y por falta de coordinación de los diferentes niveles de gobierno.
“Cerramos el 2020 incumpliendo las recomendaciones de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), quien recomendó ampliar y cumplir las Alertas”, sentenció la defensora y criticó que este 2021 se hayan otorgado 101 millones 314 mil pesos como presupuesto federal para todas las AVG del país.
“En nuestro país, mientras no se declare a la violencia contra las mujeres como una emergencia nacional y se ponga dentro de los progamas de seguridad va a ser muy dificil que podamos avanzar; y lamentablemente no estamos en los programas prioritarios del país”, señaló la doctora en Derecho e integrante de Nosotras Tenemos otros Datos, Patricia Olamendí.
Con respecto a las niñas y mujeres desaparecidas y trata de mujeres con fines de explotación sexual, la antropóloga feminista Verónica Caporal explicó que no hay congruencia entre las indagatorias iniciadas por la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) y el número de víctimas registradas.
Mientras en 2015 el Secretariado registró más de mil 171 víctimas de trata de personas, la Fevimtra sólo registró 104 indagatorias. En 2016, la distribución fue de 782 víctimas por 72 indagatorias; en 2017 hubo 537 por 69; en 2018 hubo 574 por 70; y en 2019 hubo 676 con 88 indagatorias. En 2020 se reportó 620 víctimas, de las que 453 son mujeres, pero la Fevimtra sólo tuvo 14 indagatorias, sólo una de ellas en Tlaxcala y Puebla, respectivamente, explicó la antropóloga.
“Desde ante de 2020 podíamos ver que Fevimtra estaba abandonada, pero desde la pandemia podemos ver que no sirve de nada”, detalló Caporal y agregó que sigue pendiente para el tema de trata incrementar el cuerpo policial, así como recursos investigativos y casas de refugios de mujeres aportadas por el Estado.
Cimacnoticias / COMCOSUR MUJER Nº 674 – 22/02/2021
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5) MÉXICO: DETRÁS DEL COLOR DE MI PIEL: EL RACISMO CONTRA LAS MIGRANTES NEGRAS
“Cuando trato de salir, los automóviles no se detienen, aun cuando ven que estoy embarazada”; “Si tengo que ir al centro de salud, camino. No tenemos derechos aquí”; “Todo lo que hago es cuidar a mis hijos en casa e ir a la oficina de migración para obtener información sobre nuestro caso»; “No podemos salir, porque nos miran feo, nos tratan mal, nos evitan”; es la cotidianidad de las mujeres migrantes haitianas y africanas en Tapachula, Chiapas.
Varadas en esa ciudad fronteriza, ante la imposibilidad de continuar su viaje rumbo a Estados Unidos o Canadá, las migrantes experimentan discriminación racial en sus interacciones con diferentes autoridades de gobierno y la población mexicana. Las personas locales no las tratan con respeto y dignidad. Es común escuchar expresiones discriminatorias e insultantes para referirse a ellas.
Las mujeres migrantes negras, en particular, se enfrentan a una discriminación racial y de género generalizada en México. La experiencia de las migrantes es atravesada por las desigualdades del mercado laboral, el aislamiento y la ausencia de redes sociales, y servicios inadecuados para satisfacer sus necesidades de salud y educación. La intersección del género, la raza y el estatus migratorio a menudo hace que sea más difícil para ellas navegar por el proceso migratorio que para los hombres. Su contribución a la economía familiar tiende a ser a través de los roles de género: trabajos no remunerados como cuidar de las y los hijos, hacer la comida y lavar la ropa. En algunos casos, viven en riesgo de violencia en el hogar u otros abusos.
Son especialmente vulnerables en el contexto de la atención médica. Muchas migrantes negras que dan a luz en los hospitales públicos sufren discriminación, negligencia y violencia obstétrica/ginecológica debido a su raza. Esta discriminación incluye comentarios racistas y críticas a sus prácticas culturales. Además, algunas personas locales “creen que las mujeres traen enfermedades mortales”. Los hospitales públicos no tienen intérpretes disponibles para explicarles los procedimientos a los que las someterán, y a menudo hay un acceso inadecuado a los medicamentos. El Servicio Jesuita a Migrantes tiene conocimiento de “varios casos de muerte fetal o neonatal como resultado de la falta de atención médica durante el embarazo o la negación del acceso a servicios médicos oportunos durante el parto”.
En tanto existen múltiples informes sobre las poblaciones migrantes y solicitantes de asilo negras, donde reportan que son tratadas peor que la población centroamericana, algunas de esas investigaciones afirman que son «tratadas como animales». En general, las personas migrantes haitianas y africanas, y otras poblaciones negras, se enfrentan a la discriminación racial y xenófoba en el país por el color de su piel y su identidad de migrantes, que tiene sus raíces en la larga historia de México y su lucha contra la negritud y la xenofobia contra las poblaciones afrodescendientes y migrantes. Se estima que 1.4 millones de personas mexicanas se identifican a sí mismas como afrodescendientes, lo que representa el 1.2 por ciento de la población total, de las cuales 705 mil son mujeres.
Aunque muchas personas siguen negando que exista discriminación racial en el país, un estudio realizado en 2017 reveló que el color de la piel es un determinante importante en los logros económicos y educativos de las personas. Las violaciones de derechos humanos que sufren las personas afromexicanas y migrantes negras están entrelazadas. Por ejemplo, los agentes del Instituto Nacional de Migración han intimidado sistemáticamente a las y los afromexicanos en los puntos de control migratorio al confundirles con nacionales de países como Haití.
Con el aumento de la migración de personas haitianas y africanas hacía y a través de México, así como con el movimiento mundial Black Lives Matter, que ha llegado a México, es urgente que el Estado mexicano tome medidas para hacer frente al racismo, ya sea contra las personas migrantes negras o contra las afromexicanas.
No obstante, y pese al incremento de la migración de Haití y África, desde 2010 y 2015 respectivamente, en México, rara vez forman parte de la discusión sobre la migración en la región. Por ello entre 2019 y 2020, el Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI) en conjunto con la Alianza Negra por la Inmigración Justa (BAJI, por sus siglas en inglés) realizó el proyecto de investigación, Mujeres Migrantes Negras en México, sobre las experiencias de las mujeres migrantes negras que ingresan, transitan o se establecen en el país. Resultando dos investigaciones, “Un viaje de esperanza: la migración de mujeres haitianas a Tapachula, México” y “Nos tiene en la mira. El impacto del racismo anti-negro sobre las personas migrantes africanas en la frontera sur de México”. En ellas se destacan cómo los prejuicios raciales crean una discriminación generalizada, violencia racial y un menor acceso a los recursos, migratorios, de asilo y sociales, que existen para las personas solicitantes de protección internacional en el país.
Por lo tanto, es cada vez más importante que el gobierno mexicano tome medidas para abordar la discriminación y otras barreras que afectan a la población migrante africana y otras personas migrantes negras en tránsito o en busca de asilo en el país. Los acontecimientos recientes, como el reconocimiento nacional de la población afromexicana, el trabajo de la Asamblea de Migrantes Africanos en Tapachula para crear conciencia sobre su situación, y el actual movimiento mundial contra el racismo negro, sugieren que hay una oportunidad para el cambio. Sin embargo, es necesario una verdadera voluntad política y una acción concreta a nivel nacional para comenzar a desmantelar las estructuras que perpetúan el racismo contra las personas negras en el sistema migratorio mexicano. Los acontecimientos ocurridos en Tapachula entre junio y diciembre de 2019 pusieron de relieve tanto la forma en que se está modificando la demografía de la población migrante en México, como los límites de sus respuestas.
A través de ambos informes se exponen una serie de recomendaciones, no exhaustivas, al Estado mexicano y a la sociedad civil para abordar y mejorar la situación de las personas migrantes negras en el país, en concreto en Tapachula. No podemos seguir negando la negritud en nuestro país, no podemos seguir siendo cómplices silenciosos de la discriminación, el racismo y la xenofobia.
Desinformémonos / COMCOSUR MUJER Nº 674 – 22/02/2021
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6) PERÚ: MÁS DE 5.500 MUJERES FUERON DADAS POR DESAPARECIDAS EN 2020
Según un informe de la Defensoría del Pueblo, se registraron además 208 intentos de feminicidio y 138 víctimas durante el año pasado. Del total de mujeres desaparecidas, casi 4.000 corresponden a menores de edad.
Más de 5.500 denuncias de mujeres desaparecidas fueron presentadas a lo largo de todo el 2020 en Perú, la mayoría de ellas menores de edad, según un informe publicado por la Defensoría del Pueblo, organo constitucional autónomo del país suramericano.
En total, fueron 1.686 mujeres adultas y 3.835 menores de edad reportadas como desaparecidas: «Es preocupante el número tan alto de mujeres desaparecidas en 2020 porque nos encontrábamos en un contexto de cuarentena y pandemia donde las mujeres se encontraban en un espacio más seguro, que eran sus hogares», dijo Patricia Sarmiento, comisionada de la Adjunta para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo.
«Cada día se viene reportando un promedio de más de 15 hechos de este tipo (más de uno cada dos horas, aproximadamente)», añade la Defensoría.
El informe «¿Qué pasó con ellas?» determinó además que una cuarta parte de las 138 víctimas de feminicidio registradas durante 2020 fueron reportadas como desaparecidas, lo que para la Defensoría evidencia «una estrecha conexión entre estas dos formas de violencia».
También se registraron durante todo el año pasado 208 intentos de feminicidio, mientras que todavía hay 51 muertes violentas de mujeres cuyo contexto sigue sin aclararse y es todavía materia de investigación.
«La problemática de la mujeres desaparecidas ya dejó de ser un tema donde uno puede admitir que la desaparición puede ser por temas personales, sino que está relacionado a formas de violencia, trata de personas y feminicidios», agregó Sarmiento.
Los efectos de la cuarentena durante la pandemia
La pandemia agudizó la violencia contra la mujer en Perú. Durante la cuarentena estricta que rigió del 15 de marzo al 30 de junio se denunció la desaparición de 915 mujeres: 606 niñas y adolescentes y 309 adultas.
Según diversas ONGs feministas, la policía y fiscales no investigan suficiente los casos porque creen que las mujeres huyeron de forma voluntaria, sin prestar atención a que Perú tiene altas cifras de feminicidios, redes de trata de personas y prostitución forzada.
«No solo es preocupante este número de mujeres reportadas como desaparecidas, sino que muchas de estas desapariciones están ligadas a otras formas de violencia más atroces», añadió el informe.
Perú registró 138 feminicidios en 2020, de los cuales 34 involucraban a víctimas dadas por desaparecidas. En 2019, hubo un triste récord de 166 feminicidios.
DW / COMCOSUR MUJER Nº 674 – 22/02/2021
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7) URUGUAY: INVESTIGACIÓN DE INAU CONSTATA “SITUACIONES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL, TRATA Y VENTA DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS” EN TREINTA Y TRES
En el informe se detalla que aproximadamente 20 niños han sido víctimas de la red, tres de ellos fallecidos.
Tres casos, en menos de tres años y un lugar en común: el departamento de Treinta y Tres. El 7 de junio de 2018 asesinaron a Rocío Duche, una niña de 14 años que desde marzo del año anterior estaba en el sistema de protección de 24 horas del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) y un mes antes, a pesar de las recomendaciones del equipo de técnicos de la institución, fue devuelta a su familia. El 25 de setiembre de 2019 apareció el cuerpo de Ángel Acosta, un niño de 14 años, fallecido por ahogamiento mientras sacaba a pasear su caballo, que según testigos se encontraba acompañado por un hombre al momento de los hechos, y que contaba con seguimiento del INAU por oficio judicial. En la madrugada del 14 de diciembre de 2020 Milagros Piedra, una niña de 14 años, murió a raíz de una septicemia causada por una interrupción voluntaria del embarazo en el hospital del departamento. En abril de 2019, en una publicación en Facebook, mencionaba nombres de los posibles asesinos de Rocío Duche, y también estaba en seguimiento del INAU por oficio judicial.
A comienzos de 2020, el INAU presentó una investigación a la Fiscalía de Treinta y Tres en la que se informa sobre “situaciones de explotación sexual comercial, trata y venta de sustancias psicoactivas”. Rocío, Ángel, Milagros y aproximadamente 20 niños más vinculados a la institución fueron y estarían siendo víctimas. En el informe se detalla que el número de adolescentes vinculados a la red va en aumento. “Entre escapar o matarte, ¿vos que elegís?”, se preguntó una de las niñas, según consta en el informe del INAU.
La investigación busca conectar situaciones presentadas individualmente en informes y expedientes judiciales, donde los nombres de los explotadores y tratantes se repiten, así como los nombres de las víctimas y los lugares que frecuentan. Se detalla que “los explotadores utilizan a adolescentes mujeres y varones que se encuentran en una situación de vulneración sistemática de derechos de la que han sido víctimas a lo largo de su vida, siendo esto un factor relevante y de conocimiento para los mismos, haciendo uso de su asimetría de poder, utilizándolas/os como un objeto más de su propiedad con la finalidad exclusiva de su propio interés”. Los adolescentes no sólo son víctimas de los explotadores, también de la vulnerabilidad socioeconómica, de la falta de adultos referentes, del abandono, de la violencia de género e intrafamiliar, y del abuso sexual. En un principio, se denuncia una situación de trata interna, por la cual los adolescentes serían trasladados sin consentimiento de sus representantes legales de un departamento a otro –Cerro Largo, Maldonado, Rocha– e incluso a localidades más pequeñas del departamento –Vergara–. La duración de las desapariciones varía entre una noche y meses.
“Estoy mal. No quiero seguir en Treinta y Tres, me tienen que sacar de acá”, expresó una de las adolescentes víctima de la red, según consta en la investigación.
“Se ha recibido información de diferentes personas –algunas de ellas han querido preservar su identidad– de que funcionarios específicos del Ministerio del Interior estarían vinculados a la red y/o facilitando el funcionamiento de la misma, recibiendo dinero para callar o desviar información”, sostiene la investigación. También presenta testimonios particulares que vinculan directamente a policías específicos del Departamento de Investigación y Delitos Complejos que “extorsionan y manipulan a adolescentes solicitándoles a cambio de bienes, sustancias, e incluso su silencio, prácticas sexuales o imágenes de su cuerpo desnudo”.
Los tratantes utilizan dos modalidades para captar a sus víctimas: la pareja forzada o servil y la venta de sustancias psicoactivas. En ambos casos las amenazas son constantes tanto a las víctimas como a quienes se acerquen a ellas y ellos para abordar la situación. Incluso se detalla que concurren a hogares del INAU y a centros de estudio y derivación (CED) con el propósito de conseguir información sobre las víctimas. “Con esto, las posibilidades reales de efectuar una denuncia se ven disminuidas y, como contrapartida, incrementarían el silencio y el miedo”, expresa la investigación. Se afirma que hubo amenazas de muerte a los adolescentes, que “evidencian una trama que impide poder voluntariamente salir de estas redes y denunciar lo que [se] está viviendo”, y a este punto se suma que “es habitual en estos casos que quienes los utilizan en las redes delictivas también los amenacen con que, si denuncian, ellos también serán responsabilizados”.
“Me enteré de que ellos me buscaban y amenazaron con prender fuego la casa de mi amiga”, contó otra de las adolescentes.
“Es de destacar que dichas prácticas abusivas, delictivas y de explotación se encuentran totalmente naturalizadas y habilitadas por la comunidad”, versa el informe.
Viviana Maqueira, la fiscal a cargo de la investigación, declaró que el caso está “en plena etapa de investigación”. Dijo que se están tomando declaraciones, pero que la información actualmente es reservada para “preservar y avanzar” en la indagatoria.
El caso de Rocío
Es sábado de noche, está lloviendo y la calle Ramón Ortiz del barrio Abreu, en Treinta y Tres, está alumbrada por un solo foco de luz. Alrededor hay descampados. Se ha dicho que Rocío Duche se dirigía a diferentes lugares: a un cumpleaños de 15, a la casa de una amiga. El hecho es que la adolescente, que siempre estaba acompañada por un mate y un termo, que escribía canciones y que sonreía, nunca llegó.
“Niña caída en una cuneta” fue el llamado que alertó a la Policía sobre el hallazgo del cuerpo.
En audios a los que accedió la diaria, la adolescente manifestó días antes de su asesinato que “no pasaba del fin de semana”. Según se manifiesta en la investigación realizada por el INAU, mientras se encontraba en la institución “le gustaba estar limpia y arreglada, pero cuando regresaba de las salidas no acordadas siempre volvía con ropa diferente, toda sucia y rota”. Había tenido intentos de autoeliminación. La figura de Rocío ha quedado grabada, y que no les suceda lo mismo a las otras niñas se ha convertido en una especie de mandato en el Hogar Femenino del INAU del departamento.
Rocío desde 2017 estaba en régimen de internación 24 horas por presunta explotación sexual; un mes antes de su asesinato pasó a estar en régimen de seguimiento. Fernando Rodríguez, el entonces vicepresidente del INAU, consultado recientemente, declaró que ella “estaba viviendo un proceso muy positivo en términos de cumplimiento de los acuerdos, de inserción educativa, de su círculo familiar, de su autocuidado y el cuidado que le hacían los adultos referentes y responsables”. A su vez, planteó que parte del equipo que seguía el caso de la niña manifestó “dudas” sobre el cambio; lo atribuyó a una “mirada focalizada”.
Casi tres años después, se le preguntó su posición sobre las medidas tomadas, y manifestó que “es muy difícil decir qué es lo correcto y qué no es lo correcto por lo que sucedió”, y sumó: “Yo creo que lo que sucedió no fue consecuencia de las medidas tomadas, sino que fue un hecho aislado de la situación concreta, de la situación en la que ella estaba viviendo”.
Rodríguez afirmó que después de los hechos se abrió una investigación administrativa en la que todavía hay sumarios sin conclusión; uno de los sumariados es Darío Moreira, quien en 2018 era director del INAU en Treinta y Tres y luego de ese año pasó a ser director de adopciones en la institución.
El 7 de diciembre de 2020, Día Nacional contra la Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes, el INAU reabrió la investigación de Rocío.
El engaño amoroso
Andrea Tuana, directora de la asociación civil El Paso, explica que “la vulnerabilidad y la falta de apoyo familiar, de afecto, de contención” son factores utilizados por quienes se dedican a la trata. “Por ejemplo, se acercan a los hogares del INAU porque saben que hay gurisas que necesitan tener una contención afectiva, gurisas que están desprotegidas”, dijo, y añadió que “lo que hacen es establecer vínculos de pareja con ellas, por eso decimos ‘el engaño amoroso’: la manera de captarlas es ofrecerles cariño, aceptación, respaldo, una proyección, de esa manera es que las van introduciendo a los circuitos de explotación sexual y trata”. Denuncia que estas situaciones socialmente no son vistas como un problema, sino que se naturalizan.
“La gente cree que la trata es estar atada, esclavizada, con una cadena, en contra de tu voluntad. Puede suceder en algunos casos, pero en realidad los métodos de captación utilizados son más engorrosos, buscan que la propia víctima entre en ese circuito”, manifestó. Relata que las víctimas muchas veces no se visualizan como tales: “Dicen que ellas eligieron aceptar, que cayeron en la trampa, que son unas tontas por haber creído o que se enamoraron, como les pasa a las gurisas más jóvenes”.
Tuana expresa que la trata se define por la “captación” y “la movilización de la víctima”, no por el “mecanismo de control”. Describe que existen métodos de barrera en los que “las tiran en un apartamento, las llevan al punto en que se da la explotación sexual y las devuelven, les controlan sus llamadas”, y métodos que apuntan a una manipulación afectiva, utilizan argumentos como “vos tenés una deuda, ahora hasta que no la pagues no te podés ir, además, si te vas, ¿qué le vas a decir a tu familia, a tu comunidad? Todos van a saber que sos una puta”. También resalta que entran en juego las adicciones, la culpa y el no tener a dónde volver.
Entre “marcos de protección”
El fiscal de Corte, Jorge Díaz, quien en su trayectoria también desempeñó el cargo de juez letrado de Crimen Organizado, propone que “lo primero que hay que tener claro es que la trata es un delito, y que es un delito de lesa humanidad que el Estado tiene la obligación de investigar, aun en contra de la opinión de la víctima”. Entiende que estos procesos “están totalmente visibilizados, a la vista de todo el mundo, y, sin embargo, los invisibilizamos porque culturalmente no se los aprecia como tales”. Apela a transformar esta situación en un trabajo a mediano y largo plazo, en el que las organizaciones que se encargan de la investigación y persecución de las organizaciones criminales, el Estado y la sociedad civil tienen un rol fundamental.
Destaca que es necesario concebir la trata de personas como una de las ramas del crimen organizado: “Personas, armas y droga son de las actividades más lucrativas que tienen estas organizaciones criminales”. Manifiesta que las investigaciones de redes de trata deben ser “más de tipo proactivo que reactivo”, porque “el objetivo primordial es rescatar a la víctima e investigar el delito, muchas veces sin el testimonio de la víctima”.
Sobre este punto, Tuana planteó: “Hay funcionarios que han sido capacitados, pero lo que nosotras vemos en las investigaciones que se desarrollan son resultados indignos: siempre se centran en el cuerpo de la víctima, en el relato de la víctima, en la experiencia de la víctima”. Miedo e inseguridad son algunas de las emociones que sienten las afectadas al momento de hacer una denuncia. “Las represalias existen, ha habido asesinatos vinculados a redes de trata o por lo menos con hipótesis bastante firmes, incluso ha habido desapariciones de adolescentes con firmes sospechas de que atrás había una red de trata que estaba operando”, expresó.
Añadió que si bien la trata es un delito, ocurre en el mercado sexual uruguayo, que es un mercado legal: “Ese ser-estar en el mercado legal lo hace mucho más invisible y, de alguna manera, genera un manto de protección para las redes”. “Creo que la opinión pública no se quiere negar al mercado sexual: culpabiliza y de alguna manera responsabiliza a las personas que entran en ese circuito, y no las considera víctimas o las ve como víctimas secundarias, que no importan, que son descartables y que de alguna manera se lo buscaron”, consideró Tuana.
Camila Méndez / La Diaria / COMCOSUR MUJER Nº 674 – 22/02/2021
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8) URUGUAY: SÁLVESE QUIEN PUEDA
La versión de la enfermera del paciente con COVID que murió fuera del hospital de Artigas
La enfermera Lorna Alvez declaró que a su paciente no le permitieron ingresar al hospital: “Paseaban adentro de la emergencia y nadie se acercaba a la puerta”.
Montevideo Portal /20.01.2021
La Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) emitió un comunicado en el que anunció el inicio de una investigación administrativa para conocer los detalles y determinar responsabilidades en el fallecimiento de un paciente con COVID-19 que se dio el viernes en la puerta de la emergencia del hospital de Artigas.
Del comunicado se desprende que el hombre tenía 61 años, era positivo de coronavirus y había sido trasladado desde Bella Unión al Centro de Diálisis de Artigas para recibir un tratamiento vinculado a su insuficiencia renal crónica.
Sin embargo, el paciente se descompensó y fue trasladado al Hospital Departamental de Artigas, donde murió. La investigación de ASSE surge porque, según se denunció, al paciente no se le permitió el ingreso al Hospital de Artigas, donde presuntamente no tenían una cama preparada para recibir a un paciente con COVID-19.
Así lo denunció al medio local Artigas Informa la enfermera Lorna Alvez, quien dijo haber estado durante el traslado del hombre de Bella Unión a Artigas y del Centro de Diálisis al hospital. La mujer asegura que una vez arribados a la puerta del hospital, los tuvieron esperando 50 minutos afuera, y en ese lapso murió el paciente.
La enfermera aseguró que «conocía hace bastante» al paciente, «al llegar al punto de saber cuándo él está bien y cuándo está mal».
El relato de la enfermera indica que la mañana del viernes se subieron a la ambulancia para viajar de Bella Unión a Artigas, traslado que hizo conectado a una fuente de oxígeno. Según dijo, en el Centro de Diálisis le hicieron el tratamiento en un sector separado al resto de los pacientes.
«A las 4 de la tarde voy por el paciente, que demoraba, y le pregunté al administrativo qué pasaba. Me dijo que lo estaban compensando porque le faltaba un poquito de oxígeno», continuó su relato. Luego agregó que habló con la nurse del lugar, quien le informó que el paciente iba a ser valorado por un doctor. Posteriormente esta misma nurse le habría informado a la enfermera que el paciente había sido dado de alta por el médico responsable, motivo por el que podía volver a su domicilio.
«Cuando lo vi en la sala, que me lo iban a entregar, les digo: ‘Pero él no está bien’. Y me dicen: ‘Sí, está bien, va a domicilio’. Y él me mira y me dice: ‘No estoy bien, Lorna’. Lo cargué igual porque era inútil pelear contra el mundo porque ya me había pasado anteriormente. Lo llevo a la ambulancia y le digo: ‘Ferreira (apellido del paciente), yo no te voy a llevar a tu casa, inmediatamente te llevo a la emergencia’. Él me decía: ‘Lorna, estoy mal. Lorna, estoy muy mal’. Entonces lo llevé a la emergencia respiratoria con oxígeno. Mi ambulancia tenía oxígeno», relató.
Según dijo, al llegar a una de las puertas de la emergencia, una enfermera le pidió que lo llevaran a otra de las puertas. «Salimos de nuevo, fuimos a la puerta y llegué, toqué timbre y nadie se acercó. Luego vino alguien, entreabrió la puerta y nos dice: ‘Nos vamos a vestir para recibirlo'».
Alvez expresó que allí estuvieron 20 minutos sin que nadie saliera del hospital. «Yo abrí la puerta de la ambulancia y les empecé a hacer señas de afuera para que vieran que él estaba mal».
«En eso sale un médico sin estetoscopio, sin nada», dijo Alvez, y aseguró que el médico repitió que su colega del Centro de Diálisis lo había habilitado a irse a su casa.
Según dijo, ella respondió que no interesaba lo que había dicho ese médico: «Yo a este paciente no lo voy a sacar a la ruta, se me va a morir en la ruta, lo conozco hace años».
Luego, el médico le habría dicho que iban a preparar una sala para que él ingresara. «¿Va a hacer un año que estamos en una plena pandemia y me venís a decir que van a preparar una sala? Se me está muriendo. Estaba en un desasosiego respiratorio que no se pueden hacer una idea», prosiguió.
Según dijo, volvieron a pasar varios minutos sin que nadie se acercara a la ambulancia. «Paseaban adentro de la emergencia y nadie se acercaba a la puerta. Y yo lloraba y gritaba afuera y nadie se acercaba a esa maldita puerta».
Finalmente fueron 50 los minutos que, según Alvez, estuvieron esperando afuera del hospital, donde finalmente murió.
«¿Dónde está la empatía? ¿Para qué miércoles estudiás? No puede ser, no es que vayas y te contamines por el amor a la patria, pero tenemos todo para protegernos, y para eso estudiamos», concluyó el relato la enfermera.
Montevideo Portal/ COMCOSUR MUJER Nº 674 – 22/02/2021
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“Siempre he partido de una idea elemental: la de que la verdad no necesita ser justificada por la adecuación a un objetivo superior. La verdad es la verdad y nada más. Debe ser servida, no servir.”
Eugenia Ginzburg / “El vértigo”.
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