1) Argentina: La Tuerca, una radio feminista que usa el lenguaje inclusivo
2) Argentina: Érica Carrizo: «El rol de la mujer en la ciencia sigue siendo subalterno»
3) Brasil: La pandemia que avanza con la feminización de la pobreza
4) Perú: 606 niñas y adolescentes desaparecidas durante los meses de cuarentena
5) Republica Dominicana: Exigen se despenalice el aborto
6) Uruguay: Intersocial Feminista advierte “retroceso” en derogar los juzgados multimateria de violencia de género en el presupuesto
7) Uruguay: Intersocial Feminista apoyará recolección de firmas para referéndum contra la LUC
8) Uruguay: Entendiendo la brecha salarial de género en Uruguay
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COMCOSUR MUJER /Fundado por Yessie Macchi / AÑO 26 / No. 662 – Lunes 12 de octubre de 2020 / Producción: Beatriz Alonso, Belén Itza y Cecilia Duffau /Apoyo técnico: Carlos Dárdano
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“Por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres” Rosa Luxemburgo
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1) ARGENTINA: LA TUERCA, UNA RADIO FEMINISTA QUE USA EL LENGUAJE INCLUSIVO
Radio La Tuerca es una emisora con perspectiva y paridad de género, y lenguaje inclusivo. Se trata de una experiencia inédita en el país que lleva dos meses transmitiendo on line desde la ciudad de Roldán, aunque el interés de sus integrantes es que sea “una radio feminista que pueda llegar a todos lados”, abordando los más diversos temas. “La idea es poder deconstruirnos junto con el público. Estamos en constante deconstrucción”, manifestó la coordinadora general y artística del proyecto, Alejandra Buttiche.
“Como esta es una radio feminista, no queríamos ponerle un nombre que fuera obvio. Pensamos en La Tuerca porque generalmente es una pieza que se atribuye a que solo la usan los varones. Con el nombre queríamos decir que siendo mujeres también podemos ajustar tuercas, que no es algo ajeno al género. El slogan de La Tuerca es una radio ajustada por mujeres”, explica.
“Las temáticas siempre tienen perspectiva de género, pero no son específicamente relacionadas a las cuestiones de género”, señala Buttiche, que además es co-conductora del programa Dando Vueltas (lunes a viernes, de 9 a 11) junto a Noelia Coria Moya, acompañadas en la producción por Maxi Gaete. “Es un magazine diario en el que metemos información, pero sobre todo mucho humor y notas sobre distintos temas”.
El día comienza a las 8 horas con Personalmente, un programa diario “informativo y de música”, conducido por Silvia Cáceres. A la tarde, de 18 a 19.30, es el turno de Ingrávidas Palabras, con Loreley Flores y Julieta Bielsa en la conducción, y la producción de Emanuel Paiva. El equipo de la radio se completa con Verónica Yáñez Pedrana en la coordinación de las redes y María Celeste Catraro en la producción fotográfica.
El sitio web en el que puede escucharse la emisora, y en donde “hay subidas más de 180 notas en estos dos meses”, es www.latuercaradio.online.
Buttiche entiende que “el rasgo distintivo” de La Tuerca es que se trata de una radio feminista única en el país. Pero aclara que el objetivo no fue convertirse en pioneras, “sino en ser una radio feminista que pueda llegar a todos lados, siempre tratando de hacer entrevistas de distintos lugares del país, incluso del mundo”.
La integración de los equipos periodísticos es toda una definición de cómo piensan y actúan. “Debe haber paridad, tanto sea en el micrófono o fuera del micrófono. Y los roles deben ser igualitarios”, indica Buttiche, antes de referirse a la hegemonía masculina que prevalece en las radios.
“Según un relevamiento sobre las radios de Buenos Aires que realizó «Nos Quemaron por Brujas,» una productora que originalmente era un programa de radio, en los horarios centrales es muy alto el porcentaje de hombres que conducen en relación a las mujeres. Las columnas de economía y de deporte son ciento por ciento de varones. Donde hay más variedad es en espectáculos, moda y cocina. Las mujeres siempre están relegadas a lugares considerados de menor importancia”, dice.
“La idea es poder cambiar ese paradigma. No hablamos de que se de vuelta y las mujeres hagan todo, sino que se las reconozca”, agrega.
Buttiche sostiene que la lucha contra la desigualdad de la mujer y el respeto por la diversidad sexual es un proceso de aprendizaje permanente, de todos. “La idea es poder deconstruirnos junto con el público. Estamos en constante deconstrucción. Ninguna nació feminista. Nos fuimos deconstruyendo en el camino, porque nos dimos cuenta de las desigualdades y en algún momento las cuestionamos. Con el varón pasa exactamente lo mismo. Están aquellos a los que les interesa renunciar a los privilegios. En relación a los medios de comunicación, pasa exactamente lo mismo”, sostiene.
“Podemos cometer errores a la hora de comunicar. Queremos decir algo y no lo hacemos bien, pero tenemos la posibilidad de retractarnos o revertirlo. Lo digo por mí también. Hemos cometido un montón de errores a la hora de comunicar. Hay que partir de la buena y mala voluntad. Involucrándose, participando en talleres y en capacitación se puede cambiar la realidad en los medios. Después están los comunicadores y las comunicadores a las que directamente no les interesa o están en contra, como Jorge Lanata, Eduardo Feinmann o Baby Echecopar”, señala.
Respeto a la diversidad
El lenguaje inclusivo, no sexista, es hablado por todas las integrantes de la radio. Buttiche igual aclara que se puede “hablar de una manera inclusiva sin necesidad de tener que usar la «e». Lo que pedimos es que no se hable con el genérico masculino. Es posible incluir a las personas de otras identidades o de otras orientaciones sexuales con un lenguaje acorde y respetuoso”.
“La mayoría hablamos con la «e». Nadie tiene la obligación de hacerlo, pero sí hablar de manera inclusiva respetando las identidades de todas las personas. Existen un montón de maneras de hablar de manera respetuosa”, plantea.
Rodolfo Parody / La Capital / COMCOSUR MUJER Nº 662 – 12/10/2020
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2) ARGENTINA: ÉRICA CARRIZO: «EL ROL DE LA MUJER EN LA CIENCIA SIGUE SIENDO SUBALTERNO»
La especialista en políticas públicas de ciencia, tecnología e innovación, habló con Agencia Paco Urondo sobre su libro «Ciencia y Tecnología en la subalternidad». ¿Qué desafíos se presentan a la ciencia nacional en este contexto de pandemia? ¿Cuál es el rol de la ciencia en la construcción de una sociedad con justicia social? ¿Hay avances en cuanto a la igualdad de géneros en el campo científico?
La Directora Nacional de Proyectos Estratégicos del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación y especialista en políticas públicas de ciencia, tecnología e innovación, Erica Carrizo, conversó con Agencia Paco Urondo sobre diferentes aspectos del campo científico nacional tomando como punto de partida su reciente libro titulado «Ciencia y Tecnología en la subalternidad».
Agencia Paco Urondo: Si tuviera que explicarle a alguien por fuera del ámbito académico ¿Cuál es el tema que aborda su libro? ¿Qué objetivos le impulsaron a escribirlo?
Érica Carrizo: El fin último del libro es preguntarse por el sentido que tienen la ciencia y la tecnología en un país como el nuestro y cómo alimentan el bienestar de nuestra sociedad. Para esto en el libro se estudian las formas de organizar y direccionar estas actividades en otros países como Estados Unidos, Europa y el Este Asiático, para ver si esas formas tienen o no puntos de contacto con los modos en que se hizo esto en Argentina durante los dos gobiernos de Cristina Fernández (2007-2015) y el de Mauricio Macri (2015-2019). No para copiar lo que hacen, o si quizá copiar lo que nos sirve, sino para ver si nosotros realmente tenemos una estrategia en ciencia y tecnología o si hacemos siempre lo mismo.
La comparación entre los gobiernos de Cristina y Macri intenta mostrar la diferencia de concepción de estos proyectos políticos sobre el rol de la ciencia y la tecnología. Qué se hizo para promocionarlas, qué resultados se obtuvieron, y también para mostrar qué es lo que sigue faltando, lo que se sigue haciendo mal, independientemente del gobierno de turno.
Trabajo en el campo de la política y gestión de la ciencia y la tecnología hace doce años y sigo sin poder ver con claridad cómo la ciencia y la tecnología que gestionamos, se traduce en bienestar social, económico y ambiental. Siempre se encuentran casos de éxitos que se usan para mostrar que la cosa va bien, pero deberíamos ser capaces de dar cuenta sistémicamente cuáles son los resultados y qué sectores de la sociedad son los más beneficiados. También veo una tendencia a hacer análisis muy reduccionistas, incluso desde el progresismo, como creer que todo se soluciona con más plata, con más infraestructura, con más gente haciendo ciencia y el tema es mucho más complejo que eso. También en el libro se nombran y describen los problemas que tenemos en la gestión de estas actividades, porque lo que no se nombra, no existe.
APU: ¿Por qué el concepto de subalternidad? ¿Respecto a qué?
E.C: El concepto de subalternidad me sirvió para nombrar el lugar desde donde yo misma produzco conocimiento y hago gestión, y para particularizar lo que dice y analiza esa voz subalterna. En el campo del conocimiento soy marginal porque no hago lo que se espera de alguien que hace investigación clásica: publicar papers, viajar por el mundo y asistir a congresos, dirigir proyectos de investigación, etc. Mi tarea de investigación tiene otro fin que es mejorar las políticas de ciencia y tecnología por lo que tengo que habitar otros espacios y hacer otros tipos de tareas más silenciosas, menos prestigiosas, mucho menos reconocidas. Y en este ámbito también soy marginal y subalterna, y tiene que ver con la dificultad que tenemos las mujeres para aplicar los conocimientos que generamos para cambiar las estructuras del Estado y para intervenir en la toma de decisiones.
La subalternidad también refiere a la forma en que históricamente se han definido las políticas de ciencia y tecnología en la región y la Argentina, siempre buscando imitar lo que hacen los países más desarrollados pero sin preguntarse si es eso lo que necesitamos y cómo impactan estas políticas en nuestra sociedad. El concepto busca deslegitimar los sistemas de referencia globales que orientan nuestras acciones en la investigación y la gestión. Si cambiamos las referencias, dejamos de habitar la subalternidad y la inferioridad, porque ya no seguimos de atrás a nadie, podemos proponer nuestras propias metas y trabajar por nuestros propios intereses. La imitación es el camino más seguro para no encontrarse nunca, hay que dejar de imitar en el vacío.
APU: ¿La perspectiva de género ocupa un lugar subalterno en nuestro campo científico?
E.C: Todavía sí. Creo que ha ganado mucha presencia en los últimos años de la mano del movimiento Ni Una Menos y los debates sobre el derecho al aborto, pero no cambió aún el rol subalterno de la mujer en ciencia. Los esfuerzos tienen que seguir generando teoría pero también exigir los cambios en las lógicas institucionales en ciencia y tecnología, como en la justicia, en la administración pública, en las fuerzas de seguridad, etc, para que la deconstrucción trascienda las palabras y los buenos deseos. Que el patriarcado institucional escuche más sobre teoría feminista y acepte a más mujeres en los espacios de poder, que en general son los menos jerárquicos porque las cúpulas siguen siendo ocupadas por hombres, no significa que reflexione sinceramente y esté dispuesto a cambiar el orden de las cosas.
Además tenemos que pensar la subalternidad no sólo en clave de género, sino también en términos de clase social, pertenencia cultural y territorial, raza, etc. Si analizamos más variables aparecen subalternidades recargadas. No es la misma montaña la que tiene que escalar una mujer de clase media, saludable, porteña y de piel blanquita, que la que tienen que escalar las pobres, provincianas, extranjeras, indígenas o mestizas, mal alimentadas, con trayectorias educativas incompletas, historias familiares tortuosas, etc. Lo interesante es que esos espacios de la subalternidad son los motores de la transformación social porque los cuerpos que sufren en carne propia las fallas del sistema, son los que militan los cambios.
APU: ¿Cómo se traduce el crecimiento del movimiento feminista de los últimos años en el ámbito de la CyT?
E.C: Creo que se refleja en que las mujeres de este espacio están todo el tiempo analizando sus prácticas cotidianas y lo que producen en clave feminista. También es muy notorio como se ha avanzado en términos de visibilización, en la prensa, en los espacios de liderazgo, en el armado de redes de trabajo y de vínculos muy potentes. Me parece que esto ha sensibilizado sobre todo a las generaciones más jóvenes que ya vienen con el chip incorporado. Pero ojo porque muchas veces la visibilización en CyT viene de la mano de la consagración. Tenés que haber hecho algo groso, ganado un premio, o algo fuera de lo común para que te presten atención y este es un mensaje muy peligroso porque pone la mirada en el resultado y no en los procesos. ¿Cuántas subalternas pueden mostrar los logros esperados? Muy pocas. No porque sean menos que nadie sino porque tienen que atravesar muchas luchas simultáneas que no son valoradas ni tenidas en cuenta.
Pero en la academia y en la gestión seguimos siendo marginadas. En la academia cuando te invitan a hablar muchas veces es por el cupo o porque queda bien. Si no fuera por el cupo, todavía tendríamos manadas de hombres evangelizando. Otras veces te invitan porque sos el remplazo de un hombre, no porque te consideraron en primera instancia. También te citan menos, no es que no te lean, sino que no te nombran. En la gestión, la cosa es mucho más bizarra, empezás sirviendo café, organizando eventos, haciendo las presentaciones de los jefes, sacándoles fotos. Ahora hay más cuidado en esto pero la marginalización se perfecciona, entonces, las mujeres generalmente no participamos en la toma de decisiones y tenemos muchos obstáculos para ejercer el poder que supuestamente tenemos o bien para transformarlo. Eso sí, cuando hay que laburar o resolver problemas, encabezamos las listas.
APU: ¿En qué medida la ciencia puede aportar a la construcción de la justicia social?
E.C: Lo primero que puede hacer es preguntarse si eso le importa, si es un fin al que está dispuesta a contribuir. Después, las formas específicas de contribución tienen mucho que ver con las preguntas que se formulan, como por ejemplo: ¿Qué forma toma la injusticia social en la Argentina y América Latina? ¿Cuáles son sus principales indicadores? ¿Qué temas la atraviesan? ¿Cómo se estimula a quienes hacen ciencia y tecnología para que se ocupen de esos temas? ¿A quiénes les importan esos resultados? ¿Cómo se implementarían para palear esa injusticia? Hay que territorializar el conocimiento que producimos y esto es una tarea política, no de generación de más conocimiento.
APU: ¿Cómo ha afectado la pandemia a la ciencia argentina? ¿Qué desafíos considera que tenemos por delante?
E.C: Nuestra ciencia tuvo que readaptarse a este contexto tan particular como lo hicieron el resto de las actividades sociales. Lo interesante fue que, la necesidad de generar respuestas veloces frente a la pandemia, permitió ver las excelentes capacidades que tenemos. No sólo en el área de las ciencias biomédicas que han tenido un rol protagónico en el desarrollo de los kits de diagnóstico, los insumos médicos, los sueros y vacunas que se están probando, sino que también las ciencias sociales están aportando análisis muy valiosos sobre los impactos en el orden social, económico, cultural, psicológico, etc. asociados a la pandemia.
Los desafíos que nos quedan por delante son muchísimos, el más relevante para mí es definir una estrategia que ponga a la ciencia y la tecnología que producimos al servicio de las necesidades sociales, productivas, ambientales, para descentralizar los procesos. También que sea capaz de generar resultados en base a una administración eficaz, transparente y rápida de los recursos disponibles. Trabajar en escalas de tiempo mucho más cortas también es uno de los principales desafíos que nos plantea esta nueva normalidad.
Agencia Paco Urondo / Josefina Figueroa/ COMCOSUR MUJER Nº 662 – 12/10/2020
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3) BRASIL: LA PANDEMIA QUE AVANZA CON LA FEMINIZACIÓN DE LA POBREZA: LAS MUJERES BAJO EL GOBIERNO DE JAIR BOLSONARO
Brasil, con su Sistema Único de Salud (SUS) descuidado y desechado después de varias medidas neoliberales practicadas por Michel Temer (1) y profundizadas por Jair Bolsonaro y Paulo Guedes (2), con su extensión territorial continental y con intentos fallidos de aislamiento social, desalentados por nuestro propio presidente Jair Bolsonaro, camina hacia el encuentro mortal con la pandemia de COVID-19 al tiempo que agrava el estancamiento económico con el aumento del desempleo y el aumento de los empleos informales, lo que concreta la feminización de la pobreza, ya que las mujeres son las primeras en ser despedidas y gran mayoría en los trabajos más precarios.
En Brasil, con mujeres que representan a la mayoría de la población, no hay forma de lidiar con la actual crisis sanitaria, económica y social sin identificar las diferencias, marcadas por género, raza y clase, en la intensidad de los impactos de esta crisis, que se está desarrollando mientras que el país regresa a escenarios de pobreza extrema, acentuando las desigualdades en las responsabilidades entre hombres y mujeres y, con esto, aumentando el crecimiento de diversas violencias contra las mujeres, especialmente aquellas que pueden ocurrir en el entorno doméstico, realzadas por el aislamiento social.
Las mujeres brasileñas son la mayoría de la población (52%), sin embargo, según los datos del IBGE (3), representan solo el 45% de la fuerza laboral y el 65% de la población que está fuera del mercado laboral formal. Aquí, la feminización de la pobreza se materializa, ya que tenemos el siguiente escenario, según los datos de las NAPP Mujeres (4) a fines de 2019, de las mujeres que estaban en el mercado laboral, el 41.1% de las mujeres negras y el 29.5% de las mujeres blancas. Además de esto, el documento también señala que, según datos de la Seguridad Social brasileña de 2018, las mujeres representan el 59.4% de la asistencia a los ancianos, el 46.8% de la asistencia a los discapacitados y el 81.6% de la asistencia dependiente de las pensiones de muerte. Los datos muestran la mayor demanda de mujeres bajo cuidado.
Por lo tanto, es correcto decir que, en Brasil, la crisis intensifica el trabajo de las mujeres, especialmente el trabajo no remunerado: trabajo doméstico, cuidado de niñas, niños y adolescentes en la familia y cuidado de otras personas que viven bajo el mismo techo. Esto, como señaló Silvia Federici, nos hace reconocer que el capitalismo, más que nunca, necesita un trabajo no remunerado de las mujeres para contener el costo de la fuerza laboral (5).
El hambre y la violencia doméstica son compañeras de mujeres brasileñas durante esta pandemia. En el estado de São Paulo, las escuelas municipales y estatales han estado cerradas durante tres semanas. Sin clases y, en consecuencia, sin comidas, muchos niños y niñas no comen al menos dos veces al día ya que, según los datos del IBGE, casi 9 millones de niños de 0 a 14 años viven en condiciones de extrema pobreza. Además, tuvieron que adaptarse a la nueva rutina de acomodarse, todos, en una o dos habitaciones, en la gran mayoría de las veces sin ninguna opción de ocio.
Como sabemos, aunque no tuvo éxito y fue constantemente atacado por Bolsonaro, la principal medida de restricción para el avance del nuevo coronavirus, el aislamiento social, requiere que las familias se queden en sus hogares, cuando haya uno. Para las mujeres con esposos que trabajan y pueden teletrabajar (oficina en casa), existe el temor de que se irriten más, se vuelvan (más) violentas, que beban más y, en consecuencia, que lastimen más a sus parejas. Esto es lo que retrataron los Tribunales Especiales de la Judicatura brasileña, que registraron un aumento, en 10 días, de casi el 15% de las denuncias de violencia doméstica, alcanzando un aumento del 50% en Río de Janeiro. Asimismo, se teme por el aumento de los casos de pedofilia, ya que, como muestran varios estudios, más del 80% de los agresores, abusadores y violadores de niñas brasileñas son hombres de la propia familia de la víctima.
Otro temor a las mujeres trabajadoras brasileñas reside en su trabajo. Como se encuentran en la mayoría de las categorías profesionales que son económicamentemás vulnerables a los efectos de la pandemia, tales como limpiadores diarios, cajeros, cuidadores y cocineros, son los primeros en ser despedidos. También hay quienes trabajan en la primera línea del sistema de salud, quienes, aquí en Brasil, ya trabajan sin el equipo de protección personal adecuado, son los más vulnerables a la infección, poniendo en riesgo la salud y los medios de vida de sus familias.
El 9 de abril, el Ministerio de Salud comenzó a incluir, en el grupo de riesgo de COVID-19, mujeres embarazadas y mujeres puerperales. La medida llega al mismo tiempo que se lanza la última serie de COVID-19 con mujeres embarazadas en Nueva York (6) que apunta a la misma resolución. En Brasil, el porcentaje de nacimientos por cesárea es del 52%, muy por encima de la tasa recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) del 15%. Otra encuesta (7) también señala que 1 de cada 4 mujeres que han dado a luz en Brasil, ya han sufrido algún tipo de violencia obstétrica.
Podemos decir que dar a luz no es seguro aquí. Hoy, las embarazadas brasileñas enfrentan un doble riesgo: contraer COVID-19 y ser víctimas de violencia obstétrica.
Oficialmente, Brasil tiene 17.857 casos confirmados y 941 muertes debido a COVID-19. Sin embargo, como no tenemos pruebas masivas, los datos en todo el país no se reportan y, según lo indicado por investigadores y especialistas, los números pueden estar en niveles mucho más altos. Este subregistro proyecta una falsa sensación de seguridad en la población, que, respaldada por declaraciones en redes sociales y pronunciamientos oficiales (que bordean crímenes irresponsables) del presidente Bolsonaro, desata efectos perversos en la conciencia de los brasileños que, seguros de que es una “casualidad” que afecta y victimiza solo a los ancianos, en palabras del Presidente, desacreditando la gravedad de la pandemia y la necesidad científicamente indiscutible de aislamiento social, siguen siendo resistentes y abarrotan las calles y los establecimientos de todo el país.
Para una mayor seguridad de las mujeres brasileñas, es urgente que el dinero, aprobado mediante el Proyecto de Ley de Ingresos Mínimos, aprobado en el congreso el 26 de marzo, que asigna R$ 600.00 (aproximadamente US$ 117) por mes a los más vulnerables y pobres de brasileños y hasta R $1,200.00 (aproximadamente US$ 235) por mes para madres que encabezan hogares.
También es necesario que más unidades de las estaciones de defensa de las mujeres operen las 24 horas del día, con mayor rapidez en el envío de medidas de protección, que los informes policiales sobre violencia contra las mujeres y violencia sexual puedan llevarse a cabo en línea.
Desde el golpe contra la presidenta Dilma Rousseff, en 2016, Brasil ha experimentado un desmantelamiento del Estado. La aprobación de la Enmienda 95, denominada “Límite de gastos”, aprobada en 2017, congeló los recursos de salud, educación y asistencia social durante 20 años. Sufrimos privatizaciones, recortes en las políticas para combatir la violencia contra las mujeres, la reforma laboral de Michel Temer, la reforma de pensiones de Bolsonaro. Finalmente, digo, sin temor a equivocarme, que el epicentro de la crisis en Brasil está en el Palacio de Planalto y el mayor enemigo del pueblo brasileño, especialmente de las mujeres brasileñas, es Jair Messias Bolsonaro.
Aquí, dejo mi agradecimiento por la oportunidad, en estas breves líneas, de informar brevemente lo que está sucediendo con las compañeras brasileñas y también aprovecho la oportunidad para saludarlas y expresar mi más profunda solidaridad con todas las hermanas de América Latina y el Caribe.
¡Estamos juntos y continuaremos en la marcha hasta que todos estemos libres! ¡Venceremos, compañeras!
Notas
1 Presidente de la República de Brasil (2016-2018), asumiendo el cargo después del golpe de estado contra la Presidenta electa Dilma Rousseff.
2 Actual Ministro de Economía. En la década de 1980, fue reclutado por Jorge Selume para aprender, de primera mano, sobre las reformas que los Chicago Boys estaban promoviendo en Chile por Augusto Pinochet).
3 Instituto Brasileño de Geografia y Estatistica.
4 Núcleo y monitoreo de políticas públicas para mujeres PT en El trabajo y violencia doméstica en la época del coronavirus. Abril de 2020.
5 Silvia Federici, O Ponto Zero da Revolução: Trabalhodoméstico, reprodução e luta feminista. São Paulo: Elefante, 2019. [Revolución en punto cero: Trabajo doméstico, reproducción y luchas feministas. Traficantes De Sueños, 2013]
6 Breslin N., et al. COVID-19, Infection among asymptomatic and symptomatic pregnant women: Two weeks of confirmed presentations to an affiliated pair of New York City hospitals. American Journal of Obstetric&Gynecology, 2020 april 6th. Ha sido que: de los 43 pacientes obstétricos diagnosticados en el laboratorio con COVID-19, 1/3 de ellos estaban asintomáticos durante el embarazo y solo manifestaron síntomas después del ingreso al hospital, durante el trabajo de parto o poco después del alta después del parto. Además, entre estos 43 pacientes, dos de ellos (uno todavía en la sala de cirugía cesárea y el otro, 25 horas después del parto), que estaban asintomáticos durante el embarazo, progresaron rápidamente a casos graves, que requieren intubación y / o derivación a la UCI. El muestreo es muy pequeño y el estudio puede considerarse temprano, pero, para la situación actual, parece ser el más concreto.
7 FundaciónPerseuAbramo y SESC, Mujeres brasileñas y género en espacios públicos y privados. Agosto de 2010.
* Secretaria Nacional de Movilización del Partido de los Trabajadores (PT). Especialista en Comunicación, Filosofía y Semiótica. Feminista negra, materna y marxista.
Nodal / Mariana Janeiro / COMCOSUR MUJER Nº 662 – 12/10/2020
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4) PERÚ: SE REGISTRAN 606 NIÑAS Y ADOLESCENTES DESAPARECIDAS DURANTE LOS MESES DE CUARENTENA
Desaparecidas: Venció el plazo del Gobierno para implementar Sistema de Búsqueda
El pasado lunes, el cuerpo de una adolescente de 15 años fue encontrado sin vida en un descampado ubicado en Mala (Cañete). Su familia la buscaba desde el 24 de agosto, fecha en la que salió a trabajar y no volvieron a saber de ella. La semana pasada, otras dos mujeres que habían sido reportadas como desaparecidas, también fueron halladas muertas.
Sus feminicidios se suman a la interminable lista de casos de mujeres asesinadas que fueron reportadas como desaparecidas para encubrir el crimen. Según la Defensoría del Pueblo, 1 de cada 10 mujeres desaparecidas, es encontrada muerta.
Solo hasta julio de este año, se reportó la desaparición de 2 mil 965 mujeres. Durante los meses de cuarentena, 606 niñas y adolescentes desaparecieron. No se sabe cuántas de ellas han aparecido, en qué condiciones han sido encontradas o si las autoridades están haciendo una búsqueda efectiva.
Las familias de las desaparecidas las buscan con sus propios recursos a causa de la indiferencia de las autoridades. Como pasó con la familia de la adolescente encontrada en Mala. Su madre denunció que la Policía no quiso buscarla.
“Todos los días la he buscado porque la Policía de Chilca nunca se preocupó por ayudarme. Ellos me dijeron que si yo me enteraba de algo, tenía que decírselo para que puedan ir a realizar su trabajo”, cuenta la madre en medio del dolor por no haber encontrado con vida a su hija.
El Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y el Registro de Desapariciones, en una deuda que el Estado tiene con las familias desde hace 17 años. Estos mecanismos son necesarios para tener claridad sobre los casos y los procesos en los que se encuentran.
El primer ministro, Walter Martos, prometió en su discurso para obtener el voto de confianza, que en cuarentena días calendario estaría implementado este sistema y registro. Hoy se cumple el plazo para cumplir su palabra, mañana ya debería estar operativo.
¿Se hará realidad? Mientras tanto, las familias continuarán buscando a pesar de su dolor y esperando a que su país comprenda que las desaparecidas importan.
Wayka / COMCOSUR MUJER Nº 662 – 12/10/2020
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5) REPUBLICA DOMINICANA: EXIGEN SE DESPENALICE EL ABORTO
Las mujeres protestaron con letreros con consignas como “saquen sus rosarios de nuestros ovarios” y “mi cuerpo es mío, yo decido”.
Unas 150 mujeres se manifestaron este martes (06.10.2020) frente al Congreso Nacional dominicano para exigir que el Código Penal, que se encuentra en proceso de aprobación, incluya excepciones a la penalización del aborto bajo tres causales.
Convocadas por el Foro Feminista Magaly Pineda (FFMP) y otras organizaciones, entregaron una carta dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, pidiendo que no se sancione la interrupción del embarazo cuando la vida de la mujer esté en peligro, cuando existan malformaciones incompatibles con la vida del feto o cuando sea resultado de una violación, incesto o pederastia.
Las manifestantes acudieron ataviadas de verde, con mascarillas, pañuelos y ponchos a juego, para pedir la despenalización del aborto en las tres causales coreando la consigna «No queremos ley especial, tres causales en el Código Penal».
La Cámara de Diputados envió en agosto pasado a una comisión especial un proyecto de ley para despenalizar el aborto, tras decidir que el asunto quede fuera del Código Penal y que se debata más adelante como una ley específica.
Feministas denuncian trampa
Para la activista Sergia Galván, la ley especial «es un engaño que llevan años intentando (los antiabortistas), es una medida tramposa» para entretener a los defensores de las tres causales mientras se aprueba el Código Penal sancionando de manera absoluta la interrupción del embarazo.
En la carta dirigida a los diputados, las organizadoras del plantón advierten de que la penalización absoluta del aborto constituye un grave problema de salud pública, ya que lleva a su práctica clandestina en condiciones inseguras que, muchas veces, se traduce en el fallecimiento de la madre. El 13 % de las muertes maternas en el país son consecuencia de abortos inseguros, dijeron.
La República Dominicana es uno de únicos seis países de la región que mantiene una prohibición total del aborto junto con El Salvador, Honduras, Nicaragua, Haití y Surinam.
Según encuestas recientes, el 79 % de la población dominicana está de acuerdo con el aborto cuando está en peligro la vida de la mujer, el 76 % lo apoya por malformaciones del feto incompatibles con la vida y el 67 % cuando es fruto de violación o incesto y pederastia.
DW / COMCOSUR MUJER Nº 662 – 12/10/2020
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6) URUGUAY: INTERSOCIAL FEMINISTA ADVIERTE “RETROCESO” EN DEROGAR LOS JUZGADOS MULTIMATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL PRESUPUESTO
El anuncio de la creación de tres juzgados especializados en el interior del país “encubre esa grave decisión”, asegura la plataforma.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció el viernes en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Representantes la habilitación de una partida de 57 millones de pesos por año para la creación de tres juzgados especializados en violencia de género en el interior del país. Se trata, en realidad, de una reasignación de los recursos destinados a la Suprema Corte de Justicia (SCJ). La medida se anunció unos días después de que la vicepresidenta Beatriz Argimón pidiera a la bancada de la coalición que estudia el presupuesto que “queden bien claras las partidas específicas” para el cumplimiento de la Ley de Violencia hacia las Mujeres Basada en Género.
La decisión de crear nuevos juzgados especializados en el interior implica un avance respecto del primer borrador de la Ley de Presupuesto, que no incluía ningún recurso para la implementación de la ley 19.580 y, por ende, ningún juzgado nuevo. El Poder Ejecutivo había dicho, además, que la creación de estos juzgados se postergaría para 2024.
Sin embargo, el texto plantea la derogación de los juzgados multimateria creados por la ley integral y esto, para la Intersocial Feminista, es lo más grave. La plataforma considera que la creación de tres nuevas dependencias no sólo es insuficiente para responder a la situación de urgencia en que se encuentran muchas mujeres, sino que, además, no soluciona el “peor problema” que plantea el presupuesto en materia de violencia de género, que es justamente la derogación de los juzgados multimateria. El funcionamiento de estos juzgados, que permiten que cada caso sea abordado de manera integral y evita así que las mujeres transiten por distintas dependencias, aparece en la ley pero está en suspenso desde que se aprobó, en 2017.
“Estamos extremadamente preocupadas porque el anuncio, que para quien no conoce los detalles del sistema de justicia en los casos de violencia de género puede parecer bueno, lo que encubre es que se derogan los juzgados multimateria creados por la ley integral de violencia de género, que nunca se pusieron en marcha y que ahora, directamente, nunca se van a instalar”, advirtió Soledad González, integrante de la Intersocial Feminista, en diálogo con la diaria. Para las activistas, los juzgados multimateria son “una buena solución, que está en línea con las recomendaciones internacionales de atención a la violencia de género de los organismos internacionales especializados y que simplifican de manera muy importante el pasaje por juzgados, audiencias y posibles conflictos de sentencias contradictorias que pudiera haber por la intervención de más de un juez ante la misma persona y, básicamente, los mismos hechos”, explicó la representante. Agregó: “No están prácticamente haciendo nada y además están dando para atrás. Nos llenan el ojo con tres juzgados y nos distraen de lo más grave, que es lo otro”.
González dijo que significa un “retroceso muy grande” en la implementación de la ley de violencia de género, “que deja de ser integral, porque lo que pretendía justamente era que las instituciones que intervinieran en este problema lo vieran de una forma integral”. “Es como volver a 2016”, agregó, en referencia a la situación normativa antes de aprobada la Ley 19.580.
Por otra parte, la representante aseguró que la Intersocial Feminista mantuvo conversaciones con legisladoras y legisladores y notó que este es un tema “entreverado”, porque, para empezar, parece que al hablar de “juzgados especializados en violencia de género” se hablara de los multimateria. “Tan confuso es que tienen los mismos nombres, entonces no sabés que el artículo crea los juzgados comunes de violencia de género al mismo tiempo que elimina los juzgados multimateria”, explicó. Una de las cosas que plantearon las mujeres a las legisladoras y legisladores fue sacar este tema del presupuesto “para poder tener una discusión más profunda sobre cómo se va a implementar”.
La Intersocial Feminista asegura que para implementar de forma cabal la Ley 19.580 es necesario destinar 50 millones de dólares. “Diez millones de dólares cuesta tener servicios de atención 24 horas, los 365 del año, en los 19 departamentos del país. Fiscalía, en una de las últimas rendiciones de cuentas, había dicho que para implementar la ley habría necesitado otros diez millones de dólares. El Poder Judicial ha variado, pero su primera cifra para la implementación fue de 30 millones de dólares. Después dijeron que era menos, pero al Poder Judicial hay que hacerle una inyección de dinero bastante grande si una quiere que una audiencia por abuso sexual no demore un año y medio. Necesitan tener técnicos especializados, entre otras cosas”, puntualizó González. Otras prestaciones que requieren de recursos, dijo, son servicios especializados para mujeres con discapacidad, la formación de funcionarias y funcionarios, el diseño de campañas de comunicación “permanentes”.
El lunes, en conferencia de prensa, el diputado nacionalista Sebastián Andújar, presidente de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Representantes, confirmó la habilitación de recursos para abrir los juzgados especializados en el interior del país y dijo que se intentará “llegar al final del período con una aplicación muy importante de la ley en todo su espectro”.
La Diaria / COMCOSUR MUJER Nº 662 – 12/10/2020
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7) URUGUAY: INTERSOCIAL FEMINISTA APOYARÁ RECOLECCIÓN DE FIRMAS PARA REFERÉNDUM CONTRA LA LUC
El colectivo se suma a lo propuesto por el PIT-CNT y planteará derogar algunos artículos de la norma.
En un encuentro nacional realizado el sábado, la Intersocial Feminista definió de forma unánime que promoverá la recolección de firmas contra la ley de urgente consideración (LUC), aprobada en julio de este año. Soledad González, integrante de la Intersocial Feminista, dijo que la idea de esta organización no será habilitar un referéndum para derogar íntegramente la LUC, sino algunos de sus artículos. Eso, agregó, será definido con el resto de los integrantes de la Intersocial, que se reunirán el sábado 17 para analizar la situación.
Con esta decisión ya hay dos grandes organizaciones que integran la Intersocial que se han manifestado a favor de la recolección de firmas para derogar la LUC. La primera fue el PIT-CNT, que tras un largo proceso de decisión definió finalmente, el martes 6, impulsar este mecanismo constitucional. Entre otras de las organizaciones que integran la Intersocial, este lunes tomarán postura la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua y la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), mientras que la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay lo hará luego del encuentro del sábado, dijo a la diaria el martes 6 el secretario general, Daniel Baldassari.
La Diaria / COMCOSUR MUJER Nº 662 – 12/10/2020
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8) URUGUAY: ENTENDIENDO LA BRECHA SALARIAL DE GÉNERO EN URUGUAY
Y cómo está muy arraigada para ser resuelta sólo por mujeres.
La brecha salarial de género se ha reducido durante las últimas tres décadas, pero, si bien Uruguay se posiciona como uno de los países de la región con mayor participación laboral femenina, las mujeres todavía ganan sólo 75% de lo que los varones se llevan a sus casas. Desde 1990, las mujeres han remodelado drásticamente la fuerza laboral, educándose más y asumiendo un trabajo remunerado a tasas más altas. Sin embargo, pese a estos cambios, la brecha salarial persiste, en parte porque las mujeres y los varones todavía se dividen en diferentes tipos de trabajos e industrias, y porque los trabajos que realizan las mujeres, con frecuencia, pagan menos.
Las brechas salariales de género suelen definirse como la diferencia respecto del ingreso medio laboral de los varones, lo que permite decir que “la diferencia entre los salarios de mujeres y varones representa x% de los ingresos de los varones”. En 1990 las trabajadoras percibían 45% menos de ingresos promedio mensuales que un trabajador varón. La diferencia se redujo en 20 puntos para 2018, cuando el ingreso promedio de las trabajadoras fue 25% menor al de los trabajadores varones.
¿Qué factores sabemos que explican las brechas salariales de género?
En los últimos años, las frases “los 75 pesos que ganan las mujeres cada 100 pesos que ganan los varones” y “los 79 días al año que las mujeres trabajan sin percibir ingresos” se convirtieron en sinónimo de desigualdad de género en el mercado laboral y en un estandarte para el movimiento que busca promover un cambio. Esto es así porque, de cierta manera, simbolizan el fracaso del mercado para garantizar la igualdad de trato.
No obstante, desde que comenzó a abordarse el tema de los ingresos salariales de las mujeres en revistas académicas y en el ámbito de las políticas públicas, existe un consenso en torno a que una simple proporción de ingresos es insuficiente para establecer que el mercado laboral no recompensa a los trabajadores de manera imparcial.
Una medida de discriminación salarial
Uno puede comenzar a aproximarse a la discriminación salarial de manera más sofisticada empleando técnicas estadísticas. Por ejemplo, evaluando en qué medida se paga de manera diferente a las personas con características comparables, y si la diferencia está vinculada con el sexo. Una de ellas es la metodología de Oaxaca-Blinder. En pocas palabras, esta técnica calcula el valor monetario de varias características en el mercado laboral para cada uno de dos grupos, digamos, varones y mujeres. De esta manera, evalúa cuánto debería recibir un grupo, las mujeres, si se les pagara como a los varones, es decir, mediante un mercado que es “ciego al sexo”. Por lo tanto, analiza la diferencia entre los ingresos masculinos y femeninos si sus características hubieran sido remuneradas de igual manera, comparando el resultado con la diferencia real. La medida arroja el porcentaje de la brecha salarial que no se puede explicar por diferencias medibles entre varones y mujeres, componente al cual se le llama “discriminación salarial”.
Al hacer este ejercicio para Uruguay, encuentro que la educación contribuye a reducir la brecha salarial en un orden de 13%. Es decir, si a las mujeres se les remunerara de la misma manera que a los hombres por su nivel educativo, la brecha salarial sería menor. Esto se debe a que las mujeres están más educadas que los varones. Las mujeres obtienen mayores logros educativos en todos los niveles (primaria, secundaria y estudios superiores) en cuanto a culminación de ciclos, asistencia a establecimientos, rezago y repetición.
Por otra parte, factores como la cantidad de hijos menores de edad, estar casado o en una unión libre, la antigüedad en el puesto de trabajo, las horas trabajadas y el sector de actividad explican una pequeña porción de la brecha, siendo este último el que contribuye más. Esto estaría indicando que los puestos de trabajo tienen asociadas determinadas características diferenciales según sexo que contribuyen a aumentar la brecha salarial. Sin embargo, más de 70% de la brecha salarial no se puede explicar por estas características, ¿y esto qué quiere decir? En pocas palabras, la discriminación salarial en la actualidad es sutil y difícil de analizar.
En primer lugar, marca la existencia de factores subyacentes persistentes, pero inconmensurables, que probablemente afecten el salario de las mujeres. No sólo es menos probable que las mujeres consigan trabajos en ramas mejor pagas como resultado de factores como la presión de las expectativas sociales y la discriminación consciente e inconsciente de los empleadores contra las mujeres, sino que el trabajo que hacen las mujeres es, en general, menos remunerado que el que hacen los varones. Cualquier esfuerzo para reducir aún más la brecha salarial tendrá que lidiar con esta dinámica, ya sea tratando de cambiarla o tratando de evitarla; pero tampoco es tan sencillo.
Para Claudia Goldin, profesora en la Universidad de Harvard y pionera en estudios rigurosos de la brecha salarial de género, la verdadera razón por la que existe la desigualdad salarial de género es que el precio de la equidad es muy alto. El costo de la flexibilidad temporal, o el control de las horas, es sustancial, y se ha vuelto aún más sustancial con el tiempo.
La brecha salarial de género se amplía en el momento del matrimonio y en varios eventos alegres, como tener hijos. Las afirmaciones de que esta brecha se debe principalmente al sesgo del mercado laboral han alcanzado un punto álgido. No hay duda de que existe una gran cantidad de discriminación en nuestros lugares de trabajo, y deberíamos hacer todo lo posible para eliminarla, pero el foco de la discusión no debería estar puesto únicamente ahí.
El problema es que muchos trabajos pagan mucho más por hora cuando el trabajo es más largo, de guardia, urgente, vespertino, de fin de semana o impredecible. La falta de control es la parte crucial, y el tiempo y la energía gastados interfieren con los compromisos familiares. Entre la mayoría de las parejas altamente educadas con carreras e hijos, la mujer es el profesional que está de guardia en casa, mientras que el hombre es el profesional que está de guardia en la oficina y, en consecuencia, él gana más que ella.
En Uruguay, si consideramos el trabajo global como aquel remunerado y no remunerado,1 las mujeres realizan 53% de la carga global de trabajo. Las mujeres dedican en promedio 37 horas semanales al trabajo no remunerado, mientras que los varones dedican 20 horas semanales. En esta línea, es más probable que las mujeres busquen y acepten trabajos que les ofrezcan más flexibilidad para cuidar a los niños y a otros miembros de la familia.
Un estudio de Martina Querejeta para nuestro país2 encuentra que, luego de diez años de tener el primer hijo, las mujeres experimentan una reducción de 42% de su salario mensual en comparación con mujeres con características similares pero que no tuvieron hijos. Parte de esta reducción se debe a que trabajan fuera del hogar 60% menos que las mujeres que no tuvieron hijos; y parte se explica por ingresos por hora menores. A su vez, dicha penalización no logra revertirse en el mediano y largo plazo; se mantiene una reducción de 42% incluso diez años después de la maternidad.
¿Qué podemos hacer para mitigar las brechas?
La presencia de niños y niñas afecta los ingresos laborales de mujeres y varones de forma diferente. Gran parte de estas diferencias se sustentan en que la mayoría de las tareas de cuidado dentro del hogar recaen sobre las mujeres; no sólo el cuidado de niños y niñas, sino también de adultos mayores y de personas en situación de dependencia, lo que las lleva a retirarse del mercado laboral de forma parcial o total. Esto puede llevar a la pérdida de acumulación de capital humano (capacitación y experiencia en el puesto de trabajo), a la depreciación del capital acumulado si las interrupciones son largas o en sectores muy dinámicos, a la pérdida de oportunidades de ascenso si los empleadores exigen compromisos de tiempo completo para puestos superiores, o a la búsqueda de trabajos flexibles que sean compatibles con el cuidado. Todos estos elementos están asociados con ingresos laborales inferiores.3 Las soluciones deberían girar en torno a alentar cambios en la forma en que las empresas valoran los diferentes tipos de trabajo, de modo que a medida que aumenta la cantidad de horas que trabaja alguien, su salario aumente aproximadamente al mismo ritmo, en lugar de a un ritmo más rápido.
Uruguay se encuentra frente a la oportunidad de, entre otras cosas, realizar mayores esfuerzos en materia de medidas de transparencia empresarial (por ley, como en el caso de Reino Unido, o desde la iniciativa propia de los empleadores privados), generar políticas que apunten a reducir la segregación ocupacional y las interrupciones laborales de las mujeres (por ejemplo, políticas de cuidados que permitan reducir la carga de trabajo no remunerado de las mujeres en el hogar), evaluar y adaptar políticas de licencias maternales, paternales y parentales, de modo que permitan reducir efectivamente el impacto negativo de la maternidad sobre las trayectorias laborales.
Una agenda feminista que avance en estas direcciones debería ser apoyada no sólo por las mujeres, sus impulsoras y principales beneficiarias, sino también por los varones. Vivir en una sociedad más igualitaria y en la que los trabajadores son más libres para organizar sus vidas es una aspiración de todos.
El trabajo no remunerado comprende el conjunto de trabajos integrados por el trabajo doméstico en el hogar, el trabajo de cuidados, el trabajo que se brinda a otros hogares sin recibir remuneración y el trabajo voluntario.
La Diaria / COMCOSUR MUJER Nº 662 – 12/10/2020
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“Siempre he partido de una idea elemental: la de que la verdad no necesita ser justificada por la adecuación a un objetivo superior. La verdad es la verdad y nada más. Debe ser servida, no servir.”
Eugenia Ginzburg / “El vértigo”.
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