1) Argentina: Los organismos de Derechos Humanos repudiaron el vandalismo a los pañuelos blancos de Plaza de Mayo
2) Uruguay: La búsqueda de la identidad biológica, un derecho fundamental. Con la directora de la INDDHH Mariana Mota
3) Uruguay: Cabildo Abierto, partido que integra la coalición de gobierno propuso que la Corte Electoral controle la “imparcialidad” de la información en medios en Uruguay
4) Uruguay: La ciencia nacional puesta a prueba /Víctor L. Bacchetta
5) Piratas pandémicos. Ganancias multimillonarias del sector farmacéutico mundial /Sergio Ferrari
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“Siempre he partido de una idea elemental: la de que la verdad no necesita ser justificada por la adecuación a un objetivo superior. La verdad es la verdad y nada más. Debe ser servida, no servir. “Eugenia Ginzburg / “El vértigo”.
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1) ARGENTINA: LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS REPUDIARON EL VANDALISMO A LOS PAÑUELOS BLANCOS DE PLAZA DE MAYO
Agencia Paco Urondo / 12.07.2021
Emitieron una declaración por los daños causados el viernes pasado: “Los pañuelos son el mayor símbolo de la lucha por Memoria, Verdad y Justicia, respetados en el mundo entero”.
Los organismos de derechos humanos repudiaron el vandalismo realizado sobre los pañuelos blancos de Plaza de Mayo el viernes 9 de julio y emitieron una declaración señalando que no se trata de “hechos aislados. Son una larga lista que se deriva como consecuencia del inmenso dispositivo desplegado e instalado por el Gobierno de Mauricio Macri para intentar banalizar el genocidio”.
El comunicado lleva la firma de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, H.I.J.O.S. Capital, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Matanza, Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, Liga Argentina por los Derechos Humanos y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. En este marco, los organismos sostuvieron: “repudiamos enérgicamente los daños causados sobre los pañuelos blancos de Plaza de Mayo en la noche del viernes 9 de julio. Los pañuelos son el mayor símbolo de la lucha por Memoria, Verdad y Justicia, respetados en el mundo entero, pero agredidos por sectores que en nuestro país no saben expresar sus ideas más que con discursos de odio y violencia”.
En este mismo sentido, señalaron: “Desde 1983 nuestro pueblo eligió la democracia para siempre. Las diferencias, críticas y opiniones, deben respetar ese acuerdo. Pero la gravedad de los discursos y acciones de odio reviste en quienes ocupan lugares de referencia y poder en la sociedad, porque legitiman esas ideas ante sectores de la población. Por eso, también debemos advertir que los discursos de odio han funcionado históricamente como antesala de violencias que incluso han llegado a impartirse desde el propio Estado”.
“A esta altura de la democracia y de los juicios por a genocidas, no se puede negar la magnitud del terrorismo de Estado. Nuestra sociedad rechaza esa posibilidad y tiene bien alta la bandera que reivindica 30.000 luchas. Sin embargo, es indudable que el negacionismo se ha vuelto eje de campaña electoral por sectores que pretenden la impunidad, el perdón y el olvido. Mientras el mundo atraviesa una pandemia tan grave como la actual, mientras los pueblos nos unimos por la vida, y en la Argentina el Estado despliega una campaña histórica de vacunación, hay quienes desde el odio atacan los pañuelos para expresar sus ideas, como si no alcanzaran los diarios y canales que se las reproducen, naturalizando el negacionismo”, sintetizaron.
“Abrazamos a cada familia que tuvo una pérdida en estos meses de pandemia. Nos duele como a todas las personas que defendemos la vida. Convocamos a seguir construyendo una salida colectiva, solidaria y en unidad. Una vez más, decimos: ¡Basta de negacionismo!”, concluyeron.
Agencia Paco Urondo /Enviado por Henry Flores
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2) URUGUAY: LA BÚSQUEDA DE LA IDENTIDAD BIOLÓGICA, UN DERECHO FUNDAMENTAL. CON LA DIRECTORA DE LA INDDHH MARIANA MOTA
El Tungue Lé / Radio Uruguay 1050 AM /12 de julio de 2021
Con la participación de varios panelistas y expositores de nuestro país y el extranjero, tuvo lugar un conversatorio sobre el derecho a la identidad biológica, organizado por la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH). En la columna quincenal de la mencionada institución en El Tungue Lé, la directora Mariana Mota se refirió al tema.
Por lo general se trata de “personas consultantes adultas entre 40 y 50 años. En muchos casos se enteran que la familia que han tenido como su familia biológica en realidad no lo es tal, sino que es una familia que los ha criado”, contó. Para la experta en derechos humanos se trata de “un problema que está presente y muy invisibilizado”, agregando que la “adopción normal facilita el diálogo”, pero ello “es lo minoritario”.
“En la mayoría de los casos se produce un cierre absoluto de ese episodio, nada menos que por el cual esa persona tiene vida y es una persona, y se sustituye esa identidad biológica por una posterior. Tienen que hacer entonces, una búsqueda de su verdadera identidad”, añadió.
Uno de los focos de atención son “las personas que fueron dadas en adopción legislativa”, que en Uruguay habilita por ley a que ese hijo sea del matrimonio adoptivo, aunque no biológico precisamente. “Se lo inscribe en un partida de nacimiento como si fuera propio. En ese caso el nacido tiene dos partidas, a la originaria se le estampa un sello que dice ‘Prohibida su exhibición’, y cuando esa persona va a pedir una partida de nacimiento va recibir la que dice que es hija de ese matrimonio… Es una situación jurídica que existe en Uruguay y que va contrapelo al derecho al acceso a la identidad biológica o de origen”, dijo la directora de la INDDHH. Y acotó que el derecho a la identidad es un derecho fundamental recogido en la normativa internacional.
Otra situación es cuando “ni siquiera pasa por esos procesos de legitimación, sino por el costado, apropiación desde la compra de niños hasta la entrega a otro matrimonio sin haber pasado por ningún procedimiento legal. Ahí la búsqueda es mucho más difícil porque no hay rastros y hay que ir buscando a través de familiares, vecinos o las personas que participaron en el parto, una maternidad, etc.”, agregó.
Señalando también que en la INDDHH para apoyar esa búsqueda “hay un pequeño grupo que trata de asistir en ese sentido convocando e invocando a los organismos del Estado que pueden tener las respuestas… una búsqueda, difícil, ardua. En muchos casos las personas pasan años buscando”, comentó.
El Tungue Lé /Radio Uruguay 1050 AM /Enviado por Henry Flores
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3) URUGUAY: CABILDO ABIERTO, PARTIDO QUE INTEGRA LA COALICIÓN DE GOBIERNO PROPUSO QUE LA CORTE ELECTORAL CONTROLE LA “IMPARCIALIDAD” DE LA INFORMACIÓN EN MEDIOS EN URUGUAY
Observacom Uruguay, 13 de julio de 2021
Cabildo Abierto (CA), partido que integra la coalición de gobierno de Uruguay, propuso que la Corte Electoral controle la “imparcialidad y el equilibrio en la información política” en medios de comunicación, como parte de las modificaciones al proyecto oficialista de nueva Ley de Medios.
La propuesta de CA, según publicó El Observador, plantea que los ciudadanos “tienen el derecho a recibir una comunicación política de manera imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada” y que los servicios de radiodifusión deben “conceder a los actores políticos un trato justo y equilibrado”.
La iniciativa contemplaría a todos los programas y espacios en los que se emitan “análisis, opiniones, comentarios, valoraciones e información de carácter político”.
La Corte Electoral sería la encargada de “resolver en última instancia sobre las observaciones, amonestaciones y sanciones por violación a la normativa”, dice el periódico.
El texto de CA crea una “Junta de Garantías en la comunicación política” como órgano descentralizado de la Corte Electoral, que estaría conformada por nueve miembros, elegidos por cada uno de los ministros de la Corte, cuya función sería la de observar los programas y espacios de modo directo o con la contratación de servicios profesionales especializados.
El diputado de CA, Sebastián Cal, dijo a El Observador, que otra de las propuestas consiste en modificar la integración del Sistema Público de Radio y Televisión Nacional.
En el oficialismo no habría voluntad política para que la propuesta se incluya en la nueva ley de medios, de acuerdo con La Diaria. Entre los principales cuestionamientos se encuentran que CA hiciera el planteo cuando ya hace más de un año se discute el proyecto. Asimismo, se plantea que Uruguay no necesita un organismo que controle la información política de los medios.
Desde el sector de la prensa calificaron la propuesta de “grave” y preocupante. “Estamos en un momento en que el trabajo de los periodistas está siendo bastante discutido y muchas veces criticado por personalidades públicas y políticas cercanas al poder”, dijo a La Diaria, el presidente de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), Fabián Cardozo. Alertó que la iniciativa de CA para controlar la información es un elemento que “se suma” en este sentido.
El proyecto del oficialismo para reemplazar a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual se discute hace más de un año en la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados.
Como publicamos en Observacom, en mayo de este año, el Poder Ejecutivo envió al Parlamento una nueva versión del proyecto de Ley de Medios con la expectativa de que sea aprobado antes de mitad de año. Si bien la nueva redacción surgió de las negociaciones dentro de la coalición de gobierno, en CA aún persistían algunas diferencias.
Tanto el proyecto original como su nueva versión fueron fuertemente criticados tanto por Observacom como por la Coalición por una Comunicación Democrática, por considerar que promueve la concentración y genera un retroceso en materia de derechos y criterios de transparencia.
Observacom
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4) URUGUAY: LA CIENCIA NACIONAL PUESTA A PRUEBA
La emergencia sanitaria llevó a la ciencia nacional al más alto nivel político y reveló también limitaciones para encarar algunos temas cruciales de esta situación
Víctor L. Bacchetta / Sudestada, 12/07/2021
La pandemia declarada de Covid-19 hizo que se revalorizara el papel de la ciencia médica para acceder a la información y el conocimiento, así como para la toma de decisiones políticas de alto impacto social y económico. Al mismo tiempo, junto a la exposición pública sin precedentes a que fue llevada la ciencia nacional en esta situación, se pusieron en evidencia equívocos y carencias que la afectan.
Entre los equívocos está considerar a la ciencia como el ámbito del saber absoluto, único e incuestionable, detentado por los que se erigen en sus representantes. En lugar de una actitud abierta a experimentar y aprender de un fenómeno desconocido, la cuestión para algunos parece ser demostrar que lo saben todo. Paralelamente, el temor al juicio público hace muy difícil reconocer errores y aprendizajes.
En la ciencia no hay verdades absolutas. A diferencia de la fe, que se sustenta en los dogmas, el entendimiento de los fenómenos biológicos, físicos, químicos, etc. se basa en hechos que permiten desechar o no hipótesis. Las hipótesis son afirmaciones que pueden ser desafiadas a partir de preguntas concretas. El conocimiento puede y debe ir cambiando a medida que surgen más y nuevos hechos, más evidencias.
En el caso particular de esta pandemia, existen desde el comienzo cuestiones muy polémicas en el plano científico, sin hablar de las conductas sociales indicadas en consecuencia. Sin embargo, en lugar de la apertura al cuestionamiento con el fin de aproximarnos a entender una situación imprevista, la polémica se polariza entre los supuestos detentores de “la verdad”, tanto del lado oficial como del opuesto.
Es notorio que el debate público internacional de la pandemia está mediatizado por la gravitación de intereses políticos y económicos muy poderosos que solo procuran la consolidación y ampliación de su poder. Obviamente, Uruguay no está a salvo de tal situación, hemos visto que las decisiones políticas se partidarizan al momento, pese a que ni el gobierno ni la oposición estaban preparados para esta pandemia.
La comunidad científica nacional tampoco puede ser ajena a estos fenómenos, pero llama la atención el silencio o la ausencia de debate en los propios temas científicos que son objeto de controversia. De acuerdo a un relevamiento realizado por Sudestada surge que no es que no haya distintos enfoques, sino que existe una autocensura para dar un debate abierto, acompañada además por una censura de la disidencia.
Lamentablemente, por esta misma situación, no podemos citar los nombres o nuestras fuentes de información. Hemos solicitado entrevistas con el ánimo de esclarecer estos temas, hay incluso opiniones diferentes entre diferentes organismos, pero no se quiere hablar en público al respecto o no obtenemos respuesta. Conocemos casos donde se ha cerrado explícitamente la oportunidad para desarrollar una discusión.
En este contexto, expondremos a continuación una lista aún incompleta de cuestiones científicas controvertidas de la pandemia en curso para dar a conocer al menos cuáles son los temas y poder evaluar sus implicaciones de distinto orden. Estos temas están provocando el desvelo de los científicos del mundo, como también en Uruguay, con vistas a resolver efectivamente los problemas generados por la pandemia.
El método de diagnóstico
El diagnóstico del Covid-19 se basa en detectar con el test qPCR fragmentos muy pequeños del virus en las muestras extraídas de las personas. El qPCR amplifica muchísimas veces el ácido nucleico obtenido a partir de la muestra para encontrar esos fragmentos. Si no hay un número suficiente de fragmentos de partida el test da negativo y si aparecen el resultado es positivo. Sin embargo, un resultado positivo no significa necesariamente que la persona esté enferma.
La controversia aquí es sobre sobre todo en el llamado ciclo de corte (CT), que es el número de amplificaciones utilizado para dar el resultado y si este es suficiente para hacer el diagnóstico. Investigaciones muestran que cuanto mayor es el CT, mayor es la probabilidad de que el resultado positivo sea falso. La importancia de esta cuestión es que fundamentalmente en base a este diagnóstico se deciden las medidas de cuarentena que deben cumplir la persona y sus contactos.
Por un pedido de acceso a la información pública, el Ministerio de Salud Pública respondió que se indica a los laboratorios hacer los qPCR hasta 40 ciclos totales y que se consideran contagios los casos positivos con igual o menos de 35 CT. En cambio, el protocolo publicado por la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Facultad de Medicina ha considerado que se puede dar el alta a un paciente cuyo test haya dado un resultado positivo si el qPCR superó los 30 CT.
La diferencia entre un CT de 30 y otro de 35 para dictaminar si una persona está enferma es muy significativa porque determina nada menos que el número de pacientes confinados e internados. ¿Ambas autoridades no deben explicar el motivo de esa diferencia?. ¿No hay un debate científico en esta cuestión?
¿Una enfermedad respiratoria?
Investigaciones afirman que la Covid-19 no es originalmente una neumonía viral, aunque tiene una manifestación respiratoria. La proteína receptora que hace posible la entrada del virus en las células casi no se encuentra en el pulmón, pero está en el intestino, riñones, vesícula biliar, corazón, testículos y el interior de los vasos sanguíneos.
El cuadro clínico y los hallazgos de las necropsias en pacientes permiten saber que la Covid-19 es una enfermedad muy compleja, inflamatoria y vascular, que se caracteriza además por coagulopatías (alteraciones en la coagulación sanguínea) y desregulación de la tensión arterial, con aspectos de enfermedad autoinmune y no simplemente un cuadro respiratorio como se creyó al inicio.
La conclusión es que el virus no provoca originalmente y solo una infección de las vías respiratorias y es cuestionable su transmisión por los aerosoles respiratorios. La importancia de este hecho determina la eficacia o la irrelevancia de los tapabocas.
El virus y la proteína Spike
Se sabe que el virus SARS-Cov2, así como otros integrantes de la familia de los coronavirus, tienen en su envoltura la proteína de espícula o Spike, que la utilizan para tener acceso a las células que van a infectar.
Investigaciones afirman que la proteína Spike por sí sola, sin estar asociada al virus, puede dañar varios tejidos y órganos, en particular el tejido interior de los vasos sanguíneos, generando coágulos anormales en las venas e hipertensión, aspectos presentes en los cuadros clínicos de enfermos de Covid-19.
Solo nueve meses después de que la OMS (Organización Mundial de la Salud) declarara que Covid-19 era una pandemia, en una situación sin precedentes, las farmacéuticas presentaron resultados preliminares, incompletos y engañosos en lugar de lo que, normalmente, lleva de 10 a 15 años para completar las fases preclínicas y clínicas necesarias para tener certeza de la seguridad y eficacia de una vacuna.
Esas vacunas recibieron una “autorización de emergencia” que no es lo mismo que la “aprobación” que reciben cuando han completado satisfactoriamente todas las etapas, es decir, son vacunas experimentales. Por esta razón las aseguradoras no cubren costos de gastos médicos ni las empresas farmacéuticas se hacen responsables de reacciones adversas ocasionadas por las vacunas contra Covid-19.
Las vacunas de ARN mensajero modificado y las vectorizadas (de adenovirus recombinante) contra la Covid-19 se basan en que las células del organismo humano comiencen a producir la proteína Spike. El ARN mensajero modificado no queda retenido en el sitio de inoculación, sino que viaja por el torrente sanguíneo y la linfa hacia otros tejidos y órganos, incluyendo el sistema nervioso.
Habiendo demostrado que la proteína Spike es un factor muy importante en el síndrome llamado Covid-19, el que estas vacunas hagan que las células produzcan Spike en cantidades mayores que en una infección natural, sumado al hecho de que el ARN mensajero que la codifica se traslade a tantos órganos, puede ser la causa de los cuadros severos que han aparecido luego de la vacunación. El hecho es que al tener ambos en común la presencia de la proteína Spike, son clínicamente casi indistinguibles los cuadros de Covid-19 por infección y por vacunación.
“Nos equivocamos con las vacunas”, declaró el Dr. Byram Bridle, de la Universidad de Guelph (Canadá) haciendo referencia al efecto nocivo de la proteína Spike de Covid-19, que las vacunas de ARNm modificado y las vectorizadas de Pfizer, Astrazebeca, Cansino, Sputnik V, Janssen y Moderna inducen a producir a las células del organismo.
Reacciones de magnetismo
Testimonios de médicos y pacientes están reportando reacciones de magnetismo en personas vacunadas en el sitio de inoculación y en otras zonas. El magnetismo no sucede en el cuerpo de manera normal, para que ocurra debe haber sido expuesto (por inoculación u otra vía) a óxido de hierro (magnetita) u óxido de grafeno.
El grafeno y la magnetita son componentes comunes en las nanopartículas que se usan en la industria farmacéutica. El uso de magnetita y grafeno en nanomateriales tiene reportados problemas de seguridad y toxicidad. Las vacunas en uso no dicen contener grafeno ni magnetita. ¿Cuál puede ser la explicación de esos casos?
Se estima que el 25% de las mujeres que contraen Covid-19 sufren alteraciones en su ciclo menstrual. La Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos de Salud (MHRA) del Reino Unido informó, el 7 de julio pasado, que al menos 13 mil mujeres reportaron alteraciones en su ciclo menstrual luego de haber recibido la vacuna, lo que representa un incremento de 225% de esos casos en un mes.
Tratamientos contra el Covid-19
Se dice que no hay ningún tratamiento posible para Covid-19, con lo cual se refuerza la convicción de que la salvación son esas vacunas, aunque no se hayan seguido las fases y tiempos necesarios para establecer su seguridad y eficacia. Es más, para que una vacuna sea autorizada en régimen de emergencia, es condición necesaria que no exista ningún tratamiento farmacológico. Sin embargo, existen medicamentos eficaces que están siendo estudiados y aplicados por países enteros, la India por ejemplo, como la ivermectina y el dióxido de cloro, entre otros.
La ivermectina antiparasitaria, con propiedades antivirales y antiinflamatorias, es un medicamento conocido a escala mundial, en Uruguay en particular, desde hace más de cuatro décadas para uso animal y humano, incluso en mujeres embarazadas y recién nacidos, lo que demuestra su seguridad. Ha sido utilizada en numerosos casos de Covid-19 de moderado a severo y su eficacia ha sido reportada en las revistas más prestigiosas de medicina. ¿No se estudia, ni se ha investigado en este país?
Algunos afirman que no se genera una inmunidad natural duradera y que por eso será necesaria una vacuna de refuerzo cada cierto tiempo. Sin embargo, para muchos investigadores sostienen este concepto de inmunidad lograda exclusivamente con la vacunación contradice la conclusión de innumerables publicaciones sobre la permanencia de la inmunidad previa y, especialmente, de la inmunidad adquirida luego de una infección por SARS-Cov2, además de desafiar todo lo aprendido durante décadas acerca del sistema inmunitario.
También se afirma que las personas no vacunadas serían la “fuente” por la cual surgen nuevas variantes de SARS-Cov2. Investigadores sostienen que no hay evidencia empírica que lo respalde y que va en contra de la Teoría Evolutiva básica. Es más, varios científicos de renombre afirman que la presión selectiva ejercida por la vacunación (sumado al hecho de haber elegido como antígeno exclusivo a la proteína Spike) es el motor determinante de la aparición de dichas variantes.
Estos son algunos de los temas científicos controvertidos en la pandemia que merecen una dedicación y un debate serio de los investigadores de este país. Uruguay debe ser capaz de desarrollar una ciencia de la salud que encuentre soluciones accesibles y aplicables a estos problemas para toda la población. De lo contrario, seguiremos a merced de los intereses de la industria farmacéutica internacional.
Víctor L. Bacchetta / Sudestada, periodismo y transparencia
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5) PIRATAS PANDÉMICOS. GANANCIAS MULTIMILLONARIAS DEL SECTOR FARMACÉUTICO MUNDIAL
Sergio Ferrari, desde Berna, Suiza
La industria farmacéutica mundial es uno de los grandes ganadores de esta etapa marcada por la pandemia. Saca provechos multimillonarios por derecha e izquierda.
Multiplica las ventas y se beneficia, al mismo tiempo, de suculentos fondos públicos destinados a la investigación.
La empresa Moderna anunció recientemente que las vacunas anti COVID 19 le significarán este año una facturación de 19.200 millones de dólares estadounidenses en tanto BioNTech proyecta 15.000 millones. En mayo, Pfizer, hizo pública su proyección de 26.000 millones en ventas lo que representa casi el doble de los 15.000 millones que calculaba apenas hace algunos meses.
En el primer trimestre del 2021, Moderna contabilizó una ganancia de 1.200 millones de dólares a partir de la venta de sus vacunas, entre las más caras en el mercado internacional. En igual periodo, la Pfizer reconoció beneficios netos de 4.877 millones de dólares, un 45 % más que en el mismo momento del pasado año, gracias, en buena medida, a las ventas de su vacuna contra el COVID-19.
El periódico mexicano El Financiero anticipaba ya en mayo pasado que nueve empresas “farmacéuticas disfrutarán multimillonarias ganancias de hasta 190.000 millones de dólares”, si alcanzan las metas de producción previstas para 2021.
Cifras llamativas si se recuerda que, al inicio de la pandemia, algunas de esas firmas afirmaron no tener intención alguna de obtener ganancias con la producción de los medicamentos preventivos, tal como lo señala el analista suizo Dominik Gross en un reciente artículo publicado en le revista Global de Alianza Sur.
Sin embargo –acota el portavoz de la plataforma helvética que reúne a las más importantes ONG de cooperación al desarrollo del país–, estas cifras no son tan sorprendentes si se consideran los modelos y mecanismos de mercado empleados por los gigantes farmacéuticos.
La ONG Public Eye (mirada ciudadana) analizó recientemente estos modelos en su informe Big Pharma takes it all (Las grandes farmacéuticas se lo llevan todo) www.publiceye.ch/fileadmin/doc/Medikamente/2021_PublicEye_BigPharmaTakesItAll_Report.pdf.
Y subraya, que uno de los principales instrumentos para maximizar los beneficios de la industria farmacéutica es la concesión de patentes sobre los principios activos de los medicamentos.
Por otra parte, el informe recuerda que en 2020 se inyectaron 93.000 millones de euros –más de 100.000 millones de dólares– de fondos públicos para la investigación y el desarrollo mundial de estos principios activos, como parte de una intensa cooperación con las universidades. Sin embargo, los derechos de patente aseguran que solo las empresas (co)desarrolladoras de estos principios se beneficien de los ingresos por la venta de los medicamentos.
No se autoriza a terceros a fabricar o vender los ingredientes activos sin adquirir una licencia de los propietarios. Estas normas están vigentes desde hace 25 años en el marco del Acuerdo ADPIC que regula los diferentes aspectos de los derechos de la propiedad intelectual relacionados con el comercio, recuerda Dominik Gross.
(www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/t_agm0_s.htm).
Este Acuerdo se firmó en 1995 como producto de la presión de los países del Norte. Desde hace meses, numerosas naciones, organizaciones ciudadanas y la misma OMS (Organización Mundial de la Salud) advirtieron que este Acuerdo agrava el riesgo sanitario planetario. Ya que la protección a las patentes crea una escasez artificial de vacunas, lo que produce el aumento de los precios y dificulta así la eficaz y equitativa distribución entre todas las naciones. Llamaron y siguen exigiendo que, ante la emergencia pandémica, se libere ese derecho de patente y se permita democratizar la producción de vacunas en forma descentralizada allí donde se puedan fabricar.
El enfoque de las grandes transnacionales farmacéuticas perjudica especialmente a los habitantes de los países del Sur con bajos ingresos que no pueden permitirse una atención sanitaria ni vacunas costosas. Según el blog Our World in Data, al que hace referencia la revista Global, mientras que en América del Norte y Europa ya se han administrado, respectivamente, 58 y 43 vacunas por cada 100 habitantes, en África sólo se contabilizan 2 vacunas cada 100. Asia y Sudamérica se sitúan en un punto intermedio, con 18 y 24 vacunas administradas.
En una perspectiva a mediano plazo, según las previsiones publicadas por The Guardian – y retomadas recientemente en el sitio francés Statista–, se calcula que Moderna será la empresa con mayores ventas de su vacuna por más de 35.000 millones de euros entre 2021 y 2023 (unos 43.000 millones de dólares). Las ventas de Pfizer, en ese mismo periodo, se proyectan en casi 20.000 millones de euros.
La misma fuente asegura que el costo medio mundial, a valores de marzo 2021, de las dos dosis, es de 31 euros (casi 37 dólares) tanto para la Pfizer/BioNTech como para la Moderna; 23 euros cuestan la Sinovac; 17 euros la producida por Gamaleya y 6 la de AstraZeneca. Una dosis única de la Johnson-Johnson oscila en los 8 euros.
¡Al abordaje!
La pandemia causa un impacto devastador en todo el mundo, pero especialmente en los países en desarrollo y emergentes. Las naciones ricas han acaparado casi todas las vacunas, tratamientos y pruebas disponibles en el mundo.
La desigualdad en el acceso a estos dispositivos médicos esenciales se debe a una escasez artificial creada por el sistema de monopolio farmacéutico basado en patentes. En lugar de cuestionar este modelo de negocio perjudicial, los países ricos lo defienden con vehemencia, denuncia Public Eye.
Y pone de manifiesto la hipocresía de esas naciones, así como de la industria farmacéutica, cuyas grandes declaraciones de solidaridad nunca han estado tan alejadas de la realidad como durante esta crisis sanitaria mundial. “Los Estados tienen el deber de proteger el derecho humano a la salud: deben intervenir para garantizar un acceso equitativo a las tecnologías médicas para combatir el COVID-19. Las soluciones existen; es una cuestión de voluntad política”, subraya la ONG helvética.
El Big Pharma takes it all analiza las diez estrategias utilizadas por los gigantes farmacéuticos para maximizar sus beneficios y aprovechar la crisis sanitaria en su beneficio, en detrimento del interés público.
Un punto de arranque de esas estrategias es la definición de las prioridades de investigación y desarrollo en función de la ganancia que obtendrán. El control abusivo de las patentes constituye otro pilar del modelo transnacional que prioriza, fundamentalmente, las necesidades de los países ricos y no el bien común planetario.
Como lo señala el estudio, “los gigantes farmacéuticos y los países ricos también son cómplices durante una pandemia como la de COVID-19. Las naciones ricas como Suiza firman acuerdos exclusivos (NeR: con esos gigantes) a precios excesivos y hacen recaer la carga de estos contratos opacos en la salud pública”, que paga el contribuyente con sus impuestos.
Todo esto, sin ninguna transparencia y rechazando la obligación de rendir cuentas; socializando los riesgos, pero “privatizando los beneficios”; aprovechando al máximo de los fondos públicos; imponiendo precios injustificables e incontestables y priorizando la distribución de dividendos por sobre la inversión en nuevos medicamentos.
La estrategia multinacional farmacéutica integra también el trabajo a gran escala de cabildeo y presiones en las esferas de decisión. En Estados Unidos, señala Big Pharma takes it all, el mayor mercado del mundo, 39 de los 40 representantes legislativos que han recibido las mayores contribuciones de las empresas farmacéuticas forman parte de los comités que se ocupan de las cuestiones parlamentarias relacionadas con la salud. También en Suiza, “los grupos de presión de la industria farmacéutica son omnipresentes y no están regulados”, y cualquier intento de reducir el precio de los medicamentos –que es uno de los más caros del mundo–, se enfrenta a una intensa resistencia, subraya.
Resistencia ciudadana
Sin poner en duda la importancia decisiva de la vacunación para enfrentar la pandemia, cada vez son más los actores de la sociedad civil planetaria que critican con vehemencia esta nueva ofensiva de las multinacionales del sector.
Y se pronuncian, como los autores del Pharma takes it all , a favor de medidas posibles, que están a la mano de gobiernos y empresas, para abaratar costos, democratizar la producción de vacunas y generalizar el derecho de cada ser humano a estar protegido contra el COVID-19.
Entre ellas, el apoyo al fondo común de acceso a la tecnología COVID-19 (C-TAP), lanzado por la Organización Mundial de la Salud como solución global para el acceso equitativo a pruebas de diagnóstico, tratamientos y vacunas. Así como el sostén a la solicitud de una exención temporal de determinados aspectos del Acuerdo ADPIC para productos médicos necesarios en el control pandémico. Instan –sobre todo a los países ricos—a no almacenar vacunas y apoyar el mecanismo internacional COVAX para la equidad de la distribución de las vacunas.
Como ejercicio básico de transparencia, proponen que se publiquen los contratos firmados con los fabricantes de vacunas. Y se pronuncian a favor de fomentar las iniciativas de ciencia abierta para un acceso equitativo a la prevención, al diagnóstico y al tratamiento de enfermedades. Y la necesidad de aplicar la resolución de la OMS sobre la mejora de la transparencia de los precios de los medicamentos. La inversión pública en investigación y desarrollo debe estar sujeta a condiciones claras y a una política razonable de precios.
En síntesis, estos actores sociales del mundo entero denuncian a los piratas modernos del sector farmacéutico. Les exigen que bajen de sus naves, que entreguen sus espadas y dejen de aprovecharse del COVID 19 para maximizar sus beneficios. Que no impongan cláusulas de confidencialidad a los gobiernos y acepten que los contratos salgan a la luz pública.
El debate de sociedad está abierto y toca a su misma médula: la vida de la humanidad y el tipo de sistema de salud para asegurarla. Anteponiendo a los piratas modernos de la industria farma ávidos del botín con el hombre de a pie que exige gratuidad y reivindica un servicio de salud pública de calidad al servicio de todas y todos.
Sergio Ferrari, desde Berna, Suiza
COMCOSUR AL DÍA /AÑO 27 /Nº 2302 /miércoles 14.07.2021
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“En atletismo existe una carrera en equipo llamada de postas o de relevos. Cada uno de los corredores de un equipo recorre una determinada distancia y allí lo espera un compañero a quien le debe entregar un tubo de unos 30 cm llamado testimonio o testigo. Algo parecido, aunque difícil de visualizar, ocurre en la historia de un país: cada generación entrega su “testimonio” a la que sigue para continuar su interminable carrera. Carrera de relevos generacionales que van tejiendo la trama política, social, cultural de un pueblo.
Esa inmensa trama sufrió en la Argentina un inmenso tajo producido por una bayoneta en la década de 1970. Por ese espantoso agujero negro cayeron 30 mil corredores, compañeros, militantes portadores de testimonios valiosos difíciles de suplantar. Otros quedaron aferrados a los bordes de la trama, resistiendo a rabia, a diente, a imaginación la cruel tempestad desatada por una dictadura cívico militar eclesiástica”.
Jorge Miceli, ex preso político de Coronda, Santa Fe – Argentina
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COMCOSUR AL DÍA ES UNA PRODUCCIÓN DE COMCOSUR / COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR / Desde el 19 de Junio de 1994 /Coordinación: Carlos Casares /Apoyo técnico: Carlos Dárdano.
Colaboran:
ALEMANIA: Alix Arnold (Colonia), Antje Vieth, Carlos Ramos, Ute Löhning (Berlín)
ECUADOR: Kintto Lucas (Quito)
HOLANDA: Ramón Haniotis (Amsterdam)
SUIZA: Sergio Ferrari (Berna)
URUGUAY: Silvio Amodei, Jorge Marrero, Jorge Zabalza
Carlos Iaquinandi Castro /Redacción de SERPAL
José Antonio Rocca /La economía de a pie
Luis E. Sabini Fernández /Revista Futuros
Sudestada, periodismo y transparencia (Uruguay)
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