1) Honduras: Ministerio Público de Honduras: condena de militar por asesinato de Berta Cáceres es «histórica»
2) México: Organizaciones condenan represión contra mujeres en Jalisco
3) Paraguay: El pesado silencio en torno al debate sobre la paridad
4) República Dominicana elimina discriminación al colectivo LGBT+ de su Código Penal
5) Uruguay: Hubo 12 femicidios en el primer semestre de 2021
6) Uruguay: Colectivos LGBTI pusieron en común las estrategias desplegadas para hacer frente a las consecuencias de la pandemia
7) Silvina Monteros: “Las mujeres migrantes que deciden salir de situaciones de violencia se encuentran con muros”
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COMCOSUR MUJER /Fundado por Yessie Macchi / AÑO 27 / No. 693 – Lunes 12 de julio de 2021 / Producción: Beatriz Alonso, Belén Itza y Cecilia Duffau /Apoyo técnico: Carlos Dárdano
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1) HONDURAS: MINISTERIO PÚBLICO DE HONDURAS: CONDENA DE MILITAR POR ASESINATO DE BERTA CÁCERES ES «HISTÓRICA»
La condena de Roberto David Castillo por el asesinato en 2016 de la ambientalista Berta Cáceres es «victoria de los pueblos», dijo su familia. Exigen cancelación de la concesión de la represa hidroeléctrica Agua Zarca.
El veredicto del Tribunal de Sentencia, que decidió de forma unánime declarar culpable a Castillo, es «una victoria de los pueblos del mundo que han acompañado este proceso, de la comunidad solidaria y de los derechos humanos», dijo Bertha Zúñiga, una de las hijas de la ambientalista, en rueda de prensa luego de conocer el fallo.
La condena significa que «las estructuras de poder no lograron en este caso, corromper al sistema de justicia, y que la estructura criminal de la familia Átala Zablah, de la cual es instrumento el condenado (Roberto) David Castillo, no logró sus objetivos», indicó Zúñiga al leer un comunicado del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh). La causa Berta Cáceres «no termina» con la resolución del Tribunal hondureño y se encamina «firmemente» a llevar ante la justicia a los autores intelectuales del asesinato de la líder de la etnia lenca, añadió.
Castillo, un militar hondureño, era presidente ejecutivo de la empresa Desarrollo Energéticos S.A. (DESA), encargada de represa hidroeléctrica Agua Zarca, cuando Berta Cáceres fue asesinada el 2 de marzo de 2016, y conocerá la pena de prisión el próximo 3 de agosto.
Cáceres, fue asesinada, pese a medidas cautelares
Berta Cáceres, quien era coordinadora y cofundadora del Copinh, fue asesinada a tiros en su casa, en La Esperanza, pese a contar con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para protegerla de las constantes amenazas que recibía. En el momento de los hechos, Cáceres estaba durmiendo en su vivienda, donde tenía como huésped al también ambientalista mexicano Gustavo Castro, único testigo del crimen y quien sufrió una herida leve de bala en una oreja.
El legado de Berta Cáceres
La ambientalista se oponía a la construcción de Agua Zarca, en el río Gualcarque, por considerar que causaba daños al medioambiente, principalmente a las comunidades de la etnia lenca. Por ello, su familia y el Copinh exigieron la cancelación «inmediata» del permiso de construcción «sobre el sagrado río Gualcarque» y se procese a todas las personas involucradas en «su ilegal y corrupta concesión». Exigen, además, el desmantelamiento de «redes criminales que actualmente persisten y que actuaron durante el juicio para promover la impunidad”.
El Ministerio Público de Honduras tildó de «histórico» el fallo de culpabilidad contra Castillo, quien según las pruebas presentadas en el juicio «ordenó la muerte de Cáceres como parte de un plan para eliminar cualquier obstáculo que interfiriera con las operaciones de DESA sobre el río Gualcarque, territorio ancestral del pueblo indígena lenca». El portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, dijo a periodistas que el caso por el asesinato de Berta Cáceres «no está cerrado» y los fiscales continúan buscando «a más autores intelectuales».
«Estamos satisfechos (con la resolución) porque obviamente presentamos toda la carga probatoria que demostraba la culpabilidad de (Roberto) David Castillo», subrayó Mora, quien indicó que el organismo hondureño podría presentar nuevos requerimientos fiscales en este caso.
La sentencia contra el imputado evidencia «la importancia de apoyar a los operadores de justicia para que actúen con independencia y con los recursos necesarios», dijo la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ). El fallo es un «paso importante», subrayó la ASJ, que es capítulo de Transparencia Internacional en Tegucigalpa, la capital hondureña.
Señaló que continuará vigilante del proceso de investigación y judicialización del caso, exigiendo que los demás autores intelectuales del asesinato sean presentados ante la justicia. Miembros de organizaciones sociales e indígenas de Honduras celebraron el veredicto contra Roberto David Castillo bailando frente a la Corte Suprema de Justicia, donde instaron además un altar con un retrato de la ambientalista y ofrendas en su honor.
DW / COMCOSUR MUJER Nº 693 – 12/07/2021
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2) MÉXICO: ORGANIZACIONES CONDENAN REPRESIÓN CONTRA MUJERES EN JALISCO
Amnistía Internacional (AI) y el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) hicieron un llamado a las autoridades del estado de Jalisco a respetar y garantizar los derechos humanos de las mujeres manifestantes, luego de que el viernes 9 de julio la policía detuviera a diez jóvenes que exigían justicia para niñas víctimas de violencia en escuelas.
Colectivas feministas protestaron frente a la Secretaría de Educación Pública (SEP) en Jalisco contra la violencia y abuso sexual en la escuela Marco Antonio Montes de Oca en Zapopan. Diez mujeres fueron detenidas y, aunque ya fueron puestas en libertad, los cargos por pandillerismo y daños continúan. CEPAD hizo un llamado a las autoridades a perdonar la multa imputada a las jóvenes.
Por su parte, AI expresó en un comunicado su preocupación por estos «esquemas de represión que limitan el derecho a la libertad de expresión y estigmatizan la legítima protesta de las mujeres, organizaciones y colectivas feministas».
La organización agregó que «al calificar de “vandálicos” los hechos ocurridos frente al edificio de la SEP, las autoridades estigmatizan a las mujeres que protestan y distraen la atención sobre los motivos que las orillan a manifestarse». También externó su preocupación por «el uso del sistema de justicia penal para criminalizar a las mujeres que protestan».
Desinformémonos / COMCOSUR MUJER Nº 693 – 12/07/2021
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3) PARAGUAY: EL PESADO SILENCIO EN TORNO AL DEBATE SOBRE LA PARIDAD
Desde que las mujeres paraguayas accedieron al derecho al voto, y también a la investidura, hace seis décadas, el debate sobre la participación política y la paridad ha atravesado una primavera en especial en la década de la apertura democrática. Sin embargo, hoy, hay un pesado silencio en torno al tema, lo cual ha supuesto retrocesos que nos dejan rezagados. La politóloga feminista Line Bareiro analiza el tema.
– Desde el acceso al voto ¿Hubo un crecimiento participativo de las mujeres a nivel local?
-Te diría que hay un nivel de crecimiento de ciudadanía de las mujeres en estos 60 años. Los lugares en donde más ve eso son los departamentos del sur del país. Creo que es por el trabajo de las “Kuña Roga”. Desde ahí se propició una organización de mujeres del sur. Creo que eso sirvió muchísimo. Inclusive hay murales que recuerdan a mujeres destacadas. Hay un trabajo social muy importante en las regiones productivas. Es la primera vez que tenemos un territorio con ese nivel de organización y participación.
-Y en cuanto a los retrocesos…
-Lo que sí tenemos es una pérdida en otros aspectos, como el trabajo de las ongs a nivel país que hacen a la visibilización. Lo que corresponde ahora es trabajar por una ley de paridad enmarcada en el artículo 48 de la Constitución Nacional porque el Estado tiene la obligación de remover los obstáculos que dificulten el protagonismo de las mujeres. Necesitamos un proyecto de paridad para avanzar como se merece. Bolivia y Chile lo hicieron. En particular el último país ha tenido una fórmula distinta que se llama paridad de resultados, en el que tiene que haber una diferencia de uno entre hombres y mujeres.
-El debate sobre la paridad ha quedado en segundo plano actualmente en Paraguay.
-Los argumentos que se usaron contra la paridad en nuestro país fueron lamentables. Paraguay no puede estar tan rezagado. Hay un silencio pesado en cuanto al debate sobre paridad que se siente mucho en el departamento Central y la capital. En el sur hubo una movida muy grande pero en el resto del país no se escuchó. Creo que la gente se mueve allá; acá está invisibilizado en este momento, este es un contexto muy difícil y espero que se pueda reactivar muy pronto.
-¿Este contexto difícil es por la falta de debate o por la irrupción de la pandemia?
-Se dejó de lado el debate pero no por una sola causa, también hay resistencias muy grandes y penosas en el Paraguay, el debate tiene que seguir y yo espero que haya una reafirmación alrededor de las elecciones municipales, que se pueda discutir y ver con los resultados de las candidaturas. Hay una muy baja representación de las mujeres (ver recuadro, abajo). Hay un reconocimiento social de que la democracia no es tal sin la representación de las mujeres. Nos queda claro que es un signo atraso brutal la baja representación de las mujeres. Sin eso no podremos avanzar.
Una lucha desde 1907
-En estas seis décadas de acceso al derecho al sufragio, ¿cómo fue el rol de la mujer?
-Paraguay fue el último país del continente que logró el voto. Como antecedente, luchamos en forma constante por lo menos desde 1907, Serafina Dávalos aporta en sus tesis tanto el derecho a votar y el derecho a la investidura de las mujeres. Tiempo después, en plena dictadura stronista, se promulga este derecho. Una particularidad es que en esta época política solamente se votaba por el acceso a cargos en las concejalías municipales (los intendentes eran nombrados por decreto) y eso facilitó el acceso a un cargo votado.
-En democracia las cosas fueron distintas.
-Recién en 1991 es que se da la primera lección de intendentes municipales y ahí si hubo mayor participación, inclusive con mujeres que accedieron a cargos en distintos lugares del país. En el año 1993 en las primeras elecciones nacionales es cuando tenemos mujeres como senadoras y diputadas.
Bareiro puntualiza que algo muy curioso es que en la dictadura en los puestos políticos siempre había una representación femenina por partido político en diversas instancias del quehacer político. Luego, “en democracia se trabajó muchísimo de diferentes maneras por avanzar. Las organizaciones sociales tienen diferentes instrumentos: los maestros, huelgas; los campesinos, cierres de rutas y las mujeres lo que tenemos es la palabra. Vamos avanzando a fuerza de tener razón y hay medidas que se pueden tomar (para esos avances)”, refiere. Un dato no menor es que en lo referido a la participación, actualmente tenemos la medida más baja del continente con un 20% de cuota para las internas de los partidos políticos. “Es la más baja y a nivel parlamentario estamos en último lugar junto con Brasil”, enfatiza.
ABC / COMCOSUR MUJER Nº 693 – 12/07/2021
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4) REPÚBLICA DOMINICANA ELIMINA DISCRIMINACIÓN AL COLECTIVO LGBT+ DE SU CÓDIGO PENAL
La tarde del último día del mes del orgullo por la diversidad sexual y genérica, la Cámara de Diputados de la República Dominicana votó a favor de eliminar de su Código Penal la orientación sexual y la identidad de género como motivos para el delito de discriminación y como agravantes en casos de asesinato o tortura.
Con el nuevo Código Penal, el artículo 186, que tipifica el delito de discriminación, se castigarán “actos como negarse a suministrar a una persona un bien o servicio, obstaculizarle una actividad económica o negarse a contratarle debido a su origen, edad, sexo, raza, condición económica o religión, entre otros motivos”. Se excluyeron en la lista de supuestos la orientación sexual y la identidad de género, que se incluían antes de la modificación al código.
El miércoles 30 de junio también se modificó el artículo 97, que define homicidio agravado, y el artículo 118, que tipifica las torturas, para dejar de considerar como agravantes la orientación sexual y la identidad genérica en estos delitos. Las modificaciones fueron aprobadas con 92 votos a favor y 35 en contra en el pleno de la Cámara de Diputados.
Además de expresar su rechazo en redes a través de hashtags como “DontComeToRD (No vengas a República Dominicana), activistas del país centroamericano y organizaciones como Diversidad Dominicana y Coordinadora Lésbica y de Hombres Trans se manifestaron el pasado 5 de julio frente al Congreso Nacional de la República Dominicana para expresar su repudio a la nueva iniciativa que aún debe ser aprobado por el Senado.
“El nuevo Código Penal, que exlcuye la discriminación por orientación sexual, además de invisibilizarnos, fomenta aún más la discriminación, debido a que otorga permiso para hacerlo sin un régimen de consecuencias”, denunciaron los manifestantes.
Desinformémonos/ COMCOSUR MUJER Nº 693 – 12/07/2021
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5) URUGUAY: HUBO 12 FEMICIDIOS EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2021
En 75% de los casos los femicidas se suicidaron o intentaron matarse.
Los casos de femicidio han registrado una baja en los últimos años. En 2018 hubo 35 femicidios. En 2019 se registraron 25 casos de femicidio. En 2020 hubo 16 femicidios. Sin embargo, en 2021 se espera que esta cifra aumente, ya que sólo en el primer semestre de este año hubo 12 femicidios en Uruguay.
El promedio de edad de las mujeres asesinadas es de 36 años. El promedio de edad de los femicidas es de 43 años. En ocho de los 12 casos (67%), el femicida fue la pareja de la mujer, y en cuatro (33%) el responsable fue su expareja. En la mitad de los casos los femicidas usaron armas blancas. 33% cometieron los homicidios con armas de fuego. En un caso (8%) la mujer fue asfixiada y en otro (8%) fue quemada.
La mitad (50%) de los femicidas se suicidaron. Tres (25%) intentaron suicidarse y no pudieron. Tanto los que intentaron matarse (3) y no pudieron como los que fueron detenidos (2) fueron sometidos a la Justicia. Representan a 42% del total de femicidas. Uno fue liberado por falta de pruebas mientras continúa la investigación. La mayoría de los femicidios ocurrieron en viviendas. Fueron 83% de los casos, diez de los 12 femicidios. Dos de los hechos (17%) ocurrieron en la vía pública. En la mayoría de los femicidios no había denuncias previas por violencia doméstica. En 83% (diez de los 12) no había denuncias previas. Sólo en dos casos (17%) había una denuncia previa.
25% de los femicidios fueron en Montevideo, el restante 75% fue en el resto del país. Tacuarembó es el departamento con más femicidios, con tres casos (25%), seguido por Cerro Largo (17%) con dos casos y Canelones, también con dos casos (17%). En Florida se registró un caso (8%) y en Río Negro también hubo un caso (8%).
Siete de las mujeres que fueron asesinadas eran madres. En cinco de los casos no se cuenta con la información.
Caso a caso
#1 Carolina Escudero
Carolina Escudero tenía 27 años y era mamá de un niño de tres años. La desaparecieron el 11 de enero, cuando iba al trabajo de su expareja, de la que se había separado diez días antes. Al otro día el hombre radicó una denuncia policial. Tras ser indagado, se mató. También tenía 27 años. Le dejó un mensaje a su madre diciendo que se mató “porque lo iban a acusar de algo que no hizo”. Encontraron el cuerpo de Carolina en Florida el 22 de enero. Tenía tres impactos de arma de fuego. Estaba semicalcinado en un pozo, en el que derrumbaron piedras para ocultarlo. Su cuerpo fue derivado a la morgue y días después su cráneo apareció en una planta de reciclaje. En abril se confirmó que el femicida fue su expareja y el caso se archivó. No había denuncias previas de violencia doméstica.
#2 Rosmari Fernández
Rosmari Fernández tenía 23 años cuando fue apuñalada por su pareja el 4 de febrero. El hecho ocurrió en la casa que compartían en Isidoro Noblía, una localidad cercana a Melo, en Cerro Largo. Su femicida, Junior Techera, también de 23 años, se suicidó. Era militar y había sido dado de baja de la fuerza porque había intentado matarse en una unidad militar. El hijo de ambos, de cinco años, estaba en la escena del hecho y fue encontrado al otro día en el lugar. No había denuncias previas de violencia doméstica, su familia dijo a los medios que “ella sufría violencia pero no logró radicar la denuncia”. Había recibido asistencia de los servicios de atención a mujeres en situación de violencia basada en género del Instituto Nacional de las Mujeres del Ministerio de Desarrollo Social.
#3 Dania
Dania fue atacada el 8 de febrero en la vía pública por su pareja cuando salía de su trabajo. Ella tenía 26 años y él, 25. Le disparó y luego se mató. La mujer llegó a ser trasladada a un centro de salud e intervenida quirúrgicamente, pero falleció horas después. El hecho ocurrió en la zona de la Unión, en Montevideo. Ambos habían llegado de Cuba hacía un tiempo junto con su hijo pequeño y vivían en Ciudad Vieja. El niño estaba al cuidado de unos vecinos cuando sucedió el hecho. No había denuncias previas por violencia doméstica.
#4 Leticia Coll
Leticia Coll fue asesinada el 7 de marzo. Tenía 43 años y trabajaba como guardia de seguridad. Fue atacada por su expareja, de 45 años, cuando volvía de trabajar. El hecho ocurrió en la vía pública, en Sauce, Canelones. Cuando bajó del ómnibus fue interceptada por el hombre, que le disparó y se mató. No había denuncias previas por violencia doméstica.
#5 Nombre omitido en los medios
Una mujer de 31 años fue asesinada el 25 de marzo por su pareja, un hombre de 40 años. El femicidio ocurrió en la casa donde convivían, en la zona de Casavalle, en Montevideo. El femicida se presentó ante la Policía horas después y confesó que asfixió a la mujer. Cuando constató que no respiraba, intentó suicidarse con cortes en las muñecas. Al no lograrlo, se entregó a las autoridades unas horas después. La mujer era madre de una niña de cinco años. No había denuncias previas de violencia doméstica.
#6 María Correa
María Correa tenía 29 años cuando fue asesinada por Gil da Silva, de 89 años. El hecho ocurrió el 20 de abril, en una vivienda del Banco de Previsión Social en Tacuarembó. Tras apuñalarla, el hombre se mató. La Policía tomó conocimiento del hecho a través de una trabajadora social que visitaba al hombre y que pasó días sin poder ubicarlo. La casa estaba cerrada por dentro y un cerrajero tuvo que abrirla. No había denuncias previas de violencia doméstica.
#7 Mirta Correa
Mirta Correa, de 60 años, fue asesinada en su casa el 29 de abril por su pareja, Adhemar Píriz, de 66 años, en Tacuarembó. Luego de apuñalarla, se mató. Un sobrino de la pareja llamó a la Policía porque no le contestaban las llamadas; como la casa estaba cerrada del lado de adentro, la Fiscalía autorizó el ingreso de la Policía. Había antecedentes de violencia doméstica; la mujer lo había denunciado el año pasado y la Justicia había tenido intervención.
#8 Nombre omitido en los medios
Una mujer de 37 años fue apuñalada el 19 de mayo por su pareja, de 34 años, en una vivienda en Malvín Norte, en Montevideo. El hombre llamó a la Policía y dijo que “se apuñalaron mutuamente en una discusión”. La mujer fue trasladada a un centro de salud, donde falleció. El hombre fue detenido en el lugar. También fue detenida su madre, de 54 años, de la que se informó que habría participado en el hecho. No había denuncias previas de violencia doméstica.
#9 Claudia Bique
Claudia Bique tenía 45 años y era madre de tres hijas. El 16 de mayo recibió quemaduras en 90% de su cuerpo. Falleció 18 días después. El hecho ocurrió en un establecimiento rural de Cerro Largo. Antes de perder la consciencia acusó a su pareja, un estanciero de iniciales HMD, de haberla quemado. La mujer declaró que fue su pareja quien la roció con nafta y la prendió fuego. El hombre, que acompañó a la mujer al hospital, dio otra versión. Señaló que hubo una “discusión” y la mujer se “autolesionó” rociándose con nafta y prendiéndose fuego. Fue liberado por “falta de pruebas”. El hecho continúa siendo investigado. No había denuncias previas por violencia doméstica.
#10 Elizabeth Tamareo
Elizabeth Tamareo tenía 38 años. Fue asesinada el 20 de junio por su expareja, JLMT, de la misma edad. El hecho ocurrió en la madrugada del domingo en una vivienda en Young, Río Negro. La mujer fue apuñalada. Vecinos se alertaron por los gritos y se acercaron al lugar. La trasladaron a un centro de salud, pero cuando llegó ya estaba muerta. Si bien estaban separados desde hacía algunos meses, compartían vivienda. Vivían allí también sus dos hijas, de cuatro y nueve años, que estaban en el lugar cuando ocurrió el crimen. Al momento de ser detenido, el hombre se atrincheró en el baño de la vivienda y se intentó suicidar. Fue trasladado a un centro de salud, y horas después dado de alta. El hombre está en prisión preventiva. No había denuncias previas de violencia doméstica.
#11 Soraya Castro
Soraya Castro, de 51 años, recibió un impacto de bala en la cabeza en un presunto femicidio el 30 de junio. El hecho ocurrió en Ciudad de la Costa, Canelones. Su pareja, de 62 años, estaba en la escena y fue quien llamó a la Policía. Inicialmente solicitó auxilio diciendo que la mujer se había suicidado. Luego cambió la versión y dijo que “no sabía qué había pasado”. Tras plantear distintas hipótesis, fue detenido por la Policía. En el dormitorio se encontró un arma, que estaba guardada al costado de la cama. Bajo la cama donde estaba la mujer se encontró un casquillo de bala. El casquillo no coincide con el arma que se encontró, por lo que se busca otra arma. El hombre permanece detenido. No había denuncias previas de violencia doméstica.
#12 Eliana Fernández
Eliana Fernández fue asesinada el 30 de junio. Tenía 18 años. Su expareja la apuñaló en su casa en Tacuarembó. En el lugar estaba la hija de ambos, de seis meses. La mujer además era madre de otro niño de tres años. El femicida tiene 22 años y tenía una orden de restricción de acercamiento a su expareja, después de que ella lo denunciara ante la Justicia por violencia doméstica en mayo. No tenía tobillera electrónica. Tras atacarla intentó suicidarse cortándose las muñecas y el cuello. Luego fue a la estancia en donde trabaja y los dueños del lugar alertaron a la Policía sobre lo sucedido. Fue detenido y trasladado a un centro de salud.
Tentativas
Además de los 12 femicidios, hubo al menos seis tentativas de femicidios en 2021. Todas se registraron en el interior del país. Dos fueron en Canelones, el resto fueron en Treinta y Tres, Río Negro, Cerro Largo y Artigas.
Las mujeres tuvieron que ser derivadas al CTI en cuatro de los seis casos. En cuatro de los casos los atacantes usaron armas de fuego y en dos fueron armas blancas. Cuatro de los agresores fueron imputados y están presos. Uno se suicidó y del otro se desconoce si continúa prófugo o fue sometido a la Justicia.
Una mujer de 32 años fue atacada por su pareja de 35 años en Barros Blancos, Canelones, el 21 de febrero. El agresor apuñaló a la mujer varias veces. La hija de ambos, de ocho años, medió en la situación y le rogó que no la matara. El agresor se presentó en la comisaría de Barros Blancos y dijo que había apuñalado a su pareja. La Policía fue a la vivienda y encontró a la mujer herida, que fue asistida por personal de salud. Le diagnosticaron “múltiples heridas cortantes, cuello, antebrazo axilar, rostro, miembro superior derecho”. La mujer declaró que había sido víctima de violencia doméstica antes por parte del hombre. El agresor fue detenido e imputado por los delitos de violencia doméstica agravada y lesiones personales. Fue imputado por lesiones.
Una mujer de 61 años estaba en su casa en Santa Lucía, Canelones, cuando su expareja, un hombre de 66 años, la sorprendió y la amenazó con un arma. El hecho ocurrió el 23 de febrero. El hombre se había escondido en el patio de la finca. La mujer logró ingresar al domicilio y se encerró. Desde allí llamó al 911. El hombre efectuó un disparo contra la puerta. Cuando llegó la Policía, el hombre se atrincheró. Amenazó a los policías con el arma y dijo que se iba a matar. La Policía inició una negociación y así pudo reducir al hombre. Fue detenido y derivado a la Justicia. Se le imputa homicidio muy especialmente agravado, en grado de tentativa en reiteración real, con un delito de atentado especialmente agravado.
Una mujer de 40 años fue atacada por su pareja, ECE, de 71 años. El hecho ocurrió también el 23 de febrero en Fray Bentos, en Río Negro. Le disparó con un arma de fuego. Fue intervenida quirúrgicamente e ingresada al CTI en estado crítico; luego inició un proceso de recuperación. Después de dispararle a su pareja, el agresor se fugó. Más tarde se presentó ante la Policía. Fue formalizado como presunto autor de un delito de homicidio muy especialmente agravado por considerarse femicidio en grado de tentativa. No había denuncias previas de violencia doméstica.
Una mujer de 24 años fue atacada el 6 de marzo con un arma blanca por su expareja, un militar de 25 años. La apuñaló en la vía pública en Melo, Cerro Largo. La mujer fue ingresada a un centro hospitalario, donde fue intervenida. Estuvo en el CTI en estado reservado y se recuperó. Hacía ocho días que el hombre tenía una tobillera electrónica por orden judicial. Fue la primera tentativa de femicidio en el marco del programa de tobilleras electrónicas. El agresor fue detenido en su domicilio y fue derivado a la Fiscalía. Tiene un hijo en común.Una mujer de 34 años fue herida de bala el 10 de marzo en su casa, donde se encontraba con sus hijos, en Artigas. La mujer fue trasladada a un centro de salud donde estuvo en el CTI. Su pareja, el principal sospechoso, se fugó tras el hecho. Tenía una denuncia de violencia doméstica de 2018.
Una mujer de 41 años fue atacada el 16 de abril por su pareja, de iniciales JF, de 59 años, en Treinta y Tres. El hombre le disparó con un arma de fuego y la hirió de bala en la cabeza. La mujer fue trasladada a un centro de salud de Montevideo, donde estuvo en grave estado en el CTI. El hombre se suicidó después. No había denuncias previas por violencia de género.
La Diaria / COMCOSUR MUJER Nº 693 – 12/07/2021
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6) URUGUAY: COLECTIVOS LGBTI PUSIERON EN COMÚN LAS ESTRATEGIAS DESPLEGADAS PARA HACER FRENTE A LAS CONSECUENCIAS DE LA PANDEMIA
La crisis agudizó las problemáticas que vivían las disidencias, pero también activó la solidaridad, que tuvo que encontrar nuevos medios para expandirse.
La llegada del coronavirus a Uruguay, hace ya 16 meses, impactó de distintas formas en la vida de las personas LGBTI. El desempleo, la pérdida total o parcial de ingresos y, en algunos casos, la profundización de la precarización laboral que ya vivían derivaron en situaciones en las que no estaban garantizadas necesidades básicas, como la alimentación y la vivienda. Al mismo tiempo, se sumaron las dificultades en el acceso a la atención de la salud, los obstáculos para permanecer en el sistema educativo y los efectos psicológicos de la pandemia en poblaciones que muchas veces se vieron expuestas a episodios de violencia intrafamiliar o de pareja en el contexto del encierro.
Frente a este escenario complejo, los colectivos LGBTI tendieron redes y organizaron la solidaridad. Desde sus lugares de incidencia, gestionaron ollas populares, armaron canastas de alimentos, coordinaron encuentros virtuales para brindar información y asesoramiento e incluso impulsaron un estudio para conocer la situación de las personas trans, que fueron especialmente afectadas.
En el marco del Mes del Orgullo LGBTI, representantes de algunos de estos grupos compartieron las experiencias en el conversatorio virtual “Pandemia disidente: desafíos y oportunidades en el contexto de la emergencia sanitaria”, organizado por la Secretaría de la Diversidad de la Intendencia de Montevideo. La actividad estuvo moderada por la activista trans Delfina Martínez y contó con los saludos de la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, y el director de la Secretaría de la Diversidad, Sergio Miranda. Participaron integrantes de las organizaciones Trans Boys Uruguay (TBU), Colectivo Trans del Uruguay (CTU), No Binaries Uruguay y Ovejas Negras.
Además de poner en común los nuevos problemas que surgieron y las estrategias para hacerles frente, los colectivos explicaron de qué manera han tenido que repensar las formas de militancia y reflexionaron sobre las perspectivas a futuro. Tanto para gestionar la solidaridad como para continuar la lucha, la tecnología apareció en algunos casos como una gran aliada.
La situación de las personas trans
La discriminación a la que se enfrentan las personas trans durante toda su trayectoria de vida constituye una barrera para el acceso a un empleo remunerado, según reveló la primera Encuesta Nacional de Personas Trans, realizada por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) en 2016. Como consecuencia, la mayoría vive de empleos temporales o “changas”, y el trabajo sexual aparece como la primera opción laboral. La llegada de la pandemia profundizó esta precarización o directamente mermó todas las posibilidades de trabajo, y muchas personas quedaron en situación de desamparo.
En un intento de dar respuesta, CTU lanzó una campaña de donaciones para armar canastas de alimentos dirigidas a personas trans de todo el país. A la vez, en Montevideo puso en marcha la “olla popular trans” del Cerrito de la Victoria, que brindó almuerzos o meriendas, según el día de la semana. En poco tiempo, el colectivo recibió ayuda de otras organizaciones sociales, sindicatos y personas anónimas, que donaron alimentos y productos de higiene. Parte de la ayuda iba a las trabajadoras sexuales trans y a mujeres trans privadas de libertad, explicó durante el conversatorio Collette Spinetti, presidenta del colectivo. A su entender, la única respuesta posible ante la crisis era “estar y meter las patas en el barro”.
Cuando inició la campaña, en marzo de 2020, se gestionaban alrededor de 20 canastas en Montevideo. Hoy en día, CTU envía 367 canastas para personas trans “de todo Uruguay”, aseguró Spinetti.
“Tuvimos que saldar una distancia entre el derecho y el acceso al derecho”. Collette Spinetti, Colectivo Trans del Uruguay
En muchos casos, la pandemia destapó otras problemáticas que vivía esta población. La activista contó, por ejemplo, que muchas compañeras trans mayores pedían que las canastas se mandaran “a nombre de Juan Pérez” porque no habían realizado aún el cambio de nombre y sexo registral, tal como establece la Ley Integral para Personas Trans aprobada en 2018. “Cuando les preguntábamos por qué, nos decían que no sabían llenar un formulario. Entonces tuvimos que saldar una distancia entre el derecho y el acceso al derecho”, explicó Spinetti. Lo mismo pasó con el trámite para acceder a la pensión reparatoria que la normativa contempla para aquellas personas trans nacidas antes del 31 de diciembre de 1975 que hayan sido víctimas de violencia institucional o privadas de libertad debido a su identidad de género.
También aparecieron casos de violencia, especialmente en las redes sociales, en los que el colectivo estuvo “todo el tiempo interviniendo y denunciando”. Otro problema que hubo que asistir fueron los desalojos.
Algunos de estos elementos aparecieron en el informe La situación de las personas trans residentes en Uruguay durante la emergencia sanitaria por covid-19, publicado en abril de este año por CTU, recordó Spinetti. El documento sistematiza y analiza los datos recabados en un sondeo realizado entre julio y setiembre de 2020 a 135 personas trans que residían en distintos puntos del país. Las preguntas –que abordaron cuestiones vinculadas a la situación laboral, la atención a la salud, el acceso a los servicios básicos y el vínculo con el sistema educativo– fueron respondidas a través de formularios de Google. El informe no pretendía ser una investigación académica, sino un primer acercamiento a la situación.
Niñeces y adolescencias trans: otros desafíos
“Lo que no se nombra no existe, y eso siempre pasó con las infancias y con las adolescencias trans. Es como que la persona trans nace, aparece y se determina en la adultez, entonces las niñeces y las adolescencias quedan totalmente en un segundo plano”. Así inició su intervención Eduardo Cheda, integrante de TBU –colectivo que nuclea a varones trans y a sus familias– y, sobre todo, papá de Agustín. Cheda dijo que, además, las niñas, niños y adolescentes trans no suelen organizarse en colectivos para visibilizar sus experiencias y reclamar por sus derechos, por lo que a las madres y los padres les toca ser “la voz”.
En la misma línea que Spinetti, el representante de TBU aseguró que la pandemia agudizó las problemáticas estructurales que atraviesan a la población trans, pero también, en algunos casos, “sirvió como escudo, por ejemplo, para los prestadores de salud privados, para no empezar a cumplir ciertas cosas que la ley trans exigía”. Cheda aseguró que su familia lo vivió en carne propia: “Mi hijo, que estaba en un servicio de salud privado, tenía que hacerse la masculinización pectoral, una operación que primero le estiraron y después le negaron el acceso. Hicimos la denuncia correctamente al Ministerio de Salud Pública, lo cual obligó a este prestador de salud a hacer el procedimiento, pero la realidad es que él se cambió para uno de los dos prestadores de salud privados que habían formado un equipo como exige la ley”. Agustín finalmente pudo hacerse el procedimiento, “pero demoró un año más”.
Cheda aseguró que la pandemia impuso “nuevos desafíos”, que “continuamente” empujaron al colectivo a “transformarse, reinventarse y buscar otros medios de ayuda”. Uno de los principales medios de ayuda fue la tecnología, que el activista describió como una “solución” que permitió que la comunicación se mantuviera y acercó al colectivo “al Uruguay profundo”. Gracias a la virtualidad, por ejemplo, se pudo organizar un conversatorio con la endocrinóloga argentina Fabiana Reina, en el que participaron más de un centenar de profesionales de la salud, incluidos “endocrinólogos, pediatras, psicólogos y sexólogos”.
Para las madres y los padres que participaron también fue una instancia enriquecedora. “Son nuestras hijas y nuestros hijos, son lo que más queremos en el mundo, y los procesos que desconocemos nos dan mucho miedo e incertidumbre. Entonces, la idea era aportar este conversatorio a un padre, darle la información básica, para que cuando mañana vea a un endocrinólogo y este le diga ‘vamos a hacer tal y tal cosa’, sepa de qué le están hablando”, explicó Cheda.
Para evacuar dudas acerca de los procedimientos, TBU también generó un espacio de consultas con el médico familiar y comunitario Daniel Márquez, que se especializa en la atención a personas trans. “Es algo muy angustiante tanto para los padres como para les hijes, que también tienen dudas y no tienen con quién consultar, porque en las sociedades médicas tampoco tenés endocrinólogos que estén correctamente asesorados, cada uno utiliza su librito”, señaló Cheda. El papá de Agustín agregó que estas consultas fueron “de mucha ayuda” para las niñas, niños y adolescentes, sobre todo en un contexto en el que no tenían clases presenciales y estaban encerrados en sus casas.
La lucha de las personas no binarias
No Binaries Uruguay se define como un colectivo “antirracista y antipatriarcal” de personas no binarias autoconvocadas. Forma parte del Bloque Trans y Disidente y se creó a principios de 2020, poco antes de que irrumpiera la covid-19 en el país. ¿Qué desafíos supuso la pandemia en medio de este proceso de conformación? ¿Cuál es el centro de su lucha?
Cami González, integrante del colectivo, explicó que lo más “urgente” en su proceso de militancia es que se habilite a las personas no binarias a realizar el cambio de nombre y género registral, algo que está previsto en la ley trans pero no en los formularios del Registro Civil, que están diseñados en clave binaria. “Si bien en el inciso C del artículo 4 de la ley trans se reconoce a las personas que no se identifican con lo binario como personas sujetas de derecho, al momento de iniciar los trámites nos encontramos con formularios pensados de manera binaria, por lo que para hacer el cambio tenemos que elegir entre dos únicas opciones con las cuales no nos identificamos”, explicó González.
Esta es la lucha principal, aseguró, porque “es el puntapié inicial para poder acceder a todos los otros derechos”. Por ejemplo, el acceso al trabajo en los llamados públicos, cuyos formularios tampoco contemplan las identidades no binarias. “Hacemos hincapié en esto porque el trabajo es un derecho humano básico y necesitamos trabajar, más en este contexto de pandemia, en que muchísimes compañeres han perdido su sostén laboral y la panza hay que llenarla”, dijo González.
No Binaries Uruguay también exige que el colectivo esté contemplado en las políticas públicas. En esa línea, González dijo, por ejemplo, que las personas no binarias no tienen acceso a la Tarjeta Uruguay Social que otorga el Mides a las personas trans, porque el formulario está pensando en términos binarios. Lo mismo sucede con las canastas para personas trans que entrega ese ministerio. “Hay una necesidad de militar porque si hay una ley, y esa ley nos contempla, hay que exigirle al Estado que la cumpla”, afirmó; “son un montón de cuestiones que apuntan a la vida digna que tanto deseamos tener”.
Acerca de la visibilización cada vez más notoria de las identidades no binarias, González recordó que “siempre existieron”, pero que su lucha es más visible ahora, sobre todo en el contexto de la pandemia, porque “ha habido un uso de las herramientas tecnológicas que ha ayudado”.
“Un contexto de mayor vulnerabilidad para el colectivo LGBTI”
Ovejas Negras también trabajó desde el inicio de la pandemia para dar apoyo a las personas LGBTI que se vieron afectadas. Por eso, en abril de 2020 el colectivo lanzó un proyecto bajo el hashtag #OrganizandoSolidaridad con el objetivo de recaudar fondos para entregar canastas de alimentos a población LGBTI a través de almacenes barriales de todo el país. “Lo que hacíamos era juntar el dinero a través de redes y del apoyo de la sociedad en general, para realizar estas compras en los almacenes barriales, que también generaban convivencia en lo que tiene que ver con el barrio y con la comunidad”, explicó María Vicente, integrante del colectivo. La idea era articular con colectivos territoriales de otros departamentos, “donde realmente surgiera la demanda”, puntualizó. Además, mediante esta misma metodología, Ovejas Negras apoyó a diferentes ollas populares, incluida la que gestiona CTU. Estas iniciativas solidarias se desarrollaron hasta que terminó el año, porque el colectivo “no lo pudo seguir manteniendo”, explicó Vicente.
Actualmente, Ovejas Negras está presente en el Consejo Nacional de Diversidad Sexual, “monitoreando con otros colectivos todo lo que tiene que ver con las funciones del Estado”, y trabaja en cursos de salud que se llevan adelante desde 2013 junto con las facultades de Psicología y Medicina de la Universidad de la República y la Administración de los Servicios de Salud del Estado.
Acerca del impacto de la pandemia en la militancia, la activista dijo que la virtualidad por un lado “acerca a los territorios” y “genera mayor presencia en los plenarios”, pero por otro lado deja “excluida a una parte de la población, que no puede acceder” a las herramientas digitales. “Esta es una crisis sanitaria, económica y social, pero que también reinventa de otra manera el capitalismo y sus modos de producción, porque nos estamos acostumbrando a las tecnologías y a la no presencialidad, y creo que como militantes de territorio tenemos que tener en cuenta estas nuevas modalidades, que engañan porque por una parte acercan, pero a la vez alejan a una parte de la población”, cuestionó, y agregó: “La consecuencia de esta crisis la estamos atravesando todo el colectivo LGBTI y esto nos posiciona en un contexto de mayor vulnerabilidad, como ciudadanos y como militantes”.
Stephanie Demirdjian / La diaria / COMCOSUR MUJER Nº 693 – 12/07/2021
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7) SILVINA MONTEROS: “LAS MUJERES MIGRANTES QUE DECIDEN SALIR DE SITUACIONES DE VIOLENCIA SE ENCUENTRAN CON MUROS”
Un reciente informe desgrana las dificultades que enfrentan las mujeres migrantes —sobrerrepresentadas en las estadísticas de violencia de género— para denunciar a sus agresores. Silvina Monteros es una de las investigadoras que integran este proyecto.
Dice Silvina Monteros, profesora en la Facultad de Trabajo Social en la Universidad de Granada e integrante de la Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, que le resulta difícil no extenderse al hablar del trabajo que su organización junto a la Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas Iberoamericanos (AIETI) vienen realizando en los últimos años. Se trata de un esfuerzo cuantitativo y cualitativo que persigue entender cuál es la incidencia de la violencia de género entre las mujeres migrantes y cómo viven esta situaciones, cuáles son los factores de vulnerabilidad que conllevan su sobrerrepresentación en las estadísticas, y qué obstáculos enfrentan para salir de allí.
Una realidad, como afirma la investigadora, compleja y con múltiples aristas, a la que se han intentado acercar con un estudio publicado recientemente, Tirar del Hilo, en el que a través de las historias de mujeres migrantes supervivientes de violencia de género, se hacen visibles situaciones, miedos, y abandonos, que muchas veces solo alcanzamos a intuir cuando los nombres de mujeres migrantes asoman en las noticias que hablan de la última embestida de la violencia machista.
La lectura de vuestro informe, Tirar del Hilo, aporta mucha información sobre la situación de las mujeres migrantes supervivientes de violencia. Información a la que no es fácil tener acceso, o no está en el debate público.
Empezamos con un primer informe en el año 2018. Nuestra Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe está conformada por diversas organizaciones lideradas por mujeres migrantes, y algunas de esas organizaciones realizan intervención directa —por ejemplo Malen Etxea en el País Vasco, Por ti Mujer en Valencia, Amalgama en Madrid, o Mujeres Pa’lante en Barcelona— y entonces ya teníamos constancia de que muchas mujeres llegaban a estas asociaciones demandando ayuda, apoyo, acompañamiento frente a la violencia de género.
Por aquel entonces —y todavía—, circulaban discursos que de alguna manera dicen que las personas migrantes procedemos de países donde reina el patriarcado, hay más machismo, que los hombres inmigrantes están sobrerrepresentados en las cifras como agresores —salió de hecho una publicación en un periódico por esas fechas que hablaba de esa sobrerrepresentación de agresores inmigrantes—, sin embargo, la constatación en la intervención que realizaban las compañeras era otra, decidimos explorarlo ya de una manera seria, haciendo una exploración de los datos, también para ver cuál estaba siendo la realidad y poder contestar a esos discursos de derecha y xenófobos o directamente racistas.
No es la primera vez que nos planteamos investigar la realidad de las mujeres migrantes, llevamos desde el año 2014 haciendo investigación. Además, es algo muy importante para nosotras porque somos mujeres migrantes haciendo investigación sobre mujeres migrantes, es una parte importante de nuestro trabajo porque tiene que ver con nuestro posicionamiento, no solo como personas que trabajamos en asociaciones o que investigamos, sino con nuestro activismo político. Entonces, en 2018 comenzamos esta tarea de analizar.
¿De qué fuentes partíais?
Por aquel entonces contábamos con los datos publicados, con los datos oficiales sobre violencia de género. Datos que provienen de muy diversas fuentes, aunque ahora mismo sí que es cierto que hay una unificación de fuentes por parte del boletín sobre violencia de género que sale publicado por el Observatorio y la Delegación de Gobierno, pero siguen siendo fuentes muy diferentes que provienen del Poder Judicial, del VioGen de las fuerzas de seguridad, de las instituciones que atienden o de diferentes programas, como puede ser el Atempro o la atención telefónica. Hay que explorar todas esas fuentes por separado, y lo que hicimos fue eso, de todas esas fuentes analizar cuáles eran los datos específicos sobre mujeres migrantes.
Si bien nosotras ya intuíamos algo, ahí teníamos ya la evidencia de esa sobrerrepresentación de la violencia de género en mujeres migrantes y luego encontramos otros datos que nos dejaron muy sorprendidas: por un lado las mujeres migrantes son en una proporción alta víctimas de violencia de género, pero cuando vamos a comprobar las cifras sobre protección, como pueden ser las órdenes de protección, sobre su paso por los procedimientos judiciales, o sobre los mecanismos de atención o de apoyo, ahí el porcentaje descendía. Esto nos llevó a pensar que, a pesar de esa sobrerrepresentación de la victimización, hay una menor protección y una menor atención y ayuda hacia las mujeres migrantes.
Otro dato importantísimo es que la victimización de mujeres españolas por violencia de género por parte de los hombres extranjeros estaba en torno a un 9%, eran cifras menores, sin embargo la victimización de mujeres migrantes por parte de hombres españoles era bastante alta. Esto también nos daba la pauta para contestar a esos discursos racistas y, por otra parte, para poner en evidencia una realidad.
¿Es entonces cuando decidís abordar una investigación más cualitativa?
Los datos no nos responden a las preguntas que surgen a partir de esa primera investigación. ¿Por qué esta representación tan grande de migrantes entre las víctimas de violencia de género, y esa desprotección ante los procedimientos? ¿Por qué ese acceso tan deficitario a ayudas que son específicas para víctimas de la violencia de género? Y, en definitiva, ¿cuál es la situación de las mujeres migrantes cuando viven este tipo de violencia y cuando quieren denunciar o pedir ayuda? Como los datos no nos responden decidimos hacer un estudio cualitativo que nos pudiera responder.
Y en ese estudio cualitativo, ¿qué situaciones y sentires se repiten?
Decidimos recoger historias de vida, podríamos haber hecho solo entrevistas y contestarnos a esas preguntas, pero nos dimos cuenta de que tampoco las entrevistas nos solucionaban mucho, porque ahí al hacer nosotras las preguntas acotamos las respuestas. Decidimos —son todos procesos de decisión de equipo— que lo que mejor podía recoger lo que les estaba pasando era recoger sus historias, directamente, incluso que hablaran abiertamente sobre su proceso migratorio, sobre la presencia de la violencia en su historia personal, venga de sus países de origen, haya aparecido en el proceso migratorio o ya en España. Todo ello necesitábamos saberlo a través de una historia, de una historia que conecta unas situaciones con otras, que se van enredando, y van creando unas madejas que a veces son complicadas, son complejas.
Las historias se construyen a través de la voz de las mujeres supervivientes de violencia de género, pero también de lo que dicen los agentes que están en su entorno, como pueden ser quienes les atienden en ese proceso cuando ella pide ayuda. Para nosotras era también muy importante recoger los autos judiciales, las denuncias que habían interpuesto, las sentencias, los datos sobre los procesos de divorcio que intentaron interponer, también los informes de las entidades de atención, los informes psicológicos de las trabajadoras sociales. Queríamos saber también qué les decían, si bien ellas tienen una percepción de todo esto, queríamos también leer qué les contestan y qué les contestan por escrito. A partir de todo eso construimos las historias y analizamos sus claves.
En ese sentido, no puedo decir que tengan algo en común porque son historias muy diversas, con aspectos personales, familiares, económicos, formativos y de todo tipo muy diversos. Lo que sí que podría decir, como algo común en toda ellas, es esa enorme potencia vital de querer salir adelante, esa necesidad de las mujeres de no colocarse en una posición de víctima, de resolver estas cuestiones por su bien y por el bien de sus hijos y de sus hijas, de querer poner fin a esas situaciones, y encontrarse muchas veces con paredes, con fronteras, con muros, y aún así, desde esa precariedad más absoluta, seguir luchando.
¿En qué consisten esos muros, esas fronteras con las que se topan?
Aquí sí podríamos establecer algunos patrones. Tenemos el primero: cuando las mujeres piden ayuda en los servicios sociales o en los centros especializados de la mujer nos encontramos con una primera traba y es que para poder acudir a los servicios sociales tienen que tener autorización de residencia. Los servicios sociales no atienden a personas en situación administrativa irregular, les derivan directamente a las asociaciones del tercer sector. Entre ellas, si hay, alguna organización de migrantes. Es lo que suele pasar, que las derivan a nuestras organizaciones.
Obviamente en España la ley sí que regula —tanto la de extranjería como la 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género— la posibilidad de que las mujeres en situación de irregularidad que están inmersas en procedimientos judiciales por violencia de género puedan solicitar el permiso de residencia e incluso de trabajo, pero para llegar a este punto tiene que haber pasado un camino muy espinoso, porque para que pueda solicitarlo es necesaria una orden de protección judicial o un informe del Ministerio Fiscal. Para llegar a ese punto, primero tiene que haber denunciado, ya el paso de dar la denuncia es algo muy problemático en muchas mujeres, por circunstancias personales, familiares, sociales, y por el miedo también al agresor y a sus posibles represalias.
Vemos que hay una deficiencia muy grave de los centros especializados a la hora de atender a mujeres mucho antes para que en el momento en que ellas lleguen a interponer la denuncia se encuentren lo suficientemente fortalecidas y empoderadas como para no dejarse avasallar por todo ese aparato judicial y policial que se les va a venir encima. Psicológicamente tienen que estar muy preparadas y bien asesoradas jurídicamente. Vemos que falta ese tramo de preparación anterior, en este caso son mujeres migrantes, no sabemos si esa ausencia es para mujeres migrantes o si en general pasa eso.
¿Qué pasa cuando interponen la denuncia?
Ahí viene otro tramo de mantenerse firmes y de sustentar esa denuncia, porque ahí viene una situación muy complicada para ellas pues es cuando se le notifica al agresor que ha sido denunciado y si no es puesto a disposición inmediatamente, porque no se haya apreciado jurídicamente la peligrosidad o que la mujer necesita una orden de protección, entonces él pude quedar libre al día siguiente, hasta que se celebran los juicios. Esa es una situación muy complicada para ellas, las pone a ellas y a sus familias en riesgo. También es un momento en el que sobreviene la presión familiar, ¿por qué has denunciado? Incluso los hijos, las hijas pueden preguntar “¿qué has hecho con papá?”.
Son situaciones que sobrevienen sobre la mujer y que en un momento dado pueden hacerla desistir de continuar con el proceso, lo que se llama desistimiento de su derecho a declarar como testigo, que popularmente se conoce como retirar la denuncia. Esto es bastante común, y después no se sigue averiguando, el procedimiento sigue cuando las mujeres “retiran la denuncia”, pero la principal prueba de cargo es la palabra de la mujer, sobre todo si no hay pruebas físicas. Entonces es muy posible que esos juicios salgan sobreseídos, y ahí la mujer sigue estando en una situación bastante complicada frente al agresor. Es decir, que requiere una gran fortaleza mientras que esos servicios de atención especializados, si bien asesoran y están, no están presentes todo el tiempo a lo largo de todo el proceso. Ahí vemos que hay una falta muy grande.
¿Cómo afrontar este déficit?
En nuestra alianza entre la Red Latina y AIETI, con la cual desarrollamos estas investigaciones, se ha creado hace unos años un programa de promotoras comunitarias que son mujeres migrantes voluntarias. Se las forma y realizan ese acompañamiento a lo largo de todo el proceso, están permanentemente con las mujeres. No solo están, sino que las acompañan, van con ellas al juicio, van con ellas a interponer la denuncia, van con ellas a los servicios de atención. Vemos que esto en los servicios de atención no se ha implementado y esto facilita que las mujeres se vean solas en un momento dado y al final retiren la denuncia y entonces todo va en su contra: no se consigue que el agresor sea condenado, este sigue suelto y puede seguir presionando o acosándola.
Luego vemos otro patrón que es el de las mujeres que deciden seguir adelante, a pesar de todo, y van a declarar y además luchan, por ejemplo, por la custodia de las hijas e hijos para que no se queden con el agresor, o por lo menos no tengan una custodia compartida. Ahí vemos la enorme desigualdad que hay, sobre todo en el caos de los agresores españoles, hay mucha desigualdad económica, quienes detentan la economía del hogar, incluso la propiedad privada de la vivienda donde residen suele ser también el agresor en varios de los casos que hemos recogido. Así, ellas quedan literalmente en la calle salvo que tengan hijos y el juez aprecie el delito de violencia y determine que ella se queda en esa vivienda con los hijos y las hijas, pero mientras estos sean menores de edad, que luego cuando se hagan mayores, si la propiedad no es suya tendrá que salir de esa casa.
Por último, muchas veces los agresores pueden pagarse abogados privados y, si son españoles, tienen el apoyo de toda la familia que intenta que no sea juzgado. Mientras, ellas están sin ese apoyo familiar, sin ese apoyo emocional, solas con abogados de oficio. Ahí también vemos, en todas las historias se cruza, esta cuestión de los abogados de oficio, la intervención que realizan, que podemos calificar de nefasta en la mayoría de los casos que hemos analizado. Les falta perspectiva de género, a veces sueltan comentarios que son totalmente machistas. Falta también una perspectiva intercultural e interseccional, cayendo incluso en el racismo de decirles abiertamente “vosotras estáis aquí a ver qué sacáis del Estado español”, comentarios de ese tipo. Hay que estar muy empoderada y muy fuerte psicológicamente para aguantar todos esos comentarios que se dicen impunemente a lo largo del procedimientos.
También identificáis factores de vulnerabilidad determinantes para que se den estas situaciones.
El principal determinante de vulnerabilidad es el estatuto jurídico. Muchas se encuentran en situación de irregularidad jurídica, pero las que se encuentran con autorización de residencia y/o trabajo están también en una situación precaria pues recordemos que se tratan de autorizaciones temporales. Incluso la que se concede en el marco de la ley de lucha contra la violencia de género es temporal, se concede hasta que salga la sentencia y en caso de que la sentencia sea favorable a la acusación del agresor. Son autorizaciones precarias porque están, o bien inmersas en un procedimiento judicial o bien son de un año renovable por uno o dos años más. En este sentido las personas y las mujeres migrantes tienen que estar en esta tensión permanente de tener que renovar esas autorizaciones, y para poder renovar tienen que trabajar, que cotizar a la seguridad social. Esto crea una ansiedad permanente de estar administrativamente regular en España.
Junto a la precariedad jurídica está la enorme soledad y aislamiento, sobre todo de las que recién llegan o están en sus primeros años en España, no tienen a su familia, sus redes son débiles, y además las redes con las que cuentan son de personas que también están en una situación similar de precariedad pues suelen ser redes migrantes. Quizás tengan un poco más de información pero no tiene recursos económicos o no conocen el entorno, entonces son unas redes que apoyan muchísimo con lo que tienen, con sus escasos recursos, pero en general son redes con un débil capital social y económico, brindan apoyo emocional pero las mujeres siguen encontrándose de alguna manera solas y aisladas. Si a eso le sumamos que han vivido una situación de violencia en la que han estado aisladas por parte del agresor, que no le ha permitido tener amigas, salir, contar sus problemas, ir a asociaciones, pueden ser mujeres que pasen muchos años sin conocer el entorno, las leyes.
Luego está el factor económico: toda esta situación de precariedad jurídica, de no reconocimiento de una ciudadanía plena, también les dificulta acceder a un mercado laboral estable para ser autónomas económicamente. Y a esto se añade que en la mayoría de ocasiones no se reconocen las titulaciones de origen porque hace falta un proceso de homologación que es muy costoso y muy farragoso. Muchas acaban decidiendo no hacerlo y por más que tengan un bachillerato o una titulación superior a muchas les cuesta desarrollar en España sus posibilidades laborales. Se ven reducidas a un mercado muy precario con bajos ingresos, también este factor económico es muchas veces el que les lleva a depender de los agresores, un factor importante de vulnerabilidad que incide para que no denuncien o para que retiren la denuncia.
Has mencionado la cuestión de las redes, en vuestro estudio les dais una gran importancia.
Hay mujeres que no las tienen directamente, uno de los casos que recogemos es el de una mujer marroquí casada con un español que la tuvo 15 años encerrada en la vivienda, hasta para ir a hacer las compras la acompañaba él. Tenemos este tipo de casos de mujeres que no tienen absolutamente ni una amiga. Y luego hay mujeres que tienen amigos que son también migrantes, que como he dicho antes, también tienen esas dificultades económicas y de capital social. Pero son redes muy importantes a la hora de que la mujer pueda tomar una decisión, pedir ayuda, y que se pueda sentir arropada. Y en todo caso, si las propias redes de amigas no pueden ayudarla, siempre le van a asesorar para que vaya a alguna entidad que ellas conozcan o les hayan dicho.
Nos hemos dado cuenta en el estudio de que hay muchas mujeres migrantes que confían más en las asociaciones de migrantes. Cuando ven una cara de su país de origen o de alguno de su región se sienten más arropadas, más comprendidas, porque en esas asociaciones de migrantes participan de manera voluntaria muchas personas que ya han pasado por procesos jurídicos, económicos, laborales, de falta de oportunidades, similares. Se sienten comprendidas y por ello acuden también a estas asociaciones ¿Qué es lo que pasa? En general estas asociaciones están también en una situación precaria porque dependen de subvenciones muy pequeñas, por proyectos, por año, y están muy ahogadas. De hecho, nosotras hicimos un estudio en 2014 de cómo habían vivido la crisis las organizaciones de mujeres migrantes, y muchas habían desaparecido por esa dificultad para el sostenimiento.
El Salto / COMCOSUR MUJER Nº 693 – 12/07/2021
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“Siempre he partido de una idea elemental: la de que la verdad no necesita ser justificada por la adecuación a un objetivo superior. La verdad es la verdad y nada más. Debe ser servida, no servir.”
Eugenia Ginzburg / “El vértigo”.
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