1) Basura: un negocio sucio propenso al lavado –
2) Amodio preso por terrorista de Estado –
3) Justicia investiga chanchullos en INAU y SIRPA –
4) Mal día para filmar –
5) Presupuesto inclemente –
COMCOSUR AL DÍA / AÑO 16 / Nº 2038 / NOTICIAS Y PENSAMIENTOS / Viernes 18 de Septiembre de 2015 / Producción: Andrés Capelán – Coordinación: Carlos Casares
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«Si asumes que no hay esperanza, garantizas que no habrá esperanza. Si asumes que hay un instinto hacia la libertad, que hay oportunidades para cambiar las cosas, entonces hay una posibilidad de que puedas contribuir para hacer un mundo mejor. Esa es tu alternativa». — Noam Chomsky
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1) Basura: un negocio sucio propenso al lavado
Director de Limpieza de la IM afirmó que además de explotación de clasificadores, en el mercado de residuos existe lavado de dinero.
Facundo Franco (La Diaria)
Al analizar lo que ocurre en torno al mercado de residuos y su reciclaje es frecuente la referencia a “mafias” y prácticas alejadas de la legalidad, siempre en perjuicio del lado más débil de la cadena: los clasificadores. Justamente, los clasificadores que, en la informalidad, salen a diario con sus carros o bolsas a recoger residuos están en un extremo de la cadena. En el otro se encuentran las empresas que reciclan, venden y exportan su producción. En el medio, una serie de intermediarios formales e informales, llamados depósitos, que compran a los clasificadores la materia prima y la venden a las empresas para su tratamiento.
El director de Limpieza de la Intendencia de Montevideo (IM), Néstor Campal, estuvo en una charla organizada por el grupo de investigación que desarrolló el proyecto “Más allá de la basura”, integrado por docentes del Servicio Central de Extensión de la Universidad de la República. El proyecto estudió la gestión de residuos, en particular, el rol que ocupan los clasificadores en ella, con el objetivo de generar debate entre los actores implicados. Con ese fin, los docentes organizaron una serie de charlas. En la del jueves, destinada a debatir sobre la cadena económica que se genera en torno a los residuos, Campal señaló que el problema no se limita a la existencia de un explotado y un explotador, sino que “está absolutamente claro que hay una cadena de lavado de dinero”.
Según evaluó el jerarca, el crecimiento de los precios del material reciclable -y, por lo tanto, también de los ingresos de los clasificadores- se debe en parte a que cuando baja el número de clasificadores “aumenta la necesidad de adquirir materia prima para poder lavar dinero”. Campal señaló que en cualquier depósito de Montevideo que se dedica a la compra de metales el precio del plomo es superior al internacional; es el caso, en particular, del cobre. El jerarca se preguntó cómo ocurre eso “en un país que no tiene industria” y que casi no utiliza la plomería porque se hace todo en plástico.
También cuestionó cómo se hace para pagar el kilo de plomo más caro de lo que después se exporta. “¿Cuál es el motivo? ¿Regalarle plata a alguien? Un elemento es la explotación directa, por la diferencia de precio por lo que adquiero y lo que vendo; un segundo elemento, que probablemente en los últimos diez años esté en crecimiento, es que yo puedo comprarle al clasificador sin boleta y vender luego a la industria y hacerle una boleta para hacer genuino el capital que tengo. Por lo tanto, es uno de los elementos que tenemos que incluir y conocer para conocer las fuerzas a las que nos enfrentamos para modificar la realidad del país”, señaló Campal.
Tema de muchos
Campal sostuvo que no es cierto que la IM tiene un monopolio y establece las reglas del mercado de los residuos. Para fundamentarlo contó que, “después de varias peleas bastante duras”, hace cinco años logró que la Junta Departamental votara la colocación de un impuesto de 10 centésimos para cada envase de plástico que se produzca en Montevideo. Pero según dijo, la norma no se pudo cumplir “porque la IM no tiene potestad para intervenir en el comercio”. “Por lo tanto, echarle la culpa a la IM de que no regula o no define la cadena intermediaria es una verdad a medias, porque el comercio de Montevideo no lo regula la IM, sino el Ministerio de Economía y Finanzas. Los impuestos los deben pagar los que están en el medio de la cadena productiva, sobre todo aquellos que están más al final, ya en la formalidad”, indicó.
Campal sostuvo que después de dos años de trabajar en conjunto con la Dirección General Impositiva (DGI) logró que se duplicara el valor del impuesto que los depósitos formales de residuos tenían que pagar. A partir de esas conversaciones con la DGI se estimó que el negocio en el que participan clasificadores, depósitos y empresas recicladoras mueve por lo menos 180 millones de dólares anuales. Campal dijo que el mercado debe mover aun más, porque Montevideo es consumidor de 60% o 70% del plástico que importa el país, que en dinero es mayor que las importaciones de combustible. Si de ese plástico se recupera 15% -un valor “muy conservador”-, sólo con eso se supera la cifra de los 180 millones, afirmó el jerarca.
Campal también presentó cifras de la generación y el tratamiento de residuos en la capital del país. Explicó que el año pasado ingresaron 850.000 toneladas de basura a la usina de disposición final de residuos de Felipe Cardoso, 550.000 de las cuales fueron producidas por los hogares montevideanos. 69% del total de residuos domiciliarios llegó a la usina por recolección de la IM: 259.000 toneladas por el sistema de contenedores y 113.000 por otros sistemas de recolección. En 2015, dijo, el sistema de contenedores fue ampliado y alcanzó a 90% de la ciudad. 41% de los residuos que entran a la usina son orgánicos, y le siguen las categorías cartón y papel con 22% y plástico con 15,84%.
De la planta
Con respecto a las acciones destinadas a la mejora en la calidad del trabajo de los clasificadores, Campal destacó que se trabaja con un sistema de recolección selectiva en 100 edificios, en 150 supermercados a los que las personas pueden ir a dejar envases y en dos municipios con lugares para llevar residuos reciclables en la vía pública. También nombró las cuatro plantas de clasificación, que ocupan a 128 trabajadores que se benefician de las políticas de recolección selectiva. En las plantas los clasificadores trabajan 40 horas semanales y perciben un salario mínimo nacional más un porcentaje de acuerdo con las ventas. En promedio, ingresan a las plantas tres toneladas diarias de residuos preclasificados, de los que finalmente se termina vendiendo en el entorno de 40%.
El economista Martín Sanguinetti, integrante del proyecto de investigación, señaló que, pese a que 51% de los residuos de la ciudad son recuperables, de ese porcentaje sólo se termina reciclando 29%. Además, según los resultados del proyecto, se plantea que los clasificadores recogen 15% del total de residuos que se generan en la ciudad, lo que supone un ahorro para la IM de cinco millones de dólares al año. Pese a las cifras millonarias que se manejan en el lado formal de la cadena, según los cálculos del equipo de investigación, en 2014 el ingreso promedio de un clasificador que trabaja en la calle fue de 5.729 pesos. En total, estos trabajadores que se desempeñan en la informalidad vendieron 5.000 toneladas por mes.
Con respecto a las empresas del sector formal de la cadena, los investigadores estiman que en una rama de actividad que requiere baja inversión la ganancia es de 61% del valor generado, cuando el promedio de la industria supera apenas el 50%. Sanguinetti explicó que las empresas que participan directamente en el proceso son pocas y tienen “mucho poder de incidir en los precios”. A partir de la aplicación de la Ley de Envases, también intervienen en la cadena las empresas que colocan envases no retornables en el mercado, que realizan un aporte a un fideicomiso y controlan la aplicación de la ley, instancia en la que no participan los clasificadores.
Alternativas
Jorge Ramada, integrante de la comisión de Salud Laboral y Medio Ambiente del PIT-CNT, entendió que el valor de los residuos se genera en el trabajo de recolección que hacen los clasificadores, pero señaló que los que se enriquecen son los depósitos, que compran la materia prima a los clasificadores, y también las empresas recicladoras, que les compran a los depósitos. Ramada criticó que el paradigma de la gestión de residuos en Montevideo sea “mezclar y enterrar” -entre otras cosas, porque es “funcional a la explotación”- y recordó una propuesta que el PIT-CNT hizo, hace años, para que los clasificadores también participen en la generación de valor de los residuos.
Sostuvo que debería haber una “política agresiva y sostenida” para fomentar la clasificación de residuos en los domicilios. Propuso que las plantas de clasificación sean más grandes que las actuales y que también incluyan herramientas para la generación de valor adicional, lo que les permitiría volverse parte de la industria. Ramada planteó que si se fijara una tasa de un peso por envase producido, habría dinero suficiente para emplear a 5.000 clasificadores y pagarles un salario de 20.000 pesos por mes. El sindicalista criticó a la Dirección Nacional de Medio Ambiente, que hace cinco años llamó a una comisión sectorial para la elaboración de una ley nacional de residuos, pero dejó trunca esa discusión.
En el espacio destinado a las intervenciones del público, una persona planteó que en Uruguay hay una “mafia del metal”, que “negocia con un revólver arriba de la mesa” y de esa forma define “quién compra y quién no”. Otro participante planteó que la IM define cómo se clasifica y se recolecta y que con las políticas actuales “está entregando millones a las empresas y los narcos”.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2015
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2) Amodio preso por terrorista de Estado
Amodio Pérez fue procesado con prisión como coautor de delitos de privación de libertad en colaboración con militares.
(La Diaria)
Un mes y una semana después de su regreso a Montevideo después de 43 años, Héctor Amodio Pérez, considerado traidor del Movimiento de Liberación Nacional (MLN), fue procesado con prisión ayer por la jueza Julia Staricco, por el delito reiterado de privación de libertad. En su fallo, divulgado en la tarde de ayer después de notificar al involucrado, la jueza establece que en estas semanas, a raíz de datos aportados en 17 declaraciones de testigos, entre ellos ex militares que revistieron cargos de jerarquía en el Batallón Florida y ex militantes del MLN, varios careos e informes médico-forenses, se reunió “semiplena prueba” para entender que Amodio Pérez “participó en diversas detenciones de civiles”.
Los detenidos, añade, eran llevados al Batallón Florida, “siendo sometidos a interrogatorios con la finalidad de obtener información, lo que implicaba apremios físicos, como submarino seco o el tacho, la picana, plantones. Incluso hasta llegar a la muerte como fue el caso de E.A., alias ‘el pajarito’, a quien presuntamente los militares le dieron muerte cuando lo iban a detener”. La jueza concluye, y coincide con el pedido de la fiscal Stella Llorente, que Amodio actuó “amparado por los militares del momento. Ellos fueron los que le dieron un tratamiento especial que al resto de los detenidos, con ellos salía a identificar personas, incluso llamándolo Sargento González. Por lo tanto si bien no integraba el grupo militar de ese momento, actuó bajo su órbita, colaborando en la detención de personas, las que luego eran llevadas a distintos centros de reclusión”.
Sin domicilio
La jueza dictamina el procesamiento con prisión de Amodio, coincidiendo con el pedido de la fiscal, aunque sugiere que sea evaluado por un médico forense “atento a su edad avanzada y su estado de salud”, para determinar si corresponde o no su prisión domiciliaria. Amodio Pérez tiene 78 años y varios problemas de salud, según recordó ayer su abogado, Andrés Ojeda. Sufre de hipertensión, a lo que se suma una reciente intervención quirúrgica. “Es probable, recomendable, absolutamente comprensible y hasta obvio, que no debería ir a una prisión sino que debería ser recluido con prisión domiciliaria”, consideró el abogado defensor ayer.
Ojeda dijo que Amodio Pérez tomó “con calma” la resolución y se refirió a sus declaraciones al semanario Búsqueda, en las que había asegurado que no iría preso: “Él entiende y entendió siempre que no iba a ir preso porque entiende que no tiene ninguna responsabilidad, pero eso nunca significó que iba a desoír un pronunciamiento judicial. Él pensó que esto nunca iba a ocurrir”. Ojeda se manifestó “sorprendido” por la decisión de Staricco y anunció que apelará el fallo en las próximas horas. “Nos cuesta entender la diferencia con lo que resolvió [la jueza] con relación a Asencio Lucero, para quien esperó a resolver la prescripción previo a dictar un procesamiento”.
Respecto de la prescripción del delito, alegada por la defensa de Amodio, la jueza asegura en el fallo que sin importar el criterio de prescripción que se tome, “teniendo en cuenta el plazo de prescripción de diez años, los mismos no prescribieron y amerita en consecuencia continuar con las actuaciones”. Sobre el otro argumento al que apeló la defensa, que fue que debía aplicarse la Ley de Amnistía de los presos políticos, la jueza recuerda que esa ley “pretendió salir en paz del quiebre institucional producido a partir del 27 de junio de 1973 y que duró hasta el 1º de marzo de 1985 en que asumió el primer gobierno elegido libremente”, y que justamente Amodio Pérez actuó “amparado por los militares del momento”.
La jueza rechaza en el fallo otro argumento que planteó Ojeda, que apuntaba a que la colaboración de Amodio ocurrió bajo un régimen democrático, por lo que “parecería ser que los cuerpos militares habrían estado autorizados a proceder a las referidas detenciones”. Staricco, en cambio, asegura que las detenciones del período “no fueron detenciones amparadas bajo ninguna norma. Porque dichas privaciones de libertad implicaban el ser detenido sin ninguna causa, sin pasar en muchos casos por algún juzgado, y todavía ser víctimas de distintos apremios físicos. Y cuando se lograba ir a un juzgado era para cumplir un simple formulismo”. Eran, concluye, detenciones “totalmente arbitrarias e ilegales”, por lo que encuadran en el delito de privación de libertad, previsto en el artículo 281 del Código Penal, que establece como pena de un año de prisión a nueve años de penitenciaría.
El fallo detalla que Amodio Pérez fue detenido en mayo de 1972 y llevado al Batallón Florida, donde permaneció hasta octubre, cuando fue trasladado al Regimiento 9º de Caballería. Allí estuvo hasta octubre de 1973, cuando fue autorizado a salir del país junto con su compañera, con pasaportes falsos.
Mientras estuvo detenido, y gracias a su colaboración, Amodio logró que su pareja, Alicia Rey, fuera llevada con él. Varios testigos lo identificaron señalando a detenidos, e incluso algunos lo ubican en las sesiones de tortura. Según el auto de procesamiento, uno de ellos recordó escuchar su voz “en una de las sesiones de interrogatorios donde éste dice ‘no vale la pena porque éste no sabe nada o no estuvo en nada importante porque siempre estuvo en el sector político’”. “El trato que él hizo fue que ordenaría los papeles de la OCOA [Órgano Coordinador de Operaciones Antisubversivas], teniendo que descifrar los seudónimos o apodos. Pero como eso no podía hacerlo solo, pidió que trajeran a su pareja. Pero su tarea no sólo fue esa, sino que también en reiteradas oportunidades, vestido de militar, salió a patrullar junto a militares, entre ellos con O.P., y ‘marcar gente’, incluso lo llamaban Sargento González, lo que surge probado más allá de la negativa del indagado”, establece la jueza.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2015
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3) Justicia investiga chanchullos en INAU y SIRPA
Se derrumba
(Brecha)
Varias irregularidades surgen de la gestión del director de Arquitectura del Sirpa, Daniel Majic, encargado de las obras durante la presidencia de Ruben Villaverde. El Juzgado del Crimen Organizado investigará, además de esas irregularidades, cómo accedieron a sus puestos más de mil funcionarios del Inau durante el mandato de Javier Salsamendi.
Las denuncias sobre el Sirpa comenzaron a caer en efecto dominó, y empezaron a señalar más arriba en la pirámide jerárquica. La última de la que hay noticia es la que se analiza en el Juzgado Penal de Crimen Organizado y que apunta a la “gestión de la institución bajo una modalidad de triangulación de poder”, en la que participaron “directores del Inau, integrantes de la Comisión Delegada del Sirpa y autoridades del Suinau”, según se sostiene en el escrito presentado por el denunciante, aludiendo principalmente a Javier Salsamendi, Ruben Villaverde y Joselo López. Así, en este nuevo capítulo judicial, las líneas de investigación trazadas por la fiscalía e inducidas por la denuncia abarcan dos ejes: las obras para las que el Parlamento destinó 20 millones de dólares y el ingreso de alrededor de mil funcionarios al Inau desde 2012 y hasta la asunción de nuevas autoridades en 2015.
Y es que, si se tira de la madeja, inmediatamente empiezan a aparecer las observaciones del Tribunal de Cuentas (TC) sobre los contratos con las empresas constructoras, las que conducen a una primera conclusión: el director de Arquitectura del Sirpa, Daniel Majic, del que la denuncia dice que es “amigo” de Villaverde, benefició a la empresa Tresor, para la que trabajó al menos a partir de 2008, cuando fue designado el arquitecto responsable de la construcción de los palcos del Parque Central del Club Nacional de Fútbol, según el propio sitio web de la empresa. Tresor, en consorcio con Fedal SA, obtuvo la obra por más de 122 millones de pesos mediante una compra directa realizada en 2012, no sin reclamos y discrepancias, para la “reorganización espacial del predio con acceso a la avenida Bulevar Artigas 3224”, donde se construirían “un centro de estudio y derivación, un centro de internación transitoria y un complejo para albergar hasta 60 adolescentes”, según una resolución del TC. En ese predio hoy están los centros Ciedd, Cmc, Ciaf, Cemec y Ceprili, que a poco más de un año de su inauguración ya muestran señales graves de deterioro, según lo identificaron técnicos de la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh), como consta en varios de sus informes.
El TC intervino el gasto de más de 122 millones, en parte, porque una de las empresas competidoras, Stiler, adjuntó consultas jurídicas y técnicas que indicaban que “la Comisión Asesora de Adjudicaciones se sustenta exclusivamente en el informe de evaluación técnica realizado por el arquitecto Majic, el cual se basa en criterios de evaluación no especificados en el pliego, lo cual vicia el procedimiento, comprometiendo la regularidad del acto de adjudicación que pueda dictarse en su mérito”, dice el Tribunal. Y agrega que “en todos los ítems considerados”, salvo el plazo (que las dos empresas cumplían en el papel, aunque luego Tresor incumplió en los hechos), la otra oferta “es más conveniente en relación a la adecuación con criterios de seguridad, cumplimiento de estándares Onu y la relación calidad-precio del metro cuadrado a construir”.
La primera aparición de Majic fue a fines de 2011: a partir de una contratación directa que iría de setiembre a diciembre de ese año comenzó a trabajar en el Inau, justamente con el fin de “realizar todos los recaudos para los procedimientos de licitación pública correspondientes a las reformas edilicias de los inmuebles donde funcionará el Sirpa”, por lo que recibiría un pago de 51.230 pesos más Iva mensuales, se afirma en otra resolución del TC, esta vez dirigida a Danilo Astori, presidente en ese momento de la Asamblea General. Pero las licitaciones públicas fueron en realidad compras directas, al menos en la mayoría de los casos, y Majic permaneció porque, según las fuentes de Brecha, tenía un padrino.
La contratación por tres meses fue renovada por otros seis, pese a que el TC dijo que “el importe total de la contratación del arquitecto Majic, así como la del señor Villaverde, cada una por 250.004 pesos, supera el monto establecido para la compra directa”. Es que si bien Villaverde no fue presidente del Sirpa hasta el 10 de abril de 2012 (un día antes de que Tresor obtuviera las obras de bulevar Artigas y General Flores), ingresó también mediante contratación directa al Inau cuando el Sirpa todavía era una mera aspiración. Así fue que tocó tierra antes de desembarcar formalmente como presidente, momento en el que habría llevado a trabajar a Majic en un formato laboral igual al suyo, y a quien conoce, dicen las fuentes, del Club Nacional de Fútbol, donde Villaverde también había trabajado. Ya en el Inau, desde diciembre de 2011 ocupó interinamente el cargo de gerente del Semeji, como se llamaba antes el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, cuando Rolando Arbesún renunció a ese cargo.
En abril, una vez que se concretó formalmente el Sirpa, y al frente de la Comisión Delegada, Villaverde apeló al financiamiento de un organismo internacional para pagar a su director de Arquitectura, quien se mantuvo en el puesto hasta que lo removieron las actuales autoridades. En ese período estuvo al frente de todas las obras del Sirpa –las más importantes fueron en el ex Batallón número 9, La Tablada, el Hogar Ser y las mencionadas de la calles bulevar Artigas y General Flores–, de las que la actual presidenta dijo en entrevista con Brecha (3-VII-2015), por ejemplo al hablar del ex Batallón número 9, que “hay un solo sector que está habitado y ya tiene dificultades de infraestructura porque la construcción no fue bien planificada”, y agregó: “La dirección anterior aceptó la obra a pesar de todas esas falencias”.
EN FAMILIA
El escrito presentado ante el Juzgado del Crimen Organizado alude puntualmente al ingreso de la familia de Joselo López a las arcas del Inau, pero sugiere que la lista de allegados a jerarcas y sindicalistas que accedieron a trabajar en la institución es mucho más extensa. Lo mismo afirman todas las fuentes consultadas por este semanario, y una muestra de eso puede comprobarse rápidamente en la planilla de funcionarios que fueron contratados en diciembre de 2012 tras el único llamado que hubo en la administración de Villaverde. En ese momento, luego de que se bajaran las exigencias (hubo un primer llamado que no se concretó y que pedía Ciclo Básico finalizado, y luego un segundo llamado que sólo exigía Primaria), entraron 300 nuevos funcionarios al Sirpa.
El tribunal en esa instancia estuvo conformado por Wilmar García, Henry Ponce y Luis Escuarcia en representación del Inau, y Paula Cores y Alejandro Araujo en representación el Suinau. Es sugestivo que pese a que algunos representaban a la institución en su calidad de directores de centros de reclusión, todos pertenecían a la lista 10, la de Joselo López, la lista mayoritaria del sindicato. Un repaso a sus prontuarios arroja que los tres primeros terminaron presos luego del fallo del juez Gustavo Iribarren, que los procesó el 21 de agosto por el delito de tortura. Paula Cores era directora del centro Ituzaingó cuando se descubrió un mecanismo de control administrado por los propios internos que desembocó en “el caso boliviano”, como se llamó al episodio en el que un adolescente fue violado por sus compañeros. Y Alejandro Araújo fue procesado en 2014 por abuso de autoridad contra los detenidos en el Hogar Ser.
Pero también hace ruido que los apellidos de los mismos que integraban el tribunal se repitan entre los seleccionados para los cargos. Por ejemplo, ganaron puestos en ese llamado la hermana de Escuarcia, Lilián, y las dos hermanas de Henry Ponce, Jackeline y Gisel. También entró bajo ese tribunal la esposa de Joselo López, María José Quinteros, caso sobre el que Brecha publicó en su momento (22-II-13), quien logró un traslado a Flores a dos meses de acceder a su cargo. Como Quinteros siempre estuvo radicada en ese departamento, se infiere que falsificó su domicilio para presentarse a un cargo que se ejercería en Montevideo y Canelones, pero lejos de ser sancionada y pese a que los traslados pueden concretarse recién a los seis meses en funciones, fue a parar al centro Piriguazú, perteneciente al Inau pero no al Sirpa, la institución que había hecho el llamado.
Y después de ella vinieron sus dos hijos, Alan y José Ignacio, quienes ingresaron como talleristas de la División Tiempo Completo del Inau, según prueba un documento al que accedió este semanario. El primero trabaja en el centro Lezica y entró en setiembre de 2013, el segundo lo hace en el Hogar Antonio Machado y fue contratado en mayo de 2014, en pleno año electoral. Brecha supo que así como al Inau seguían entrando funcionarios en 2014, extremo que demuestra el hijo de López, al Sirpa siguieron ingresando funcionarios al menos hasta el 15 de marzo, pese a que Villaverde, consultado por varios medios de comunicación, lo ha negado.
Y es que después del primer y único llamado que realizó el Sirpa, la contratación de talleristas sin que mediara un llamado público y abierto fue constante, cuentan las fuentes de Brecha. Todo empezó ante la urgencia de contratar a 60 talleristas para la División de Tiempo Completo del Inau, momento en el que se apeló a esa modalidad como excepción, que luego se volvió la norma. Así, al final de la gestión de Salsamendi se habían acumulado en todo el Inau poco más de 1.300 funcionarios, que entraron hasta los últimos días de esa gestión, y que bajo el rótulo de “tallerista” tenían oficios o profesiones tan distintos como los de abogado, psicólogo, administrativo, médico, carpintero, cocinero, educador, técnico en PC, diseñador gráfico, enfermero, psiquiatra, odontólogo, nutricionista, maestro, profesor de educación física, psicomotricista, arquitecto, veterinario, escribano, contador, agrónomo, albañil, electricista, herrero, pintor, partera, sociólogo y varios etcéteras, entre los que se encuentran verdaderos talleristas.
Ante ese escenario, el 10 de julio las nuevas autoridades del Sirpa dispusieron no dar continuidad a los contratos de algunos de esos talleristas (204 de todo el Inau, que suponen 60 del Sirpa) y regularizar otros mediante concurso o pedido de certificados que demuestren la preparación para el cargo (1.097 del Inau, de los que 314 corresponden al Sirpa), a los que además deberá ajustarse el salario en función de la premisa “a igual función, igual remuneración”, ya que hay situaciones muy desiguales, señala el documento al que accedió Brecha.
Pese a que ya se han detectado numerosas irregularidades, es posible que esta caja de sorpresas, que recién se abre, confirme varios de los rumores que han sobrevolado sobre la pasada administración del Inau.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2015
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4) Mal día para filmar
Débora Quiring (La Diaria)
Sector audiovisual está movilizado frente a una situación “de catástrofe”; cine nacional está volviendo a promedio de estrenos de 2002.
Contrariando la usual impuntualidad de los uruguayos, el lunes antes de las 18.30 -la hora a la que estaba convocada la actividad- muchos realizadores, actores y estudiantes ya se habían acercado a la plaza Independencia. La movilización fue convocada por la Asociación de Productores y Realizadores de Cine (Asoprod) y GremioCine, entre otras agrupaciones, para “apagar juntos las últimas luces del cine nacional”. Reclamaron la actualización retroactiva por el Índice de Precios del Consumo (IPC) del Fondo de Fomento Audiovisual (ver www.ladiaria.com.uy/AEc1) y denunciaron la reducción real del fondo desde 2008.
En la multitud se podía identificar a muchos directores, como Álvaro Brechner, Pablo Stoll, Walter Tournier, Manolo Nieto, Juan Carlos Rodríguez Castro y Mario Handler -que se paseaba con palos para selfies, registrando lo que sucedía-, además de numerosos actores -Horacio Camandulle, Roxana Blanco, César Troncoso, entre otros- y una amplia participación de extras, distinguidos por una pancarta que rezaba: “Extras presentes”.
Christian Font habló en nombre de la Asociación de Críticos de Cine. “El Poder Ejecutivo no parece tener un plan de rodaje. No parece tener clara una política orientada al sector, y no me refiero sólo a los Fondos de Fomento, sino también a que se haya dejado en pausa la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual [LSCA], algo que prometió el propio presidente de la República en noviembre de 2014”. Lo mismo ocurre con la representación que deberían ejercer el Ministerio de Educación y Cultura [MEC] y el ICAU [Instituto del Cine y Audiovisual del Uruguay] al tratar de velar por los intereses del sector, abogó el periodista. Recordó que en 2014 el cine uruguayo vendió 70.000 entradas, incluso en “desigualdad de condiciones y en tiempos de múltiples plataformas, de descargas por internet y de tener que pelear por una sala y un horario, además de casi tener que pagar para exhibir. Frente a esto, el MEC estuvo casi omiso”.
Al ser consultado por la diaria sobre esta situación, el cineasta Manolo Nieto (La Perrera, El lugar del hijo) cuestionó a la directora del ICAU, Adriana González, quien, según su entender, “tiró la toalla hace rato”. “Creo que no está representando al sector porque no lo apoya ni lo defiende; sólo está a favor de un statu quo. Además, no está articulando ninguna solución y no está gestionando ninguna política. Ya es hora de que renuncie: tiene que venir otra persona con más capacidad para dialogar y encontrar soluciones, con más peso político y con más llegada. Pero, sobre todo, que tenga una actitud más proactiva y que esté del lado de los productores y los realizadores, no sólo del lado del Ministerio de Economía. A esto se suma la caída del programa Compromiso Audiovisual y de los convenios; incluso en todos estos años nunca hubo una comisión de trabajo para pensar y ajustar la ley [de cine] frente a los cambios que se vivieron”.
Álvaro Brechner, director de Mal día para pescar y Mr Kaplan, considera que esta situación incide con que se detengan muchas iniciativas desarrolladas durante los últimos diez años y que, de cierto modo, fomentaron la existencia del cine en el país. “Esto no sólo no posibilita un futuro, sino que destruye todo lo que se había logrado. Ahora se vuelve inviable pensar en hacer cine. La realidad es ésa”, afirmó. Los datos lo respaldan: a comienzos del 2000 se producían una o dos películas por año; en 2012 el promedio subió a 14 estrenos y para este año está previsto apenas el estreno de dos películas de ficción. “No sólo se anula todo lo que significa esta expresión artística para el país, sino que además se cierra la posibilidad industrial: si antes era difícil hacer películas en Uruguay -una plaza cara y con pocos recursos- y aun así se había logrado crear películas y tener una fuerte presencia internacional (para los recursos que tenía, comparado con otros países de la región, era bastante milagroso), hoy ya es impensable. Espero que se encuentre una salida; mientras tanto, es necesario alertar sobre esta situación real de catástrofe. Lo que se interrumpe es la posibilidad de inversión internacional y el desarrollo de una industria”, expresó.
Brechner opinó que el ajuste por IPC del Fondo de Fomento Audiovisual es “elemental”. Propuso acompañarlo con otras políticas, como la aplicación de pequeños impuestos a las entradas de cine para apoyar a la producción local, como se hace en otros países de la región. “Hoy no somos conscientes, porque el año pasado tuvimos algunos estrenos y este año quedan coletazos. Pero ahora se están rodando una o dos películas de ficción por año, y con producciones mínimas”, alertó.
El realizador Pablo Stoll (25 watts, Whisky, Hiroshima) considera que este momento crítico responde más a una cuestión política que económica, sobre todo teniendo en cuenta el monto económico que está en juego. Coincidió con Font en que es necesario que se concrete la LSCA, que “implica un desarrollo importante para la producción audiovisual independiente”.
A Stoll lo apena la respuesta que ha dado el ICAU -“readecuarse a los fondos disponibles”-: “Me parece una lástima que desde un lugar institucional piensen achicarse y acotarse, en lugar de fortalecerse. Me causa gracia que se piense que fortalecer el ICAU significa hacer una reestructura interna -que es positiva-, cuando el fortalecimiento del instituto implica abrirse al exterior, obtener financiamientos y concretar coproducciones con Colombia, Chile y Brasil. El fortalecimiento es exigir a las salas que mantengan determinado tiempo en cartel a las películas nacionales, y es generar políticas que todavía siguen siendo su gran debe. Cuando hablamos de falta de liderazgo nos referimos a esto”.
Al igual que Brechner, recordó que en la región se aplica una tasa mínima a la venta de entradas de películas extranjeras. Explicó que en 2014 los cines recaudaron 17 millones de dólares, de manera que podría “haber existido un millón de dólares para la industria, y seguramente no hubiera sido tan tremendo: de esta manera se estaría atacando a los fondos genuinos del sector, porque provienen de gente que paga para ver cine, además de que así es como se financia el cine en todo el mundo”. “Es necesario evitar esa idea de que el cine uruguayo está subsidiado y los demás no, porque todos lo están, incluso el estadounidense, que si no se subsidia por fondos directos sí está regido por un sistema absolutamente proteccionista”, sostuvo.
Propuestas nacionales
En una proclama, la asociación recordó que los 100 pesos que se aportaban a partir de la ley aprobada en 2008 en 2015 pasaron a equivaler a 60. “Hoy nuestro cine está en esa situación, y si proyectamos la curva de inflación a finales de este período, en 2020 la pérdida real del fondo será de 70%”, sostuvieron. Exigieron que se se corrijan estos errores cometidos por los legisladores en la creación de la ley de cine, y explicaron que en las actuales condiciones el cine “no podrá sobrevivir”. “No podemos hacer películas con 30% de presupuesto. Las películas se filman o dejan de existir”, aseguraron.
Pero la crisis que vive el sector es mucho más amplia, ya que en los últimos meses cayó el convenio con el Banco de la República Oriental del Uruguay, destinado al estreno de películas nacionales. Otros organismos públicos tomaron acciones en el mismo sentido; así, la Dirección Nacional de Telecomunicaciones y Servicios de Comunicación Audiovisual (Dinatel) suspendió los premios que otorgaba a la producción de contenidos infantiles y televisivos, y Antel “desestimó la creación de una plataforma online de streaming de películas nacionales”, que implicaba un costo “similar al auspicio que ofreció para el recital de Elton John”. Agregan que el ente telefónico prioriza su alianza con un extranjero como Netflix, “dándoles alojamiento gratis a sus contenidos en servidores de la empresa, y promocionando la afiliación -también gratis, por seis meses- junto a la conexión Vera, cuando al día de hoy Netflix sólo aloja tres producciones nacionales en todo su catálogo”. A la vez, se preguntan por qué no se le exige a la empresa que compre ocho o diez películas nacionales al año.
En cuanto a la región, advirtieron que hace una semana Argentina incrementó 60% los fondos cinematográficos para paliar la inflación acumulada desde 2012, y Brasil invirtió “millones en la producción local, además de fomentar la coproducción con la región y, para ingresar al país, exigir a los grandes operadores de cable un porcentaje de producción nacional en sus pantallas”. Concluyeron que ante los mismos problemas coyunturales y las mismas situaciones sociales, la región decidía mantener o redoblar la inversión en el sector, mientras la defensa del valor de la producción nacional era protegida y fomentada. Esta proclama fue precedida por una ocurrente y contundente reflexión del director Juan Ignacio Fernández, que evocó la incidencia cinematográfica en distintas expresiones sociales, además de la construcción de significado sobre distintos espacios o construcciones edilicias, como es el caso del Palacio Salvo -que se debate entre Ataque de pánico y El dirigible-.
Ayer Asoprod se presentó en el Parlamento para exponer el estado crítico del sector. El presidente de la asociación, Diego Fernández Pujol (que sustituyó en el cargo a Esteban Schroeder luego de su renuncia, propiciada por la caída de Compromiso Audiovisual), evaluó como muy positivo el encuentro con varios senadores y diputados (entre los que se encontraban Pablo Mieres, Constanza Moreira, Luis Alberto Heber, Graciela Bianchi, Beatriz Argimón, Marcos Carámbula y Pablo Iturralde), y adelantó que ya pautaron reuniones con varios de ellos, además de otra con la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Con respecto al encuentro que mantuvieron con la ministra María Julia Muñoz unas horas más tarde, explicó que no recibieron ninguna propuesta: “Quedó claro que nuestra lucha sigue en el Parlamento y no en el MEC”.
En el documento que expusieron, aseguran que la expansión y la popularización del lenguaje audiovisual genera un cambio social a nivel mundial que puede compararse con el desarrollo de la escritura, y alertan que Uruguay está volviendo al promedio de estrenos de 2002. Aclaran que la actualización del fondo es “legítima” y de “sentido común”, ya que se aplica a todos los sectores. También explican que no reclaman más recursos, sino que los ya existentes no se reduzcan, para este “sector [que] es cultura y educación pero también es industria, economía e imagen país”.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2015
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5) Presupuesto inclemente
Guillermo Lamolle (La Diaria)
Un luminoso edificio de estilo ecléctico, en Avenida Italia a medio camino entre Propios y Luis Alberto de Herrera, encierra una actividad difícil de imaginar detrás de su plácida fachada. Hablo del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable (IIBCE), donde varios grupos de científicos estudian temas tan diversos como el posible uso de moléculas provenientes de vegetales como agentes terapéuticos en enfermedades neurológicas, la codificación y representación de imágenes en el cerebro, el comportamiento de los arácnidos o las bases moleculares de diversas patologías ginecológicas. Fundado hace casi nueve décadas por el investigador cuyo nombre lleva hoy, el instituto se encuentra sumergido en un conflicto presupuestal de singulares características.
En resumen, lo que sucedió fue que en el presupuesto que el Poder Ejecutivo envió al Parlamento no se incluyó un aumento (previamente conversado y prometido); que en el medio hubo un intento de sustituir a los directivos actuales por políticos (que, entre otras cosas, definirían qué se investigaba y quién lo hacía); que la excusa para el congelamiento presupuestal es que se le dio prioridad a la educación (???), y que, finalmente, el IIBCE fue la única institución, de las varias vinculadas a la investigación científica, que no recibió aumento. Por último, la gente del IIBCE dice abiertamente que sospecha que el cambio de rumbo fue una especie de castigo por haberse opuesto a la idea de que los políticos pasaran a dirigir el instituto.
Uno, dos y tres: 1) ¿es posible que un gobierno tome sus decisiones basándose en caprichos infantiles, tipo “ah, no me hacés caso, me llevo la pelota”?; 2) ¿qué piensan de todo esto las instituciones similares que sí recibieron, al menos, algún tipo de aumento?; 3) antes que todo eso, ¿qué llevó a las autoridades a pensar que era necesario “intervenir” el IIBCE?
Tratemos de responder estas preguntas. Sobre la primera, la respuesta es simple: sí, es posible.
Acerca de la segunda, realmente sería bueno escuchar una expresión formal de solidaridad y, mejor, algo más contundente, que demuestre que el salario propio no es el único motor de nuestras reivindicaciones revolucionarias. O al menos, eventualmente, una declaración que diga: “Nos parece estupendo que no les aumenten nada”.
En cuanto a la tercera pregunta, el tema da para explayarse, porque intuyo que puede venirse una lluvia de argumentos parecidos a la pregunta sobre cuántas escuelas se podrían haber construido con lo que salió tal o cual misión espacial. El IIBCE depende, financiera y administrativamente, del Ministerio de Educación y Cultura. Ahora, ¿dónde está el límite para la acción de las autoridades? ¿Pueden ordenar “doctor, no use ese reactivo, sino este otro”? Supongo que dirán que no, pero ¿no habría alguien relamiéndose por decir “lo de las arañas no va más; dedíquense a buscar un preventivo de la aftosa, pero que no sea una vacuna, así recuperamos el estatus de libres sin vacunación”? Tampoco estoy diciendo que los científicos sean semidioses intocables (he visto a varios de cerca, y nada más lejano a la imagen de Aquiles o de Heracles).
Como pasa en cualquier rama, hay flojas, egocéntricos, quejosos e interesadas; simplemente hablo de conveniencia colectiva, y aquí se empieza a complicar la cosa. Hay dos visiones al respecto (y esto trasciende el tema del IIBCE y este presupuesto en particular, para abarcar el vínculo entre ciencia y Estado): por un lado, está el hecho de que la ciencia avanza un poco aleatoriamente. Si bien suele andar tras alguna respuesta esquiva, muchas veces ésta llega cuando se estaba tras la pista de otra cosa. Como cuando, al agacharnos a acariciar el gato, encontramos la llave que habíamos estado buscando durante horas, muchos de los grandes descubrimientos cuentan, en su génesis, con algún evento aleatorio. Pero lo más importante: la “utilidad” de un nuevo conocimiento pocas veces se descubre antes de que pase cierto tiempo desde su adquisición.
Un grupo de dementes de la primera mitad del siglo pasado dedicó su vida a discutir acaloradamente si era posible que algo se comportara como onda o como partícula según el modo en que se lo observara, o si un gato dentro de una caja podía estar muerto y vivo al mismo tiempo. Defendieron incoherencias tales como que las partículas subatómicas no ocupan un lugar preciso sino que están aquí y allá simultáneamente, aunque con distintas probabilidades, y que las propias expresiones “al mismo tiempo” y “simultáneamente”, que acabo de usar, carecen de sentido real. Todas estas ideas locas, fácilmente ridiculizables mediante frases del tipo “estudiar la inmortalidad del cangrejo”, permitieron que existieran la televisión, las computadoras, la fibra óptica, internet, los satélites… ¿En qué mundo viviríamos si aquellos físicos hubieran sido conminados a dedicarse a asuntos prácticos y útiles?
La segunda visión, que describo en su manifestación más extrema, dice que los científicos deben ser empleados del poder político democráticamente elegido, poseedor de legitimidad y capacidad para establecer qué ciencia es necesaria para el bien del pueblo y la grandeza de la nación. Si bien utilizo cierto tono burlón, no reniego del derecho de todos a inmiscuirnos en la tarea de las instituciones que sustentamos, faltaba más. Pero bueno, recomiendo entrar a la web del IIBCE y ver la enorme cantidad de actividades dedicadas a promover ese vínculo con la sociedad para entender que esa preocupación es compartida.
Una cosa no quita la otra: puede haber un diálogo fluido entre la ciencia y su entorno, así como diversas interacciones (que de hecho, hay) que hagan que no todas las investigaciones estén descolgadas de las necesidades inmediatas del país. Y eso puede y debe convivir con un elevado grado de libertad académica. Si no es así, la ciencia pierde gran parte de su encanto, y sin él, los que la practican se dedicarán a otra cosa, o a lo mismo pero en otro lado. Y entonces profundizaremos nuestra condición de país de mitad de tabla, libre de ciencia, sin vacunación.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2015
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