1) América Latina: La pandemia dejó sin trabajo a 50% de trabajadoras del hogar
2) Bolivia: Los asesinatos de mujeres y niños encienden las alarmas
3) Colombia: La solidaridad de las mujeres latinoamericanas denuncia lo que está pasando en Colombia
4) Ecuador: La pandemia limita el acceso a servicios de salud sexual a migrantes |
5) México: Sentencian a exalcalde Hugo Schultz por homicidio de la periodista Miroslava Breach
6) México: Mujeres binizá de San Blas Atempa exigen que se respete su territorio
7) Uruguay: La Federación Uruguaya de Hockey sobre Césped creó un protocolo de actuación ante situaciones de violencia, acoso y discriminación
8) Uruguay: El director de la Secretaría de la Diversidad de la IM adelantó las prioridades en materia LGBTI para este quinquenio
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COMCOSUR MUJER /Fundado por Yessie Macchi / AÑO 27 / No. 690 – Lunes 21 de junio de 2021 / Producción: Beatriz Alonso, Belén Itza y Cecilia Duffau /Apoyo técnico: Carlos Dárdano
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1) AMÉRICA LATINA: LA PANDEMIA DEJÓ SIN TRABAJO A 50% DE TRABAJADORAS DEL HOGAR
Desde la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se insta a adoptar medidas para conseguir la formalización de este sector, con la ampliación de las medidas de seguridad y salud en el trabajo.
La pandemia afecta aún a gran parte de las regiones del mundo y los trabajadores sufren despidos por la crisis económica en esta emergencia sanitaria. De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en América Latina el Covid-19 generó que el 50% de las personas trabajadoras del hogar pierdan su empleo.
Son 14.8 millones de trabajadores domésticos, de las cuales el 90% son mujeres, que sufrieron los embates de esta pandemia que persiste con una segunda y tercera ola en la región latinoamericana.
“La crisis sanitaria ha puesto de relieve la necesidad acuciante de formalizar el trabajo doméstico a fin de que quienes se dedican a ello accedan al trabajo decente”, señaló Guy Ryder, director general de la OIT.
El reciente documento de este organismo internacional establece que el mundo hay más de 75.6 millones de trabajadores domésticos. 61.4 millones de estas personas (81%), se “desenvuelven en la informalidad, quedan en la vulnerabilidad y se enfrentan a algunas de las peores condiciones de trabajo”, porque carecen de beneficios y protecciones sociales y laborales.
Muchos sectores de trabajadores han quedado afectados por esta crisis económica a raíz de la pandemia, sin embargo, la OIT señala que la pérdida de empleos de las trabajadoras domésticas es “sistemáticamente mayor” en comparación a otros empleados.
“En países de las Américas alcanzó tasas de entre 25 y 50%, mientras en otros asalariados fue inferior a 15%. De ese total de trabajadoras domésticas que se quedaron sin trabajo en América Latina solo el 9,8% “estaban cubiertas legalmente por todas las ramas de la seguridad social”, detalla el informe.
Frente a esto, el director de la OIT para América Latina y el Caribe, Vinícius Pinheiro, señaló que “al enfermar y no contar con cobertura de protección social, a muchas(de estas trabajadoras) le fue denegado el derecho de acceder a las prestaciones de seguridad social y a los cuidados justamente cuando estos eran más necesarios”.
Por ello, desde este organismo se insta a adoptar medidas para conseguir la formalización de este sector, con la ampliación de las medidas de seguridad y salud en el trabajo.
ANF / COMCOSUR MUJER Nº 690 – 21/06/2021
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2) BOLIVIA: LOS ASESINATOS DE MUJERES Y NIÑOS ENCIENDEN LAS ALARMAS
Los asesinatos de mujeres y niños han vuelto a encender las alarmas en Bolivia, ya que en lo que va de año se han contabilizado 54 feminicidios y 14 infanticidios, en un momento en el que las autoridades están enfocadas en la Justicia y las organizaciones piden incidir en la educación y prevención ante la crueldad advertida en estos casos.
El Ministerio Público ha registrado desde enero hasta el pasado lunes 52 feminicidios, pero el recuento propio de otras organizaciones defensoras de las mujeres habla de 54, mientras que ha habido 14 infanticidios.
El Observatorio para la Exigibilidad de los Derechos de las Mujeres refleja, además, que 26 de las víctimas de la violencia machista tenían entre 19 y 30 años.
Los datos de este mismo informe también dan cuenta de 62 menores de entre 2 y 17 años y otros 21 jóvenes dependientes de sus madres que quedaron huérfanos como consecuencia de los feminicidios registrados en lo que va de año.
Uno de los últimos casos de violencia
Uno de los casos que más ha impactado en estos días fue la brutalidad con la que Ronald Choque, un hombre de 33 años, agredió a su pareja, una muchacha de 22 que tenía ocho meses de gestación, y la hija de un año de ambos, en una comunidad rural del municipio de Tiquina, a orillas del lago Titicaca compartido por Bolivia y Perú.
El hombre ha sido sentenciado la semana pasada a 30 años de cárcel sin derecho a indulto, la pena máxima en la legislación boliviana, por los delitos de “infanticidio, feminicidio en grado de tentativa, aborto forzado y violencia familiar“.
Las alarmas se encienden por los asesinatos
La crueldad con la que actuó Choque contra su pareja e hija ha dejado “sin palabras” a activistas como Eulogia Tapia, del Observatorio para la Exigibilidad de los Derechos de las Mujeres, quien ha lamenta en declaraciones a Efe que “el tema de la violencia ha ido subiendo cada vez más” en el país.
“Tenemos contabilizados 54 feminicidios, cada vez más crueles”, señala Tapia, quien no halla explicación a situaciones preocupantes como la presentada en Tiquina.
“¿Qué está ocurriendo con la humanidad, por qué hay tanta violencia y por qué no puede contenerse esta violencia?”, cuestiona.
Además de las muertes violentas, desde enero hasta la primera quincena de mayo la Fiscalía ha atendido 16.930 denuncias de distintos tipos de violencia contra mujeres y menores, de las que 13.866 fueron casos de “violencia familiar o doméstica”.
Una mujer, asesinada cada tres días en Bolivia
Bolivia ha registrado 113 feminicidios en 2020, confirmando el lamentable promedio de 110 casos anuales en los últimos siete años, además de la alerta lanzada por organizaciones feministas de que cada tres días una mujer es asesinada por el hecho de serlo.
El país tiene en vigor desde 2013 una ley que castiga el feminicidio con treinta años de prisión sin derecho a indulto, aunque las activistas aseguran que no se cumple plenamente por falta de presupuestos y personal adecuado, por lo que el Gobierno busca reformarla.
Una tarea en la que ha estado centrado en los últimos días el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, mientras que una comisión parlamentaria intenta destrabar los centenares de procesos por feminicidios que no avanzan en la Justicia.
Educación y prevención
La acción desde el ámbito judicial como la reforma a la ley o la aprobación de nuevas normas deben estar acompañadas de otras medidas para ser más efectivas.
En declaraciones a Efe, la abogada Janeth Rodríguez, asesora legal de la Fundación Munasim Kullakita (Quiérete hermanita, en aimara), ha considerado que uno de los orígenes de la violencia es “la poca formación” que “repercute en conductas machistas”.
“Hasta mayo teníamos una cantidad enorme de feminicidos e infanticidios que han ido aumentado debido a que los cambios no tienen que darse solamente a través de campañas momentáneas”, ha advertido.
Por ello, una de las propuestas de la fundación es “que se cambie la currícula” escolar o se agregue en alguna de las materias “temas específicos como la trata de personas, la violencia contra las mujeres o el acoso escolar” para que la gente se eduque desde primaria y el cambio sea generacional, ha explicado Rodríguez.
Para Tapia, es importante trabajar el tema preventivo en los colegios, comunidades urbanas y rurales y espacios laborales, entre otros, una responsabilidad de todos.
Efeminista / COMCOSUR MUJER Nº 690 – 21/06/2021
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3) COLOMBIA: LA SOLIDARIDAD DE LAS MUJERES LATINOAMERICANAS DENUNCIA LO QUE ESTÁ PASANDO EN COLOMBIA
La Misión Internacional de Solidaridad y Observación de Derechos Humanos, que estuvo en las cinco ciudades más afectadas por la represión estatal durante el Paro Nacional, ha estado integrada por reconocidas lideresas que le han plantado cara a la dictadura en Argentina. La solidaridad entre mujeres y pueblos de la región ha sido clave en su labor humanitaria.
Bastaron cuatro días en Cali para que la líder social argentina Marianela Navarro reafirmara lo que sus años de experiencia militante le han enseñado: “La resistencia en Colombia la hacen la juventud y las mujeres”, sentenció durante la Misión de Solidaridad Internacional y Observación de Derechos Humanos, compuesta por varias organizaciones sociales que llegó el 25 de mayo motivada por la crisis social que estamos viviendo en el país.
Tras un recorrido nacional que paró en Cali, Bogotá, Medellín, Pereira y Popayán, el balance preliminar que hicieron público ayer tres de junio no fue positivo. Entre otras cosas, la Misión afirmó con seguridad que «Los derechos humanos están siendo violados en Colombia, y la comunidad internacional asume que no hay una condena contundente por parte de la institucionalidad».
El documento de diecinueve páginas, que incluye los principales hallazgos de las visitas a terreno arroja una conclusión alarmante: “El Estado colombiano debe ser investigado porque en el marco del Paro Nacional, y a través de sus fuerzas de seguridad regulares e irregulares, habría desaparecido, asesinado, torturado, abusado, perseguido, amenazado e intimidado a vastos sectores del pueblo colombiano”.
Además de esto, incluyeron cifras que soportan esta conclusión, dentro de las cuales se incluyen heridas, desaparecidas y asesinatos en todas las ciudades que visitaron. La labor de mujeres como Marianela fue clave para la Misión, así como las labores de muchas defensoras regionales que le han plantado durante toda la vida la cara a los regímenes en sus países.
Hablamos con varias: algunas dentro de la Misión, otras que han sido parte en otras misiones, y otras que la apoyan desde la distancia, para entender un poco la lectura regional que hacen estas voces líderes frente a lo que está pasando durante este Paro Nacional eterno en materia de violación a los Derechos Humanos.
Los inicios de Marianela fueron de la mano del movimiento piquetero, que debe su nombre a los «piquetes» o bloqueos, que realizaban para protestar en la crisis Argentina de los 90. Desde allí se convirtió en una lideresa social y docente reconocida, que hace parte del Frente Organizaciones en Lucha.
Como integrante de la Misión que visitó el país, Marianela estuvo ubicada en el Valle del Cauca, donde escuchó de primera mano los relatos de varias víctimas de abusos de la fuerza policial e incluso de ataques por parte de civiles. «La particularidad de Cali», hace la distinción la lideresa, «Es por un lado la actuación paramilitar y el fenómeno que se está desarrollando de limpieza social, particularmente en contra de las comunidades afrodescendientes, la discriminación laboral, el racismo».
El informe de la Misión es consciente de esto último. Así, una de sus denuncias, por ejemplo, es que en Puerto Tejada, en el Cauca, la mitad de las víctimas de la represión son negras. Otro ejemplo que refuerza el racismo estructural que estamos viviendo y que señala Marianela fue el ataque que vivió la Guardia Indígena en Cali el pasado nueve de mayo, donde nueve mingueras fueron heridas, incluida la lideresa indígena Daniela Soto Pinto.
¿Dónde están las desaparecidas y desaparecidos?
La Misión estuvo integrada también por Sergio Maldonado, hermano de Santiago Maldonado, un activista por los derechos del pueblo mapuche que duró 77 días desaparecido y luego apareció muerto en el río Chubut, en la Patagonia Argentina.
La desaparición de personas es una realidad que ha tenido que vivir el continente en cuotas repartidas por países durante diferentes momentos de su historia. Según denuncia La Silla Vacía, actualmente la Fiscalía está buscando menos de la mitad de personas desaparecidas en el marco del Paro Nacional reportadas por diferentes organizaciones.
Los reportes hablan de 300 desaparecidas/os aproximadamente. La Fiscalía está buscando apenas a 111, y alega que no tiene suficiente información para buscar los casos restantes.
Cuando el epicentro de las desapariciones en la región estuvo sobre Argentina, durante la época de Videla, un puñado de mujeres madres le plantaron la cara a la dictadura de aquel entonces, y crearon lo que ahora es la asociación de Madres de la Plaza de Mayo. Una de sus líderes, Norita Cortiñas, a sus noventa años aún exige justicia y lucha por la memoria de su hijo desaparecido.
A pesar de no estar presente en la Misión que visitó Colombia por riesgos a su salud, Norita, desde su casa en Buenos Aires, lleva en su mente a nuestro país: “Envío un gran abrazo al pueblo colombiano en nombre de mi hijo Carlos Gustavo que está desaparecido hace 44 años, yo les digo que los desaparecidos están presentes, yo les digo a todos ¡Hasta la Victoria siempre, venceremos, venceremos!”.
Norita menciona varias veces a las Madres de Soacha, con quienes se reunió hace unos años. “Desde Argentina seguimos paso a paso lo que está pasando en Colombia, repudiamos la violencia, especialmente contra los niños y las mujeres. Es hora de que el pueblo colombiano pueda vivir en paz”.
Solidaridad, la fuerza del pueblo contra el patriarcado
A pesar de compartir diferentes patrones dentro de un mismo marco de violencia estatal, las organizaciones de mujeres en América Latina también compartimos una profunda convicción por la justicia y la hermandad.
La solidaridad entre los pueblos y las mujeres ha sido, es y será una fuerza potente y transformadora cuando se trata de la lucha por una vida digna, como lo señala Marianela: “Es importante que nos hermanemos para resistir, así nos lo ha enseñado la historia del movimiento de resistencia del continente, pero también nos los ha enseñado el movimiento feminista».
Las mujeres, las juventudes y la población indígena son protagonistas de la resistencia ante el autoritarismo, las dictaduras y la violencia paramilitar. Así ha quedado claro ante los ojos del país y la región, en este Paro Nacional que el fin de semana completa 40 días.
La hermandad entre los pueblos oprimidos y saqueados históricamente ha demostrado ser una herramienta eficaz para quebrar un gran pacto patriarcal continental, pues sería imposible comprender la historia de la resistencia en América Latina, sin tener en cuenta el papel de las mujeres, las poblaciones racializadas, las juventudes y su articulación.
Manifiesta.org/ COMCOSUR MUJER Nº 690 – 21/06/2021
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4) ECUADOR: LA PANDEMIA LIMITA EL ACCESO A SERVICIOS DE SALUD SEXUAL A MIGRANTES |
El acceso de las mujeres migrantes y refugiadas a los servicios de salud sexual y reproductiva en Ecuador se ha visto limitado durante la pandemia de la COVID-19, lo que ha provocado embarazos no deseados y abortos clandestinos.
Así lo señala el informe “Acceso de mujeres migrantes, refugiadas y personas en situación de vulnerabilidad a los servicios de Salud Sexual y Reproductiva en Ecuador durante la pandemia por COVID-19″, que ha presentado el Fondo de población para las Naciones Unidas (Unfpa) y la Agencia de la ONU para los refugiados (Acnur), en conjunto con el Centro ecuatoriano para la promoción y acción de la mujer (Cepam) y la Federación internacional de planificación de la paternidad (IPPFRHO).
Marcia Álvarez, de Unfpa, ha indicado que esta investigación “recupera las voces de las mujeres migrantes y refugiadas”, pues son ellas mismas las que cuentan “cómo viven esta realidad”. “Y a nosotros nos permite acercarnos a estas experiencias y también hacer recomendaciones para mejorar la situación que están viviendo”, ha agregado.
Por su parte, Giovanni Bassu, representante de Acnur en Ecuador, ha recalcado que las personas en mayor situación de vulnerabilidad (como las migrantes y refugiadas) han jugado un papel determinante en los trabajos esenciales que han permitido mantener la mínima funcionalidad económica y social, pero a pesar de esto, “el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos no ha sido garantizado”.
“Esto se evidencia en los embarazos no planeados por falta de acceso a anticonceptivos, en la brecha de acceso a cuidados obstétricos esenciales y al acceso limitado a pruebas de diagnóstico, control y tratamiento de infecciones por transmisión sexual”, ha explicado.
La salud sexual para las migrantes en Ecuador
Susana Medina, de la Federación de planificación de la paternidad, ha mencionado que durante la investigación han podido determinar que ninguna de las mujeres encuestadas quería quedar embarazada. “Y todas dijeron que sus embarazos fueron por falta de acceso a anticonceptivos y barreras de género que les impedían ejercer su autonomía reproductiva”.
Según datos que proporcionaron en la presentación, los servicios de salud sexual y reproductiva en todo el país disminuyeron en un 26 % para planificación familiar y un 19 % para el primer control prenatal durante el 2020.
“Las mujeres migrantes aseguran que todos los factores vinculados a la salud sexual y reproductiva son de muy alto costo, están muy lejos de su acceso“, ha afirmado. Además, para los centros de salud las atenciones que no COVID-19 no eran prioritarias.
Entre las preocupaciones que ha dejado el estudio está el acceso a los cuidados obstétricos esenciales. Las mujeres de este estudio no tuvieron control prenatal regular y algunas de ellas solo acudieron a los servicios de salud por emergencia o por dolores. Muchas manifestaron que eran “insostenibles” los costos por su alimentación, los medicamentos y las vitaminas para el control prenatal.
Estas limitantes provocaron complicaciones en los partos, muertes de los neonatos y muertes maternas. Estas últimas registraron un aumento de 88 casos con respecto al 2019.
La representante de la Federación ha destacado que para muchas migrantes la interrupción del embarazo era “algo común” y muchas lo hicieron por medio de medicamentos, en soledad y en secreto.
La violencia, presente en todos los testimonios
La violencia es uno de los temas transversales del estudio, pues según Medina, está en “todos los testimonios y en todos los contextos”. “Está naturalizada, es un hecho cotidiano en la vida de todas las mujeres”. Además, las mujeres desconocen cómo identificar la violencia y tampoco saben cuáles son las rutas de atención. La violencia sexual es la que más han sufrido.
Lita Martínez, directora ejecutiva de Cepam, ha afirmado que si antes de la pandemia las mujeres sentían temor de denunciar, durante esta el miedo aumentó “significativamente”.
“Las mujeres entrevistadas no dimensionan que vivir una vida libre de violencia es un derecho”.
Muchas de las entrevistadas han asegurado que no denunciaron porque no querían tener problemas migratorios. “Las que lo hicieron se enfrentaron con barreras legales, estigmatización y a otros estereotipos de género que ya existían antes de la pandemia”, ha mencionado Martínez.
Las mujeres también han sido víctimas de chantajes sexuales pues se vieron obligadas a tener relaciones sexuales para evitar los desalojos. “Se hizo más evidente una pandemia estructural como lo es la de la violencia de género”, ha agregado.
Las redes de apoyo y las organizaciones sociales han sido clave en la supervivencia de las mujeres migrantes. Además, se convirtieron en su canal de información y de ayuda principal.
Cristina Bazán / Efeminista / COMCOSUR MUJER Nº 690 – 21/06/2021
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5) MÉXICO: SENTENCIAN A EXALCALDE HUGO SCHULTZ POR HOMICIDIO DE LA PERIODISTA MIROSLAVA BREACH
A más de cuatro años del asesinato de la periodista Miroslava Breach Velducea, Hugo Amed Schultz, el exalcalde del municipio de Chínipas, Chihuahua, fue sentenciado como partícipe auxiliador del crimen, por lo que deberá pagar con ocho años de prisión y la reparación integral del daño, que consiste en compensación económica y una disculpa pública.
El exedil del municipio de Chínipas, de donde era originaria la periodista, aceptó los hechos de la acusación y su responsabilidad penal, así como la condena solicitada por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE) durante la audiencia del pasado 15 de junio.
Se trató de un procedimiento abreviado en el que existe el beneficio de reducción de los años de prisión que la ley establece para el delito en cuestión. Esto a cambio de que Amed Schultz aceptara su responsabilidad y participación en los hechos, garantizara la reparación integral a las víctimas y renunciara a su derecho a un juicio oral.
El ahora condenado por el crimen renunció en audiencia a su derecho de presentar recurso de apelación en contra de la sentencia dictada. Tanto la Fiscalía como la Asesoría Jurídica renunciaron al derecho de recurrir la sentencia judicial, por lo que el procedimiento pasó a la etapa de la ejecución, cuyo primer paso fue el reconocimiento y disculpa a viva voz por parte de Hugo Schultz de sus actos criminales.
“Lamento mucho que cualquier acción de mi parte haya contribuido a su lamentable homicidio. Reconozco que mi aportación afectó los derechos de Miroslava y lamento las consecuencias que generaron”, mencionó el exfuncionario en su disculpa pública a las víctimas indirectas del crimen.
Breach Velducea fue asesinada el 23 de marzo de 2017 en la ciudad de Chihuahua después de la publicación de notas periodísticas en las que expuso las redes de narco-política y corrupción que operan en varios municipios de la entidad, así como las violaciones a derechos humanos de las que son víctimas cientos de personas en la Sierra Tarahumara. Miroslava es una de las y los 138 periodistas asesinados en México desde el año 2000, según datos de la organización Artículo 19.
“A más de cuatro años de su asesinato logramos una segunda sentencia condenatoria contra otro de los responsables involucrados en su homicidio”, indicó la organización Propuesta Cívica en un comunicado. Señaló que la sentencia representa un avance importante, pero recordó que sigue pendiente la ejecución de las órdenes de aprehensión contra los autores intelectuales.
Propuesta Cívica / Desinformemonos / COMCOSUR MUJER Nº 690 – 21/06/2021
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6) MÉXICO: MUJERES BINIZÁ DE SAN BLAS ATEMPA EXIGEN QUE SE RESPETE SU TERRITORIO
Las mujeres binizá de Puente Madera, comunidad que pertenece al municipio oaxaqueño de San Blas Atempa, se consideran parte de la lucha por su territorio; así lo demuestran en sus manifestaciones por la defensa de su espacio natural, y también al recuperar su gastronomía tradicional.
Reunidas en un espacio improvisado donde se elabora la comida que se compartirá con quienes acuden al encuentro por la vida “El Istmo es nuestro”, ellas aseguran que no permitirán que destruyan su espacio dador de vida, que es el Pitayal, una reserva natural comunitaria donde acuden al corte de leña que usan para cocinar sus alimentos.
Hablan el zapoteco y portan con orgullo su atuendo tradicional, comparten su tiempo y además privilegian el tequio. Hay quien trajo las verduras, la carne, los totopos y el agua.
Las mujeres zapotecas acompañan la lucha, bloquean la carretera y exigen que se respete su tierra y territorio.
María Magdalena Cortés Meléndez, expresa que están en contra de los parques industriales porque no respetan la reserva comunitaria “El Pitayal”, de donde obtienen recursos de vida; las mujeres para cocer sus totopos y los hombres para pastorear sus animales.
“Nosotras no queremos que se afecte nuestro monte El Pitayal, es un espacio dador de vida, de ahí extraemos nuestras leñas y también ricas pitayas, las autoridades dicen que son tierras salitrosas, pero son nuestras tierras, por eso hacemos un llamado para que se abstengan de apropiarse”, dice Cortés Meléndez.
Cortés considera que no es que se opongan al proyecto, su inconformidad está en que toca áreas naturales, que, aunque no son reconocidas por las autoridades, sí tienen el respeto de los hombres y mujeres del campo.
Una de las exigencias de los campesinos es que se les pague lo justo por sus tierras y no sean pagos mínimos, ni bajo engaños.
“Pedimos que se esclarezcan muchas irregularidades, lo único que deseamos es que nos dejen libre nuestro monte, mucha gente solo ve en el progreso con un parque industrial, pero no, hay progresos desde la vida natural», explica Cortés Meléndez.
Isabel Guzmán Talín, también mujer binizá, dice que “están en pie de lucha”, y exigen que se respete a la tierra.
El Programa del Desarrollo del Istmo de Tehuantepec contempla, además de la rehabilitación de las vías férreas y la remodelación del puerto de Salina Cruz, la construcción de seis polos de desarrollo ó parques industriales, los cuales se instalarán en Salina Cruz, San Blas Atempa, Santa María Mixtequilla, Asunción Ixtaltepec, Ciudad Ixtepec y Rincón Vaquero.
Desinformémonos / COMCOSUR MUJER Nº 690 – 21/06/2021
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7) URUGUAY: LA FEDERACIÓN URUGUAYA DE HOCKEY SOBRE CÉSPED CREÓ UN PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE SITUACIONES DE VIOLENCIA, ACOSO Y DISCRIMINACIÓN
En marzo de este año, una jugadora denunció ante la Federación Uruguaya de Hockey sobre Césped (FUHC) haber sufrido abuso sexual por parte de un entrenador. A partir de esta denuncia, un grupo de compañeras crearon Espacio Seguro Hockey (ESH), una red de apoyo y guía desde la cual potenciaron la denuncia e hicieron público que no se trataba del único caso de acoso y violencia en la disciplina.
En ese entonces estas deportistas reclamaron que los clubes y la FUHC asumieran la responsabilidad de protegerlas, por lo que consideraron indispensable la creación de protocolos de prevención y actuación para que el hockey uruguayo sea un deporte seguro. Pidieron directamente a las autoridades que se encargaran de crearlo.
Nunca más solas
Los primeros días de junio fue presentado el Protocolo de actuación ante situaciones de violencia, acoso y discriminación. La FUHC entiende que las consecuencias que generan en el deporte conductas como el abuso, el acoso, la violencia y la discriminación “resultan graves y vulneratorias no sólo para quienes son víctimas de estas conductas sino también para la comunidad deportiva en conjunto, ya que en sí mismas ellas constituyen un atentado a los valores y fines esenciales perseguidos por la actividad deportiva”.
Los principales conceptos que se detallan en el registro son la violencia en el lugar de trabajo, la violencia contra la mujer, el acoso o abuso moral, físico o sexual y la discriminación en general. Estas nuevas pautas amparan a toda persona que preste servicios en el marco de la FUHC, “especialmente a atletas sin restricción de edad, género o habilidades y su entorno. Entrenadores, preparadores físicos, ayudantes técnicos. Médicos, paramédicos, kinesiólogos, fisioterapeutas, psicólogos, etcétera. Personal administrativo y cualquier otro dependiente, oficiales, árbitros, voluntarios. Directivos, delegados, y cualquier otro miembro integrante de cualquier comisión de trabajo”.
En el archivo se indica cómo proceder a denunciar en caso de vivenciar o tener conocimiento de una situación de violencia. Cualquiera puede presentar la acusación. La denuncia puede realizarse por escrito, correo electrónico o de forma verbal, siempre ante la FUHC. A su vez, plantean que independientemente de este protocolo, cada organización deportiva tendrá el deber de elaborar, difundir, promover e implementar una política institucional contra la violencia, el acoso, el abuso y la discriminación.
Deporte libre de violencia
El apartado no sólo contiene indicaciones para el caso de denuncias, sino que plasma intenciones de trabajar en la prevención. “La Federación, sus afiliadas, así como los entrenadores, todo adulto referente y familiares, tienen un rol importante en la prevención y la promoción de buenas prácticas del deporte”. Propone “educar a los deportistas con las maneras sanas de relacionarse con el resto de sus compañeros y docentes”. A su vez, está previsto “informar en un lenguaje sencillo y con ejemplos precisos, sobre lo que “está bien” y lo que “no está bien”, así como dar orientaciones concretas de actuación”.
Plantean como consecuencia la necesidad de generar buenas prácticas, desde elaborar recomendaciones para los distintos actores de la disciplina hasta educar a los deportistas sobre las formas sanas de relacionamiento y dar charlas a la familia y al entorno de los deportistas, entre otras formas de prevención.
Desde ESH dijeron a Garra que es un gran avance que la federación se haya encargado de armar este protocolo, teniendo en cuenta el trabajo que implica sentarse a pensarlo. “Nosotras les habíamos mandado unos ejemplos de protocolos de otros países y el de la Secretaría Nacional del Deporte. A pesar de que la iniciativa no fue de ellos, hubo una respuesta muy buena a las denuncias y al apostar a que esto no pase, a la prevención y a una acción un poco más organizada”, dijeron.
Desde la creación de ESH han recibido mensajes con la misma incertidumbre sobre cómo actuar cuando se daban este tipo de situaciones. “El protocolo ayuda, respalda y sirve para guiar a las jugadoras. Saber que hay un camino ya establecido, que no hay que pensar a dónde acudir ni a quién decirle ni a quién no, evitando todo tipo de funcionamiento por ensayo y error, es algo muy bueno. Hay una forma, hay un camino, y eso a una la hace sentir más segura y más respaldada”, sostuvieron.
De todas formas piensan que el protocolo solamente es un comienzo, que es algo que se tiene que revisar en el momento que se necesite ponerlo en funcionamiento. “Nuestra expectativa está puesta ahí, en ver cómo funciona, y sin quitarle mérito ni importancia al hecho de que se haya armado un protocolo en estos tiempos turbulentos en que la federación está muy movilizada por todas las denuncias que ha recibido y todo lo que se destapó en cuanto a los abusos en nuestro deporte y la repercusión que tuvo a nivel social”.
Por último, consideran que lo más importante es la prevención, apuestan a trabajar en conjunto para generar instancias de abordaje colectivo a este tipo de violencia en el deporte.
Que haya algo escrito sobre violencia sexual, acoso y abuso ya es un hecho, pero si hay algo establecido sobre qué hacer frente a estas situaciones es porque suceden, entonces “está bueno que se empiece a hablar y a poner sobre la mesa para discutirlas y colaborar a que no se den, porque el que no haya un protocolo también quería decir que era un tema tapado e invisibilizado, el silencio siempre gana en estas circunstancias”, finalizaron.
Desde la FUHC cuentan que el protocolo llevó mucho tiempo de elaboración, “necesitó mucho pienso y dedicación por parte de nuestra organización”. Todos los integrantes de la directiva participaron en la confección. El rol de la presidenta, Danae Andrada, fue fundamental no sólo por ser mujer sino por ser exjugadora y abogada.
Además participaron otras exjugadoras, madres y padres de jugadoras “para poder establecer un protocolo que proteja a todas nuestras jugadoras y jugadores, no sólo en el trato persona a persona sino también en lo que hace al acoso por redes sociales”. Se remarca desde la institución que el protocolo, para cualquier situación de abuso, establece muy claramente el proceso para hacer la denuncia.
El vicepresidente de la FUHC, Juan Espasandín, expresó al respecto: “Creo que hemos llegado a un producto serio, acorde, adaptado a los tiempos que vivimos. En una reunión de los delegados de los clubes lo pasamos para la consideración de todos, y recibimos apoyo de clubes agradeciendo y poniéndose a las órdenes para colaborar, como también es el espíritu del conjunto de jugadoras ESH. Llegamos a algo muy serio, que protegerá de aquí en más a nuestras jugadoras y jugadores”.
Derecho de todas
El deporte es actividad física, recreación y pasatiempo, es salud y bienestar. Necesario para todas y todos, es fundamental poder practicarlo en un espacio seguro. La violencia se da en cualquier ámbito de la sociedad; al ser la violencia de género la forma de abuso más común hacia mujeres y niñas, el deporte no está exento de las aberraciones que sufren a diario.
En Uruguay prácticamente no hay datos sobre la violencia de género en el deporte, mucho menos diagnósticos. En este contexto en que las mujeres hemos sido históricamente invisibilizadas, los abusos son comunes pero silenciados.
Los agentes responsables no tienen capacitación pedagógica para el abordaje en esta temática. A esto se le suma que en la mayoría de los deportes los que ocupan los roles de mayor poder sobre los deportistas, como los entrenadores y preparadores físicos, son varones, de quienes provienen los abusos en la mayoría de los casos que se dan hacia mujeres en el ámbito deportivo.
A su vez, hace falta legislación sobre este tipo de violencia en este espacio.
Como respaldo, hasta ahora solamente existía la Guía para la protección del deportista, de la Secretaría Nacional del Deporte. El protocolo creado por FUHC es un gran avance si se logra llevar a la práctica lo que se construyó en la teoría sobre todo lo que tiene que ver con prevención. Es algo en lo que no se trabaja más que en algún caso en particular en el que se organizan charlas o talleres al respecto. Es de urgencia la creación de protocolos desde cada disciplina y federación, y las disposiciones necesarias para no tener que llegar a utilizarlos.
La Diaria / COMCOSUR MUJER Nº 690 – 21/06/2021
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8) URUGUAY: EL DIRECTOR DE LA SECRETARÍA DE LA DIVERSIDAD DE LA IM ADELANTÓ LAS PRIORIDADES EN MATERIA LGBTI PARA ESTE QUINQUENIO
En el Mes del Orgullo, Sergio Miranda aseguró que su gestión pondrá foco en la población trans, mujeres lesbianas y personas no binarias, entre otras cuestiones.
“Soy un enamorado de Montevideo de toda la vida”, dice Sergio Miranda, y recuerda que cuando tenía 14 años salía a fotografiar la ciudad porque lo tenía “encantado”. Cuatro décadas después, asegura que la habita con ese mismo espíritu. Lo hace ya no como espectador, sino como un actor con capacidad de incidencia: desde noviembre, forma parte del equipo de autoridades de la Intendencia de Montevideo (IM) como director de la Secretaría de la Diversidad.
La designación como responsable de las políticas públicas LGBTI de la capital no es fortuita. El vínculo de Miranda con la temática surgió en la infancia y la adolescencia, cuando pudo identificarse como varón gay, y lo fue construyendo durante el resto de su trayectoria social, cultural, profesional y laboral. “Siempre era el que ponía el tema de la diversidad arriba de la mesa”, asegura. En el ámbito estudiantil, en el gremial, en donde estuviera. Durante 15 años, fue referente en el sector privado como vicepresidente de la Cámara de Comercio y Negocios LGBT del Uruguay, desde donde gestionó distintos programas para la inclusión laboral de las disidencias sexogenéricas, y coordinó la Mesa de Turismo LGBT+ de la Asociación Turística de Montevideo.
Ahora, al frente de la Secretaría de la Diversidad de la IM, busca ampliar ese abanico para que las personas LGBTI no sólo tengan más y mejores oportunidades de trabajo, sino que, además, puedan acceder a la salud, la educación y a una vida libre de discriminación y violencia.
En el marco del Día Internacional del Orgullo LGBTI (que se celebra el 28 de junio y que en los últimos años se extendió a todo el mes), Miranda habló con la diaria acerca de las actividades para la fecha y adelantó cuáles serán las principales líneas de trabajo de su gestión.
Estamos en junio, Mes del Orgullo LGBTI. ¿Cómo lo celebra la Secretaría de la Diversidad?
La línea de junio de 2021 de la secretaría es en torno al activisimo LGBTI hoy en día. ¿Qué vigencia tiene? ¿Dónde está? ¿Hacia dónde va? ¿Qué busca? Tenemos un marco legislativo, tenemos matrimonio igualitario, tenemos ley integral trans; ¿alcanza? ¿Es suficiente? ¿Sirvió para algo? Sobre todo, hacia dónde va. En ese “dónde estamos” y en ese “hacia dónde va”, la propuesta es abrir un espacio a la identidad no binaria. En ese LGBTIQ+, ¿qué es ese más? Bueno, es, por ejemplo, las identidades no binarias. Estamos empezando a tener contacto con colectivos no binarios que tienen reivindicaciones específicas como lo de los pronombres, que no son ni “él” ni “ella”, o la identidad en lo público, es decir, en los formularios y demás. Es muy notoria esta cuestión en la población joven y muy joven, y eso ya tiene repercusiones en los centros educativos, entre otras cosas, entonces hay mucho para trabajar. Acerca del formato de las actividades de este Mes del Orgullo, lamentablemente no podemos hacerlas presenciales aún, así que estamos pensando en un streaming, como hicimos con el conversatorio de despatologización trans, con la línea del activismo LGBTI hoy: dónde estamos y hacia dónde vamos. Nos interesa mucho también la mirada de la diversidad sexual en el deporte, es decir, la homofobia, la lesbofobia, la transfobia, la “diversidadfobia” en el deporte. Hemos tenido testimonios de personas vinculadas con el deporte, incluso a nivel de élite, que viven una sexualidad no heteronormativa y les significa un peso no poder manifestarse. De hecho, los jugadores de élite que han “salido del clóset” en Europa, por ejemplo, en general lo hacen cuando se retiran; cuando están en la cúspide, con la copa de oro en la mano, no lo hacen. Así que diversidad y deporte sería otro tema para empezar a hablar.
“Hay un incremento notorio de niñas, niños y jóvenes manifestando su identidad trans y eso tiene múltiples repercusiones en la familia, el hogar, los centros educativos, la salud, y hay mucho para trabajar ahí”.
¿Cuáles son las principales líneas de trabajo de esta nueva gestión de la Secretaría de la Diversidad?
Llegamos con un trabajo previo realizado, es decir, no partimos de una hoja en blanco, entonces tomamos las líneas que nos parece que deberían continuar y profundizarse. En primer lugar, seguiremos profundizando el trabajo de la Red Montevideo Arcoíris, una red de instituciones públicas no necesariamente municipales que tienen en común una actitud de respeto y de celebración de la diversidad, que incluye desde actividades específicas a una mirada de la gestión con perspectiva de diversidad. Esto tiene una pata internacional que es una red de ciudades arcoíris, en las que así como está Montevideo, están Ciudad de México, Buenos Aires, Medellín, entre otras. Somos ciudades que tenemos políticas públicas u oficinas de diversidad, entonces nos juntamos para ver nuestras realidades y prácticas. Después la idea es seguir priorizando a la población trans, porque además llegamos con el Plan ABC en un contexto de pandemia, en el que las poblaciones vulneradas son más vulneradas y en particular la población trans, especialmente las trabajadoras sexuales trans en la calle que de un momento al otro se quedaron sin trabajo, muchas de ellas teniendo personas a su cargo. Dentro de la población trans, pensar que en general hemos tratado este tema desde una perspectiva adulta y no se ha hablado tanto sobre niñeces y adolescencias trans. La realidad es que hay un incremento notorio de niñas, niños y jóvenes manifestando su identidad trans, y eso tiene múltiples repercusiones en la familia, el hogar, los centros educativos, la salud, y hay mucho para trabajar ahí. Otro eje de trabajo en la misma línea es la “L”, la primera letra de la sigla LGBTI, que hace referencia a las mujeres lesbianas, de las que se habla poco, por no decir nada. La idea es estudiar su realidad, su acceso a la salud, al mundo de trabajo, sus derechos reproductivos, sus derechos laborales. Primero, vamos a investigar. Hay un acuerdo con la Universidad de la República [Udelar] y con la Asesoría para la Igualdad de Género de la IM en ese sentido. De hecho, una de las primeras cosas que hice cuando asumí fue reunirme con la directora de Género, Solana Quesada, porque las divisiones de Género y de Diversidad tienen que ser hermanas. Otro tema que está totalmente invisibilizado y del que nadie habla es la vejez LGBTI. Es curioso que, en una sociedad envejecida como es la uruguaya, no se hable de la vejez LGBTI, que tiene muchas aristas.
Desde que asumiste al frente de la Secretaría de la Diversidad, has dicho varias veces que una de las principales líneas de trabajo será visibilizar a la población LGBTI ‒y, en particular, a las personas trans‒, “no sólo desde lo testimonial, sino también desde la gestión”. ¿En qué medidas se reflejaría esto?
Todas las gestiones, temas y cuestiones que tienen que ver con la población trans hasta ahora han sido llevadas adelante por personas no trans. Seguí muy de cerca la redacción y la campaña de la Ley Integral para Personas Trans y veía que cada vez que salía algo vinculado a lo trans eran personas no trans hablando del tema. Y, cuando participaban personas trans en un evento, en una mesa académica, en un congreso o en lo que fuera, era siempre desde lo testimonial, como el estudio de caso, pero nunca desde la gestión, desde lo propositivo. Entonces pensé que si la IM va a tener como una de sus líneas principales la atención a población trans, esa gestión en el día a día tiene que ser llevada a cabo por una persona trans. Lo primero que hicimos, entonces, fue incorporar al equipo de la Secretaría de la Diversidad a Delfina Martínez, que es una reconocida activista trans y que, además, tiene toda una trayectoria de activismo afro, lo cual es interesante porque una línea de trabajo de la intendenta [Carolina Cosse] es la interseccionalidad. A esto se suma que, además de su capacidad e inteligencia, Delfina es reconocida por los colectivos sociales. Nos parecía que sumarla al equipo era una señal potente.
Hablabas de “priorizar” a las personas trans. ¿Qué planes están enfocados concretamente en dar apoyo a esta población, sobre todo tras el impacto que ha dejado la pandemia? En materia económica y laboral pero también en salud, pensando en la atención integral a personas trans que brinda la IM en 13 policlínicas barriales, por ejemplo.
Nosotros llegamos en el marco del Plan ABC, que incluía los programas de trabajos transitorios, entonces, desde la secretaría estuvimos muy presentes en todo el proceso para que en el ingreso de esas personas estuvieran garantizados no sólo los cupos para personas trans, que son determinados por ley, sino además la preparación y el seguimiento. Porque es mucho más que decir “vení a trabajar seis meses”, sino que eso implica formación en oficios para que, una vez que ese plazo termina, la persona pueda irse con herramientas. Eso se sigue haciendo ahora y se replica en el programa de jornales solidarios, al que ingresaron 80 personas trans, 2% del total, con lo que duplicamos el cupo de 1% previsto en la ley. Con respecto a la salud, la idea es ampliar a todas las policlínicas la preparación y sensibilización de su personal para la atención a personas trans. Además, dialogando con los colectivos trans y con las trabajadoras sexuales trans sobre cuáles son las emergencias y las necesidades, nos comentaban, por ejemplo, que una cosa es el barrio donde residen y otra cosa es dónde trabajan. Entonces, si bien en cada barrio hay policlínicas, hay que trabajar para facilitar el acceso en términos de horarios, de la gestión del carnet de controles médicos, de la provisión de preservativos.
En marzo se creó una mesa de diálogo intrainstitucional sobre el trabajo sexual trans. ¿Qué objetivos tiene y en qué acciones viene trabajando?
Esta mesa está liderada por la Secretaría de la Diversidad en coparticipación con las divisiones de Asesoría de Participación Municipal, Asesoría para Igualdad de Género y Salud –con sus policlínicas– y los municipios, además de otros departamentos como Convivencia, Desarrollo Urbano, Alumbrado Público, Limpieza, que participan para acciones puntuales. También estamos iniciando gestiones con Movilidad, por cuestiones vinculadas al transporte público. El primer objetivo es poner el tema sobre la mesa, porque hay inquietudes de parte de vecinas y vecinos con esta situación, que preocupaba sobre todo antes de la pandemia, especialmente el eje Bulevar Artigas entre la Plaza Varela, Tres Cruces y Parque Batlle. Ahora se incorpora una nueva realidad que son las trabajadoras sexuales migrantes, que hay cada vez más, los trabajadores sexuales varones, que con esta crisis económica se han multiplicado, y eso genera cuestiones que atender y a las que la ciudad no puede estar ajena. Por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con seguridad, con la generación de residuos, con tener baños públicos, con la atención en las policlínicas con horarios posibles para que puedan ir y hacer todos los trámites en un solo lugar. También la entrega de preservativos, porque se les da una cantidad determinada como a cualquier ciudadana o ciudadano, entonces sería lógico pensar que a una trabajadora sexual se le debería entregar más. En el tema de alumbrado público, más que la lógica natural de iluminar una calle o un parque, pensar en la seguridad de las trabajadoras sexuales e identificar otros puntos que deberían estar iluminados. La mesa sobre trabajo sexual trans está focalizada primero en la detección de problemas y de posibles soluciones, y también en esto del espacio público-privado, porque los vecinos viven ahí y tienen esa realidad en la puerta de su casa, que también hay que atender y escuchar.
El año pasado, casi al final de la administración anterior, se presentó la Guía de referencia para protocolo de transición de género en el trabajo. ¿Cómo se viene implementando? ¿Les consta que ha servido de modelo para otros espacios de trabajo, tanto públicos como privados?
El protocolo de seguimiento de transición de género para personas trans que trabajan en la IM está vigente desde el año pasado. Es único a nivel de América Latina y en el resto del mundo hay en Europa, pero no es para nada habitual. En ese sentido, la IM ha sido precursora, así como lo fue en cuestiones de género, en materia de protocolos de acoso laboral o incluso en políticas sociales que después se implementaron a nivel nacional, como el servicio 0800 4141. En esto pasa lo mismo. La IM tiene alrededor de 9.000 funcionarias y funcionarios municipales –sin contar a becarios, contratados, etcétera– y era necesario plantear qué pasa si una funcionaria o un funcionario transita un cambio en su identidad de género. De hecho, tenemos varios casos, y lo primero es escuchar, siempre en un marco de absoluta reserva y confianza, y generar todos los pasos en el contexto laboral con compañeros, jerarquías, para seguir el proceso que tiene que ver con cuestiones médicas, de infraestructura, baños, vestuarios. La verdad es que es algo incipiente y el resultado es bueno. Sería deseable que toda la administración pública tuviera un protocolo de estas características, porque tenemos mucha población en la gestión pública. No sé si hay alguna institución que lo esté replicando, no creo que haya. En la órbita privada, tengo que ser honesto y decir que desde la Cámara de Comercio LGBT se hizo mucho por esto, como capacitaciones para empresas acerca de buenas prácticas e inclusión LGBTI. Ahí aprendimos mucho de las empresas grandes como IBM, que es pionera en el mundo y líder en esto desde hace 50 años.
“Es curioso que, en una sociedad envejecida como es la uruguaya, no se hable de la vejez LGBTI”.
Hablabas sobre la invisibilización de la “L” que inaugura la sigla LGBTI. ¿Tienen acciones concretas pensadas para poner el foco en las realidades de las mujeres lesbianas?
Lo primero que hay que hacer es recabar información, lo cual implica escuchar a los colectivos y a las mujeres lesbianas: a las jóvenes, a las grandes, a las mujeres lesbianas afro, es decir, siempre desde la mirada interseccional. Además de escuchar, se necesita hacer una investigación sistematizada, seria, profesional, técnica. Eso implica tiempo, recursos, y ya está encaminado en Montevideo –porque es lo que nos compete–. En ese sentido, ya tenemos redactada una propuesta de investigación para hacer con la Udelar y esperamos poder tener para fin de año un primer corte para después profundizar. Me interesa subrayar que esta investigación, a su vez, va a ser llevada adelante por un equipo de técnicas y profesionales que incluirá a mujeres lesbianas.
Al principio mencionabas la intención de trabajar también con las personas no binarias. ¿Cómo piensan ese abordaje?
Hay un incremento de identidades no binarias que viene desde hace tiempo ya, lo que pasa es que cada vez se ven más y se manifiestan más. Pero ¿qué es la identidad no binaria? Porque te dicen “ah, son los bisexuales”. No. “Ah, son las personas trans”. No. Son las personas que tienen identidades no binarias, es decir, que no se identifican ni con ser varones ni con ser mujeres ni capaz con nada en el medio, pero que fluyen entre todas las posibilidades. Está generando un debate bien interesante y hay que trabajar y prepararse porque, entre otras cosas, uno de los planteos que tienen estos colectivos es la identidad formal, como la que aparece en los formularios, que son binarios. Los formularios de la IM fueron modificados porque, hasta hace poco, aparecía la opción “sexo” –término biologicista, genitalizado– y no “género”, y estaba binarizado en varón y mujer, entonces pusimos las variables “varón”, “varón trans”, “mujer”, “mujer trans” y “otras identidades”. Sería deseable que estuviera en los formularios de todo el Estado, pero no es así. Antes de esto, incluso, creo que un primer paso es darles visibilidad a las personas no binarias y espacio para escucharlas. Algo en esa línea estamos pensando en el marco de este Mes del Orgullo.
Los servicios de atención a situaciones de violencia de género de la IM incluyen la atención a la población LGBTI. ¿Se sabe cuántas personas acceden y cuáles son las situaciones más comunes que se denuncian?
Las Comuna Mujer atienden a mujeres trans en situación de violencia, por ejemplo. El tema de la violencia, incluso intracomunidad, es un tema que no está sistematizado y en el que hay mucho para trabajar. Son temas difíciles de tratar porque, entre otras cosas, hacen falta datos, pero están en nuestra agenda. Lo que sí te puedo decir es que a la secretaría llegan todo el tiempo denuncias de violencia hacia la comunidad LGBTI, por ejemplo, de jóvenes que sufrieron discriminación o violencia por parte de sus familiares o vecinos. Lo primero que hacemos es recibir la denuncia, escuchar y tratar de derivar en articulación con otras dependencias de la IM, que pueden ser Convivencia, Infancia, Adolescencia y Juventud, Personas Mayores, Equidad Étnico Racial y Población Migrante, e incluso, en algunos casos, el Programa Calle Drogas. Después, brindamos asesoramiento en cuanto a qué puede hacer esa persona para minimizar los daños. Estamos en ese terreno siempre de la dificultad de lo probatorio, lo mismo que pasa con cualquier otra persona que sufre estas violencias, pero la idea es siempre denunciar, hacerlo saber, y en cuanto a eso me gustaría transmitirle a la población que se comuniquen con la Secretaría de la Diversidad a través del correo secretaria.diversidad@imm.com.uy. Por ahora la atención es virtual, porque estamos en modo teletrabajo, pero no dejen de comunicarse, la idea es escuchar y ver cómo podemos colaborar para revertir la situación.
¿Cómo es el diálogo con el gobierno nacional respecto de las políticas de la diversidad? ¿Hay diálogo fluido con las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social (Mides)?
La verdad que sí. Yo llegué acá y rápidamente recibí una comunicación de parte del nuevo equipo del Mides para generar un diálogo. Hay un convenio entre el Mides y la IM, con nuestra secretaría en particular, que tiene que ver con articular la política municipal con la política nacional, y eso está vigente. La secretaría integra el Consejo Nacional de Diversidad Sexual que preside el Mides, ahí yo participo en representación de la IM y fui designado para representar al Congreso de Intendentes, lo cual es bien interesante, porque se puede articular también lo departamental con lo nacional. Todo el tiempo nos llegan inquietudes y demandas de movimientos sociales del interior, donde en muchos lugares las realidades son más duras que en Montevideo. Por otro lado, estamos llegando todavía, Rosa Méndez acaba de asumir como directora de Promoción Sociocultural, pero la intención y la actitud de ambas partes es la mejor. Lo que une a la Secretaría de la Diversidad con la Dirección Nacional de Promoción Sociocultural del Mides es que trabajamos con poblaciones muy vulneradas, y creo que hay una sensibilidad en las dos instituciones y una voluntad de trabajar en conjunto. Nuestra disposición es la mejor y, no sólo es la mejor, sino que nos parece necesario e indispensable que podamos complementarnos. Trabajamos para la población más vulnerada del país, eso es lo que tiene que prevalecer.
La Diaria / COMCOSUR MUJER Nº 690 – 21/06/2021
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“Siempre he partido de una idea elemental: la de que la verdad no necesita ser justificada por la adecuación a un objetivo superior. La verdad es la verdad y nada más. Debe ser servida, no servir.”
Eugenia Ginzburg / “El vértigo”.
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