1) Argentina: FM Soldati presentó el plan que brindará Internet a 5.000 familias de cinco barrios porteños
2) Argentina: Murió Horacio González, exdirector de la Biblioteca Nacional
3) Uruguay: Allanamiento en el barrio San Miguel /Karina Rojas y Ricardo Curcho
4) Uruguay: Peñarol “no expulsó a nadie todavía” por delitos de lesa humanidad /Álvaro Levin
5) Uruguay: Choque por nueva ley de medios /Víctor Carrato
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“Siempre he partido de una idea elemental: la de que la verdad no necesita ser justificada por la adecuación a un objetivo superior. La verdad es la verdad y nada más. Debe ser servida, no servir.”Eugenia Ginzburg / “El vértigo”.
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COMCOSUR AL DÍA /AÑO 27 /Nº 2299 /miércoles 23.06.2021
1) ARGENTINA: FM SOLDATI PRESENTÓ EL PLAN QUE BRINDARÁ INTERNET A 5.000 FAMILIAS DE CINCO BARRIOS PORTEÑOS
Agencia FARCO /22.06.2021
A través de una reunión en la plataforma Zoom, la emisora que integra el Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO), convocó el jueves por la tarde a instituciones, actores territoriales y vecinxs de Villa Soldati a conocer y ser parte de la red comunitaria que comenzará a desplegarse en los próximos meses.
La Asociación Civil El Hormiguero por la Igualdad, Dignidad y Libertad, donde funciona FM Soldati, presentó a su comunidad el plan de conectividad comunitaria que brindará Internet a unas 5.000 familias de cinco barrios del sur de la Ciudad de Buenos Aires.
Esta iniciativa se dio en el marco del “Programa para el Desarrollo de Infraestructura para Internet Destinado a Villas y Asentamientos Inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) en Proceso de Integración Urbana” del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).
En diciembre el ente nacional le otorgó a la asociación civil la licencia de red comunitaria que permitirá brindar el servicio de Internet de manera no lucrativa a los barrios Fátima, Los Piletones, Carrillo, La Esperanza y Los Pinos.
A través de una reunión en la plataforma Zoom, la emisora que integra el Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO), convocó el jueves por la tarde a instituciones, actores territoriales y vecinxs de Villa Soldati a conocer y ser parte de la red comunitaria que comenzará a desplegarse en los próximos meses. Allí, se realizó una historización del contexto en el que surgió la radio comunitaria, cómo llegaron hasta este punto, se repasaron las líneas generales del proyecto de conectividad y se brindó el espacio a manifestar diversas preguntas relacionadas a la red.
“Cuando inauguramos la radio en el 2016 teníamos un problema enorme que era el acceso a internet en el barrio”, dijo en el acto Ariel Verón, integrante de El Hormiguero y de FM Soldati y uno de los responsables técnicos que estuvo en el origen y desarrollo del proyecto junto a otrxs miembros de la organización.
Con la puesta en marcha de esta idea, el objetivo “es poder acercarle internet de calidad a los vecinos y vecinas del barrio de Soldati”, manifestó Verón, y resaltó que, a pesar de no poder incluir en el proyecto a todos los barrios aledaños, “no por eso no van a estar incluidos en la lógica y en la visión que tenemos de qué es lo que podemos hacer, que es crear una nueva red de internet comunitaria en los barrios populares de Villa Soldati”.
“Una red comunitaria tiene como finalidad el servicio a la comunidad en general”, aclaró. A su vez, aseguró que “el éxito de este proyecto depende fundamentalmente de que las instituciones, vecinos y vecinas se apropien y podamos entender la lógica de una Internet comunitaria no lucrativa para el beneficio común de todos los barrios de Soldati y, más allá de Soldati, todo lo que se pueda extender”.
El proyecto cuenta con una duración de 18 meses pero el deseo es que la red se siga expandiendo más allá de ese tiempo. “La idea es involucrar más vecinos y vecinas a la misma red porque es la idea de una política pública, que siga en el tiempo con la inversión y el financiamiento del Estado”, agregó.
Juan Salvador Delú, integrante de la Mesa Nacional de FARCO, se mostró “orgulloso por estar viviendo este momento” y afirmó que se trata “de un momento histórico”.
“En perspectiva nos vamos a acordar de este momento porque tiene que ver con un capítulo más en la larga historia del acceso a la soberanía; de una vez más, la creatividad de las organizaciones sociales y populares sabiendo de qué manera pueden hacer para que ese viejo concepto, que es la propiedad comunitaria, pueda estar en manos de quien nunca debería haberse ido, que es lo comunitario, la gente, las personas”, expresó.
Además, destacó que con esta planificación de realizar una red comunitaria “están uniendo a cinco barrios, pero son muchas más personas las que se van enterar y son muchas más personas las que de boca en boca van a pasar el mensaje de esta posibilidad”. Y remarcó: “Hay una posibilidad de ingresar a Internet, que es ingresar a un montón de cosas, y hacerlo todos y todas juntas”.
El comunicador, que también integra Radio Futura (La Plata, Buenos Aires), aseguró que “las redes de Internet comunitaria realmente son algo que ponen en juego demasiado. Eso lo tenemos que tener en cuenta y lo tenemos que saber”.
Y concluyó: “La gran imagen sea ojalá sea esta, esos barrios ingresando a hacerse cargo de los megas, apropiándoselos para volver a redistribuirlos”.
La jornada contó con la presencia representantes de diversas organizaciones, comedores, bibliotecas, centros educativos de Soldati.
Entre ellos, Unidos y Organizados, La Cámpora, Junta comunal, Militancia popular, Ayres, FOETRA, Evita, CeSAC Nº24, Biblioteca por caminos de libros, CEC “Ramón Carrillo”, Jardín Nº4, Escuela “José Martí” 19 D.E. 19, Escuela “Guillermo J. Barros” 21 D.E 19, Fátima Jardín Maternal, Comedor Mónica, Barros Pazos y AU Cámpora; Sacachispas FC, Centro Cultural Batalla de Ayacucho, Frutillitas de Amor, Casa Fátima, Capilla Virgen de Luján, Reunión Martes, Merendero Lucho, Hogar de Cristo, El Refugio, Comedor Pastorcito, Comedor Arcoiris , CPI Estrellita, Fundación SEDHA, Centro Cultural LP, Chapa, Merendero LP, Comedor Comunitario PO, Posta del Sur, Comedor Azu, Casa Pueblo, Rosmery Los Pinos, Parroquia Fátima, Eli 26 de junio, Casa Lucero, Proyecto Comunidad, La chispa.
Agencia FARCO /enviado por Henry Flores
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2) ARGENTINA: MURIÓ HORACIO GONZÁLEZ, EXDIRECTOR DE LA BIBLIOTECA NACIONAL
La Diaria /22 de junio de 2021
El intelectual, de 77 años, estaba internado con Covid desde hacía algo más de un mes.
El escritor argentino Horacio González murió este martes, a los 77 años, tras permanecer internado con covid-19 desde hacía poco más de un mes. La noticia fue anunciada a través de Twitter por el periodista Daniel Tognetti, quien dijo estar cumpliendo así con una solicitud de Liliana Herrero, pareja de González.
Horacio González era sociólogo por la Universidad de Buenos Aires desde 1970 y doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de San Pablo. Fue investigador y ensayista, autor de más de 40 libros dedicados a asuntos tan vastos y diversos como el arte, la memoria, la política o los viajes en taxi, dirigió la famosa revista El ojo mocho y fue profesor de Teoría estética, Pensamiento político argentino y Pensamiento social latinoamericano.
Pero su nombre salió de los ámbitos universitarios e intelectuales y pasó a formar parte del más álgido debate público, sobre todo cuando estuvo al frente de la Biblioteca Nacional Argentina, entre 2005 y 2015. Durante su gestión se recuperó el local histórico de la Biblioteca, en la calle México 564, en San Telmo, que pasó a llamarse Anexo Sur Borges-Groussac como homenaje a dos de sus más emblemáticos directores, Jorge Luis Borges y Paul Groussac.
La agencia Télam destaca el carácter de “anfitrión entusiasta y descontracturado” de González, que transformó el ambiente solemne de la institución en un hervidero de actividades de lectura, exposiciones, crítica y reflexión y “hasta jornadas de desagravio como la que dedicó al escritor Pablo Katchadjian, acusado por la viuda de Borges, María Kodama, de plagiarlo en su libro El Aleph engordado. Esa “atípica velada”, recuerda Télam, “contó con la presencia del escritor César Aira, habitualmente renuente a la actividad pública, además del apoyo de más de 2.500 escritores, editores y artistas entre los que se encontraban Edgardo Cozarinsky, Ricardo Piglia, Silvia Molloy, Josefina Licitra, Alan Pauls, Tamara Kamenszain y Gabriela Cabezón Cámara”.
González encabezó también una iniciativa que buscaba evitar que Mario Vargas Llosa fuera el orador principal en la apertura de la 37ª Feria del Libro de Buenos Aires, en 2015, y aunque depuso su actitud por pedido expreso de la entonces presidenta, Cristina Fernández, la polémica que inició terminó opacando en buena medida el discurso del peruano.
Integrante del movimiento Espacio Carta Abierta, un nucleamiento de intelectuales nacido al calor de la pulseada del kirchnerismo con “el campo”, mantuvo encendidos debates con otros integrantes del grupo, como Beatriz Sarlo, quien, al despedirlo, este martes, dijo: “Fue mi interlocutor ideal, diferíamos en casi todo”.
La Diaria
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3) URUGUAY: ALLANAMIENTO EN EL BARRIO SAN MIGUEL
“Queremos vivir dignamente y que no nos molesten”
Desde La Izquierda Diario nos acercamos al Barrio San Miguel en Santa Catalina donde se dio el violento allanamiento hace pocos días y conversamos con dos vecinas de la zona para que nos cuenten que sucedió y como vivieron el hostigamiento policial y de la Justicia.
Karina Rojas, Pan y Rosas / Ricardo Curcho /La izquierda Diario, 21.06.2021
El pasado 16 de junio los vecinos del Barrio San Miguel en la zona de Santa Catalina fueron víctimas de un sorpresivo operativo policial en el que se llevaron presos a vecinas y vecinos de la zona.
San Miguel es un barrio contiguo a Nuevo Comienzo, donde también se vienen dando desde hace más de 1 año acciones de hostigamiento policial y judicial para intentar desalojarlos.
Desde La Izquierda Diario nos acercamos a la zona y conversamos con dos de las vecinas que vivieron de cerca este operativo impulsado por el fiscal Diego Pérez quien desde que comenzaron las ocupaciones en el Nuevo Comienzo se empeña en criminalizar y perseguir a las familias.
“Somos seres humanos, las leyes marcan que tenemos nuestros derechos”
Entrevistamos a Rosana, de 48 años quien nos contó sobre la forma violenta en que se dio el operativo policial, cuando despertaron y policías uniformados y también de civil entraron a su vivienda los apuntaron y se llevaron a su esposo.
Rosana cuenta que los detenidos “la pasaron super mal” , que quedaron incomunicados y que el trato del fiscal fue aberrante, amenazando que les iban a dar entre 6 meses y 1 año no, haciéndoles la cabeza para obligarlos a firmar.
En el caso de su esposo además no le dieron la medicación que tiene indicada: aunque la policía decía que le iban a dar la medicación, al volver su esposo a la casa al otro día, Rosana se enteró que nunca le habían dado estos remedios que si o si tiene que tomar por su patología. Mientras que en una casa con personas con Covid, entraron sin respetar el aislamiento y se llevaron los celulares que la familia utiliza para comunicarse con la médica que los atiende.
Ante el operativo policial y las amenazas de encarcelamiento por más tiempo que recibían los detenidos Rossana cuenta las acciones que emprendieron; entre ellos un corte de calle; que también se han acercado medios de comunicación que difundieron el conflicto y que gracias a las acciones de los vecinos y de las organizaciones sociales que se solidarizaron las personas fueron liberadas, aunque quedaron fichadas.
Rosana también relata que ellos son gente de trabajo, vivimos al día vivimos dignamente, gente laburadora, que quiere vivir en paz “no queremos que vengan a allanarnos, no queremos pasar por esto de vuelta”
“Acá hay gente pobre que quiere salir adelante”
También entrevistamos a Adriana de 34 años y con 5 hijos, quien contó cómo llegó al barrio hace unos 8 meses luego de que fuera despedida de su trabajo en una fábrica de bolsas, cuando una maestra de la escuela a la que asiste sus hijos contó que en la zona de Santa Catalina había terrenos vacíos.
Adriana nos contó sobre la historia del barrio cuando no había luz ni agua, y como fueron dividiendo los terrenos y sus deseos de que San Miguel “sea un barrio como cualquier otro, acá no hay gente mala, hay gente pobre que quiere salir adelante”
La entrevistada nos relata que en el barrio hay gente que trabaja en el puerto, en la pesca artesanal y que como por la pandemia se han perdido trabajos, la gente se rebusca.
Nos contó sobre la organización del barrio, que a pesar que son tierras municipales no quieren que vivan ahí, que son más de 600 familias. También nos habló de la olla popular que hay lunes y sábados en la casa de un vecino y con apoyo de los profesores de la UTU de la zona y que los miércoles también hay merienda para los niños y niñas tienen apoyo escolar con un maestro que se acerca a colaborar.
Sobre el operativo policial Adriana dice que “fue fuerte, todos nos asustamos”, que los detenidos estuvieron incomunicados con los que no podían hablar y que hasta se llevaron a una mamá con una cesárea reciente dejando a su bebé de 1 mes con sus pequeños hermanos y como la presión de los vecinos logró que la liberaran al otro día.
Karina Rojas, Pan y Rosas / Ricardo Curcho /La izquierda Diario
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4) URUGUAY: PEÑAROL “NO EXPULSÓ A NADIE TODAVÍA” POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD
Socios e hinchas presentaron este lunes firmas y argumentos para respaldar el pedido de exclusión de los represores Gavazzo y Cordero.
Dirigencia aclaró decisión del consejo
Álvaro Levin / Sudestada / @alvarolevin 14.06.2021
Este lunes 14 a las 5 de la tarde representantes de los colectivos “Un Gol a la Impunidad”, “Hinchada con Memoria” y Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos presentaron más de 2.500 firmas entre socios y simpatizantes para pedir formalmente la expulsión del padrón social de los represores José Gavazzo y Manuel Cordero, condenados en la Justicia de Uruguay y Argentina por delitos de lesa humanidad.
“Aunque bastaría con unas cuantas firmas, llevaremos más de medio millar de adhesiones de socios y toda la documentación requerida sobre las condenas que pesan sobre los represores, que en el correr de esta campaña se han visto incrementadas por resolución judicial”, decía la convocatoria.
El texto también trasuntaba el malestar de estos grupos por el tratamiento que la directiva aurinegra le dio al pedido público. “Las firmas de socios que presentaremos tienen mucho más respaldo que el de los firmantes en cuestión, porque están acompañadas de la adhesión de decenas de organizaciones sociales, agrupaciones de Peñarol, Peñas, barrios, sindicatos y gremios, aunque tales apoyos no sean considerados en el trámite burocrático que se nos propone, y que nos recuerda en cierta medida al trato frío que se les ha dado a estos temas del pasado recientes en otros órdenes de la sociedad”, planteaba el comunicado.
Historia reciente de un reclamo de Justicia
La batalla contra la impunidad de los delincuentes de lesa humanidad tiene varias semanas en la interna de Peñarol.
El 7 de abril del 2021, el colectivo autodenominado “Hinchada con Memoria” del Club Atlético Peñarol -compuesto por hinchas, socios y asambleístas de la institución-, junto con el movimiento Gol Contra la Impunidad, iniciaron una campaña mediática y social solicitando el retiro de los represores José Gavazzo y Manuel Cordero del padrón de socios de la institución mirasol.
Cuatro días después, el 11 de abril, el colectivo entregó una carta al Consejo Directivo del club, en la que explicitan los argumentos de la propuesta así como extendieron la posibilidad de generar una reunión en la que estén representados los directivos de la institución, y los colectivos Hinchada con Memoria, Gol contra la Impunidad y Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. La respuesta de la institución nunca se concretó.
Por su parte, el pasado jueves 10 de junio del 2021, el Consejo Directivo de la institución emitió una declaración sobre el “procedimiento y formalidades para determinar la pérdida de la calidad de socio”. Sin mencionar a Gavazzo ni a Cordero, ni a los colectivos que iniciaron la campaña, los dirigentes plantearon que son suceptibles de perder la calidad de socios aquellas personas que cometan delitos graves, considerando por éstos a “crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio, terrorismo, homicidio con circunstancias agravantes especiales y con circunstancias agravantes muy especiales, violación, abuso sexual, copamiento, secuestro y narcotráfico”.
Tabaré Techera, uno de los voceros de Hinchada con Memoria y Gol contra la Impunidad, dijo a Sudestada que “la evaluación, viendo lo que el colectivo se planteó hace dos meses, es positiva. No pensamos que la institución demorara tanto en expedirse, pero seguimos pensando que lógica y moralmente los argumentos para la condena son claros, por lo que logramos hacerle otro gol a la impunidad y eso está bueno”.
Si bien el grupo considera que se alcanzará la mayoría de dos tercios del Consejo Directivo que se plantea en el procedimiento para formalizar la expulsión, Techera dejó entrever la incomodidad de los colectivos respecto a la falta de comunicación de la institución con ellos. “El 11 de abril les mandamos una carta formal. Hasta el día de hoy no hubo ningún tipo de comunicación oficial sobre ese pedido hacia nosotros. Sí hemos escuchado trascendidos de prensa y declaraciones en redes sociales, como la del Presidente Ignacio Ruglio”. Respecto a que el club se haya expedido y condene otros delitos lo recibieron como algo “correcto e interesante, pero está por fuera de lo que solicitamos”.
“No se resolvió expulsar a nadie”
Desde el Consejo Directivo de la institución, el dirigente Rodolfo Catino, explicó a Sudestada que “hay algunas versiones o confusiones” respecto a la resolución institucional.
“El jueves -por el 10 de junio pasado- lo que se votó es la interpretación del reglamento por la cual habilitamos, si llega una solicitud de socios activos, a pedir que se expulse del padrón por los delitos que nosotros establecimos en la declaración, se le daría trámite, teniendo ciertas garantías para el socio involucrado. No se ha resuelto la expulsión de nadie todavía”, subrayó. Además, Catino dijo que la declaración no es más que una interpretación del reglamento de la institución, que tendrá vigencia mientras la actual directiva esté en funciones.
Hay un elemento central sobre el que difieren las valoraciones de la dirigencia y los grupos que promovieron la expulsión de los represores presos.
En la declaración del Consejo Directivo se menciona hasta tres veces la necesaria prescindencia de las cuestiones políticas. En uno de los pasajes se expresa directamente: “se rechazará asimismo toda solicitud que incluya distintivos o proclamas vinculadas a entidades políticas o religiosas”.
Desde Hinchada con Memoria, sin embargo, conciben que el planteo que realizan es político, en el marco de un intercambio de opiniones en el sistema democrático. Según Techera, “pretender politizar el asunto como algo de política partidaria es una estrategia muy básica que busca bajar calidad al argumento. Es muy fácil decir que estos son políticos partidarios. ‘Tiran para un lado y renguean para el otro’. Peñarol, orgánicamente, desde el Consejo Directivo, tiene que consensuar a nivel de los directivos para llegar a un acuerdo y tomar la decisión de retirar a los represores”.
En dirección opuesta va el planteo del directivo aurinegro Catino, “el proceso ha sido muy largo. Primero recibimos la solicitud de colectivos políticos con este tema. Entendimos que no era el camino mezclar la política con el deporte, pero sí levantamos el guante en ponerle visos éticos y morales a los socios del club. Utilizamos esa solicitud, para quitarle toda la parte política del medio y abocarnos a la parte estrictamente jurídica del tema”.
El dirigente aurinegro reconoció que fue una preocupación del Consejo deslindar de cuestiones políticas todo el planteo, tal como lo prohíbe el artículo tercero del estatuto de la institución. “Teníamos que dejar bien claro y separado el tema, más allá de que haya personas que digan que los delitos de lesa humanidad no son delitos políticos. Podemos compartir eso o no, pero de la forma que fue presentada la solicitud podría pensarse que había algún viso político”, indicó el directivo.
Otro punto que genera divergencia refiere al papel de los hinchas, socios y asambleístas. De acuerdo al procedimiento especificado, socios activos (incluidos en el padrón social) son los únicos que pueden iniciar el mecanismo, al tiempo que desde el colectivo entienden que nadie es más hincha que otro, “tanto el que puede pagar como el que no. El eslogan ‘Peñarol de origen obrero y popular’, ¿con qué contenido se llena eso?”, se preguntó Techera.
Por su parte, y sin dejar lugar a dudas, puntualizó Catino: “Peñarol es un club deportivo, no tenemos que trabajar en temas sociales o políticos. Lo hacemos en las peñas o en las campañas públicas apoyando a niños y niñas, pero ponernos a opinar sobre temas políticos o sociales no tiene cabida. No queremos narcos, asesinos ni violadores que estén sentados al lado de nuestras butacas, pero hasta ahí llegamos”
Peñarol “no puede tener como socios, como los tiene, a estos asesinos”, dijo Alba González, integrante de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos al entregar las 2.500 firmas. “Es una vergüenza”, insistió.
Álvaro Levin / Sudestada, periodismo y transparencia
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5) URUGUAY: CHOQUE POR NUEVA LEY DE MEDIOS
Cabildo Abierto habla de soberanía
Durante todo el año pasado, la Comisión de Industria, Energía y Minería de la Cámara de Diputados recibió a diferentes delegaciones y expertos, muchos de los cuales señalaron que varios artículos del proyecto eran inconstitucionales, particularmente el 17, 40 y 48.
Víctor Carrato / Caras & Caretas, 13 junio, 2021
El miércoles 2 de junio se reunió la Comisión de Industria, Energía y Minería de la Cámara de Diputados para comenzar a votar los 93 artículos del proyecto de ley de medios presentado por el Poder Ejecutivo a los partidos de la coalición la semana pasada. Varios meses de negociación interna fueron necesarios para poder llegar a un acuerdo.
Pero la sorpresa vino de parte de Cabildo Abierto (CA), que ya había anunciado que mantenía reparos sobre algunos artículos. Su representante, Sebastián Cal, dijo en la sesión que no estaba dispuesto a comenzar la votación porque tenía varias discrepancias, aunque no especificó cuáles. Los integrantes de la coalición se molestaron, destacándose el malhumor y las declaraciones del diputado colorado Martín Melazzi.
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«Dilatar el proyecto de ley de medios me parece de una gran insensibilidad por parte de Cabildo Abierto porque es el único salvavidas que les queda a las micro y pequeñas empresas para seguir subsistiendo y evitar más pérdidas de fuentes de laborales. Tuvimos un sinnúmero de posibilidades para expresar nuestras diferencias con el Poder Ejecutivo. Es poco serio que a la hora de votar luego de 14 meses de tratamiento de la ley, se solicite una prórroga para presentar los sustitutivos que nunca fueron presentados a lo largo del tratamiento del proyecto de ley», dijo irritado Melazzi a la prensa.
El diputado colorado, del sector Ciudadanos Soriano, consideró que la coalición ya tuvo tiempo suficiente para discutir el texto y “es una irresponsabilidad” que CA continúe en su posición de dilatar la votación. “No entiendo a qué estamos jugando. ¿Estamos jugando al escondido? ¿Al truco con las cartas vistas?”, preguntó, y recriminó a CA, que si ya sabía que este miércoles no votaría los artículos, podría haberlo dicho “con tiempo”.
Melazzi daba por descontado que ya no habría inconvenientes para la votación del proyecto ya que “en el nuevo texto ya no existe la obligatoriedad de Antel de compartir su infraestructura”.
El diputado nacionalista Eduardo Lorenzo, presidente de la comisión, también manifestó su malestar, pero afirmó que en la coalición tienen que “estar todos de acuerdo”.
El coordinador de la bancada de diputados del Partido Nacional, Rodrigo Goñi, dijo que la nueva prórroga solicitada por CA causó “sorpresa” porque parecía que “había acuerdo en la coalición”.
Pérdida de soberanía
Por su parte, Sebastián Cal negó que su partido tenga intenciones de trancar la aprobación del proyecto. “Nunca podemos hablar de trancar; estamos en un ámbito de negociación, estamos trabajando en conjunto para llegar a un acuerdo con respecto a la ley de medios, pero nunca nuestra intención ha sido estar trancando absolutamente nada. Lamento que piensen así”.
Según fuentes de CA consultadas por Caras & Caretas, se pudo saber que este sector considera que en el proyecto presentado hay pérdida de soberanía y que el sector no tiene ningún compromiso con los medios.
Ante la nueva redacción, a pedido de CA, acompañado por el Frente Amplio (FA), se convocará al ministro de Industria, Omar Paganini, delegaciones de las instituciones involucradas en el proyecto de ley, al sindicato de trabajadores de Antel y al directorio, a la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación y a la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y la Comunicación.
«Es para las empresas, escrita por las empresas»
El jueves 3 de junio, el portal digital TeleSemana.com publicó una entrevista a Gustavo Gómez, investigador, consultor y director Ejecutivo del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia (Observacom). En ella Gómez sostuvo que esta «es una ley para las empresas, escrita por las empresas y, por tanto, que les recompone los privilegios que tenían, que les elimina los límites a la concentración o que se los flexibiliza de forma tal que les permite seguir acumulando medios. Además, les quita las cargas mínimas que tenían respecto a la protección de la niñez, que elimina todos los aspectos vinculados a la participación ciudadana y la fiscalización de la acción gubernamental».
Agregó que «para el gobierno, ésta siempre fue la tercera ley más importante del período: detrás de la Ley de Urgente Consideración (LUC), que es una legislación ómnibus enorme, y de la del Presupuesto Quinquenal. Y es un compromiso con los intereses del gran sector de empresas privadas, sobre todo de las grandes.
Entonces, ¿era necesario para el gobierno? Sí, creía que estaba mal y que imponía limitaciones al desempeño de los empresarios porque es un gobierno que responde a los empresarios y que son empresarios».
Expertos marcaron inconstitucionalidades
Durante todo el año pasado, la Comisión de Industria, Energía y Minería de la Cámara de Diputados recibió a diferentes delegaciones y expertos, muchos de los cuales señalaron que varios artículos del proyecto eran inconstitucionales, particularmente el 17, 40 y 48.
Los doctores Ruben Correa Freitas, catedrático de Derecho Constitucional y político perteneciente al Partido Colorado, y Agustín Mayer West, socio director del estudio Ferrere y de la oficina de Ferrere, como asesores de DirectTV, explicaron la inconstitucionalidad de los artículos 17, 40 y 48, que afectan a la empresa que asesoran.
Para Gustavo Gómez (Observacom), el artículo 16 elimina el concepto «grupo económico», que es un elemento fundamental incorporado por la legislación actual luego de años de experiencia en el uso de testaferros en este sector. «Efectivamente, cambiar de ocho a cinco -incluso dejar el límite en tres- es lo mismo si se mantienen estas dos disposiciones a que hacemos referencia: el 30% máximo y la eliminación del concepto «grupo económico». Actualmente tenemos grupos que superan los límites de concentración establecidos por la legislación, y harán lo mismo si esto se elimina y se blanquea esta situación, porque alcanzará con que alguien ponga una empresa a nombre de un abogado o de un familiar para superar el límite legal de las ocho, tres o veinte licencias. Por eso, pedimos que se ponga especial atención a este artículo 16, que nosotros proponemos que se elimine y se mantenga lo que establece la ley vigente», dijo.
El Dr. Adrián A. Gutiérrez, profesor adjunto de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Udelar y profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Católica del Uruguay, también cuestionó artículo 48 del proyecto.
La ley, cuando no es general, no es ley
Sobre el artículo 48, que se refiere al “Acceso a las redes públicas de telecomunicaciones”, señaló el Dr. Daniel Ochs Olazábal una cuestión de igualdad en crisis, porque atribuye determinado beneficio o privilegio no a un sector de actividad, sino a un grupo de empresas, y esa es una de las partes dramáticas en materia de igualdad. “El Estado debe legislar para el futuro, no para el pasado, con un criterio de generalidad; no puede legislar cuestiones de regulación de conducta preocupándose porque la norma alcance selectivamente a un determinado grupo cerrado de sujetos».
Sobre artículo 47
El artículo 47 habla sobre el tema de la discapacidad visual y auditiva.
Alejandra Umpiérrez (Observacom) dijo que de aprobarse el artículo 47, se podrían vulnerar algunos derechos adquiridos de las personas con discapacidad auditiva o visual.
«Una ley de medios democrática debería estar preocupada por el público»
La otorgación de licencias, en el nuevo proyecto de ley de medios del gobierno, “parece que fuera un permiso para operar un juego de quiniela o de lotería, donde uno evalúa cuestiones técnico económicas, de responsabilidades, y falta todo lo otro que es lo más importante”, evaluó el Dr. Ochs.
Cuestionó el artículo 49. «Esa norma deja entrever el talante ideológico y las preocupaciones que tiene el que redactó esa norma. Esta norma limita la comunicación gratuita por razones de interés público a los 15 minutos improrrogables por día».
Ochs sostuvo que “una ley de medios democrática debería estar preocupada por el público. Creo que la demostración más paradigmática es el artículo 49″.
En Uruguay nunca hubo libertad para acceder a frecuencias
El sociólogo y politólogo Oscar Bottinelli señaló que desde la teoría de la democracia en materia de medios de comunicación es importante tener en cuenta que pueden llegar a colidir dos tipos de principios diferentes.
Uno es el principio del emisor, la libertad del emisor. La Constitución no garantiza la libertad de prensa, como se dice simplificadamente, sino la libertad de emitir el pensamiento por cualquier medio. No solamente la prensa es intocable, sino el derecho de las personas a emitir el pensamiento por cualquier medio. La Constitución lo describe de acuerdo a la tecnología de hace sesenta años.
El otro es la teoría del derecho a la libre información o del derecho de información.
Debería regularse internet
Para el Ingeniero en Sistemas Eduardo Hipogrosso, decano de la facultad de comunicación y diseño de la Universidad ORT, las medidas reguladoras plausibles de ser adoptadas sobre los contenidos audiovisuales en internet deberían contemplar una serie de medidas de cara a los proveedores de servicios de internet que, en definitiva, son el vehículo, la plataforma que posibilita la llegada de los servicios.
«Obviamente, internet es una red a la cual aporta todo el mundo; todos somos prosumidores en internet: producimos, consumimos, intercambiamos. Hay normativas para los servicios de difusión audiovisual en internet en algunos países. No es que esté todo regulado o sistematizado, pero hay determinadas normativas para los servicios que se entregan por internet», sostuvo.
Otros cuestionamientos
Para Alejandra Umpiérrez (Observacom) el proyecto deroga el derecho a la privacidad de niños, niñas y adolescentes, así como a no ser individualizado por los medios. Deroga su derecho a plantear la objeción de conciencia ante los dueños de los medios para no ser despedidos si se niegan a acompañar con su imagen, voz o nombre contenidos que hayan sido modificados sin su consentimiento.
Según Gustavo Gómez (Observacom), la propuesta triplica la cantidad de licencias que una persona física o jurídica puede acumular; una persona no tendría ningún tipo de límite para dominar todos los medios de comunicación del país, siempre que no tenga formalmente más de un 30% de las acciones. Si hacemos cuentas, un grupo de cuatro personas podría ser dueña de todos los medios, y eso no sería ilegal. También criticó la eliminación de la Comisión Honoraria Asesora de Servicios de Comunicación Audiovisual (Chasca), que precisamente hace referencia al tema de la participación ciudadana porque está integrada por representantes de diversos ámbitos institucionales, empresariales, sociales y académicos vinculados a la temática en general. Luis Curbelo, Secretario de Prensa y Propaganda por la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), también argumentó en este sentido: «Para nosotros es importante ese asesoramiento preceptivo para la reglamentación de la ley y, además, para los procesos de asignación de frecuencias de radio y televisión», dijo.
Curbelo destacó que APU hizo un pedido de información a la Ursec, respecto a la situación de la televisión para abonados, en función de algunos argumentos que se plantearon. El año pasado el sector de la televisión para abonados en Uruguay tuvo una facturación de US$ 312.000.000. «Esto no lo ubica como un sector en crisis en el país, ni mucho menos», subrayó.
El doctor Wilder Tayler, presidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh) señaló que con la derogación de la ley vigente se produce una reducción de las garantías especiales en la tutela de los derechos de las personas. Además dijo que existe un área de objeción de conciencia a los periodistas, que también se debilitaría o eliminaría.
También se deroga la defensoría del público, asignada a la institución como mecanismo para reclamar en forma individual o colectiva la defensa de los derechos que se entiendan afectados por parte de los ciudadanos y usuarios de los medios.
Lucía Gaviglio, productora audiovisual y miembro de la Comisión Directiva de la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda), dijo que «una ley de servicios audiovisuales no puede dejar de lado a la generación de los contenidos nacionales ni a la participación de los medios en conjunto con los productores independientes, para su generación. Vemos que eso se ha dejado de lado en el nuevo proyecto de ley». La ley de cine destina US$ 1.500.000 al sector audiovisual.
Javier Bentancor, dirigente del Sindicato Único de Telecomunicaciones (Sutel), expresó que «según expresó el ministro de Industria, Energía y Minería en los medios públicos y en la comisión, esta iniciativa fue creada para salvar a los cableoperadores. Nosotros entendemos que esto va en contra de nuestra Antel, nuestra empresa pública, y ahí radica nuestra primera diferencia. Nosotros consideramos que las leyes son para generar respaldos jurídicos que tengan un sentido general y no particular de beneficiar a tres o cuatro familias que quieren quedarse con un negocio multimillonario como es el de internet y las licencias».
La Ley
ARTÍCULO 17
(Incompatibilidad). Refiere a la incompatibilidad de licencias para prestar servicios de difusión de contenido audiovisual de televisión para abonados mediante sistemas no satelitales.
ARTÍCULO 40
(Retransmisión de señales locales). Refiere a la retransmisión de señales locales y dice que los servicios de difusión de contenidos audiovisual de televisión para abonados, con excepción de los satelitales de cobertura nacional, deberán retransmitir las señales emitidas por los servicios de difusión de contenido audiovisual abierta, siempre que se cumplan ciertas condiciones que indica el texto del proyecto.
ARTÍCULO 48
(Acceso a las redes públicas de telecomunicaciones). Refiere al acceso a las redes públicas de telecomunicaciones. Este artículo permite a los operadores de televisión para abonados por cable de televisión para abonados e internet y datos, pero no así a los operadores de televisión para abonados satelitales.
Víctor Carrato /Caras & Caretas / Boletín Info & Com
COMCOSUR AL DÍA /AÑO 27 /Nº 2299 /miércoles 23.06.2021
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“En atletismo existe una carrera en equipo llamada de postas o de relevos. Cada uno de los corredores de un equipo recorre una determinada distancia y allí lo espera un compañero a quien le debe entregar un tubo de unos 30 cm llamado testimonio o testigo. Algo parecido, aunque difícil de visualizar, ocurre en la historia de un país: cada generación entrega su “testimonio” a la que sigue para continuar su interminable carrera. Carrera de relevos generacionales que van tejiendo la trama política, social, cultural de un pueblo.
Esa inmensa trama sufrió en la Argentina un inmenso tajo producido por una bayoneta en la década de 1970. Por ese espantoso agujero negro cayeron 30 mil corredores, compañeros, militantes portadores de testimonios valiosos difíciles de suplantar. Otros quedaron aferrados a los bordes de la trama, resistiendo a rabia, a diente, a imaginación la cruel tempestad desatada por una dictadura cívico militar eclesiástica”.
Jorge Miceli, ex preso político de Coronda, Santa Fe – Argentina
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