AL DÍA:
1) No tan liberal (In memoriam Jorge Batlle) –
2) Parece que los impunes salen nuevamente a la luz –
3) Se retoma la búsqueda de restos de desaparecidos en el Batallón 13 –
4) Tres ex comandantes de la Armada procesados por ilícitos –
5) Gustavo Gómez: La cobertura sobre la Ley SCA “es muy sesgada” –
6) Hace diez años en Comcosur al Día
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COMCOSUR AL DÍA / AÑO 17 / Nº 2103 / NOTICIAS Y PENSAMIENTOS / Viernes 4 de Noviembre de 2016 / Producción: Andrés Capelán
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“Vivimos en la mentira del silencio. Las peores mentiras son las que niegan la existencia de lo que no se quiere que se conozca. Eso lo hacen quienes tienen el monopolio de la palabra. Y el combatir ese monopolio es tarea central.” — Emir Sader
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1) No tan liberal (In memoriam Jorge Batlle)
JG Lagos (La Diaria)
Tras la muerte del ex presidente Jorge Batlle han abundado las semblanzas amables sobre su persona. Aunque coincido con algunas de ellas, creo que la tarea de situarlo en nuestra historia será colectiva, y que tal vez un poco de imaginación pueda ayudar a la tarea.
La mayoría de quienes se interesan por la trayectoria política de Jorge Batlle estarán de acuerdo en que su gran aporte fue la transformación radical del sector que pasó a liderar en 1964, tras la muerte su padre, Luis Batlle Berres. Si este había tratado de aggiornar los principios batllistas sentados por el fundador del movimiento, José Batlle y Ordóñez, Jorge Batlle se propuso alterarlos de forma sustancial, especialmente en lo que refiere a la incidencia del Estado en la economía. No sin resistencias, bajo la conducción de Jorge Batlle la lista 15, históricamente el ala progresista del batllismo (y del Partido Colorado), se convirtió en una usina del pensamiento liberal, y con ella llegaron a identificarse varios economistas que intentaron reformas liberalizadoras, como Alejandro Végh (por mencionar al más notorio).
Se tiende a identificar las ideas liberales en lo económico con las posturas liberales en lo social, dado que ambas buscan otorgar la mayor autonomía posible a las iniciativas individuales. Me cuento entre los que pensaban que el gobierno de Jorge Batlle (2000-2005) traería una mayor apertura en cuanto a libertades personales, no sólo por su impronta liberal, sino porque no costaba conciliar las políticas en esta área con los lineamientos del batllismo fundacional, que a principios del siglo XX había logrado materializar la mayor expansión de derechos que conoce (hasta hoy) la historia del país.
Sin embargo, durante el mandato de Batlle no hubo avances en esos ámbitos. Más bien, al contrario: el presidente se granjeó gratuitamente la antipatía de los militantes de movimientos gays y afines cuando afirmó en una entrevista con The New York Times que para él la homosexualidad era una patología. En cambio, sí se manifestó repetidas veces como partidario de la legalización de diversas drogas, pero no lideró iniciativa alguna en ese sentido. Fue especialmente frustrante conocer, en noviembre de 2002, su disposición a vetar una ley que habilitara la interrupción voluntaria del embarazo (cuando el proyecto contaba con apoyo transversal en el Parlamento y lo impulsaba una diputada, Glenda Rondán, de la propia lista 15), y aun más triste resultó enterarse de que la negativa presidencial se justificaba en un pacto que había entablado con la Unión Cívica a cambio de su apoyo previo el balotaje de 1999 (en el que se impuso a un candidato, Tabaré Vázquez, que llegaría a efectivizar el veto contra una ley del mismo tipo e igualmente impulsada por su propio sector político). Para alcanzar el gobierno tras cinco intentos, el Batlle liberal había debido aliarse con los sectores más conservadores del espectro político.
Lo que me interesa preguntar es qué habría pasado si el presidente Batlle hubiera prescindido del acuerdo con ese partido minúsculo, si no hubiese sido tan verborrágico en la entrevista con The New York Times, si hubiese dado algún paso por intervenir en el mercado de la droga (ya que lo consideraba ante todo un asunto de regulación económica).
La magnitud del apoyo social a las iniciativas sobre salud sexual y reproductiva, legalización de la marihuana y matrimonio igualitario no habría sido obstáculo para llevarlas adelante, y, en todo caso, el batllismo clásico ya proporcionaba los argumentos para defender el vanguardismo, curtidos tras recibir las repetidas crítica de la derecha (en la que, al menos en esto, habría que incluir a Carlos Real de Azúa), que acusaba a Batlle y Ordóñez de haber otorgado derechos fundamentales antes de que la sociedad los reclamara.
La crisis económica desatada en 2002, si bien consumió muchos recursos intelectuales (y obviamente, financieros), tampoco habría frenado esas iniciativas. Después de todo -y esta es una crítica que, ahora por izquierda, se les dirige los gobiernos del Frente Amplio-, la llamada “nueva agenda de derechos” ni sale plata ni altera significativamente las estructuras económicas.
Es frecuente, entre los que gustamos de la especulación contrafáctica, imaginar qué habría pasado si en la elección de 1999 se hubiera impuesto Tabaré Vázquez; seguramente, coincidimos, habría enfrentado problemas externos similares a los que enfrentó Jorge Batlle, habría fracasado igual que él, y tras ese gobierno fallido, el Frente Amplio habría conocido sucesivas debacles electorales (como el Partido Colorado).
Ahora bien, ¿qué imagen tendríamos del gobierno de José Mujica, durante el que se registraron numerosos avances en cuanto a derechos individuales, si muchos de esos derechos hubieran sido instalados diez años atrás? Recordemos que la agenda de derechos no figuraba en el discurso preelectoral de Mujica -y si lo hacía era de modo retrógrado, como en el caso de las drogas- y que su mayor mérito en estos asuntos fue “dejarse convencer” y no impedir el avance.
No sólo la imagen que tenemos ahora de Mujica sería distinta, sino también la de Jorge Batlle, al que tal vez tendríamos por un liberal parcialmente exitoso.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 4 DE NOVIEMBREDE 2016
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2) Parece que los impunes salen nuevamente a la luz
Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos
A la opinión pública
No es que nos sorprendan dichas manifestaciones pues desde hace muchos años venimos denunciando que los aparatos de inteligencia y de represión del Estado siguen operando sigilosamente, en una suerte de continuidad desde el fin de la dictadura hasta nuestros días. Adaptados desde luego a la nueva realidad de actuar en democracia.
En forma permanente han estado amenazando atrincherados en sus asociaciones y apoyados desde dentro de las FFAA por oficiales agazapados y por más de un civil partidario de la “teoría de los dos demonios”.
Hoy en día hay una suerte de embestida presionando al poder político para que no le toquen sus privilegios y conservar su poder. Así lo muestran los últimos acontecimientos: los documentos oficiales que desnudan el espionaje ilegal a partidos y personas, realizado por los servicios de inteligencia militar en democracia; la negativa del Comandante del cuartel de Durazno a poner una placa en memoria de Oscar Fernández Mendieta asesinado en dicho establecimiento en el año 1973; las declaraciones en Florida del Coronel (R) Hartman (25/9/2016) y ahora las expresiones en un programa radial del presidente del Centro Militar Coronel (R) Carlos Silva reivindicando en todos sus términos la dictadura militar y la tortura.
No se nos debe escapar la vinculación de estos hechos, tan alarmantes y notorios, que fueron motivo de múltiples declaraciones de repudio, con otros de igual gravedad como la acción orquestada y coordinada de los abogados de los militares que están sometidos a juicio por violaciones a los DDHH o el operativo en el laboratorio del GIAF en Facultad de Humanidades, tratando de amedrentar a quienes trabajan en la búsqueda de nuestros seres queridos y compañeros desaparecidos.
Estamos convencidos que todo esto es fruto de la impunidad que por tantos años gozaron sus delitos, y que todavía, en su mayoría, no han sido investigados y penados. No nos cansaremos de denunciar que las instituciones militares actuaron como cuerpo, que se sigue manteniendo el pacto de omertá y no han hecho un reconocimiento público del daño ocasionado a la sociedad.
Seguramente parte de la oficialidad de hoy no integraba la Institución de esos años, pero la que hoy integran mantiene esa unidad sin arrepentimiento alguno con ese pasado terrorista, y es educada e instruida por los viejos oficiales, oficiales que sí torturaban, asesinaban, desaparecían, o veían torturar, asesinar, desaparecer, como una estrategia de sus jefes para involucrar al cuerpo entero; como forma de instaurar el terrorismo de estado en nuestro país -amén de los cursos y adiestramientos liderados por organismos como el Mossad y la CIA-. Todo eso hoy ya muy investigado y demostrado.
Por eso sostenemos, que sin una limpieza profunda de la Institución militar, desterrando el autoritarismo y las ideas anti democráticas y anti republicanas se abona el camino de repetir el pasado.
Por eso nos preguntamos: HASTA CUANDO los poderes del Estado, los partidos políticos seguirán mirando para otro lado sin ver la importancia que tienen tan graves expresiones y acciones. Nuestra sociedad merece una respuesta clara y un accionar resuelto, de quienes tienen el deber y la responsabilidad de salvaguardar las libertades y la democracia.
Por lo que compete a nosotros, como siempre desde nuestro nacimiento como colectivo, comprometidos en la lucha por la Verdad y la Justicia, hemos denunciado y luchado contra “el pacto de silencio” y la “distracción” de muchos que no quieren enfrentar la realidad, siguiendo la lógica que “no hay que agarrarle la cola al león porque se puede enojar”.
Miedo, temor, terror, intimidación, amenazas, no construyen las bases sólidas de ninguna convivencia democrática.
De una vez por todas se debe propiciar un gran debate nacional sobre las FFAA cuyo eje delimite su rol y responsabilidad en una sociedad republicana y garantista.
Por Verdad, Justicia, Memoria y nunca más Terrorismo de Estado
Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos
Montevideo, 2 de noviembre de 2016.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 4 DE NOVIEMBREDE 2016
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3) Se retoma la búsqueda de restos de desaparecidos en el Batallón 13
(El País)
Autoridades del Ministerio de Defensa e integrantes del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia acordaron continuar las tareas y aumentar el área de investigación en La Montañesa, en Salinas.
Autoridades del Ministerio de Defensa se reunieron con integrantes del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, reunión en la que se acordó continuar con los trabajos de excavación en el Batallón 13 en el marco de la búsqueda de restos de desaparecidos. En el encuentro también se decidió ampliar el área de investigación en la Montañesa, ubicada en Salinas (Canelones), según informó Presidencia. Esta decisión se tomó en base a nueva información surgida del trabajo en el terreno.
El ministro Jorge Menéndez catalogó como "muy positiva" la reunión porque brinda continuidad al diálogo entre las partes y permitió realizar una "puesta a punto" de los temas que se encuentran "arriba de la mesa". En consonancia con el ministro, el vocero del grupo, Felipe Michelini, afirmó que la reunión “fue muy provechosa” porque repasó los temas vinculantes a efectos de esclarecer los crímenes de lesa humanidad cometidos antes y durante el Golpe de Estado “en lo que se llamó el terrorismo de Estado”.
Las excavaciones en el predio se detuvieron en agosto de 2015 tras el hallazgo de un elemento explosivo. Michelini recordó que en el lugar hay un área grande que está cautelada y a los efectos de cumplir con la disposición judicial para la búsqueda de restos, el grupo de trabajo “tomó providencias”, y como es una terea compartida para realizar la excavación, “determinamos las coordinaciones necesarias para cumplir la orden judicial”.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 4 DE NOVIEMBREDE 2016
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4) Tres ex comandantes de la Armada procesados por ilícitos
(Caras y Caretas)
Cinco oficiales de la Armada Nacional, entre ellos, tres ex comandantes en Jefe, fueron procesados por su responsabilidad en la compra fraudulenta de bienes y materiales para la fuerza de mar.
La jueza Especializada en Crimen Organizado de 1º Turno, Beatriz Larrieu, dispuso en las últimas horas el procesamiento sin prisión de cinco oficiales de la Armada Nacional, entre ellos, los ex comandantes en Jefe Juan Fernández Maggio, Alberto Caramés y Óscar Debali, como responsables de la compra fraudulenta de bienes y materiales para la fuerza de mar.
En línea con la requisitoria del fiscal Carlos Negro, la magistrada consideró que estos oficiales “ordenaron y/o cometieron en su caso, actos arbitrarios que constituyeron abuso de su cargo, en perjuicio de la Administración”. La investigación refirió a diversas compras efectuadas por el Comando General de la Armada y la Prefectura Nacional Naval, cuyos montos fueron utilizados para fines distintos a los que se establecía, e implica una continuidad de las investigaciones iniciadas hace seis años, en las cuales fueron procesados varios marinos.
La investigación determinó que “la Armada Nacional realizaba licitaciones o compras directas de bienes y posteriormente -por diversas razones los indagados sustituían el objeto de las adquisiciones total o parcialmente”. De esta forma, los proveedores adjudicatarios hacían una entrega “parcial” de los productos contenidos en la licitación o de productos distintos a los adquiridos, a expreso pedido de la Armada.
“En otros casos se depositó el dinero correspondiente al importe de la licitación o compra directa, y los funcionarios en cuestión disponían que esa suma fuera imputada para cancelar deudas por anteriores adquisiciones que efectivamente se habían verificado, sin confeccionar un respaldo contable donde quedaran asentadas las mismas”.
“En ocasiones incluso, en caso de quedar un saldo a favor de la Armada, posteriormente ese monto se iba imputando a la adquisición de nuevos bienes que necesitare la Armada, sin seguirse el procedimiento correspondiente y sin contralor alguno del manejo de esos fondos”. “Dichos actos constituyeron actos arbitrarios excedieron las potestades que les conferían los respectivos cargos, constituyendo -cuando menos- un manejo irregular del dinero público, en perjuicio de la Administración”, afirmó Larrieu, en su fallo al que accedió Caras y Caretas Portal.
En este marco, la magistrada descartó las argumentos esgrimidos por las defensas. En el caso de Debali, la jueza aplicó “la teoría del dominio del hecho”, al considerar que “dado su cargo de alta jerarquía tenía el control” de las decisiones. “No es posible entonces alegar que esas decisiones fueron adoptadas por las necesidades del funcionamiento de la institución o que el motivo de su accionar fue lícito. Ningún jerarca puede invocar tales circunstancias para justificar el incumplimiento de los procedimientos relativos al manejo de fondos, lo que sin duda alguna repercute en perjuicio de la Administración”, expresó Larrieu.
En el caso de Caramés, la magistrada consideró como “inadmisible invocar la obediencia debida como causal de justificación de su conducta”. “A juicio de la suscrita, la conducta del indagado no reúne los requisitos exigidos por el artículo 29 del Código Penal. Se trata de un oficial de jerarquía dentro de la Armada que además de conocer el carácter ilícito de la supuesta orden recibida, participó activamente en la toma de decisiones y en la maniobra que se le imputa”.
En relación a Fernández Maggio -procesado en 2010 y posteriormente condenado por ilícitos en la Armada Nacional- la jueza valoró que no aplicaba el principio de ne bis in idem, al entender que hace seis años el oficial fue enjuiciado por un delito continuado de fraude, y que la imputación refiere a un delito de abuso de funciones por otros hechos. En este sentido, la imputación por fraude “no puede abarcar, como pretende la Defensa, todas otras eventuales acciones delictivas que Juan Fernández Maggio haya cometido a lo largo de su carrera en la Armada Nacional”, expresó Larrieu.
En tanto, la magistrada dispuso el sobreseimiento del oficial Fernando Draper, quien fuera imputado por la Fiscalía, al considerar que los presuntos delitos atribuidos en su contra están prescritos. En línea con la requisitoria fiscal, la magistrada dispuso que todos los procesamientos se dispongan sin prisión. En el caso de Fernández Maggio -que al tener antecedentes podía ser enviado nuevamente a prisión- la jueza descartó la prisión preventiva al amparo del “principio acusatorio consagrado en el artículo 22 de la Constitución y lo dispuesto por los artículos 223 y 224 de la ley Nº 19.293 (CPP aprobado) en carácter de doctrina más recibida”.
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5) Gustavo Gómez: La cobertura sobre la Ley SCA “es muy sesgada”
(Caras y Caretas)
El ex director Nacional de Telecomunicaciones afirmó que varios medios no suelen informar sobre los argumentos de la Suprema Corte de Justicia en favor de la constitucionalidad de la mayoría de los artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (Ley SCA).
La cobertura periodística de varios medios de comunicación sobre los fallos de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) en relación a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (Ley SCA) “es muy sesgada”, ya que se concentra en los artículos declarados inconstitucionales y no refiere a que la mayoría de la norma superó el test de constitucionalidad.
En los últimos días, la Suprema Corte dictó sentencia en siete expedientes referidos a acciones contra la Ley SCA, en los cuales se amparó la inconstitucionalidad de varios artículos. La información fue publicada en el portal web del Poder Judicial y replicada por algunos medios de prensa, entre ellos, El Observador y El País.
Sin embargo, el ex director Nacional de Telecomunicaciones y director general del Observacom, Gustavo Gómez, afirmó que esa noticia periodística no hizo referencia a que la amplia mayoría de los artículos cuestionados por las empresas propietarias de medios de comunicación fueron declarados constitucionales por la Corte.
En una carta pública, Gómez señaló que la Corte amparó la constitucionalidad de 60 de los 65 artículos cuestionados por Canal 12, de 65 de los 70 artículos cuestionados por Canal 4 y que se desestimó por “improcedente” la acción contra toda la norma presentada por el abogado Juan Andrés Ramírez. Y cuestionó que la información publicada en estos medios “no diga lo obvio”: “que estas sentencias marcan una clara jurisprudencia que confirma el respaldo de la Suprema Corte de Justicia a una ley que fue brutal y sistemáticamente tildada de herramienta de control policíaco y la peor mordaza que haya habido en este país”.
En diálogo con Caras y Caretas Portal, Gómez afirmó que la cobertura sobre los recursos contra la Ley SCA “en los hechos es muy sesgada”. “No niego que es una noticia que la Corte haya reiterado que hay artículos inconstitucionales, al menos parcialmente, pero la cobertura está adolesciendo de dar otras noticias”, dijo Gómez. “Que la mayoría de los artículos de una ley que fue duramente cuestionada como una limitante de la libertad de expresión sean constitucionales también debería ser noticia”, afirmó Gómez.
En este sentido, Gómez destacó que, en un hecho “muy relevante”, los sucesivos fallos de la Corte refieren a que la libertad de expresión “tiene dos dimensiones”. “Esta la libertad de expresión del medio de decir lo que piensa y lo que quiere y de recortar la información que publica, pero también está la libertad de expresión de quien lee la información”.
“Si la información no es completa se esta afectando la libertad de expresión de la población de estar debidamente informada”, en este caso de estar informada sobre los aspectos que fueron declarados constitucionales de la norma, dijo Gómez. Y señaló que la lectura de los fallos revela que tres de los cinco ministros de la Corte “han marcado una clara tendencia sobre el apego de la Ley SCA a la Constitución”, expresó.
En este contexto, Gómez recordó que un estudio -publicado en el semanario Brecha- sobre la cobertura del diario El País en torno al debate del proyecto de ley determinó que de los 91 artículos referidos a la norma -incluido editoriales, columnas y cartas de los lectores-, el 78% tuvieron contenidos contrarios al proyecto de ley (54,5% “totalmente en contra”, 23,6% “mayormente en contra”), mientras que un 19% fueron notas “neutras” (información de hechos o equilibrio informativo de las posiciones o conceptos incluidos), mientras que sólo 2,7% fueron consideradas como “mayormente a favor” de la ley.
A esto se suma que el 97% de los artículos de opinión tuvieron una posición contraria a la norma. Pero “lo más grave”, que dos de cada tres notas periodísticas tenían un sentido negativo a la norma, algo que se extendió a la tapa del matutino, con la utilización de términos y adjetivos con una fuerte valoración negativa de la norma.
Artículos sustitutivos
Más allá de la crítica a la cobertura mediática, Gómez valoró que el Poder Ejecutivo debería enviar sustitutivos de aquellos artículos que fueron declarados inconstitucionales, en particular, el 56 y el 143, que son de suma importancia para la norma.
El artículo 56 es el que prohíbe la propiedad cruzada de servicios de telecomunicaciones, con el objetivo de evitar los oligopolios. Este artículo fue, en un principio, declarada constitucional (ante los recursos presentados por Direct TV y Multiseñal), pero posteriormente dos ministros, Jorge Larrieux y María Elena Martínez, cambiaron su posición y declararon su inconstitucionalidad.
Gómez consideró que ese cambio de la Corte genera incertidumbre y un trato desigual para algunos actores”, ya que trata en forma desigual a empresas que compiten entre si. “Por ejemplo, hoy tanto Montecable como Nuevo Siglo podría solicitar una licencia para brindar el servicio de transmisión de datos, pero Direct TV no podría hacerlo y eso genera una competencia desigual”, dijo Gómez.
En este marco, Gómez afirmó que el Poder Ejecutivo “no debería dar por perdida la batalla” para consagrar un marco legal que evite los oligopolios en materia de telecomunicaciones y por eso no debería plantear la derogación del artículo declarado como inconstitucional, sino que presentar una redacción sustitutiva. “Se deberia plantear un articulo sustitutivo del artículo 56 para evitar los aspectos más complicados y polémicos de ese punto: que medios de comunicación que ya tienen una fuerte concentración nacional y regional puedan ampliar su nivel de concentración”.
El especialista afirmó que, en este punto, “lo mejor es una ley clara que valga para todo el mundo y que despeje todas las dudas”, y señaló que esto implicaría “una oportunidad” para modificar otros artículos, entre ellos, el artículo 143. Gómez explicó que el artículo 142 estableció la obligación de los medios de comunicación de ceder minutos gratuitos de publicidad electoral para los partidos políticos, lo que fue cuestionado por las empresas pero amparado por la Corte.
Sin embargo, la Corte declaró -ante un recurso presentado por el Partido Independiente- la inconstitucionalidad del artículo 143 que establece la forma en que se repartirá esa publicidad electoral gratuita. “Entonces tenemos una ley que fue declarada constitucional pero que no sabemos como repartirlo porque el artículo 143 cayó, será necesario que alguien envie un proyecto para que se establezca como se distribuye ese paquete de minutos libres”, dijo Gómez. También debería buscarse un sustitutivo para el artículo 60.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 4 DE NOVIEMBREDE 2016
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6) Hace diez años en Comcosur al Día
XVI CUMBRE IBEROAMERICANA / MANDATARIOS PROCLAMAN LOS MAS NOBLES Y ALTOS OBJETIVOS
Andrés Capelán
MONTEVIDEO/URUGUAY/04.11.06/COMCOSUR AL DÍA – Mañana, domingo 5 de noviembre, al término de la XVI Cumbre Iberoamericana, los presidentes iberoamericanos aprobarán una declaración en la que expresarán "su voluntad de seguir luchando contra la desigualdad, el hambre y la pobreza, factores que pueden comprometer la democracia y limitar el ejercicio efectivo de los derechos ciudadanos".
La declaración explica que para la "progresiva superación" de esos problemas "se requiere la ejecución de políticas de promoción del desarrollo económico con inclusión social, la generación de trabajo decente y la solución duradera del problema de la deuda". El diario El País de esta ciudad, agrega que los presidentes reafirmarán la prioridad concedida al combate del terrorismo en todas sus formas y manifestaciones y a la lucha contra flagelos como la delincuencia organizada transnacional, las drogas ilícitas, el lavado de activos, la corrupción, el tráfico ilícito de armas, de inmigrantes y la trata de personas.
También firmarán un compromiso sobre flujos migratorios y facilitarán la transferencia de remesas. El diario Últimas Noticias explica que el compromiso se basa en garantizar que las migraciones generen un "impacto positivo”, por lo que llama a los países de origen, tránsito y destino a "asumir la responsabilidad que les corresponde en materia migratoria". Dice que "la migración es una realidad transversal que guarda estrecha relación con la falta de desarrollo, la afectación de los derechos humanos, la pobreza, los desastres naturales, la inestabilidad política, la búsqueda de mejores condiciones de vida, la inequidad en la distribución de la riqueza y la falta de oportunidades para el desarrollo humano", por lo que se concluye que se hace necesaria "la cooperación para promover el desarrollo".
Se expresa el rechazo a "toda acción unilateral o coercitiva de efecto internacional que atente contra el clima de diálogo y contra las normas de respeto mutuo en materia migratoria" y se establece que "las normas nacionales y los acuerdos internaciones en materia de migraciones, en consonancia con criterios de gobernabilidad y práctica organizada, deben ser tomados como marco de referencia". "Los Estados, al ejercer su derecho de regular el ingreso y permanencia de personas en su territorio, deben respetar las normas de derecho internacional", agrega el documento a ser firmado por los presidentes.
La declaración pone especial énfasis en que "las remesas responden al derecho de todo ser humano de asistir de modo individual al sustento de otras personas. Este derecho debe ser reconocido y salvaguardado", por lo que "los Estados deben abstenerse de promulgar disposiciones legislativas o adoptar medidas coercitivas que puedan obrar en detrimento de este derecho" y deben "facilitar el envío de remesas, reduciendo su costo y garantizando el acceso a servicios bancarios".
Se subraya que "la entrada y permanencia de los trabajadores extranjeros de acuerdo con las vas establecidas en las respectivas legislaciones constituye la mejor garantía para el respeto de los derechos humanos y laborales de los migrantes. La migración indocumentada y la existencia de mercados laborales informales generan condiciones favorables a la explotación de los migrantes. El tráfico ilícito de migrantes debe ser combatido". Finalmente se subraya que "migrar no es un delito" y que "la comunidad internacional tiene la obligación de asumir un mayor compromiso en la prevención, penalización y combate del tráfico ilícito de personas y otras formas de delitos transnacionales conexos", y que "las víctimas no deben ser consideradas sujetos activos de conducta penal".
Todo muy lindo, muy políticamente correcto, muy compartible. Claro que si se toma en cuenta que quienes estas cosas dicen ya están gobernando en sus respectivos países (muchos de ellos desde hace años), es imposible dejar de oler cierto tufo de hipocresía en el asunto. Y es lógico, en lo declarativo nadie podría contradecir los altos principios que se proclaman. Sin embargo, en los hechos, muchos de estos mandatarios que aquí y ahora se rasgan las vestiduras, actúan en forma directa o tangencialmente opuesta a lo que dicen.
Por otro lado, estos días son todos "amigos del alma", y se abrazan y juran eterna fraternidad. Sin embargo, la mayoría de estos gobiernos están enfrentados entre sí por diversas cuestiones. Argentina y Brasil disgustados con Bolivia por su política energética, Argentina y Uruguay, disgustados entre sí por la pulpera de Botnia y los cortes de ruta. Chile, enemistado históricamente con Bolivia tras quitarle su salida al mar. Venezuela siempre en conflicto con Colombia, y así podríamos seguir. España, a su vez, llama hermandad a la filiación pero -como integrante de la Unión Europea- mantiene su mercado cerrado a los productos latinoamericanos, y ahora a sus ciudadanos.
Todo esto me ha traído a la memoria una nota escrita por el periodista Julián Ayala escrita en febrero de 1993 para la revista Disenso de Las Palmas de Gran Canaria, titulada "Se puede estar en la política sin ser un crápula?". Como queda claro al leer la nota, Ayala utiliza la palabra "crápula" no en su acepción literal (borracho) sino en la familiar de sinónimo de "bandido, hipócrita, taimado". El paso de los años no ha hecho perder vigencia al análisis de Ayala, por el contrario (y lamentablemente), sus reflexiones tienen cada vez más vigencia. Vale la pena leerla ahora, cuando (por ejemplo) el presidente Fox recibe las llaves de la ciudad de Montevideo en el mismo momento en que sus tropas asesinan a manifestantes en Oaxaca.
¿SE PUEDE ESTAR EN LA POLÍTICA SIN SER UN CRÁPULA?
Por Julián Ayala
En principio, y teniendo en cuenta la concepción tradicional de la política como "Servicio a la comunidad," la formulación de esta pregunta podría parecer provocadora y hasta insultante; pero ante el espectáculo que ofrecen muchísimos políticos, no parece excesivamente descabellado suponer que, aunque no todos los políticos sean necesariamente crápulas, un crápula puede tener grandes posibilidades de triunfar en política.
Veamos como se ha gestado esta situación. Lo que legitima democráticamente a un sistema (porque naturalmente estamos hablando de la acción política en los países democráticos), es la participación de los ciudadanos en las decisiones públicas. Y la política degenera, se crapuliza, cuando esta participación es desnaturalizada, cuando -carente de contenido- se sigue empleando tan solo como tapadera para esconder la realidad de las decisiones secuestradas por una casta de profesionales: la clase política, como se la suele llamar con evidente inexactitud.
Pero, aún inexacta, esta expresión apunta a una realidad social. Dime cómo hablas y te diré quién eres, podríamos parafrasear el conocido refrán sobre las malas compañías. A veces el lenguaje es más preciso de lo que puede parecer; de ahí la admisión general de esa aparente incongruencia. En la teoría tradicional, las clases de verdad, aquellas cuya razón de ser dependen de su posición en el sistema de producción, viven enfrentadas entre sí y las más poderosas, las dominantes, tienden a crear todo un sistema de legitimación del estado de cosas que hace posible su posición preponderante en la sociedad.
Pues bien, la clase política en los países democráticos acude también a triquiñuelas de todo tipo para legitimarse y eternizarse como tal. Solo que, al igual que con los otros hace tiempo, la ciudadanía ha empezado a notarlo y a cansarse de ellos, ha empezado a desconfiar de sus representantes y ha surgido así la crisis de la democracia, de la que tanto se habla, y que es esencialmente una crisis de confianza en los políticos y en sus partidos. Todos, no solamente los que gobiernan.
Los politólogos comprueban con alarma que el creciente descontento hacia los gobiernos no deriva en una mayor confianza en la oposición. El ciudadano no ve alternativas en los partidos al uso (ya que todos pertenecen a la misma clase). La desconfianza nace de la imposibilidad del ciudadano como individuo de participar en las decisiones políticas, surge de la íntima convicción, avalada por los hechos, de que la clase política, como todas las clases, tiende a defender antes que nada sus propios intereses como tal.
Al contrario, la política entendida en sentido tradicional y cuasi angelical, la que trataría de conjugar acción y principios, sólo puede ser realizada por gentes desinteresadas, desclasadas políticamente, que no viven de la política sino para la política. Santos o héroes en última instancia, nunca crápulas. La política monopolizada por los políticos profesionales conduce, por una parte y en casos extremos, a la arbitrariedad y la corrupción; por otra parte (y esto es lo que está ocurriendo normalmente) a la homogeneización de los partidos, sean del signo que sean.
No se trata ya del sentimiento tan extendido (y muchas veces identificado con posiciones derechistas) del "todos son iguales," sino que, efectivamente, todos tienden a parecerse, pues todos tienen en común -ya lo hemos dicho- que no representan a quienes les eligen. Se representan a sí mismos y, dentro de lo que cabe, a los aparatos de sus partidos. De ahí también la tan extendida frase: "el que se mueve no sale en la foto." Claro que entonces la solución es fácil: cambiarse a otro partido que sí los ponga en el tapete. Y no vamos a caer en la grosería de citar nombres.
La democracia comienza, pues, a convertirse en partidocracia y ésta es el mejor caldo de cultivo para que florezcan los crápulas de todo tipo y condición. Concluyendo: la crapulez no es inherente a la política. En un sistema verdaderamente participativo, donde se intente llevar a la práctica los principios que lo forman, los crápulas, por más que haberlos los habrá, tendrán muy poco que hacer.
Hay que luchar, pues, contra los políticos como clase. Hay que oponerse a los crápulas, y echarles escaleras abajo si se presentan en tu casa. Hay que inventar alternativas a los cauces de participación ineficaces. Hay que moverse o nos seguirán moviendo los crápulas de toda laya: los de la derecha, los del centro, y los de la izquierda. Por la autodeterminación del individuo y frente a la crapulez institucionalizada: hay que liberar a la política de los políticos. Ella nos lo agradecerá, y además: será divertido intentarlo…
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COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 4 DE NOVIEMBREDE 2016
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