COMCOSUR INFORMA
AÑO 13 – No. 1513 / jueves 28 de noviembre de 2013
COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR
Selección y producción:
Beatriz Alonso y Carlos Casares
Colaboran:
ALEMANIA: Antje Vieth y Carlos Ramos
ARGENTINA: Eduardo Abeleira, Luis Sabini y Claudia Korol
BRASIL: Carlos O. Catalogne y Jorge Rossi Rebufello / Mau – Mau
HOLANDA: Ramón Haniotis
SUIZA: Sergio Ferrari
URUGUAY: Jorge Marrero (Santa Rosa), Margarita Merklen (Durazno),
Pablo Alfano y Kintto Lucas (Montevideo)
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” La patria que construimos es una donde quepan todos los pueblos y
sus lenguas, que todos los pasos la caminen, que todos la rían, que
la amanezcan todos.” SUB COMANDANTE MARCOS
«Todas las estructuras del poder popular que estábamos construyendo
se hicieron presentes, tomaron voz, en una radio que no quería tanto
hablarle al pueblo. Quería que el pueblo hablara.» RADIO VENCEREMOS
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NOTICIAS
HONDURAS
1) HONDURAS Y UN FRAUDE QUE EXIGE URGENTE RESPUESTA
Lo ocurrido este domingo en Honduras es algo bien sabido pero que
constantemente se repite para desgracia de los pueblos: las llamadas
democracias «formales» representan una maquinaria para sostener las
sacrosantas instituciones del capitalismo / Carlos Aznárez
URUGUAY
1) DEBILIDAD DE CONCIENCIA
La absolución definitiva del general Gregorio Álvarez en el
asesinato de Roberto Luzardo, un prisionero que falleció en el
Hospital Militar en 1973, tras una prolongada agonía como
consecuencia de un avanzado estado de caquexia (extrema desnutrición,
atrofia muscular, fatiga y debilidad), puede considerarse como una
radiografía auténtica de la “caquexia de conciencia” que sufren
los niveles más altos de la justicia uruguaya / Samuel Blixen
2) LA ASONADA QUE FALTABA
Con el procesamiento por asonada dictado contra siete manifestantes de
los más de 150 que, el 15 de febrero, participaron de la
movilización en la Suprema Corte de Justicia (SCJ) en reprobación
del traslado de la jueza penal y especializada en derechos humanos
Mariana Mota, Uruguay se pone a tono con el contexto internacional, y
especialmente latinoamericano. También en este continente los estados
endurecen la criminalización de la protesta social / Walter Pernas
3) PRESIDENCIA RECHAZA QUE URSEC CONTROLE CONTENIDOS DE MEDIOS
Presidencia de la República hizo saber a la bancada de Diputados del
Frente Amplio su disconformidad con el cambio introducido a la
denominada ley de medios, por el que la estatal Unidad Reguladora de
los Servicios de Comunicación (Ursec ) será, según el nuevo texto,
el organismo que se encargará de controlar los contenidos. La
versión original establecía que lo referido a los contenidos así
como a las licencias de radio y televisión estaría a cargo de un
Consejo de Comunicación Audiovisual.
TEMAS DE COMCOSUR
I. CHILE: LOS TRABAJADORES NO VOTAN, SE ORGANIZAN Y LUCHAN
AFP: LA GRAN ESTAFA
Un equipo de CENDA, liderado por el economista Manuel Riesco, acaba de
publicar el estudio Resultados para sus Afiliados de las AFP y
Compañías de Seguros Relacionadas con la Previsión: 1982-2012, en
rigor el retrato más certero que se le haya hecho al sistema de
privado pensiones, como lo demuestra el espeso silencio del sistema
mediático, a pesar de la enorme relevancia de sus conclusiones /
Manuel Riesco
II. URUGUAY: MUJICA Y LA BANCARIZACION
¿NADIE IRÁ A CUESTIONAR EL PROYECTO BANCARIZADOR?
La semana pasada, el Presidente arremetió nuevamente en su audición
de radio contra “los intelectuales”, una categoría variopinta
que, al parecer, incluye a docentes e investigadores universitarios,
periodistas, izquierdistas “jacobinos”, escribanos, autores de
libros, funcionarios del Estado, abogados y veraneantes en Punta del
Diablo, Florianópolis y Miami / Hoenir Sarthou
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NOTICIAS
HONDURAS
1) HONDURAS Y UN FRAUDE QUE EXIGE URGENTE RESPUESTA
Por Carlos Aznárez / Resumen Latinoamericano
Lo ocurrido este domingo en Honduras es algo bien sabido pero que
constantemente se repite para desgracia de los pueblos: las llamadas
democracias «formales» representan una maquinaria para sostener las
sacrosantas instituciones del capitalismo.
Para llevarlo a cabo apelan a fraudes escandalosos, como en este caso,
o utilizan la prepotencia policial-militar si fuera necesario, como
ocurriera en la misma Honduras en otras oportunidades.
Era mundialmente conocido que durante los últimos meses, todas las
encuestas, inclusive las de la oposición mostraban que el triunfo de
la candidata del Partido Libre era irreversible. Xiomara Castro,
acompañada por verdaderas movilizaciones multitudinarias había
recorrido el país y a su paso no sólo recibía el júbilo clamoroso
de sus seguidores, sino todo tipo de improperios por parte de la
derecha oficialista. Estos últimos gestos respondían, sin duda, a la
contundencia del apoyo popular para el Partido Libre, que
prácticamente aseguraban su triunfo.
Sin embargo, las previsiones de fraude no dejaban de ser una amenaza.
Lo recordaban ayer mismo varios de los observadores internacionales
que con el correr de las horas y al ver que el Tribunal Supremo
Electoral (TSE) ocultaba miles de actas y consagraban «manu militari»
el triunfo al candidato oligárquico Juan Orlando Hernández, se
desesperaban para investigar en qué «Tríangulo de las Bermudas»
habían desaparecido esas decenas de miles de votos para Xiomara que
cada uno de los fiscales de Libre habían visto en el conteo urna por
urna.
El gran problema ha residido, y ahora lo reconocen algunos dirigentes
de Libre, es haber tenido la ingenuidad de reconocer de antemano a
este TSE, cuyos integrantes son los mismos que avalaron el golpe
militar de 2009. Se pecó indudablemente de cierta ingenuidad, al
creer que quienes durante estos años generaron un golpe de Estado,
masacraron al campesinado del Aguán, ampararon el asesinato de
periodistas y encarcelaron a miles de hondureños, podían organizar
un acto electoral para ser finalmente derrotados. La burguesía no se
suicida, y sólo puede ser jaqueada a través de la movilización
popular. Allí reside una de estas contradicciones que casi siempre
generan estas democracias no representativas y mucho menos
participativas: imponer instituciones amañadas y corruptas,
integradas por jueces o funcionarios venales que cumplen a la
perfección la consigna de salvar al capitalismo y avalar la
represión que sea necesaria para imponer sus designios.
Fue precisamente ese TSE el que está dando a conocer resultados en
los que la gran mayoría del pueblo no cree. Y eso ocurre así, porque
el sistema hondureño, ese mismo que en su momento fue «perdonado»
injustamente por la gran mayoría de los países latinoamericanos para
que vuelva a los foros continentales, dándole la espalda a la heroica
Resistencia Popular, no va a ceder ni un ápice frente a quienes
desean que se produzcan cambios profundos.
Xiomara Castro ha ganado las elecciones, sin duda, (con una ventaja de
alrededor de 5 puntos sobre el oficialismo) pero ocurre que la derecha
oligárquica y golpista maneja todos los resortes del poder
(ejecutivo, legislativo, judicial, mediático) y puede darse el gusto
de generar esta perversa contradicción: la victoria obtenida en las
urnas se ha perdido en el escrutinio. No es muy distinto a lo que le
ocurrió en dos oportunidades a los seguidores de Andrés López
Obrador en México, y ese ejemplo marca también algunas enseñanzas.
Lo que se pierde en el fraude comicial es necesario ganarlo en la
calle, y sin pérdida de tiempo. Ya lo expresó el referente del
Frente Nacional de la Resistencia Popular y del partido Libre, Juan
Barahona: «No nos vamos a quedar con los brazos cruzados y si nos
roban el triunfo, volveremos a lo que hemos hecho siempre, resistir,
resistir y resistir en las calles hondureñas».
Xiomara Castro ha ganado y el actual momento no parece que se pueda
resolver sólo con denuncias ni con conferencias de prensa, bajo el
riesgo de defraudar a quienes tanto han luchado desde aquellas
jornadas inolvidables de 2009. Se hace necesario antes que nada
preservar la unidad alrededor de Libre, y por otro lado, que su
dirigencia reconduzca rápidamente el proceso y dé señales claras a
nivel nacional e internacional de que está dispuesta a no dejar pasar
este nuevo robo a la voluntad mayoritaria de su pueblo. Si se cierran
las puertas de la legalidad pseudo democrática, si se trata de
imponer una victoria continuista con el desparpajo de manejar un
Tribunal fraudulento, al pueblo hondureño no le va a quedar otro
camino que la confrontación directa con sus enemigos de clase.
Doloroso pero cierto por todas las consecuencias que ello acarrea.
Pero hay circunstancias de los pueblos en las que seguir poniendo «la
otra mejilla» significa prolongar la agonía.
Carlos Aznárez / Resumen Latinoamericano
COMCOSUR INFORMA Nº 1513 – 28/11/2013
URUGUAY
1) DEBILIDAD DE CONCIENCIA
Por Samuel Blixen / Semanario BRECHA
Los supremos y el caso Luzardo
La absolución definitiva del general Gregorio Álvarez en el
asesinato de Roberto Luzardo, un prisionero que falleció en el
Hospital Militar en 1973, tras una prolongada agonía como
consecuencia de un avanzado estado de caquexia (extrema desnutrición,
atrofia muscular, fatiga y debilidad), puede considerarse como una
radiografía auténtica de la “caquexia de conciencia” que sufren
los niveles más altos de la justicia uruguaya.
La Suprema Corte de Justicia, por el voto unánime de sus miembros
(Jorge Ruibal Pino, Jorge Larrieux, Jorge Chediak, Julio César Chalar
y Ricardo Pérez Manrique) rechazó un recurso de casación presentado
por la fiscal penal Adriana Costa en el fallo del Tribunal de
Apelaciones de Cuarto Turno (integrado por Myriam Méndez, Angel Cal y
José Antonio Catenaccio) que revocó el procesamiento del “Goyo”
Álvarez dictado por el juez penal Juan Carlos Fernández Lecchini.
Sintetizando, el juez Fernández y la fiscal Costa consideraron que
Luzardo, paralítico por una herida de bala en su columna vertebral,
murió por falta de asistencia médica que lo sumió en un estado
extremo de desnutrición y falta de higiene, con llagas que se
extendían por todo su cuerpo y que revelaban que no había sido
movido en meses ni había sido alimentado.
Un documento militar “perdido”, con un informe del médico militar
de triste memoria José Mautone, y un informe del Instituto Técnico
Forense no dejaban lugar a dudas sobre las características que
rodearon la muerte. En cambio, el extremo de que el general Álvarez,
en aquel tiempo jefe de Estado Mayor, había dado la orden de que no
se prestara asistencia al prisionero se deducía de un cúmulo de
testimonios.
Para el Tribunal de Apelaciones resultó relativamente fácil
argumentar que no había elementos suficientes que probaran la
responsabilidad de Álvarez; pero fue necesario recurrir a la alquimia
histórica para desmontar la evidencia de que, con o sin orden del
Goyo, el prisionero fue abandonado hasta morir de hambre y de
infecciones generalizadas. Para ello, en el escrito redactado por el
doctor Cal, fue necesario elaborar una gran pirueta: primero, que en
opinión de los médicos que actuaban en aquel entonces en el Hospital
Militar, la muerte por caquexia, en pacientes con dolencias similares
a las de Luzardo, eran “normales” porque no existían ni las
técnicas ni los paliativos que se aplican hoy; dos, que los
familiares de Luzardo no habían formulado ningún reclamo ante la
justicia en 1973, y habían demorado hasta 2002 para hacerlo; y tres,
que la muerte de Luzardo había ocurrido en democracia y que un
militar, aunque fuera un alto oficial, estaba impedido de ordenar la
inasistencia de un prisionero porque no lo permitirían ni el
presidente de la República ni el Parlamento ni el Poder Judicial.
Hay una impudicia en la forma en que se presenta la argumentación.
Pero, fundamentalmente, hay intención deliberada de modificar el
cuadro histórico, cuando se afirma que crímenes de lesa humanidad no
podían ocurrir con autoridades democráticamente electas. Escribió
el doctor Cal: “(…) no tiene en cuenta (el juez) que por más
poder que éste (Álvarez) ya pudiera tener, existía presidente de la
República elegido constitucionalmente y ministro de Defensa designado
legalmente, que eran superiores al imputado con facultades para
ocuparse de la situación y procurar sanciones administrativas o
penales en la vía correspondiente para los omisos; ello sin contar la
justicia ordinaria, Parlamento y parlamentarios de fuste,
independientes y libertarios, como ya se dijo”. Resulta
particularmente irritante que se aluda a los “parlamentarios de
fuste” para fundamentar la vigencia del derecho, cuando esos
parlamentarios denunciaban los crímenes en un Parlamento que hacía
la vista gorda y se hundía en la complicidad, y cuando algunos de
ellos (Michelini, Gutiérrez Ruiz) precisamente fueron asesinados por
su “fuste”.
Todo lo ocurrido durante 1972 (cuarteles repletos de prisioneros,
torturas masivas, violación de prisioneras, ejecuciones sumarias)
pasó “en democracia”, con un presidente de la República
–democráticamente electo– que advertía: “La democracia no
llega hasta eso (la investigación de la conducta de las Fuerzas
Armadas) porque no puede ser opinable la conducta de las Fuerzas
Armadas actuando en defensa del honor de la República”.
Los miembros de la Suprema Corte de Justicia rechazaron la casación
con un argumento inapelable: la casación sólo opera ante errores
formales de los procedimientos y la decisión del Tribunal de
Apelaciones no incurre en ningún error jurídico formal en su
determinación de lavar las manchas de la historia. Lo insólito es
que, gratuitamente, convalida la apreciación sobre las garantías
democráticas en los tiempos en que a Luzardo no se lo higienizaba, no
se lo alimentaba y ni siquiera se lo cambiaba de posición en la cama.
Ese “plus” de la resolución de la Corte es para no dejar dudas
sobre sus posturas respecto de la impunidad.
Samuel Blixen / Semanario BRECHA
COMCOSUR INFORMA Nº 1513 – 28/11/2013
2) LA ASONADA QUE FALTABA
Por Walter Pernas / Semanario BRECHA
El Estado en línea con la represión de manifestaciones sociales
latinoamericanas
Con el procesamiento por asonada dictado contra siete manifestantes de
los más de 150 que, el 15 de febrero, participaron de la
movilización en la Suprema Corte de Justicia (SCJ) en reprobación
del traslado de la jueza penal y especializada en derechos humanos
Mariana Mota, Uruguay se pone a tono con el contexto internacional, y
especialmente latinoamericano. También en este continente los estados
endurecen la criminalización de la protesta social.
A fines de octubre y principios de noviembre, en el 149 período de
sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),
este organismo de la OEA recibió denuncias o trató los casos de
organizaciones no gubernamentales, algunas indígenas, otras de
mujeres, también de trabajadores agremiados, de Guatemala, Ecuador y
Honduras, que se ven afectadas o perseguidas por el sistema de
justicia y los gobiernos de esos países. La razón: las
movilizaciones que han emprendido contra grandes emprendimientos de
minería, petroleros, o contra la falta de libertad para expresar el
pensamiento y oponerse a la postura dominante sobre temas económicos,
políticos y sociales. En situaciones similares se encuentran
organizaciones de Colombia, Perú, Bolivia, Brasil, Paraguay, entre
otros países, que están denunciando sus casos y preparan demandas
internacionales.
Y Uruguay no es la excepción: “Por supuesto que este caso puede
terminar en la Corte Interamericana. Se encuentra en el mismo circuito
de estrategias para criminalizar la protesta por parte de los estados.
Lo que hoy son procesamientos por protestar contra el traslado de una
jueza, mañana pueden ser por movilizarse contra proyectos de
megaminería u otros por el estilo. Estamos defendiendo a estas
personas en el ámbito del derecho interno, pero naturalmente estamos
dispuestos a denunciar el caso en tribunales internacionales”, dijo
a Brecha uno de los abogados de los manifestantes, Juan Fagúndez.
Para el jurista, quienes protestaban “no perseguían un fin
ilícito, sino el de expresar su rechazo ante una decisión de las
autoridades”, en este caso del Poder Judicial. “Por eso, no se les
puede aplicar una figura delictiva, no se puede usar el Código Penal
contra aquellos que manifiestan su disconformidad ante decisiones del
Estado”, remarcó. Cuestionó además, por “obsoleto”, el delito
que la jueza Gabriela Merialdo aplicó a los manifestantes (Jorge
Zabalza, Irma Leites, Álvaro, Diego y Eduardo Jaume, Patricia Borda y
Aníbal Varela), todos procesados sin prisión por “asonada”.
De acuerdo al artículo 145 del Código Penal, “cometen asonada los
que se reúnen en número que no baje de cuatro personas, para causar
alboroto en el pueblo, con algún fin ilícito” o “para perturbar
con gritos, injurias o amenazas, una reunión pública, o la
celebración de alguna fiesta, religiosa o cívica, o para exigir de
los particulares alguna cosa justa o injusta”.
De esta manera, el solo hecho de perturbar con gritos una reunión
pública es considerado delito, y puede llegar a penarse con tres a
nueve meses de prisión. Se trata de una figura que no parece
ajustarse a los criterios internacionales de derechos humanos, en
tanto penaliza la libre expresión del pensamiento, delito que bien
pudo caer en desuso en los tiempos que corren.
Pero ha sido desempolvado y aplicado a siete manifestantes con cierta
notoriedad pública que se encontraban entre unas 150 personas, que
aplaudían y realizaban cánticos a favor de la jueza Mota y en contra
de la scj. Porque en eso consistió la protesta en las instalaciones
del Palacio Piria, sede del máximo órgano del Poder Judicial, que no
dudó en formular la denuncia penal contra los cuestionadores.
Distraídos
La jueza Merialdo asume en su fallo que “no hubo violencia en el
ingreso de las personas” al Palacio Piria, “mas sí un gran
desorden y alboroto dentro del edificio”.
Según testimonios de algunos jefes del procedimiento policial,
recogidos en el fallo, “nada indicaba que pudiera haber algún
incidente”. Y se admitió además que “se consultó” a las
autoridades judiciales al ver que la gente iba ingresando a la sede,
“y como era una ceremonia pública no hubo impedimento para el
acceso”.
Así queda claro que nadie tomó las instalaciones por la fuerza, y
que ni siquiera se preveían incidentes. Ninguna persona invadió el
lugar reservado para que los ministros de la scj tomaran juramento a
los jueces que serían trasladados, y nadie les entorpeció el paso,
puesto que además, se encontraban en una sala contigua que se
comunica por una puerta con la sala de ceremonias de la Suprema Corte.
Pero los miembros de la corporación declararon que se vieron
impedidos de salir, y que sintieron temor por lo que les pudiera
ocurrir. Así, prefirieron suspender el acto –por tan sólo tres
horas, hasta que se logró desalojar el recinto– y no hacerse
presentes en una “ceremonia pública” ante quienes querían
hacerse oír.
“En efecto, todos ellos participaron de una reunión tumultuaria que
afectó el bien jurídico orden político interno del Estado,
menoscabando por la estruendosa e ilícita ocupación del edificio
público donde tiene asiento la Suprema Corte de Justicia el normal
desarrollo de las actividades jurisdiccionales y administrativas del
máximo órgano del Poder Judicial, y provocando una clara
perturbación ‘mediante gritos e injurias’ en la celebración de
audiencias públicas de juramentos a sus nuevos cargos de varios
jueces, las cuales, por consecuencia directa de los hechos, debieron
suspenderse y prorrogarse por más de tres horas; y de dichas acciones
emerge la adecuación típica con la figura penal imputada”,
señaló la jueza en su resolución.
Aunque el acto retrasado se pudo cumplir, la corporación no desistió
de la denuncia penal, y auspició el proceso a fin de que se
sancionara a los responsables de la manifestación. El caso quedó en
manos de Merialdo, una jueza que de alguna manera se encontraba
comprometida, debido a que a la vez que es receptora de una denuncia
de la Suprema Corte es investigada por esta corporación en un caso de
eventuales anomalías administrativas que pueden determinar sanciones
en su contra. (Véase Brecha, 27-IX-13.)
Además, la scj volvió a cargar contra la jueza Mota. Ya la había
trasladado a una sede civil a pesar de que la magistrada debía
decidir en cerca de cincuenta causas vinculadas al terrorismo de
Estado. Ahora le pidió un informe a fin de que explique por qué dio
su opinión a la prensa, oponiéndose al pedido de procesamiento
contra los siete manifestantes.
La defensa de los indagados por la manifestación del 15 de febrero
planteó en sede penal que se estaba criminalizando la protesta. Y
ante este argumento, el fallo de Merialdo señaló: “Tales
consideraciones son intrínsecamente políticas y, como tales, son
respetables y pueden plantearse en los ámbitos que el Estado de
derecho garantiza para la crítica de las leyes”. Pero sostuvo que
la magistratura “debe distinguir sin vacilaciones” entre la
obediencia a “la ley tal como es” y las críticas expuestas de
“la ley tal como podría ser”. Y que de lo contrario “no sólo
violaría el deber de legalidad al que debe acatamiento cada miembro
del cuerpo judicial y la ciudadanía toda; además, estaría
agrediendo los derechos ciudadanos, una de cuyas principales
garantías es, precisamente, el principio de legalidad, exigible
rigurosamente en materia penal”.
Y así, se justificó: “En el acierto o el error, esta magistrada se
atiene a esos principios, a los cuales considera de aplicación
inmediata, por ser imperativos sin condiciones; y cumple su deber
tipificando las conductas que desbordaron la mera expresión de la
libertad de pensamiento que ampara la Constitución y obstaculizaron,
por breves horas, la normalidad de la gestión de un poder del
Estado”.
El fallo tiene lugar unos días después de que la Red Iberoamericana
de Jueces –luego de la visita de una delegación a Uruguay–
emitiera un informe que cuestionó el proceder del Poder Judicial
local: “Se observa con especial preocupación la judicialización
penal y pretendida criminalización de la protesta social impulsada
por la misma Suprema Corte de Justicia en el caso de manifestantes que
exteriorizaron disenso legítimo en contra de las decisiones de la
misma Corte. Llamamos a respetar en toda su extensión el derecho a la
legítima protesta social”, afirmó el documento.
Fagúndez dijo a Brecha que en este caso “todos se hacen los
distraídos”, y de esa manera incluyó a los legisladores, que a
pesar de que la figura de asonada se encuentra en el Código Penal
bajo el título de “Delitos contra el orden político interno de un
Estado”, aseguran –según sostiene el abogado– que “no se
trata de un tema político” y que por tanto “es un asunto de la
justicia” en el que “no tienen que meterse”. Todo esto aun
cuando diputados y senadores son los encargados de crear, derogar y
modificar leyes.
Walter Pernas / Semanario BRECHA
COMCOSUR INFORMA Nº 1513 – 28/11/2013
3) PRESIDENCIA RECHAZA QUE URSEC CONTROLE CONTENIDOS DE MEDIOS
El Observador, 26 de noviembre de 2013
Ley de medios. Diputados la aprobó en comisión y en diciembre irá
al plenario
Presidencia de la República hizo saber a la bancada de Diputados del
Frente Amplio su disconformidad con el cambio introducido a la
denominada ley de medios, por el que la estatal Unidad Reguladora de
los Servicios de Comunicación (Ursec) será, según el nuevo texto,
el organismo que se encargará de controlar los contenidos. La
versión original establecía que lo referido a los contenidos así
como a las licencias de radio y televisión estaría a cargo de un
Consejo de Comunicación Audiovisual.
El proyecto fue aprobado en comisión de Industria con los votos del
Frente Amplio y se espera que el plenario de la cámara baja lo trate
en diciembre. El Senado deberá analizarlo ya entrado el año
electoral. El jueves pasado, un asesor del prosecretario Diego Cánepa
fue al Parlamento a reunirse con diputados oficialistas y señalarles
el malestar de Presidencia por el cambio introducido, que contó con
el aval del Ministerio de Industria y fue propuesto por dos diputados
del Frente Líber Seregni que son abogados.
Los legisladores Jorge Orrico y Felipe Michelini entendieron que votar
la creación del Consejo y cargos –incluso honorarios– para
integrarlo será inconstitucional por estar a menos de un año de las
elecciones nacionales, por lo que optaron por elegir a la Ursec para
que cumpla esa función.
Según supo El Observador de fuentes oficiales, la idea de Presidencia
es que se apruebe la creación de la institución, es decir del
Consejo de Comunicación Audiovisual, sin incluir los cargos. En tal
sentido, se recuerda el nacimiento del Instituto de Derechos Humanos,
cuando fue aprobado en 2009 y luego de terminado el año electoral se
votó el presupuesto para los sueldos de los jerarcas.
Ese camino fue propuesto por el Ministerio de Industria en la
discusión con la bancada pero los legisladores lo rechazaron. Allí
fue que Orrico sugirió asignarle el rol a un organismo que ya exista
y que el ministro de Industria, Roberto Kreimerman, propuso a la
Ursec. La iniciativa contó con el respaldo del FLS y del MPP.
Una de las principales críticas que recibió la ley de medios en su
proyecto original refirió precisamente al hecho de que el organismo
regulador sea gubernamental, como en este caso la Ursec.
La misma crítica se hizo de parte de organismos internacionales,
cuando se propuso que los cinco miembros del Consejo de Comunicación
Audiovisual fueran nombrados por el presidente. Luego la designación
se cambió y cuatro de los miembros requerían para su nombramiento el
apoyo de dos tercios del Senado, aunque si la cámara alta no lograba
un acuerdo en 60 días, serían nombrados por mayoría simple,
informó Búsqueda.
La bancada de diputados recibirá hoy nuevamente a una delegación del
gobierno para analizar este asunto.
El Observador
COMCOSUR INFORMA Nº 1513 – 28/11/2013
TEMAS DE COMCOSUR
I. CHILE: LOS TRABAJADORES NO VOTAN, SE ORGANIZAN Y LUCHAN
AFP: LA GRAN ESTAFA
Adjuntamos a este Informativo un interesante documento que refleja lo
que son las AFP y como se han transformado en una estafa más a los
trabajadores (as) chilenos. Informativo Don Clotario / CNT Chile
La gran estafa
Por Manuel Riesco / Universidad de Concepción
Un equipo de CENDA, liderado por el economista Manuel Riesco, acaba de
publicar el estudio Resultados para sus Afiliados de las AFP y
Compañías de Seguros Relacionadas con la Previsión: 1982-2012, en
rigor el retrato más certero que se le haya hecho al sistema de
privado pensiones, como lo demuestra el espeso silencio del sistema
mediático, a pesar de la enorme relevancia de sus conclusiones.
Demuestra, para empezar, que de cada tres pesos que recauda el
sistema, tanto por la vía de la cotización de los afiliados como de
subsidios del Estado, dos se quedan enredados entre los
administradores y los grandes grupos financieros, que en la práctica
son los mismos, precisamente el principal de los motivos por los
cuales el sistema paga pensiones tan bajas.
Enseguida, el estudio comprueba que en 2012, las cotizaciones más que
duplicaron el monto de las pensiones pagadas por las AFP y compañías
de seguros, y el Estado aportó adicionalmente, subsidios equivalentes
a dos tercios de éstas. A pesar de ello, o más bien por lo mismo,
los montos de las pensiones son inciertos, pues dependen de las
veleidades de los mercados financieros, que en los últimos seis años
han generado más pérdidas que ganancias al fondo de pensiones.
Además, éste se reduce en razón inversamente proporcional al
aumento de la expectativa de vida de la población.
En tercer lugar, el estudio traza una síntesis magistral de la
naturaleza y la lógica interna del sistema privado de pensiones: un
sistema de ahorro forzoso concebido para extraer recursos del factor
trabajo, y transferirlos directamente a los propietarios del capital.
Sin embargo, tal vez la conclusión más importante del
estudioconsiste en la demostración de que si se devuelve el sistema
previsión a la administración del Estado, no sólo se podría
duplicar el monto de las pensiones, hasta igualar las pensiones que
actualmente paga el sistema público, sino que incluso en ese caso,
habría un considerable ahorro en el gasto fiscal.
Del desarrollo de esas conclusiones del estudio versa la siguiente
entrevista a su autor, el economista Manuel Riesco.
¿Qué metodología utilizó en el estudio?
“Lo que hace el estudio es visualizar el sistema en su conjunto,
incluyendo AFP’s y compañías de seguros que lo conforman, y
analizarlo como si fuera una gran alcancía, que por otra parte, es lo
que el sistema dice ser, a la cual los afiliados entregan aportes
todos los meses y el fisco entrega subsidios, ambos en dinero
efectivo; y por otro lado, de esta alcancía se sacan todos los meses,
pensiones y beneficios que el sistema paga a través de las AFP, o las
compañías de seguros, en forma de rentas vitalicias. Lo que hace el
estudio es analizar cuánto dinero entra, y cuánto sale, y por esa
vía, llega a la asombrosa conclusión que los aportes triplican las
pensiones que se pagan. En otras palabras, los aportes de los
afiliados y los subsidios del fisco son tres veces mayores a las
pensiones que paga el sistema”.
¿Determina el estudio donde se van los dos tercios restantes?
“Bueno, a alguna parte tendrá que ir, porque esta alcancía
debería estar repleta de dinero, en el símil de la bóveda de Tío
Rico. Sin embargo, tú abres la alcancía y encuentras que no hay un
solo pesos de dinero en efectivo. Sin embargo, entran todos los meses,
miles de millones de pesos, y sale una tercera parte en pensiones. Por
tanto, la cantidad de dinero que debería haber adentro, es
gigantesca. En consecuencia, alguien lo está sacando, porque adentro
no hay plata”.
Lo que hay son títulos de deuda, imagino…
“Lo que tu encuentras adentro, son papeles. Abres la caja que dice
La Polar, y encuentras una serie de papeles firmados por los
ejecutivos de La Polar, que dicen que ellos han recibido préstamos de
las AFP, o sea pagarés, y que lo van a devolver con gigantescos
intereses. O son acciones de La Polar, que la AFP compró a buen
precio. Bueno, hoy los pagarés y las acciones de La Polar no valen
nada, porque como sabemos, La Polar era un gigantesco fraude”.
Y la pérdida la hacen los afiliados…
“Por supuesto. El dinero contante y sonante fue a La Polar, y lo que
queda son estos papeles que no valen nada. Soquimich, por ejemplo, es
una de las cajas más grandes que hay adentro. Ha recibido cualquier
cantidad de dinero de las AFP. Con eso, Ponce Lerou tomó control de
la empresa estatal. Hoy sabemos que el valor de las acciones de
Soquimich ha sido inflado. Enersis era la caja más grande, porque a
través de este dinero contante y sonante, Yurasczek tomó el control
de Endesa, de Chilectra y formó un imperio, que después vendió a
Endesa España, con un gigantesco beneficio para él. Lo que quiero
decir, es que son cajas con papeles. Hay alguna caja que dice Estado
de Chile, que contiene bonos de Estado, que dicen que Estado va a
devolver esta plata que les prestaron las AFP, con el correspondiente
interés. Esa caja es alrededor de un quinto del fondo. Hay otra caja
más chiquitita, equivalente más o menos a un 2%, que son bonos
hipotecarios”.
Con la desvalorización de los títulos de deuda o las acciones,
¿podría hipotéticamente el sistema entrar en default, o crisis de
pagos?
“Difícilmente va a entrar en crisis de pagos, si todos los meses
está entrando el triple de lo que sale. Lo que puede suceder, y de
hecho sucede, es que lo que está acumulado teóricamente ahí, no
vale lo que dicen que vale. Así pasó, por ejemplo, en 2008. La suma
de todos estos papeles es el fondo de pensiones, que tiene un valor.
Pero ese valor es una idea abstracta, porque no es dinero. Es lo que
valen hoy esas acciones y esos bonos. Pero eso depende de muchas
cosas. En 2008, esos papeles perdieron un tercio de su valor…”
Quedó pendiente la respuesta acerca de dónde se quedan los dos
tercios de lo que recauda el sistema, que no van a pensiones…
“Voy a eso. Pero primero quiero completar las cifras gruesas de lo
que entra y lo que sale, porque son muy significativas. El total de lo
que entra, triplica lo que sale. Pues bien, sólo lo que ha puesto el
fisco, equivale a las tres cuartas partes de las pensiones que se han
pagado. Es decir, el fisco ha financiado con subsidios, y con dinero
contante y sonante, tres cuartas partes de las pensiones que ha pagado
el sistema AFP. Si hacemos la comparación de las cotizaciones de los
afiliados con las pensiones que se pagan, veremos que las cotizaciones
de los afiliados -sólo las obligatorias- duplican las pensiones que
se pagan. Ese es el cuadro. Tú preguntas dónde se va el dinero. Hay
un chorro grande que se va a los grupos financieros que emiten estos
pagarés y estas acciones. La alcancía está llena de estos papeles
que emiten los grupos financieros, que han recibido a cambio, dinero
contante y sonante. Hay otra manguera que sale de este chanchito, y va
a los administradores del sistema, es decir, las AFP y las compañías
de seguros”.
Recuerdo que en un estudio anterior, ustedes precisaban que uno de
cada tres pesos recaudados por el sistema, iban a las AFP y
compañías de seguros…
“Exactamente…y ahora lo confirmamos. Incluso más de uno de cada
tres pesos que ponen los afiliados se va para allá. Otra comparación
interesante es que lo que han sacado en primas y comisiones las AFP y
compañías de seguros, equivale, o se acerca mucho, a lo que han
pagado en pensiones. En otras palabras, el chanchito tiene, por una
parte, lo que le ponen los afiliados y el fisco todos los meses, y por
otra, una tetita no muy grande que va a los pensionados, en pensiones
muy magras y miserables, como reconoció incluso uno de los
panegiristas del sistema. Resulta que las AFP y compañías de seguro,
que son en el fondo cinco empresas, se llevan tanto dinero como el
millón de afiliados que hoy cobran pensiones”.
A la luz de esas cifras, el sistema es un verdadero escándalo…
“Es un sistema de ahorro forzoso, en que se saca dinero del bolsillo
de los afiliados, equivalente al 13% del sueldo, y se saca, por otro
lado, una parte significativa de los ingresos fiscales, es decir, del
IVA y los excedentes de Codelco, y se traspasa directamente a los
bolsillos de las AFP y compañías de seguros y a los grandes grupos
financieros”.
¿Ese era el sentido último de la reforma de 1981 que privatizó el
sistema de pensiones; es decir, crear un mecanismo para transferir
renta del trabajo al capital?
“Evidentemente. Ese era el sentido: echarle el guante a las
cotizaciones previsionales. Eso es el sistema”.
Después de treinta años de experiencia ¿lo calificaría como un
fracaso total?
“Hay que calificarlo como lo que es: un sistema de ahorro forzoso,
porque esto va a continuar así para siempre, salvo, naturalmente, que
lo cambiemos. Está diseñado para esto. No es que en algún momento
el chanchito empiece a desinflarse, y estos papeles se vayan a
transformar en dinero en efectivo, que se pague en pensiones, que por
otro lado, sería lo lógico, ¿cierto? No. El chanchito va a seguir
engordando de papeles, porque siempre los aportes de los afiliados y
el fisco van a ser mucho mayores que las pensiones que paga el
sistema. Por tanto, siempre el dinero cotizado por los afiliados y
contribuido por el fisco se va a ir a los grandes grupos financieros,
y una parte equivalente a las pensiones se va a ir a los
administradores del sistema, o sea, AFP y compañías de seguros”.
Por la vía de la reforma, pero sin alterar su lógica y su esencia de
acumulación individual ¿se pueden mejorar las pensiones?
“No, porque lo que está ocurriendo es que constantemente se está
yendo el dinero para otro lado. El dinero de las pensiones, el dinero
que se contribuye para pagar pensiones, en realidad no se usa para
pagar pensiones, sino en una pequeña parte. Dos tercios de la
recaudación se usan para otros fines: traspasar recursos de los
trabajadores a los grupos financieros, y remunerar a los
administradores, vale decir, AFP y compañías de seguros”.
Siempre dentro del sistema, y por la vía de la regulación ¿se
podrían cambiar las proporciones?
“Dentro de la lógica de ahorro forzoso del actual sistema, no. Lo
que hay que hacer es taponar el sistema, de forma que el dinero que se
contribuye para financiar pensiones, se ocupe para pagar pensiones. de
simple. En otras palabras, hay que ponerle un tapón a lo que se está
yendo hacia los grupos financieros, y otro tapón para lo que se
están llevando los administradores, porque todo esto lo puede
administrar el INP o el IPS, sin mayor costo. Y eso lo transforma en
un sistema de reparto”.
Una de las partes que me llamó la atención del estudio, remite a los
cálculos acerca del cambio de sistema, a la modalidad de reparto.
Según el estudio, al Estado le sale mucho más barato hacerse cargo
de la administración del sistema, y de pagar las pensiones, en
esencia, un sistema de reparto, lo cual permitiría, además de
mejorar las pensiones, un enorme ahorro fiscal. Quisiera que
desarrollara este punto…
“Es fácil. Si se termina el sistema, se ponen estos dos tapones, y
se transforma en un sistema de reparto, en que el dinero que entre se
use para pagar pensiones, cuál sería el balance. Anualmente están
entrando 5,8 billones de pesos (millones de millones, n. de la r.),
entre aportes de los afiliados y el fisco, que son como 4,4 billones,
y subsidios fiscales, que suman 1,4 billones más. Total, 5,8
billones. Esos recursos ya no a irían a parar a los grupos
financieros o a los administradores del sistema, sino quedarían en la
alcancía, en el chanchito, y serían administrados por el fisco. El
fisco recuperaría estos 5,8 billones de pesos, y por supuesto
tendría que hacerse cargo de pagar las pensiones que pagan las AFP, y
seguiría pagando los subsidios que reciben esas personas. Pero
tendría que pagar sólo las pensiones que pagan las AFP, puesto que
las rentas vitalicias que pagan las compañías de seguros, tienen que
seguir pagándolas las compañías de seguros, porque se quedaron con
todos los fondos de los afiliados. Si no, tendrían que devolverlos.
El Estado tendría que hacerse cargo de las pensiones que pagan las
AFP, y los subsidios que reciben unas y otras, o sea, los que pagan
las AFP y las compañías de seguros. Eso sumó 1,1 billones de pesos,
el año pasado. Por lo tanto, el balance neto sería un excedente de
4,7 billones de pesos anuales, que equivalen al 3,6% del Producto
Interno Bruto de 2012. Eso permitiría duplicar todas las pensiones
que paga el sistema de AFP, para igualarlas con las que paga el
sistema público. El resultado es que el Estado recibiría un 3,6% del
PIB, lo que equivale a aumentar en 10% los ingresos fiscales
generales. Con esto, el Estado podría duplicar las pensiones, que es
hoy una demanda masiva del millón de personas que hoy reciben
pensiones del sistema de AFP. Tú no puedes tener un país sin
pensiones. Esto es insostenible”.
En 2016 jubila la primera cohorte de los trabajadores que se cambiaron
al sistema de AFP, en 1981. Cuando sean no un millón, sino tres o
cuatro millones de trabajadores que comprueben en carne propia lo que
aquí estamos hablando. ¿Cree que el peso de la crisis política que
eso implica obligará a cambiar el sistema?
“Sin la menor duda. Hay que arreglar esto, y no se puede arreglar
sin terminar con este escándalo. El sistema ya tiene un millón de
jubilados, es decir, empezó a jubilar gente desde los años ochenta,
con gravísimo perjuicio para todos ellos. Lo que sucederá a partir
de algunos años más es que se sumarán a ellos los que no tienen
bono de reconocimiento, porque sólo han cotizado en este sistema.
Pero la crisis ya existe y desde hace tiempo. Lo que hará es
agravarse”.
Para decirlo sin ambages ¿cree que la única solución es volver al
sistema de reparto?
“Pero, obvio. Sin la menor duda. Si no, cómo vamos a aumentar al
doble las pensiones. Porque si realmente queremos resolver el
problema, tenemos que duplicar el monto de las pensiones, como
mínimo, para igualar las pensiones del sistema público. Y la única
fuente de dinero para eso, es lo que los administradores y los grupos
económicos se están embolsando todos los meses. Cómo va a ser
presentable que la gente no tenga pensiones, mientras doce grupos
económicos, entre ellos cinco que son dueños de las AFP, se embolsan
anualmente, en dinero contante y sonante, puesto por los afiliados y
el fisco, el 3,6% del PIB. Es un escándalo. Y más encima, quieren
más aportes. Quieren que los afiliados y el fisco pongan más dinero,
y que se aumente la edad de jubilación”.
¿Usted los ve preocupados?
“Ellos piensan que tienen el sartén por el mango, pero
evidentemente no las tienen todas consigo. Ellos saben que si cambia
la situación política, y hay una nueva Constitución, esto, junto
con el cobre, son las primeras cosas que se van a terminar, porque son
tan escandalosas, que se tienen que terminar, como ya las terminaron
Polonia, Hungría, Argentina y Bolivia”.
Sin embargo, para que ello ocurra en Chile, se requiere mayor presión
social, y con esto quiere decir que el problema, en último término,
es político…
“Bueno, la resistencia en esto es muy grande, porque la cantidad de
dinero que se están llevando, es descomunal”.
Tan descomunal como la falta de información. De hecho, no he visto
ninguna referencia a este estudio en los medios… ¿Qué se debe
hacer, a su juicio, para instalar el problema en el ámbito político?
“Desde luego, hacerlo parte de todo programa político. Esto no
entró en el programa del próximo Gobierno, y esa es una de las
razones por las cuales los trabajadores y sus organizaciones
sindicales no han adherido formalmente a ninguna candidatura, porque
este problema, y los derechos laborales, no están incluidos en el
programa. Pero se va a seguir presionando. Y como el problema es
mucho, y la paciencia es poca, lo que puede ocurrir aquí es que o se
le da curso a esto mediante una discusión constitucional que abra la
llave para que estas cosas se resuelvan, o el problema asumirá
contornos impredecibles”.
El sistema se implantó por medio del Decreto Ley 3.500. ¿La
solución no es tan simple como cambiar un decreto ley?
“No porque tiene rango de ley orgánica constitucional, y por tanto,
exige quorum calificado, lo mismo que para cambiar la propia
Constitución”.
Esto me hace pensar que resolver esto, como la renacionalización del
cobre y la reforma a la educación, implica cambiar el paradigma o
modelo de desarrollo…
“Resolver esto es lo más fácil que hay, porque la cantidad de
dinero es tan enorme, que bastaría que si siquiera se le ponga el
tapón completo a lo que se están llevando ellos, sino que se cerrara
un poco el espiche. Bastaría que se terminara con las AFP, y el
Estado, a través de un control estatal, se hiciera cargo de la
administración de todo esto, y ya se cerraría el espiche que
equivale al monto del fondo de pensiones; o sea, con cerrar las AFP,
ya se podría duplicar el monto de las pensiones, dejando todavía un
chorro que yaya a los mercados financieros, cosa que también debería
taponarse”.
¿Y qué sensación tiene respecto a la viabilidad del cambio de
sistema?
“Creo que no sólo es inevitable, sino que tiene que resolverse
luego. Un país no puede tener a sus profesores a sus jueces o a sus
trabajadores calificados sin pensiones. No puede discriminar a las
mujeres y darles menores pensiones que a los hombres. Las mujeres son
el único grupo que se le discrimina por sus expectativas de vida
distinta. Si fuera por eso, las pensiones de los sectores de altos
ingresos deberían ser menores, porque su expectativa de vida es mucho
mayor que la que tienen las mujeres en relación a los hombres, o
respecto al promedio de la población”.
¿En qué fuentes se fundamentó el estudio?
“En las cifras oficiales. Lo único bueno que tiene este sistema son
las estadísticas, que son maravillosas, porque es un sistema que
permite hacer un censo mensual de la fuerza de trabajo real. El
estudio tiene la siguiente metodología: son planillas de cálculo que
están en la red, y están enlazadas directamente a la fuente, de
manera que cualquier dato, por ejemplo que los subsidios público son
tres cuartas partes las pensiones pagadas, es posible rastrearlo hasta
llegar a las fuentes directas y públicas, principalmente la
Superintendencia de Pensiones, que tiene muy buenas estadísticas,
magníficas. Tanto es así que esas ´lanillas se actualizan en forma
automática, porque tenemos el vínculo directo. Es decir, google va a
mirar la página de la superintendencia, saca el dato, lo elabora con
las fórmulas que le pusimos a esas planillas de cálculo y finalmente
entrega el dato, como el que acabo de mencionar”.
¿Y no le llama la atención que nadie debata ni refute los datos del
estudio?
“No, para nada. El silencio representa la línea de menor costo y el
mejor expediente para no difundir más estos resultados. Ellos se
mueven en esto de una manera completamente inmoral. Por ejemplo,
contratan “expertos” que hacen estudios que demuestran
teóricamente que las pensiones chilenas serían las que tiene las
tasa de reemplazo más altas del mundo, respecto del sueldo último,
mejores que las pensiones alemanas”.
Pero eso es ridículo…
“Ridículo. Las cifras reales muestran que una jueza que gana tres
millones de pesos, a pesar de haber cotizado toda su vida por el tope,
sin fallar un solo mes, saca una pensión de 330 mil pesos, menos de
la décima parte de lo que ganaba como activa. Esa es la realidad.
Ellos concluyen que la tasa de reemplazo es de un 80%. Y cómo lo
hacen: sacan un promedio de lo que saca la gente y lo comparan con lo
que ha aportado en los últimos diez años. Como es tan precario el
empleo, y los dos tercios de los chilenos cotiza un mes de cada dos,
el promedio es inevitablemente bajo, y eso lo comparan con la pensión
que sacan. Y en la pensión que sacan, incluyen los subsidios
públicos. Y resulta que los subsidios públicos para la mitad de las
pensiones, representan el 73% de las pensiones que reciben los
afiliados. Esa es la seriedad con que se maneja esta gente. Comparan
subsidios públicos con contribuciones que son un mes sí y el otro
no”.
Me resulta difícil encontrar una lógica detrás de este sistema, y
más difícil aún explicarme como se sostiene…
“La lógica es la de un sistema de ahorro forzoso, que le saca
dinero a los afiliados y al Estado, y lo inyecta a los mercados
financieros, los que se hinchan de plata, y algo de eso chorrean. Algo
de eso le llega a las empresas, y las empresas con eso invierten”.
O sea, un autorretrato del modelo…
“Pero, claro. Esta es una de las principales fuentes de la
desigualdad del ingreso. En rigor, son tres las principales fuentes de
desigualdad. La primera, es el cobre, por supuesto. Lo que se llevan
las transnacionales en renta equivale, más o menos, al 9% del PIB.
Esas son las utilidades antes de impuestos. Esas son rentas, es decir,
dinero que nos pertenece a todos, porque proviene de un mineral que de
acuerdo a la Constitución, nos pertenece a nosotros. Después, vienen
los intereses de las tarjetas de crédito, los intereses de los
créditos de consumo y los intereses de las tarjetas de las casas
comerciales, que en conjunto, representa el 4,5% del PIB. Y la tercera
fuente de desigualdad del ingreso es esta, porque se lleva el 3,6% del
PIB. Si sumas esos tres conceptos, tienes el 18% del Producto Interno
Bruto, que se está sacando a los trabajadores, y pasando a los
empresarios. Si ese 18% lo recuperas, la porción de la torta que hoy
reciben los trabajadores, que es 35%, según el Banco Central,
subiría automáticamente a 53%, con lo cual la distribución del
ingreso se normaliza, porque en los países desarrollados esa
proporción es del 60%”.
Eso me parece promisorio, desde el punto de vista de un nuevo modelo
de desarrollo…
“Por supuesto. Basta resolver estas tres cosas, y estás listo. O
sea, en qué topamos… Exactamente”.
Informativo DON CLOTARIO / CNT Chile / Enviado por Jorge Marrero
TEMAS DE COMCOSUR Nº 1513 – 28/11/2013
II. URUGUAY: MUJICA Y LA BANCARIZACION
¿NADIE IRÁ A CUESTIONAR EL PROYECTO BANCARIZADOR?
Por Hoenir Sarthou / Semanario Voces – 13/11/2013
La semana pasada, el Presidente arremetió nuevamente en su audición
de radio contra “los intelectuales”, una categoría variopinta
que, al parecer, incluye a docentes e investigadores universitarios,
periodistas, izquierdistas “jacobinos”, escribanos, autores de
libros, funcionarios del Estado, abogados y veraneantes en Punta del
Diablo, Florianópolis y Miami.
Aparentemente, según Mujica, toda esa gente tiene en común dos
características: la primera es una visceral insolidaridad que le
impide “comer guiso”, “levantar paredes” y “comprar medio
quilo de chorizos para compartir con los pobres”; la segunda
característica es que discrepan con él o critican a su gobierno.
Juro que no exagero. Palabras más, palabras menos (tratándose de
Mujica, siempre son más bien palabras más), eso es lo que dijo.
Uno podría pensar muchas cosas sobre esas afirmaciones. De hecho,
algunos “intelectuales” que conozco se han enojado y han llegado a
insinuar que las palabras del Presidente revelan envidia y
resentimiento personal. Otros piensan que son señal de frustración,
en la recta final de un gobierno al que demasiadas cosas le han salido
mal. Algunos, más malévolos, sospechan que es una deliberada
apelación al “pobrismo”, para alinear a su desconcertada tropa
política contra un enemigo difuso y poco peligroso (muchos se
sorprenden de que Mujica, que no se ha peleado con nadie y que ha sido
tolerante con los militares torturadores, con los administradores de
PLUNA, con “el caballero de la derecha” y su jefe, con el gobierno
argentino, con Tenfield y el Pato Celeste, con la Federación Rural,
con las corporaciones sindicales y con las empresas multinacionales,
se pelee con “los intelectuales”). Por último, no faltan quienes
lo recuerdan comiendo solidariamente -no precisamente guiso- con
López Mena, Paco Casal y la embajadora de los EEUU, entre otros.
Pero yo no voy a criticar a Mujica por lo que dijo. Me preocupa más
lo que no dijo. Porque en ese programa de radio se perdió una
espléndida oportunidad de explicar qué es el proyecto de ley “para
fomentar la inclusión financiera y los medios de pago
electrónicos”, que acaba de ingresar al Parlamento casi sin ningún
debate público.
Es difícil resumir en pocas palabras el enorme cambio social y
cultural que aparejaría la aprobación de ese proyecto de ley, que,
hasta donde se sabe, cuenta con la bendición de la Asociación de
Bancos y de AEBU y con el padrinazgo del Ministerio de Economía.
Casi telegráficamente, el proyecto dispone que todas las
transacciones monetarias se realicen obligatoriamente a través de los
bancos o de instituciones de intermediación financiera. Todas: el
cobro de sueldos y de jubilaciones, el pago de impuestos, el cobro de
honorarios, el pago de alquileres, la venta de inmuebles, vehículos y
servicios. En fin: todo.
La intención declarada del proyecto es incorporar, en forma
obligatoria, a toda la población, especialmente a los sectores de
menores ingresos, al sistema financiero bancario, facilitándole la
obtención de créditos y rebajándole los impuestos para las compras
que se realicen a través del sistema bancario.
Es obvio que la economía del país se “bancarizará” y que todo
el dinero circulante pasará por el sistema bancario, que
prácticamente no paga intereses. Como el plan prevé un papel
preponderante de la banca privada, es obvio que el sistema bancario
privado tendrá óptimas oportunidades de aumentar sus ganancias
estimulando el endeudamiento y el consumismo de los que menos tienen.
Hay decisiones políticas que son definitorias. Así que uno no puede
menos que sorprenderse de que un proyecto de esta naturaleza se
promueva durante un gobierno del Frente Amplio y en particular bajo la
presidencia de Mujica.
¿En qué quedó el romántico plan de 1971 de “nacionalizar la
banca”? ¿En qué momento fue sustituido por el de “bancarizar la
Nación”? ¿Quién lo resolvió? ¿Por qué?
¿Cómo se compagina este proyecto, estimulador del endeudamiento y
del consumo, con el discurso de la austeridad y el anticonsumismo con
el que Mujica ha cosechado aplausos por el mundo? ¿Se trata de hacer
lo que yo digo y no lo que yo hago?
Si los “intelectuales” son improductivos e insolidarios, ¿qué
decir de la parasitaria y codiciosa actividad bancaria?
Cualquiera que conozca los estragos que causa el endeudamiento con las
tarjetas y las empresas de crédito entre los asalariados de bajos
ingresos, cualquiera que sepa lo amable que es el capital financiero
cuando uno ingresa a él y lo duro que se vuelve cuando uno le debe
dinero o quiere salir de él, se preguntará qué lleva a este
gobierno a poner a toda la población, en especial a los que menos
tienen y menos ganan, en manos del sistema bancario.
Si el acceso a los servicios bancarios es un beneficio, ¿por qué
hacerlo obligatorio, en lugar de posibilitar que acceda quien lo
desee?
A quien se tome el trabajo de leer el texto del proyecto (está en la
página de Presidencia) le llamará la atención el lenguaje que
utiliza. Se habla de “inclusión financiera”, de
“universalización de los derechos” y hasta de “democratización
del sistema financiero”. Se usa el lenguaje “de los derechos”
para “vender” la entrega de sectores sociales indefensos al
durísimo interés del capital financiero.
No es necesario ser un fundamentalista anticrédito para inquietarse
con este proyecto. Porque, si la intención fuera dar acceso a
créditos blandos y baratos de intención social, lo lógico habría
sido que el Banco República abriera líneas de crédito social, casi
sin costo, para el consumo, y líneas de crédito de bajo costo para
las pequeñas empresas. Pero no. El plan es que la banca privada, en
general extranjera, sea la principal receptora del nuevo mercado que
se le entrega atado de pies y manos por mandato legal.
Esto no está ocurriendo sólo en el Uruguay. Recordemos que tres de
las características del modelo económico globalizador son: el
control de los recursos naturales; el apoderamiento del conocimiento
técnico y científico a través de la “propiedad intelectual”
(las patentes); y la bancarización de la economía (es decir la
intervención del capital financiero en todas las operaciones
económicas).
Al parecer, Uruguay tendrá el triste privilegio de imponer por ley,
en pleno gobierno “progresista” del Frente Ämplio, la
bancarización obligatoria de su economía a favor del capital
financiero privado.
¿Ese proceso es inevitable?
No, no lo es. Aún está pendiente la discusión parlamentaria del
proyecto. Lo inquietante es que en el sistema político no se oyen
todavía voces críticas
¿Nadie irá a cuestionar el proyecto bancarizador?
Se suele decir que para la explotación de los recursos naturales es
necesaria la inversión extranjera porque el país no tiene recursos
para realizarla por sí solo.
Pero ese argumento no es válido en materia financiera. Porque el
país tiene al menos un banco público que podría prestar por sí
mismo, a quienes los quisieran, los servicios que se le están
regalando a los bancos privados.
¿Cuál es la causa por la que esa posibilidad se desprecia?
¿Permaneceremos todos callados o alguien en el sistema político
hará oír una voz de resistencia?
Hoenir Sarthou / Semanario VOCES – Montevideo, URUGUAY
TEMAS DE COMCOSUR Nº 1513 – 28/11/2013
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“Dejen la memoria ahí / donde se olvida el olvido,
para que el verdugo sepa / que donde vaya lo sigo.
No importa que yo no esté / soy un silencio testigo,
si soy recuerdo y recuerdas / no olvides que no hay olvido”.
Armando Tejada Gòmez
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COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR / COMCOSUR
Correspondencia y/o envíos: Proyectada 17 metros 5192 E (Parque
Rivera)
11400 MONTEVIDEO – URUGUAY
E mail: comcosur@comcosur.com.uy
Pagina Web: www.comcosur.com.uy
Coordinación: Carlos Casares
COMCOSUR es miembro de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias –
AMARC
COMCOSUR se mantiene con el trabajo voluntario de sus integrantes y no
cuenta con ningún tipo de apoyo Institucional ni personal.
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