COMCOSUR MUJER / AÑO 26 /No. 661/lunes 05.10.2020 – Hoy:
1) America Latina: El aborto, la eterna deuda con las mujeres latinoamericanas
2) Argentina: Policía de Jujuy reprime masiva movilización por el femicidio de Iara Rueda
3) Brasil: Diputada izquierdista brasileña recurre a la ONU tras sufrir permanentes amenazas de muerte
4) Colombia: Te amenazan o te matan: los riesgos de ser defensora de derechos
5) Colombia: Activistas interponen una demanda contra el delito de aborto
6) Europa tiene un sentido de superioridad que incluye el decir que “no es racista”
7) México: Preocupa reducción de presupuesto para las mujeres en 2021
8) Uruguay: La IM presentó un protocolo para acompañar la transición de personas trans en el trabajo
9) Sílvia Pérez Cruz: “Lo bonito de mi voz no es el timbre sino su fragilidad”
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COMCOSUR MUJER /Fundado por Yessie Macchi / AÑO 26 / No. 661 – Lunes 05 de octubre de 2020 / Producción: Beatriz Alonso, Belén Itza y Cecilia Duffau /Apoyo técnico: Carlos Dárdano
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“Por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres” Rosa Luxemburgo
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1) AMERICA LATINA: EL ABORTO, LA ETERNA DEUDA CON LAS MUJERES LATINOAMERICANAS
La gran mayoría de las mujeres latinoamericanas viven en países donde el aborto es un delito. Inestabilidad política, religión y desigualdad en todas las esferas son algunas de las principales causas que impiden su despenalización. No obstante, la situación varía mucho de unos países a otros. La lucha por los derechos reproductivos está creciendo en América Latina, pero todavía está lejos de conseguir cambios significativos.
Solo dos países de América Latina permiten la interrupción voluntaria del embarazo en el marco de una ley de plazos: Cuba y Uruguay, a los que se une Guyana, un país anglófono pero también en Sudamérica. Estos tres países representan una minoría en población y en alcance y, como en tantos otros aspectos, son una excepción a la regla. En contraposición, el 97% de las mujeres latinoamericanas en edad fértil viven en países donde el aborto está prohibido, con lo que acabar con un embarazo no deseado puede acarrear graves consecuencias como la pérdida de su libertad o, en el peor de los casos, de su vida.
Recabar datos sobre la lacra que supone el aborto clandestino resulta casi imposible debido a la falta de registros oficiales, aunque se estima que en América Latina las cifras oscilan entre cinco mil y diez mil muertes anuales, cifras que, en cualquier caso, no se dan en países donde la interrupción voluntaria del embarazo está garantizada por ley y los servicios públicos de salud. El aborto, una práctica sanitaria relativamente sencilla, es en América Latina un importante problema de salud público, pero también un problema político, ya que agrava la pobreza y la violencia crónica que sufren las mujeres, y constata la falta de poder sobre sus propios cuerpos. En algunos de los países más restrictivos en materia de aborto, como El Salvador, Honduras y Haití, la prohibición de interrumpir el embarazo bajo cualquier supuesto convive con altos índices de violencia sexual contra las mujeres y las penas por aborto duplican, en muchos de los casos, las penas por violación.
A pesar de que la legislación en materia de aborto es bastante restrictiva en la totalidad de la región, hay una clara diferencia por subregiones. Frente a la restricción total de los ya mencionados países centroamericanos, México o los países del sur tienen legislaciones algo más laxas y parecen avanzar, en algunos de los casos, hacia una ley de plazos equiparable a la que poseen la mayor parte de países europeos. Mientras unos avanzan muy lentamente, otros retroceden, lo que demuestra que los derechos reproductivos no permanecen inconexos de otros derechos sociales y se encuentran íntimamente ligados con factores como el tipo de Gobierno, el peso de la religión, la violencia sexual o la desigualdad económica.
Centroamérica, la moral religiosa antes que las mujeres
Honduras, El Salvador, Nicaragua, Haití y República Dominicana no son solo los países más restrictivos de la región en materia de aborto, sino que se encuentran entre los más restrictivos del mundo junto con ocho países africanos, tres europeos y dos asiáticos. En estos Estados el aborto es ilegal en cualquier supuesto y ni siquiera se contempla la interrupción del embarazo en el caso de que exista peligro para la vida de la madre. Estos países comparten algunos factores comunes: son países empobrecidos y con gran desigualdad, se encuentran a la cola de los índices de democracia en la región y hay un enorme predominio de la religión cristiana.
Haití es, de todos, el que presenta peores datos macroeconómicos y de desarrollo. El aborto, pero también cualquier otro asunto que ataña a la sexualidad, es un enorme tabú, por lo que a la ausencia de derechos reproductivos se le suma la nula educación para la contracepción y una alarmante cifra de agresiones sexuales, lo que se ha visto agravado por las catástrofes naturales y las consecuentes crisis humanitarias.
Aunque la vecina República Dominicana esté mejor situada en índices económicos y políticos, la situación respecto a la interrupción voluntaria del embarazo es muy parecida, aunque el Código Penal de 2014 parece recoger una pequeña excepción por la cual no es punible el aborto: en caso de que “se haya hecho todo lo posible por salvar las dos vidas”. Sin embargo, esa excepción para salvar la vida de la madre es en el texto muy sutil y en la práctica se traduce en una prohibición total, ya que el personal médico se abstiene, en la mayoría de los casos, de realizar tratamientos que puedan poner en riesgo la vida del feto. A diferencia de Haití, donde la regulación del aborto no es un tema ni mucho menos prioritario, en República Dominicana la despenalización ha sido colocada varias veces en la agenda política, en parte, gracias a su presidente, Danilo Medina, favorable a una ley de supuestos equiparable a la mayoría de países latinoamericanos. Sin embargo, esta propuesta esta cuenta con la fuerte oposición del parlamento y de la Iglesia católica.
Regulación del aborto en América Latina. Los países centroamericanos tienen las regulaciones más restrictivas. En México, la legislación varía según los estados y el único supuesto contemplado por todos es el de violación: Oaxaca y Ciudad de México tienen una ley de plazos, mientras que el aborto para salvar la vida de la madre es aceptado por casi todos los estados mexicanos, a excepción de Guanajuato, Guerrero y Querétaro.
El Salvador, Honduras y Nicaragua comparten un relato muy similar en términos de violencia, corrupción e inestabilidad. En El Salvador y Honduras, las maras —organizaciones criminales originarias de estos países— controlan el territorio y el poder político, y son también las grandes responsables de una violencia sexual crónica. En Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega se ha ido alejando de los preceptos sandinistas para abrazar una especie de populismo evangelista con tintes cada vez más autoritarios. Estos tres países tienen también en común haber retrocedido en derechos reproductivos, pues la penalización total del aborto es relativamente reciente.
En Honduras y El Salvador se pasó de una ley de supuestos a una prohibición total en 1997, cuando una campaña del Vaticano para salvaguardar los derechos del “no nacido” consiguió que los partidos conservadores derogaran las excepciones al aborto contempladas en el Código Penal de ambos países. Dos años después, El Salvador aprobó una reforma constitucional en la que se reconoce al óvulo fecundado como una persona y se introduce la tipificación penal de “lesiones al no nacido”. En Nicaragua, que contemplaba como excepción el peligro para la gestante —el llamado “aborto terapéutico”—, la prohibición total es también aplaudida por la Iglesia, aunque esta vez se trataba de una iniciativa política que pretendía ganar la simpatía de los votantes conservadores de cara a las elecciones de 2006.
Es El Salvador donde sin duda se da la legislación más restrictiva: el Código Penal recoge penas de cárcel de entre seis y ocho años por abortar, pero muchos de estos casos son juzgados como homicidios agravados y las penas ascienden a treinta, cuarenta o incluso cincuenta años de cárcel. Casos como el de Evelyn Hernández, una joven condenada a treinta años de prisión por un aborto extrahospitalario tras ser violada por un pandillero, encendieron a la opinión pública y provocaron en los últimos años varias marchas en el país que pedían la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Evelyn Hernández fue absuelta en 2019 por falta de pruebas, pero las plataformas feministas aún luchan por la liberación de otras dieciséis mujeres en situaciones similares. El actual presidente salvadoreño, Nayib Bukele, admitió durante la campaña electoral estar de acuerdo con la despenalización en algunos casos, pero por ahora el tema se ha mantenido alejado de la agenda política, al igual que en Honduras y Nicaragua, donde la legalización, aunque sea de forma parcial, es aún una utopía.
El aborto como derecho parcial
En la mayoría de los países latinoamericanos el aborto es legal si se da dentro una serie de supuestos. Los tres más comunes son cuando el embarazo es producto de una violación, cuando hay malformaciones en el feto y cuando pone en riesgo la vida de la gestante. Sin embargo, algunos de los países de esta lista contemplan únicamente uno de los supuestos, como es el caso de Venezuela, Guatemala, Paraguay, Perú o Costa Rica, donde la interrupción del embarazo se permite solo si el mismo amenaza la vida de la mujer, lo que se conoce como aborto terapéutico. Entre los que contemplan peligro para la madre y violación están Panamá, Ecuador y Bolivia, mientras que el resto —Argentina, Chile, Colombia y Brasil— contemplan los tres supuestos.
En este grupo de países es donde hay más diversidad, ya no solo de legislaciones, sino también a nivel socioeconómico, religioso y cultural. Paraguay, por ejemplo, registra el índice de embarazo infantil más alto de la región: uno de cada cinco embarazos se da en adolescentes y muchos de ellos son producto de la violación, supuesto que no permite su interrupción. El aborto clandestino fue la principal causa de mortalidad materna en 2018, y se publicitan de manera indiscriminada a través de mensajes de WhatsApp y páginas web. La legalización total o la ampliación de los supuestos parecen aún bastante lejos de conseguirse debido a la tradicional alianza entre la Iglesia católica y el Partido Colorado, actualmente en la presidencia y con un gran predominio dentro del parlamento.
Por otro lado, el auge del evangelismo en América Latina y su conquista de espacios de poder dificulta aún más el éxito de las reivindicaciones feministas en torno al aborto y otros derechos reproductivos básicos. Brasil es un buen ejemplo de ello, donde la bancada evangelista ya venía frustrando acciones legislativas a favor de las mujeres o la población LGTBI antes incluso de la llegada de Bolsonaro a la presidencia. En el gigante lusófono se calcula que cada minuto aborta una mujer, mientras que la legislación no solo no avanza, sino que amenaza con retroceder a pesar de las múltiples voces que reivindican la despenalización completa. En Colombia, Costa Rica, Perú o México grupos sociales empujados por la Iglesia evangélica lideran las manifestaciones “provida” —nombre con el que se autodenominan los movimientos antiabortistas—. En Chile, Piñera, el actual presidente, contaba con cuatro pastores evangélicos como asesores de campaña, y en Bolivia, el actual Gobierno de transición dirigido por Jeanine Áñez participa de misas evangélicas para “consagrar el país a Dios”. En todos estos países, los Gobiernos conservadores ven respaldados sus discursos antiabortistas por una masa religiosa que, si bien no es aún mayoritaria, cada vez tiene más voz.
En Chile, donde la ley de supuestos entró en vigor en 2017, el aborto sigue sin ser una realidad, al menos para las mujeres y niñas con pocos recursos. Si la sanidad pública es ya muy escasa en este país, a ese factor de desigualdad estructural se le suma que el 51% de los médicos del sistema público de salud se declaran objetores de conciencia a la hora de practicar abortos por violación. Algo muy parecido ocurre en Colombia, donde la objeción de conciencia es aún muy frecuente e impide que la interrupción voluntaria del embarazo pueda ejercerse plenamente.
De todos estos casos, el más optimista es el de Argentina, que estuvo muy cerca de la despenalización en 2018 y, aunque no lo consiguió por la negativa del Senado, es bastante probable que lo consiga en esta recién estrenada legislatura, donde el nuevo presidente, el peronista Alberto Fernández, se ha manifestado a favor de la legalización total y ya ha dado los primeros pasos en esa dirección. Además, las argentinas han sido durante 2019 las abanderadas de una movilización social sin precedentes que ha conseguido extender su famoso pañuelazo verde por todo el continente. Precisamente esa chispa procedente de Argentina es la que llevó al estado mexicano de Oaxaca a legalizarlo bajo todos los supuestos. México contempla el supuesto de violación en todos los estados mientras en el resto se contemplan distintos supuestos. Solo Oaxaca y la capital federal cuentan con una ley de plazos, dato muy preocupante dadas las altas cifras de embarazos tempranos y de muertes por aborto clandestino en el resto del país, especialmente en el estado de Guerrero, uno de los más empobrecidos.
Aborto legal, seguro y gratuito: una excepción
Además de los dos mencionados estados mexicanos, los únicos países de la región con una ley de interrupción voluntaria del embarazo de plazos —es decir, sin otra condición que la de no sobrepasar determinado tiempo de gestación— son Cuba, Guyana y Uruguay. El caso de Cuba es quizás el más paradigmático, puesto que no solo es el primero en incluir la ley de plazos en América Latina, sino que fue uno de los primeros países del mundo; el primero fue la Unión Soviética en 1920, aunque volvió a prohibirlo entre 1936 y 1955. El aborto fue despenalizado en Cuba en 1965, cuando pasó de manera automática a estar garantizado por el sistema público de salud. Como resultado, Cuba tiene una de las tasas más bajas de mortalidad materna de la región y el aborto clandestino es prácticamente inexistente, puesto que solo es ilegal si se practica con fines lucrativos.
La legislación uruguaya, en vigor desde 2013 y que llega con tantas otras legislaciones progresistas como la del matrimonio igualitario, dista mucho de la de sus vecinos. Tanto es así que fue tomada como referencia para el anteproyecto de ley argentino. El garantista sistema de salud de la república rioplatense es también una excepción, pues ha conseguido que, al igual que en Cuba, las muertes por aborto sean casi iguales a cero. Por el contrario, Guyana es el claro ejemplo de que la despenalización del aborto no es siempre suficiente para asegurar la salud reproductiva de las mujeres: aunque la ley de 1995 permite el aborto voluntario durante las ocho primeras semanas de gestación, el aborto clandestino y la mortalidad materna sigue siendo alarmante debido a que la interrupción voluntaria del embarazo no está garantizada por el sistema público de salud, algo muy parecido a lo que ocurre en los estados de Ciudad de México y Oaxaca.
Excepciones aparte, la interrupción voluntaria del embarazo sigue siendo una realidad muy minoritaria en América Latina y sus consecuencias van mucho más allá del peligro de una intervención clandestina. La falta de acceso al aborto y a los métodos anticonceptivos reproducen la desigualdad económica, pues el embarazo temprano o no deseado impide la movilidad social de aquellas mujeres que se ven abocadas a abandonar sus estudios o su trabajo. La prohibición total o parcial de decidir abortar es también una prohibición de que las mujeres decidan sobre su futuro, más aún cuando conviven con alarmantes situaciones de exclusión social y violencia sexual.
Entre los principales factores para que no se avance en esta materia está el peso de la moral religiosa, pues, a pesar de que la mayoría de los países son constitucionalmente laicos, no pasa lo mismo con su población ni sus gobernantes, tradicionales seguidores de la fe cristiana. La inestabilidad política y la desigualdad crónica impiden la implantación de políticas sociales a largo plazo, así como la introducción de un sistema público de salud garantista en la gran mayoría de los países. Si los derechos reproductivos nunca han sido una prioridad en América Latina, el actual estado de incertidumbre en el que se encuentra la región coloca el aborto aún más a la cola de la agenda política. Queda esperar si en los próximos años Argentina consigue la tan ansiada legalización y sirve como impulso para el resto del continente, aunque los esfuerzos a corto plazo parecen tener que centrarse en no retroceder más que en avanzar.
Por Elena Jiménez
Graduada en Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid. Interesada en América Latina y en temas de geopolítica, género, migraciones y medioambiente.
Nodal / COMCOSUR MUJER Nº 661 – 05/10/2020
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2) ARGENTINA: POLICÍA DE JUJUY REPRIME MASIVA MOVILIZACIÓN POR EL FEMICIDIO DE IARA RUEDA
Al finalizar una movilización masiva la Policía con gases lacrimógenos y disparos de balas de goma reprimió a miles de jóvenes, mujeres y familias que se encuentran en el centro de Palpalá en la manifestación por justicia por Iara Rueda y la aparición de Gabriela Cruz.
La Izquierda Diario, Jujuy /28.09.2020
Una multitudinaria marcha de miles de jóvenes, mujeres y familias de Palpalá exigió justicia por el femicidio de Iara Sabrina Rueda y la aparición de Gabriela Cruz quien se encuentra desaparecida desde la semana pasada.
También se realizaron acciones solidarias en otras localidades de la provincia como Libertador Gral. San Martín, Perico o Tilcara.
Desde tempranas horas de la mañana familiares de las jóvenes y vecinos se dirigieron a la colectora y ruta 66 tras recibir la noticia de la aparición de un cuerpo en zonas donde durante el fin de semana habían rastrillado los propios vecinos y no encontraron nada.
Ante la falta de respuestas comenzaron a realizar cortes intermitentes de la ruta y recibieron el hostigamiento policial con infantería y caballería que amenazaban con desalojar.
Por la tarde, durante la marcha en su momento final al pasar por la brigada de investigaciones ante el repudio de los manifestantes la Policía por estar todo el día amenazándolos, en vez de buscar a Iara y a Gabriela, no se tardó un minuto en responder a modo de provocación iniciado una represión con balas de gomas y gases dejando a varios heridos.
La bronca y rabia ante el caso de femicidio de Iara y la no aparición de Gabriela tuvo como respuesta la represión de la Policía que responde al Gobierno de Jujuy y a la intendencia de Palpalá.
Los legisladores del PTS-Frente de Izquierda que estuvieron desde la mañana en el lugar y durante la movilización repudiaron la represión y reafirmaron el apoyo a las familias y vecinos en pos de justicia por Iara y la aparición de Gabriela y también de la joven de 16 años Violeta Ábalos de 16 años que falta de su casa en Barracas (Abdón Castro Tolay) desde el 24 de septiembre.
La Izquierda Diario / COMCOSUR MUJER Nº 661 – 05/10/2020
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3) BRASIL: DIPUTADA IZQUIERDISTA BRASILEÑA RECURRE A LA ONU TRAS SUFRIR PERMANENTES AMENAZAS DE MUERTE
Talíria Petrone es legisladora del PSOL, el mismo partido que integraba Marielle Franco, asesinada en marzo de 2018.
Medios brasileños informaron este miércoles que la diputada federal Talíria Petrone, que es representante del izquierdista Partido Socialismo y Libertad (PSOL) por el estado de Río de Janeiro, recurrió a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ante las persistentes amenazas de muerte que viene sufriendo desde hace al menos cuatro años.
Petrone envió el 22 de este mes una carta redactada en inglés a las relatoras de derechos humanos de la ONU, en la que les explicaba la situación que se encuentra viviendo, pero en la que también pidió que se identifique a todos los autores, tanto materiales como intelectuales, del asesinato de Marielle Franco, quien era edila del PSOL y fue asesinada en Río de Janeiro en marzo de 2018.
“Como diputada electa, defensora de los derechos humanos y negra que se identifica en las luchas contra el racismo, la misoginia y otras formas de discriminación, yo tomo las amenazas dirigidas contra mí como una amenaza para la propia democracia”, expresó la legisladora en una entrevista con Carta Capital.
Las nuevas amenazas contra Petrone fueron identificadas en junio por la línea Disque Denuncia, servicio que está a cargo de la Policía de Río de Janeiro. Desde la entidad se informó a la Cámara de Diputados que había más de cinco grabaciones en las que aparecían personas hablando sobre la muerte de la legisladora de izquierda.
Desde entonces, Petrone está siendo escoltada por la Policía Legislativa, una unidad que se encarga de proteger a los integrantes del Congreso brasileño.
Acerca de la situación que está viviendo, la diputada dijo que “la democracia está sufriendo un gran retroceso en el país. No creo que sea una cuestión de incapacidad, sino que es una decisión política que no haya una respuesta de las autoridades en mi caso. Esto es consecuencia de los tiempos que estamos pasando, de un autoritarismo desmedido y de poco aprecio por la democracia”.
La diputada Petrone contó que las primeras amenazas de muerte las recibió cuando fue electa edila por la ciudad de Niterói, ubicada en el estado de Río de Janeiro, en 2016, el mismo año en que fue electa edila Marielle Franco, asesinada en marzo de 2018 en la urbe carioca.
Luego de las elecciones de 2018 en las que resultó electa diputada federal y debió trasladarse a vivir a Brasilia, la Policía informó que había descubierto en la deep web a un grupo de personas tramando el asesinato de Petrone.
Luego de informar de este hecho a la Cámara de Diputados, la legisladora pasó a ser escoltada por la Policía Legislativa a pedido del presidente de la Cámara, Rodrigo Maia.
La escolta duró desde abril de 2019 hasta febrero de este año, cuando las tareas policiales fueron interrumpidas como consecuencia de la pandemia de coronavirus, pero, como se mencionó anteriormente, la protección a Petrone se retomó en junio luego de nuevas amenazas.
Pero lo más inquietante del caso es que, a pesar de todos los episodios que están en conocimiento de la Policía desde hace largo tiempo, la Justicia no ha determinado el inicio de una investigación para identificar los orígenes de las amenazas contra la diputada del PSOL.
Es por esto que Petrone decidió informar sobre su situación directamente a la ONU, ya que, si las relatoras consideran el caso, la denuncia se formalizará y deberá ser explicada por el gobierno brasileño. La idea de la legisladora con su acto fue forzar a las autoridades competentes a actuar, o al menos dar a conocer la situación a nivel internacional, lo que puede darle una mayor protección.
“Estamos buscando todas las maneras de mantenerme protegida para poder seguir ejerciendo el mandato para el que fui electa. Tantas amenazas limitan mi relación con algunos territorios y demandan un cuidado más grande al circular por las ciudades, lo que dificulta el ejercicio parlamentario”, concluyó Petrone.
La Diaria / COMCOSUR MUJER Nº 661 – 05/10/2020
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4) COLOMBIA: TE AMENAZAN O TE MATAN: LOS RIESGOS DE SER DEFENSORA DE DERECHOS
Entre 2013 y 2019, según un informe de varias organizaciones, fueron violentadas 1.399 lideresas y defensoras de derechos en el país. No solo las agreden físicamente, también las discriminan por ser mujeres.
Las lideresas y defensoras de derechos humanos en Colombia sufren sistemáticamente todo tipo de violencias debido a sus causas y luchas. Entre 2013 y 2019 ellas fueron víctimas de 1.399 agresiones que van desde la amenaza hasta el asesinato. Estos datos los reveló el informe ‘Defensoras: voces de vida y resistencia‘, elaborado por la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad (LIMPAL), el programa Somos Defensores, Sisma Mujer y las plataformas de mujeres Cumbre Nacional de Mujeres y Paz y GPaz.
Además de enumerar y clasificar los tipos de violencia, el informe demuestra que las lideresas y defensoras también están expuestas a la discriminación por el género, al machismo y a las expresiones sexistas. Es decir, fueron doblemente vulnerables: por ser mujeres y por sus liderazgos. Las agresiones más recurrentes contra ellas en los años que cubre el informe fueron las amenazas (1.132 casos), los asesinatos (84) y los atentados (57).
El Sistema de Información sobre Agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos en Colombia (SIADDHH), del Programa Somos Defensores, fue el encargado de recopilar la información. Según este sistema, los territorios con baja o nula presencia del Estado aumentan los riesgos en seguridad para las lideresas y las defensoras.
Las amenazas son la violencia que más sufrieron ellas, pues representan un 85 por ciento del total de las agresiones. Bogotá es la zona del país donde más las intimidaron, con 483 casos. Sin embargo, son muchas las violencias a las que se enfrentaron. Solo por enumerar algunas: asesinatos, atentados (donde algunas resultaron heridas), judicializaciones, desapariciones forzadas, robo de información y abusos sexuales. Para las organizaciones que presentaron el informe preocupa que estas agresiones crecieron, especialmente en regiones alejadas a las grandes ciudades, y que debido al subregistro no es tan claro cuántas víctimas hay de estas violencias.
Ahora, cabe resaltar que ese subregistro puede deberse a la poca presencia del Estado en los territorios, la falta de mecanismos de seguimiento y el poco o nulo enfoque de género en los liderazgos sociales. Estas son barreras que dificultan conocer realmente cuántas lideresas y defensoras fueron agredidas. Adicional, el miedo a ser nuevamente violentadas o que sus familias resulten afectadas hace que guarden silencio y no denuncien ante las autoridades.
Cauca, Antioquia y Norte de Santander son los departamentos en los que más asesinaron a lideresas y defensoras, según el informe. Es una práctica que va en aumento, pues en 2018 se registraron 15 homicidios mientras que en 2019 la cifra llegó a 19. Que las repriman y las amenacen es constante, especialmente por parte de grupos armados ilegales. Esto es un obstáculo más en la defensa de sus causas, ya que la mayoría no trabaja en la mejores condiciones.
La defensa de la tierra, del medioambiente y del territorio fue el liderazgo más atacado. Por otro lado, las lideresas y defensoras indígenas recibieron 118 agresiones físicas, las comunitarias registraron 75 casos, las campesinas y las defensoras de víctimas acumularon 68 cada una y las afrodescendientes identificaron 63.
Los principales responsables de las violencias, señala el informe, son los grupos paramilitares, a los que se les atribuyen al menos 880 casos. Le siguen las disidencias de las Farc, el Eln y agentes del Estado, aunque este último responsable no está involucrado en agresiones físicas. Sin embargo, tiene la tarea de dar medidas de prevención, protección y garantías de no repetición de violencias contra las lideresas y defensoras, algo que está incumpliendo.
En 2008 la Corte Constitucional ordenó la creación de programas para combatir las causas estructurales que afectan el liderazgo social y la discriminación de género de esos procesos. “Es más difícil esta actividad (el liderazgo) cuando se trata de mujeres defensoras de derechos humanos, pues no puede perderse de vista que la sola condición de mujer es un factor que agrava la situación de riesgo”, aseguró esa alta corte en 2015. Con esto se le pidió al Estado dar las garantías mínimas para que ellas puedan defender sus causas.
Desde la intervención de la Corte en 2008, las organizaciones y movimientos sociales de mujeres han logrado, entre otras cosas, la inclusión del enfoque diferencial de género dentro de la Unidad Nacional de Protección, la creación de un Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas, la participación de representantes de organizaciones de mujeres en todo tipo de escenarios y la incorporación del Programa Integral de Garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras de los Derechos Humanos (PIGMLD) en el Plan Nacional de Desarrollo.
Pacifista.tv / COMCOSUR MUJER Nº 661 – 05/10/2020
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5) COLOMBIA: ACTIVISTAS INTERPONEN UNA DEMANDA CONTRA EL DELITO DE ABORTO DEL CÓDIGO PENAL
Mediante una acción colectiva liderada por el Movimiento Causa Justa, 91 organizaciones entre las que destaca Women´s Link (enfocada a la defensa de los derechos de las mujeres a nivel nacional) interpusieron una demanda pidiendo a la Corte Constitucional de Colombia la eliminación del delito de aborto del Código Penal, puesto que es considerado una vulneración de los derechos fundamentales de las mujeres y del personal de salud.
Actualmente, es legal acceder a este servicio en determinadas circunstancias, pero Causa Justa afirma que la demanda es una solución para eliminar de raíz las barreras que, en la práctica, siguen enfrentando las mujeres que necesitan acceder a él.
La demanda se interpone en un contexto en el que diferentes países de América Latina y el Caribe están discutiendo, por vía legislativa y/o judicial, reducir o eliminar el uso del derecho penal para regular el aborto.
Hace catorce años, la organización activista Women´s Link presentó una petición con la que se consiguió despenalizar el aborto de forma parcial en Colombia, permitiendo que las mujeres puedan acceder a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) bajo tres circunstancias: cuando la continuación del embarazo constituye un riesgo para la salud de la mujer, cuando existe una grave malformación del feto que dificulte su desarrollo vital fuera del útero o cuando el embarazo sea resultado de incesto o de una conducta abusiva o de inseminación no consentida.
No obstante, siguen siendo muchas las barreras estructurales que obstaculizan en la práctica el acceso al servicio de IVE, siendo la penalización y las consecuencias legales los principales impedimentos. En Colombia, las mujeres siguen enfrentándose al riesgo de iniciar un proceso penal, de ir a la cárcel o de ser sometidas a la discriminación y al estigma cuando buscan acceder al servicio de aborto de forma segura.
Existe un Informe sobre judicialización del aborto en Colombia de la Fiscalía General de la Nación, mediante el que se elabora un análisis de estos casos desde los últimos veinte años. Dicho estudio evidencia que el 97% de las mujeres denunciadas por aborto pertenecen a zonas rurales, de las que, además, un 30% fueron víctimas de violencia intrafamiliar, violencia sexual o lesiones personales. De esta forma se confirma, que en Colombia prevalece un marco de persecución en contra de las mujeres en mayor situación de vulnerabilidad.
Además, debido a las barreras estructurales de acceso, se estima que en el país tan solo entre un uno y un nueve por ciento de los abortos son llevados a cabo en el sistema sanitario, dejando a la mayoría de las mujeres en la obligación de recurrir a abortos clandestinos que ponen en peligro su salud, su dignidad y sus vidas.
Por otro lado, que el aborto se mantenga como delito en el Código Penal también atenta contra los derechos de profesión y oficio de las y los prestadores de salud, quienes por brindar el servicio de IVE se arriesgan al estigma social, a una mayor sobrecarga laboral y a la posibilidad de iniciar procesos judiciales en su contra.
La Independent / COMCOSUR MUJER Nº 661 – 05/10/2020
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6) EUROPA TIENE UN SENTIDO DE SUPERIORIDAD QUE INCLUYE EL DECIR “QUE NO ES RACISTA”
El pasado 14 de marzo de 2020 se decretó el estado de alarma en España. Comenzó así una cuarentena que se ha producido también con ritmos desiguales en gran parte del mundo para defendernos de la pandemia de coronavirus. Durante los primeros meses, muchas de nuestras reflexiones estuvieron guiadas por dos imágenes persistentes. La primera era el exterior que se había vaciado ahí fuera de nuestros espacios privados. La segunda, la calle que, en un futuro probablemente marcado por el control de los protocolos anticovid, costaría volver a llenar cuando resultara necesario exigir justicia redistributiva frente a otro previsible colapso económico. Ambas imágenes evocaban la representación del espacio público como una especie de hoja en blanco en la que se nos hacía trabajoso imaginar cómo volver a dibujar la movilización social.
El 25 de mayo de 2020 el afroestadounidense George Floyd era asesinado en plena calle de Mineápolis a la vista de todo el planeta. La rodilla de un policía presionó sobre su garganta mientras lo retenía inmovilizado contra el suelo hasta asfixiarlo. En apenas unas horas estalló como respuesta un movimiento global antirracista que ocupó inesperadamente las calles infectadas por la pandemia. En ese momento se nos reveló cómo nuestra imaginación de un mundo vacío ahí fuera era una recreación inconsistente. El mundo privado de las cuarentenas se apoyaba sobre el trabajo que seguían realizando a la intemperie quienes habitualmente sostienen nuestras sociedades de manera invisible. Y el espacio público fue ocupado masivamente sin atender a protocolos por aquellos sujetos que asociaban el riesgo de su propia muerte no solamente a los problemas respiratorios provocados por el coronavirus, sino también a la bota del Estado que presiona sobre sus gargantas con el peso de 500 años de violencia colonial. De repente, en mitad de una crisis sanitaria global devastadora potenciada por la violencia neoliberal contra lo público y lo común, el “No puedo respirar”, las últimas palabras de George Floyd repetidas por millones de personas a la luz del día en todo el mundo, adquirían aún otra resonancia.
El 16 de junio de 2020, en un programa muy popular de la televisión española, se debatía sobre los ataques a estatuas coloniales que se estaban produciendo en todos los países al grito de “Las vidas negras importan”. Daniela Ortiz, una joven artista y activista invitada se confronta con fiereza y un deje de ironía al conjunto del plató: califica sus actitudes de racistas y justifica que pudiera llegar a atacarse la estatua de Colón en Barcelona. A partir de ese instante se desencadena contra ella una lluvia de odio en las redes sociales que finalmente salpica en comunicaciones privadas. Ante lo siniestro de algunas amenazas personales, decide –tras consultar con su grupo de apoyo– salir de Barcelona. Hoy se encuentra en Perú, su país de origen.
Daniela Ortiz (nacida en Cuzco en 1985) es indiscutiblemente en este momento una de las artistas más relevantes de su generación. Sus trabajos iniciales tematizaban la precariedad laboral y el impacto del neoliberalismo sobre la vida cotidiana. Sin abandonar la rigurosidad formal de la obra de sus comienzos, ha ido abrazando también cada vez más la reflexión sobre la matriz de opresión patriarcal y racista-colonial que opera de manera estructural en nuestras sociedades. Lo que sobresalta a muchos es que Daniela Ortiz –como sucede por lo general con las organizaciones, las redes y los movimientos antirracistas con los que se vincula– se niega a reducir la xenofobia y el racismo a un problema derivado exclusivamente del ascenso de la ultraderecha. Por el contrario, sus interpelaciones apuntan en muchas ocasiones al paternalismo progresista hacia las comunidades migrantes o racializadas, quienes consideran que esa altivez no está desconectada de otras formas más ostensibles de violencia material. Con toda seguridad, este señalamiento que se nos hace es correcto. Un sentimiento de superioridad se percibe por ejemplo en la condescendencia con la que se dice comprender la furia antirracista mientras se condena la práctica de los ataques antimonumentales. Ese rechazo hacia las formas de la protesta anticolonial global ignora la densidad histórica y emocional que contienen los gestos de agresión iconoclasta contra las erecciones públicas que celebran en realidad no la historia sino la continuidad del colonialismo. El historiador Enzo Traverso, uno de los pocos intelectuales europeos blancos con reconocimiento internacional que se ha mostrado abiertamente dispuesto a pensar esta complejidad, lo ha interpretado de una manera bellísima: “Derribar estatuas no borra la historia, nos hace verla con más claridad” (Sinpermiso, 27 de junio de 2020). Por todos estos motivos, quienes se sorprenden de que las interpelaciones del movimiento antirracista y anticolonial global se dirijan a lo que llaman “la izquierda blanca” ignoran también que en declaraciones como las de Daniela Ortiz resuenan fricciones políticas de nuestra propia historia de las emancipaciones que no tenemos derecho a olvidar. Es el caso de la dramática carta por la que Aimé Césaire, el poeta y político de la Martinica, teórico de la negritud, renunciaba en 1956 a la militancia en el Partido Comunista Francés por su intolerable “paternalismo colonialista” durante la Guerra de Liberación de Argelia. Hablamos con Daniela Ortiz el martes 8 de septiembre de 2020, ella en algún lugar de la región andina de Perú, yo en mi domicilio de Barcelona.
Daniela, estás ahora en Perú, ¿verdad? Has tenido que marcharte de Barcelona porque se aceleró una campaña de ataques racistas contra tu persona a raíz de una aparición que hiciste en un programa televisivo. Nos vamos a detener en esto, evidentemente, pero un poco más adelante en la conversación. De entrada te voy a pedir, por favor, un breve informe de situación sobre cómo os encontráis.
Sí, estamos mi hijo y yo en Perú, en una zona de los Andes. Ahora estamos muchísimo mejor, por lo menos pudiendo dormir, respirar y retomar nuestra vida cotidiana. Pero efectivamente pasamos por una situación de tensión por la que tuvimos que irnos después de 13 años viviendo en Barcelona, que era la ciudad donde yo había elegido establecerme, donde nació mi hijo, donde lo estaba criando y había decidido que quería tener mi vida. Lamentablemente hemos tenido que dejarla de un día para el otro por mis declaraciones de apoyo a los levantamientos anticoloniales en Norteamérica y a mi militancia política en el antirracismo en España. Creo que ahora he tomado perspectiva del nivel de estrés en el que estábamos. ¡Ha sido llegar acá y he podido dormir!, que era algo que en las últimas semanas en Barcelona no podía hacer por estar aterrorizada directamente. Y eso ha sido el momento cúlmine de una situación que yo venía viviendo desde hace tiempo, el final de un proceso en el que yo había normalizado vivir en ese nivel de ansiedad.
He sido testigo de la presión que habéis sufrido y, más allá de que vuestra situación siga siendo delicada, me alegro mucho de veros felices porque pareciera que a algunas personas, para verificar la autenticidad de la persecución que sufren, se les tiene que ver destruidas. Y mira… no. Bastante supone tener que sostener luchas difíciles como para que, encima, el certificado de tu compromiso se expida según el nivel de sufrimiento que demuestres. Vamos a remontarnos a los meses previos a esta situación, la cuarentena que habéis pasado en Barcelona. Recordarás que en la conversación con Helena Maleno (“La nueva normalidad se tiene que construir con los saberes migrantes”, CTXT, 21 de mayo de 2020) ella hacía hincapié en que las experiencias personales del confinamiento han sido muy desiguales aunque se haya extendido la idea de que la pandemia y la cuarentena nos igualan. Me gustaría que me contaras cómo ha sido tu vivencia de la cuarentena y tu cercanía con las redes de apoyo mutuo entre personas migrantes y racializadas.
Lo primero que se vive de primera mano siendo una persona migrante racializada es que, contrariamente a ese discurso que dice que la cuarentena nos iguala, lo que hace es incrementar y agudizar mucho más las desigualdades. En mi caso, siendo madre soltera, fue una situación bastante compleja tener que seguir sosteniendo la economía de la casa mientras cuidaba a mi hijo y tener que resolver cosas tan básicas como ir al supermercado. Mi caso personal se pudo sostener por la solidaridad de mis vecinos con quienes nos organizamos; por fortuna, yo vivía en Barcelona en un pasaje donde había una relación estrecha con mis vecinas, por ejemplo, que eran señoras mayores. Pero una cosa importante que pasó en ese momento y que me parece interesante mencionar acá es cómo los colectivos migrantes y racializados –y no te digo uno ni dos, sino todas las organizaciones antirracistas, de trabajadoras domésticas, vendedores ambulantes, grupos de apoyo para el asunto de los papeles…– lo primero que hicieron, el mismo día que comenzó el estado de alarma, fue organizarse para solventar las necesidades básicas de alimentación, económicas y de acompañamiento para la asistencia médica, porque al instante ya teníamos la noción de que el Estado nos iba a dar la espalda. Que ese Estado que viene persiguiendo, ilegalizando, deteniendo, maltratando, explotando personas migrantes, en ningún caso y bajo ningún concepto iba a apoyar a las personas migrantes sino que la violencia se iba a incrementar contra ellas, como vimos con el comportamiento de la policía en el espacio público.
A pesar de la situación de ansiedad que se estaba viviendo en esos momentos se me pone la piel de gallina al recordar –y me parece importantísimo reivindicar– cómo surgen iniciativas como aquella de la que yo fui parte, por ejemplo, que es la red de cuidados antirracistas, donde siempre estaba sobre la mesa tener como prioridad solventar las necesidades alimentarias de quienes están en la base de la pirámide: primero van quienes están en peor situación, al contrario de la política que tuvo el Estado, que dio primero el apoyo económico a las grandes empresas, luego a los pequeños empresarios o a los autónomos, luego a las familias españolas en situaciones precarias, luego a los migrantes con papeles y siempre dejando de lado y excluidos a los sujetos que se ven más afectados por una situación así, que son los migrantes en situación de irregularidad. O se puede mencionar también al Sindicato de Vendedores Ambulantes que no solamente hizo una red de sostenimiento y apoyo para garantizar la alimentación, sino que también ponía sus conocimientos y sus maquinarias al servicio de los cuidados sanitarios para la producción de mascarillas que el propio Estado no estaba pudiendo solventar. Esto tiene que ver con lo que también mencionaba Helena sobre los saberes migrantes, ¿no? Fue muy interesante ver que esos saberes migrantes no solamente consistían en una reflexión política, un debate o una conversación, sino en una puesta en marcha, en formas prácticas de abordar una situación tan extrema como la de una pandemia a la que, mal que bien, se dio apoyo mediante estas redes a una parte de la población que no solamente estaba excluida de los cuidados del Estado sino que incluso estaba perseguida por el Estado.
Vamos a remitirnos a un proyecto que realizaste como artista en el año 2010 que tenía por título 97 empleadas domésticas. Consistía en una serie de fotografías de familias peruanas de las que denominamos eufemísticamente “acomodadas”. Todas muestran situaciones de celebración doméstica, íntima, privada… Son fotos alegres, joviales, que proyectan una sensación de inocencia, un clima de paz y seguridad. Si las observamos con atención, en todas ellas, sin embargo, encontramos siempre unas sombras, unas manos cortadas por el encuadre, algún indicio o pista de que hay una empleada doméstica marginada en la foto o excluida de la representación pero que sin embargo sostiene materialmente esa escena con su trabajo.
Son fotos que yo saco de redes sociales, pertenecientes a gente de la clase alta peruana, sobre todo limeña, donde se les ve en momentos cotidianos. Y esos rastros que tú describes son muchas veces las figuras de las trabajadoras domésticas incluso cortadas por el autor de la foto que intenta encuadrar de manera que no salgan. La serie, por un lado, consiste en un retrato de esa estructura racializada que ha situado a las personas indígenas, afrodescendientes y mestizas en una condición de explotación laboral por este orden colonial. Y por otro lado, hay algo que me parecía muy importante, y es que el primer plano lo ocupa la clase opresora. Porque el sistema colonial siempre ha utilizado a su favor el cómo regular en cada momento la visibilidad y la invisibilidad.
A los sujetos oprimidos se los invisibiliza, pero en el momento en que se habla de los problemas sociales en el contexto peruano, del sistema de control migratorio, de la explotación laboral de las trabajadoras domésticas, a quien se analiza y se visibiliza en este caso es a la trabajadora doméstica, nunca a su explotador. Y esa invisibilidad de aquellos que se benefician de ese sistema económico es lo que les ha permitido tanta impunidad. Claro que en el contexto peruano han existido investigaciones o trabajos sobre estas cuestiones, pero lo que hace 97 empleadas domésticas es mostrar los rostros de la élite peruana. El hecho de señalarlos a ellos concretamente en el marco de un análisis del racismo estructural generó muchísima violencia de su parte hacia este proyecto. Me parecía muy importante decir lo siguiente: sí, hablemos de estos temas, hablemos del racismo, de la explotación, pero sobre todo hablemos de quién está generándolo y beneficiándose. Cuando se habla del “problema de la pobreza” hay que responder: no, el problema son las élites. Cuando se habla del “problema de la educación” nunca te hablan de los colegios privados que forman a la próxima clase dirigente racista, clasista y machista que va a imponer las condiciones de vida en este territorio. Siempre se muestra a la población afectada como centro del problema, y no: el problema es la ideología que las élites tienen.
Este trabajo constituye una transición en tu biografía. Entre ámbitos geográficos, por ejemplo, porque está elaborado entre América Latina y Europa, lo realizas cuando estabas instalándote en Barcelona. Pero se trata de una obra que significa también otro tipo de tránsito personal más complejo, ya que escenifica de alguna manera un desclasamiento. Me ha resultado chocante observar cómo en los ataques que has recibido durante los últimos meses, hay personas que se han remitido a esta obra como una prueba para denunciar tu supuesta impostura: que tú estarías hablando de clasismo y racismo proviniendo de la élite blanca. Sinceramente, yo no creo que sean ataques que uno deba molestarse en contestar justificándose personalmente. Para empezar, porque no se trata de algo episódico: es una dinámica histórica que quienes se encuentran en posiciones de poder se arrogan incluso la potestad de decretar quién tiene la legitimidad para interpelarles como sujeto subalterno. Sin embargo, me ha sorprendido cómo afrontas estas críticas para devolver la interpelación, argumentando que demuestran precisamente un desconocimiento de la dinámica racista-colonial en Latinoamérica y en Europa.
En lo que respecta a la militancia, siempre me ha parecido muy importante reconocer el espacio que una ocupa para desde ahí poder entender cómo se lucha. Yo he sido siempre bastante clara en el hecho de que provengo de un contexto privilegiado peruano, si bien mi familia no es de la oligarquía ni mi padre es millonario, a pesar de que algunos han buscado incluso relacionarme con la Duquesa de Alba [carcajadas]. Pero, con todo, en el contexto peruano, el simple hecho de pertenecer a una familia que no haya vivido situaciones de pobreza ya supone disfrutar de un cierto privilegio. Si he visto de cerca a esa clase alta es porque yo tendría que haber aspirado a formar parte de ella mediante el matrimonio: yo, blanco-mestiza, he sido formada para casarme con alguien más blanco que yo con una mejor situación económica. 97 empleadas domésticas suscitó reacciones en gente de la élite criolla, recordarás que me amenazaron con hacerme una denuncia penal: “No sabes con quién te has metido”, me decían; pero claro que lo sabía: con dueños de canales de televisión, de despachos de abogados y en general con personas que se creen los dueños del Perú. Y una compañera de allá me hizo un comentario bien interesante: ella pensaba que esa reacción tan violenta a propósito de lo que no era sino un señalamiento de una parte muy pequeña de una realidad, se debía a que lo consideraban una traición a mi propia blanquitud. Aquellos que esperaban que guardara silencio y me asimilara a sus lógicas racistas, que en el contexto peruano podrían beneficiarme, no podían tolerar que además de rechazarlas incluso las señale.
Yo tendría que haber aspirado a formar parte de esa clase alta mediante el matrimonio: yo, blanco-mestiza, he sido formada para casarme con alguien más blanco que yo con una mejor situación. Y esto que te cuento se amarra con el otro tipo de acusaciones recientes que mencionas. Yo digo: si alguien señala mi situación de privilegio en el contexto peruano para luchar en contra de la estructura colonial, racista, patriarcal y capitalista, para analizarla y desmontarla, ¡perfecto, adelante compañeros! Pero si utiliza el señalamiento hacia la posibilidad que yo tenga de disfrutar privilegios en Perú para desactivar mi denuncia del racismo institucional español, me parece bajísimo. Porque no es solamente ahora o en 97 empleadas domésticas, en mi trabajo de artista he tenido siempre una postura muy clara a la hora de confrontar el clasismo y el racismo en el contexto peruano, como hice en otros trabajos como Habitaciones de servicio [una serie de fotografías y planos arquitectónicos de viviendas de la élite donde se revelan las minúsculas proporciones del espacio dedicado a las empleadas domésticas contratadas como internas] (2011) o Campamento Primero de Mayo [una intervención pública muy contundente: Daniela obtuvo en la web de la Bolsa de Valores de Lima las direcciones de altos directivos y gerentes de la Compañía Minera Volcan, fotografió sus lujosos domicilios y pegó esas imágenes ampliadas a gran tamaño –con las iniciales de sus propietarios y el cargo que detentan– sobre las fachadas de las humildes casas de las familias obreras mineras de Campamento Primero de Mayo] (2012). Ahí es donde yo digo: bueno, de nada sirven las acusaciones que se me hacen, no sólo porque no son verdaderas, sino sobre todo porque resultan inútiles, resultan mucho más interesantes las alianzas políticas que ya se están dando entre las luchas contra el orden colonial en Abya Yala [el nombre originario con el que los movimientos indígenas y anticoloniales denominan actualmente a América] con las luchas antirracistas en España, como sucede por ejemplo cuando van a España compañeras como la mapuche Moira Millán.
Hace diez años me pediste escribir un texto sobre 97 empleadas domésticas. Recuerdo que eras entonces una joven artista enfurecida con razón [risas] por dos motivos principales. El primero por cómo tu situación inestable de migrante en España te obligaba a encadenar trabajos precarios en los que habitualmente sufrías situaciones de abuso laboral que reflejabas en obras artísticas sin embargo muy estilizadas, composiciones de fotos y escritos extremadamente sencillos, a veces apenas descriptivos, donde predominaba el blanco y negro o con una utilización despersonalizada y no expresiva del color, y a pesar de todo con una enorme capacidad de condensar sentidos y de interpelar de una manera muy dura al espectador. El segundo motivo era la marginación a la que te veías sometida en el sistema del arte local que privilegiaba a otros artistas de tu generación, en fin, de cuyos nombres ya ni nos acordamos.
Te explico el por qué de recordarte estos detalles. El texto que escribí tenía como objetivo contrarrestar las dificultades de recepción que sufría tu trabajo en el sistema del arte local, estableciendo para ello una genealogía que lo relacionaba con las artes conceptuales de los años sesenta y setenta que aplicaban análisis críticos de las representaciones visuales y a las instituciones del arte. Y ahora voy a hacer una autocrítica [risas]. Lo he releído y me he quedado muy sorprendido, porque a la hora de establecer esa genealogía, todos los nombres que me surgieron eran de hombres blancos angloeuropeos. Es verdad que el texto planteaba también algunas referencias a cómo en la tradición de los análisis críticos de la imagen se ha diseccionado la matriz de género-clase-raza con la que se han construido históricamente las representaciones de la vida privada burguesa, tradición con la que se emparenta claramente tu trabajo sobre las empleadas domésticas, y también es verdad que había en el texto alguna referencia a las representaciones coloniales de la Conquista. Pero lo fundamental, visto en retrospectiva, es lo siguiente: a la hora de construir un relato historiográfico de autoridad que legitimara tu trabajo en ese momento, si bien la genealogía que yo proponía –Dan Graham, Ed Ruscha…– era de carácter crítico, no dejaba de ser una radicalidad masculina, blanca y angloeuropea. Sin embargo, en tus trabajos más recientes está sucediendo una evolución que resulta fascinante de observar. Sin abandonar las herramientas de análisis crítico de esa tradición de las artes conceptualistas, cada vez más incorporas formalmente “estéticas populares” latinoamericanas –y discúlpame que las describa de una manera tan torpe–, lo que apunta evidentemente al deseo de reconstruir otra genealogía propia más allá de aquel ascendente que yo trazaba. ¿Cuándo iniciaste esta reflexión, Daniela? ¿De qué manera se está produciendo este tránsito?
Surgió de una situación bastante particular. En concreto, de una conversación con Marissa Lôbo, una compañera artista y activista afrobrasileña que trabaja en Viena, que me hizo una crítica contundente a mi trabajo. Me dijo: los contenidos me parecen súper necesarios, tu forma de leer el racismo institucional me parece genial, pero las formas y las estéticas que estás utilizando son absolutamente blancas. Pertenecen, como bien estás explicando, Marcelo, a una estética, la de la crítica institucional de izquierda, que es eurocéntrica y anglosajona y sobre todo de varones. Fue por esa crítica que yo empecé a repensar y a retomar… ¡algo que yo ya sabía hacer!, porque yo sabía pintar, sé hacer cerámica… La formación artística que tuve fue bastante técnica. De hecho, el motivo por el que yo vine a Europa no fue por que asumiera el punto de vista eurocéntrico según el cuál el arte legítimo esté aquí, sino porque intentaba encontrar un espacio donde debatir cuestiones más conceptuales en cuanto al trabajo artístico y que en Perú no encontraba. Esta es la reflexión reciente por la que he retomado el trabajo más manual. Pero también hay un motivo personal: el trabajo manual te permite construir un espacio en el que pensar con otros ritmos. Cuando tú estás bordando, pintando o dibujando, la forma en la que se articula tu pensamiento, en la que vas ordenando tus ideas y en la que vas realizando esas imágenes que después se tienen que relacionar con el público, es otra.
Yo recuerdo una vez que con mi mamá fuimos a una galería de arte en Lima. Se hacía chiquitita enfrente de las obras de arte que estaba viendo, porque muchas veces ese conceptualismo contiene una cierta arrogancia estética que lleva a que la gente que no está vinculada a esos entornos culturales o artísticos, que no ha tenido el tiempo para dedicarse a conocer esos lenguajes, herramientas o genealogías, se sienta estúpida porque de pronto no entiende algo que no tiene por qué entender. El lenguaje que está utilizando el artista no pertenece a unas narrativas cotidianas, se consume en espacios ciertamente de izquierda pero elitizados también, ¿no? Entonces, una cosa que yo he notado con obras más recientes que he hecho, como el libro El ABC de la Europa racista (2017), es que el usar imágenes que están en la biblioteca popular de los conocimientos me resulta mucho más rico a la hora de canalizar y narrar cuestiones de una manera que las herramientas del arte conceptualista por sí solas no te permiten. Ahora, también te digo que sí me gusta rescatar una cosita de por qué me fueron muy útiles en el momento en el que yo estaba empleada por ejemplo en la tienda de chocolates. Cuando me pasaba toda la semana trabajando para otros no tenía tiempo de ponerme a bordar o dibujar. Así que una cosa que sí rescato del arte conceptual es la posibilidad que te da de poder trabajar para ti cuando no tienes tiempo ni dinero. En ese sentido, a mí sí me fue útil el poder tomar una fotografía y escribir un texto sencillo para elaborar una obra en apenas 45 minutos porque no tenía el espacio-tiempo para sentarme a pintar. Es por eso que yo utilizaba esos procedimientos en los años en los que trabajaba de camarera. Y después, en cierto modo, me doy la posibilidad de poder retomar mi trabajo de forma más manual.
Claro, es que la simplificación de los procedimientos para la realización del arte que instaura el conceptualismo en los sesenta y setenta tenía precisamente ese objetivo antiautoritario y democratizador, impugnando la idea de que tú sólo puedes ser artista si dominas como un virtuoso ciertas técnicas expresivas. Pero sí, luego se puede hacer toda esa crítica que estás planteando. Entonces, lo que yo quería poner en evidencia es la manera muy inteligente en la que tu trabajo reciente no renuncia a utilizar esas herramientas sofisticadas de análisis de la imagen, por ejemplo, pero incorporando estéticas que pertenecen como tú dices al repertorio de la imaginería popular. Y estás haciendo cosas hermosas, como la pieza que nos has mandado para publicar en CTXT, esa Plegaria en cuatro imágenes a Apu Fernandito Túpac Amaru de Lavapiés por la rebelión, la justicia y la reparación (2020). La primera vez que yo recuerdo que incorporaste algún componente iconográfico que servía para articular un discurso anticolonial fue, de nuevo, en el trabajo sobre las empleadas domésticas. Me pasaste un grabado que ilustraba la Primer [sic] nueva corónica [sic] y buen gobierno (1615) de Felipe Guamán Poma de Ayala, el cronista crítico del Virreinato del Perú. Era un grabado donde una indígena se arrodillaba sumisamente ante las figuras poderosas de unos conquistadores vestidos con armaduras, y me pediste ponerla al final de mi texto junto con una imagen que estaba relacionada con la serie de 97 interiores domésticos pero que tenía una particularidad que la hacía diferente al resto. En esta última, la empleada doméstica se sitúa en el centro. Está rodeada por adolescentes blancos de clase alta sanos y bien parecidos que se divierten en la piscina de su jardín. La pequeña figura de la indígena, erguida, lejos de parecer sumisa, mira exactamente hacia la cámara atravesando con una mirada penetrante el eje del punto de vista frontal. Del contraste que proponías con el grabado de Guamán Poma surge una relación perturbadora. Explícame por favor cuál fue el motivo de comenzar a trabajar con estas iconografías anticoloniales y qué importancia tuvo para ti manejar el referente histórico de Guamán Poma. Ya puestos, te pediría que nombraras otros referentes que en este sentido has ido incorporando después a tus reflexiones.
Guamán Poma fue… no sólo central para mi entendimiento de cómo funciona el orden colonial-capitalista-patriarcal, sino también por el uso que él hace de la imagen. Porque él toma la decisión de incorporar en su libro estas narrativas visuales, articulando la crítica a través de dibujos preciosos, porque decía que las personas indígenas a las que también estaba dirigida esta crónica no sabían leer ni escribir por imposición del sistema colonial. Esa imagen que describes en concreto pertenece a la sección del Buen Gobierno, donde hace un relato de la violencia del poder colonial y narra cómo unas autoridades del Incanato le regalan unas doncellas a los colonizadores españoles para que los atiendan. Estas primeras reflexiones que yo me hacía se dieron en un momento particular: cuando estaba recién llegada a España y no tuve computadora durante dos años. Así que me acercaba a la Biblioteca de la Universitat de Barcelona donde me encontré la edición de 1984 de la crónica. Una cosa bien interesante de las imágenes que él elabora es que responden a un orden, por ejemplo los malos siempre a la izquierda. Sistematizó una forma de representación que hiciera más legibles esas imágenes para facilitar a cualquiera el poder comprender la denuncia que estaba haciendo. Me puse a buscar entonces imágenes contemporáneas del racismo estructural en el contexto del Perú que se asimilaran al orden de las que planteaba Guamán Poma. Y es entonces cuando me encuentro con algo tan sencillo como las fotos de Facebook. Esa foto que tú mencionas con la trabajadora doméstica en el centro es en realidad la primera que tomo de las redes. Y cuando sigo indagando me encuentro con que las trabajadoras aparecen sin embargo casi siempre marginadas al fondo de la imagen o recortadas por el fotógrafo.
El monumento a Colón es necesario para que exista el Centro de Internamiento de Extranjeros
Yo no he tenido una formación en estudios de teoría crítica o de ciencias políticas, y en cierto modo mis conocimientos actuales en torno a eso, y lo digo con mucho orgullo, han sido autodidactas. Por ese motivo mi aproximación a la producción teórica ha sido progresiva y muy libre desde una perspectiva anticolonial. Casi te puedo decir que el primer libro político contundente que yo leo en este sentido es el de Guamán Poma. Hay una estudiosa de su crónica, Rolena Adorno, que maneja teorías anticoloniales y es a través de ella que empiezo a conocer a Franz Fanon o Aníbal Quijano, y a partir de ahí a Yuderkys Espinosa y las teorías anticoloniales que se vienen gestando en los sures globales. Es por eso que mi acercamiento a estos conocimientos no ha sido mediante la academia –bueno fuera que lo hubiera sido, pero no es el caso– sino desde la práctica política: lo que yo he entendido es que no se trata de escritura académica sino de que estos compañeros o compañeras, que han sido o son militantes de movimientos anticoloniales, han traducido a escritura su lectura del sistema colonial haciendo también propuestas de cómo combatirlo. Esa es la relación que yo he establecido con estas lecturas que han tenido para mí también una función… sentimental. Cuando llegué a Europa me produjo mucho impacto el maltrato que una vive. Europa se construye con un sentido de superioridad que implica también el decir que no es racista. Uno, desde fuera, trae incorporado ese imaginario por el que Europa, como es superior, no necesita ser racista, y al llegar aquí la violencia que percibes es bien contundente. Y cuando me encontré con esa lectura de Guamán Poma me sentí contenida, me facilitó entenderme a mí misma en un momento en el que todavía no estaba articulada con mis compañeras antirracistas. No tenía todavía ese entorno colectivo, político, cultural… que hemos ido construyendo entre todas, ¿no? Porque todas nosotras hemos atravesado esos espacios de silenciamiento, de manera que cuando te encontrabas con un libro de Fanon era como encontrarse a una misma.
El 25 de mayo de 2020, George Floyd es asesinado en Mineápolis y se desencadena inmediatamente un movimiento antirracista global que sacude la imagen que nos habíamos construido de un exterior vaciado por la cuarentena y un espacio público difícil de recuperar para la protesta por las previsibles medidas de control social preventivas de la pandemia. El 16 de junio de 2020 apareces en un programa televisivo de gran audiencia en España, Espejo Público, conducido por una presentadora estrella, Susanna Griso. El programa se desarrolló de una manera muy vertiginosa y tus intervenciones tuvieron una gran repercusión, son el origen de los ataques que has sufrido obligándote a viajar a Perú. ¿Podrías relatarme desde tu vivencia cómo se desarrolló toda esta situación?
Yo había estado anteriormente en ese programa y me invitan otra vez, efectivamente, para que el 16 de junio diera mi opinión sobre el derrocamiento de monumentos coloniales en los alzamientos antirracistas en el contexto estadounidense. Y, como siempre, digo que no solamente estoy de acuerdo con que se retiren esos monumentos sino que además tendrían que ser derrocados. Aparte, doy una explicación de por qué los monumentos son importantes: son los simbolismos que sostienen las narrativas racistas de superioridad, de la supremacía blanca, que permiten mantener un sistema de racismo institucional en la actualidad. Es decir, el monumento a Colón es necesario para que exista el Centro de Internamiento de Extranjeros. Ese monumento reivindica, reproduce y vuelve a imponer a nivel ideológico que los sujetos que venimos de la excolonias somos salvajes, incivilizados que tenemos que integrarnos, comportarnos como europeos y, si no hacemos, nos van a detener y expulsar. Yo explico que por eso es importante el señalamiento de esos monumentos coloniales, además de que hacen honor a sujetos que han tenido roles protagónicos nefastos en los procesos de invasión, saqueo y genocidio de los pueblos de Abya Yala y de todos los pueblos del Sur Global. A raíz de eso, en el set de televisión se da una reacción bastante violenta: no me permiten hablar, me gritan y utilizan todo el argumentario que ya conocemos que se tiene siempre preparado para intentar negar la necesidad de políticas antirracistas. Y luego, lo que viene son una serie de mensajes en las redes sociales: “vete a tu país; si no te gusta España, lárgate; nosotros les llevamos la cultura cuando ustedes eran unos salvajes, agradece que estás acá”… Todo ese tipo de retóricas a las que lamentablemente acabamos acostumbrándonos.
Cuando realmente me preocupé fue cuando vi que estaban compartiendo información privada que yo nunca he explicado públicamente sobre la situación de mis papeles y mi permiso de residencia
Pero luego ya llegaron algunos mensajes privados más agresivos, con amenazas. Y el momento en que a mí se me genera más alarma es cuando me llega un correo electrónico escrito desde una dirección creada precisamente para amenazarme, donde se me decía que mi cara es muy reconocible y que Barcelona es una ciudad muy pequeña. Es ahí cuando aviso a mi entorno político sobre la situación que se estaba dando, y mis compañeras, y tú mismo en esos días, recordarás que me decís: ahora ya hay que ir con cuidado, hay que cuidarte. Un par de días después, un periodista especializado en redes fascistas se pone en contacto conmigo y me dice: “Mira, he encontrado estas conversaciones en un grupo de extrema derecha, y te lo digo para que lo tengas en cuenta y sepas que te tienes que cuidar muchísimo”. En esos hilos citaban mi intervención en Espejo Público y básicamente decían que se me tenía que investigar. La manera en que hablan en las conversaciones parece dar a entender que tienen vínculos con la policía, y afirman que se me tenía que iniciar un proceso de criminalización mediante una denuncia por terrorismo. Esto, obviamente, ya nos generó una mayor alarma. Pero cuando realmente me preocupé fue cuando vi que estaban compartiendo información privada que yo nunca he explicado públicamente sobre la situación de mis papeles y mi permiso de residencia. Ahí vimos claramente que se trataba de gente que podría tener un pie en alguna institución o acceso a mi expediente. Posteriormente, aun cuando yo ya estaba fuera de España, en ese grupo han continuado hablando en relación a mí comentando sobre la custodia de mi hijo o discutiendo si algún aspecto de mi situación administrativa tendría que entrar en el atestado policial. En este momento yo no tengo constancia de que se haya puesto alguna denuncia ni de que se haya iniciado algún tipo de investigación de las que a veces se utilizan para criminalizar a la gente. Pero los elementos que estábamos observando nos hacían recordar a otros casos donde la policía o las autoridades han abierto procesos de criminalización a la disidencia política. Claro, yo tendría que enfrentarme a eso con un permiso de residencia y con un hijo de tres años. Si tuviera un pasaporte español o una pareja que fuera corresponsable de la crianza de mi hijo en nuestra misma ciudad, habría tomado la decisión de arriesgarme a enfrentar incluso un proceso judicial o una detención; pero en la condición en la que me encontraba no podía arriesgarme a permanecer en Barcelona por si eso pudiera acabar provocando un condicionamiento muy drástico de la vida de mi hijo.
De lo que más sorprendía cuando se hizo público lo que te sucedía, era que muchas de las reacciones incrédulas, cínicas o incluso bruscas que se produjeron no provenían necesariamente de personas que podríamos considerar de actitudes ultraderechistas, sino que las protagonizaron incluso muchas otras que se considerarían de izquierda o progresistas. He mirado de nuevo ese programa de televisión para preparar nuestra conversación y he caído en la cuenta de que la presentadora, ante el clima de animadversión que como tú has descrito reinaba en el plató, hizo un intento de empatizar contigo. Por motivos obvios surgieron en el debate los casos de violencia policial racista en nuestro entorno que se habían conocido al calor de la escala informativa que ha adquirido el asesinato de George Floyd, y la presentadora te proponía de alguna manera un espacio de negociación: de acuerdo, admitimos que existen razones para la furia de los manifestantes y condenamos los episodios de violencia que puedan suceder, pero a cambio se debería entender que la estatua de Colón no puede desaparecer porque pertenece a nuestro mundo sentimental y por lo tanto no ofende… Ante esto, lo que chocó muchísimo fue que tú la interrumpieras cortante: “¡Claro, dices eso porque eres blanca y estás de acuerdo con el racismo que se vive hoy!”
Hubo un tipo de reacciones que compartieron el resto de los invitados al programa, la extrema derecha y el sector racista de la izquierda, y que tienen que ver no exactamente con las palabras que yo dije, porque muchas compañeras militantes las venimos diciendo hace años. Esas reacciones tienen que ver con el momento político de un alzamiento anticolonial y antirracista radical en el contexto estadounidense. De manera que los españoles, al ver que se están derrocando los símbolos de su colonialismo en el contexto norteamericano y que sea la población afrodescendiente o de origen migrante de Abya Yala la que está no solamente derrocando esos símbolos, sino también incendiando comisarías y tiendas de lujo –porque hay que verlo en su conjunto–, reaccionan con temor porque podría haber un levantamiento radical en el contexto europeo similar a lo que está pasando en Estados Unidos. Porque lo saben: saben que, aun con sus especificidades y con otras formas de articulación, el racismo institucional en el contexto europeo funciona básicamente igual. Está George Floyd, pero en España han asesinado a 14 personas migrantes en la zona del Tarajal frente a las cámaras de seguridad, y eso lo sabe todo el mundo, lo sabe la población migrante y en concreto la población de origen africano [se refiere al episodio por el que, el 6 de febrero de 2014, 15 migrantes murieron ahogados en la playa del Tarajal intentando cruzar a España entre disparos de balas de goma y botes de humo por la Guardia Civil, con otros 23 que fueron víctimas de “devoluciones en caliente” a Marruecos, sin que se hayan producido resultados judiciales satisfactorios ni acciones institucionales de reparación]. Este es otro motivo por el que yo tomo la decisión de marcharme: por el insuficiente apoyo a estas cuestiones por parte de la izquierda española y catalana. Hace mucho que el movimiento antirracista le viene criticando a estas izquierdas su incorporación de retóricas racistas y su negativa a establecer como una prioridad política la lucha antirracista, en un momento en que el primer alimento de la extrema derecha es su ataque a la población migrante. Encima, en una situación en donde la clase trabajadora más explotada y violentada es la clase trabajadora migrante, que lo está siendo porque se ve condicionada precisamente por los mecanismos del racismo institucional. Entonces, la apelación que nosotras hacemos tiene que ver con la exigencia de que incorporen los reclamos antirracistas. Un caso como el mío es uno más de los que justifican nuestra sensación de que, ante determinadas situaciones, la izquierda en su mayoría no nos va a apoyar. No es solamente por la ultraderecha, es por todo esto otro también que la población migrante y la militancia antirracista vivimos con miedo.
Ctxt / COMCOSUR MUJER Nº 661 – 05/10/2020
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7) MÉXICO: PREOCUPA REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO PARA LAS MUJERES EN 2021
Las reducciones que aplicó el gobierno federal a los presupuestos aprobados para la igualdad entre mujeres y hombres, bajo el argumento de redistribuirlos para la atención de la pandemia por COVID-19, generan la sensación de una posible reducción para el próximo 2021.
La integrante del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Estela Casados González, expresó en entrevista que tras el recorte que se hizo a esa institución, lo que queda es esperar a ver cómo se plantea el presupuesto 2021, tanto para el organismo como para programas específicos que coordina.
La también académica recordó que el recorte al Inmujeres no fue el único que se dio a conocer, pues se retiraron recursos de apoyo a los Refugios para mujeres víctimas de la violencia, así como también en algún momento se habló de retirar recursos para las entidades con Alerta de Violencia de Género (AVG), aunque esto no se concretó.
Insistió en que el Estado no puede incurrir en actos de violencia contra las mujeres, como lo podrían ser los recortes presupuestales, pues ha signado y ratificado diversos tratados internacionales donde se compromete a destinar recursos a programas para erradicar la violencia y garantizar el adelanto de las mujeres.
Por su parte, la directora del Instituto Municipal de las Mujeres en Xalapa en Veracruz, Yadira Hidalgo González, dijo en entrevista separada, que al ser este el primer año en que se etiquetaron recursos directos a los municipios había un aliciente, sin embargo, al mostrarse la posibilidad del retiro, generó temor de recortes y afectaciones a las acciones locales.
La funcionaria dijo que a lo largo de este 2020 a las instituciones para el adelanto de las mujeres, principalmente a las locales, se les ha mantenido en la incertidumbre con las amenazas de recortes y los retrasos en la entrega, por lo que había preocupación sobre las fechas en que recibirían las ministraciones que habían gestionado. Señaló que a estas alturas no se sabía qué podría ser peor, si no llegaran los recursos o si hubiera subejercicio y fuera necesario devolver el dinero que no pudiera ejercerse a tiempo.
“Necesitamos que esos dineros lleguen en tiempo y forma, porque si se tardan mucho, no se pueden ejercer. El año pasado el recurso de la Alerta –de Violencia de Género- llegó en noviembre y se cierra en diciembre, entonces se tiene que regresar porque no lo vas a poder ejercer, eso es lo que ha nosotras ahorita nos preocupa, los tiempos”.
En cuanto a sus expectativas para el presupuesto del 2021, Hidalgo González expresó que los recortes aplicados al Inmujeres es un mensaje: “hay mucha especulación, hay bastante temor de que el año que entra en ese sentido sea más pesado. Nosotras al ser la capital municipal hemos podido hacer varias cosas que nos ayudan a nosotras, además de que tenemos la infraestructura que nos permite trabajar, otras compañeras, de otros institutos de las mujeres a lo mejor ni siquiera podrían aspirar a tenerlo”.
También la defensora de derechos de las mujeres de la asociación civil Equifonía A.C Aracely González Saavedra, dijo que si bien al Ejecutivo le corresponde presentar el proyecto de presupuesto, es el Congreso quien debe hacer observaciones y modificaciones al Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). “No hemos podido trascender una administración pública que obedece más a intereses de su partido político que a los derechos que tiene la ciudadanía para mejorar sus condiciones de vida. Nos toca desde la sociedad civil, vigilar y exigir, hay diputadas que sí tienen un compromiso, que están propuestas para fortalecer el adelanto de las mujeres, pero son las menores, la mayoría está obedeciendo a su grupo”.
González Saavedra lamentó que en esta administración parece que no existe autonomía en el Legislativo, por lo que no atienden la problemática en materia de presupuesto para los derechos de las mujeres.
Al final, las tres defensoras coincidieron en decir que es necesario estar muy atentas para evitar que el próximo presupuesto no sufra recortes.
Cimacnoticias / COMCOSUR MUJER Nº 661 – 05/10/2020
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8) URUGUAY: LA IM PRESENTÓ UN PROTOCOLO PARA ACOMPAÑAR LA TRANSICIÓN DE PERSONAS TRANS EN EL TRABAJO
También anunció una resolución que incorpora disposiciones de la Ley Integral para Personas Trans a la normativa departamental.
La Intendencia de Montevideo (IM) lanzó dos medidas que apuntan a la protección y el ejercicio efectivo de los derechos de las personas trans. La primera es una resolución que incorpora a la normativa departamental las disposiciones establecidas en la Ley Integral para Personas Trans. La segunda es un protocolo de transición de género en el ámbito laboral, que regirá en todos los niveles de la comuna capitalina y los ocho municipios, para funcionarias y funcionarios presupuestados o contratados, pasantes y personal que preste servicios bajo convenio o arrendamiento de obra o servicios. Estará disponible además para ser consultado por organizaciones, empresas e instituciones públicas que así lo requieran.
La guía plantea recomendaciones en torno a cuatro ejes principales. El primero establece distintas maneras en las que una persona puede comunicar en su lugar de trabajo que iniciará una transición de género. “Ahí hay que abrir todas las posibilidades: que lo haga por mail, a través de una persona de su confianza, o presencial y directamente, como quiera”, explicó el coordinador de la Secretaría de la Diversidad de la IM, Andrés Scagliola, durante la presentación del documento. En cualquiera de los casos, agregó, es necesario “garantizar también la confidencialidad de todo esto que se está jugando alguien cuando dice ‘quiero transicionar en el género porque mi identidad de género sentida es otra’”. Los casos “no son miles”, aclaró, “pero hay personas por ahí que viven una identidad que no sienten por miedo a quedarse sin trabajo”.
Una vez que una persona comunica que hará la transición de género, se activa un procedimiento de actuación, que incluye la formación de un grupo de acompañamiento integral encargado de crear un plan personalizado para cada persona. “¿Qué hacemos con su correo electrónico? ¿Qué hacemos con sus registros administrativos? ¿Qué hacemos con el tema de los baños? ¿Qué hacemos con el tema de la vestimenta o de los vestuarios cuando existen en el desempeño de su trabajo? Un plan a la medida de cada una de las personas, considerando todas las dimensiones críticas de un proceso de estas características, es fundamental”, aseguró Scagliola. En paralelo, debe coordinarse una instancia de charla o taller para sensibilizar y capacitar al equipo de trabajo. “Hay personas que no saben cómo dirigirse a una persona trans, porque el sistema educativo tampoco les enseña y llegan a la adultez sin saber cómo interactuar, entonces hay que darles todas las herramientas”, aseguró el coordinador.
El tercer paso es generar un expediente “para tramitar todo esto y que tenga la formalidad del caso” y el cuarto, por último, es garantizar el acompañamiento en todas las etapas del proceso.
La creación de la guía no aparece entre las disposiciones de la ley trans, pero surgió en un compromiso de la intendencia con “ir más allá”, según dijo Scagliola. Fue motivada, además, por la experiencia de una mujer trans que trabajaba allí cuando hizo la transición hace un par de años. “Vimos cómo la experiencia de transicionar en el género tenía un impacto tan importante no sólo en su vida, sino en todos quienes estábamos en contacto con ella. Entonces pensamos: ella está haciendo la transición en el Departamento de Desarrollo Social, que es amigable, que viene trabajando estos temas, donde la diversidad no es una cosita más que se agrega sino una cosa que se viene trabajando transversalmente, pero ¿qué pasa si sucede en otro lugar de la IM? ¿Qué pasa si sucede en algún sector donde, por estar masculinizado, puede haber algún tipo de resistencia o no sea un ambiente tan amigable?”, explicó el referente de la Secretaría de la Diversidad. La guía viene a dar respuestas, sugerencias y, sobre todo, garantías. “Este va a ser un instrumento para garantizar que todas las personas tengan efectivamente ese derecho a ser, que es urgente”, planteó Scagliola.
La resolución, por otra parte, pretende incorporar a la normativa de Montevideo las disposiciones establecidas en la ley trans para los gobiernos departamentales. “Creo que es la primera intendencia del país que va a terminar incorporando en esta resolución la Ley Integral para Personas Trans, en algo que decíamos cuando nos tocó asumir que debía ser una de las principales batallas”, comentó al respecto el intendente de Montevideo, Christian Di Candia, durante la presentación.
El documento establece que para todos los llamados laborales que realice la IM deberá haber cupos para personas trans. Además, se deberá incluir de forma definitiva la temática diversidad sexual en todos los cursos internos, para funcionarias y funcionarios departamentales y municipales, “para poder trabajar en el cambio cultural”, dijo Di Candia.
La resolución también establece que en las policlínicas departamentales se pondrán en marcha protocolos de trabajo para brindar acompañamiento a las personas trans. Al mismo tiempo, se garantizará la atención a mujeres trans en situaciones de violencia de género, a través de los servicios de las 12 Comunas Mujer.
La resolución todavía está bajo estudio de la Asesoría Jurídica de la IM, que, según dijo Scagliola, se comprometió a aprobarla y publicarla en los próximos días.
La Diaria / COMCOSUR MUJER Nº 661 – 05/10/2020
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9) SÍLVIA PÉREZ CRUZ: “LO BONITO DE MI VOZ NO ES EL TIMBRE SINO SU FRAGILIDAD”
Tonadas argentinas, experimentalismo onírico, flamenco de raíz… Sílvia Pérez Cruz se desata como compositora y letrista en su último disco, ‘Farsa’, en el que recopila las canciones alumbradas en su promiscua relación con el cine, el teatro, la danza… De fondo, un homenaje a su madre, que le insufló la pasión por el arte
Entrevista de Alberto Ojeda / El Cultural /2 de octubre de 2020
En los últimos tres años Sílvia Pérez Cruz (Palafrugell, 1983) ha ido derramando canciones por doquier. Para espectáculos de danza, como el Grito pelao de Rocío Molina. Para montajes teatrales, como el Cyrano de Lluís Homar. Para películas: por un lado, la de animación Josep, única española seleccionada en Cannes junto a El olvido que seremos, y por otro, La noche de 12 años, sobre el encierro en la cárcel de Pepe Mújica, expresidente de Uruguay. Toda esa arborescencia creativa, ramificada por diversas disciplinas artísticas, la ha ‘empaquetado’ en su último disco, Farsa (género imposible) (Universal). En él, los temas cobran una independencia estrictamente musical y se visten con los géneros más diversos: experimentalismo abstracto a la manera de Björk (Par coeur), flamenco por derecho (Grito pelao), tonadas populares de la Argentina septentrional (El futuro de la madres del mundo)… Eclecticismo libérrimo que amplifica con su voz inocente y seductora.
Pregunta. Dice que Farsa responde a su preocupación por la dualidad entre realidad y apariencia, “entre fragilidad interior y superficie arrasadora”. ¿Por qué le toca tanto este tema?
Respuesta. Supongo que por la eclosión de las redes sociales, donde esa dualidad se concreta de manera extrema. Y también por mi condición de artista, que ha de subirse a un escenario y mostrarse. Yo convivo con mi fragilidad: la abrazo, le río, le lloro e intento hacerla bella.
P. Apela a unos versos de Pessoa: “El poeta finge que es dolor el dolor que en verdad siente”. ¿Cuánto fingimiento y cuánta verdad hay en un concierto suyo?
R. Qué maravilloso poema. Yo no construyo un personaje. Pablo Messiez escribió otro poema que creo que también da en el clavo: “Me olvido de mí cantando y cantando me recuerdo”. Es eso: yo me olvido de mi cuerpo y a la vez consigo conectar con la Sílvia de siempre, que se me despista a veces en el trajín de cada día. Se me puede conocer mejor si se me escucha cantar que si se me escucha hablar.
P. En la portada del disco su cara aparece casi disolviéndose con el fondo blanco. No hay rastro de su característica cabellera morena. ¿Es un mensaje contra el atracón visual de hoy?
R. Me inspiré en algunos carteles de La cantante calva, la obra de Ionesco, que pertenece al teatro del absurdo pero también está muy cerca de la farsa como género. Me interesaba alejarme de mi imagen típica, en la que el pelo es algo tan definitorio.
P. Otro tema central es la maternidad. Ha musicalizado el poema Todas las madres del mundo de Miguel Hernández, recoge las canciones que compuso para Grito pelao, espectáculo en el que Rocío Molina bailaba embarazada, otra la titula Fatherless…
R. Sí, sin duda lo es. No lo busqué como concepto artístico pero es una realidad que se me impone. Lo más importante que me ha pasado en la vida ha sido parir a una persona y tenerla que educar, abrazándola y dejándole espacio al mismo tiempo. La decisión de grabar el disco en mi casa respondía al deseo de pasar más tiempo con ella. Y por otro lado, el latido que mueve todo el disco es el homenaje a mi madre.
P. Ella fue la responsable de su educación artística, ¿no?
«Las canciones están grabadas en el comedor de mi casa con todos los músicos juntos. Así se percibe su diálogo»
R. Sí, mi padre me regaló la experiencia de cantar en público y ella me dio la confianza y los recursos para expresarme. Estudió Historia del Arte y daba clase pero le frustraba ver que los adolescentes solo podían dar explicaciones técnicas aprendidas de memoria ante las obras, nada emocional y personal. Por eso descendió a la infancia. Iba a las escuelas con la guitarra y los niños pintaban inspirándose en lo que les cantaba. Luego creó su propia su escuela, Alartis. Allí yo era feliz. Mi tendencia a combinar distintas disciplinas, cine, teatro, música, danza…, viene de esa época.
P. ¿Cómo reparó en el poema de Miguel Hernández?
R. Me propusieron recitarlo en TV3. Dije que no porque yo no sé recitar. Pero luego me impactó tanto que sentí que lo podría hacer, porque me lo creía. Y después me lo guardé. Cuando me pidieron una canción para la película Josep, sobre el pintor y exiliado republicano Josep Bartolí, que estuvo encerrado en los campos de concentración franceses, decidí ponerle música, inspirada en las tonadas de las copleras argentinas de Tilcara. El poema conectaba muy bien con la historia de Bartolí.
P. Este da una visión muy negra de la maternidad: advierte del dolor que sufrirán las madres al ver a sus hijos enfrentados al mal, el odio, las guerras…
R. Sí, es duro. A mí me conmueve porque siempre que veo a una persona que ha perdido el control, con la personalidad desmontada, pienso en la madre que algún día le acunó.
P. El disco presenta un eclecticismo formal marca de la casa. ¿Cómo trabajaron el sonido para empastar tal variedad de géneros?
R. El eclecticismo no lo puedo evitar. La unidad la da la manera en que ha sido grabado: con todos los músicos a la vez en el comedor de mi casa, así se percibe el diálogo entre ellos. No quería armar capas independientes con cada instrumento. El concepto era hacer algo casero en el mejor sentido, artesano. Luego la sonoridad la trabajé conjuntamente con Juan Casanovas en su estudio.
P. Dice Messiez en las notas del disco que no canta las canciones sino que deja que ellas se canten. ¿Esa es la clave para que cobren vida y emocionen?
«Como compositora sé que cada tema pide una forma. El reto es comprender cuál es»
R. Bola de Nieve decía: “Yo soy la canción”. Una cantante es como una médium. Y como compositora sé que cada tema pide una forma, y que esta suele estar flotando en el aire. El reto es comprender cuál es. Y eso solo se consigue estando abierta. Debo abrir las ventanas, como si fuera una casa. El miedo y la inseguridad las cierran.
P. ¿Y sigue creyendo que su voz no es bonita?
R. Lo bonito de mi voz no es tanto el timbre en sí como su capacidad de transmitir. En general todos tenemos una relación extraña con nuestra voz. Cuando la oímos grabada nos choca. No digo que sea fea pero lo más valioso es que transparenta la fragilidad.
P. Su disco anterior, el directo junto a Marco Mezquida grabado en Tokio, lo tituló MA, un término japonés polisémico que, entre otras cosas, significa paréntesis. ¿Qué espera que signifique este paréntesis por el virus en su vida, en su carrera?
R. Las esperanzas de que la humanidad mejorase tras el trauma ya se han desdibujado un poco, aunque no las pierdo del todo. La incertidumbre todavía nos aplasta. Yo intento mantener la ilusión y seguir creando. He invertido tiempo, amor y dinero en conciertos que no sé si se podrán hacer. Igual no, pero quiero pensar que sí. Veremos
El Cultural / COMCOSUR MUJER Nº 661 – 05/10/2020
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“Siempre he partido de una idea elemental: la de que la verdad no necesita ser justificada por la adecuación a un objetivo superior. La verdad es la verdad y nada más. Debe ser servida, no servir.”
Eugenia Ginzburg / “El vértigo”.
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1994 – 19 de junio – 2020 – 26 años
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