1) Argentina: “El agronegocio aplica la misma violencia machista”
2) Argentina: «La humanidad vive tiempos de descuento» con Maristella Svampa
3) Costa Rica: Matrimonio igualitario fortalecerá protección a personas refugiadas LGBTI
4) México: Al menos 267 mujeres fueron asesinadas en abril
5) Uruguay: La impunidad del viejo verde
6) Uruguay: La explotación sexual y sus complicidades
7) Uruguay: Feministas critican retrocesos en políticas de género en ley macro que impulsa el gobierno
8) Uruguay: “Cuerpos libres, estados laicos, democracias plenas”
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COMCOSUR MUJER / Fundado por Yessie Macchi / AÑO 17 /No. 643 – Lunes 1ero de junio de 2020 / Producción: Beatriz Alonso y Belén Itza / Apoyo técnico: Carlos Dárdano
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“Por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres” Rosa Luxemburgo
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1) ARGENTINA: “EL AGRONEGOCIO APLICA LA MISMA VIOLENCIA MACHISTA”
La decisión de cómo y para qué producir es un acto político, como todo lo personal. En este sentido, ¿qué lugar ocupa la desigualdad de género en la producción agroecológica en tanto el modelo del agronegocio acentúa la división sexual del trabajo? Rosalía Pellegrini es referente de la Secretaría de Género de la UTT (Unión de Trabajadores de la Tierra) y nos cuenta cómo la agroecología al servicio de la soberanía alimentaria va de la mano de la despatriarcalización del campo.
-¿Por qué dentro de la UTT comienzan a organizarse las mujeres?¿Qué actividades vienen desarrollando?
– En la UTT nos empezamos a organizar las mujeres por un hecho de violencia concreto y a partir de esto nos damos cuenta de que en la propia organización había muchos hechos de violencia que estaban naturalizados en esos lugares comunes que construyó el patriarcado para mirar para otro lado. Necesitábamos asumir un posicionamiento en contra de la violencia de género desde la organización, y así se forma la Secretaría de Género.
A partir de ahí generamos una campaña de Mujeres de la Tierra contra el machismo, en donde nos formamos como promotoras de género rurales. Logramos instalar seminarios en la Universidad de La Plata y fuimos capacitando, acá en Buenos Aires, a cien promotoras. El año pasado hicimos un Encuentro Nacional de Mujeres Trabajadoras de la Tierra donde participaron 200 referentas de género de quince provincias del país.
También, hace más de un año, comenzamos los Encuentros de Mujeres y Plantas Medicinales en donde revalorizamos y compartimos ese conocimiento ancestral que traemos las mujeres del campo, que muchas veces estaba guardado porque daba vergüenza, porque era sinónimo de atraso, que se fue perdiendo porque era algo que significaba ser pobre, campesinx y supersticiosx. Ahora lo estamos recuperando, hicimos una cartilla colectiva con todo ese conocimiento y más o menos una vez al mes vamos haciendo los encuentros.
-¿En qué aspectos ha incidido el movimiento feminista en la organización de las trabajadoras de la UTT?
– Nosotras venimos hace como 4 ó 5 años participando de los Encuentros (ahora Plurinacionales) de Mujeres. El movimiento feminista en Argentina es algo que nos nutrió un montón. De todo lo que nos ha sucedido en estos años, una puede encontrar un aporte en las discusiones que dio el feminismo en todo el mundo, pudiendo poner un cachito de luz. Como aquel primer caso de violencia, donde nos encontramos con opiniones como: “eso es un tema de su casa, es un tema privado.” Esto de “lo personal es político”, del derecho al goce de nuestro propio cuerpo, de si queremos ser madres o no queremos ser madres, cuántxs hijxs queremos tener, son cosas que siempre están muy presentes. Siempre fuimos, primero, muy curiosas y, después, abiertas a la diversidad de colores, como hay en la naturaleza, de los encuentros plurinacionales. Entendemos que somos diversas y que tenemos una agenda de desigualdades que implican un montón de opresiones y exclusiones que tenemos por ser mujeres, pobres, campesinas, migrantes. Creo que la diversidad que se ve en esos Encuentros, que es diferente a nosotras, nos sumó en distintas formas de expresar la lucha. El año pasado hicimos un verdurazo feminista en La Plata, en el marco de la Asamblea del Abya Yala, cerrando la Asamblea, donde hablaron compañeras diversas de distintos lugares de nuestra Matria, y la verdad que para nosotras fue una fiesta, estamos muy orgullosas de sentirnos parte de este movimiento.
La producción agroecológica plantea tiempos que no tienen que ver con los de la rentabilidad y la especulación financiera, sino con los tiempos de la tierra y de la vida. Esta revalorización del tiempo junto con la recuperación del derecho al ocio, a la libertad, a una vida sana, se enlaza directamente con las relaciones igualitarias que plantea el feminismo. Los procesos colectivos de transformación repercuten en lo personal, en las familias, en la forma de producir, en la guardada memoria ancestral y en la visión de un futuro sustentable y libre de las transnacionales de la muerte.
“Hoy todo el tiempo se habla de qué comemos, de dónde viene lo que comemos, cómo se produce. Eso es soberanía alimentaria,
-¿Cuál es la importancia de las mujeres en el modelo de producción de alimentos y de qué manera opera la opresión patriarcal? ¿Cómo se vincula la agroecología con el empoderamiento y el rol de las trabajadoras rurales?
– Nosotras empezamos trabajando el eje de violencia pero después empezamos a trabajar otras cuestiones. Nos fuimos dando cuenta de que la violencia doméstica es producto también de un sistema económico, que la agricultura aplica la misma violencia que se ejerce sobre nosotras, sobre nuestros cuerpos. La agricultura del agronegocio, la agricultura basada en los agrotóxicos, ejerce esa misma violencia sobre la naturaleza y empezamos a identificarlo en el sistema de producción de alimentos, desde lo más cotidiano y lo más llano. Como en las quintas de las familias que producen bajo el modelo convencional. Pasamos a cultivar alimentos en la manera que impuso el mercado, una manera que genera tanto rendimiento a costa de matar, de matarnos a nosotras mismas, a nuestras familias, de enfermarnos, de enfermar los suelos. Nos dimos cuenta cómo las mujeres fuimos excluidas de muchas de esas decisiones de producción. Nosotras veíamos que el modelo de producción nos envenenaba, pero éramos una voz marginada, si bien trabajamos siempre en las quintas y cada vez se fortalece más la presencia de las mujeres trabajando en la finca, porque la crisis económica hace que toda la familia tenga que trabajar, porque pagás un alquiler carísimo, pagás los insumos que imponen las multinacionales a precio dólar y a su vez está lo poco que te pagan por lo que producís en este sistema. Las mujeres trabajadoras de la tierra somos mano de obra fundamental en las quintas y sin embargo, la mayoría de las veces, somos marginadas de la decisión de cómo producir.
Así, otro eje que trabajamos es cómo incide esta visión de género en la agroecología, cómo empezamos a darle más participación a las mujeres en la UTT en la promoción de la agroecología. Se hace a través de un sistema que llamamos “de campesinx a campesinx” y así se fueron formando compañeros y compañeras técnicxs campesinxs, entre lxs cuales son más mujeres las que están empezando a formarse como técnicas. Eso fue algo que fuimos fomentando a propósito, fuimos buscándolo, y hoy por hoy la Coordinadora Nacional del área de Agroecología es una mujer joven y agricultora, Delina Puma.
-¿Es posible la construcción de relaciones igualitarias (y no de poder) entre el campo y la ciudad? ¿Cuáles son las fortalezas adquiridas de cara al futuro?
– Yo creo que sí. Desde la UTT, cuando pensamos aquel verdurazo de 2016, no lo hicimos queriendo buscar ese lazo que se generó entre lxs que producimos alimentos y lxs que consumen, que fueron destinatarixs del discurso de ¿quiénes producimos lo que comemos? ¿cómo lo producimos? ¿cómo vivimos? ¿en qué contexto? Yo creo que la UTT, a través del verdurazo, levantó la bandera de la soberanía alimentaria desde un lugar, con un lenguaje, con una forma que le pudo entrar a todos y todas, y creo que es un gran aporte de la organización a la lucha del pueblo. Hoy todo el tiempo se habla de qué comemos, de dónde viene lo que comemos, cómo se produce. Eso es soberanía alimentaria, claramente, pero lo planteamos desde un lugar que generó una relación horizontal, en la cual cualquiera se puede relacionar con la idea de la soberanía alimentaria y no es algo atribuible sólo al campesinado. Nunca lo fue, pero era una bandera que levantaba el campesinado a nivel mundial, y los sectores de la ciudad poco o nada se sentían reflejados. Creo que hoy, más que nunca, a través de los almacenes de UTT, los verdurazos, los feriazos y las distintas estrategias que tiene la organización para relacionarse con lxs habitantes de las ciudades y para construir un diálogo, un vínculo, realmente hay una relación de fuerza a favor de la soberanía alimentaria de una manera que no había existido nunca. La gente que va a los almacenes de UTT y compra una lechuga de la organización no está comprando una lechuga, está formando parte realmente de un proyecto de cambio social, de un proyecto que plantea otros sistemas de producción de alimentos y otra relación con la naturaleza, y eso es muy fuerte.
La agroecología, sustentada en la agricultura milenaria de los pueblos, no solo se trata de un conjunto de técnicas y prácticas agronómicas: se trata de un pensamiento político que cuestiona las estructuras de opresión, basado en la recuperación de la memoria histórica para la (re)construcción de los territorios y las identidades, en el desarraigo de las imposiciones culturales patriarcales, en la descolonización y la asimilación de la soberanía de los territorios como la soberanía de los cuerpos. Se trata, al fin y al cabo, de justicia social y ambiental, y de este semillero surgen nuevos feminismos populares y rurales. Porque la salida es colectiva, igualitaria y con la tierra en manos de quienes la trabajan.
(Este artículo es parte del proyecto “Profundizando debates sobre experiencias agroecológicas para la soberanía alimentaria” realizado con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo.)
Revista Cítrica / COMCOSUR MUJER Nº 643 – 01/06/2020
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2) ARGENTINA: LA SOCIÓLOGA MARISTELLA SVAMPA POSTULA LA IDEA DE UN «PACTO ECOSOCIAL» COMO SALIDA A ESTA «TRAGEDIA ANUNCIADA»
«La humanidad vive tiempos de descuento»
El coronavirus puso de relieve las enormes desigualdades que se han consolidado en este sistema, así como la importancia de las causas socioambientales, advierte Svampa.
El encierro no la encuentra aletargada ni confundida. Maristella Svampa no hace otra cosa que pensar en la pandemia y escribir. “La crisis abre procesos de liberación cognitiva”, dice. Y ella la tiene en la cabeza “desde la mañana hasta que se acuesta”. La conversación va a la velocidad de su pensamiento, porque sabe que este estado de excepción va a ser breve. La crisis del coronavirus es una oportunidad, un portal que se abre pero no por mucho tiempo, en el que eventualmente va a haber que elegir entre más “capitalismo del caos” o un New Green Deal, del que se está hablando acá y en el mundo, y que a su paso va sumando las firmas de intelectuales y políticos, como Bernie Sanders, Alexandría Ocasio Cortez, Noam Chomsky.
Es que esta crisis no es producto del azar, sino una tragedia que viene siendo anunciada desde la Organización Mundial de la Salud, entre otras agencias oficiales de Naciones Unidas. Y a las causas de la enfermedad que recorre el mundo hay que buscarla, dice Svampa, entre la relación depredatoria con la naturaleza, el modelo agroindustrial y las ansias de ganancia a cualquier precio.
-¿Por qué es éste un momento especialmente oportuno para pensar lo social en clave ambiental?
-La humanidad vive tiempos de descuento. Se ha convertido en una fuerza que impacta en términos destructivos en el tejido de la vida. Es una alarma que ha saltado hace bastante tiempo. La gravedad de la crisis climática y el colapso ecosistémico son evidentes. El coronavirus viene a poner de relieve las enormes desigualdades que se han consolidado en este sistema y, por otro lado, la importancia de las causas socioambientales. No estamos viviendo un Leviatán climático, pero sí un Leviatán sanitario. Las causas de este fenómeno sin precedentes tienen que ver con la devastación de los ecosistemas, las enfermedades zoonóticas, como lo han explicado tantos especialistas, y también se desprenden del modelo agroalimentario. Las megagranjas industriales que son un caldo de cultivo y de transmisión de estos virus. Es una crisis que abre interrogantes acerca de hacia dónde queremos ir como sociedad, cómo vamos a pensar los vínculos sociales desde ahora en adelante y nuestro vínculo con la naturaleza. Las grandes crisis son portadoras de demandas ambivalentes. Por un lado, hay demandas de transformaciones radicales. Las crisis tornan viable aquello que hasta hace poco era considerado inviable. Por otro lado, hay voces conservadoras que claman por un retorno a la normalidad. Cuando en realidad, el retorno a la normalidad significaría una falsa solución.
-No se habla de causas socioambientales en el prime time. ¿A qué se debe para usted esa invisibilización?
-En principio no aparecen en el discurso público de ningún político. Desde Angela Merkel a Alberto Fernández. Aparece sólo lo sanitario y ligado a un discurso bélico que tiende a obturar esta discusión. Es una crisis que ha abierto dos ejes. Primero, ha develado la profundidad de las desigualdades. No sólo entre el Norte y el Sur sino al interior de nuestras sociedades. Thomas Picketty subraya que la concentración de la riqueza hoy es comparable a la que había a fines del siglo XIX. Y están las causas socioambientales que anuncian, como dicen tantos investigadores, que habrá nuevas pandemias. Y que además debemos afrontar el cambio climático, que combinará muchos de estos elementos, además de las enfermedades ligadas a la contaminación y un proceso masivo de refugiados ambientales.
-¿De qué se trata el pacto ecosocial del que viene escribiendo, junto al abogado especialista en Derecho Ambiental Enrique Viale?
-Es algo de lo que se viene hablando en todo el mundo. También es conocido como Green New Deal. En Estados Unidos y en Europa hay un imaginario instalado relacionado con la necesidad de un gran pacto como salida de las crisis, como el New Deal y el Plan Marshall. En Argentina lo que tenemos es una tradición ligada a la concertación como, por ejemplo, la que promovía el Peronismo con los Planes Quinquenales. Pero no hay un imaginario ligado a un pacto social, entendido como una recuperación integral. Hoy, sí se está hablando más del tema. Es importante promover una visión integral, porque hay una tendencia a encapsular a los pactos en su dimensión social y económica, desliándolo de los temas ecológicos, que son el gran desafío que enfrenta la humanidad en los días por venir. Preferimos no llamarlo “Nuevo Pacto Verde” porque cada vez que aparece esa palabra se tiende a acotar, a pensar que sólo hablamos de la reducción de los gases del efecto invernadero. Cuando en verdad estamos hablando de abordar la desigualdad, la cuestión sanitaria, la educación y la dimensión socioambiental.
-¿Por qué cree que el tema de la transición energética es una discusión que sólo se plantea marginalmente en Argentina?
-Entra y sale de las agendas de muchos países y se ve cercado por tensiones e intereses. Acá Vaca Muerta ha obturado la posibilidad de pensar una transición hacia energías limpias. Es un punto ciego que atraviesa diferentes gobiernos, con sus modalidades. Se instaló la idea de que, explotándola, Argentina se va a convertir en una potencia energética exportadora. Esa imagen se ha venido desmoronando y hoy está en su mínima expresión. Pero no sólo porque en todo el mundo hay fuertes controversias ambientales, sino porque en términos económicos y financieros Vaca Muerta es inviable. No sólo por la caída del precio del barril de petróleo. Es necesario salir de esa encerrona y pensar en una línea diferente en sintonía con las energías limpias y cómo transicionamos hacia ellas.
-Hay toda una discusión sobre el litio que todavía no se ha dado en Argentina, por lo menos, no cabalmente…
-Se está dando en muchos países. Se piensa cómo crear una Agencia Nacional del Litio que promueva un entramado tecnológico y productivo diferente, con métodos de extracción no contaminantes y acuerdos con las comunidades indígenas del norte argentino. Si no pensamos cómo implementarlo acá, lo que haremos, que ya está pasando, es destruir nuestros territorios, atropellar a las comunidades que viven allí y facilitarles la transición energética a los países más poderosos como China, Japón y Alemania.
-¿Se abre con este nuevo gobierno las posibilidades de dar esos debates?
-Sí, son temas que bien podrían ser abordados. Sobre todo, teniendo en cuenta la coyuntura. También soy consciente de que estos son procesos cortos. Son oportunidades, portales que, así como se abren, también se pueden cerrar en muy poco tiempo. Pero podría suceder que la respuesta sea reactivar la economía con más extractivismo, por ejemplo. Durante el confinamiento ha habido más desmonte en el Norte y también en provincias como Chubut, donde se le ha dicho que no a la mega minería, se está aprovechando la crisis para promover la minería como una solución. Insisto con que la transición es un proceso complejo y no tenemos un manual. La vieja imagen de YPF sirvió, a mi entender, hasta los años 70. Hoy los combustibles fósiles no forman parte del futuro. En el caso del litio es diferente, pertenece a los dos mundos. Por un lado, es minería de agua y es altamente insustentable. Para su extracción se utiliza millones de litros de agua en ecosistemas frágiles como son las salinas. Pero, por otro lado, es una de las claves para acceder a energías limpias, libres de combustibles fósiles. Ahí hay un dilema. Tendríamos que tratar de pensar en un escenario con energías post fósiles, limpias, renovables, para construir una sociedad solidaria y resiliente. Si queremos pensar en términos de justicia distributiva y de transición energética, lo que el Gobierno arregló, cediendo a la presión de las compañías petroleras, como un precio especial al crudo o un «barril criollo», es un total desatino. Un grave retroceso. Los costos que va a traer al país son enormes. Estoy incluyendo en esto a los gobernadores. Hay que pensar cómo desarticular esa alianza perversa entre grandes compañías, gobernadores y sindicatos petroleros, para volver a pensar en el país, en los trabajadores del sector, en los consumidores y en la transición.
-Al calor del confinamiento, mucha gente cuenta que se está replanteando su relación con el consumo…
-Es que si vamos a reemplazar los combustibles fósiles por el litio pero vamos a conservar el mismo modelo de consumo, centrado, por ejemplo, en automóviles individuales, no cambiamos nada. No sólo el planeta es limitado. El litio también es limitado y en algún momento se va a agotar. Es lógico que todos nos estemos replanteando la diferencia entre aquello que es accesorio y aquello que es necesario. Por eso digo que la pandemia es una oportunidad de rever la insustentabilidad y todas las injusticias que implica este modelo de consumo tan ligado a la globalización neoliberal.
-Otro de los ejes que entreteje la propuesta del Pacto Ecosocial y Económico es el Ingreso Universal Ciudadano.
-También lo pensamos como un proceso. Implicaría una salida de la trampa de la pobreza y el clientelismo, tan ligados a los planes sociales focalizados. Debe ser pensado junto a una reforma fiscal progresiva. No somos los únicos que hablamos del tema. Intelectuales como José Nun lo han trabajado históricamente, Rubén Lo Vulo, inclusive Beatriz Sarlo. La idea sería que no se castigue a los sectores más vulnerables, a través de impuestos indirectos como el IVA. Sino impuestos a las grandes fortunas, a los daños al medio ambiente, al capital financiero, a la herencia. No tenemos impuesto a la herencia porque Martínez de Hoz lo voló de un plumazo. Cuando decimos que América latina tuvo una oportunidad de crecimiento económico durante el ciclo progresista y usó renta extraordinaria proveniente del extractivismo en mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y los sectores populares, hay que decir también que no se promovió mayor justicia social a través de la reforma del sistema fiscal. El tercer eje del pacto es la deuda externa. Argentina está en virtual default, gracias a lo que nos dejó el Gobierno anterior. Muchos organismos internacionales están llamando a contemplar la situación de fragilidad que atraviesan los países del Tercer Mundo. Algunos hablan de un jubileo de deudas como la nuestra, que es insustentable y que ni siquiera mejoró la situación de los sectores menos favorecidos.
-La idea de reforma fiscal que grave a la renta financiera suena muy bien, pero estamos viendo la resistencia quye provoca un impuesto a las grandes fortunas. ¿Le parece practicable?
-Estamos ante una crisis civilizatoria. Ni hablar de la recesión económica que ya se está instalando en el país. A eso hay que sumar que el virus está llegando a las poblaciones más vulnerables. Estamos a una situación de tal gravedad que queda claro que los sectores que tiene que aportar son los que más tienen. El impuesto a las grandes fortunas no es una locura peronista, como se quiere instalar, sino una cuestión lógica de justicia distributiva. Es necesario salir a apoyar esa medida desde todos los sectores. Las cartas no están marcadas.
-También han hecho foco en el tema de los cuidados, desde la perspectiva de la economía feminista.
-Creemos que se debe implementar un sistema nacional público de cuidados. Es central para pensar la nueva sociedad en la que se pongan en juego el respeto y la reciprocidad como elementos fundamentales para la reproducción social. Se trata de plantear otra mirada de las relaciones entre los seres humanos y de los seres humanos con la naturaleza, una visión que no piensa al ser humano como alguien autónomo, sino como alguien que necesita del otro para poder sobrevivir. Las feministas populares lo han dejado en claro cuando colocan la ética del cuidado en un lugar central. Hoy el cuidado aparece en el discurso oficial y de hecho este Gobierno ha incorporado a numerosas mujeres profesionales, economistas, intelectuales. Ojalá sus presencias en esos puestos colaboraren a profundizar esta visión.
-Mientras tanto se organiza una “marcha contra el comunismo”, se cacerolea contra la prisión domiciliaria para presos en situaciones vulnerables, y podríamos seguir…
-Todas esas personas siempre estuvieron ahí. Vivimos un momento de regresión política en el cual hay corrientes sociales ligadas a un pensamiento reaccionario de derecha y derecha extrema, que buscan una expresión política partidaria. Y que, en algunos países, como Brasil, la ha encontrado. La crisis de 2008 en Europa y Estados Unidos abrió la puerta a una reconfiguración económica y social negativa: se hizo en beneficio de los sectores financieros y perjudicó a sectores medios y populares. Esos sectores buscaron otras soluciones por la vía de una narrativa xenófoba y nacionalista. En América Latina lo vimos en Bolivia: a partir del derrocamiento a Evo Morales se hizo presente una derecha radical, anti-indígena, que creíamos derrotada. El modelo de la globalización neoliberal se agotó. Corremos el peligro de avanzar a un colapso ecosistémico de la mano de una derecha radical y nacionalista que propone un cierre cognitivo a través del miedo. En 2011, cuando surgieron movimientos como Ocupy Wall Street o los indignados en España, una de las consignas era “Somos el 99 % de la población contra el 1 % de los súper ricos”. Luis González Reyes, un ecologista español, dice que hay que complejizar esa consigna: hay un 20% de la población que es permeable al mensaje fascista. Entonces, en verdad, somos el 79% versus el 21%. No se puede negociar con los fascismos, al fascismo se lo combate a través de frentes políticos.
¿Por qué Maristella Svampa?
Maristella Svampa se define como intelectual anfibia, todo terreno, pero oriunda de la Patagonia. Es Licenciada en Filosofía por la Universidad Nacional de Córdoba, magister en Filosofía en la Universidad de París I y doctora en Sociología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, de París. Es investigadora principal del Conicet y tiene una veintena de libros publicados, entre ensayos, investigaciones y novelas. Svampa es una pensadora, se diría, especializada en crisis: en la crisis del mundo popular y el desarrollo de las organizaciones piqueteras en la convulsionada Argentina post 2001 (pero también, su contracara: la vida en los countries y barrios privados), la crisis del peronismo (La plaza vacía. Las transformaciones del peronismo) y, desde hace años, su gran tema ha sido el de la devastación medioambiental. Sus últimos libros lo demuestran: Chacra 51. Regreso a la Patagonia en los tiempos del fracking y Las fronteras del neoextractivismo en América Latina.
Dolores Curia /Página 12 / COMCOSUR MUJER Nº 643 – 01/06/2020
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3) COSTA RICA: MATRIMONIO IGUALITARIO FORTALECERÁ PROTECCIÓN A PERSONAS REFUGIADAS LGBTI
La entrada en vigor del matrimonio civil igualitario en Costa Rica servirá de protección a las personas que han huido de su país por la violencia o crímenes de odio hacia la comunidad LGBTI, según la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur)
Costa Rica acoge a personas refugiadas y solicitantes de asilo LGBTI provenientes de diferentes países en los que enfrentaban violencia extrema por su identidad de género u orientación sexual.
En el norte de Centroamérica, las constantes amenazas y los crímenes de odio por parte el crimen organizado y las pandillas les obligan a buscar refugio y protección fuera de sus fronteras.
En otros países de la región, las razones de huida para las personas LGBTI pueden tener una dimensión más política.
El sistema de protección de las personas refugiadas LGBTI se verá fortalecido al reconocer la validez de las uniones civiles de esta población en los diferentes trámites que llevan a cabo ante el Estado, como por ejemplo los procesos de reunificación familiar y de extensión de la condición de refugio a los cónyuges.
El matrimonio igualitario no solo amplía el marco de protección en términos legales, sino que también envía un mensaje a las personas refugiadas LGBTI reafirmando que se encuentran a salvo en el país, explica Acnur.
“Las poblaciones refugiadas vemos de manera positiva este reconocimiento que fortalece y colabora a nuestra integración”, contó Dennis Castillo, persona LGBTI refugiada en Costa Rica.
La Republica.net / COMCOSUR MUJER Nº 643 – 01/06/2020
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4) MÉXICO: AL MENOS 267 MUJERES FUERON ASESINADAS EN ABRIL, MES MÁS VIOLENTO DESDE 2015
Al menos 267 feminicidios fueron registrados en abril de 2020, el mes más violento para las mujeres en México desde 2015, de acuerdo con las cifras oficiales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal.
Entre enero y abril se registraron 308 feminicidios, tres veces más que en el mismo periodo de 2019, sin embargo, si se consideran los asesinatos no tipificados como feminicidios, sino como homicidios dolosos, la cifra asciende a mil 295 mujeres.
Las cifras apuntan a que, de enero a abril, las carpetas de investigación incrementaron 11 por ciento, siendo Guanajuato y el Estado de México las dos entidades con más casos registrados (con 172 y 95 investigaciones, respectivamente), mientras que Colima registró 8.4 feminicidios por cada 100 mil mujeres.
El incremento de la violencia machista y los feminicidios en México coincide con el periodo de confinamiento por la pandemia de coronavirus, durante el cual se han presentado casi mil 500 denuncias más que en 2019, con un repunte de 4.5 puntos en marzo y abril, así como un aumento de 53 por ciento en las llamadas de auxilio al 911.
Desinformémonos / COMCOSUR MUJER Nº 643 – 01/06/2020
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5) URUGUAY: LA IMPUNIDAD DEL VIEJO VERDE
El exjuez penal de menores indagado por la Justicia probablemente añore los tiempos en que un viejo verde era solo un viejo verde, y no un explotador sexual de menores. “Soy lo que antes se llamaba un viejo verde”, le escribe por mensaje de texto a una de las víctimas, según informó Subrayado. Es, de hecho, recién a partir del año 2004 que este delito se tipifica como tal, con la sanción de la Ley 17.815 sobre Violencia Sexual Comercial o no Comercial Cometida contra Niños, Adolescentes o Incapaces. Esta ley tipifica por primera vez los delitos comprendidos en el concepto de explotación sexual comercial, que abarcan pornografía, prostitución y trata. Antes de dicha ley, la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes no existía como delito, siendo los actos de este tipo punibles como “atentado violento al pudor”, “corrupción de menores” o “violación”.
Cinco hombres fueron formalizados la semana pasada por delitos reiterados de retribución o promesa de retribución a una adolescente a cambio de actos sexuales, y algunos también por reiterados delitos de suministro de estupefacientes. Esta semana, seis hombres más fueron formalizados por delitos similares: todos hombres blancos y de clase media y media alta, algunos empresarios, muchos con cargos públicos, vinculados a la política y la docencia. Aunque su culpabilidad se definirá recién mediante la sentencia de condena que surja luego del juicio, el hecho de que hayan sido formalizados implica que de la investigación de la Fiscalía surgen “elementos objetivos de que ha ocurrido un delito (hecho con apariencia delictiva)” y de que los imputados serían los autores. Según comunicó la prensa, se está indagando a otra veintena de hombres que estarían involucrados con esta red de explotación sexual a adolescentes.
La explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes (ESCNNA) representa una de las mayores violencias a las que muchos y muchas menores de edad están expuestos cotidianamente, en particular, los que pertenecen a contextos socioeconómicos más vulnerables. Pero aunque esta es una realidad que ha estado presente desde siempre en nuestro país, solo muy recientemente ha comenzado a recibir atención por parte de las ciencias sociales y las políticas públicas. El silencio y la invisibilidad en torno a la ESCNNA hablan de una sociedad y un sistema político que son de algún modo cómplices del fenómeno. Demuestra que si bien el colectivo social reconoce los derechos de la infancia y adolescencia, en la práctica no los reclama e incluso muchas veces los cuestiona en su aplicación. En muchos casos se sigue pensando que son “las adolescentes” quienes provocan a los hombres explotadores, los que resultan ser las “víctimas” de la situación. Los sistemas de justicia siguen sin responder adecuadamente a la realidad de la problemática y con la urgencia necesaria. Probablemente no sea casualidad que muchos de esos hombres que “imparten justicia” y “enseñan derecho” son quienes históricamente han explotado cuerpos adolescentes, en su mayoría cuerpos de mujeres. Porque así ha funcionado siempre la dominación masculina. Como explica la antropóloga Susana Rostagnol (2011): “En esta relación de profunda asimetría, los cuerpos de las mujeres y de las muy jóvenes en especial, están a disposición de los varones para satisfacer sus deseos sexuales”. En las situaciones de ESCNNA estas asimetrías de estatus y poder quedan en evidencia: mientras que la persona subordinada desaparece como sujeto de derecho, convirtiéndose únicamente en un “actor sexual”, el explotador es en la inmensa mayoría de los casos, un varón adulto en ejercicio del poder que le otorga su masculinidad hegemónica.
Esta situación intrínseca de profundas asimetrías de poder hace por lo general muy difícil que una víctima llegue a denunciar (en esto se amparan también sus explotadores). Es por esto que la correcta contención a las víctimas y las garantías absolutas de protección por parte de la Justicia resultan fundamentales. Sin embargo, la fiscal del caso, Darviña Viera, no consideró necesario solicitar medidas cautelares de prisión preventiva, ni prisión domiciliaria. Solo se solicitó a los hombres “no acercarse a las víctimas”. Cuesta pensar un caso de rapiña en la que a la persona sospechosa no se la detenga preventivamente y simplemente se le solicite “no acercarse a la persona rapiñada”. Sin embargo, la sociedad mantiene silencio, las organizaciones no reclaman otras medidas. Hasta ahora tan solo el Sindicato Único de Trabajadores del INAU (Suinau) manifestó públicamente el riesgo que implica que estos hombres no tengan prisión preventiva, por tratarse de personas que tienen “recursos económicos y vinculaciones suficientes que les permitirían fácilmente escapar del país y eludir sus responsabilidades penales”. Pero el riesgo no es solo la fuga, también hay riesgo de entorpecimiento de investigación, o de amenaza a las víctimas. Se trata de delitos muy graves como para dar señales tan laxas. Cabe preguntarse qué garantías tienen las víctimas en este proceso tan delicado, y si cuentan con la defensa que les corresponde según el nuevo Código del Proceso Penal.
La trama es sin dudas muy compleja, y, según divulgó la prensa, “el caso comenzó a investigarse en marzo, a partir de denuncias cruzadas entre dos menores de edad y un hombre adulto”. Una de esas menores apareció muerta en marzo en el arroyo Solís Chico. La investigación parece estar señalando a personas muy poderosas involucradas en una gran red. De las garantías de esta investigación depende entonces que todos los “viejos verdes” de este país dejen de ser de una vez y para siempre eternos impunes.
Búsqueda / COMCOSUR MUJER Nº 643 – 01/06/2020
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6) URUGUAY: LA EXPLOTACIÓN SEXUAL Y SUS COMPLICIDADES
La sociedad uruguaya se encuentra conmocionada al conocerse el caso de explotación sexual de menores que involucra a figuras del poder. Sin embargo, en los últimos días se conocieron nuevos nombres que estarían involucrados.
Hasta el momento trascendió que once hombres fueron formalizados por explotación sexual de adolescentes en la llamada Operación Océano: Washington Balliva (exjuez), Nicolás Ortiz (docente), Miguel Ángel Larramendi (abogado, exasesor de la URSEA), Mauricio Zardo Cabrera (arquitecto), Nicolás Chírico (organizador de fiestas), Manuel Nande Bagnulo, Leonel Enrique D’Albenas (escritor y fotógrafo), Matías Sosa de León (empresario), Ariel Pfeffer (uno de los voceros de la campaña “Nos cuidamos entre todos” e integrante del Partido Digital), Diego Susena (candidato a la Junta Departamental de Montevideo por el Partido Nacional) y Jacques Paullier Symonds. Hay más hombres siendo investigados por el caso, aseguró la fiscal Darviña Viera.
Operación Océano
Según informaron distintos medios de comunicación la denominada “Operación Océano”, llevada adelante por la Dirección de Crimen Organizado e Interpol, comenzó el 16 de marzo de este año con la desaparición de una adolescente de 17 años y tiene a Punta del Este como parte importante de la investigación ya que las chicas relacionadas con esta red venían a casas de la zona. Las jóvenes frecuentaban boliches y fiestas electrónicas donde ingresaban fácilmente a las áreas VIP de los locales y allí se contactaban con otros adultos que pedían sexo a cambio de dinero o algún otro tipo de retribución.
La “Operación Océano” causó un gran impacto en el país, lo cual se pudo percibir a través de las redes sociales. La Justicia decretó el inicio de la investigación penal para los 11 involucrados.
El Estado cómplice
Las redes de trata y la explotación sexual son uno de los grandes problemas que desde hace años vienen afectando a las mujeres. Pasan los años y estas actividades denigrantes siguen desarrollándose porque el Estado y sus instituciones son cómplices y socios.
Desde Pan y Rosas venimos hace años denunciando de forma internacional cómo los gobiernos están involucrados en estos delitos y por lo tanto los reclamos y pedidos de justicia de muchísimas familias quedan en el olvido.
Los resultados arrojados de la Operación Océano demuestran una vez más la existencia de redes de trata y explotación sexual en Uruguay. Las denuncias de vecinos a lo largo y ancho del país en el pasado, no eran paranoia ni datos sensacionalistas. La explotación sexual y la existencia de estas organizaciones delictivas son una realidad que mantiene bajo amenazas a mujeres, disidencias, niños y adolescentes. En estos últimos días se difundieron datos alarmantes: en una década aumentaron diez veces los casos de explotación sexual de niños y adolescentes.
Desde Pan y Rosas luchamos por visibilizar lo que está sucediendo, nos hacemos eco de las denuncias de vecinos y vecinas que denuncian la impunidad, sin embargo las instituciones encargadas de estos temas en general evitan investigar porque están al tanto del entramado de complicidad que existe en este tema. Encubren y obstaculizan la investigación retardando los expedientes. Urge que la sociedad se involucre, este último caso que tomó conocimiento público conmocionó, pero esto no es un hecho aislado, es un problema muy grave que se extiende en el mundo. Muchas de estas organizaciones de explotación sexual operan de forma internacional, llevando y trayendo mujeres como mercancía con total impunidad comprando de distintas formas el silencio de las autoridades.
Las principales afectadas son las mujeres vulnerables, aquellas que por la pobreza, la desigualdad, o el difícil acceso a la formación y al trabajo caen en la trampa de estos explotadores y otras son arrebatadas de sus hogares. Una vez que están en las garras de los explotadores no pueden liberarse porque son amenazadas, golpeadas, y muchas son asesinadas.
Las mujeres, la niñez y adolescencia se encuentran desprotegidas, no se puede confiar en la justicia, la policía y otras instituciones cómplices. Es urgente la conformación de organismos de investigación de las redes de trata en manos de víctimas, sus familiares y organizaciones de mujeres y de derechos humanos independientes del Estado y sus instituciones, para dilucidar cada hecho y avanzar en la lucha por terminar con la violencia, que hoy está legitimada.
Explotación sexual, capitalismo y patriarcado
Esta red que quedó al descubierto vuelve a poner sobre la mesa los profundos lazos existentes entre las situaciones de explotación sexual y el poder; los vínculos entre los empresarios, la clase política y el Poder Judicial que permiten que estas situaciones se sigan generando y perpetuando.
El tratamiento privilegiado que da el Poder Judicial a los acusados al intentar preservar el anonimato y permitirles seguir en libertad mientras no haya sentencia (algo impensable si no fuera por los costosos abogados que los defienden, los contactos y las influencias que manejan) es parte de la impunidad que tienen estos empresarios con amigos en la casta política.
Por detrás de estas situaciones de explotación y abuso sexual que periódicamente salen a la luz, capitalismo y patriarcado aparecen en conjunto para sostener prácticas y creencias que transforman al cuerpo de la mujer en una mercancía. El negocio de la trata, la pornografía infantil y la prostitución mueve cifras millonarias a nivel mundial, convirtiéndose en un gran negocio capitalista.
Solo los privilegios de género y de clase que sostienen este negocio son los que explican la persistencia de este fenómeno que no puede explicarse sin la complicidad de todo un sistema político y judicial que encubre, tolera o promueve este tipo de situaciones.
Uruguay se moviliza el 3 de junio
El 3 de junio tendrá lugar una nueva marcha por «Ni una menos», en el marco de la situación que se presenta en Uruguay por este caso, las agrupaciones de mujeres convocan a marchar bajo las consignas «Ni una menos por explotación sexual» y «Ni una menos en manos de la trata».
En ciudades como Montevideo, Colonia y otras del país las mujeres se están organizando para esa fecha. Desde Pan y Rosas apoyamos la convocatoria, porque para que la consigna «Ni una menos» sea realidad hay que acabar con la trata y la explotación sexual.
Salgamos a las calles por las que ya no están. Salgamos para que entre todas podamos cambiar esta realidad desde nuestros barrios, pueblos, lugares de trabajo y estudio, para resistir y derribar a los patriarcas que aún siguen haciendo de nuestros cuerpos una mercancía.
La Izquierda Diario / COMCOSUR MUJER Nº 643 – 01/06/2020
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7) URUGUAY: FEMINISTAS CRITICAN RETROCESOS EN POLÍTICAS DE GÉNERO EN LEY MACRO QUE IMPULSA EL GOBIERNO
“Urgente es la igualdad de género”: la importancia de analizar la LUC desde una perspectiva feminista
El proyecto de ley de urgente consideración (LUC) ingresó al Parlamento en medio de cuestionamientos sobre el formato de la discusión, que por los plazos restringe y acota el debate, en un contexto de emergencia sanitaria que además limita las posibilidades de sacar el tema a las calles. Surgió entonces la necesidad de generar espacios alternativos para analizar en detalle los más de 500 artículos que apuntan a modificar distintos aspectos de la vida social, económica, política y cultural.
Para organizaciones, activistas y expertas feministas, lejos de profundizar en las urgencias de las mujeres, la LUC hace un abordaje sesgado de la violencia de género –desde un enfoque exclusivo de seguridad, con un énfasis en lo policial y la aplicación de penas– y plantea retrocesos en materia de violencia sexual hacia niñas, niños y adolescentes o en relación a las políticas de género impulsadas por el Ministerio del Interior (MI). Los feminismos también critican la redacción de la ley, que incluye conceptos jurídicos arcaicos y ni siquiera se asoma a un lenguaje inclusivo, por lo que en muchos casos invisibiliza las realidades específicas de mujeres, disidencias y otras poblaciones en situación de vulnerabilidad.
Por eso, en las últimas semanas, impulsaron distintas iniciativas para analizar el proyecto desde una perspectiva de género, de derechos humanos e interseccional, con el fin de poner arriba de la mesa las consecuencias que algunos artículos podrían tener en los derechos de estas poblaciones. A modo de ejemplo, la abogada feminista Marina Morelli introdujo esta mirada en el informe “Desconsiderada urgencia: breve e inacabado análisis”, publicado el mes pasado por la cooperativa Mujer Ahora, y la organización Mujer y Salud Uruguay propuso su enfoque en el documento “Las urgencias del poder”.
La semana pasada fue el turno de la Intersocial Feminista, que propuso un “conversatorio feminista virtual” sobre la LUC e invitó al debate a siete abogadas especializadas en género, infancia y derechos humanos. Las expertas coincidieron en que la LUC es “antiderechos”, expusieron las razones por las cuales debería declararse “inconstitucional” y cuestionaron que no incluya, por ejemplo, medidas para proteger a los sectores más afectados por la pandemia, algo que “sí amerita una urgencia”. Las abogadas también resaltaron la falta de propuestas concretas para prevenir y erradicar la violencia de género, pese a que, recordaron, fue declarada “emergencia nacional” en diciembre.
“Analizar la ley desde una perspectiva de género implica reconocer que en nuestra sociedad existen relaciones de poder que de alguna manera favorecen a los hombres como grupo social y que son discriminatorias para las mujeres y las disidencias”, introdujo la abogada Ivana Manzolido, integrante del grupo Género y Derecho de la Universidad de la República (Udelar) y asesora jurídica de diversos colectivos feministas. “Esas relaciones no son naturales, están construidas social e históricamente y se atraviesan además con otras dinámicas como son la clase, la etnia, la edad, la orientación sexual o la religión”, continuó. “El Estado debe trabajar desde una perspectiva que ofrezca posibilidad de cambios culturales y tenga en cuenta que estas temáticas se relacionan directamente con esa distribución desigual de poder que existe en las sociedades, por lo que se requieren profundas modificaciones en esta área y, analizando la LUC, podemos decir que no es precisamente lo que está pasando”.
Pero, además, las mujeres tienen que estar “en el centro de esas transformaciones”, por lo que las propuestas deben incluir sus “diversas formas de pensar, de sentir, de actuar”, aseguró Manzolido, y agregó: “No parece ser esta la perspectiva del borrador”.
Delitos sexuales: omisiones y retrocesos
En la extensa lista de 502 artículos, cerca de una decena tiene que ver de alguna manera con los derechos de mujeres, niñas, niños y adolescentes. Los delitos sexuales son los primeros que aparecen en los artículos 6, 7 y 8 de la LUC, que proponen modificaciones a los artículos 272, 272 BIS y 272 TER del Código Penal y un aumento de las penas en todos los casos.
La encargada del análisis fue Natalia Fernández, abogada especializada en género y asesora en los servicios de atención a mujeres víctimas de violencia de género con el colectivo La Pitanga, quien antes de entrar en los detalles jurídicos aseguró que, con la LUC, se “perdió la oportunidad” de establecer la imprescriptibilidad de los delitos sexuales en la infancia. “La LUC pierde en poder subsanar este error y darle la oportunidad a una persona que fue víctima de abuso sexual en su infancia a que cuando se sienta preparada y libre de las amenazas que la puso en manos de ese agresor sexual pueda denunciar y tener un derecho a la reparación por parte de la Justicia”, afirmó Fernández.
Luego pasó a detallar las modificaciones que introduce la LUC en materia de violencia sexual. El artículo 6, sobre violación, retira la posibilidad de admitir prueba en contrario cuando la víctima tiene 12 años cumplidos, y deja en el texto que la violencia se presume “con persona del mismo o diferente sexo, menor de 15 años”. Para Fernández, “entender que es violación cualquier relación sexual cuando una niña o niño es menor de 15 años conlleva a la censura y a la limitación de los derechos sexuales y reproductivos de las niñas, niños y adolescentes”, además de no contribuir con el objetivo de la ley, “que es evitar que este delito se siga perpetuando”.
Al mismo tiempo, aseguró, atenta contra el derecho de niñas, niños y adolescentes a la autonomía progresiva de la voluntad y a ser escuchados y respetados en sus decisiones, lo cual está plasmado en el artículo primero del Código de la Niñez y la Adolescencia. “Este código está especialmente dedicado al derecho a la infancia en nuestro país y afirma que se es adolescente desde los 13 años. La nueva redacción que se pretende dar por parte de la LUC tiene que tener armonía en cuanto a toda la normativa nacional, porque no se puede reformar una parte de la normativa y dejar lo otro sin considerar las consecuencias que esto puede tener”, consideró la abogada.
En el artículo 7 de la LUC, sobre abuso sexual, desaparece la parte en que se establece que la presunción de que hubo violencia sexual “no regirá si se tratara de relaciones consensuadas entre personas mayores de 12 años y no exista entre ambas una diferencia mayor a diez años”. Esto fue incorporado por la ley 19.580 de violencia hacia las mujeres basada en género para evitar que se limiten los derechos sexuales y reproductivos de las y los adolescentes. “No cabe duda de que, si estamos ante una relación en la cual una persona tiene 14 y la otra tiene más de 30, estamos ante una relación abusiva, pero cuando estamos ante el supuesto de que una de las personas tiene 14 y la otra tiene 16 o 17, esa nota de violencia, que quedaría con la redacción propuesta, no la podemos determinar a priori”, especificó Fernández.
“Es un error sostener que relaciones sexuales con menores de 15 años van a evitar este delito. Lo que es necesario pensar es si el abordaje de la problemática debe darse desde un marco integral de la infancia, que incluya planes de educación para las propias niñas, niños y adolescentes, que sean ellos mismos capaces de visualizar estas despreciables acciones en las primeras etapas, y también poder contar con adultos referentes que les crean cuando esto pasa y puedan tomar varios relatos realizando las acciones que ellos entiendan necesarias”, planteó.
Por otra parte, el artículo 8, sobre abuso sexual agravado, “borra de un plumazo la pena prevista para la tentativa de este delito”, que según el Código Penal nunca puede ser inferior a dos años de cárcel. Sin esta petición expresa, explicó la abogada, “la propia pena del delito tentado, que ocasiona graves consecuencias, no estaría teniendo sus efectos”.
La especialista concluyó que estas reformas “no son coherentes” y no “armonizan” con el resto de la normativa vigente. El aumento de penas, por otro lado, “no es la solución para la violencia sexual, que muchas veces es un delito que trabaja desde el silencio y el miedo de la víctima”.
Un enfoque desde la seguridad
El otro artículo vinculado de alguna manera a las políticas de género –aunque, en realidad, no está explicitado en el texto del borrador– es el 16, que crea el delito para quienes destruyan las tobilleras. La abogada Manzolido cuestionó primero la redacción de este artículo, ya que se le solicita al usuario que cuide el dispositivo “con la diligencia de un buen padre de familia”. “Lo cierto es que en las situaciones de violencia basada en género quien tiene una tobillera es porque representa un alto riesgo de vida para la mujer, sus hijos, hijas u otras personas a cargo de su cuidado. Así que pedirle a esta persona, que puede atentar contra la vida de otro y que representa un riesgo, que se comporte como un buen padre de familia para utilizar una tobillera resulta, por lo menos, inadecuado”, opinó la experta, y “hasta ridículo”.
Además, este artículo no coincide con lo que dice el artículo 173 del Código Penal, sobre desacato, que establece que “cuando se incumple una medida cautelar impuesta judicialmente en procesos de protección ante la violencia basada en género, doméstica o sexual, el delito se castiga con tres meses de prisión a dos años de penitenciaría”. La abogada aseguró que es necesario “armonizar” los dos artículos porque si no, en la práctica, lo que va a pasar es que quien destruye la tobillera sólo tenga que pagar la multa. “No sea cosa que sancionen estas conductas solamente con una sanción económica cuando, en realidad, lo que hay detrás es que peligra la vida de las víctimas de violencia basada en género”, advirtió.
La otra pata sobre género, también ligada a la seguridad, tiene que ver con el artículo 57 de la LUC, que transforma la División Políticas de Género del MI en la Dirección Nacional de Políticas de Género. Esta propuesta, a priori, puede parecer positiva: se podría pensar que, así, se “jerarquiza” la división. Sin embargo, para la abogada Silvia Camejo, quien también integra el grupo Género y Derecho de la Udelar, la modificación implica exactamente lo contrario. “La División Políticas de Género era la encargada de crear, diseñar, monitorear y evaluar las políticas de seguridad con perspectiva de género y, al estar dentro de la secretaría del ministerio, desparramaba y transversalizaba estas políticas a todas las direcciones de este. Al constituirse como una dirección nacional, no está por encima, entonces no desparrama sus diseños y programas a todo el ministerio y hacia el exterior, sino que pasa a ser una unidad ejecutora más”, explicó Camejo.
Para la abogada, la modificación significa “un retroceso para las políticas preventivas y de transversalización de género que se estaban llevando adelante por parte del MI” en los últimos 15 años. Recordó, por ejemplo, que en ese período hubo un aumento de 200% de las denuncias por violencia de género, gracias a la creación de las unidades especializadas y a que el personal policial fue capacitado en la temática. “Esto habla de la recepción que tienen hoy las mujeres cuando se disponen a hacer la denuncia: se encuentran con personal capacitado y sensibilizado que las reciben tanto en las comisarías como en las unidades de violencia de género”, aseguró Camejo, y cuestionó que no haya una “evaluación” que fundamente este “cambio radical”. Por otro lado, advirtió sobre el hecho de que las 56 unidades especializadas en violencia de género queden dentro de la órbita de la dirección nacional, lo cual “reduciría el ámbito donde las mujeres van a poder hacer las denuncias, y esto atenta contra las propias mujeres y su acceso a la Justicia”. “Desde mi humilde opinión”, continuó, “hay un discurso de jerarquización y hay un accionar de desjerarquización”.
Los reclamos en el Parlamento
La semana pasada, distintas organizaciones feministas y de mujeres comparecieron ante la Comisión Especial del Senado que estudia la LUC para cuestionar los artículos que, según entienden, afectan los derechos de mujeres e infancias. La Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual pidió que los delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes sean considerados “de lesa humanidad” y no prescriban.
El colectivo Mujeres de Negro, por su parte, solicitó que 2% de los ingresos al Estado se destine a las mujeres en situación de violencia. Además, sus integrantes pidieron que en la normativa se contemple la presunción de inocencia de la legítima defensa para las víctimas de violencia de género, debido a las condiciones “particulares” en que se da.
A principios de mes, Mujer Ahora expuso argumentos para mostrar “el impacto negativo que la aprobación de los artículos 16, 31, 57 y 58 del proyecto de LUC tendrá en el sistema de protección estatal a las víctimas de violencia basada en género”. Nueve organizaciones de mujeres adhirieron al planteo.
La Diaria / COMCOSUR MUJER Nº 643 – 01/06/2020
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8) URUGUAY: “CUERPOS LIBRES, ESTADOS LAICOS, DEMOCRACIAS PLENAS”: LA INTERVENCIÓN FEMINISTA EN DEFENSA DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS
Cerca de 100 mujeres y disidencias recrearon ayer frente al Palacio Legislativo El cuento de la criada (1985), la novela distópica de la escritora canadiense Margaret Atwood en la que plantea la creación de un país donde las mujeres son obligadas a someterse, renunciar a toda autonomía y parir para las clases poderosas. La intervención artística, que estuvo coordinada por Mujer y Salud en Uruguay (MYSU) y el colectivo Gozarte, se realizó en el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres
Con capas rojas y gorros blancos, las “criadas” recorrieron los alrededores del edificio en duplas, con la cabeza gacha y en silencio, antes de formarse en una sola fila. Todas tenían tapabocas rojos, siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias por la pandemia de covid-19. Así formadas, rodearon la fachada principal de la sede legislativa que estaba vallada específicamente por esta actividad, según supo la diaria, pese a que la convocatoria era pacífica.
La idea de las organizadoras era recrear ese escenario ficticio, en el que las protagonistas son privadas de todos sus derechos y transformadas en objetos de explotación y control reproductivo, para rechazar cualquier intento del gobierno de “retroceder” en materia de derechos sexuales y reproductivos. “Es en reacción a la definición de un gobierno nacional que se ha planteado ‘provida’ y en defensa de los derechos de los ‘no nacidos’, algo que automáticamente pone a las mujeres y a los cuerpos gestantes en riesgo”, explicó a la diaria la directora de MYSU, Lilián Abracinskas, en alusión a los dichos del presidente Luis Lacalle Pou en la conferencia del 4 de mayo. “El objetivo de la performance es decir frente al Parlamento que esperamos que cumpla con la función que tiene en un país democrático de garantizar lo que por ahora parece que el Poder Ejecutivo no va a garantizar”, agregó.
El mensaje llegó –literalmente– a las manos de las autoridades legislativas. Antes de finalizar la intervención, tres representantes de MYSU fueron recibidas por la presidenta del Senado, Beatriz Argimón, y el presidente de la Cámara de Representantes, Martín Lema, a quienes entregaron un documento titulado “Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. Uruguay no será la república de El cuento de la criada”. Afuera del edificio, a metros de la puerta, las “criadas” esperaban en silencio, formadas en dos filas paralelas.
En el texto, al que tuvo acceso la diaria, la organización feminista explica por qué hicieron la intervención, una escena que en los últimos dos años se convirtió en símbolo de manifestaciones feministas desde Argentina hasta Irlanda. Además de mencionar el “peligro” que significa para las mujeres y disidencias que un gobierno se defina “provida”, MYSU cuestiona las medidas adoptadas para gestionar el impacto de la emergencia sanitaria en estas poblaciones. Entre otras cosas, asegura que “no tienen perspectiva de género ni buscan reducir las brechas de desigualdad”, especialmente en el terreno económico y en materia de cuidados. El gobierno tampoco tuvo en cuenta, dice el documento, “los niveles de violencia de género que impactan sobre niños, niñas, mujeres y disidencias” durante los confinamientos.
Por otra parte, MYSU asegura que es “evidente la vulneración constante a la que estamos expuestas” cuando “es de dominio público que en la explotación sexual de adolescentes y jóvenes están involucrados hombres vinculados al poder político, económico y jurídico”, en referencia a la causa de explotación sexual “Operación Océano”. “¿Qué tan lejana queda entonces la distopía de Margaret Atwood viviendo en estas condiciones?”.
La escena final de la intervención artística se realizó en los márgenes de la Plaza 1º de Mayo, a unos metros del Palacio Legislativo. Allí, las participantes desplegaron tres pancartas rojas con la consigna de la jornada escrita en blanco: “Cuerpos libres, estados laicos, democracias plenas”. Lo repitieron en voz alta al unísono ante los autos que esperaban para cruzar la cebra. Después se sacaron los gorros blancos, que oscurecían y cubrían sus rostros, y los tiraron al aire. El gesto parecía decir: “Criadas nunca más”.
Las demandas de este 28M
El documento entregado a Argimón y Lema también incluye las reivindicaciones del colectivo en este Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. La demanda más general: el respeto “irrestricto” a las mujeres como “sujetos de derechos y ciudadanas plenas con capacidad ética y moral de tomar sus propias decisiones”. En ese sentido, las integrantes insisten en “la necesidad urgente de que el aborto, la anticoncepción y todo servicio relativo a la vida sexual y reproductiva de las personas sean declarados como esenciales y garantizados desde el Sistema Nacional Integrado de Salud, sin postergación ni restricciones”.
MYSU reconoce que Uruguay es uno de los países más avanzados de la región en materia de derechos sexuales y reproductivos, y pide al Estado que cumpla con los compromisos asumidos ante el sistema internacional de la Organización de las Naciones Unidas que lo colocan en ese lugar. Uno de ellos es erradicar toda forma de violencia y discriminación, incluida la basada en género.
Los puntos
Estos son las nueve demandas específicas que, según la organización, el Parlamento debería cumplir en esta legislatura:
Garantizar el acceso sin restricciones a los servicios que ampara la ley.
Se asignarán los recursos humanos y presupuestales necesarios para el acceso universal e insumos para todas las prestaciones requeridas en el campo de los derechos sexuales y reproductivos.
Se promoverá la difusión de los servicios para que toda la población conozca sus derechos y los ejerza, sin discriminaciones.
Se asegurará la convivencia pacífica de la diversidad de creencias y no se impondrá ninguna desde las acciones de gobierno.
Se fortalecerán los sistemas de denuncias cuando los derechos son vulnerados y se generarán mecanismos de reparación a las víctimas.
Se superarán las barreras detectadas en el funcionamiento de los servicios legales de aborto, como los altos niveles de objeción de conciencia por parte de los profesionales de la ginecología.
Se incorporará a la población migrante a todas las prestaciones requeridas para el ejercicio de la salud, incluyendo la interrupción voluntaria del embarazo.
Se atenderán integralmente las situaciones de violencia de género procurando erradicar las causas que las generan.
Se perseguirá toda forma de explotación, incluida la explotación sexual, particularmente la que involucra a niñas, niños y adolescentes.
La Diaria / COMCOSUR MUJER Nº 643 – 01/06/2020
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“Siempre he partido de una idea elemental: la de que la verdad no necesita ser justificada por la adecuación a un objetivo superior. La verdad es la verdad y nada más. Debe ser servida, no servir.”
Eugenia Ginzburg / “El vértigo”.
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