1) Afganistán: Periodistas afganas piden ayuda internacional
2) América Latina: Se registraron 689 muertes de personas LGBTI durante 2019 y 2020 en la región
3) Chile: Tejemos memoria para construir futuro
4) México: Fueron clasificados como feminicidios sólo 940 de más de 3 mil casos en 2020
5) Uruguay: Políticas públicas y diversidad: ¿qué promueven los gobiernos departamentales?
6) Uruguay: Entre reclamos y festejos, se celebró una nueva Marcha por la Diversidad en Montevideo
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COMCOSUR MUJER /Fundado por Yessie Macchi / AÑO 27 / No. 701 – Lunes 27 de setiembre de 2021 / Producción: Beatriz Alonso, Belén Itza y Cecilia Duffau /Apoyo técnico: Carlos Dárdano
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1) AFGANISTÁN: PERIODISTAS AFGANAS PIDEN AYUDA INTERNACIONAL
Más de 100 periodistas, entre ellos 20 mujeres que lograron salir o aún residen en Kabul, Afganistán, publicaron una carta en la que llaman a las instituciones internacionales que defienden y promueven los Derechos Humanos, a intervenir en las medidas restrictivas impuestas por los talibanes hacia esta profesión, las cuales ponen en riesgo su vida y la de sus familias, seguridad económica, y transgreden sus DH.
En la carta titulada “El periodismo afgano está en peligro de extinción”, explicaron que los talibanes han tenido injerencia de distintas formas en los medios de comunicación y en la labor de las y los periodistas que imposibilitaron la libertad de expresión y que muchas mujeres afganas continuarán en esta profesión, por ello demandaron a las instituciones internacionales movilizarse con urgencia hacia esta problemática, pues “temen lo peor”.
Por ello exhortaron a plantear compromisos concretos en las negociaciones en curso con los nuevos líderes de Afganistán y que en estas consideren que sólo una séptima parte de las periodistas afganas continúan en su labor, pues a pesar de que los talibanes se comprometieron a respetar sus Derechos Humanos, esto no ha sido así.
En los últimos 10 días, dijeron, los talibanes han amenazado, intimidado, detenido de manera arbitraria y torturado a periodistas en sus coberturas o en las redacciones, además, existe censura en los medios de comunicación. De las 700 mujeres periodistas que estaban activas en Kabul, Afganistán, sólo 100 siguen en labor, de acuerdo con Reporteros sin Fronteras (RSF).
Las y los firmantes solicitaron que se garantice su vida y protección, en especial para las mujeres que desean seguir en el periodismo, recursos para promover que los medios de comunicación sigan en funciones o vuelvan a abrir , que los países occidentales proporcionen apoyo a las y los comunicadores que necesiten ponerse a salvo y que las y los periodistas en exilio reciban asistencia para que puedan desempeñar su labor.
“Necesitamos garantizar la permanencia del periodismo en Afganistán. Esto supone recursos para fomentar el mantenimiento o la reapertura de los medios de comunicación afganos. Es esencial que a nuestras hermanas, así como a todas las trabajadoras de los medios de comunicación, se les permita regresar a sus trabajos y ejercer su profesión con total seguridad”, agregaron.
Por su parte, la organización RSF detalló que las y los periodistas de esta carta prefirieron mantenerse en el anonimato por miedo a represalias de los talibanes contra ellos, pues sólo 10 pudieron salir de Afganistán antes de la fecha de término de evacuación (31 de agosto), el resto mantiene su profesión desde la clandestinidad o en pequeños medios en las provincias de este país.
A pesar de tener miedo, dijo RSF, las y los periodistas anhelan que esta profesión y la libertad de prensa no desaparezcan por completo de Afganistán. Este país, añadió, ocupa el puesto 122 entre 180 países en donde ejercer el periodismo es peligroso según la “Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2021”. En ese mismo año, dos periodistas y tres colaboradores fueron asesinados en este país.
“En este período tan histórico como caótico, la desaparición del periodismo afgano sería una catástrofe. La necesidad de seguridad de los profesionales de la información es crucial para defender el derecho fundamental de todos los ciudadanos afganos a estar debidamente informados, un requisito indispensable si se quiere ver algún día a Afganistán en la senda de una paz duradera. Ayúdanos a hacer que el periodismo afgano sobreviva”, finalizaron las y los firmantes de la carta.
Más retrocesos
Defensoras afganas de la organización “Movement for Change” realizaron una protesta el 19 de octubre en Afganistán para pedir que se permitiera a las niñas asistir a la escuela, luego de que los talibanes ordenaron en un comunicado que sólo los niños podían regresar a las aulas y las mujeres universitarias tendrían un nuevo código de vestimenta obligatorio para acudir a sus facultades.
Cabe recordar que no es la primera vez que las mujeres afganas salen a las calles a protestar sobre las decisiones impuestas por los talibanes hacia ellas y que van en contra de sus Derechos Humanos y de los avances que ellas han ganado en los últimos 20 años, como acceder a la escuela, al trabajo, a salir sin compañía de un hombre, participar en la política, entre otros.
Las manifestantes demandaron que los talibanes cumplan con su compromiso de no regresar a lo ocurrido durante su primer régimen entre 1900 y 2001 en Afganistán, en el cual prohibieron que mujeres y niñas fueran a la escuela, no podían trabajar fuera del hogar ni salir a la calle sin un permiso o en compañía de un hombre. Ante los recientes acontecimientos, las defensoras temen por el futuro de las ciudadanas en este país.
De acuerdo con medios de comunicación internacionales, las universitarias además van a estudiar de forma separada con los hombres. Esta medida fue considerada por defensoras afganas como una intención de excluir a las mujeres de la educación porque las facultades no tienen los recursos necesarios para proporcionar clases sólo para ellas.
Asimismo, dijeron, el nuevo alcalde interino de Kabul, Hamdullah Nohmani dijo que “las mujeres cuyos trabajos no pueden ser realizados por hombres pueden regresar a trabajar en el gobierno capital”, por lo que pidió a las funcionarias que se queden en casa y que no vayan a trabajar a menos que un hombre no tenga las habilidades para desempeñar las mismas acciones que ellas.
También fue clausurado el “Ministerio para Asuntos de la Mujer”, encargado de velar por lo derechos de las mujeres afganas desde 2001 y fue reemplazado por el “Ministerio para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio”, un organismo para hacer cumplir doctrinas religiosas.
En días pasado, organizaciones internacionales, reportaron que los talibanes asesinaron a un mujer por no usar la burka, dos periodistas fueron suspendidas de sus funciones; y las defensoras son perseguidas y buscadas casa por casa.
Cimacnoticias / COMCOSUR MUJER Nº 701- 27/09/2021
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2) AMÉRICA LATINA: SE REGISTRARON 689 MUERTES DE PERSONAS LGBTI DURANTE 2019 Y 2020 EN LA REGIÓN
La violencia contra grupos LGBTI dejó cientos de muertes en América en 2019 y 2020
Isabella Garzón Monsalve tenía 23 años, era una mujer trans y sus familiares y amigos recuerdan su muerte como una triste paradoja: el mismo día en que la asesinaron, había recorrido las calles de Medellín, la segunda ciudad más grande de Colombia, en la marcha del orgullo LGBTI.
El día de su muerte, el pasado 4 de julio, marchó para exigir respeto por los derechos de su comunidad junto a otras 5.000 personas. Pero justo al final del desfile, un grupo de desconocidos la atacó con arma blanca mientras ella caminaba rumbo a su casa. Tres meses después, su caso no solo vive en la memoria de sus seres queridos, también en la impunidad.
Es la misma impunidad que acompaña a la inmensa mayoría de las 689 muertes de personas LGBTI que se registraron en América Latina y el Caribe entre 2019 (319 casos) y 2020 (370) —casi una muerte por día—, según el informe “Des-cifrando la violencia en tiempos de cuarentena: homicidios de lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex en América Latina y el Caribe”, publicado este jueves.
El estudio es liderado por Sin Violencia LGBTI, el primer observatorio regional creado para analizar la situación de esta comunidad y que está conformado por organizaciones de Bolivia, Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú, República Dominicana y Nicaragua.
Una comunidad que ve, impávida, cómo detrás de las frías estadísticas se esconde la pérdida de sus principales líderes y activistas.
Fue el caso de Andrea González, mujer trans y representante legal de Otrans, una organización comunitaria que trabaja por las personas LGTBI de Guatemala, a quien asesinaron a tiros en junio de este año. “La mataron balas de odio, el patriarcado y la ausencia del Estado”, reclamaron en ese momento sus familiares.
El panorama es aún más preocupante si se observan las cifras entre 2014 y 2020: “Al menos 1.949 personas LGBTI fueron asesinadas entre esos años en 10 países de América Latina y el Caribe; el 72% de estos homicidios estuvieron relacionados con el prejuicio frente a la orientación sexual o identidad de género de las víctimas”, asegura a la agencia EFE Marlon Acuña, coordinador de la red regional de Sin Violencia LGBTI.
Sin respiro
Ni siquiera la pandemia generada por la COVID-19, que obligó a los países a tomar medidas restrictivas de movilidad y estrictas cuarentenas, permitió mejorar la situación de seguridad de esta población, toda vez que se mantuvo la tendencia en la que las principales víctimas fueron mujeres trans (112), hombres gays (120) y lesbianas (37).
El observatorio apunta a que 2020 significó un descenso en los homicidios para esta población en 9 de los 11 países que integran la red: Bolivia, Perú, Guatemala, México, República Dominicana, El Salvador, Nicaragua, Paraguay y Honduras.
Y aunque en toda la región la situación es dramática, en países como Colombia se han encendido las alarmas: en 2020 fue escenario de 233 asesinatos, lo que la convierte en la nación con más casos de América y el Caribe, “lo que permite considerar que la tendencia a la baja en los homicidios en esos 9 países no presenta un panorama alentador”, reflexiona Acuña.
Dificultades para registrar casos
Además, como suele ocurrir en este tipo de conteos, la gran sombra que se cierne es la del subregistro. Así lo reconoce Acuña, quien señala que “con la pandemia hay que precisar que las organizaciones que integran la red Sin Violencia LGBTI tuvieron dificultades para la recolección de datos, debido a que la identificación y el rastreo avanzó con dificultad por la falta capacidad judicial y forense para registrar los homicidios”.
Es el caso de Brasil, por ejemplo, donde la pandemia y el contexto político afectaron la identificación de los casos. Solo en este país, de acuerdo con datos de la organización Antra, el número total de homicidios de personas LGBTI en los últimos siete años podría ascender a los 3.599.
Frente a esto, Sin Violencia LGBTI hace un llamado a los Estados y la sociedad civil para documentar y analizar las muertes violentas ocurridas durante la pandemia, para que se adelanten acciones que contribuyan a verificar la información de homicidios a personas LGBTI.
Para organizaciones como Sin Violencia LGBTI, las altas cifras de asesinatos de personas diversas ponen en evidencia la falta de acciones específicas de los Estados para prevenir, atender y sancionar la violencia por prejuicio.
De ahí que reitere su llamado para que los Gobiernos de la región avancen en el diseño e implementación de políticas públicas orientadas a la reducción de la discriminación y la inclusión de enfoques diferenciales por orientación sexual e identidad de género.
Infobae / COMCOSUR MUJER Nº 701- 27/09/2021
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3) CHILE: TEJEMOS MEMORIA PARA CONSTRUIR FUTURO
Declaración de apoyo de la Coordinadora feminista 8M.
La arremetida contra los sitios de memoria de la dictadura se ha vuelto una realidad.
El negacionismo del Estado se ha hecho presente licitando y mercantilizando sitios de memoria al mejor postor, como es el caso del Estadio Nacional, pero también el negacionismo de grupos fascistas que atentan contra estos.
El día 12 de septiembre, las compañeras de Memoria de Rebeldias Feministas y el Colectiva de Mujeres Sobrevivientes Siempre Resistentes realizaron una acción de memoria feminista al colocar un letrero para visibilizar y relevar el centro de detención, tortura, exterminio y violencia político sexual Venda Sexy. Durante la noche luego de ser realizada la acción, fue retirado del lugar, intentando borrar los horribles acontecimientos que tuvieron lugar en ese espacio.
Desde la Coordinadora Feminista 8M denunciamos este hecho y solidarizamos con las compañeras, que han afirmado su resistencia y construcción de una memoria viva. Nos rebelamos juntas, contra la política del olvido, tejiendo el hilo rojo de la memoria contra un estado asesino, impune y negacionista y contra una sociedad que no se decide por reconocer lo vivido para sanar las heridas del pasado. Llevamos en nuestra memoria y lucha a todas las mujeres revolucionarias desaparecidas, pero también a todas aquellas sobrevivientes.
Para todos aquellos que elijan el olvido, estaremos las feministas recordándoles que tenemos memoria, que tenemos historia, que no olvidamos ni perdonamos ningún golpe, ni ningún dolor provocado por aquellos que quisieron aniquilar nuestros sueños y luchas por cambiarlo todo.
Urdiremos nuestros hilos de memoria para tejer futuro
Medio a Medio / COMCOSUR MUJER Nº 701- 27/09/2021
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4) MÉXICO: FUERON CLASIFICADOS COMO FEMINICIDIOS SÓLO 940 DE MÁS DE 3 MIL CASOS EN 2020
Durante 2020, se cometieron 3 mil 723 asesinatos de mujeres en México, de los cuales sólo 940 fueron clasificados por las autoridades competentes como feminicidios, aun cuando los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) –en una sentencia relacionada con el homicidio de una mujer– establecieron que se debe procurar que en todos los casos se inicien las investigaciones como feminicidios y sólo posteriormente, de no conjugarse los elementos, reclasificarlos, señaló Amnistía Internacional (AI).
Al presentar el informe Juicio a la justicia: deficiencia en las investigaciones penales de feminicidios en el estado de México, Amnistía Internacional denunció que los errores, omisiones y negligencias cometidos por las autoridades favorecen la impunidad.
La actuación de las autoridades se asemeja a patrones registrados en Ciudad Juárez hace más de 20 años, por lo que el Estado mexicano debe corregir su desempeño para lograr justicia para las víctimas, dijo la directora ejecutiva de AI en México, Edith Olivares.
Alertó sobre las deficiencias que se detectaron en las investigaciones sobre feminicidios en el estado de México, las cuales se reproducen en otras partes del país, por lo que concluyó que hay omisiones importantes del Estado para prevenir, evitar y sancionar este delito, como, entre otros, pérdida de evidencias fundamentales, restricciones en las líneas de investigación y revictimización de los familiares que, con frecuencia, son quienes tienen que impulsar las indagatorias con sus propios medios.
No tipificar de origen los casos como feminicidios evita la aplicación de los protocolos propios de este delito, que implica la atención con perspectiva de género. Olivares recordó la resolución de la SCJN sobre Mariana Lima Buendía, que determinó que toda muerte violenta de mujeres debe investigarse como feminicidio.
Olivares destacó el incumplimiento de obligaciones del Estado mexicano derivadas de resoluciones de organismos internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), que se pronunció sobre la violencia contra la mujer en México al resolver el caso del campo algodonero, donde fueron asesinadas tres mujeres en Ciudad Juárez, y remitió recomendaciones. Por ello, demandó al gobierno federal reconocer la magnitud de los feminicidios y desapariciones en el país.
Para AI, en la actualidad la situación no ha variado mucho: Las autoridades estatales deben prevenir, investigar y sancionar con la debida diligencia los feminicidios. Como parte del Estado mexicano, están obligadas a cumplir con los tratados internacionales de los que México es parte, así como las sentencias emitidas contra el Estado mexicano por la CoIDH que establecen un conjunto de normas, estándares y principios para garantizar los derechos de las mujeres.
Jornada / COMCOSUR MUJER Nº 701- 27/09/2021
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5) URUGUAY: POLÍTICAS PÚBLICAS Y DIVERSIDAD: ¿QUÉ PROMUEVEN LOS GOBIERNOS DEPARTAMENTALES?
En la mayoría de las intendencias del país no hay dependencias específicas orientadas a la población LGBTI y el tema se aborda desde secretarías de políticas sociales o de género.
La institucionalización de la diversidad permite dar espacio a la gestión, el diseño y la aplicación de políticas públicas específicas para la población LGBTI. Implica, además, el reconocimiento de estas identidades. En Uruguay, en el segundo nivel de gobierno, son escasas las estructuras especializadas en el área. La mayoría de las intendencias abordan la diversidad de forma secundaria, desde dependencias que engloban en general políticas sociales o de género y, en algunos casos, ni siquiera hay políticas definidas sobre el tema. ¿Qué espacio tiene la diversidad en los gobiernos departamentales? ¿Qué acciones concretas promueven? En el marco del Mes de la Diversidad, referentes de las comunas hablaron al respecto con la diaria.
En todo el país, sólo tres intendencias cuentan con un espacio único para la elaboración y aplicación de políticas públicas dirigidas a las personas LGBTI: la Intendencia de Montevideo (IM), la Intendencia Departamental de Rocha (IDR) y la Intendencia Departamental de Florida (IDF).
El responsable de la Secretaría de la Diversidad de la IM, Sergio Miranda, manifestó que se definieron tres ejes principales para la generación de políticas en este período: salud, trabajo y cultura. Todos con un énfasis en la población trans. En relación al trabajo, la IM duplicó el cupo establecido por ley para personas trans en el programa Oportunidad Laboral y lo cuadruplicó en la segunda etapa del programa ABC Oportunidad Trabajo. Además, implementó talleres de capacitación y formación laboral.
En salud, una de las acciones principales apunta a profundizar la capacitación del personal de las policlínicas barriales para la atención integral de personas adultas, niñas, niños y adolescentes trans. Asimismo, Miranda señaló que ya se encuentra en marcha el protocolo de transición de género.
En cuanto a la cultura, la IM realizó un llamado de proyectos artísticos con perspectiva LGBTI para desarrollar en el espacio público durante el mes de setiembre. “El apoyo a los espectáculos artísticos es una línea de acción que va a continuar”, afirmó Miranda.
Por su parte, la IDR centraliza la generación de políticas para esta población en el Departamento de Inclusión y Diversidad, creado este año. Su principal línea de trabajo es llevar adelante actividades y talleres en derechos humanos, inclusión y diversidad como un instrumento de “fortalecimiento y visibilización” de la población LGBTI, sostuvo el titular del área, Álvaro Garófali.
Las actividades se realizan en diferentes localidades de Rocha para “descentralizar el tema”, apuntó. Explicó que “la idea es generar un espacio libre de discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género, diversidad étnica, religiosa y cultural” en Rocha y promover la imagen de un departamento amigable para el turismo LGBTI como “herramienta de desarrollo”.
En el caso de la IDF, el intendente Guillermo López había planteado en su programa de gobierno la creación de una secretaría especializada en diversidad, pero no fue aprobada por la Junta Departamental, aseguró. De todas formas, existe el Área de Diversidad que depende de la Dirección General de Desarrollo Social. López señaló que las principales líneas de trabajo en el tema son: la creación de oportunidades laborales, difusión de los problemas que atraviesa la comunidad LGBTI y darle más visibilidad a esta población.
Mesas de la Diversidad
En las intendencias de Canelones y Flores, si bien no hay una unidad específica que aborde el tema diversidad dentro de la estructura del gobierno departamental, existe la figura de “Mesa de la Diversidad”. En cada departamento, las mesas funcionan como un espacio para la elaboración de políticas públicas orientadas a la población LGBTI, a través del intercambio con colectivos sociales.
La responsable de la Dirección de Género y Equidad de la Intendencia de Canelones, Soledad Acuña, señaló que la comuna tiene “dos grandes líneas de trabajo” en relación a la diversidad. La primera abarca las acciones dirigidas a esta comunidad y tiene como pilar principal fomentar el “trabajo de calidad”. En ese sentido, sostuvo que se realizarán talleres de formación laboral y se apoyarán los emprendimientos artísticos de algunos colectivos LGBTI. La segunda línea de trabajo es la capacitación “en género, sexualidad y diversidad” de funcionarias y funcionarios de la intendencia.
Vanessa Laguardia, responsable de la oficina de Género y Generaciones de la Intendencia Departamental de Flores (IDF), sostuvo que los pilares principales de la oficina son promover la sensibilización en temas de diversidad, a través de “actividades, acciones y espacios de escucha e intercambio con los colectivos LGBTI” e “informar sobre el alcance de la Ley Integral para Personas Trans, y sobre toda la legislación pertinente”.
La unidad logró implementar la cuota para personas trans en llamados laborales, un servicio de “viviendas de ayuda social” para este grupo y un sistema de atención psicológica para la comunidad que funciona en la oficina y a través de líneas telefónicas, comentó Laguardia. Otros ejes de trabajo son la promoción del turismo LGBTI y la capacitación en temas de diversidad de las y los trabajadores de la intendencia.
Hacia una planificación específica
Referentes de otras intendencias aseguraron que están en proceso de definir políticas específicas referidas al tema. El titular de la oficina de Género, Equidad y Diversidad de la Intendencia de Tacuarembó, Nicolás Rosa, expresó que se está trabajando en la determinación de políticas en trabajo, educación y salud dirigidas a la población LGBTI y explicó que aún no están definidas porque lleva un mes en el cargo. Actualmente, dijo, la oficina se encarga principalmente de apoyar a los colectivos LGBTI y atender sus demandas.
Rosa comentó que, en coordinación con el colectivo Unión Diversa Tacuarembó, se llevará adelante un taller para madres y padres de chicas y chicos trans porque “hay mucha falta de información en lo que refiere a temas de diversidad”.
La directora de la Dirección General de Políticas Sociales de la Intendencia de San José, Carolina Hornes, señaló por su parte que en enero de 2022 la comuna comenzará a contar con una Secretaría de Género y Diversidad, que se encargará de la gestión y aplicación de políticas públicas en ambos temas.
Aún no hay acciones concretas definidas, pero “a grandes rasgos se trabajará en políticas de sensibilización y de acompañamiento a la comunidad LGBTI”, dijo Hornes. Mencionó que se fomentarán las pasantías laborales para esta población, en especial para las personas trans, y la capacitación de las y los funcionarios de la intendencia en “el trato hacia la comunidad LGBTI”. Hasta el momento, las acciones de la Dirección de Políticas Sociales se concentraron en acercarse a los colectivos LGBTI, realizar un acompañamiento socioeducativo de las personas trans y coordinar “charlas, conversatorios e intervenciones” sobre diversidad en espacios sociales.
Colectivo anexado
Son varias las intendencias que agrupan las políticas públicas para las personas LGBTI en áreas que no son específicas de diversidad. El escenario entre estos departamentos es muy heterogéneo. Por ejemplo, la directora de la Secretaría de Género, Generaciones y Derechos Humanos de la Intendencia de Paysandú, Marisa Acosta, dijo que una de las principales acciones fue la puesta en marcha de una policlínica destinada a la atención integral de personas trans, que fue la primera de este tipo en establecerse al norte del Río Negro.
Acosta señaló que otras líneas de trabajo de la secretaría apuntan a la capacitación laboral, cupos para la población trans en el marco de los jornales solidarios, promoción de turismo LGBTI y formación del personal del área turística para la “recepción adecuada” de esta población.
En tanto, Nelly Rodríguez, responsable de la Unidad de Género y Generaciones de la Intendencia de Salto, sostuvo que la diversidad es uno de los ejes principales de esta oficina. Manifestó que las acciones definidas apuntan “sobre todo a la sensibilización, difusión de información y derivación” de las personas LGBTI a otras instituciones públicas, según la necesidad que planteen.
Además, Rodríguez aseguró que se han realizado talleres en centros educativos sobre diversidad y familias diversas y actividades en conjunto con la municipalidad de Concordia (Entre Ríos, Argentina) para abordar “los problemas que genera la frontera”. Asimismo, aseguró que se trabajará en la incorporación de cupos para personas trans en las convocatorias laborales.
La titular de Secretaría de Género de la Intendencia de Cerro Largo, Sonia Gómez, dijo que desde la secretaría se “hace todo lo posible” para atender a la población LGTBI. Los ejes de las acciones se centran en la “visibilización”, “prevención y promoción de la salud” y “promoción de la igualdad y no discriminación”, sostuvo.
La secretaría se ocupa de coordinar proyectos con la comunidad LGBTI, que según Gómez “está bastante desfortalecida”. Además, trabaja en la promoción del turismo LGBTI y en brindar oportunidades laborales con cupos para población trans en los jornales solidarios.
Poquito y nada
En el caso de la Intendencia de Treinta y Tres, la responsable de la Dirección General de Desarrollo Social, Daniela Elosegui, contó que hasta este período de gobierno no existía ningún tipo de dependencia vinculada a género y diversidad. En ese sentido, dijo que “por ahora” no hay políticas específicas para la población LGBTI. No obstante, señaló que con el nuevo presupuesto se creará una Secretaría de la Mujer, Familia y Género, donde estará incluido el diseño de acciones para esta población. Elosegui sostuvo que la secretaría va a funcionar “más que nada como un nexo en la coordinación y derivación de las personas a distintos institutos” que puedan brindarles la atención necesaria.
Por su parte, la directora de Políticas Sociales de la Intendencia de Río Negro, Patricia Amarillo, manifestó que los principales lineamientos de la División Género y Familia son “trabajar en coherencia de las políticas de Estado en relación a la comunidad LGBTI: básicamente brindar herramientas y promover la sensibilización” y “formar parte de las fechas conmemorativas para visualizar a esta población”.
El director del Departamento de Promoción Social de la Intendencia de Durazno, Juan José Bruno, apuntó que la principal política que se promueve para las personas LGBTI es la “inclusión laboral progresiva” dentro de la propia estructura del gobierno departamental en diferentes áreas, con foco en la población trans.
Eliana Alzugaray, titular del Departamento de Familia y Mujer de la Intendencia de Lavalleja, señaló que los pilares de trabajo y políticas públicas de la unidad apuntan a la “no discriminación” de la comunidad LGBTI y que este mes se convocará a los colectivos para “presentar proyectos, ideas, necesidades o carencias” y gestionar acciones en conjunto. Alzugaray sostuvo que se buscará trabajar en la “educación de la población sobre cómo abordar el tema diversidad”, en especial con “las familias, que muchas veces no aceptan una decisión de sus hijos o amigos”.
Sin información
La diaria intentó establecer contacto con todas las intendencias del país, pero en algunos casos no logró dar con la información. Las autoridades de la Intendencia de Soriano dijeron que se podía conocer el trabajo que realiza la comuna en materia de diversidad a través de un pedido de acceso a la información pública. Sin embargo, por las propias disposiciones de la Ley de Acceso a la Información Pública y los plazos que establece, no fue posible acceder a tiempo a la información para incluirla en esta nota.
En los demás casos —Artigas, Colonia, Maldonado y Rivera—, no hubo respuesta. En ninguno de los sitios web de estas comunas se menciona la existencia de una dirección, secretaría u oficina de diversidad y tampoco se plantean acciones dirigidas a las personas LGBTI.
La Diaria / Lucía Gandioli / COMCOSUR MUJER Nº 701- 27/09/2021
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6) URUGUAY: ENTRE RECLAMOS Y FESTEJOS, SE CELEBRÓ UNA NUEVA MARCHA POR LA DIVERSIDAD EN MONTEVIDEO
Las organizaciones convocantes denunciaron que, “desde la inacción”, el Estado “está dando un mensaje de antiderechos, retrocesos y represión”
La convocatoria era a las 19.00 en Avenida Libertador y Paysandú, pero una hora antes, en los alrededores de la plaza Libertad, ya había empezado la fiesta. Los colores del arcoíris invadieron el espacio público de las formas más diversas: banderas que colgaban de los hombros, pañuelos atados al cuello, tapabocas, vinchas, polleras y globos. La pintura multicolor y el glitter también fueron protagonistas en rostros, cuerpos y en carteles con expresiones que celebraban el derecho a ser y reclamaban por todo lo que falta para garantizarle a la población LGBTI una vida libre vulneraciones, discriminación, desamparo y violencia.
En realidad, la Marcha por la Diversidad se realiza cada año con esa doble intención: festejar la diversidad y visibilizar las conquistas alcanzadas, pero también denunciar las deudas del Estado y reivindicar los derechos que quedan por ganar. Sobre todo esto último quedó reflejado en la consigna que la Coordinadora de la Marcha por la Diversidad eligió este año: “Estado ausente, nuestra lucha presente”.
La enorme mayoría de las personas que esperaban para empezar a movilizarse eran adolescentes y jóvenes. Fue la primera marcha de Max, quien tiene 16 años y es no binarie. Contó a la diaria que participaba “para conocer más a la comunidad” y “apoyar la causa, que es luchar por nuestros derechos”. La consigna de este año le interpela porque, a su entender, el Estado ve a las personas LGBTI “como las sobras de la sociedad”. “Ya cultural, histórica y socialmente nuestra comunidad fue rechazada, aislada y segregada, y yo siento que lo que estamos haciendo ahora es reivindicar nuestros derechos y luchar por ellos, porque si no hay gente que esté luchando y moviéndose activamente por ello, al Estado realmente no le interesa”, aseguró.
Jack, un varón trans de 16 años, también se sumó a la manifestación para luchar por sus derechos. El adolescente contó que su familia tiene problemas económicos y que, cuando se aprobó la Ley Integral para Personas Trans, sentía “seguridad” de que se ampliarían sus derechos y oportunidades, pero ahora siente “que van a abandonar todo”.
La marcha finalmente largó alrededor de las 19.30, unos minutos después de que empezara a lloviznar, aunque eso no logró aguar el festejo, que ya incluía a miles. La música sonaba particularmente fuerte en tres puntos del recorrido, donde estaban las “chatas” con DJ’s tocando en vivo. Esa fue la cuota musical del evento, que este año, para evitar aglomeraciones, no contó con un espectáculo musical al cierre.
En la mitad del camino, Facundo y Agustín, de 21 años, frenaron para sacarse fotos. Facundo, que se identifica como bisexual, también dijo a la diaria que marchaba por sus derechos. Agustín, que es gay, agregó: “Y por poder ser”. El joven explicó que la consigna de este año lo interpela porque hay una “falta de acción del Estado en cuanto a los derechos de la comunidad”.
Estado ausente, solidaridad presente
Poco más de una hora después de empezar a caminar, la marcha llegó a la plaza Primero de Mayo, donde representantes de los 18 colectivos que integran la Coordinadora leyeron una proclama. “Un año más, nos manifestamos en defensa de nuestros derechos, abrazando nuestra diversidad, exigiendo respuestas de un Estado ausente que, desde la inacción, está dando un mensaje de antiderechos, de retrocesos y de represión”, dijeron al abrir el discurso.
La proclama celebró la respuesta del “pueblo organizado” frente a los coletazos de la pandemia y sus aportes, “ocupando como puede el espacio que el gobierno elige una y otra vez dejar vacío”. “El pueblo solidario que busca ganarle al hambre, a la exclusión, a la falta de trabajo y protección social, a las desigualdades en el acceso a la educación y a tantas otras situaciones que se repiten en cada punto del país. Las ollas populares, la autogestión colectiva, las iniciativas para sostener las trayectorias educativas en la infancia y adolescencia, el apoyo a poblaciones olvidadas como les trabajadores y trabajadoras sexuales o las personas privadas de libertad, les migrantes”, leyeron.
Los colectivos denunciaron la estigmatización que atraviesan las personas que viven con VIH y las barreras para acceder a “medicación de primer nivel” y a “testeos rápidos que nos permitan tener un diagnóstico temprano”. Además, señalaron el incumplimiento “sistemático” de la ley trans en varios puntos, especialmente en materia de salud, ante la negativa por parte de mutualistas “a efectuar procedimientos a los que están obligados” y un Ministerio de Salud Pública que “se niega a hacer cumplir la ley”. A la vez, aseguraron que el Estado “desconoce la existencia” de las personas no binarias y “niega” su realidad.
La proclama también consignó la situación que viven las personas con discapacidad, a las que se les “impuso el teletrabajo”, “en vez de hacer accesible los espacios laborales”. Además, se cuestionó que no se apliquen los cupos para las personas trans y no binarias, para las personas afro y para las personas con discapacidad.
Por otra parte, las organizaciones denunciaron 24 femicidios ocurridos en Uruguay desde que empezó el año y los “brutales transfemicidios” ocurridos entre 2011 y 2012, que aún no han sido resueltos. En ese sentido, reclamaron que la Justicia “llegue a la verdad” en los casos de Ángela, Casandra, Gabriela, Kiara, La Brasilera, La Pochito y Pamela. La proclama también denunció las desapariciones de mujeres: “Porque no nos traga la tierra, porque nos desaparecen para la explotación sexual desde niñas, niños y niñes. Porque las redes de trata funcionan con la complicidad de las autoridades”. Y pidió “presupuesto real” para la implementación de la ley de violencia basada en género.
“Una vez más, marchamos contra el punitivismo y el aumento de penas”, afirmaron desde la Coordinadora, y agregaron que por eso se posicionan en contra de la ley de urgente consideración. “Porque esta ley represora que eliminó el derecho a la vivienda, también reinstaló el derecho al gatillo fácil y al garrote alegre. Y nuevamente, ¿quiénes creen ustedes que son las primeras víctimas de los gatillos y los garrotes? ¿A quiénes se refieren los represores cada vez que hablan de apariencia delictiva? La pobreza que persiguen, encarcelan y asesinan cada día tiene cara afro, cara trans, cara disca [discapacidad], cara joven y migrante”, apuntaron.
Antes de cerrar, la Coordinadora recordó a la activista Gloria Álvez, referente histórica de la lucha por los derechos de las personas trans en Uruguay, quien falleció en mayo, a los 78 años, por la covid-19. Este año, la marcha llevó su nombre.
La Diaria / COMCOSUR MUJER Nº 701- 27/09/2021
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“Siempre he partido de una idea elemental: la de que la verdad no necesita ser justificada por la adecuación a un objetivo superior. La verdad es la verdad y nada más. Debe ser servida, no servir.”
Eugenia Ginzburg / “El vértigo”.
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