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Hoy:
1) Periodismo, medios y comunicación feminista
2) Guatemala: Se debate una ley que castiga con cárcel los abortos involuntarios
3) India: Despenalizaron la homosexualidad
4) México: Plataforma contra violencia política “Red de Mujeres Electas”
5) Paraguay: la paridad democrática puede convertirse en ley
6) Uruguay: Actividades en el Mes de la Diversidad
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“Por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres” Rosa Luxemburgo
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1) PERIODISMO, MEDIOS Y COMUNICACIÓN FEMINISTA
Desde el 4 al 7 de setiembre, se llevó a cabo en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de La Plata el III Congreso de Comunicación y Ciencias Sociales desde América Latina y II Congreso de Comunicación Popular. El mismo fue un espacio de intercambio, discusión, reflexión crítica sobre el sistema de medios de comunicación en Argentina y en América Latina, así también como un espacio de organización colectiva, de diálogo de saberes, en este momento crítico de la Argentina.
En este marco se realizó una mesa llamada Periodismo, Medios y Comunicación feminista, integrada por: Patricia Barral, Vanina Cortijo, Lucia García, Romina Coluccio, Amanda Alma, Virginia Denis.
Romina Coluccio, de la Defensoría del Público, contó su experiencia como mujer en la participación en los medios comunitarios, los lugares esteriotipados a los que se encontraban asignados, y la imposibilidad de ir pensando algunos fenómenos al mismo tiempo de cuando van aconteciendo. Desde este nuevo lugar, se plantea también la importancia del lenguaje radiofónico, lo que nombra y lo que niega cuando no lo hace. Tenemos una crisis también en el lenguaje y los medios comunitarios tienen la posibilidad de sostener esas preguntas aún en tensión.
Virginia Denis de la Red de Periodistas Argentinas por una Comunicación No Sexista (Red Par), se refirió a la masificación del movimiento feminista a partir de la convocatoria a “Ni Una Menos”. Plantea que la consigna “vivas nos queremos” es una consigna que pide lo menos, lo mínimo, la vida para las mujeres. Y se pregunta, qué posibilidades hay para las mujeres de instalar otros temas y avanzar en la agenda de derechos civiles y políticos.
Belén Itza / COMCOSUR MUJER Nº 572–10.09.2018
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2) GUATEMALA: SE DEBATE UNA LEY QUE CASTIGA CON CÁRCEL LOS ABORTOS INVOLUNTARIOS
El Congreso de Guatemala debate una ley que prevé penas de entre dos y cuatro años de prisión a las mujeres que sufran abortos involuntarios. Además, incrementa el castigo por interrupción del embarazo, prohíbe la educación en diversidad sexual y veta nuevamente el matrimonio entre personas del mismo sexo. Los opositores a esta norma la califican de “anticonstitucional” y contraria a tratados internacionales, y anuncian recursos de amparo.
Ana es guatemalteca, tiene 45 años y sufrió la interrupción de dos embarazos, uno en 2002 y otro en 2009. Se trataba de hijas (las dos eran niñas) buscadas, a las que se les paró el corazón en su interior, a causa de malformaciones congénitas. En ambos casos tuvo que someterse a una intervención para que le extrajesen los fetos, ya muertos. Si la “Ley para la Protección de la Vida y la Familia”, que actualmente se debate en el Congreso de Guatemala, hubiese estado en vigor, esta mujer se hubiese enfrentado a la posibilidad de ir a la cárcel. “Aborté dos veces, no lo busqué. Podría haber terminado en prisión”, dice Ana, que no quiere dar su apellido por estar divorciada y porque “no quiero involucrar a otras personas”.
La norma en debate, más conocida como Iniciativa 52/72, endurece las penas por aborto y limita su uso terapéutico, prohíbe la educación “en diversidad sexual o ideología de género (sic)” y reitera el veto al matrimonio o unión de hecho entre personas del mismo sexo. El proyecto de ley ha sido impulsado por Aníbal Rojas, diputado del partido Viva (Visión con Valores, fundado por Harold Caballeros, uno de los pastores evangélicos más influyentes del país). El texto ya ha pasado la primera y segunda lectura. Está previsto que el martes o miércoles de esta semana afronte la tercera y última. En caso de que sea aprobado definitivamente, y ya ha obtenido los votos suficientes en las dos ocasiones anteriores, solo tendrá que ser sancionado por el presidente, Jimmy Morales, evangélico y apoyado en los sectores más reaccionarios del país.
“La tentativa de la mujer para causar su propio aborto y el aborto culposo serán sancionados con penas de dos a cuatro años”, dice el proyecto de ley en su artículo 10, que modifica el 139 del Código Penal. Por “aborto culposo propio” se entienden los casos en los que se produce la muerte del feto por acciones involuntarias o que no buscasen su fallecimiento, según explica la ginecóloga Linda Valencia. Así, una guatemalteca que sufra una interrupción del embarazo por motivos naturales será investigada y enfrenta la posibilidad de ir a la cárcel. Eso mismo le hubiese ocurrido a Ana si, cuando tenía 29 años y sufrió su primera pérdida, la ley estuviese ya en vigor.
la interrupción involuntaria del embarazo se produce en el 15% de los casos. Estas mujeres, ahora, corren el riesgo de ser criminalizadas.
“El médico hubiese tenido que haber notificado que me habían practicado un procedimiento para abortar. Me tendrían que haber investigado para saber que no lo había provocado. ¿Como vas a explicar a la policía, al Ministerio Público, a un juez, lo que te pasó cuando estás en estado de shock?”, se pregunta.
La norma, en su artículo 13, incluye un apartado denominado “mortinatos” y que dice: “Cuando ocurriere la muerte natural o provocada del embrión o feto en el vientre materno, en cualquier etapa del desarrollo del mismo, desde la concepción, el médico que atienda el caso, estará siempre en el deber de rendir un informe de mortinato el que deberá ser proporcionado a los interesados que así lo soliciten, y remitido de oficio a donde corresponda”. Es decir, que el médico se convierte en policía. La ginecóloga Linda Valencia, con más de 15 años de experiencia, explica: “los médicos tendríamos que denunciar, ir a las cortes como testigos incriminatorios. Estaríamos faltando a nuestro secreto profesional”. Por otro lado, “las mujeres, en lugar de recibir atención como pacientes, deberían probar su inocencia”, alerta la doctora.
Si el proyecto entra en vigor, Guatemala entrará en la lista de países con la normativa más restrictiva del mundo en relación a los derechos de la mujer. En el vecino El Salvador, donde está prohibido el aborto bajo cualquier circunstancia, al menos 30 mujeres permanecen encarceladas tras perder a su hijo durante el embarazo. Fueron condenadas por homicidio a pesar de que ellas argumentaban haber sufrido problemas durante el parto.
Ana reconoce que su proceso fue traumático. Quería ser madre y su cuerpo lo rechazaba. Ahora, asegura, lo ha superado, tras pasar por terapia psicológica. Con 45 años no es una víctima potencial de esta norma. Sin embargo, su sobrina, que tiene 25 años, ha sufrido un problema similar. “¿Qué le ocurrirá a ella si vuelve a quedarse embarazada y lo pierde estando en vigor la ley?”, se pregunta, preocupada.
No hay datos oficiales sobre cuántos abortos espontáneos se producen anualmente en Guatemala. Sin embargo, Linda Valencia explica que la interrupción involuntaria del embarazo se produce en el 15% de los casos. Estas mujeres, ahora, corren el riesgo de ser criminalizadas.
Más cárcel y veto a la “ideología de género”
Para entender bien esta normativa, hay que acudir a su séptimo “considerando”, en el que dice “que ante la existencia de grupos minoritarios de la sociedad guatemalteca, que proponen corrientes de pensamiento y prácticas incongruentes con la moral cristiana, así como modelos de conducta y convivencia distintos al orden natural del matrimonio y de la familia, los que representan una amenaza al equilibrio moral de nuestra sociedad y por ende un peligro para la paz y la convivencia armónica de la gran mayoría de los guatemaltecos: es necesario emitir disposiciones legales que, en congruencia con el mandato constitucional, brinden una protección plena a las instituciones del matrimonio y la familia”. Además, la “diversidad sexual” queda definida como “el conjunto de pensamientos, tendencias y prácticas por las que determinados grupos de la sociedad adoptan una conducta sexual distinta a la heterosexualidad e incompatible con los aspectos biológicos y genéticos del ser humano”.
La amenaza de cárcel contra quien sufra un aborto involuntario es solo una de las restricciones que incluye el proyecto de ley. En el resto de casos, se prevé un fuerte incremento de las penas. Por ejemplo, en el caso de las mujeres que interrumpan su embarazo, la condena será de entre cinco y diez años de prisión, cuando actualmente el castigo estaba entre uno y tres. Para quien cause un aborto consentido por la mujer, entre seis y doce años (el doble en el caso de que este sea un médico), cuando actualmente está entre uno y tres. Además, incluye un nuevo apartado en el que señala que “quien en forma pública o privada, directa o indirectamente, por sí mismo o por conducto de terceras personas, con finalidad lucrativa o no, promueva o facilite medios para la realización del aborto, será sancionado con prisión de seis a diez años”.
También se incluyen limitaciones al aborto terapéutico. Ahora, serán dos, y no uno, los médicos que tengan que dar su visto bueno. Algo que afecta especialmente a las comunidades más pobres, donde en ocasiones ni siquiera cuentan con un galeno, o tienen que realizar largos desplazamientos para acceder a la atención básica. En Guatemala, seis de cada diez habitantes sufre condiciones de pobreza o pobreza extrema, según la última Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi), de 2014.
En relación a la educación sexual, el artículo 15 señala que “se prohíbe a las entidades educativas públicas y privadas, promover en la niñez y adolescencia, políticas o programas relativos a la diversidad sexual y la ideología de género o enseñar como normales las conductas sexuales distintas a la heterosexualidad o que sean incompatibles con los aspectos biológicos y genéticos del ser humano”.
Por último, el matrimonio es definido como “la unión de hecho de un hombre y de una mujer, así nacidos”, en referencia a las personas transexuales, y se “prohíbe expresamente la declaratoria de unión de hecho entre personas del mismo sexo”.
Multitudinaria marcha apoyada por católicos y evangélicos
“Se trata de un proyecto de control, para que el Estado no pueda educar en diversidad sexual; de castigo, porque aumenta las penas por aborto; y de prohibición, porque veta el matrimonio igualitario”, denuncia Sandra Morán, diputada de la coalición de izquierdas Convergencia e impulsora de iniciativas de ley para el reconocimiento de la identidad de género o para la protección de menores que han sufrido violencia sexual.
«Estamos ante una ofensiva de los grupos antiderechos que ven cómo las leyes avanzan en otros países de Latinoamérica y no quieren que este movimiento llegue a Guatemala»
“Estamos ante una ofensiva de los grupos antiderechos que ven cómo las leyes avanzan en otros países de Latinoamérica y no quieren que este movimiento llegue a Guatemala”, afirma Paula Barrios, de Mujeres en Movimiento.
Está previsto que la ley se discuta por tercera vez en el Congreso esta semana. Según explica Sandra Morán, el objetivo de quienes se oponen al proyecto es lograr que este decaiga por falta de cuórum en la votación. Sin embargo, ya ha sido aprobado en otras dos ocasiones, por lo que es probable que obtenga los 80 votos de 158 miembros del Congreso necesarios para que salga adelante. En ese caso, las organizaciones feministas y de Derechos Humanos prevén interponer recursos de inconstitucionalidad y ante instancias internacionales. Argumentan que muchas de las disposiciones de la ley violentan tanto la Carta Magna guatemalteca como los tratados internacionales suscritos.
El debate del proyecto de ley llega en un contexto convulso en el país guatemalteco. El viernes, el presidente, Jimmy Morales, anunció que no renovará el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), una agencia anticorrupción dependiente de la ONU que le ha señalado en diversas ocasiones por financiación ilegal de su partido, FCN-Nación. En su alocución, rodado de militares, el mandatario se guardó un as en la manga. Cerró su intervención apelando a la “vida y la familia”, ubicándose en el campo contrario al aborto y al matrimonio igualitario. De este modo, trataba de evadir el debate sobre la corrupción para ubicarse en un terreno que para él es más favorable, el de las posiciones reaccionarias, en país donde el peso de la religión, tanto católica como evangélica, es muy fuerte. Existe un intento de aprovechar la situación por parte de Morales, cierto, pero tampoco hay que restar importancia a la existencia de una agenda anti derechos por parte de organizaciones fundamentalistas.
El domingo, miles de personas abarrotaron la plaza de la Constitución de Guatemala. Lo hicieron convocados por el lema “Guate por la vida y la familia”, en una marcha que recibió el apoyo de las grandes iglesias del país. Aunque los convocantes no hicieron mención explícita, se trata de una exhibición de fuerza de los partidarios de una ley que recorta los ya exiguos derechos sexuales y reproductivos existentes en el país centroamericano.
Publico / COMCOSUR MUJER Nº 572–10.09.2018
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3) INDIA: DESPENALIZARON LA HOMOSEXUALIDAD
La histórica sentencia pronunciada el pasado jueves establece que “las relaciones sexuales entre adultos homosexuales en privado no constituye una ofensa” y que cualquier norma que persiga estas prácticas es “discriminatoria y una violación de los principios constitucionales”.
De esta forma, la decisión judicial pone fin a una deliberación que comenzó a principios de julio, aunque con orígenes en una batalla por el reconocimiento de los derechos de los homosexuales que ha durado más de una década.
A partir de ahora, las personas que tengan una orientación homosexual podrán ejercer sus derechos sin ser juzgados.
A las puertas del tribunal, una multitud de miembros del colectivo LGTBI y sus defensores aguardaban desde primeras horas de la mañana de este jueves para escuchar la decisión final de la Corte Suprema.
Desde que comenzase su debate hace dos meses, la sentencia se intuía en favor de los homosexuales de India que, según el último censo, suman cerca de dos millones; aunque se estima que muchos otros nunca han declarado su orientación sexual a las autoridades sanitarias, precisamente por la criminalización que esta ley tenía sobre las decenas de millones de miembros de la comunidad LGTBI en India.
“No solo se trataba de despenalizar [la homosexualidad] sino de reconocer nuestros derechos fundamentales”, declaró Akhilesh Godi, uno de los demandantes, quien ya había subrayado la actitud positiva de los magistrados desde que comenzase el proceso.
Big Band News / COMCOSUR MUJER Nº 572–10.09.2018
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4) MÉXICO: PLATAFORMA CONTRA VIOLENCIA POLÍTICA “RED DE MUJERES ELECTAS”
La violencia política contra las mujeres no sólo ocurre durante las campañas electorales también se da durante el ejercicio del cargo por ello el Instituto Nacional Electoral (INE) lanzó la plataforma Red de Mujeres Electas para actuar frente a esta violencia.
A través de la Comisión temporal para el Fortalecimiento de la Igualdad de Género y No Discriminación, el INE puso a disposición esta plataforma donde las mujeres electas a un cargo de elección recibirán información y asesoría en caso de ser víctimas de violencia política de género.
En días previos y en actos públicos la consejera electoral y presidenta de la Comisión temporal, Dania Ravel, informó que el INE estaba terminando una plataforma para que el organismo mantuviera comunicación con las mujeres electas.
Ravel señaló que debido a que la violencia política de género no se acaba cuando concluyen los procesos electorales también se estaba integrando un directorio de defensoras y defensores de Derechos Humanos para que las mujeres tengan asesoría y no estén solas.
El fin es evitar que cuando se vuelven diputadas, senadoras, alcaldesas o ediles, no pierdan contacto con los organismos electorales y exista información para saber si están ejerciendo el cargo por el cual fueron electas o si enfrentan obstáculos para hacerlo.
A decir de la consejera, el INE ha realizado acciones en la materia, por ejemplo, durante el proceso electoral mantuvieron una campaña para informar a las candidatas qué es la violencia política contra las mujeres y organizaron diplomados, talleres, eventos y actividades para que las instituciones, los partidos políticos y la ciudadanía conocieran sobre el tema.
Ahora, las funcionarias podrán acceder a la plataforma de Red de Mujeres Electas por invitación del INE o enviando un correo a mujeres.electas@ine.mx. En el futuro estos datos permitirán generar estadísticas para contar con cifras claras sobre el número de casos de violencia política con elementos de género.
Esto porque no hay cifras claras, no todos los casos se denuncian y la violencia no siempre se encaja en un tipo penal; sin embargo se prevé que al aumentar el número de mujeres en cargos de elección también se incrementará la violencia en su contra por el hecho de ser mujeres.
De acuerdo con las instituciones locales en estas elecciones se reportaron 114 casos de violencia política, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) señaló que tiene 40 denuncias, el INE reportó 90 quejas y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió 56 juicios en la materia.
Cabe decir que en este proceso electoral 2017-2018, el Senado pasó de conformarse por 32.8 por ciento de mujeres a 49.2 por ciento; la Cámara de Diputados pasó de 42.6 a 48.2; las diputaciones locales de 27 entidades pasaron de 41.7 a 48.7 y las presidencias municipales de 25 estados pasaron de 14.3 a 27.2 por ciento.
.Cimacnoticias / COMCOSUR MUJER Nº 572–10.09.2018
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5) PARAGUAY: LA PARIDAD DEMOCRÁTICA PUEDE CONVERTIRSE EN LEY
Desde 1996 el Código Electoral establece una cuota mínima del 20 por ciento a favor de las mujeres, sin embargo hasta hoy su presencia en la instancia del poder político del Paraguay no llega a este porcentaje.
Paraguay es uno de los países con menor representación de mujeres en el Congreso en Latinoamérica y el Caribe, con apenas un 16,8%, sin registro de avance en las últimas elecciones. A nivel local, las mujeres intendentas representan apenas el 10%, y el porcentaje de mujeres en las Juntas Municipales se mantiene en un 20% desde hace tres periodos.
El proyecto de Ley de Paridad Democrática fue presentado el 8 de marzo del 2016 al Congreso Nacional. Se unieron referentas de todos los partidos políticos de manera transversal para impulsar la propuesta. Tuvo media sanción en el Senado, y luego en la Cámara Baja, hubo modificaciones que cambiaron la esencia de la iniciativa reduciéndola a la capacitación y formación de las mujeres en los partidos políticos.
Con los 23 votos requeridos, este jueves 6 de septiembre la Cámara de Senadores ratificó su versión de la ley de paridad aprobada en marzo pasado. Por eso el proyecto ahora vuelve a la Cámara de Diputadxs y puede convertirse en ley.
Desde 1996 el Código Electoral de Paraguay establece una cuota mínima del 20 por ciento a favor de las mujeres, sin embargo hasta hoy su presencia en la instancia del poder político del Paraguay no llega a este porcentaje.
Hasta el momento, en América Latina y el Caribe, 17 países han aprobado leyes de cuotas de algún tipo y 6 incluyen la paridad en Congresos, Cámaras de Diputados y/o Senadores y/o Asambleas Legislativas Nacionales (Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, México, Nicaragua). Y en el caso de Panamá hay ley de paridad que rige para las elecciones internas de partidos políticos y primarias.
Para junio de 2016, según ONU Mujeres, solo dos países en el mundo tienen un 50 por ciento o más de mujeres en el Parlamento, ya sea en cámara individual o baja: Ruanda con el 63,8 por ciento y Bolivia con el 53,1 por ciento. En la performance paritaria a nivel regional, atrás de Bolivia están Cuba con el 48, 9% y México con 42,4%.
Latfem / COMCOSUR MUJER Nº 572–10.09.2018
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6) URUGUAY: ACTIVIDADES EN EL MES DE LA DIVERSIDAD
Diversidad – Exposición “Identidad habitada”
Del 17 al 30 de setiembre de 2018, de lunes a viernes de 12:30 a 18:30 hs., espacio de exposiciones de la Junta Departamental de Montevideo
Exposición «Identidad habitada» de Delfina Martínez
En 2017, el ciclo de diálogos Intersecciones organizado por la Secretaría de la Diversidad de la Intendencia de Montevideo, recorrió las desigualdades que atraviesan a las personas LGBTI.
En 2018, Identidad habitada nos propone volver a recorrerlas desde la mirada situada de una activista que reivindica su identidad negra/travesti, a través de un itinerario de cuerpos cruzados por la disidencia sexual e identitaria, en diferentes espacios de la ciudad.
La muestra se inaugurará el lunes 17 de setiembre a las 17 horas, en la Junta Departamental de Montevideo.
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Cine – foro “El miedo a Ser”
Sábado 15 de setiembre de 2018, 19:00 h., Búho Cultural – Juan Paullier 1537
Proyección de la película ¨Rosas Rojas¨. Foro coordinado por Laura Barboza (actriz y docente de teatro) y Lorena Millán (programadora neurolinguística).
Web Intendencia Montevideo / COMCOSUR MUJER Nº 572–10.09.2018
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“El perdón no se puede lanzar al aire, a ver si cae en la cabeza de quien corresponde” Luis Pérez Aguirre
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