1) América Latina y el Caribe: Afrofeministas, unidas en la historia y la resistencia
2) Chile: Feministas están presentes en la nueva Constitución
3) Perú: La violencia del oro ilegal contra las mujeres awajún en Perú
4) Uruguay: Mes de la Afrodescendencia
5) Uruguay: La violencia doméstica No disminuyó
6) Uruguay: “Operación Océano”
7) Uruguay: Marianella Morena se presenta ante la Justicia por “Muñecas de piel”
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COMCOSUR MUJER /Fundado por Yessie Macchi / AÑO 27 / No. 695 – Lunes 26 de julio de 2021 / Producción: Beatriz Alonso, Belén Itza y Cecilia Duffau /Apoyo técnico: Carlos Dárdano
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1) AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: AFROFEMINISTAS, UNIDAS EN LA HISTORIA Y LA RESISTENCIA
La vida de las mujeres negras y mestizas de América Latina y el Caribe expresa una historia común de discriminación, resistencias y aportes sociales.
“No me di cuenta de que era negra hasta que fui a la escuela y mis maestros y compañeros me decían negra con desprecio, de una manera racista y discriminatoria”, recuerda Massay Crisanto, de Honduras.
Crisanto fue una de las participantes en el panel “Mujeres negras: resistiendo para vivir. Marchando para transformar”, organizado por la Marcha Mundial de las Mujeres (MMM) en Brasil.
La MMM es un movimiento mundial que reúne a colectivos y organizaciones feministas y de mujeres de todo el mundo. Fundada en 1996, la organización declara su lucha contra el patriarcado, la violencia contra las mujeres y la pobreza que genera el capitalismo.
El panel, transmitido en las redes sociales digitales, se dedicó al Día Internacional de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora que se celebra el 25 de julio. Desde 1992 se conmemora la fecha para llamar la atención sobre las realidades de las mujeres afrodescendientes, su historia y la necesidad de promover políticas públicas que ayuden a mejorar su calidad de vida y a erradicar el racismo y la discriminación.
Las participantes en el encuentro virtual reconocieron una historia de discriminación común que se ha expresado en las violencias sobre sus cuerpos, la expropiación de sus territorios, la explotación laboral y la invisibilización de sus aportes a lo largo de la historia.
“A esto se une el encarcelamiento de los hombres negros, el exterminio de la juventud negra y la hipersexualización de las mujeres negras. Prácticas que se mantienen hoy. Las balas perdidas encuentran siempre los mismos cuerpos, que son, en general, los de nuestros hijos”, afirmó Juliana Mittelbach, de Brasil.
Mittelbach es enfermera, coordinadora de la Red de Mujeres Negras del Estado Paraná e integrante de la MMM. Durante su intervención, denunció la complicidad entre colonialismo, racismo, capitalismo y patriarcado.
“El capitalismo es un sistema que explota al pueblo y que tiene en su raíz el mantenimiento de las desigualdades con la explotación, la desvalorización, la aceptación y naturalización de la historia de esclavización. Por tanto, la población negra es una población subvalorada y puede estar en el mercado de reserva, en los peores lugares de trabajo”, dijo la activista.
A partir del reconocimiento crítico de esta realidad, la MMM apuesta por una lucha interseccional contra todas las opresiones. A decir de Mariana Lacerda, de la MMM en Brasil, “no podemos darnos el lujo de renunciar a ninguna de estas luchas”.
“Tenemos que intervenir en la actividad cotidiana combatiendo el racismo, en la búsqueda de una vida digna a partir de políticas públicas que puedan promover la igualdad racial. Tenemos que buscar un proyecto de sociedad antipatriarcal, antirracista y anticapitalista. Ese es el gran desafío, tener que actuar en todos esos frentes asegurando la supervivencia, a la vez que luchamos por un nuevo proyecto de sociedad”, agregó Mittelbach.
Cuba, entre la historia y la transformación
La filósofa Analoy Lafargue compartió avances y desafíos de las mujeres afrodescendientes en Cuba, en representación de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC).
Lafargue reconoció la fortaleza de contar, desde 1961, con una organización de mujeres para impulsar la igualdad de género y la emancipación de las cubanas, a la vez que identificó vacíos y desafíos para las afrodescendientes en la nación del Caribe.
Las políticas a favor de la igualdad de género en el país impactaron positivamente en las afrocubanas, pero las investigaciones han develado que la pobreza en Cuba tiene rostro de mujer negra; ellas son mayoría entre las madres solteras jefas de hogar; están sobrerrepresentadas en el sector informal de la economía y enfrentan problemáticas como el embarazo adolescente.
Frente a estos problemas, la máster en Estudios Caribeños identificó, como una contribución, la existencia de afrofeminismos en el país y convocó a realizar acciones específicas en función de la diversidad de experiencias y realidades que viven las mujeres cubanas.
Lafargue destacó la necesidad de socializar la historia de lucha de las mujeres negras de los siglos XIX y XX. Propuso crear espacios de reflexión para generar conciencia racial y de género, de sororidad y empatía ante las diferencias y con compromiso social responsable.
En particular, planteó como un reto actual “representar con voz activa, agenda propia y articulada con la lucha antirracista, las necesidades emergentes de las mujeres afrodescendientes”.
Necesitamos romper con la visión institucional de que todas las mujeres somos iguales, dijo. “Sí, ‘somos iguales ante la ley, no iguales ante la vida’.
Ello significa romper las barreras ideológicas de lo común heredado de la sociedad occidental, muy bien asumido por las sociedades occidentalizadas negando la realidad de sociedad fragmentada en la que hemos sido constituidos”, reflexionó la activista cubana.
En Cuba existen el Programa Nacional contra el Racismo y toda discriminación, y el Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres, dos plataformas gubernamentales que, según la especialista, son fundamentales para luchar contra las desigualdades desde la interseccionalidad.
“Desde la imbricación comprometida y responsable de las plataformas nacionales creadas para hacerle frente al racismo, las discriminaciones y todas las formas de la violencia, con el acompañamiento del Estado y gobierno cubanos, las mujeres afrodescendientes con provecho de nuestras facultades podremos, en mayor o menor medida, enfrentar los desafíos históricos, sistémicos, sistemáticos, estructurales y emergentes que problematizan y condicionan nuestras vidas”, concluyó la activista.
Redsemlac / COMCOSUR MUJER Nº 695 – 26/07/2021
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2) CHILE: FEMINISTAS ESTÁN PRESENTES EN LA NUEVA CONSTITUCIÓN
Chile se prepara para dejar atrás la Constitución heredada en 1980 por la dictadura militar de Augusto Pinochet, y en la conformación de la Convención Constitucional el movimiento feminista está presente para plasmar los Derechos Humanos de las mujeres y niñas. De las 155 personas que conforman la Constituyente, 77 son mujeres, 45 de ellas pertenecen a una articulación feminista, además, la Constituyente la preside una mujer indígena mapuche y feminista, Elisa Loncón.
En este momento histórico para la democracia de Chile, la constituyente, periodista y ex candidata a la presidencia de Chile en 2017, Beatriz Sánchez Muñoz, nos habla en entrevista con Radio CIMAC sobre cómo se configura el mapa político chileno y los derechos al cuidado, sexuales y reproductivos, así como la perspectiva feminista que buscan incluir en la nueva constitución que se redactará desde cero.
-Lucía Lagunes Huerta (LLH): ¿Cuáles son los retos y desafíos que se están enfrentando en el proceso de la Constituyente?
Beatriz Sánchez (BS): Estamos recién partiendo, acabamos de terminar la segunda semana recién de la instalación de la Constituyente, entonces estamos en este proceso diría yo de ajuste, de vivir un proceso constituyente donde no hay reglas establecidas, nos estamos conociendo y estamos entrando a establecer las primeras reglas de funcionamiento que ha sido todo un desafío porque nunca en Chile, en nuestra historia, hemos vivido un proceso como este, siempre hemos estado en procesos con un poder constituido, entonces llegamos 155 personas a establecer reglas.
Creo que estas primeras dos semanas hemos logrado varias cosas: tenemos una mesa directiva, por primera vez, en un órgano de poder lo preside una mujer mapuche, que es uno de nuestros pueblos originarios de mayor representación de Chile y que esto nunca había pasado en nuestra historia, considerar a los pueblos originarios. Por primera vez es un órgano paritario, somos 77 mujeres y 78 hombres, y eso no es una causalidad, eso fue intencionado.
Tenemos ya una mesa directiva, tenemos ya las primeras comisiones, la comisión de reglamentos funcionando, ayer debatimos y concluimos en aumentar esas comisiones de funcionamiento transitorio y la primera que surgió es la de Derechos Humanos, que se votó con una alta mayoría, incluida la derecha.
Lo que pasa es que nos tocó en un momento bien particular porque a propósito de la pandemia, los procesos iban a ser por separado, o sea íbamos a tener un proceso constituyente que no se iba a traslapar con las elecciones presidenciales o parlamentarias, pero la pandemia forzó a cambiar la agenda que se tenía planificada y al final los procesos se cruzaron, por eso en Chile tenemos una elección al mes, entre ellas, elecciones de la Constituyente, de gobernadoras, de parlamentarias.
Creo que es bien interesante que tengamos entre medio elecciones, porque cuando estás entrando a un proceso como este, que no es dejar atrás cualquier Constitución, es dejar atrás la constitución de la dictadura, que lo que vino hacer es a instaurar un modelo neoliberal autoritario.
-LLH: ¿Cuánto tiempo tienen para poder dar por concluido el proceso de la nueva Constitución en Chile?
-BS: Son 9 meses, que se pueden extender a 12 meses, que lo más probable es que se extiendan, partimos oficialmente el 4 julio, entonces este proceso de la construcción debería de durar hasta el 4 de julio de 2022.
-LLH: Tú hablas de crear una Constitución de derechos, social, paritaria, y cuando haces referencia a esto no podemos evitar pensar en las movilizaciones feministas, de temas que tienen que ver con la igualdad entre mujeres y hombres ¿Cómo miras incorporar en la nueva Constitución estos derechos? ¿Cómo se está incorporando en la constituyente de Chile?
-BS: Hay una configuración en la correlación de fuerzas dentro de la Constituyente que es bien similar al resultado del plebiscito que le dio luz verde a que estemos aquí en este proceso, porque lo interesante del proceso de la Constitución es que viene de un estallido social, y yo cuando hablo de este estallido no lo analizo como que fue un punto de partida, sino que fue un punto de término. En Chile veníamos arrastrando movilizaciones desde hace mucho tiempo , muy encausadas donde salíamos personas a marchar por diferentes motivos, por la salud, una educación gratuita, de calidad, pública, nosotras las mujeres veníamos marchando cada vez de manera más masiva para manifestarnos para que no hubiese espacios de violencia, por los temas de nuestros derechos sexuales y reproductivos, por educación no sexista.
Entonces el estallido vino a mostrar ese momento en que el elástico simplemente se corta, después de años de movilizaciones donde todo el aparato político no tiene respuesta porque hay una Constitución que lo cierra como candado, que no da el ancho, la gente fuerza la institucionalidad, logra por primera vez que haya un camino institucional de salida, una de las ventanas que se abre es este proceso constituyente.
Las movilizaciones feministas fueron muy importantes también dentro de las movilizaciones largas del estallido.
Y eso hace que de las 77 mujeres que fueron electas, hay 45 que estamos en una articulación feminista, no de mujeres, feminista, como nunca antes habíamos visto en este país, entonces cuando hablamos que queremos hacer una constituyente con enfoque de género, bueno esto tiene un cause, esto tiene un tronco que se puede avanzar, yo en eso estoy muy esperanzada que hay muchas formas de mirarlo que el derecho del cuidado va a ser un derecho consagrado en la Constitución, vamos a poder hablar de economía feminista, una mirada feminista desde el trabajo, una mirada feminista de esta construcción de sociedad donde se pone la vida en el centro, y por supuesto, que va a haber un debate de nuestros derechos sexuales y reproductivos.
-LLH: Esto va a marcar las discusiones en América Latina, de hacia dónde tendríamos que estar reconociendo los Derechos Humanos de las mujeres….
-BS: Yo coincido con eso, porque además los fenómenos como el estallido que vivimos nosotros, donde se está poniendo en jaque este modelo neoliberal, creo que no lo podemos analizar de manera aislada respecto de lo que está pasando en América Latina o el resto del mundo también. Tampoco podemos analizar los fenómenos de las olas feministas de manera particular sin analizar lo que pasa en América Latina y del mundo, que pueden tener detonantes un poco distintas. En Argentina fue la ley por el aborto legal, gratuito seguro, en Estados Unidos fue el #MeToo a propósito de los casos de acoso sexual en el trabajo y en Chile tiene que ver con esto de que somos ciudadanos de segunda clase y que debemos de tener derechos igualitarios.
Entonces todos estos fenómenos no se pueden explicar como algo que pasa en un sólo país, básicamente los que se necesita son países más democráticos donde haya mayor participación de la ciudadanía en la toma de decisiones.
-LLH: Tú hacías este recuento de movilizaciones sociales en Chile, que hemos visto que se repiten en Colombia que vemos hoy en día en Cuba ¿Cómo lees lo que está ocurriendo en estos dos países? ¿Y la nueva ola feminista en México de las juventudes?
-BS: Yo conversaba con varias compañeras colombianas y también en varios países de Centroamérica que están pasando en situaciones similares, es casi escuchar los mismos discursos de las organizaciones civiles, barriales y vecinales, es escuchar calcadamente lo que pasa en Chile, creo que Colombia y Chile tienen muchas similitudes a propósito del sistema neoliberal extremo y claro es una forma de vida que está “haciendo agua”, que finalmente fracasa, pero esto está profundamente ligado a la política, es una ideología que lo sostiene, no es que simplemente lo lidere el mercado, esto tiene un tinte profundamente político y tiene una movilización o una salida que finalmente es política.
¿Por qué el feminismo tiene tanto que ver? Porque el neoliberal descansa sobre los hombros nuestros, sobre los hombros de las mujeres, el neoliberal necesita que las mujeres hagan el trabajo gratis en sus casas, se basa en que haya una mujer que haga este trabajo doméstico de manera gratuita para alimentar el sistema.
El feminismo es profundamente antineoliberal, el feminismo lo que hace es poner el jaque el sistema neoliberal, cuando hablamos de colectivo es donde el sistema cruje, porque el neoliberalismo busca que todo sea individual es que tu te salves solo, y lo que busca el feminismo en todo lo contrario, es una sociedad que colectiviza sus problemas, es hacerlo en colectivo es para que todos nos vaya bien.
Algo muy personal, creo que parte de lo bien que nos ha ido como Frente Amplio, es porque los bloques feministas dentro del Frente Amplio, que es un conglomerado de partidos, han sido muy poderosos y eso le ha dado un tinte distinto a la política.
Cimacnoticias/ COMCOSUR MUJER Nº 695 – 26/07/2021
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3) PERÚ: LA VIOLENCIA DEL ORO ILEGAL CONTRA LAS MUJERES AWAJÚN EN PERÚ
Hace más de una década la minería ilegal alcanzó los territorios indígenas de El Cenepa, en la frontera con Ecuador. Además de destruir el ambiente, esta actividad incrementa la violencia de género contra las mujeres awajún. Hasta mayo del 2021 el Centro de Emergencia Mujer de Condorcanqui reportó 80 casos de violencia contra las mujeres en este territorio habitado por los awajún. Las lideresas indígenas denuncian que las violaciones sexuales se han incrementado de manera silenciosa en los últimos años. La mayoría de las víctimas no denuncia a sus agresores por desconfianza en las instituciones del Estado y por quedar expuestas al desprestigio dentro de sus comunidades.
Hace cinco años, un grupo de extraños llegó a la parte baja del río Cenepa, en la provincia de Condorcanqui, un territorio ubicado en la región Amazonas, cerca de la frontera con Ecuador. Entonces, Josefina Ayúi* era una adolescente de 16 años, ilusionada por salir de su comunidad y conocer nuevos lugares. Ella recuerda que en esa época, con el precio del oro incrementándose en todo el mundo, también aumentó el número de foráneos que migraron a estas tierras buscando extraer oro del lecho del río Cenepa, pero le restó importancia: creyó que no la afectaría.
Sin embargo, una semana después, su padre le anunció que se casaría con uno de esos mineros ilegales, un hombre mayor a quien ella desconocía. Aunque al inicio cuestionó la decisión de su progenitor, al final se vio obligada a aceptar, pues no contaba con los recursos económicos para huir de casa. No hubo boda ni celebración. Obligada, Josefina se fue a convivir con el extraño que se dedicaba a la minería en el río Cenepa. Meses más tarde, explica, se enteró de que su unión fue acordada por los líderes de la comunidad -entre ellos su progenitor, quien era miembro de la junta directiva- para que los foráneos desarrollen actividades de minería ilegal en el territorio indígena.
Unirse con mujeres awajún, mediante un arreglo económico con los padres de las menores o con falsas promesas de amor, es una de las modalidades que usan los mineros ilegales para acceder a los territorios indígenas, asegura el antropólogo Rodrigo Lazo. Así -explica- comienza un laberinto de abusos y violencia contra la mujer en territorios indígenas, incentivado por una actividad que además destruye el medio ambiente; y cuya presencia en la zona se remonta, por lo menos, a 2009, según un estudio de la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (Odecofroc).
El Centro de Emergencia Mujer de Condorcanqui informó a OjoPúblico que, desde inicios de este año hasta el 11 de mayo, registraron 80 agresiones de tipo sexual, física, psicológica y de patrimonio (chantaje con dinero, apropiación de documentos o despojo de bienes muebles o inmuebles) en la provincia.
«Hay un subregistro de casos de violencia contra la mujer, especialmente en las comunidades indígenas.»
Del total de casos, nueve son por abuso sexual, cinco de los cuales fueron reportados en el distrito El Cenepa. Sin embargo, una de las deficiencias en la información es la falta de la variable étnica para identificar cuántas mujeres indígenas denuncian a sus agresores.
“Hay un subregistro de casos de violencia contra la mujer, especialmente en las comunidades indígenas, porque no presentan las denuncias; prefieren tratarlos internamente. Lamentablemente, cuando se comete una agresión a la mujer son los familiares [varones] quienes realizan arreglos económicos con el agresor [foráneo o indígena]”, dijo Darío Izaguirre, psicólogo del Centro de Emergencia Mujer de Condorcanqui.
“Los mineros ilegales se aprovechan de las condiciones precarias de las familias indígenas”, dice Lazo. Según la Encuesta Nacional de Hogares de 2019, El Cenepa registra 62,9% de pobreza, la cifra más alta en los distritos de esta región. Asimismo, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento lo señala como uno de los distritos de la región Amazonas con menor cobertura de agua potable: 26,7%.
Con la llegada de los mineros ilegales a territorios indígenas, también se instalan prostíbulos, donde se contrata a mujeres indígenas, inicialmente como cocineras. “Pero, luego, son obligadas a acostarse con ellos [clientes, mineros ilegales] a cambio de dinero”, dice Lazo.
El antropólogo indica que, cuando los mineros se retiran del territorio indígena por la disminución del oro, dejan a mujeres y niños abandonados. “Esta forma de violencia genera también deserción escolar, precariedad de vida [pobreza], problemas de nutrición y frustración de los planes de las jóvenes”, dice Lazo.
En Amazonas, la mitad de los 51.626 indígenas awajún son mujeres, quienes se dedican -casi en su mayoría- a labores del hogar y cuidado de los hijos. Este pueblo habita en 316 comunidades en la región, según el III Censo de Comunidades Indígenas de la Amazonía Peruana de 2017.
«Los prostíbulos se instalaron en el territorio indígena de El Cenepa con la llegada de los mineros ilegales.»
Una ola imparable de violencia
Agoustina Mayán Apikai, secretaria de la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (Odecofroc), ha recibido amenazas, insultos y ha sido acusada de bruja. La lideresa indígena awajún del distrito del Cenepa ha enfrentado ofensas y hasta atentados contra su familia, por su férrea oposición a la minería ilegal, una actividad que trastoca la convivencia en las comunidades indígenas, además de contaminar los ríos y generar deforestación en los bosques.
La lideresa Mayán, reconocida por el Ministerio de Defensa como defensora ambiental, cuenta con garantías personales de la Prefectura de Amazonas desde mayo de este año, pero en la práctica sigue desprotegida por falta de resguardo policial. “En El Cenepa no hay policías, la comisaría más cercana está en Bagua, a cinco horas en bote. Si algo sucediera, la policía se enteraría al día siguiente. Los líderes se enfrentan solos contra las actividades ilegales”, cuenta a OjoPúblico Siu Lang Castillo, responsable del programa de pueblos indígenas de la ONG CooperAcción.
Aunque el caso de la lideresa Mayán es el más conocido, existen otros que no se denuncian por temor. La abogada del Instituto de Defensa Legal, Rocío Meza, explica que las mujeres indígenas necesitan una protección especial ante el contexto de violencia causado por la minería ilegal. “No solo se vulnera su derecho a la vida a través de atentados, sino que también se genera un escenario de desprestigio para callar las voces de las lideresas”, precisa.
Meza explica que desprestigiarlas en público es una forma de violencia que incluye calificativos como “acompañantes de los varones”, acusaciones de brujería o rebajar su condición a amas de casa que deberían limitarse solo a “labores domésticas”. “Estas actitudes machistas las ponen en desventaja ante el liderazgo del varón”, dice la especialista.
Conscientes del avance de la minería ilegal, las autoridades nacionales han realizado intervenciones militares con apoyo de la policía contra la minería ilegal en el distrito del Cenepa desde 2019. Recientemente, se amplió la presencia de las Fuerzas Armadas en este distrito, hasta el 31 de julio. Sin embargo, uno de los sitios a los que se ha trasladado la minería ilegal es la parte baja de la ribera del río Cenepa, cerca de las comunidades indígenas, de acuerdo a los reportes de líderes awajún de la Organización de Defensa de las Comunidades Fronterizas del Cenepa – (Odecofroc). Allí las Fuerzas Armadas aún no han ingresado.
“Se necesita que las autoridades trabajen con un enfoque intercultural para atender a las mujeres indígenas agredidas. Hay mucha violencia hacia nosotras. Llegan extraños a trabajar en las minas, violan y agreden a las mujeres y se van sin ningún castigo”, cuestionó la lideresa awajún, Georgina Rivera Paz.
La especialista Siu Lang Castillo explica, por su parte, que ni siquiera la pandemia ha logrado frenar el avance de la minería ilegal en los territorios indígenas del distrito El Cenepa. “Si antes los mineros le decían a los líderes [indígenas] que ‘Es mejor trabajar con ellos que con el Estado, que te quita todo para dárselo a un privado’, ahora usan el discurso de ‘Tu familia necesita dinero para salvarse del coronavirus’. Así los convencen”, explica.
«Ni siquiera la pandemia ha logrado frenar el avance de la minería ilegal en los territorios indígenas.»
Organizaciones civiles como CooperAcción han identificado que la actividad ilegal se realiza, en las comunidades Mamayaque, Kayamás, Nueva Vida, Tutino, Omar Siete, San Antonio, Aintam, Huampami, Canga y Kusu Pagata. Además, según la abogada Lang Castillo, desde el inicio de la emergencia sanitaria, la minería ilegal se ha extendido a otras seis localidades awajún del Cenepa, donde los líderes habrían negociado el ingreso de los ilegales. Uno de estos casos es Nuevo Kanam, aunque la comunidad denunció verbalmente el hecho ante los líderes de Odecofroc al enterarse.
El doloroso silencio de la mujer awajún
Belén Majík* tiene 12 años y salió el último 16 de marzo de su casa, en la comunidad indígena San Rafael, distrito de El Cenepa, hacia la localidad de Chiriapo, en el distrito de Nieva. Viajó una hora en chalupa -una embarcación de 12 pasajeros- y otra más por carretera, para recargar el celular que comparte con sus dos hermanos para llevar sus clases virtuales.
De regreso a casa, la adolescente awajún fue interceptada por unos extraños que la drogaron, abusaron sexualmente de ella y la dejaron malherida en un cementerio del distrito de Nieva. Al día siguiente, la policía halló a la menor inconsciente, desnuda y con golpes en el cuerpo. Fue trasladada al centro de salud y las autoridades interpusieron la denuncia ante el Ministerio Público.
“Llegan extraños, drogan a las niñas y las violan […] Esas personas vienen a trabajar para los [mineros] ilegales, están cerca de las comunidades trabajando con las dragas, pero a la vez vigilando a sus víctimas”, contó la lideresa del Consejo Indígena Amazónico del Perú, Georgina Rivera Paz, quien trabaja con 37 comunidades awajún de Amazonas.
Rivera Paz estima que, de cada diez mujeres indígenas, cinco son abusadas sexualmente en Amazonas, por foráneos o por los propios indígenas. Sin embargo, asegura que los casos no son reportados porque hay desconfianza en el sistema judicial y los indígenas prefieren administrar justicia según sus propias reglas y principios.
La desconfianza, sostuvo, es por la demora en los procedimientos legales, la presunta corrupción del Poder Judicial y del Ministerio Público, así como la falta de traductores de lengua awajún. “Hay mujeres indígenas que se acercan a denunciar, pero no pueden ser comprendidas porque no hablan español”, indicó.
La justicia indígena es un derecho reconocido de los pueblos, señala el antropólogo Wilson Atamain, quien precisa que “el Gobierno debe fortalecer este sistema aplicando estrategias que respeten las tradiciones de los pueblos, sin vulnerar su autonomía”. Sin embargo, Atamaín señala que, en algunos casos [de violencia contra la mujer indígena], no se respetan los derechos de las mujeres, porque se acuerdan “reparaciones civiles por montos irrisorios que no buscan justicia para la víctima ni la corrección del agresor”.
El especialista Izaguirre, del Centro de Emergencia Mujer de Condorcanqui, indicó que los casos de violación sexual son más frecuentes en las adolescentes de 12 a 16 años, por ser menores y vírgenes. “Las víctimas no reciben tratamiento psicológico porque los casos no son reportados. Además, hay ausencia del enfoque intercultural en el sistema de justicia estatal, pues no se cuenta con intérpretes para recibir las denuncias y desarrollar los juicios en lengua awajún”, señaló.
«El sistema de justicia estatal carece de enfoque intercultural para el tratamiento de víctimas indígenas.»
Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar del INEI publicada en 2019, la violencia hacia la mujer alcanzó en Amazonas el 55,7% del total de su población femenina (188.109 mujeres). En tanto, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables atendió el año pasado, durante la pandemia, a través de los Centros de Emergencia Mujer, 1.291 casos de violencia contra la mujer en esta región amazónica.
Epidemia del VIH
Según el reporte del Ministerio de Salud (Minsa), en el distrito de El Cenepa, provincia de Condorcanqui, los casos de infección por VIH casi se triplicaron entre 2011 -un año después de que la minería ilegal se instalará en dicho distrito- y 2019. Es decir, se pasó de reportar 13 casos por año a 36 personas infectadas de manera anual.
Si bien el año pasado se registraron apenas tres casos en la Sala situacional de VIH/SIDA del Centro de Control de Prevención de Enfermedades del Minsa, la encargada del programa de Salud Sexual Reproductiva de la Red de Salud de Condorcanqui, Sharon Saldaña, señala que el descenso en la detección de casos está vinculado con la emergencia sanitaria por la Covid-19.
“Los casos no fueron reportados adecuadamente debido a la pandemia, lo que no significa que [los contagios] hayan disminuido. Además, este año estamos haciendo intervenciones para que la población que ya había sido identificada con la infección vuelva a sus controles con retrovirales”, dijo Saldaña. La obstetra también indicó que, si bien el año pasado hubo una falencia en la detección de portadores del virus, desde hace más de 10 años hay un subregistro de casos, porque la población -especialmente la indígena- no suele realizarse chequeos médicos.
Los casos de VIH en el distrito de El Cenepa se reportan más en varones que en mujeres, según la Sala Situacional del VIH-Sida del Minsa: en la última década 189 varones y 72 mujeres se contagiaron con el virus de la inmunodeficiencia humana en el distrito. La lideresa Georgina Rivera Paz explicó que los varones awajún tienen más acceso a los servicios de salud. “Si para un indígena ya es complicado acceder a los servicios de salud, para las mujeres hablar de VIH es decir brujería, ellas no tratan esos temas”, contó.
De acuerdo a los especialistas, el aumento de casos de VIH también responde al avance de la minería ilegal en la zona, una actividad ilícita que ha cambiado el estilo de vida de las comunidades indígenas del Cenepa. “Ahora los jóvenes [indígenas] consumen drogas, aumentan los casos de VIH, los abusos hacia las mujeres, los embarazos no deseados; y nadie hace nada”, explica con pena Gerson Danducho, coordinador del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAP) en Amazonas.
Geraldine Santos / Ojo Público / COMCOSUR MUJER Nº 695 – 26/07/2021
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4) URUGUAY: MES DE LA AFRODESCENDENCIA
Entrevista a Elizabeth Suárez Directora de la Secretaría de Equidad Étnico Racial y Poblaciones Migrantes de la Intendencia de Montevideo.
En julio se conmemora el Mes de la Afrodescendencia, por lo que la Intendencia de Montevideo organiza y apoya diversas actividades que tienen como principal objetivo reconocer el acervo y legado de las personas afrodescendientes.
Conversamos con Elizabeth Suárez Directora de la Secretaría de Equidad Étnico Racial y Poblaciones Migrantes de la Intendencia de Montevideo, activista desde hace treinta años, fundadora del colectivo Mizangas, ha pasado por diversas organizaciones, entre ellas; Mundo Afro, Casa de la Cultura Afrouruguaya, también mamá de Iara; “una de las cosas más lindas que me han tocado en la vida”.
Elizabeth Suarez:
“Hoy la Dirección de la Secretaría de equidad racial se encuentra conmemorando la sexta edición del mes de la afrodescendencia, con el compromiso de visibilizar todo lo vinculado al colectivo afrodescendiente. Este mes hace un punto de inflexión todos los años, porque es una oportunidad para reflexionar, debatir, hacer una rendición de cuentas de cuáles son los programas que se llevan adelante. No solamente desde la secretaría, sino también desde las diversas instituciones públicas, una visibilización a todas las acciones que se vienen haciendo durante todo el año desde las diversas organizaciones de la sociedad civil afro”.
MediaRed:
-Esta es la 6ta edición del mes de la afrodescendencia. ¿Cuáles son las propuestas de la IM?
Elizabeth Suarez:
“Este año, nuestro mes se ha visto de alguna manera impregnado de situaciones de cuestiones virtuales, justamente porque ya el año pasado nos había sucedido en el marco de la pandemia y muchas de las actividades fueron virtuales. En ese sentido, desde la secretaría hemos elegido varios ejes sobre los que trabajar sobre la resistencia afro y sobre la participación comunitaria, estos dos ejes hacen a las cuestiones que nosotros queremos visibilizar, un poco también para darle mayor visibilidad a lo que es la “Red de afrodescendencia resiliente” que ya cumple un año, que es una red de agentes comunitarios, funcionarios municipales y de los consejos vecinales que se integran en torno a lo que es nuestra estrategia de territorialización de la dimensión étnico racial. Para poder darle mayor visibilidad posible a lo que son los actores y actrices locales, en diferentes territorios y sobre todo mostrar la resiliencia de cara a esta pandemia”.
MediaRed:
-El miércoles 7 de julio en el conversatorio virtual “Salud con enfoque étnico racial” se presentaron varias personas que irrumpieron e insultaron de diversas formas a quienes participaban con insultos que hacían alusión a su ascendencia afro y al género. ¿Llegaron a pensar acciones más allá del comunicado?
Elizabeth Suarez:
“Obviamente corresponde tomar las acciones legales pertinentes. En este caso nos estamos asesorando con la unidad de informática de la intendencia de Montevideo, tratando de relevar la mayor información posible. Estamos en contacto con la unidad de delitos informáticos del Ministerio del interior. Concretamente estamos judicializando esta denuncia a la brevedad, porque estamos esperando detalles de las IP y algunos detalles concretos para hacer la denuncia con mayor contundencia, encaminando la denuncia Delitos informáticos del ministerio del interior que es la única herramienta que tenemos para procesar. Por otro lado hemos sacado un comunicado de repudio, porque entendemos que fue una situación agraviante, pero además muy dolorosa para las personas de los colectivos que ponen la cara, el cuerpo, el pienso y son agredidos de esta forma tan canalla y tan cobarde, nos sentimos muy tocados. Sabemos que no es algo exclusivo que nos pasó a nosotros porque lamentablemente conocemos que esta situaciones se han venido repitiendo cada vez con mayor asiduidad, pero desde la secretaría hacemos lo que nos corresponde que es obviamente repudiar el hecho y hacer la denuncia en los ámbitos que corresponde”.
MediaRed:
-Varios Municipios están activos y con propuestas, como coordinan con la secretaria que diriges?
Elizabeth Suarez:
“Trabajamos de forma articulada con los municipios. El caso del municipio b nos gratifica muchísimo, porque tienen una agenda antirracista, es el primer municipio que tiene una postura bien radical en ese sentido. Sabemos que la Alcaldesa y las compañeras que están trabajando directamente en el municipio hacen esta diferencia, en el plan municipal del municipio b concretamente hay todo un eje de acciones de combate al racismo. Tenemos a la compañera Beatriz Ramirez dentro del Municipio B que es nuestra referente y hace parte de esta Red de afrodescendencia resiliente” que mencionaba anteriormente. Pero también hay planificadas acciones en los municipios F y E, que también en pandemia se ha dificultado a la hora de concretar algunas actividades, una serie de conversatorios sobre salud, género, o recordatorio de determinadas figuras como la de Andrade, es esta nueva modalidad que de alguna forma nos tiene atrapados en la virtualidad”.
Comunicado: montevideo.gub.uy/sites/default/files/biblioteca/imcomunicado-sobreactosdediscriminacionracialenactividaddelmesdelaafrodescendencia.pdf
Agenda: montevideo.gub.uy/noticias/sociedad/actividades-por-el-mes-de-la-afrodescendencia
Mapeo Red de afrodescendencia resiliente: montevideo.gub.uy/mapas/afrodescendencia-resiliente
Mediactivismo.uy / COMCOSUR MUJER Nº 695 – 26/07/2021
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5) URUGUAY: LA VIOLENCIA DOMÉSTICA NO DISMINUYÓ
La violencia doméstica no disminuyó y la baja en la cantidad de denuncias evidencia una “desconfianza” en las respuestas oficiales, dijo Andrea Tuana
Según la directora de la ONG El Paso, Andrea Tuana, el gobierno “no le está dando prioridad” a la violencia basada en género y “el problema se está acrecentando y sin embargo, las víctimas no llegan a las sedes policiales”, expresó
El Ministerio del Interior informó el 13 de julio que las denuncias por violencia doméstica disminuyeron en un 12,5% en el primer semestre de 2021. Sin embargo, la directora del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Monica Botero, se mostró sorprendida por estos datos ya que los llamados al instituto han aumentado. Por esto, Andrea Tuana, directora de la ONG El Paso, activista en Derechos Humanos, trabajadora social y magíster en Políticas Públicas de Igualdad, estuvo en El Menú del Día de M24, para hablar sobre la situación de la violencia basada en género en la actualidad.
Teniendo en cuenta lo dicho por la directora de Inmujeres y que en lo que va del 2021 ya se han registrado 12 femicidios (4 más que en todo el 2020), Tuana opinó que “el problema se está acrecentando y sin embargo, las víctimas no llegan a las sedes policiales”. En este aspecto, ella cree que existe un problema que pudo haber tenido una incidencia negativa de la pandemia, por el “temor a salir, a ir a denunciar”, expresó. Pero, para ella, es probable que también exista una “desconfianza de la población” sobre las respuestas oficiales a estos problemas.
El gobierno “no le está dando prioridad” a la violencia basada en género, advirtió. “No vemos ningún plan específico que se esté haciendo para responder esta contingencia” y las autoridades no ponen el tema en agenda, manifestó.
Tuana observó que “no es que bajaron las denuncias porque bajó el problema”, y explicó que desde diversas organizaciones sociales como la suya, se ha advertido “un deterioro en la respuesta en las seccionales policiales y en las unidades especializadas, desde hace unos 5 años”, expresó. Para ella, el mejor camino a seguir sería el de mejorar las respuestas del personal porque hay trabajadores “que no tienen la formación y la empatía como para poder atender este tipo de situaciones o que no siempre hacen una valoración correcta de lo que la persona va a plantear”, explicó. Además, desde su perspectiva, sería necesaria una mejora en la comunicación hacia la población de cómo acercarse a los servicios de ayuda.
Explicó además que las dificultades en la respuesta ante las denuncias de violencia basada en género, son “algo cíclico”, que cada un tiempo se vuelven a ver. “Cuando la respuesta se especializa, se profesionaliza, hay policías formados que van a cursos que se actualizan permanentemente, uno ve cómo las víctimas acuden sostenidamente”, dijo.
Pero los problemas no solo recaen en el personal, según Tuana, es necesario que las unidades especializadas en género estén dotadas de todos los recursos que necesitan, y no siempre sucede así.
Según Tuana, “no hay voluntad política” para que se vote el presupuesto de toda la Ley 19.580, de violencia hacia las mujeres basada en género. Si bien en la Ley de Presupuesto aprobada en 2020 se había contemplado que al 1° de julio de este año estuvieran funcionando los tres primeros juzgados especializados en este tema en Maldonado, Rivera y Paysandú, esto no se ha realizado. Para Tuana, esto es una señal más de la no prioridad de este período actual de gobierno sobre este tema.
A pesar de que ella considera importante esos tres juzgados que aún no están en marcha, opinó que lo que realmente se necesita es votar el presupuesto para toda la ley. Además, ella cree que los juzgados de ese tipo serían necesarios en todo el país, no solo en esos tres departamentos. Para esto, observó, no hay intenciones “de redistribuir fondos de otros lados”, dijo. Si se implementara la ley, “el cambio realmente sería sustantivo”, expresó.
Además, aunque ella cree que Inmujeres es el organismo del gobierno que “tiene mayor compromiso con este tema y está haciendo esfuerzos”, el instituto no ha respondido para que los servicios de atención especializada con los que tienen convenios tengan recursos. Informó que hace tres meses que no se les transfiere los fondos a este tipo de servicios. Es “un gobierno que está precarizando la respuesta en violencia”, opinó.
Tenencia compartida:
En 2020, se presentaron dos proyectos de ley que referían al régimen de crianza de los niños cuando los padres se separan. Por un lado, el proyecto de senadores de Cabildo Abierto (CA): “Tenencia compartida responsable” y por el otro, el de senadores del Partido Nacional (PN): “Corresponsabilidad en la crianza”. Ambos proyectos fueron muy criticados por varias organizaciones sociales, como la Ong El paso a la que Tuana pertenece. En julio de este año, ambos proyectos fueron unificados y sufrieron algunas modificaciones.
Uno de esos cambios que se le realizó recayó en cómo se llevaría a cabo el régimen de tenencia cuando medie una denuncia por violencia a alguno de los padres. El nuevo proyecto estipula que esa decisión quede en manos de la Justicia. Esta modificación, para Tuana, no da mayores garantías para los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
“Baja el estándar de protección que se le da a los niños que sufren violencia y los puede someter a situaciones graves”, manifestó. El cambio en el proyecto ya no habilita una tenencia compartida a mitad del tiempo aún habiendo una denuncia, pero sí habilita las vistas entre el niño y el progenitor denunciado o su familia. Para Tuana, eso “es inadmisible, si hay una denuncia de violencia, vos no podes someter al niño a que tenga contacto con el denunciado, bajo ningún concepto”, expresó.
Manifestó que “lo que está haciendo este proyecto de ley es impensable” y agregó que imagina que hay una falta de conocimiento por parte de sus redactores sobre lo que pasan los niños que sufren violencia.
M24 / COMCOSUR MUJER Nº 695 – 26/07/2021
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6) URUGUAY: “OPERACIÓN OCÉANO”
Presentación de amparo ante la obra de teatro “Muñecas de piel”
Comunicado
Como abogadas de la madre y el padre de una de las tantas víctimas de la Operación Océano, manifestamos nuestra preocupación acerca de la vulneración de derechos que podría surgir a partir de la obra de teatro “Muñecas de piel”.
La adolescente en cuestión falleció. Y sobre su historia versa esta obra. Las circunstancias de su muerte aún se investigan y forma parte de este caso de explotación sexual adolescente de alta connotación pública que continúa abierto.
Si bien desde los integrantes de la obra alegan que se trata de una ficción, los elementos promocionales en redes sociales indican otra cosa. El afiche y el resto de los componentes de la difusión indican que se trata de la víctima que representamos. Tal como se ve en publicaciones en redes sociales, la actriz está bajo el agua, en situación de ahogamiento. Incluso en una versión inicial del afiche, llegó a tener el nombre de la víctima bajo el agua. Los elementos que permiten asociar las circunstancias de su muerte y la vinculación con el caso son clarísimos. También lo es la vulneración.
No se trata de censura ni de promover acciones para que la obra no se realice. Celebramos el arte que refleja las problemáticas de nuestra sociedad, siempre con el cuidado y el respeto. Y sobre todo sin que se vulneren derechos ni se utilice información de las víctimas sin consentimiento directo de su familia. Estamos en absoluto desacuerdo con que se incluyan aspectos directamente relacionados con la víctima y las circunstancias de su muerte, hechos que aún están en plena investigación.
Luego de infructuosas y largas tratativas extrajudiciales, dimos paso al ámbito judicial. Por eso presentamos una acción de amparo, que tiene como único fin que se protejan los derechos de la adolescente fallecida, a quien representamos en la figura de sus padres.
Solicitamos no difundir aspectos que vulneren derechos de la víctima y de la causa en proceso.
Negamos absolutamente la intención de la familia y la nuestra de censurar la obra. No se reclaman medios económicos ni se busca impedir una manifestación artística.
El único propósito de la familia es evitar que se utilicen datos personales de la víctima fallecida (su nombre, todo lo que respecta a su vida y las circunstancias de su muerte) con fines comerciales o artísticos.
Preservar la imagen y la intimidad es un derecho consolidado en la normativa nacional e internacional que protege a las infancias y las adolescencias.
De más está decir que el dolor de la familia y el proceso judicial que aún está en curso deberían contar con el respeto necesario y la responsabilidad social para evitar la revictimización.
Mientras se siga colocando la mirada sobre las víctimas, se seguirá perpetuando la vulneración.
Representantes legales:
Dra. Jacqueline Rodríguez
Dra. Florencia Ansorena
Dra. Natalia Fernández
Dra. Lucia Fernández Ramirez
COMCOSUR MUJER Nº 695 – 26/07/2021
7) URUGUAY: MARIANELLA MORENA SE PRESENTA ANTE LA JUSTICIA POR “MUÑECAS DE PIEL”
La obra se basa en la Operación Océano y las abogadas de la familia de una de las víctimas presentaron una acción de amparo.
La Diaria /26 de julio de 2021
El jueves se estrena en el Auditorio del Sodre la obra Muñecas de piel, escrita y dirigida por Marianella Morena. Inspirada en la Operación Océano, el proceso judicial aún en curso que investiga casos de explotación sexual de menores, la pieza reúne testimonios y documentos reales en un marco performativo musical y teatral.
Sin embargo, este lunes la directora deberá concurrir a la Justicia a raíz de una acción de amparo presentada ante el juzgado de Familia de 24 Turno por un grupo de abogadas que representa a la familia de una de las víctimas, fallecida. Según ellas, hay elementos de la obra que permitirían realizar asociaciones entre personaje y persona, lo que sería una vulneración de sus derechos.
“Yo tomé la decisión de contar que la obra está inspirada en Operación Océano”, dijo Morena a la diaria. “Fue ex profeso, porque me interesaba señalizar un tema que genera mucha polémica y que divide mucho las aguas, en Uruguay y en el mundo. Es un tema transversal a la sociedad contemporánea”.
La directora se refirió a las “supuestas ilegalidades” planteadas por las abogadas con respecto a la víctima. “Vos googleás y aparece el nombre, el apellido y la imagen de ella. Yo usaba su nombre de pila, era lo único que hacía alusión a ella, porque me gustaba, porque etimológicamente el nombre quiere decir ‘la que nunca muere’, y desde mi punto de vista era un homenaje, porque las personas mueren y los personajes viven”.
“Datos personales no tengo, porque no accedí a ningún dato personal de la víctima. Los datos que yo tengo son de dominio público y los encontrás en internet. Vos ponés ‘Operación Océano’ y aparece todo. La prensa lo publica una vez por mes. Yo tengo datos de dominio público; no uso la imagen de ella ni a una actriz idéntica”.
Morena recordó que meses atrás se comunicaron con ella por un afiche donde el nombre de la víctima “aparecía muy chiquito, había que mirarlo con lupa”, y aceptó retirarlo. También dijo que por error volvió a difundirse el afiche viejo en los últimos días. “Ellas lo vieron, se enojaron, se ofendieron, no preguntaron, no corroboraron y fueron con todo”.
“Están pidiendo el libreto; eso es censura previa. No hay casos desde la apertura democrática de que te pidan un libreto o quieran ir a un ensayo. Yo puedo tener empatía como artista, como madre, como ciudadana, del dolor de los padres, pero estás generando un precedente muy grave, donde anteponés tu sufrimiento personal por encima de todo. Es la puerta de entrada a la censura y las purgas. Yo mañana puedo decir que quiero que se prohíban los buzos rojos, porque mi hijo murió con un buzo rojo y cada vez que vea un buzo rojo me va a recordar la muerte de mi hijo. Por lo tanto, quiero que se prohíban”.
También dijo que no quiso tomar contacto con la familia, “justamente, porque es una obra de teatro, porque ellos iban a tener una mirada específica. Y además para que no hubiera nada que incidiera en mí directamente, no dejar ninguna puerta abierta para que dijeran ‘esto no quiero que lo pongas’, porque la obra es mía”.
“La única persona que perjudica la vida de su hija es mi obra, los dos libros que salieron no, las notas de prensa constante no, Google no. Eso también es una cosa muy extraña”, agregó. “Más allá de eso, lo peligroso es que se instale la idea de la censura previa. El arte es un territorio liberado y, como tal, debe ser protegido. Porque protege a la humanidad”.
El recurso de amparo
Lucía Fernández Ramírez es una de las cuatro abogadas que firmaron un comunicado sobre la presentación de la acción de amparo. En conversación con la diaria, explicó por qué recurrieron a esta medida en particular. “El amparo te da inmediatez. Es una herramienta judicial que te permite urgencia, que no te hace atravesar un proceso, con todas las demoras que eso implica”.
“Quiero decir enfáticamente, porque se ha tergiversado mucho el tema en la opinión pública, que no estamos en contra de que la obra se realice. Más bien todo lo contrario. Se nos ha tildado de censura y estamos muy alejadas de eso. Nosotras celebramos todas las manifestaciones artísticas”, agregó. El tema es, como dice el comunicado, que esto debería realizarse “sin que se vulneren derechos ni se utilice información de las víctimas sin consentimiento directo de su familia”.
Consultada sobre la decisión de la acción previa en lugar de esperar al estreno de la obra, dijo que “hay un tema de ponderación de derechos. Por un lado está la libertad de expresión, la libertad artística y cultural, y por el otro lado están los derechos de niños, niñas y adolescentes. Ahí será un tema de la Justicia cómo lo pondera en este caso concreto”.
“Por otro lado, al esperar a ver la obra y después reclamar daños, el daño está provocado”. Si la obra se estrenara y hubiera daños, “lo único que queda por hacer es un reclamo por daños y perjuicios, que se resume a dinero. La familia no busca dinero”.
A su vez, según la abogada, en materia de infancias y adolescencias rige “lo que se ha denominado principio de precaución o precautorio”. “Si se puede prevenir determinado daño, hay que hacerlo antes de que las cosas puedan suceder. Se habla de censura porque vivimos en un Estado democrático de derecho y la gente tiene libertad de expresión. Por supuesto que sí. Pero también ese Estado de derecho habilita que haya determinadas normas vigentes y determinados mecanismos judiciales que cualquier persona tiene derecho a utilizar”.
Por último, sobre la falta de denuncias contra los libros publicados o los medios de prensa, aclaró: “Se sacarían conclusiones incompletas si se pensara que sólo se está atacando la obra, porque no es el caso. Que no es un ataque ni mucho menos. Se desconoce la estrategia de la defensa”.
“Todo lo que se haga que coloque el foco en las víctimas y que tienda a revictimizarlas está perpetuando la vulneración”.
La Diaria/ COMCOSUR MUJER Nº 695 – 26/07/2021
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“Siempre he partido de una idea elemental: la de que la verdad no necesita ser justificada por la adecuación a un objetivo superior. La verdad es la verdad y nada más. Debe ser servida, no servir.”
Eugenia Ginzburg / “El vértigo”.
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