1) América Latina: Maternidad forzada en Chile y esterilizaciones masivas en Perú: las paradojas permanentes en que atentan contra derechos de las mujeres
2) Canarias: El Parlamento de Canarias aprueba la nueva Ley Trans
3) Colombia: Más del 80 por ciento de la violencia sexual en Colombia es contra niñas
4) España: Florencia Mazzadi: «Hace décadas que el Mar Mediterráneo se convirtió en una fosa común»
5) Perú: Elecciones en Perú: ¿Y los femicidios? ¿Y los Derechos Sexuales y Reproductivos?
6) República Dominicana: Miles marchan por la despenalización del aborto
7) Uruguay: Emancipación de las mujeres: una revolución trunca
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COMCOSUR MUJER /Fundado por Yessie Macchi / AÑO 27 / No. 687 – Lunes 31 de mayo de 2021 / Producción: Beatriz Alonso, Belén Itza y Cecilia Duffau /Apoyo técnico: Carlos Dárdano
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1) AMÉRICA LATINA: MATERNIDAD FORZADA EN CHILE Y ESTERILIZACIONES MASIVAS EN PERÚ: LAS PARADOJAS PERMANENTES EN QUE ATENTAN CONTRA DERECHOS DE LAS MUJERES
A unas, las obligan a ser madres. A otras, a no serlo. El común denominador es que son mujeres a las que el Estado les impide decidir sobre sus propios cuerpos.
Así lo demuestran dos causas judiciales de tremenda actualidad porque evidencian la permanente y violenta paradoja que vivimos en la región en materia de derechos sexuales y reproductivos.
Uno de esos casos se dirime en Chile, en donde cada año miles de mujeres, principalmente las que se encuentran en situaciones económicas más vulnerables, se acogen al Programa de Planificación Familiar y Paternidad Responsable que permite que el Estado les entregue píldoras anticonceptivas.
El año pasado, el Instituto de Salud Pública advirtió que varios lotes de pastillas estaban defectuosas. No servían, por lo que tuvieron que retirarlas. Pero el daño ya estaba hecho.
De acuerdo con datos de Corporación Miles, una organización que realiza una importante labor en pro de los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas en este país, más de 100 mujeres quedaron embarazadas sin quererlo, creyendo que se estaban cuidando y siguiendo las indicaciones de programas públicos que fallaron.
Las falencias e irresponsabilidad del Estado no terminaron ahí. Resulta que estas mujeres no se les permite abortar, un derecho que las chilenas conquistaron a medias y recién en 2017, el año en el que, después de décadas de lucha, lograron que se despenalizara el aborto por tres causales: si el embarazo es producto de una violación, si la vida de la mujer está en peligro o si hay inviabilidad fetal.
Hoy haría falta una cuarta causal: que el embarazo sea producto del uso de anticonceptivos inservibles provistos por el Estado. Pero no existe, no está en la Ley y, por lo tanto, las mujeres han tenido que seguir adelante con una gestación indeseada, con el daño que ello conlleva a sus proyectos de vida y la sensación de impotencia e injusticia.
La lucha sigue
Este caso demuestra la urgencia de que Chile despenalice el aborto sin causales, es decir, que baste la mera voluntad de la mujer para interrumpir embarazos, iniciativa que este año comenzó a debatir la Comisión de Mujeres y Equidad de Género en la Cámara de Diputados.
El dictamen, que en principio se pensaba tener en abril para someterlo a votación ante el pleno, se ha postergado una u otra vez después de una serie de audiencias virtuales en las que los representantes de los sectores más conservadores de Chile han ratificado su resistencia con un falso argumento: arguyen que las feministas quieren «aborto libre» o legalización, como la que se aprobó en diciembre en Argentina, pero la iniciativa solo plantea la despenalización hasta la semana 14 de gestación, o sea, que ninguna chilena más sea criminalizada por interrumpir su embarazo.
La última audiencia de la Comisión se realizó el 14 de abril, pero el proyecto sigue estancado. Sin embargo, las perspectivas son optimistas gracias al abrumador triunfo que las y los candidatos independientes y/o progresistas tuvieron en las elecciones del 15 y 16 de mayo, en las que fueron votados las y los 155 Convencionales que escribirán una nueva Constitución.
La histórica paridad de género y la alta presencia de luchadoras feministas que habrá en este nuevo órgano abre una puerta de esperanza a que, por fin, los derechos de las chilenas queden plasmadas en la Carta Magna y, sobre todo, sean respetados.
Contraste
Pero si en Chile a un centenar de mujeres las obligaron a ser madres, a pesar de que habían confiado en programas estatales de control natal, en Perú esos mismos programas las forzaron a no ser madres, aunque lo quisieran.
El siniestro motivo para que el Gobierno del expresidente Alberto Fujimori pusiera en marcha programas de esterilización masiva y no consentida por las pacientes, fue que no perpetuaran la miseria. Sí, porque ellas pertenecían a los sectores sociales más bajos. Y, según sus criterios eugenésicos, solo así Perú reduciría sus niveles de pobreza. Su economía crecería. Sería un país pujante.
Las esterilizaciones ocurrieron en la década del 90, pero el juicio comenzó recién en marzo pasado. Es el proceso más reciente al que está sometido un líder político que ya está condenado en otras causas por corrupción y violaciones a los derechos humanos.
El fiscal Pablo Espinoza fue tajante en su acusación: «Fujimori tenía la intención de reducir la tasa de natalidad y así disminuir los niveles de pobreza (…) la implementación y aplicación se tornó política de Estado, la intención era esterilizar a todos los pobres porque no hay agraviadas de otros sectores sociales».
Muchas de las víctimas eran indígenas y ni siquiera hablaban español. Jamás se les informó que estaban siendo sometidas a intervenciones quirúrgicas que les impedirían ser madres.
En el juicio se están investigando 1.300 esterilizaciones no consentidas, pero la Defensoría del Pueblo calcula que, en realidad, entre 1995 y 2000 hubo más de 270.000 operaciones de ligadura de trompas y más de 22.000 vasectomías, sin que se tenga precisión cuántas de todas estas operaciones fueron obligadas.
Hasta ahora, alrededor de 8.000 personas se han inscrito en el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (Reviesfo) que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos abrió desde el año 2016. Y, por fin, y por lo menos, recibirán una indemnización.
Sin justicia
Más allá de que el juicio está en marcha, la impunidad también está al acecho. Keiko Fujimori, la hija del dictador y candidata que se enfrentará al izquierdista Pedro Castillo en la segunda vuelta de las presidenciales de Perú, prevista para el 6 de junio, ha anticipado una y otra vez que, si gana, una de sus primeras medidas de Gobierno será indultar a su padre. El pueblo peruano está avisado.
La semana pasada, por enésima vez, la candidata se sumió en una controversia. Ahora por el proceso más reciente y todavía inconcluso contra su padre.
«En el caso mal llamado ‘esterilizaciones forzadas’, ese fue un plan de planificación familiar. Son investigaciones que se vienen llevando a cabo desde hace 20 años y se han archivado en cuatro oportunidades, pero por supuesto que somos respetuosos de las decisiones que autónomamente tome el sistema de justicia, ya sea el Ministerio Público o el Poder Judicial», dijo Fujimori, en su afán de minimizar uno más de los tantos crímenes del expresidente.
Pero ahí están los testimonios de las víctimas, las acusaciones que han repetido una y otra vez durante tantos años sin que hasta ahora hayan logrado atisbo de una justicia por haberles mutilado sus cuerpos para que no pudieran decidir cuándo gestar.
Medio a Medio / COMCOSUR MUJER Nº 687 – 31/05/2021
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2) CANARIAS: EL PARLAMENTO DE CANARIAS APRUEBA LA NUEVA LEY TRANS
El Parlamento de Canarias ha aprobado de forma unánime la nueva Ley Trans, conocida como Ley TransIntersexCanarias que ha sido consensuada con los colectivos LGTBIQ+ de las islas y que contempla la autodeterminación de género y la despatologización de las personas trans.
Canarias se coloca así en la lista de comunidades autónomas que tienen una ley más avanzada que la norma estatal.
Esta nueva ley sigue la línea de la ley de igualdad social y no discriminación por razón de identidad de género, expresión de género y características sexuales, la cual reconoce el derecho a la autodeterminación de las personas a la identidad de género, con el objetivo de normalizar y sacar del ámbito de la exclusión social a las personas LGTBIQ+.
Entre las novedades que incorpora la Ley, está la despatologización de la realidad de las personas trans, la mejora del tratamiento administrativo de las personas que pertenecen a estos colectivos y la regulación de medidas de sanción e infracción.
Esta norma supone una mejora de la Ley de 2014 de no discriminación por motivo de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales, actualizando y sumando otras medidas necesarias para garantizar y proteger el ejercicio pleno de la libre autodeterminación de género y sin discriminación en cualquiera de los ámbitos de la vida, ya sea política, económica, cultural y social.
Tras la aprobación de la ley en el Parlamento de Canarias, Marcos Ventura ha hablado en nombre de los catorce colectivos que han formado la coordinadora que celebran «un día histórico para las personas trans e intersex sino para Canarias«, una comunidad que »no tolera la discriminación, ni la desigualdad y que no hay ciudadanas de segunda«.
Esta es una Ley que «ha costado mucho sacar adelante« y que viene a actualizar la ley de 2014 que »tenía fecha de caducidad« y en la que se trabajó desde 2018 para tener el que fue el germen de esta ley en enero de 2020.
Hoy, ese texto consensuado con los colectivos es una realidad en una ley «claramente» transversal en la que se regula la no discriminación tanto entre los menores como en la cultura, el deporte o los medios de comunicación, y en la que se incluyen sanciones a quien la incumpla.
El portavoz de los colectivos LGTBI+ y trans es la ley más avanzada de España y que reconoce a las personas no binarias, entre otras novedades. “Esta Ley da una dignidad al pueblo canario que merecíamos”, ha celebrado Ventura.
Canarias, ha dicho, ha demostrado que es posible legislar los derechos de las personas LGTBIQ+ y trans con seguridad jurídica y con un consenso unánime dejando los prejuicios fuera de la Sala, y que marca el camino al Congreso de los Diputados.
ABC Canarias / COMCOSUR MUJER Nº 687 – 31/05/2021
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3) COLOMBIA: MÁS DEL 80 POR CIENTO DE LA VIOLENCIA SEXUAL EN COLOMBIA ES CONTRA NIÑAS
En los últimos 5 años (de 2015 a 2020), en Colombia, cada día, 60 niñas fueron víctimas de violencia sexual en sus escuelas y hogares, donde sufren de hostigamientos o son acosadas por hombres de su familia o cercanos a éstas, por lo que más del 80 por ciento de este tipo de violencia recae sobre ellas, de acuerdo con cifras citadas por organizaciones civiles que trabajan por los derechos de la niñez en aquél país.
En el mismo periodo, dijeron en un comunicado, 100 mil niñas han sido evaluadas por presunto abuso sexual, 12 fueron asesinadas por razones de género, 10 fueron asesinadas luego de ser víctimas de violencia sexual y 39 fallecieron producto de violencia familiar, de acuerdo con información retomada por las organizaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMCF) de Colombia.
Como resultado de esa violencia sexual en 2019 se presentaron 4 mil 780 nacimientos en niñas de entre 10 y 14 años de edad, mientras que en 2018, de los 7 mil 82 bebés menores de un año que fallecieron, 90 por ciento de ellos tenían como madre a niñas de entre 10 y 14 años de edad y mil 481 tenían como madre a niñas de entre 15 y 19 años de edad.
“Muchos de esos embarazos ocurren en el marco de violencias sexuales. En Colombia y en otros países es un delito tener relaciones sexuales con niñas menores de 14 años. En estos países se ha saboteado la educación integral para la sexualidad, lo que deja a las niñas y a las adolescentes al amparo de información que no siempre es precisa y está llena de prejuicios”, explicó la asesora de género de Fundación Plan, organización integrante de la Alianza por la Niñez, Marcela Henao Álvarez.
Asimismo 117 mil 930 bebés nacieron en 2019, de los cuales la madre fue una niña entre 14 y 17 años de edad. De estos casos, en 99.2 por ciento el padre fue un hombre adulto, lo que visibiliza que las adolescentes no están teniendo hijos con personas de su misma edad, sino con hombres mayores.
Estas cifras, explicaron, demuestran cómo la violencia sexual afecta a las niñas de manera desproporcionada en el país, lo que repercute en que sus oportunidades futuras de desarrollo, estudiantil, o labores, se vean limitadas y las arriesga a que sean víctimas de más violencia sistemática en sus casas o por sus agresores.
Ejemplo de ello es que 41.8 por ciento de las niñas que presentaron embarazos apenas alcanzan a tener una educación primaria y 6.9 por ciento de las que abandona la escuela, dicen que es causa del embarazo.
Datos citados del INMCF demuestran que en promedio, al día realiza 30 exámenes forenses a niñas y niños de 10 a 14 años de edad por violencia familiar, de los cuales 36.08 por ciento corresponden a niñas y 33.26 por ciento corresponden a niños. Brecha que se agranda cuando se analizan las edades entre los 15 y 17 años, donde la ocurrencia es de 27.59 por ciento para niñas contra 19.4 por ciento para niños.
Explicaron que las múltiples violencias que enfrentan las niñas en la vida cotidiana se relaciona con las normas restrictivas de género y en los estereotipos que se les imponen desde su nacimiento, por ejemplo a ellas se les encomienda las tareas del hogar bajo el argumento de que a “las mujeres para la casa y los hombre para la calle”, en consecuencia, al no tener tiempo destinado para ellas enfrentan menor acceso al mercado laboral.
En promedio, añadieron, las colombianas dedican 31 horas, es decir más del doble del tiempo que los hombres (14 horas) al trabajo doméstico no remunerado del hogar y de la comunidad. En suma, las mujeres que laboran reciben 12.9 por ciento menos de salario en sus ingresos de trabajo mensuales en comparación de los hombres, a pesar de que realizan las mismas actividades.
Frente a este panorama, exigieron que las autoridades colombianas eliminen todas las formas de discriminación contra las mujeres y niñas, se aplique un enfoque de género que atraviese todos los Derechos Humanos y se refleje en acciones puntuales que permitan que las niñas puedan vivir sin violencia, promueva un lenguaje incluyente que las nombre y garantice que las niñas reciban educación sexual.
Las organizaciones que son parte de esta demanda son el Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, (CASACIDN), la Alianza por la Niñez Colombiana y la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), entre otras.
Cimacnoticias / COMCOSUR MUJER Nº 687 – 31/05/2021
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5) ESPAÑA: FLORENCIA MAZZADI: «HACE DÉCADAS QUE EL MAR MEDITERRÁNEO SE CONVIRTIÓ EN UNA FOSA COMÚN»
La directora de Cine Migrante y activista de DD HH trabajó con migrantes subsaharianos en España hasta 2008 y luego continuó su tarea en Argentina.
Florencia Mazzadi no solo es la directora de Cine Migrante y activista de DD HH, trabajó con migrantes subsaharianos en España hasta 2008 y luego continuó su tarea en Argentina. “En todos los puntos donde Europa logra externalizar la frontera parece haber una detención del tiempo. Infinitas historias que se construyen allí. Hay gente que está años tratando de cruzar. La cotidianeidad de estos migrantes es ver cuándo pueden cruzar. Se levantan a las 4 de la mañana y lo evalúan, todos los días es así. A pie o por barcas… La externalización de la frontera tiene como uno de sus modos, por ejemplo, la criminalización de la intención de migrar. Entonces en países como Marruecos, intentan que estés en permanentemente en estado de control”.
–La frustración diaria debe ser tremenda.
–Por ejemplo, las personas provenientes de países subsaharianos en Marruecos son reconocibles (porque no son magrebíes) y son discriminados. No pueden trabajar porque no tienen acceso a documentos; se intenta romper los lazos de solidaridad y entonces muchas veces multan a personas marroquíes que les venden comida, o que les alquilen viviendas, por ende, viven en campamentos fuera de la ciudad de Ceuta. Allí de vez en vez se arrasan con sus chabolas, o se los reprime, y así. Este es el efecto que la logrado España (y, por ende, la Unión Europea) al haber externalizado la frontera en Marruecos, logrando dividir a pueblos y poblaciones que tienen una historia común en contra de la colonialidad. Y esto también se puede observar no sólo en los países de tránsito hacia la Unión Europea, en el mismo continente americano esto se repite. Por ejemplo, en México y en Centroamérica, en donde EE.UU. interviene no sólo militarizando su frontera sino provocando que México sea un territorio de tránsito, por donde no todas las personas migrantes que emprendan el camino lleguen ‘sanas y salvas’ ya que están a merced de todo tipo de violencia por parte de organizaciones paraestatales. A esto EE.UU lo llama “disuasión de las migraciones”. Hasta tiene una terminología reconocida como procedimiento válido, legal. Todo lo que pretenden es “disuadir” el proceso migratorio asfixiando la vida y la cotidianeidad de las personas migrantes en tránsito. Y lo hacen a través de la intervención en los países linderos a sus fronteras, generando presión a través de acuerdos económicos, desestabilizando a determinados gobiernos… Todo tipo de presión para que se conviertan en fronteras anteriores a la frontera o línea demarcatoria de ingreso.
–Se reitera en muchos enclaves del Mediterráneo.
–Si cuando no es Marruecos, es Libia. Cuando no es Libia es Turquía, o Grecia. Basta mirar la relación de Erdogan con la UE y se repite lo mismo que observamos hoy en Marruecos. Esto comienza cuando la UE se conforma como una unidad territorial y militariza sus fronteras. A partir de allí, el Mar Mediterráneo se convirtió en una fosa común. Hace más de dos décadas. Las fronteras se modificaron muchísimo con la conformación de la UE: la relación entre los pueblos que están de un lado al otro entre España y Marruecos. Porque ahora para la UE llegar a España es llegar a la ciudadanía europea. Entonces no es sólo España quien ‘no quiere el ingreso’, es Alemania, es Francia quienes presionan para que las personas migrantes no ingresen…
–La solución parece un tanto utópica.
–Es África como lo somos todos los continentes colonizados. Las transformaciones pasan por un verdadero proceso de decolonización y devolución de nuestras riquezas. Porque si no se está dispuesto a reconocer en igualdad de condiciones a una persona proveniente de algún país del continente africano, por ejemplo, se debe estar dispuesto, a abandonar la utilización de la tecnología, todas las baterías de los celulares, las compus, todo eso se acabaría… Somos una sociedad que ‘somos muy buenos para consumir’, pero no consideramos las cadenas de extracción y opresión que tienen esos consumos. Y esto es por hablar de sólo un proceso extractivista actual. Porque toda la sociedad moderna está construida sobre el trabajo esclavo y la extracción de riquezas de nuestros continentes. La migración es una consecuencia de los procesos históricos y contemporáneos de expoliación y explotación. Y esto es lo que hay que reparar. El proceso decolonial de África es un proceso hermoso, maravilloso y hasta ‘reciente’, pero sobre el que inmediatamente el neocolonialismo intervino para truncarlo, corromperlo y asfixiarlo. Lo que sucede allí no es diferente de lo que sucede aquí, en América Latina. Debemos pensar en reconstruir nuestros territorios.
–¿Qué significa “boza”?
–Es una palabra que no sale de ninguna lengua. Es el grito que se pronuncia al cruzar una frontera. Lo conocen porque expresa la alegría de tocar la tierra europea. «Boza» se dice gritando, se dice bailando, se rapea. Significa: lo hemos logrado, lo hemos cumplido. Boza para el pueblo migrante que ha cruzado esa frontera.
Tiempo Argentino / COMCOSUR MUJER Nº 687 – 31/05/2021
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5) PERÚ: ELECCIONES EN PERÚ: ¿Y LOS FEMICIDIOS? ¿Y LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS?
Ningún candidato tiene propuestas contra la violencia de género, la violencia sexual, el incremento de embarazos adolescentes, los partos obligados a niñas ni las barreras para acceder a servicios de salud sexual.
A las mujeres nos siguen matando, violando y despareciendo. Preocupa el silencio de ambos candidatos y la falta de apoyo al enfoque de igualdad de género, marco fundamental para hacer frente a la violencia contra las mujeres. A días de la segunda vuelta, es oportuno recordar que no debe debilitarse, desde el silencio en la agenda política, la acción estatal para la atención, sanción y prevención de la violencia contra las mujeres.
Desapariciones y feminicidios
52 feminicidios y 4230 desapariciones fueron reportados entre enero y abril de 2021. En las dos primeras semanas de mayo se registraron seis nuevos casos. Las cifras aumentan y los niveles de crueldad son alarmantes; la respuesta no puede ser la indiferencia.
La desaparición de una adolescente de 17 años, cuyo cuerpo fue recientemente encontrado en Ventanilla, evidencia que hay una cruel relación entre las desapariciones de mujeres y los feminicidios; por lo que urge que el Sistema de Búsqueda de Personas Desparecidas se implemente con enfoque de género. Hasta ahora los esfuerzos son insuficientes y, si no contamos con un gobierno que asuma con responsabilidad este gran problema, la violencia y el machismo se profundizarán.
Derechos sexuales y derechos reproductivos
A días de las elecciones, los y las postulantes al sillón presidencial no han mostrado interés en mejorar la grave situación en la que se encuentran los Derechos Sexuales y Reproductivos (DSR) de niñas, adolescentes y mujeres. La pandemia por coronavirus agravó las deficiencias en los servicios de salud sexual y reproductiva y en la Educación Sexual Integral en modalidad remota, que trajo como consecuencia el incremento de embarazos adolescentes, partos en niñas, casos de violencia sexual, deserción escolar, muertes maternas y barreras para acceder a métodos anticonceptivos.
“Es alarmante. No existen propuestas sobre los DSR. La vida de miles de niñas, adolescentes y mujeres ha sido afectada drásticamente en esta pandemia, por no poder acceder a servicios de salud sexual y reproductiva. Una adolescente bien informada sobre sus derechos tiene mayores probabilidades de afrontar situaciones de riesgo y no interrumpir sus proyectos de vida,” explicó Liz Meléndez, directora de Flora Tristán (integrante de la AFM).
La Educación Sexual Integral (ESI) sigue en riesgo. La crisis sanitaria trajo consigo el incremento de barreras para acceder a la educación. El programa nacional “Aprendo en casa”, no garantizó la ESI en ninguno de sus segmentos.
Cifras en rojo
Según un estudio realizado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), 17 millones de mujeres en la región se vieron forzadas a interrumpir el uso de métodos anticonceptivos por la pandemia. A esto se suma que, en el Perú, el sector público es el mayor proveedor de métodos anticonceptivos modernos (ENDES-2019), servicios que no fueron garantizados en esta crisis.
En el primer semestre de 2020 se produjo una reducción de más del 50% en consejerías de planificación familiar y una reducción del 20% en la cantidad de parejas que usaban protección, según el registro del Ministerio de Salud.
En todo el 2020 se registraron 24 partos de niñas menores de 10 años y 48.540 partos de adolescentes menores de 19 años, según el Sistema de Registro del Certificado del Nacido Vivo. En lo que va del 2021 se atendieron 8728 partos de adolescentes menores de 19 años y cuatro casos de niñas menores de 10 años. Muchos de estos embarazos forzados son producto de la violencia sexual, que incrementó de forma alarmante desde inicio de la pandemia. Partos que se pudieron evitar con la entrega eficiente del Kit de Emergencia a las víctimas o el acceso al aborto terapéutico.
Violencia de género y DSR
Cientos de niñas y adolescentes, luego de ser víctimas de violación sexual, pasan a ser víctimas de un Estado que les niega el Kit de Emergencia (un conjunto de medicamentos que contiene la Anticoncepción Oral de Emergencia, comúnmente llamada “píldora del día después”), lo que les permitiría prevenir embarazos forzados productos del abuso.
En 2019 solo se entregaron 564 kits de emergencia, una diferencia abismal en relación a la cantidad de casos de violencia sexual atendidos por los CEM: más de 18.000. De marzo a junio de 2020, el Ministerio de la Mujer reportó que se atendieron 786 casos de violencia sexual. En el mismo periodo, el Ministerio de Salud solo entregó 250 kits de emergencia.
También se registran dificultades para acceder el aborto terapéutico. Según el Ministerio de Salud, de enero a setiembre de 2020 se registró un descenso de 86% en la cantidad de abortos terapéuticos en el país.
Frente a este grave problema el Centro de la Mujer Peruana (CMP) Flora Tristán inició la campaña “Libres y sin miedo”, que tiene como objetivo colocar en el debate público la situación respecto a los DSR e informar a las y los adolescentes y mujeres del país sus derechos.
Articulación Feminista del Mercosur / COMCOSUR MUJER Nº 687 – 31/05/2021
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6) REPÚBLICA DOMINICANA: MILES MARCHAN POR LA DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO
Los abortos clandestinos son una de las causas que sitúan a República Dominicana entre los países con una tasa más alta de muertes maternas de América Latina.
Miles de personas dominicanas marcharon el domingo 23 de mayo por el centro de Santo Domingo para demandar la despenalización del aborto en tres casos, en momentos que el Legislativo debate la cuestión.
Los grupos de manifestantes vestidos de verde, en su mayoría mujeres, pasaron en su recorrido frente al Palacio Nacional, sede del Ejecutivo, donde las feministas llevan más de dos meses instaladas en un campamento para defender las llamadas tres causales.
Las feministas piden que el Código Penal elimine las condenas de cárcel para las mujeres en el caso de que el embarazo entrañe riesgo para la vida de la madre, si el feto no tiene opción de vivir fuera del útero o en el caso de violación o incesto. «Una ley que obligue a morir o vulnere los derechos humanos de las niñas y adolescente no es revolucionaria, es inaceptable», dijo un manifiesto leído por las convocantes al final de la marcha.
El pasado 28 de abril la Cámara de Diputados aprobó en primera lectura el borrador del nuevo Código Penal, que permitiría el aborto en un único caso, el riesgo de vida para la madre, pero solo en la circunstancia de que antes se hayan agotado «todos los medios científicos y técnicos disponibles hasta donde sea posible».
Las feministas afirman que esta redacción supone una «manipulación» y entienden que no permite a la mujer decidir por sí misma. Antes de entrar en vigor, el Código Penal tiene que ser aprobado en segunda lectura en la Cámara de Diputados, después pasará al Senado y por último debe ser sancionado por el presidente Luis Abinader, que ha dado a entender que no vetará la ley.
En la primera votación en la Cámara de los Diputados, los legisladores, en su mayoría usando pañuelos de color celeste en apoyo a las tesis de la Iglesia Católica, rechazaron de forma contundente un informe que proponía eliminar las penas de cárcel en las tres circunstancias que defienden las feministas.
Una comisión de congresistas también ha comenzado a debatir un proyecto de ley específico sobre las tres causales, mientras que Abinader ha anunciado que pretende someter la cuestión a referéndum, algo que rechazan las feministas por tratarse de una cuestión de derechos humanos.
En el manifiesto, activistas afirmaron que la aprobación de las causales «es una exigencia mínima entre tantas deudas que el Gobierno dominicano tiene con las mujeres». Los abortos clandestinos son una de las causas que sitúan a República Dominicana entre los países con una tasa más alta de muertes maternas de América Latina, con 127 decesos por cada 100.000 nacidos vivos.
DW / COMCOSUR MUJER Nº 687 – 31/05/2021
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7) URUGUAY: EMANCIPACIÓN DE LAS MUJERES: UNA REVOLUCIÓN TRUNCA
Esta nota forma parte de un ciclo de artículos que está publicando la diaria sobre dinámicas de población y su vínculo con el desarrollo, en una iniciativa conjunta con el Fondo de Población de la Organización de las Naciones Unidas.
Joe Biden ha sorprendido a propios y ajenos y está impulsado una transformación radical del sistema de bienestar en Estados Unidos. Su norte, su objetivo primordial, es apoyar dos objetivos simples: la baja de la pobreza infantil y la compatibilización de la emancipación económica de las mujeres y sus cargas reproductivas mediante asignaciones familiares universales, sistemas de licencias familiares y apoyo financiero a las familias con hijos que requieren sistema de cuidados tempranos. Si ello sucede, Estados Unidos se unirá a las naciones desarrolladas que han logrado con éxito enfrentar las nuevas etapas demográficas mediante una alianza con las mujeres y las familias jóvenes con hijos pequeños como parte de una estrategia de equidad social y eficiencia económica. Maxine Eichner, en su libro The Free Market Family: how the market crashed the American Dream and how it can be restored, abogaba por estos cambios como forma de potenciar las capacidades económicas de las mujeres y garantizar el bienestar de las familias jóvenes con hijos. Su texto se lee como la hoja de ruta de Biden.
La situación en Uruguay
Los datos recientes que surgen de la última encuesta de hogares muestran que una pauta problemática en el país se ha agudizado en 2020. Las mujeres presentan tasas de participación laboral y empleo más bajas que los hombres y tasas de desempleo más altas, además de brechas salariales importantes. La pobreza infantil ha aumentado y lo ha hecho en mayor medida que la pobreza general de la población. Estos dos resultados, como veremos más adelante, están vinculados entre sí.
Resulta claro que los derechos de las mujeres se ven vulnerados, generando guarismos sistemáticamente peores para estas en el mercado laboral. Pero en esta nota quisiéramos indicar que tales problemas no refieren solamente a un problema de derechos. Existen tres efectos negativos de estas realidades sobre el desarrollo del país: el impacto negativo sobre la eficiencia y el crecimiento económico, el impacto negativo sobre los equilibrios fiscales del Estado, y el impacto ampliado sobre la vulnerabilidad y la pobreza de amplios sectores de población, especialmente sobre los más pequeños. Todo ello conspira, en definitiva, e inhibe una ruta virtuosa adaptativa ante las transformaciones demográficas que enfrenta y enfrentará con mayor intensidad el país en la próxima década y la siguiente. Entender las transformaciones familiares, tanto en sus arreglos como en el rol de la mujer en el mercado laboral y en las familias, es una clave poblacional que nos puede ayudar a pensar qué políticas se requieren para el futuro.
Tendemos a pensar que es en el mercado y eventualmente en el Estado en donde se producen y asignan recursos, bienes y servicios, y en donde se coordinan agentes individuales (personas) o colectivos (empresas, por ejemplo). Pero existe otra esfera fundamental en la asignación de recursos, la producción de bienes y servicios y la coordinación de agentes: la familia (a ello se podría sumar la sociedad civil o la esfera comunitaria). Las familias son, por supuesto, más que ello, en tanto proveen afecto y sentido de pertenencia.1 Pero tan sólo en estas otras facetas más “materiales” pensemos que las familias producen servicios educativos, de alimentación, de limpieza, de transporte, de cuidados y de salud, por nombrar tan sólo los más evidentes.
Las familias también asignan estos productos y servicios y otros recursos de ciertas maneras entre cónyuges, hijas/os, hermanas/os, abuelas/os, etcétera. Las familias son también una forma de aseguramiento ante eventos adversos y una forma de utilizar recursos entre varios integrantes para dicho aseguramiento, para realizar inversiones y para emprender actividades económicas. Una parte muy importante de las funciones mencionadas descansa en los hombros de las mujeres. Especialmente el trabajo no remunerado de estas permite que otra parte de la población se alimente, tenga ropas limpias, reciba cuidados cuando se enferma, se eduque y aprenda pautas de sociabilidad, incorpore conocimiento y desarrolle un conjunto de capacidades para la autonomía y el funcionamiento cotidiano. Familias debilitadas en dichas funciones y capacidades implican poblaciones, y especialmente poblaciones jóvenes, con subinversión en sus capacidades humanas. Por otra parte, el contrato idealizado que de alguna manera estructura y legitima estas dinámicas de producción y asignación de recursos es, aún hoy, en nuestro país, uno de naturaleza patriarcal, en donde el hombre se asume como el principal ganapán y la mujer como la principal cuidadora y trabajadora en el hogar. Este no es un contrato entre iguales, sino una relación de dominación. Pero además, dicho “contrato” es hoy irreal, ineficiente e ineficaz para enfrentar la nueva etapa demográfica del país.
Recordemos que entre las opciones que presentábamos en la nota anterior para enfrentar el envejecimiento poblacional se planteaban, entre otras, dos particularmente relevantes para esta nota: tasas de participación laboral femenina remunerada altas y homogéneas, y baja pobreza infantil. El contrato patriarcal, combinado con la desigualdad socioeconómica de base, conspira contra ambos objetivos.
El empoderamiento económico de las mujeres: tendencias regionales y en Uruguay
El empoderamiento económico de las mujeres ha aumentado notablemente entre 1980 y 2010 en casi todos los indicadores tradicionales, como las tasas de actividad, las tasas de empleo, la proporción de mujeres sin ingresos propios y los niveles generales de salarios e ingresos.
Más mujeres en el mercado laboral pueden explicarse por la disminución de los empleos tradicionales dominados por varones en las fábricas y la agricultura y por la aparición de nuevos tipos de empleos en la economía de servicios (debido al desempleo masculino o los menores ingresos masculinos). Estos cambios en los sectores económicos que favorecieron la demanda y oferta de más mujeres en el mercado fueron muy marcados entre las décadas de 1980 y 2000, pero continúan en el siglo XXI.
El otro elemento impulsor del empoderamiento económico de las mujeres es de naturaleza social: disminución del número de hijos/as y postergación de la edad del primer hijo/a junto con la transformación de las familias (Esteve y Lesthaeghe, 2016). Estas últimas pueden resumirse en: 1) la reducción del tamaño promedio de los hogares, 2) el aumento relativo de los hogares unipersonales y monoparentales, 3) el aumento de la jefatura femenina de los hogares, 4) la reducción y retraso de la nupcialidad, 5) el aumento de las uniones consensuales, 6) el incremento de rupturas conyugales, y 7) el aumento de hogares compuestos o reconstruidos (Esteve y Lesthaeghe, 2016).
Por otro lado, las mujeres se han vuelto, en promedio, más educadas que los varones, tanto cuando consideramos las tasas de egreso de la secundaria como las tasas de matrícula terciaria (y en menor medida de egreso). En definitiva, en los últimos 25 años, las mujeres tienen menos hijos, los tienen –especialmente en los estratos medios y altos– más tarde y tienen mucho más control sobre sus elecciones reproductivas que en el pasado.
Pero otro motor de empoderamiento económico es la participación en la fuerza laboral y el empleo en sí mismo. Esto se debe a que el empoderamiento económico de las mujeres se alimenta a sí mismo por al menos cuatro razones. En primer lugar, las mujeres adquieren experiencia, currículum, reconocimiento y capacidad de negociación en el mercado laboral. La segunda razón es que el empleo proporciona otros beneficios económicos que se obtienen mediante la protección social y la seguridad social. El acceso a las pensiones, la licencia de maternidad remunerada, el seguro médico y las prestaciones por desempleo están mediados por la participación (generalmente formal) en el mercado laboral. Si bien no todas las mujeres acceden a este tipo de empleo, la formalización es mayor en la actualidad. En tercer lugar, hay un cambio intergeneracional e intrageneracional en los modelos a seguir. En el pasado los niños y niñas que estaban expuestos o criados en un modelo tradicional de varón proveedor no tenían modelos a seguir para emular y presionar hacia un modelo pospatriarcal más igualitario de “dos proveedores, dos cuidadores”. Ello cambia en la medida en que crecen los ejemplos de nuevos modelos de rol de la mujer. Si bien esto no es lineal ni determinista, sí afecta las decisiones que tomarán las niñas y los niños a medida que crezcan y enfrenten dilemas emancipatorios (fin del estudio, dejar la casa paterna, ingresar al mercado laboral, tener hijos).
Finalmente, se observa un efecto de retroalimentación que no suele considerarse y que resulta de gran importancia: la autonomía económica y el empoderamiento de las mujeres afectan su poder de negociación y su posición dentro del hogar. Como Nancy Folbre (2002) ha argumentado, uno de los caminos críticos a través de los cuales se reproduce la falta de poder económico autónomo de las mujeres es despojar o reducir el poder de negociación de las mujeres con respecto a las decisiones “íntimas” y otras decisiones familiares que a su vez afectan sus posibilidades de acceder a un trabajo remunerado.
Una menor autonomía económica obstaculiza la posición de las mujeres en caso de disolución conyugal, lo que, por supuesto, a su vez, afecta su posición de negociación en innumerables asuntos durante su matrimonio o unión. A su vez, existen otros tres factores –además de su autonomía económica– durante la unión que afectan fuertemente su posición: tener o no tener hijos, las reglas y regulaciones con respecto a la distribución de la propiedad y las responsabilidades de los padres en caso de una disolución (incluidas las normas de pensión alimenticia/manutención de los hijos/as y su cumplimiento) y otras políticas relacionadas con la familia en los servicios y el apoyo monetario (sistemas de cuidados, transferencias monetarias, sistemas de licencias, etcétera).
En forma sintética se pueden señalar algunas tendencias actuales en América Latina y Uruguay respecto del empoderamiento económico y el bienestar de las mujeres tanto en términos de resultados como de políticas relacionadas:
El empoderamiento económico de las mujeres sigue truncado, no simplemente porque todavía existen brechas persistentes entre varones y mujeres en términos de participación en la fuerza laboral, empleo, desempleo y salarios, sino también debido a una desigualdad más crítica y subyacente. Si bien las mujeres han aumentado su participación en el mercado, los varones no han aumentado su participación en el trabajo no remunerado. El Estado en Uruguay ha mejorado su rol en materia de apoyo a las familias jóvenes con hijos pequeños mediante las asignaciones familiares, la reforma en el sistema de licencias maternales y parentales y la expansión de la educación preescolar y los cuidados infantiles tempranos. Pero aún falta avanzar en disminuir la carga de trabajo no remunerado de las mujeres mediante estas políticas y mediante incentivos y regulaciones que aumenten la disposición de los varones hacia el trabajo no remunerado.
El bienestar económico de las mujeres se ha vuelto menos dependiente de los varones, haciéndolas más capaces de salir de las uniones conyugales si así lo desean. La contribución de los varones al bienestar de las mujeres también se ha vuelto menos confiable. A medida que el contrato varón proveedor-mujer ama de casa se rompe dentro de las familias, los varones son más propensos a abandonar el lado cooperativo y protector de dicho contrato. Las tasas de disolución conyugal, la maternidad de mujeres sin pareja y el rápido aumento de hogares monoparentales de mujeres documentan tales tendencias. El Estado en América Latina, y en menor medida en Uruguay, corre detrás de dichos procesos y no proporciona normas adecuadas, como la aplicación de normas de responsabilidad paterna, pensión alimenticia y manutención de los hijos, ni apoyo específico en forma de transferencias, servicios y políticas activas del mercado laboral dirigidas a hogares de mujeres con hijos/as (Blofield, Filgueira y Martínez, 2019).
El bienestar económico y el empoderamiento de las mujeres están altamente estratificados entre mujeres de diferentes niveles socioeconómicos. Dicha estratificación no se debe simplemente a los diferenciales en educación y oportunidades generales. Las mujeres en América Latina viven en diferentes regímenes de género según la clase. La fecundidad, la educación, la conyugalidad y el empoderamiento económico muestran gradientes consistentes según estratos socioeconómicos. El Estado no ha podido promover políticas que combinen el empoderamiento de género con diferenciales menos sobresalientes en dicho empoderamiento con respecto a la clase. Blofield y Haas (2011) proponen un argumento simple pero poderoso con respecto al problema de la agenda de las mujeres en América Latina: la agenda feminista y la agenda redistributiva permanecen separadas, y esto limita fuertemente la capacidad de construir coaliciones amplias y estables que sean sensibles al género y la clase.
Repensando las transferencias intergeneracionales
Recordemos que en la nota anterior presentábamos un gráfico que mostraba cómo a lo largo de la vida las personas generan ingresos y los consumen. Esto generaba una estructura de campana en la generación de ingresos y una línea más estable a lo largo de la vida en el consumo de ingresos. Así existía una población deficitaria –que consumía más ingresos que los que generaba–, compuesta por la infancia, la adolescencia y los adultos mayores, y una población superavitaria, que generaba más ingresos que los que consumía. Dicho superávit se distribuía mediante la acción de las familias o mediante el Estado hacia las poblaciones deficitarias. Sin embargo, este modelo de cuentas nacionales intergeneracionales remite tan sólo a los aspectos monetarios o monetizados: ingresos, gasto público, tributos, etcétera. ¿Qué sucede si consideramos ya no las curvas monetarias de trabajo y consumo, sino los tiempos de trabajo no remunerado y las demandas de cuidado?
El gráfico que mejor representa esta realidad es el de las cargas de trabajo no remunerado a lo largo del ciclo de vida de las personas. Como puede observarse, se produce también una suerte de campana en la que en las edades típicamente reproductivas y de crianza (entre los 21 y los 35 años) se puede constatar un importante crecimiento de las horas de trabajo no remunerado. Ello es justamente la demanda no monetizada de trabajo que la población infantil, adolescente y adulta mayor requiere y que los adultos en edades reproductivas y activas proporcionan. Luego de una cierta caída hasta los 50 años, podemos observar nuevamente un leve incremento en las edades entre los 50 y 60 años y con leves variaciones hasta los 70 para luego caer nuevamente. En definitiva, las dos jorobas que podemos ver refieren a edades típicas en que la población adulta cuida y trabaja en forma no remunerada para cubrir las necesidades de la población muy envejecida y para niños y adolescentes. Lo que estos promedios por tramos etarios esconden es la enorme diferencia en estas cargas y producción de valor social entre hombres y mujeres. El siguiente gráfico permite justamente identificarlas. Las mujeres dedican a lo largo de su vida entre dos y casi cinco horas más de trabajo no remunerado que los hombres.
En definitiva, de la misma manera que se requieren transferencias intergeneracionales en el modelo monetario hacia los más jóvenes y hacia los más viejos, una pauta similar se da en materia de trabajo no remunerado. Los adultos en edades activas dan tiempo neto para cubrir a las poblaciones que requieren servicios de cuidados y apoyo en tareas del hogar para la producción de bienes y servicios (la población dependiente). Las mujeres son las que más tiempo dedican a dicho esfuerzo. La contracara de ello es que los hombres son los que más tiempo dedican a la generación de ingresos.
Esta pauta en la división sexual del trabajo se encuentra además fuertemente estratificada por clase social. Como puede verse, las mujeres del quintil 1 dedican mucho más tiempo al trabajo no remunerado y mucho menos al remunerado. Las edades en que esto se percibe con mayor claridad son las edades reproductivas tempranas, en las que en promedio las mujeres del quintil 1 dedican entre siete y ocho horas entre los 21 y 25 años y ocho horas o más entre los 26 y los 30 años. Ello disminuye a seis horas máximo en las mujeres del quintil tres y a poco más de cuatro horas máximo en las mujeres del quintil 5 o más rico. Los hombres, por su parte, sin importar el quintil de ingresos, dedican la mayor parte de su tiempo al trabajo remunerado y muy pocas horas al trabajo no remunerado. Ello se constata también en el gráfico de la derecha, en el que los hombres, sin importar el quintil o la edad, nunca dedican más de tres horas al trabajo no remunerado.
Ahora bien, tal realidad implica que las mujeres con niños pequeños de los estratos medios bajos y bajos pagan un significativo costo en materia de autonomía económica, ya que por sus cargas de trabajo no remunerado no pueden incorporarse plenamente al mercado laboral. Ello de por sí afecta la capacidad de generación de ingresos de estos hogares. Pero además, en un contexto en que aumenta la monomaternalidad derivada de la separación y divorcio, ello implica una enorme vulnerabilidad a la pobreza en estas mujeres y en sus hijos. Recordemos, por otra parte, que estas mujeres están en promedio más educadas que sus pares varones, pero presentan mucho más bajas tasas de participación laboral, lo cual implica un uso asimétrico e ineficiente del capital humano nacional. Por todo ello, tal realidad conspira contra la eficiencia económica y contra la equidad social.
Un contrato diferente se hace necesario. Por un lado, es fundamental que hombres y mujeres compartan en mayor medida las cargas de trabajo no remunerado. Por el otro, es clave que el Estado se haga presente ofreciendo servicios de cuidado para los adultos mayores y muy especialmente para la primera infancia y la infancia temprana, de tal manera de liberar parte de la carga de trabajo no remunerado de las mujeres y así incrementar las chances de la incorporación de estas al mercado laboral. Pero esto, que es indispensable para las mujeres de los sectores populares, también lo es para las mujeres de sectores medios. La razón es que, de no mediar estas adaptaciones, dichas mujeres sólo tienen una forma plausible de lograr su inserción laboral y carreras estables en el mercado: la supresión de la fecundidad. Si el castigo a la maternidad en los sectores medios es muy alto, la tendencia inevitable será la de evitar las cargas reproductivas. Ello ya se puede constatar en el país. La caída de la fecundidad ha sido liderada por los sectores medios y ahora también por los sectores de ingresos medios bajos. Una estrategia exitosa entre 2014 y 2019 para disminuir la maternidad no planificada en adolescentes también ha contribuido a disminuir la fecundidad en los sectores más pobres. Pero no existe otro camino para moderar la caída de la fecundidad que no sea atacar el castigo económico que implica la maternidad en las mujeres. Dicho castigo no es inevitable. Las sociedades que mejor se han adaptado a estos desafíos lo han logrado con acciones del Estado que modifican los costos y beneficios de las cargas reproductivas.
Recordemos también que el actual sistema de seguridad social en materia de erogaciones en jubilaciones y pensiones requiere 5 puntos del producto interno bruto provenientes de rentas generales para cubrir el déficit entre erogaciones y aportes de empleados y empleadores. El aumento de las tasas de participación laboral femenina y de sus tasas de empleo contribuiría y mucho a moderar este rojo fiscal estructural. Pero para ello es necesario invertir en aquellas políticas públicas que liberan a las mujeres de una sobrecarga de trabajo no remunerado e incentivar la corresponsabilidad de los cuidados entre hombres y mujeres. Los sistemas de asignaciones familiares, las licencias maternales, paternales y familiares y los sistemas de cuidados a la infancia y adultos mayores de calidad son los caminos disponibles desde la política pública.
A modo de cierre
Conceptualmente, el empoderamiento de las mujeres implica al menos tres dinámicas y objetivos que erosionan los regímenes de género tradicionales basados en el modelo de proveedor tradicional y mujer ama de casa: i) el reconocimiento del valor del trabajo no remunerado, ii) la generación de las mismas oportunidades para varones y mujeres en el ingreso, empleo y remuneración del mercado laboral, y iii) la redistribución de la carga de cuidados y de trabajo no remunerado entre ambos sexos. Tal objetivo se puede lograr mediante una disminución de la carga de trabajo no remunerado de la mujer, siendo este sustituido parcialmente por servicios desde el Estado o el mercado, o mediante una redistribución del trabajo no remunerado entre varones y mujeres dentro del hogar.
El empoderamiento de las mujeres plantea cinco desafíos para la política pública: la expansión de la cobertura y calidad de servicios/prestaciones de cuidados a niños/as y a personas dependientes (que requieren apoyo para las necesidades de la vida cotidiana), leyes de no discriminación en el mercado laboral, políticas activas en el mercado laboral que favorezcan a las mujeres, y políticas que permitan articular el trabajo remunerado y las responsabilidades de cuidado. Se puede plantear dos desafíos adicionales en este sentido. Las políticas públicas deben favorecer la capacidad de las mujeres de decidir sus opciones reproductivas, ya que ello constituye una decisión vital y económica clave que afectará sus chances de incorporación o permanencia en el mercado laboral. En segundo lugar, las políticas y marcos regulatorios del Estado deben promover un adecuado reconocimiento del valor del trabajo no remunerado durante las uniones conyugales y en la eventualidad de su disolución.
En los últimos años, si bien se han incrementado las tasas de actividad femeninas y se han favorecido las políticas públicas que promueven el empoderamiento económico, dos hechos plantean serias dudas sobre cuánto progreso adicional se puede esperar. Por un lado, la incorporación de las mujeres al mercado laboral se ha enlentecido marcadamente en los últimos años en América Latina y en Uruguay (Filgueira, 2019). Por otro lado, tanto la participación laboral como el acceso de las mujeres a algún tipo de autonomía económica permanece altamente estratificado según nivel socioeconómico (ONU Mujeres, 2018). En línea con lo último, la división sexual del trabajo tradicional en el hogar se transforma de manera desigual en distintas mujeres de ingresos bajos, medios y altos. Por lo tanto, se puede decir que en América Latina y en Uruguay la revolución silenciosa de las mujeres se encuentra truncada y además altamente segmentada (ONUMujeres, 2018). Completar esta revolución y acabar con dicha segmentación son tareas complementarias y necesarias para un país más próspero e igualitario.
Cuatro países seleccionados de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) enfrentaron a partir de los años 70 los desafíos del cambio en la estructura de edades y la necesidad de incrementar la participación laboral de las mujeres como forma de contribuir a mejoras en la equidad social y la eficiencia económica. Estados Unidos optó por un modelo de mercado para lograr dichos ajustes. Los países nórdicos lo hicieron mediante la reingeniería institucional por la que se aboga en esta nota. Las razones de los diferentes niveles de avance en la productividad no se restringen a estos factores. Pero creemos que una parte importante sí responde a dichas diferencias en materia de políticas públicas. Mientras que los países nórdicos apostaron a una alianza entre Estado, familias, mujeres e infancia, Estados Unidos esperó que fuera el mercado el que ajustara y adaptara la estructura de incentivos. La evidencia sugiere que hubo una ruta más eficiente y otra menos eficiente.
Uruguay ha hecho inversiones en el pasado reciente en la dirección correcta, aunque se constaten insuficiencias. Uruguay está a tiempo de elegir qué ruta prefiere, pero los plazos se acortan y las oportunidades no se repiten indefinidamente. La alianza del Estado con las mujeres, las familias –en toda su diversidad– y los pequeños parece ser no sólo la más humana, sino también la más eficiente para el desarrollo económico y social. Resta ver si existe una economía política y una voluntad acorde que permita avanzar en esta dirección.
Fernando Filgueira /La Diaria / COMCOSUR MUJER Nº 687 – 31/05/2021
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“Siempre he partido de una idea elemental: la de que la verdad no necesita ser justificada por la adecuación a un objetivo superior. La verdad es la verdad y nada más. Debe ser servida, no servir.”
Eugenia Ginzburg / “El vértigo”.
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