1) Estados Unidos liberará a Òscar López Rivera
2) La impunidad de Leviatán /Roger Rodríguez
3) La asunción de Donald Trump /Gustavo González
4) Colombia y el camino hacia la paz efectiva /Sergio Ferrari
5) Con Jair Krischke /Carlos Amorín Aguirre
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COMCOSUR INFORMA AÑO 17 – No. 1787 – jueves 09.02.2017
“Todas las estructuras del poder popular que estábamos construyendo se hicieron presentes, tomaron voz, en una radio que no quería tanto hablarle al pueblo. Quería que el pueblo hablara.” RADIO VENCEREMOS
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1) PUERTO RICO: TRAS UN ENCARCELAMIENTO DE 35 AÑOS, ESTADOS UNIDOS LIBERARÁ AL INDEPENDENTISTA ÒSCAR LÓPEZ RIVERA
“Cobijó millones de esperanzas, floreció en millones de sonrisas, guardó entre sus ramas la fruta más poderosa que puede ofrecer un hombre-árbol: la dignidad. Porque de eso se trató su lucha, de esa empecinada y evidente condición humana, la que prodigó desde sus ramas de padre revolucionario, de guía permanente, de faro.”
Víctor Heredia (cantautor argentino)
Enviado por SERPAL, 20 de enero de 2017
En una postrera decisión de su mandato, el presidente Obama conmutó penas a más de 200 presos, entre los cuales figuraba el militante independentista portorriqueño que es el más antiguo prisionero político en el continente americano.
Gran parte del pueblo portorriqueño celebra que termine este injusto encarcelamiento de López Rivera. Oscar no cumple condenas por delitos de sangre ni tampoco por delitos contra la persona. Fue condenado inicialmente por un tribunal estadounidense acusado por el delito de "conspiración sediciosa" a 55 años de prisión. Estando ya encarcelado, se le acusó nuevamente por un supuesto intento de fuga de la prisión sumándole 15 años adicionales a su condena o sea a un total de 70 años.
Durante su encierro, estuvo 12 años en confinamiento solitario en una prisión de máxima seguridad en Colorado, a pesar de que las Naciones Unidas consideran que pasar más de 15 días en aislamiento, es una "violación a los derechos humanos”.
Y de acuerdo con el Protocolo de la Convención de Ginebra de 1949, la protección en el trato que reconoce a los prisioneros de guerra, se extiende también a personas capturadas en conflictos o luchas contra la ocupación colonial, la ocupación de un país por parte de regímenes racistas y a aquellos otros que participan de luchas por la libre determinación de sus pueblos. Y conforme al mismo protocolo internacional, un prisionero de guerra no puede ser juzgado como un criminal común, mucho menos si la causa de tal procedimiento descansa en actos relacionados con su participación en una lucha anticolonial. Desde su encarcelamiento, se han sucedido reclamos de organizaciones portorriqueñas, de Latinoamérica y de todo el mundo en favor de su libertad.
En 1999 rechazó la posibilidad, ofrecida por el entonces presidente Bill Clinton, de ver sustancialmente reducida su pena, lo que le habría permitido quedar en libertad en 2009. La medida presidencial iba a beneficiar a 13 de los 15 miembros de las FALN. Todos aceptaron menos López, que exigió la libertad de todos. Años después, en 2014, López Rivera afirmó en una entrevista con la BBC británica: “No me arrepiento de no haber aceptado".
Contexto histórico
Puerto Rico fue una de las tantas colonias españolas en América Latina, pero a raíz de la guerra Hispano-norteamericana de 1898, la isla fue ocupada militarmente por Estados Unidos. Luego pasó a tener un gobierno civil administrado desde Washington. En 1917 a los ciudadanos portorriqueños les fue otorgada la ciudadanía norteamericana. Pasaron 30 años más, hasta que EEUU promulgó la ley que permite a los portorriqueños elegir a su gobernador.
En 1952, el primer gobernador elegido democráticamente, Luis Muñoz Marín, acordó con Estados Unidos una relación llamada "Estado Libre Asociado", un régimen por el cual mantiene su vínculo constitucional con el país del norte, pero no tiene allí representación en el Congreso. Previamente, en 1948, su partido había aprobado una norma restrictiva conocida como "Ley Mordaza", por la que se pretendía frenar los impulsos independentistas. Cabe apuntar que en los años 50, el proyecto de "Estado Libre Asociado" fue rechazado con una insurrección nacionalista que proclamó la República de Puerto Rico. Los independentistas fueron reprimidos y finalmente muchos de ellos detenidos y condenados. La relación de dependencia con los Estados Unidos continúa hasta hoy.
El espionaje y la persecución contra los sectores independentistas nunca se detuvieron. En ese sentido es activa la presencia en Puerto Rico de miembros del FBI y de la CIA. Hace 11 años, decenas de agentes federales rodearon la casa donde se encontraba Filiberto Ojeda Ríos, que había sido líder del llamado Ejército Popular Boricua, uno de los tantos grupos activos por la independencia. Con el apoyo de dos helicópteros atacaron la finca y finalmente asesinaron a Filiberto quien entonces tenía 72 años.
En las últimas décadas se han realizado varios referéndums en los que triunfó la propuesta de continuar la situación actual, frente a las posibilidades de independencia o de pasar a ser el estado número 51 de la Unión. El estado económico y social de Puerto Rico ha sufrido en los últimos años un fuerte deterioro. El país lleva nueve años de recesión y acumula una deuda externa de 73.000 millones de dólares. La situación económica de difícil resolución puede haber sido determinante del resultado en las elecciones realizadas a fines del año pasado. En ellas, resultó vencedor Ricardo Roselló, economista de 37 años, del anexionista Partido Nuevo Progresista que propugna convertir a su país en nuevo estado norteamericano. Asumió esas funciones en enero, y confía en que Donald Trump apoye esa intención de atar definitivamente Puerto Rico a los Estados Unidos.
Quien es el preso político más antiguo de América Latina
Oscar López Rivera nació el 6 de enero de 1943 en Puerto Rico. A los 14 años emigró con su familia a los Estados Unidos. Fue reclutado por el ejército norteamericano para combatir en Vietnam, donde fue condecorado "por su valor en combate". Reintegrado a la vida civil en Chicago, se integró a la defensa de los derechos de los portorriqueños. En esa lucha por mejorar las condiciones de vida de su comunidad participó en actos de desobediencia civil. En 1976 se integra en la lucha clandestina en favor de la independencia de su país, y pasa a militar en las llamadas "Fuerzas Armadas de Liberación Nacional" (FALN) portorriqueñas. El 29 de mayo de 1981 es detenido por el FBI, que le acusa de "conspiración". Se declara "prisionero de guerra" amparado por la Convención de Ginebra, pero tal condición no fue reconocida por los gobiernos norteamericanos. Justificó entonces que la "propaganda armada" era un camino para sobrevivir como pueblo frente a la persecución y la represión.
Las movilizaciones por la libertad de López Rivera
Organizaciones sociales, movimientos ciudadanos, personalidades de todo el mundo -incluso varios Premios Nobel- han solicitado durante estos años peticiones en favor de la libertad de López Rivera. Hace pocos días, el arzobispo de San Juan de Puerto Rico anunció en conferencia de prensa que el Papa Francisco se había unido al reclamo y había solicitado la excarcelación del preso político. En junio del 2012, el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas aprobó una resolución promovida por Cuba en la que pedía que se reconozca el derecho a la independencia y autodeterminación de Puerto Rico e instaba a la liberación de los independentistas prisioneros en Estados Unidos. El proyecto respaldado también por varios gobiernos latinoamericanos fue adoptado por consenso por el Comité. El gobierno de Estados Unidos, no hizo caso alguno de la resolución. A comienzos del año pasado, las campañas por la liberación del histórico prisionero, se redoblaron, apuntando precisamente a una decisión de Obama antes de terminar su mandato. Entre otros hechos relacionados con este reclamo, en marzo del año pasado durante el Séptimo Congreso de la Lengua Española celebrado en Puerto Rico, un activista interrumpió la intervención del Rey español Felipe Sexto con el grito de "Prensa de España y del mundo, libertad para Òscar López Rivera". Su intervención recibió el cerrado aplauso de los presentes. En el mismo Congreso, por la mañana, el escritor Luis Rafael Sánchez, también había pedido la libertad de López Rivera y su pronto regreso a la patria.
Esto sucederá finalmente el próximo 17 de mayo, conforme la resolución de Barack Obama. Mientras tanto, continuará en la prisión de Terre Haute, en el estado de Indiana, donde lleva encarcelado desde 1998, tras haber pasado por otras prisiones norteamericanas.
El retorno a Borinquén
Su hija Clarissa, y gran parte del pueblo portorriqueño esperan ahora que llegue el momento en que Òscar abandone la cárcel y pueda regresar a su tierra.
No solo los independentistas estarán esperándole. Porque será el regreso a la patria de la dignidad boricua, de la dignidad humana.
De alguna manera, todos, en especial los latinoamericanos, estaremos esperándole.
Vibrarán entonces las palabras del poeta boricua Juan Antonio Corretjer: “…la lucha nunca cesa. La vida es lucha por obtener la libertad ansiada. Lo demás es la nada…"
Atrás, dejará el peor rostro de los Estados Unidos, el de un país presidido por Donald Trump, que hoy asumió el gobierno de esa nación.
Enviado por SERPAL – Servicio de Prensa Alternativa
COMCOSUR INFORMA Nº 1787 – 09/02/2017
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2) LA IMPUNIDAD DE LEVIATÁN
1 ¿Puedes pescar a Leviatán con un anzuelo, o atarle la lengua con una cuerda?
2 ¿Puedes ponerle un cordel en la nariz, o perforarle la quijada con un gancho?
3 ¿Acaso amablemente va a pedirte o suplicarte que le tengas compasión?
4 ¿Acaso va a comprometerse a ser tu esclavo de por vida?
5 ¿Podrás jugar con él como juegas con los pájaros, o atarlo para que tus niñas se entretengan?
6 ¿Podrán los mercaderes ofrecerlo como mercancía, cortarlo en pedazos para venderlo?
7 ¿Puedes atravesarle la piel con lanzas, o la cabeza con arpones?
8 Si llegas a ponerle la mano encima, ¡jamás te olvidarás de esa batalla, y no querrás repetir la experiencia!
(Biblia, Antiguo Testamento, Libro de Job, 41)
Roger Rodríguez – martes, 17 de enero de 2017
La sentencia de la III Corte de Asís de Roma en el juicio sobre el Plan Cóndor de las dictaduras sudamericanas ratificó la impunidad de los tiempos en que vivimos. En el dilema entre aplicar la justicia internacional sobre los criminales de lesa humanidad, los jueces italianos optaron por condenar únicamente a los mandos políticos (civiles o militares) de Bolivia, Perú, Chile y Uruguay, y absolver a los efectivos militares que cometieron los delitos.
Fueron condenados a cadena perpetua los chilenos Hernán Jerónimo Ramírez y Rafael Ahumada Valderrama, los bolivianos Luis García Meza y Luis Arce Gómez, los peruanos Francisco Morales Bermúdez, Pedro Richter Prada y Germán Ruiz Figueroa, y el ex canciller uruguayo Juan Carlos Blanco, quien cumple condena en la cárcel central. Todos los demás imputados fueron absueltos.
La mayoría de los absueltos son uruguayos: los ya procesados Ricardo Arab, José Gavazzo, Ernesto Ramas, Jorge Silveira, Gilberto Vázquez, Juan Larcebeau, Luis Maurente, Ricardo Medina, José Sande y Ernesto Soca, quienes cumplen condenas en Uruguay, y los requeridos Jorge Tróccoli (fugado a Italia) y Pedro Mato (fugado a Brasil). También se absolvió a los chilenos Pedro Espinoza, Daniel Aguirre, Carlos Luco, Orlando Moreno y Manuel Vázquez, y al peruano Martín Martínez. Todos ellos son efectivos militares.
Este fallo puede interpretarse como suerte de doctrina internacional de la “obediencia debida” que constituye una traducción jurídica de la realidad política de Italia y los países de la OTAN que desde hace décadas se encuentran comprometidos en distintos tipos de intervenciones militares a nivel mundial y no pueden permitir que sus soldados puedan ser juzgados por actos aberrantes que se les pudiera ordenar realizar. De lo contrario se produciría un desacato generalizado y necesitan a su can Cerbero.
El pronunciamiento del Tribunal de Roma puede implicar un golpe mortal al Estatuto de Roma cuyo articulado sigue sin ser ratificado por algunas de las principales potencias mundiales, como Estados Unidos, Israel, Irán, Japón, Kuwait, Rusia, Siria, quienes no aceptan someterse a una Corte Internacional como la que prevé el acuerdo y que, en el caso norteamericano, han sancionado a aquellos países que no aceptaron firmar acuerdo de inmunidad al respecto.
También obliga a una necesaria revisión del funcionamiento y las normas procesales de este tipo de juicios internacionales, en los que no se puede aplicar un criterio “penal” de los delitos ya que luego de tantos años de ocurridos las violaciones a los derechos humanos es imposible acumular las pruebas que se necesitan en una causa criminal común. En particular, porque en estos casos la prueba del delito, los cuerpos de las víctimas, fue intencionalmente desaparecida.
Responsabilidad de Estado
El gobierno uruguayo ya anunció su disposición a apelar el fallo de Roma, como lo harán los familiares de las víctimas y las organizaciones políticas y sociales que promovieron las denuncias desde 1999, cuando en la justicia uruguaya todas las denuncias judiciales estaban paralizadas al amparo de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, que nunca fue anulada aunque sus efectos hayan sido eliminados por un acto administrativo del presidente José Mujica y por el único artículo de una ley interpretativa que la Suprema Corte de Justicia no declaró inconstitucional.
Fue equivocada la estrategia del Estado uruguayo en las directrices dadas a su abogado Fabio Galiani en el proceso judicial romano. El patrocinante centró su acusación en la figura del capitán de navío Jorge Tróccoli que por un “error administrativo” había logrado evitar un proceso de extradición. Para los jueces romanos, Tróccoli era sólo un eslabón de la cadena en cuyo mando solo encontraron y condenaron a cadena perpetua al ex canciller Juan Carlos Blanco, ya que los presidentes y comandantes de la dictadura habían muerto. Probablemente hubieran condenado al dictador Gregorio Álvarez, si no fallecía semanas antes del fallo.
La responsabilidad del Estado será uno de los temas a analizar de este largo proceso. La ex fiscal Mirtha Guianze, hoy presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos, ya deslizó una crítica a recordar que la Comisión para la Paz entregó al Tribunal de Roma documentos reservados que fueron negados a la justicia uruguaya. Un dato que vuelve a colocar sobre la mesa el tema de la desclasificación de documentos de la dictadura.
Las críticas al gobierno se centran en la forma como se ha mantenido bajo reserva el llamado “Archivo Berrutti”, un voluminoso conjunto de expedientes que fueron encontrados en una dependencia militar durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez y todavía se mantienen bajo reserva, pese a los temas que contienen según un índice que del mismo ha trascendido. No se termina de entender cuáles son los intereses o las presiones que existen para que esos archivos sigan en la oscuridad.
En particular, ante el espejo del “Archivo Castiglioni”, un conjunto de 65 cajas de copias y facsímiles que se incautaron en la casa de un coronel del Ejército, cuyo contenido ha trascendido en algunos medios de prensa. Incluso, más de uno se pregunta por qué no se ha ordenado el allanamiento de la casa de otros connotados represores de la dictadura, quienes en su momento evidenciaron tener documentación reservada de los años de la represión que, para colmo, llegaron a publicar en una página de Internet.
Tiempos de impunidad
Lo que el fallo de Roma exige, ahora, es la reactivación de las causas judiciales que continúan dormidas en Uruguay que, como se indicó en el anuario de Serpaj, 30 años después de la aprobación de la Ley 15.848, solo ha permitido el proceso de 30 represores, cuando de 304 denuncias de violaciones a los derechos humanos que fueron judicializadas, el 23 % fueron archivadas, el 63% continúa en la etapa de presumario y sólo hubo 6 sentencias, de acuerdo a datos proporcionados por el Observatorio Luz Ibarburu.
¿Cuáles son las razones de ese enlentecimiento en los procesos? ¿Quiénes son los responsables de que las causas no progresen? ¿En cuánto es responsabilidad de la Suprema Corte de Justicia o de la Fiscalía de Corte, que disponen el cambio de jueces y fiscales a su antojo obligando a que los sustitutos vuelvan a empezar de cero? ¿Por qué no se implementado la fiscalía de derechos humanos tantas veces anunciada? ¿Por qué no se hace un tribunal al respecto, ya que es una especialidad como la del crimen organizado? ¿Por qué no se analiza judicialmente el tema derechos humanos como un todo en un proceso que permita ver el contexto y las relaciones de los casos que hoy se indagan individualmente?
¿Qué espera el Poder Ejecutivo para darle presupuesto y logística material y humana a la Comisión por la Verdad si realmente se pretende avanzar en la resolución de los casos de desaparecidos? ¿Cuándo se creará un equipo de trabajo full time para planificar y concretar las excavaciones en unidades militares así deban arar todo el Campo de Vidella? ¿Cuándo se ejercerá presión sobre los represores instruyéndoles los Tribunales de Honor que los degraden y limiten sus actuales jubilaciones? ¿Cuándo el Poder Legislativo elaborará una norma que favorezca a esos militares si colaboran en la búsqueda y aparición de los desaparecidos?
Los familiares, las organizaciones sociales, los activistas e investigadores, debemos continuar el trabajo, conscientes de que vivimos en un tiempo de impunidad local e internacional, pero con la convicción de que la verdad puede y debe ser encontrada. Para que haya memoria hasta que se logre la justicia. Para que no se olvide a la víctima de cada causa bajo impunidad, el nombre de cada impune y la responsabilidad de cada impunidor, mientras el Leviatán siga vivo y nade se atreva a ponerle la mano encima.
Roger Rodríguez
COMCOSUR INFORMA Nº 1787 – 09/02/2017
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3) LA ASUNCIÓN DE DONALD TRUMP
El epicentro de la crisis mundial del capitalismo hoy se instala como nunca en los EEUU, en realidad no han podido aún salir airosos de la crisis de 2008 y Trump representa el surgimiento de un nacionalismo exacerbado, que coloca el fin de una etapa y el surgimiento de otra.
Por Gustavo González, La República, 31.01.2017
El nacionalismo (de derecha), impulsado por Trump, también se observa en varios países de Europa, en forma más tenue y menos descarnada, pero existe y avanza igualmente.
El agotamiento de regímenes liberales que no pudieron detener la crisis, en el mejor de los casos la agudizó aún más, han dado surgimiento a este tipo de nacionalismos.
Uno de los objetivos de Trump, es justamente colocar diferencias entre los poderes de Rusia y China, cuestión que hasta el momento no han ido más allá del discurso. Pero ello es más que nada para frenar y amedrentar a Europa. Por eso es que muestra su “cariño” hacia Putin.
La idea de impulsar un proteccionismo hacia la industria gringa, no es del todo bien visto por amplios sectores de la burguesía de ese país que tiene todos sus capitales transnacionales que necesitan de la “globalización” para el mejor negocio.
Por su parte, China vive una brutal desaceleración de su economía, solo en 2016 han salido un billón de dólares en divisas a pesar de los fuertes controles oficiales.
Por tanto “la guerra Trump-China” si bien está planteada, no será de fácil estructuración, tanto la burguesía norteamericana como la burocracia China, están fracturadas y debaten en una correlación de fuerzas no muy claras aún. El carácter de una crisis tan profunda no permite dar un solo paso en falso más, para poder resolver la misma.
Por su parte, las promesas de Trump a la interna de su país no serán de fácil concreción, las manifestaciones que se producen en el país en estos tiempos, hablan claramente de ello. Tiene a su favor todas las herramientas para poder hacerlo desde el punto de vista institucional, mayoría parlamentaria y más allá de las diferencias existentes en el Partido Republicano, en última instancia estarán alineadas a su presidente.
El imperialismo ya demostró que en épocas de profunda crisis una salida fue la guerra, esta posibilidad no está fuera de las posibilidades, aunque se sospecha que tendrá características distintas a las ya vividas por la humanidad.
Dos cuestiones pueden darse en el corto plazo. Por un lado que las movilizaciones se sigan generalizando en el grande del norte, pero solo serán efectivas y producirían cambios si el conjunto del movimiento obrero se suma. La otra cuestión es que se “agende” la guerra como salida a la crisis.
Gustavo González
COMCOSUR INFORMA Nº 1787 – 09/02/2017
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4) COLOMBIA Y EL CAMINO HACIA LA PAZ EFECTIVA
Arranca el proceso de dejación de armas. El desafío de la memoria
Por Sergio Ferrari, desde la ONU, Ginebra, Suiza
Dirigentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), autoridades gubernamentales y altos responsables de la Misión de las Naciones Unidas en ese país sudamericano recibieron el primer miércoles de febrero en la localidad de Pondores a 200 militantes de esa guerrilla.
Según la información oficial brindada por la ONU, ese acto simbólico en el norteño departamento de La Guajira marca el arranque del proceso de dejación de armas y separación de fuerzas previsto en el Acuerdo de Paz firmado por el grupo guerrillero y el gobierno en La Habana.
Las mismas fuentes de las Naciones Unidas indicaron que ese primer grupo se suma a más de 6.300 militantes de las FARC que desde el sábado 28 de enero se están movilizando hacia las 23 Zonas Veredales Transitorias de Normalización y los de las Puntos Transitorios de Normalización, ubicados por consentimiento mutuo en 14 de los departamentos del país sudamericano. En diversas declaraciones de prensa el presidente del jueves 2 de febrero, el Presidente Juan Manuel Santos adelantó que más de 4.670 guerrilleros estarían ya ubicados en las Zonas Veredales.
En dichas zonas se definirán a los amnistiados y los indultados. La importancia de las mismas es vital para la implementación de los Acuerdos de Paz, ya que los guerrilleros ingresarán como alzados en armas y luego de seis meses se convertirán en ciudadanos legales. En las mismas se iniciará el proceso de preparación para la reincorporación a la vida civil de los ex – guerrilleros, tanto a nivel económico, político como social.
Según las fuentes onusianas, al intervenir en el acto de Pondores, el General José Mauricio Villacorta, Jefe adjunto de los observadores de la Misión de la ONU en Colombia, afirmó que el momento era de relevancia vital y expresó un reconocimiento a los esfuerzos tanto del Gobierno como de las FARC-EP para la implementación del Acuerdo Final.
“Esto muestra que estamos llevando el acuerdo a la realidad,” enfatizó en Pondores el Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, quien destacó que lo que tendrá lugar en el campamento no es sólo la dejación de armas, sino también la transición de los guerrilleros a la vida civil. En tanto el comandante Iván Márquez, líder del equipo negociador de las FARC-EP en La Habana, expresó su optimismo por la llegada de este grupo. “Algo bueno está pasando en Colombia, y es la paz…Aquí estamos para decirle a Colombia que el proceso de paz está en marcha. Esta paz es irrefrenable, indetenible, vamos para adelante”, subrayó el dirigente guerrillero.
Tras su llegada, los guerrilleros registrarán las armas que portan. La pólvora, granadas y minas antipersona que traigan consigo, serán destruidas en el mismo campamento. Tras 180 días, la Misión de la ONU retirará la totalidad de las armas, una parte de las cuales podrían transformarse en materia prima para la construcción de al menos tres monumentos de paz en tres ciudades diferentes del continente americano.
Gran desafío todavía no resuelto del proceso de pacificación colombiano lo constituye el futuro de los grupos paramilitares, muchas de cuyas acciones brutales en los años de guerra por el momento se mantienen impunes. En 2015 la Comisión “Justicia y Paz” había documentado que de 3666 paramilitares – que reconocieron más de 50 mil violaciones de derechos esenciales, incluyendo crímenes – solo 33 habían sido condenados.
La aplicación de la justicia transicional constituirá otro de los grandes retos a corto y mediano plazo para una efectiva resolución de lo que fuera el conflicto colombiano. Incluyendo la investigación de los miles de casos de desaparecidos registrados desde 1970 en adelante que podría significar uno de los ejercicios esenciales para que la memoria colectiva alimente un nuevo paradigma de funcionamiento democrático inclusivo.
Sergio Ferrari, desde la ONU, Ginebra, Suiza
COMCOSUR INFORMA Nº 1787 – 09/02/2017
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5) CON JAIR KRISCHKE
Una sociedad indignada pero confundida, perpleja y, por ahora, paralizada
Por Carlos Amorín Aguirre /UITA
La institucionalidad republicana de Brasil viene siendo arrasada por una serie de explosiones atómicas políticas y una debacle económica. Para Jair Krischke, principal animador del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos (MJDH) de Brasil y prestigioso activista internacional, “en este momento del país puede pasar cualquier cosa”. Hay quienes ya escuchan “ruido de sables”.
-¿Cómo está reaccionando la sociedad brasileña ante el reciente proceso político en el país?
-La sociedad brasileña está altamente impactada. Hemos llegado a una situación que hasta hace poco tiempo era impensable aquí, y me refiero a una confrontación abierta, a una polarización muy pronunciada entre los militantes y simpatizantes del PT y los demás.
Este enfrentamiento imposibilita el diálogo en la sociedad organizada, o sea sindicatos, organizaciones profesionales, asociaciones de vecinos… Y entre las personas no organizadas pasa lo mismo. El umbral de reacción de cualquier interlocutor está extremadamente restringido. A veces solo la mención del enunciado ya genera una respuesta desmedida.
Parece algo increíble, pero se llega a percibir hasta reacciones de odio. ¡Una locura!
La madre del borrego
-¿Cómo se llegó hasta aquí? ¿Cuánto está afectando esta situación al Brasil?
-Esta crisis está tocando a todos los poderes del Estado. En Brasil el fin de la dictadura no ocurrió por una transición sino por una “transacción”. Hubo un acuerdo entre los dueños del poder. Porque, recordemos: se produjo una movilización de masas por las "Diretas já" que fue la más grande que se recuerda en la historia del país.
La dictadura, no obstante, resistió, y fue un Colegio Electoral el que designó presidente a Tancredo Neves quien murió antes de asumir el cargo. Así fue que José Sarney, vicepresidente de Neves, llegó a la Presidencia. A esto se arribó mediante un acuerdo entre los militares y grupos políticos civiles.
Pero este nuevo gobierno heredó y prolongó una metodología autoritaria de dirigir el país en la cual incluso participó el propio Parlamento mediante un Congreso sometido, a imagen y semejanza del que funcionó durante la dictadura.
Desde entonces la vida política de Brasil se desarrolló de una manera absolutamente anormal.
-¿En qué sentido?
-Creo que una de las consecuencias es que en este momento tengamos 38 partidos políticos (1), y más de 50 aguardan que se les autorice el registro en la Corte Electoral.
Ningún sistema político puede funcionar adecuadamente con este nivel de atomización que ya es pulverización. Se trata de una versión más perversa que la original, la de aquel Congreso heredado de la dictadura.
El borrego
En realidad esos partidos son hoy casi todos pequeñas estructuras seudo criminales cuya principal utilidad es los negociados, la corrupción.
Las alianzas se arman y desarman según las ventajas y privilegios que se ofrezcan y se tomen en una suerte de “mercado” o “subasta” cuasi públicas donde se compran y venden los votos y apoyos parlamentarios. ¡Una indignidad!
Este Congreso brasileño buscó obtener su tajada de cualquier forma. Esto se pudo ver muy claramente en el conocido affaire del “Mensalao”, cuando el gobierno de Lula pagaba a diputados y senadores una cuota mensual para que se aprobaran en el Parlamento las leyes propuestas por el Ejecutivo.
Este procedimiento se generalizó en esa época y por ello fueron condenados por la justicia algunos dirigentes muy importantes del PT.
-Pero la corrupción se agravó y extendió, se volvió sistemática…
-No se habían apagado los ecos del “Mensalão” cuando se reveló el “Petrolão” o “Lava Jato”, una cadena de sobornos pagados con dinero de la petrolera estatal que tuvo esencialmente dos destinos: financiar campañas electorales y enriquecer individualmente a muchas personas. No es por casualidad que los tres últimos tesoreros del PT y también de otros partidos están en prisión.
Quiere decir que se combinaron estos dos procesos: el de un Parlamento abiertamente corrupto
-el ex presidente de la Cámara de Diputados está preso y el actual presidente del Senado tiene pendientes doce causas criminales-, y la corrupción de los partidos como tales.
-¿Y qué pasó con la Justicia en esta historia?
-No debemos dejarla fuera de esta triste realidad. Por ejemplo, una de las causas iniciada contra Renan Calheiros, presidente del Senado, estuvo cajoneada durante hace nueve años en el Supremo Tribunal Federal (STF).
Se trata de una denuncia según la cual este señor tuvo un romance con una periodista del cual resultó un hijo. La pensión alimentaria que debía pagar el senador era en realidad cubierta por una empresa que contrataba sistemáticamente con el Estado. Esto está probado desde hace nueve años, y recién ahora se empieza a mover el expediente.
Como consecuencia, uno de los ministros del STF decidió expulsarlo del Senado y se envió a un oficial de justicia para que lo notificara. Calheiros lo recibió en su casa y tuvieron una amable conversación. Cuando regresó, el oficial informó que no lo había encontrado. Lo enviaron al Senado, y se repitió la historia. El STF “no logró” notificar al reo, y por lo tanto, todo siguió igual. Esto implicó un gran descrédito para el STF. Por lo tanto, es cierto que el Congreso y el Poder Ejecutivo están pésimos, pero el Poder Judicial también lo está.
Institucionalmente Brasil está muy fragilizado
-Además de Dilma, ¿qué otras cosas han cambiado en el gobierno con Temer?
-En esta última elección la fórmula presidencial era Dilma-Temer. Las investigaciones ya han dejado muy claro que buena parte del dinero de la corrupción fue a parar a las campañas electorales y por tanto todo se encuentra bajo escrutinio de la justicia electoral.
Pero hace apenas diez días el presidente de la Corte Electoral acudió a la casa funcional del presidente Temer donde mantuvieron una reunión. Véase que se trata de un “reo”, sospechado de corrupción, y el magistrado que debe juzgarlo. Y esto ocurre a plena luz del día, en medio de este clima de ira y hastío de la población, y sin que se den explicaciones.
Es un escenario preocupante, gravísimo. Creo que la sociedad está en shock y por eso no reacciona. La gente ya no sale más a la calle como lo hizo contra el “Lava Jato” y por la destitución de Dilma.
-Quizás porque no aparece una alternativa creíble a lo que hay…
-Hasta el pasado 31 de diciembre de 2016 si Temer era destituido se debía convocar a elecciones nacionales ya que aún no se habían cumplido los dos años de mandato, contando el tiempo de Dilma. Pero a partir del 1 de enero de 2017 si el Presidente es destituido debe ser el Congreso el que elija su sustituto. Y entonces nos preguntamos: ¿este Congreso va a elegir un Presidente? ¿A quién? ¿En este caos?
-Y como si ya fuese poco, ocurre la muerte del integrante del STF Teori Zavascki en condiciones extremadamente dudosas…
-Sí, existe una sospecha de que haya sido una ejecución, que la caída del avión fue provocada intencionalmente. Es que Zavascki tenía entre manos una verdadera bomba atómica política porque era el ministro del STF encargado de homologar, de dar por válidas para su investigación las llamadas “delaciones premiadas” (2) de 77 ejecutivos y ex ejecutivos de la empresa Odebrecht, algunos de los cuales ya están presos.
Esta empresa pagó enormes sobornos en Brasil y otros países para obtener contratos de obras muy importantes, y entre ellos a funcionarios de Petrobras.
Zavascki estaba siendo asistido por varios jueces federales para analizar las 900 declaraciones que efectuaron los “delatores premiados”. Estos jueces debían corroborar en audiencia con los declarantes que sus dichos corresponden a lo que está escrito en los expedientes, y si habían recibido alguna coacción o habían declarado voluntariamente.
Se trata de un momento en el cual sólo se encuentran presentes el declarante, su abogado y el juez. No hay policías ni fiscales para dar las garantías adecuadas.
A partir de allí, cumplida esta formalidad, correspondía a Zavascki darle continuidad o no a cada caso para corroborar las delaciones premiadas. Se sabe que esto estaba ya muy adelantado, y que más de 250 diputados y senadores están mencionados en las declaraciones de los ejecutivos de Odebrecht.
-O sea que fue una muerte “muy oportuna” para algunos…
-Otra vez se le causa un gran impacto a la sociedad con la muerte de Zavascki, y todo el mundo se pregunta a quién designará el presidente Temer para sustituir al ministro fallecido. También existe el temor de que ocurra lo mismo que en el famoso proceso italiano “Manos Limpias", donde la mayoría de los imputados quedó libre porque el proceso demoró tanto que los delitos prescribieron.
Y la gente está muy preocupada porque en este contexto no sería raro que se demorara varios años más en culminar el proceso hasta llegar a la prescripción.
La sociedad está muy pendiente de lo que va ocurriendo en este caso, pero tengo la impresión de que son pocos los que colocan todas las piezas conocidas del puzzle en el Congreso, el Ejecutivo y el Judicial. No está fácilmente disponible la “foto general”.
Cuando el río y los sables suenan…
-¿De alguna manera se han creado las condiciones políticas ideales para que los militares hagan su aparición directamente en el escenario?
-Eso parece, y es lo peor de todo, porque en nada existen espacios vacíos, y especialmente en política. Es el gran riesgo que estamos viviendo porque la gente no cree más en el sistema político y al mismo tiempo no soporta la impunidad.
Quiere castigo para los corruptos del Lava Jato. Pero curiosamente no lo exigen para los demás que también han participado en la corrupción. Todas las baterías están apuntando al Lava Jato.
-La metodología utilizada por el PT para obtener mayorías que le permitieran gobernar debería ser un debate urgente para la izquierda mundial.
-Sin duda. Pero es un debate que va más allá de lo ideológico. Por ejemplo en nuestro caso no se puede disociar al PT del PMDB.
En este momento los militantes petistas reclaman "Fuera Temer". Está bien. Pero la pregunta es: ¿a quién poner en su lugar? Este es el gran peligro porque podría aparecer un supuesto “salvador”.
En este momento hay una gran desazón política en la sociedad. La gente no sale a la calle. Aquellos jóvenes que se movilizaron masivamente contra el Campeonato Mundial de Fútbol y los Juegos Olímpicos, que rechazaban todos los partidos políticos, ya no están en la calle. Se sienten total y profundamente decepcionados.
Y quizás éste haya sido uno de los más graves errores de Dilma, no haber comprendido a estos jóvenes y haber hecho algo, por lo menos algo, que contemplara sus reclamos. Fueron totalmente ignorados.
-También puede influir el temor a que este sistema político con tal grado de cinismo intente recuperar a su favor cualquier movilización de masas.
-Puede ser, sí. Y también esa profunda desilusión. No me lo explico aún claramente. Porque cuando ocurren este tipo de procesos políticos tan graves e inéditos en el país, es imprescindible que pase un tiempo antes de poder analizarlos finamente. Además, la dinámica que tiene actualmente la política brasileña es vertiginosa. Todos los días está cambiando.
En estos tiempos de polarización me acuerdo mucho de Lenin cuando decía que “el izquierdismo es la enfermedad juvenil del comunismo”. Observo que las discusiones que se generan en este momento, incluso con gente muy formada, que uno conoce desde hace años, derrapan rápidamente hacia “lo infantil”, hacia el territorio del dogma, de la fe, y eso en un análisis político no es útil. Hay demasiada pasión. Si hoy uno dice acá que hubo gente del PT que robó, es acusado de ser de derecha.
Pero veamos la realidad: cerca del 70 por ciento de los ministros de Temer también lo fueron de Lula o de Dilma. Entonces estamos ante una continuidad, más de lo mismo. Eran socios. Y eso es un hecho innegable.
-¿Qué se puede esperar hacia el futuro?
-Le comentaba ayer a un amigo que dicen que Dios lo sabe todo, pero en este caso, creo que ni Dios sabe lo que podrá ocurrir en Brasil. Todo puede pasar.
Cuando tras la acumulación de denuncias y revelaciones escandalosas de actos despreciables de los políticos se suma la muerte sospechosa de un miembro del STF que podía decidir el futuro de muchos de ellos, uno debe concluir que todo puede pasar. Cualquier cosa es posible.
-Volvemos a los militares…
-Los militares están aparentemente muy quietos. Temer, emulando a Lula y a Dilma, puso a un comunista en el ministerio de Defensa. (3) Un tipo muy serio al que admiro bastante. Pero al mismo tiempo conformó un Gabinete de Defensa Institucional que tiene bajo su égida la dirección de la Agencia Brasileña de Informaciones, o sea la inteligencia civil.
A su frente se encuentra el general Sérgio Westphalen Etchegoyen, proveniente de una familia de tradición militar, de derecha, y cuyo padre fue designado durante la dictadura como Jefe de Policía aquí en Rio Grande do Sul. Se trata de alguien peligroso, muy inteligente y con una excelente formación.
Este general ha venido ganando rápidamente espacio político y gravitación en el gobierno. Ante las masacres y ajustes de cuentas entre las bandas de narcotraficantes en los penales del país, generados por la ausencia del Estado, Temer llamó con desesperación a los militares para que “pongan la casa en orden”.
El plan es que la Policía vacíe los penales trasladando a los presos mientras los militares realizan una requisa a fondo en los predios y edificios. Esto fue una sugerencia realizada a Temer por el general Etchegoyen.
Esto es muy peligroso y grave, porque los militares pasan a ser quienes resuelven las situaciones que superan al gobierno. Se crea un antecedente malo. Extremadamente malo.
Entonces, ¿qué puede pasar? Pues, cualquier cosa, incluso nada de nada. Es muy agobiante.
Te confieso que me acuesto preocupado, me despierto más preocupado y enciendo la radio para saber si no ocurrió algo mientras dormía. Reflejos que ya había olvidado y creí no volvería a recuperar nunca.
Notas:
1- NdR: ¿Es coincidencia que desde hace algunos años se llega a la misma cantidad sumando Ministerios, secretarías de Presidencia con rango de ministerio y órganos con estatus ministerial?
2- Acotamiento de las penas a cambio de información útil.
3- Raul Jungmann.
Carlos Amorín Aguirre /UITA
COMCOSUR INFORMA Nº 1787 – 09/02/2017
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COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR / COMCOSUR
1994 – 19 de junio – 2017 – 23 años
Selección y producción: Beatriz Alonso, Henry Flores y Carlos Casares
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Colaboran:
ALEMANIA: Antje Vieth y Carlos Ramos (Berlín)
ARGENTINA: Eduardo Abeleira, Mauricio D’ambruoso (Buenos Aires)
BRASIL: Carlos O. Catalogne (Florianópolis)
CENTROAMÉRICA: Gustavo González
ECUADOR: Kintto Lucas (Quito)
HOLANDA: Ramón Haniotis (Amsterdam)
SUIZA: Sergio Ferrari (Berna)
URUGUAY: Jorge Marrero (Santa Rosa), Margarita Merklen (Durazno), Pablo Alfano (Montevideo), Luis Sabini (Piriápolis, Maldonado)
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