1) Amodio Pérez pide ser reconocido como víctima del terrorismo de Estado –
2) Nin Novoa defendió posicionamiento de Almagro sobre Venezuela –
3) Gobierno sin certeza sobre concreción de la regasificadora –
4) Preocupación por operadora de AFE –
5) Otros cuatro fallos de la Corte sobre ley de medios
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COMCOSUR AL DÍA / AÑO 17 / Nº 2075 / NOTICIAS Y PENSAMIENTOS / Viernes 3 de Junio de 2016 / Producción: Andrés Capelán – Coordinación: Carlos Casares
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«Si asumes que no hay esperanza, garantizas que no habrá esperanza. Si asumes que hay un instinto hacia la libertad, que hay oportunidades para cambiar las cosas, entonces hay una posibilidad de que puedas contribuir para hacer un mundo mejor. Esa es tu alternativa». — Noam Chomsky
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1) Amodio Pérez pide ser reconocido como víctima del terrorismo de Estado
(El Observador)
El exguerrillero, procesado por haber colaborado en detenciones ilegales, hará planteo en base a ley de 2009
A casi nueve meses de haber sido procesado, Héctor Amodio Pérez espera que la Justicia decida sobre la apelación que presentó contra el fallo de la jueza Julia Staricco. Mientras tanto, el extupamaro, imputado por haber colaborado con las fuerzas militares al paticipar en operativos de detenciones ilegales, quiere que se lo reconozca como una víctima del terrorismo del Estado, según una ley de 2009.
Esa norma (18.596) reconoce el «quebrantamiento del Estado de Derecho» y las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura entre el 27 de junio de 1973 y el 1º de marzo de 1985. Y asume las «prácticas sistemáticas de tortura, desaparición forzada y prisión sin intervención del Poder Judicial, homicidios, aniquilación de personas en su integridad psicofísica, exilio político o destierro de la vida social, en el período comprendido desde el 13 de junio de 1968 hasta el 26 de junio de 1973».
El artículo 9º de la ley, en base al que Amodio Pérez realizará su planteo, establece que una comisión especial que funciona en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura «expedirá un documento que acredite la condición de víctima y la responsabilidad institucional» en relación a quienes pasaron por ciertas circunstancias, como la muerte durante la reclusión, desaparición, privación de libertad o debieron exiliarse.
«Un derecho»
Amodio Pérez, que actualmente cumple con prisión domiciliaria, dijo ayer El Observador que su objetivo es lograr un reconocimiento «histórico».
«Es un derecho que me corresponde como ciudadano y como víctima de la situación política de aquellos años. El Estado uruguayo me ha convertido en ciudadano uruguayo para procesarme y por esa misma razón es que voy a reclamar todos los derechos que me correspondan», afirmó el exguerrillero.
El literal A del artículo 9º de la ley 18.596 prevé ese reconocimiento a quienes estuvieron detenidos «por más de seis meses por motivos políticos, ideológicos o gremiales, sin haber sido procesados en el país o en el extranjero bajo control o participación de agentes del Estado o de quienes sin serlo, hubiesen contado con su autorización, apoyo o aquiescencia; y quienes hayan sido procesados por motivos políticos, ideológicos o gremiales en el territorio nacional».
Amodio Pérez indicó que estuvo preso en tres ocasiones antes del golpe de Estado de junio de 1973: entre junio de 1970 y setiembre de 1971; entre febrero y abril de 1972 y de abril de 1972 a octubre de 1973, cuando fue liberado y se radicó en España y su rastro se perdió hasta 2013, cuando tuvo sus primeras apariciones públicas.
El exguerrillero dijo que la posibilidad de solicitar una reparación económica dependerá del asesoramiento que le brinden sus abogados, Andrés Ojeda y Fernando Posada. «No voy a reclamar algo que no corresponda», indicó.
La jueza Staricco, al procesar a Amodio Pérez, concluyó que el ex tupamaro actuó «bajo la órbita» militar y así fue que en 1972, antes de radicarse en España junto a su pareja de ese momento, la también guerrillera Alicia Rey Morales, participó de operativos de detención de integrantes del MLN y por eso lo imputó por reiterados delitos de privación de libertad.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 3 DE JUNIO DE 2016
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2) Nin Novoa defendió posicionamiento de Almagro sobre Venezuela
(La Diaria)
El canciller Rodolfo Nin Novoa dijo que el gobierno uruguayo no se puede “hacer el distraído” ante la situación de Venezuela. En diálogo con la radio Sarandí, explicó por qué la cancillería firmó un comunicado en apoyo al “diálogo y a los procedimientos constitucionales” en ese país, junto a los gobiernos de Argentina, Chile y Colombia. “Nosotros lo que estamos haciendo es ayudar a una sociedad altamente polarizada, como es la venezolana”, a buscar “una solución amigable a los problemas que están teniendo”, dijo el canciller.
El diputado frenteamplista Daniel Caggiani (Movimiento de Participación Popular), vicepresidente del Parlamento del Mercosur, destacó que el comunicado que firmó la cancillería uruguaya “apoya la necesidad de un diálogo” para “reforzar la articulación política entre los actores en Venezuela”. “Creo que es una salida importante, porque no se expresa a favor de aplicar la cláusula democrática sino de buscar vías de acuerdo”, señaló el legislador. De todos modos, agregó que la mención del comunicado de las cancillerías en apoyo al referéndum revocatorio del mandato de Nicolás Maduro que impulsa la oposición es una “extralimitación en el señalamiento de determinados procesos constitucionales, que no se ha hecho con otros países”. Puso el ejemplo del proceso de impeachment a la presidenta brasileña Dilma Rousseff, en el que las cancillerías no juzgaron si había o no elementos jurídicos suficientes para poner en marcha el juicio político.
En cambio, Nin defendió la mención al revocatorio, en diálogo con la radio Uruguay. “El revocatorio es una norma que está en la Constitución de Venezuela […] no puede haber muchas dilaciones. Creo que se necesitaba medio millón de firmas y tienen dos millones”, agregó.
El diputado nacionalista Daniel Peña, integrante de la comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Representantes, destacó que el posicionamiento de la cancillería “es lo que tiene que hacer Uruguay”. “Además, creo que Nin ha tenido históricamente esta posición”, manifestó.
En diálogo con la radio Uruguay, Nin Novoa también defendió las acciones del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, quien el martes resolvió invocar la Carta Democrática del organismo por la situación en Venezuela. “Se está teniendo una mirada distorsionada de lo que hace el secretario general, que pide juntarse y ver la situación”, señaló, y valoró que el planteo de Almagro se hace “con un espíritu de diálogo y de entendimiento”. Sostuvo que no se realiza con la intención de “echar a Venezuela” de la OEA, sino de “analizar colectivamente la situación” de ese país.
Maduro, sin embargo, no lo entendió así, y le recomendó a Almagro hacer “un tubito bien fino” con la Carta Democrática de la OEA y metérsela “por donde le quepa”.
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3) Gobierno sin certeza sobre concreción de la regasificadora
(180.com)
El gobierno no tiene certezas sobre el futuro de la regasificadora. Según les comunicó el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) a los trabajadores del sector, dentro de cuatro meses le podrá confirmar qué pasará con el proyecto, aunque hay confianza de que se concretará.
En una reunión bipartira (gobierno y trabajadores) llevada a cabo en el Ministerio de Trabajo por el conflicto de los trabajadores de MontevideoGas (Grupo Petrobras), el gobierno se comprometió a planificar una estrategia conjunta para planificar los nichos de mercado que se abrirán con la regasificadora. La asamblea del sindicato de MontevideoGas decidió “seguir apostando a la concreción de la Regasificadora como única alternativa en el corto y mediano plazo para el desarrollo del sector, esperando que culmine el proceso definido por el gobierno en forma beneficiosa para el país y los trabajadores”.
Sequeira dijo que el gobierno tendrá certezas dentro de cuatro meses. “En un plazo de cuatro meses ellos estarían en condiciones de saber si la planta regasificadora se hace o no. Tienen certezas en un 80 o 90%. Van a paso firme pero aún no tienen. Creen que sí, que se va a hacer pero no pudieron dar la certeza”, afirmó. Petrobras le debe al Estado cinco millones de dólares por concepto de canon anual que paga y los trabajadores reclaman que se cobre la deuda para reutilizar el dinero como inyección de fondos a la empresa con fines específicos.
El MIEM, a través del asesor de la ministra Carolina Cosse, les comunicó en la instancia bipartita (en la que no estuvo la empresa) que está intentando cobrar la garantía depositada por Petrobras, tal como se estableció en el Pliego de Condiciones y el Contrato de Concesión. El monto sería similar a la deuda. Sequeira dijo que es probable que la empresa brasileña se vaya.
“¿Qué va a pasar con esta empresa en caso de que Petrobras se vaya? Nosotros trasladamos esa inquietud a la empresa y nunca tuvimos una respuesta ni por sí ni por no. Preguntábamos concretamente si se iban a ir o quedar y nunca tuvimos una respuesta en concreto. Calculamos que están en proceso de irse, debido también a todo el tema político en Brasil que explotó este año pero que viene de tiempo atrás. Ahora están en proceso de retirada de todas partes de América Latina”, afirmó el sindicalista.
El sindicato planteó su preocupación por la mala calidad del servicio y las pocas respuestas de la empresa Petrobras a los planteos. El ministerio dijo que comparte el reclamo y se comprometió a pedir una reunión con la empresa. Uno de los reclamos de los trabajadores es que la Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua (Ursea) los autorice transitoriamente para realizar reparaciones o extensiones de cañerías, algo para lo que hoy no están habilitados y que condiciona la continuidad de los usuarios por el costo que facturan los tercerizados.
“Algunos trabajos que en debiéramos hacer los trabajadores de MontevideoGas, una normativa del MIEM, no nos lo permite. Ahí entran a tallar los matriculados, a los que lo les interesa es cobrar el servicio. Por cambiarte un flexible de una cocina, parecido a una colilla de un calefón, nos hemos enterado que te cobran hasta 5.000 pesos y nadie está para que le saquen la plata de esa forma. ¿Qué hace el usuario? Se desconecta del servicio, conecta una garrafa y le sale más barato. Ese servicio no debería cobrarse y lo tendríamos que hacer los trabajadores de MontevideoGas”, sostuvo Sequeira.
El sindicato sostiene que el deterioro del servicio se debe a razones históricas. El esquema de introducción del gas natural al Uruguay fue diseñado en los años 90 y se concretó al principio del 2000, con Argentina como único proveedor. “Esto ha llevado a que seamos totalmente dependientes del volumen que nos envían, que está restringido al mínimo, y que el precio que se determine en el vecino país y se ha incrementado desde dos y tres dólares el millón de BTU a 26 y 27 en la actualidad”, dice el sindicato en su propuesta al ministerio. Además, agrega que el resultado de la gestión privada del servicio público de distribución de gas natural fue negativo.
“Hemos perdido 5.000 usuarios (medidores instalados), pasando de 45.537 medidores en 2005 a 40.296 a marzo de 2016, manteniéndose la tendencia decreciente, ya que en diciembre del año pasado había 40.690. Es decir en tres meses perdimos 394 usuarios”, agregan. Sequeira dijo que ellos reclaman inversiones para mejorar el servicio desde antes del 2009, pero no se hacen y esto también genera la pérdida de clientes.
“Estamos viendo un problema bastante serio en Pocitos y Punta Carretas. Bajan las presiones por mal diseño de la red cuando se renovó. Desde el año 2009 venimos planteando el famoso caño de acero que daría mejor presión. A la hora que se prenden las calderas, bajan las presiones abruptamente y entonces se corta el servicio”, afirmó Sequeira.
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4) Preocupación por operadora de AFE
(La Diaria)
La creación de Servicios Logísticos Ferroviarios (SLF), una empresa pública de derecho privado que se encarga de las operaciones que anteriormente realizaba AFE, no parece estar dando buenos frutos, al menos en opinión del sindicato del área, la Unión Ferroviaria (UF). Este gremio, que se opuso con firmeza a la conformación de la empresa, anunciada como posible solución a la situación de AFE durante el gobierno de José Mujica, está haciendo sentir sus reclamos en los últimos días.
La UF se movilizó el 23 de mayo en José Batlle y Ordóñez, Lavalleja, durante el Consejo de Ministros abierto que se realizó en esa localidad. Allí consiguió llegar a un acuerdo de palabra con el presidente Tabaré Vázquez, quien se comprometió a recibirlos en la Torre Ejecutiva. El sindicato presentó la solicitud el lunes en la sede de Presidencia, y ayer sus representantes visitaron la Comisión de Transporte, Comunicaciones y Obras Públicas de la Cámara de Representantes. Allí, el presidente del gremio, Carlos Aramendi, dijo que el volumen de carga de los trenes cayó considerablemente desde que opera SLF, que comenzó a cumplir sus tareas en julio de 2015. Desde esa fecha hasta abril de este año, el volumen de carga cayó 35% en comparación con el mismo período del año anterior.
Aramendi también denunció que con la reforma de AFE esta empresa pública pasó a encargarse exclusivamente de la infraestructura ferroviaria, y al no recibir los ingresos por las cargas, “dejó de recibir dinero genuino mes a mes y tiene problemas económicos”. “Casi no le entra dinero, únicamente por medio del canon que le paga SLF. Hay una paramétrica, que no se sabe de dónde sale, para conformar ese canon, que para nosotros es un regalo”, sostuvo.
Al respecto, el diputado oficialista Daniel Caggiani consideró que sería bueno esperar a julio para evaluar el funcionamiento de la operadora a un año de instalada. “Si no hay resultados positivos en el primer año, como en cualquier empresa privada, es lógico que pueda haber consecuencias para los cargos gerenciales”, afirmó.
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5) Otros cuatro fallos de la Corte sobre ley de medios
(El País)
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) acordó ayer cuatro sentencias referidas a la ley de medios, las que señalan que algunos artículos de dicha norma coliden con la Constitución de la República. Los ministros acordaron la inconstitucionalidad de algunos artículos de esta norma tan extensa en la misma línea de un fallo sobre un recurso presentado por DirecTV: violan la libertad de expresión y afectan el derecho de propiedad.
En febrero de 2015, DirecTV presentó un recurso de inconstitucionalidad contra 27 artículos de la ley de medios por entender que «le impiden crecer» y «prestar nuevos servicios». El redactor de las cuatro sentencias de ayer será el ministro Jorge Chediak. Por el momento, estos fallos de la Suprema Corte de Justicia no hacen caer la «Ley de Regulación de la prestación de servicios de radio, televisión y otros servicios de comunicación audiovisual» (Nº 19.307).
Dicha norma, aprobada por el Parlamento con votos del Frente Amplio en diciembre de 2014, fue impugnada ante la Suprema Corte de Justicia por empresarios y partidos de la oposición. En este momento, la Corte tiene a estudio otros 17 recursos. El presidente Tabaré Vázquez no reglamentó la ley a la espera de la resolución de la SCJ. El fiscal de Corte, Jorge Díaz, consideró que la ley de medios tiene 23 artículos inconstitucionales.
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