AL DÍA:
1) Diyab internado en el Hospital Maciel en delicado estado de salud –
2) Uruguay: documentación revela espionaje militar en democracia –
3) Azucena Berrutti consideró “inexplicable” vigilancia militar a dirigentes políticos en democracia.-
4) Río Santa Lucía: cinco empresas omisas –
5) Venezuela entre la impotencia opositora y una “salida” (por ahora) postergada hasta 2018
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COMCOSUR AL DÍA / AÑO 17 / Nº 2090 / NOTICIAS Y PENSAMIENTOS / Martes 6 de Septiembre de 2016 / Producción: Andrés Capelán
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"Si asumes que no hay esperanza, garantizas que no habrá esperanza. Si asumes que hay un instinto hacia la libertad, que hay oportunidades para cambiar las cosas, entonces hay una posibilidad de que puedas contribuir para hacer un mundo mejor. Esa es tu alternativa". — Noam Chomsky
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1) Diyab internado en el Hospital Maciel en delicado estado de salud
El ex recluso de Guantánamo ha perdido peso, no consume líquidos y tiene baja presión.
(Telenoche on line)
El ex preso de Guantánamo, Jihad Diyab, fue internado en el Hospital Maciel en la tarde de este lunes debido a una recaída de su estado de salud y a un severo cuadro de deshidratación, según confirmó a Telenoche el integrante del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Juan Raúl Ferreira.
Diyab ha perdido peso a raíz de la huelga de hambre que realiza, tampoco consume líquidos y llegó a la emergencia del centro hospitalario muy débil y con baja presión. Se encuentra en estado reservado.
Diyab llegó a Uruguay en la madrugada del martes pasado y había sido derivado directamente al Maciel donde los exámenes médicos le dieron normales. Según la directora de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Susana Muñiz, su estado físico no revelaba estar en medio de una huelga de hambre.
El interlocutor que el gobierno nombró desde la llegada de los exreclusos al país, Christian Mirza, también aseguró, tras reunirse con él durante 45 minutos, que su estado de salud era bueno.
No obstante, en una conversación telefónica que mantuvo tras su llegada al país con su abogado Jon Eisenberg, que está en California, le había dicho en un imperfecto inglés que estaba “muy enfermo y cansado”, y que a ese momento mantenía una huelga de hambre desde hacía 17 días.
Diyab se fue de Uruguay a principios de julio y el 28 de ese mes se presentó en el consulado uruguayo en Venezuela para pedir ser trasladado a Turquía. Cuando se retiró de la oficina diplomática fue detenido por inteligencia policial del país caribeño. Allí estuvo hasta la madrugada del pasado martes cuando volvió al país en un avión de la petrolera estatal PDVSA.
COMCOSUR AL DÍA / MARTES 6 DE SEPTIEMBRE DE 2016
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2) Uruguay: documentación revela espionaje militar en democracia
(Caras y Caretas)
En documentación incautada en el domicilio de Elmar Castiglione, hay datos sobre espionaje a personalidades variopintas, que incluye al presidente Tabaré Vázquez, a exmandatarios y a fiscales.
Cuando Elmar Castiglioni, exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia durante la dictadura miliar, murió, la Justicia incautó unas 60 cajas de su domicilio. El procedimiento estuvo a cargo de la jueza Beatriz Larrieu y el fiscal Carlos Negro, y se llevó a cabo por una denuncia realizada por el escribano Javier Miranda, entonces secretario de la Dirección de Derechos Humanos de Presidencia.
Este viernes, una nota del periodista Samuel Blixen en el semanario Brecha informa que la documentación de Castiglioni, no sólo tenía información sobre la dictadura militar, como se había supuesto en un primer momento, sino que pone al descubierto actividades de espionaje militar durante la democracia que se instala en el país a partir de marzo de 1985.
A partir de esa fecha, se dice que fueron investigados por medio de “seguimientos, escuchas clandestinas, interferencias telefónicas, infiltraciones”, distintas personalidades, entre las que se nombran: Líber Seregni, Tabaré Vázquez, Carlos Julio Pereyra, Germán Araújo, Julio María Sanguinetti, Gustavo Penadés, Azucena Berrutti, Mirtha Guianze, Rafael Michelini, Macarena Gelman, Jorge Vázquez, Leonardo Costa y Jorge Batlle, los jueces Alberto Reyes y Rolando Vomero y exfiscal Mirtha Guianze, entre otros.
Según se afirma en el artículo, el decano de la Facultad de Humanidades y coordinador del equipo de historiadores de la Udelar, Álvaro Rico, “verifica una continuidad entre la labor de intligencia militar en dictadura y la que se desarrolló en democracia”. También dice que se confirma “el espionaje a los partidos de izquierda, el Frente Amplio, el PVP, el MLN, el Partido Comunista y, en menor medida, al Partido Colorado y al Partido Nacional; o a los sindicatos (escuchas en los locales de Sutel y Untmra, en 1992) y las movilizaciones de trabajadores, así como a los organismos de derechos humanos, en especial durante los referendos sobre la ley de caducidad”.
COMCOSUR AL DÍA / MARTES 6 DE SEPTIEMBRE DE 2016
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3) Azucena Berrutti consideró “inexplicable” vigilancia militar a dirigentes políticos en democracia.
Natalia Uval (La Diaria)
El Partido Comunista del Uruguay (PCU) y el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) reclamaron la conformación de una comisión investigadora parlamentaria sobre los hechos que revela el archivo del coronel Elmar Castiglioni, incautado por la Justicia en 2015, tras el fallecimiento del militar. El semanario Brecha publicó el viernes extractos de dos informes elevados a la jueza Beatriz Larrieu que analizan la información del archivo y dan cuenta del espionaje militar a dirigentes políticos en democracia, desde 1985 a 2009. Felipe Michelini, del Grupo por Verdad y Justicia, y la ex ministra de Defensa Nacional Azucena Berrutti coincidieron en que debe ser la jueza quien resuelva sobre el destino del archivo en esta etapa.
El 2 de octubre de 2015, la jueza Larrieu determinó el allanamiento de la casa de Castiglioni. Se incautaron 60 cajas de documentos con “voluminosa información sobre la dictadura”, según informó en su momento la Fiscalía General de la Nación. Castiglioni fue jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia del Estado y fue relevado en 2006. El operativo judicial se llevó a cabo en el marco de la causa que investiga el homicidio de Fernando Miranda, y el dato sobre la ubicación de los documentos lo había aportado la semana anterior ante el juzgado Javier Miranda, hijo del escribano cuyos restos fueron encontrados en marzo de 2006.
La jueza solicitó a dos especialistas, la historiadora Isabel Wschebor y el decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Álvaro Rico, que realizaran un peritaje de los documentos. En junio de este año, Larrieu pasó al Juzgado del Crimen Organizado y en su lugar quedó Adriana de los Santos, quien está actualmente al frente de la causa. También cambió el fiscal: Jacqueline Castelli sustituyó a Carlos Negro. El viernes Brecha publicó que ambos informes elevados a Larrieu dan cuenta de espionaje de la inteligencia militar a dirigentes de todos los partidos políticos.
Entre otros, fueron vigilados Tabaré Vázquez, Jorge Vázquez, Liber Seregni, Germán Araújo, Azucena Berrutti, el senador frenteamplista Rafael Michelini y la actual diputada del Frente Amplio (FA) Macarena Gelman. También el ex presidente Jorge Batlle y su prosecretario, Leonardo Costa; el ex dirigente nacionalista Carlos Julio Pereyra y el actual diputado del Partido Nacional Gustavo Penadés, y jueces penales como Rolando Vomero y Alberto Reyes. El material incautado da cuenta, según los informes de los especialistas citados por Brecha, del espionaje a todos los partidos políticos y a sectores dentro de ellos, como el PVP, el PCU y el Movimiento de Liberación Nacional (MLN). También a sindicatos como el de Antel (Sutel) y los metalúrgicos (Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines), y a organismos de derechos humanos.
El sábado, el PCU y el PVP reclamaron mediante sendas declaraciones el acceso al archivo, y el PVP solicitó la conformación de una comisión investigadora parlamentaria que trate el tema. Este sector expresó su “alarma y preocupación” por la acción “claramente ilegal y reñida con un estado democrático de los servicios de inteligencia del Estado sobre la sociedad uruguaya”, que utilizaron “los recursos de los uruguayos para solventar la actuación ilegal de personal encubierto”. El PVP solicitará ante el Juzgado Penal de 7º Turno toda la información relativa a ese sector político.
El PCU consideró de “extrema gravedad” los hechos revelados. “Denunciamos y repudiamos estas prácticas de sectores que permanecieron, y permanecen, activos, como una de las consecuencias más perversas de la impunidad. La ausencia de verdad y justicia permitieron, y permiten, que estos operadores del Terrorismo de Estado y chantajistas continúen con sus prácticas”, expresó el sector. Reclamó al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial y a las Fuerzas Armadas que investiguen “a fondo” y que castiguen “a los responsables de estas prácticas y se desmonten estos aparatos, financiados con dineros del Estado”.
Manejo de la información
En su declaración, el PCU reclama el acceso a la información que involucra al sector. Felipe Michelini, del Grupo por Verdad y Justicia, consideró que deben mantenerse “las garantías del proceso penal” y no “pedir al grito la transparencia”, porque el archivo está en secreto de presumario. “Las formas deberíamos respetarlas. Esto no es un tema de opacidad; si hay un proceso penal, que se mantengan las garantías del proceso penal”, consideró. “Cuando la jueza determine que [la información] es pública, debería disponerse una entidad que la custodie y [que] así se pueda consultar. Yo estoy para la máxima transparencia, creo que el marco legal así lo permite, pero no me gustaría que porque se haga público todo un archivo, se pierda prueba para identificar a los perpetradores del homicidio de Miranda. Me parece curioso que se exija que el Poder Judicial avance, y, al mismo tiempo, que se entienda que no puede mantener reservas por la información”, agregó Michelini. Sobre el tema de fondo, consideró que este tipo de “pesquisas secretas” están “expresamente prohibidas por la Constitución de la República” y deberían eventualmente ser objeto de investigaciones administrativas y penales.
Azucena Berrutti, que estuvo tras la pista del archivo Castiglioni hasta que dejó el ministerio, en 2008, dijo a la diaria que el archivo “está en manos de la Justicia” y, por lo tanto, “hay que hacer lo que la Justicia resuelva”.
Berrutti explicó que durante su gestión se hizo “el mayor esfuerzo posible” para hallar el archivo, pero que no se imaginaban que contenía información sobre espionaje en democracia. “Sabíamos que existían los archivos y más bien pensábamos que eran atinentes a la situación del pasado, y que iban a servir para la búsqueda de los desaparecidos”, explicó la ex ministra. Sobre la vigilancia militar en democracia, comentó que le resulta “absolutamente inexplicable” y dijo que desconoce si “esa labor se hacía dentro de la dirección de inteligencia [que comandó Castiglioni hasta 2006] o era una actividad que hacía fundamentalmente el coronel Castiglioni con grupos que trabajaban con él”.
Desde el Ministerio de Defensa Nacional, el subsecretario Daniel Montiel dijo a la diaria que su cartera no ha hecho “ninguna consideración” sobre este tema.
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4) Río Santa Lucía: cinco empresas omisas
De las 23 intimadas hace tres años, 18 corrigieron su sistema de vertido a la cuenca del río.
Lucía Baldomir (El País)
Hay cinco empresas que operan en la cuenca del río Santa Lucía que hace tres años fueron intimadas por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma) a cumplir una serie de cambios para evitar la contaminación del agua, y todavía no han cumplido.
La ministra Eneida De León dijo en la comisión de Presupuesto integrada por Hacienda del Senado que de las 23 industrias originalmente intimadas "18 habían terminado la adecuación de sus vertidos para el mes de junio y las cinco restantes están en proceso" de resolver sus efluentes.
El dato no es menor si se toma en cuenta que, a juicio de la ministra de Medio Ambiente, el 90% de la contaminación en la cuenca del río Santa Lucía es responsabilidad de estas 23 industrias. No obstante, De León dijo en la comisión que las agroindustrias, que no están contempladas entre estas 23 empresas, son las que tienen "el mayor problema".
Por resolución ministerial, el 7 de agosto de 2013, luego de constatar la presencia de algas en agua de OSE consideradas "potencialmente tóxicas" y causantes de mal olor y sabor, se intimó a las 23 empresas a presentar antes del 31 de diciembre de ese año una nueva Solicitud de Autorización de Desagüe Industrial (SADI), además de un proyecto de planta de tratamiento. Además debían presentar la información complementaria acreditando el cumplimiento o las propuestas de ajustes.
Asimismo se otorgaba plazo hasta el 31 de enero de 2015 para contar con una planta de tratamiento de efluentes construida y en operación. Las obras tienen como objetivo reducir un 60% los vertidos orgánicos en nitrógeno y fósforo en el corto plazo.
La ministra afirmó que la Dirección Nacional de Medio Ambiente, en paralelo a las medidas adoptadas por las industrias, "está complementando esto a través de la capacitación de profesionales y técnicos de esas industrias, para que tomen conciencia del problema". En total se trata de 100 personas que fueron capacitadas en sistemas de remoción de nutrientes y se elaboró una guía para acompañar técnicamente el proceso de reconversión. "Así como hubo que hacer un trabajo con los dueños de las industrias, se implementó ese plan de capacitación en remoción de nutrientes para acompañar técnicamente el proceso que están llevando a cabo las industrias", dijo De León.
En su momento también se prohibió los laboreos y agroquímicos en una zona en el Santa Lucía, lo que es controlado por un visualizador ambiental del ministerio que permite ver si se respeta la zona de restricción en el laboreo.
Si bien no desagregó los datos, De León informó en la comisión que entre 2015 y el primer semestre de 2016 se hicieron 87 inspecciones a las industrias y se iniciaron 25 trámites de sanción y 15 finalizaron en multa totalizando unas 4.000 Unidades Reajustables, hoy $ 3,6 millones.
De León dijo que con respecto a la Dirección Nacional de Medio Ambiente, "el plan más importante que se manejó durante el año 2015 fue la acción en el río Santa Lucía y su cuenca y, naturalmente, en la laguna del Sauce, en Maldonado". En 2015 se identificaron los padrones incluidos en la zona adyacente a la cuenca del Santa Lucía y una zona de amortiguación libre de laboreo. "Estamos trabajando muy cerca de las intendencias y respondiendo a las denuncias", dijo De León.
Multa por talar monte nativo.
En junio pasado la Intendencia de Canelones envió a la Junta Departamental una resolución para multar con 20.000 Unidades Reajustables (UR), unos US$ 600 mil, a un establecimiento agropecuario que, en la zona de Las Brujas, taló decenas de hectáreas de un monte nativo para hacer un canal que le permitiera sacar una embarcación directamente al río Santa Lucía.
Plazo para plan de uso de suelos.
El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) extendió hasta el 23 de septiembre el plazo para que los agricultores que posean 100 hectáreas propias o 50 tercerizadas presenten planes de uso y manejo de suelos, informó la titular de la Dirección de Recursos Naturales, Mariana Hill. "Hoy tenemos planes presentados para 1,5 millones de hectáreas que incluyen modificaciones para pasturas y para campos nuevos", sostuvo Hill.
Los planes deben detallar la rotación de cultivos, práctica favorables para cada predio y manejo de fertilizantes y efluentes por parte de los agricultores que posean más de 100 hectáreas propias o más de 50, en casos en que trabajen en forma tercerizada. Hill expresó además que el 28 de abril de 2017 vencerá el plazo para presentar obligatoriamente los planes de uso y manejo del suelo para los productores lecheros ubicados en la cuenca de Aguas Corrientes. Para el resto de los productores lecheros de la cuenca del Santa Lucía, el plazo vencerá el 29 de septiembre de 2017. El objetivo del llamado es contribuir para preservar la calidad del agua.
COMCOSUR AL DÍA / MARTES 6 DE SEPTIEMBRE DE 2016
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5) Venezuela entre la impotencia opositora y una “salida” (por ahora) postergada hasta 2018
Aram Aharonian (Rebelión)
La manifestación convocada por la oposición tuvo, sin duda, una importante participación, superior a las marchas celebradas en los últimos tres años, aunque tal vez de una dimensión inferior a aquellas realizadas por la oposición en 2002, que desembocaron en el frustrado golpe, con la aquiescencia de algunos mandos militares, que ya no están.
Hasta ahora, las publicitadas quejas y acciones de la oposición venezolana sirvieron para ocultar la verdadera crisis sudamericana: el golpe en Brasil. La destitución de Dilma fue simultánea con una importante movilización de la oposición venezolana y con las maniobras para sacar a Venezuela del Mercosur. ¿Casualidad?
En un clima previo de glorificación del enfrentamiento, cargado de un triunfalismo que tenía como perspectiva lograr que, a partir de “la toma de Caracas”, Nicolás Maduro tendría que convocar al referendo revocatorio, la oposición imaginaba de esa manera poner fin al actual gobierno. Todo terminó con una marcha pacífica. Su continuidad como “cacerolazos” está lejos de las amenazas previas sobre “tomas” de edificios públicos para arrancarle la convocatoria al mencionado “revocatorio”.
Las características de la marcha no calzaron con las expectativas de los principales dirigentes, especialmente la rama violenta e la oposición, de que se trataba de una marcha insurreccional para derrocar al gobierno, alentando una conciencia claramente subversiva, dispuesta a utilizar cualquier método violento. La amenaza y el ultimátum se convirtieron en un bluff y éste en el descalabro para la credibilidad ya deteriorada de sus principales dirigentes. En las llamadas redes sociales circularon imágenes y vídeos donde los marchistas más radicales le espetaban a sus propios dirigentes.
El gobierno de Nicolás Maduro, a pesar de navegar en un mar de dudas donde –para muchos- los sueños chavistas parecen esfumarse, también movilizó a su militancia. Ésta ocupó sitios estratégicos y da la impresión que con su propia movilización y las tareas de inteligencia, el gobierno, logró diluir las amenazas golpistas de la oposición.
Para estar acosado, desgastado, sometido a una inflación (y desabastecimiento) brutal y a una guerra psicológica agresiva, en realidad es un triunfo o un logro haber logrado los niveles de ocupación de la avenida. No es fácil llenarla y así lo reconocen críticos al gobierno. Explicar esta asistencia numerosamente, importante solo por la capacidad de movilización de los recursos públicos que maneja el gobierno es injusto: la defensa de un ideal, de un sueño, de una esperanza, de una historia generó (incluso días antes) expresiones de autorganización.
Fueron fundamentales en el último mes la acciones de desmontaje del aparato militar y terrorista de sectores opositores, en especial de Voluntad Popular. Importantes sumas de dinero, equipos de guerra y de logística, información electrónica y militantes contribuyeron a desmontar parte fundamental de las fuentes de la violencia sangrienta. La detención de algunos jefes de “comandos” (en la frontera, en Caracas) desarticuló una de los puntos de la agenda de la oposición. Lo interesante es que esta desarticulación contó con la colaboración de los sectores “no violentos” que conviven en la MUD.
La campaña de intriga emprendida por la oposición en torno a la Gran Toma de Caracas, devenida luego en simple “toma”, gozó de una importante cobertura mediática (dentro y fuera de fronteras) y logró captar la atención de sectores políticos, económicos, religiosos, educativos… y sobre todo en el imaginario de la comunidad internacional.
Obviamente, la convocatoria opositora tuvo como estímulo el palpable descontento de la ciudadanía por el desabastecimiento, la inflación, la inseguridad, y por lo que algunos analistas señalan como una “progresiva desintegración del gobierno” y las encuestadoras revelan una evaluación negativa de la gestión, “la peor en 18 años” . En verda no “tomaron” Caracas: llegaron hasta su bastión del este rico de la capital.
Detrás de los planes desestabilizadores (y en algunos casos subversivos), la razón explícita y formal fue la de exigir celeridad en el proceso de convocatoria a un referendo para revocar el mandato del presidente Nicolás Maduro.
Pero la MUD desvió el propósito político de su convocatoria y el revocatorio no fue el protagonista, sino las carreras presidenciales de Henry Ramos Allup y Henrique Capriles, convirtiendo la protesta en un acto proselitista, con peleas por el micrófono y un errático, aguado, disperso discurso final de “Chúo” Torrealba en el podio, con la previsible decepción de las bases opositoras.
No era conveniente para la oposición que se produjeran muertos en ese escenario (como en 2014), porque tratan de mostrarse en el mundo como demócratas pacifistas, mientras acusan al chavismo de violento, libreto escrito desde Washington y que repite el secretario general de la OEA, por ejemplo. Las acciones violentas en esa marcha hubieran ido en su contra: en la imagen que quieren vender y en la posibilidad de sumar nuevos presos. Y por eso los focos violentos se focalizaron en Táchira, en la frontera con Colombia, por ejemplo, y no en la capital, una mayor caja de resonancia.
El decepcionante discurso no sólo se dio por el lado de la MUD. En la avenida Bolívar el presidente volvió a imaginarse que era su primer día y empezó a anunciar un programa de gobierno, donde entre otras cosas declaraba la lucha contra la corrupción y el burocratismo… lo que causó risas y burlas en las redes sociales entre la militancia chavista que asistió. Sabe que una de las grandes causas de la debacle, además de la incapacidad en la política económica, es el alto nivel de corrupción apuntalado por redes familiares con influencia en los diferentes niveles de gobierno.
Existe un evidente divorcio entre dos países que no dialogan, quizá ni se reconocen y suelen reencontrarse en coyunturas electorales…o por esas calles… Hay necesidad de tener visiones diferentes de la realidad, pero no llegar a lo ridículo: José Vicente Rangel, vocero comunicacional del oficialismo dijo que a la “Toma de Caracas” asistieron unas 30 mil personas; el vocero de la MUD, Jesús Torrealba, manifestó que se trataba de un millón de militantes de la oposición.
En los últimos dos años, el chavismo había evitado enfrentarse en las calles a la oposición. Los muertos del 2014 fueron causados por la irresponsabilidad política de sectores de la derecha.
Pero este despliegue propagandístico de la Gran Toma opositora, “ha despertado y convocado el musculo chavista que lenta y gradualmente se había adormecido, burocratizado, oficializado. Ante las pretensiones de la oposición, este sector político reacciona y muestra su fuerza y compromiso en importantes concentraciones en el interior del país, suerte de campaña que cierra en Caracas, un día antes del 1 de septiembre, fecha que ya no es coto privado de la oposición”, señala la socióloga Maryclén Stelling.
Algunos analistas hablan –desde la izquierda radical- de un pacto entre gobierno y oposición de derecha, que deja por fuera las necesidades urgentes de la población.
Para la MUD, sostienen, era necesario montar una acción de calle que aceitara las maquinarias partidarias y revitalizara sus escuálidas y fracasadas demostraciones de fuerza, para avanzar hacia el pacto en mejores condiciones. Señalan que era necesario frenar el desgaste político que esos dirigentes están sufriendo con su propia base social y se abstuvieron de reclamar, por ejemplo, la realización de las elecciones regionales a gobernadores, programadas para este mismo año.
El dialogo que hace falta y el que no buscan las cúpulas es un multidiálogo, que contemple al conjunto de actores políticos y sociales coexistentes y que en primer lugar aborde las soluciones urgentes a la crisis de alimentos y medicinas que hoy enfrenta el país, necesidades que no esperan una resolución de la crisis institucional. Y que no se resuelven mágicamente por la realización del Revocatorio, señala Marea Socialista, opositora al gobierno desde la izquierda.
¿Y ahora qué?
De todas formas, el éxito de la movilización desde el punto de vista político y de la asistencia no condujo a que se concretara la salida de Nicolás Maduro de la presidencia y la expectativa creada representa hoy un nuevo elemento de tensión. Un tuit lanzado por opositores se viralizó esa misma noche: #MalditaMUD. ¿Qué va a pasar cuando a final del año no hayan logrado nada, ni revocatorio, ni salida de Maduro, ni elecciones regionales?
“La base social de la derecha amanecerá en enero con un ratón (resaca alcohólica) moral de alto calibre y probablemente más desmoralizada que nunca, víctima de una nueva estafa, de un nuevo fraude”, señala el analista Néstor Francia. Lo cierto es la derecha criolla entró, a lo interno, en un callejón sin salida, añade.
Cabe recordar que desde 1998, cuando la victoria de Hugo Chávez, la derecha siempre ha contado con una base electoral grande y su porcentaje de seguidores ha rondado, con vaivenes, cifras entre 40% y 50%. El crecimiento de la oposición –o más bien el decrecimiento de los votantes del bolivarianismo- no significa que el oficialismo haya perdido completamente respaldo, sino en esta sucesión de flujos y reflujos, lo que se afianza es la polarización.
“La salida” está hoy en las elecciones presidenciales de 2018, como estaba pautado, cuando podrá –o no- decidirse una alternancia en el gobierno, la primera desde 1999. Si no se celebra el referendo revocatorio, los contendientes –hoy polarizados – se medirán en las elecciones pautadas en el cronograma del sistema político: gobernaciones, alcaldías y las presidenciales de 2018,
“Ese es el post primero de septiembre que hay que considerar desde ya a través del diálogo, ya que serán dos años de tensiones y de una dinámica social con sus propias demandas y su propio ritmo”, señala el politólogo Leopoldo Puchi.
Lo cierto es que la derecha muestra logros en el frente externo que, sin dudas, era uno de sus principales objetivos. Se hicieron la foto, la publicaron por todo el mundo como muestra de su fuerza, buscando apoyos para la salida de una intervención foránea. El peligro es que estos sectores más antidemocráticos, manden al diablo a los electoralistas y emprendan abiertamente el camino del terrorismo.
COMCOSUR AL DÍA / MARTES 6 DE SEPTIEMBRE DE 2016
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