1) Fiscalía General de la Nación dictaminó que ocho artículos de la ley de medios son inconstitucionales –
2) El FMI felicita a Uruguay y pone la lupa en la inflación –
3) Fernando Pereira: “La oferta del gobierno favorece al sector empresarial” –
4) Presupuesto de IMM sin sorpresas –
5) Plástico, una industria uruguaya que se derrite
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COMCOSUR AL DÍA / AÑO 17 / Nº 2060 / NOTICIAS Y PENSAMIENTOS / Viernes 19 de Febrero de 2016 / Producción: Andrés Capelán – Coordinación: Carlos Casares
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«Si asumes que no hay esperanza, garantizas que no habrá esperanza. Si asumes que hay un instinto hacia la libertad, que hay oportunidades para cambiar las cosas, entonces hay una posibilidad de que puedas contribuir para hacer un mundo mejor. Esa es tu alternativa». — Noam Chomsky
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1) Fiscalía General de la Nación dictaminó que ocho artículos de la ley de medios son inconstitucionales.
(La Diaria)
La Fiscalía General de la Nación publicó ayer una síntesis, dirigida a la Suprema Corte de Justicia (SCJ), de todos sus dictámenes sobre la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), N° 19.307, comúnmente llamada “ley de medios”. La ley tiene 202 artículos, 131 de los cuales han sido impugnados por diferentes actores, entre ellos DirecTV y el Partido Independiente, así como varios canales integrantes de la Asociación Nacional de Broadcasters Uruguayos, como MonteCarlo TV. De los 131 artículos, la Fiscalía consideró que ocho son “totalmente inconstitucionales” y 15 lo son “parcialmente”.
Entre esos ocho está el artículo 40, que refiere a las condiciones de la emisión o retransmisión de eventos de interés general, que dispone que “si respecto de una emisión calificada de ‘interés general’ no existiere una empresa de transmisión en abierto que ofertare por su retransmisión, la propietaria de los derechos de exclusividad (y por ende, titular de los derechos) deberá autorizar al Sistema Público de Radio y Televisión Nacional (RTN) la retransmisión del evento en forma gratuita”. El dictamen de la Fiscalía afirma que, “sin hesitaciones”, lo transcripto implica la contravención del artículo 32 de la Constitución (derecho a la propiedad). No sólo por la “obligación de otorgar autorización preceptiva y gratuita a RTN”, sino porque, “aun en la hipótesis [de] que alguna de las empresas que transmite en señal abierta estuviere interesada, la negociación […] se ve afectada por el intervencionismo legal, que de hecho le obliga [a la propietaria de los derechos de exclusividad] a aceptar al menos una oferta -por desproporcionadamente menor que ella sea- so pena de obligarle a ceder gratuitamente la retransmisión a la señal pública”. Además, agrega que la autorización en favor de la RTN “se ve sustancialmente elevada en su significación si se atiende al extremo que, de regla, los contratos de retransmisión de señales satelitales exclusivas poseen insertas cláusulas que prohíben la cesión a terceros, bajo toda circunstancia”.
Entre los declarados inconstitucionales también está el artículo 55, que estipula limitaciones a la cantidad de suscriptores de servicios de televisión para abonados. La Fiscalía entiende que “la incompatibilidad” con la Carta Magna proviene del “origen o composición” de los límites establecidos, “no habiéndose contemplado la permisibilidad de un crecimiento por libre oferta, esto es, ajeno a la absorción o fusión de las empresas del ramo”. Se entiende que la redacción de la norma “distorsiona el libre juego de mercado, lo cual acarrea un injustificado perjuicio tanto a las empresas que captan números elevados de abonados exclusivamente en función de los menores costes y la calidad de su señal y no de prácticas monopólicas, así como también a los potenciales usuarios, que perderán su libertad de escoger aquella opción que más convenga a sus intereses culturales y más accesibles sean a su capacidad de pago”.
Respecto del artículo 91, que le otorga potestad al Poder Ejecutivo (previo asesoramiento de la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicaciones) para cambiar un canal radioeléctrico ya asignado, o modificar sus características o las condiciones de funcionamiento autorizadas, incluyendo la disminución de espectro asignado, la Fiscalía explica que “las variables que han sido previstas por el legislador para el ejercicio de tal facultad son extremadamente amplias y heterogéneas, tales como la posterior suscripción de convenios, el devenir de cambios tecnológicos o motivos de interés general”, y es en eso que se basan para declarar la “génesis de su incompatibilidad constitucional”.
También considera inconstitucional el artículo 182, que prevé multas por el incumplimiento de la ley, por motivos similares al artículo anterior. Las pautas que se establecieron para determinar las multas son “altamente subjetivas e imprecisas […] delegando en la respectiva reglamentación la elaboración de lo que denomina un ‘cuadro de graduación’, el cual, precisamente, deberá ajustarse a lineamientos carentes de toda certeza jurídica”. Al respecto, señala que la sanción se graduará “teniendo en cuenta aspectos notoriamente imprecisos”, como la repercusión social.
En la lista también está el artículo 197, de “Adecuación a la normativa de tiempo y espacio destinado a la publicidad en servicios de radiodifusión de radio del interior del país”. La norma dispone que dichos servicios tendrán un plazo de tres años para adecuar los minutos de mensajes publicitarios por cada hora de transmisión a los máximos establecidos (15 minutos). Durante ese plazo podrán emitir un máximo de 20 minutos. La Fiscalía lo entiende inconstitucional por “consagrar una suerte de subsidio encubierto en beneficio de las empresas de radiodifusión de radio del interior del país, en una desproporcionada desigualdad de tratamiento respecto de las emisoras de radio capitalinas y de emisoras de servicios de radiodifusión en general”.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 19 DE FEBRERO DE 2016
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2) El FMI felicita a Uruguay y pone la lupa en la inflación
(La República)
El FMI saludó ayer las “sólidas políticas macroeconómicas” de Uruguay, pero instó a controlar la inflación, situada por encima de las metas establecidas por las autoridades económicas.
En una nota que refleja la visión del FMI luego de una misión a Uruguay, los peritos recordaron que la inflación está “atrincherada por encima de las metas del Banco Central, de entre 3% y 7%”. De acuerdo con el estatal Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Uruguay cerró 2015 con una inflación de 9,44%, siendo que en 2014 ya había registrado 8,26%. En su documento divulgado ayer, el FMI apuntó que los peritos de la misión “reforzaron la importancia de esfuerzos continuados para poner a la inflación en un camino descendiente”.
A fines de octubre pasado, el gobierno y empresarios de tiendas y mercados alcanzaron un acuerdo para congelar durante 90 días los precios de 1.500 items que integran la canasta básica y similares, en un intento por contener la inflación. Fue la segunda vez en el año que el gobierno recurría a este tipo de acuerdos para contener la presión inflacionaria.
El FMI también enfatizó en su informe de este martes que “la continuidad de una tasa flexible de cambio es esencial para absorber ‘shocks’ externos”, y saludó la intención declarada de las autoridades de “limitar intervenciones en el mercado de cambio” para controlar la volatilidad excesiva.
Para el FMI “no hay evidencia de una burbuja de crédito o excesivo apalancamiento del sector privado. El repunte de 2015, de la morosidad desde un nivel bajo, no parece un motivo de gran preocupación.
Los directores ejecutivos que realizaron la evaluación elogiaron a las autoridades uruguayas por sus políticas macroeconómicas sólidas, al igual que las instituciones y las reformas encaradas.
Subrayaron que estas reformas apoyaron un “crecimiento fuerte e inclusivo en la última década y han ayudado a alcanzar uno de los índices de pobreza y desigualdad de ingresos más bajos de América Latina”.
Un aspecto no menos importante es el salarial. El FMI según el comunicado “dio la bienvenida a las nueva directrices destinadas a frenar la denominada inflación salarial” o sea aquella que se produce por aumentos salariales basados en inflación pasada.
En ese sentido recomendaron eliminar la suba de salarios teniendo en cuenta la inflación pasada. En materia presupuestal “aplaudieron” el presupuesto aprobado recientemente para los próximos cinco años y en el tema Ancap hicieron hincapié en la importancia de restablecer la solidez financiera de la empresa y de mejorar el rendimiento financiero de las empresas públicas en general.
También destacaron los esfuerzos de las autoridades para mejorar la infraestructura de transporte y la logística, y alentaron iniciativas de reforma de la educación secundaria con el fin de impulsar el potencial de crecimiento.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 19 DE FEBRERO DE 2016
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3) Fernando Pereira: “La oferta del gobierno favorece al sector empresarial”
Manuel González Ayestarán (Caras y Caretas)
La semana pasada, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, presentó un balance de la sexta ronda de negociaciones salariales. El jerarca calificó la negociación con privados de “satisfactoria”, pero para el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, las pautas de negociación que el Poder Ejecutivo planteó a finales de junio (y que desde entonces la central de trabajadores ha criticado), han demostrado ser desfavorables para los trabajadores uruguayos. Esto se ha materializado, según afirmó Pereira en diálogo con Caras y Caretas, en que a pesar de las negociaciones, “el año próximo seguramente el aumento del salario real será mínimo o nulo”.
Según los datos proporcionados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), en los Consejos de Salarios del sector privado hubo 14 grupos de actividad que implicaron la negociación en 64 ámbitos de trabajo, formados por 61 subgrupos y tres capítulos. Se firmaron, en total, 32 acuerdos tripartitos (MTSS, empresarios y trabajadores) y siete bipartitos (empresarios y trabajadores); de estos últimos, en cinco no hubo intervención de la autoridad estatal y dos se realizaron con la oposición del ministerio. En nueve casos el Ejecutivo votó a favor del sector empresarial y en dos casos se procedió conforme a decretos.
“Naturalmente el Ejecutivo iba a laudar por los empresarios, porque parte de las pautas de negociación favorecen al sector empresarial”, afirmó Pereira. “Cuando las pautas se presentaron, el sector empresarial no te digo que las festejó, pero se vio con claridad que no tenía una posición negativa”, comentó. Entre los lineamientos criticados por el PIT-CNT, entonces y ahora, está la nominalización de los salarios, porque “no tiene en cuenta el factor inflación, y la inflación, claramente, no se ha logrado controlar en Uruguay”, explicó Pereira.
Otro aspecto de estas pautas duramente criticado fue que el primer correctivo a realizar a los salarios por motivo de inflación, estipulado en los convenios salariales a tres años, llegará recién al final del segundo año. Esto constituye en sí una pérdida de poder adquisitivo y de capacidad de compra para los trabajadores. En tercer lugar se critica la “autoclasificación” de los sectores de la economía en tres categorías —“dinámicos” (que crecen a un ritmo superior a 4% anual), “medios” (crecimiento inferior a 4% anual) y “en dificultades” (con problemas de empleo o subsidiados)— con el objetivo de definir qué aumento nominal anual deberán dar a sus trabajadores. Esto es, en palabras de Pereira, “una complejidad, porque en Uruguay nadie se ubica en el sector dinámico de la economía. Entonces, uno se pregunta: si nadie es dinámico, ¿por qué la economía crece?”.
En su presentación Ernesto Murro introdujo un matiz al afirmar que se firmaron menos acuerdos tripartitos que en etapas anteriores. Para Fernando Pereira esto ocurre “porque la oferta del gobierno favorece, sin querer o queriendo, al sector empresarial, con lo cual el empresario ha movido poco el tablero para buscar acuerdos”.
Otro tema que preocupa al sector sindical es el referido al salario mínimo nacional, que se fijó en 11.150 pesos, cuando la pretensión del PIT-CNT era llegar a 15.000. Esto supone que “tras once años de crecimiento de los sueldos, que llevaron a que los trabajadores percibieran más o menos 50% de aumento del salario real, [ahora los salarios] estarán estancados en 2016 y tal vez algún año más”. En este sentido, desde la central sindical se tiene en cuenta que el país está atravesando un período de desaceleración, pero también se señala que aun así hay crecimiento, por lo tanto, dice Pereira, “la pregunta que nosotros nos formulamos es: ¿se puede redistribuir aun en períodos de crecimiento menor?”. Para él es evidente que sí. Pero “para distribuir no hay más remedio que generar condiciones para que eso suceda”, señaló. Las condiciones claves son, en primer lugar, generar consejos de salarios “con un ojo en el empleo y otro en el salario”. La segunda pasa por imponer “gravámenes a los que tienen más, para que los que tienen menos mejoren su calidad de vida”. Y la tercera “es una mayor inversión en cuestiones como educación o salud, que tienen efectos muy distributivos”.
Con todo esto, Fernando Pereira sentenció que “la ronda para el movimiento sindical este año no ha sido satisfactoria, aunque hay algunos convenios que han superado esa pauta y han encontrado fórmulas para generar un equilibrio”. “No es que desconozcamos lo que se avanzó en los últimos años: lo reconocemos y lo valoramos”, aclaró. “Entre el modelo neoliberal y el progresismo la distancia es sideral, pero no se le puede pedir al movimiento sindical que se conforme con lo que ya logró. Creemos que es un error haberse comprometido a no colocar impuestos, sobre todo a aquellos que más tienen”, dijo Pereira. “Uruguay mejoró mucho, ahora, ese ‘mucho’ es insuficiente aun para que la gente viva bien, con lo cual hay que ir por más”, añadió. Como ejemplo clave de esta situación, el dirigente del PIT-CNT señaló el crecimiento de 261% del salario mínimo en la última década. Sin embargo, instó a pensar en las condiciones de las que se partió si, “aun con ese incremento real, el salario mínimo se encuentra actualmente en 11.150 pesos”. Con ese dinero en Uruguay no se puede vivir”, añadió Pereira.
Un sector económico que se muestra especialmente sensible a esta situación de explotación es el de hoteles, restaurantes y bares. El propio Murro expresó su preocupación al respecto cuando compareció ante los medios de comunicación para hablar sobre la negociación del sector: “Si las dos partes llegasen a un acuerdo sobre lo negociado, los trabajadores de la hostelería donde se brinde comida tendrían derecho a una comida diaria y a una partida por hijo en edad escolar. Si no se llegase a un acuerdo, el cambio abarcaría únicamente el ajuste en el tema salarial”, declaró el ministro. Por su parte, Pereira dijo a Caras y Caretas, en referencia a este tema, que “no hace falta ser muy observador para darse cuenta de que los restaurantes, bares y hoteles están llenos, todos convienen en que la temporada está altísima, y sin embargo es un sector que no quiere dar aumento de salario”. En ese sentido cuestionó: “¿Cómo les tiene que ir para que puedan considerarse en condiciones de mejorar esos salarios? Esperamos que se abra la cabeza en el sector y se logre un convenio colectivo razonable”.
Negociación en el sector público
En lo referente a la ronda de negociaciones en el ámbito público, Murro declaró que “estamos viviendo el momento histórico de mayor nivel de negociación en el sector en cuanto a la amplitud y profundidad de las distintas ramas, organismos y ministerios”. Según el ministro, se ha potenciado notablemente la negociación en las intendencias, “que era muy escasa”. También se han inaugurado negociaciones en organismos que apenas tenían antecedentes de negociación colectiva, como el Poder Judicial y la Corte Electoral.
Fernando Pereira, en tanto, sostuvo que en el ámbito público se parte de mejores condiciones de negociación. “Al menos, se garantiza el mantenimiento del salario en todos los sectores”, señaló. En el caso de la educación se ha registrado un aumento de aproximadamente 7,8% en dos años, y, si la economía fuera estable, la central sindical espera que se pueda llegar a cerca de 18% de crecimiento real. En otros sectores el salario simplemente se mantuvo. El presidente del PIT-CNT explica esto afirmando que las pautas de negociación en el sector público son más beneficiosas para los trabajadores que en el privado; por consiguiente, “aquellos sectores que lograron convenir por encima de esas pautas van a tener crecimiento salarial en el período. Naturalmente, esto sucedió en la educación y en las empresas públicas, pero lamentablemente en otros lugares no ha sucedido”, aseguró.
Próximos objetivos
La visión a futuro del movimiento sindical se define por el objetivo de reducir las desigualdades sociales en Uruguay. En diálogo con Caras y Caretas, el presidente del PIT-CNT declaró que “tenemos que buscar alternativas que, aun con crecimientos menores, permitan mejorar la distribución entre ricos y pobres”. “En esa lógica vamos a pelear por una ley de insolvencia patronal, para que no se repitan casos como el de Fripur, en el que se fue el empresario enriquecido y quedaron los mil trabajadores en banda, o el de Bella Unión o los de tantas empresas en las que un día los trabajadores se levantan, sus patrones no están y se quedan sin cobrar su salario caído, su salario vacacional, su licencia, su despido… Eso es una parte de la lucha por la igualdad”, añadió.
“Por otra parte, vamos a pelear por que haya una ley de inclusión que permita a las personas con discapacidad entrar al mundo del trabajo público, y para que se cumpla la cuota en todos los organismos privados”, afirmó. La central sindical tiene como objetivo que las empresas de determinado porte tengan la obligación de contratar a personal con discapacidad. “Esta gente está preparada para muchos trabajos, démosles el espacio para que lo puedan hacer de la mejor manera posible, y los demás trabajadores construyamos solidaridad para apoyarlos desde todos los puntos de vista”, declaró Pereira.
En lo que concierne a la actual ronda de negociaciones, el delegado sindical reconoce que “es muy difícil cambiar las pautas del período, porque ya negociaron buena parte de los trabajadores”. Sin embargo, reiteró que “no debemos dejar de pelear por nuestros derechos: yo no quiero que nadie sienta vergüenza por pelear por ganar un poco más, por mejorar su vida, eso es parte de la dignidad del trabajador”. Para Pereira, estas cuestiones forman parte de la puja entre el capital y el trabajador. “El primero debe ganar un poco menos para que el segundo gane un poco más. No sé cómo quieren llamarle a esto, porque cada vez que yo digo ‘lucha de clases’ se ofenden, pero es lucha de clases. Para mí sigue resultando indignante que el 20% más rico de la población se quede con más de 40% de la riqueza, y el 20% más pobre con 6%”, señaló el entrevistado.
Hacia la reducción de la jornada laboral
Uno de los últimos planteos del PIT-CNT ha sido el estudio por sectores de una posible reducción de la jornada laboral para el conjunto de trabajadores uruguayos. Para el sector sindical, la mejora científico-tecnológica, combinada con una mejor organización del trabajo, hace posible que la jornada de seis horas se constituya como un horizonte alcanzable para la sociedad. “Se trata de negociar colectivamente en cada industria y en cada rama de actividad cuál es la posibilidad. En algunas podrá haber una reducción de la jornada semanal, en otras podrá ser una reducción diaria, en otro sector podrá ser algún día libre más, pero lo que hay que generar son condiciones para que el trabajador efectivamente tenga el tiempo para atender a sus hijos, para la recreación, para su propia educación, etcétera”, explicó Pereira.
Teniendo en cuenta estos factores, para el dirigente sindical “el pleno empleo sería posible” en Uruguay. No obstante, aclara que el objetivo del movimiento sindical no es el de “cortar a rajatabla” mediante una decisión jurídica o legal, ya que esto pondría en situación de riesgo a varias ramas de actividad. Según explicó Pereira a Caras y Caretas, la intención es “ir logrando la rebaja rama por rama, de acuerdo a sus características particulares”. Como ejemplos de casos en los que se ha realizado esta operación exitosamente, el dirigente citó los casos de la construcción, donde se pasó de 48 a 44 horas semanales; la metalurgia, donde tuvo lugar un convenio similar; o el sector del plástico, en el que se pasó de turnos de ocho horas a turnos de seis. “Se puede tener un proceso productivo eficiente mejorando la organización del trabajo, invirtiendo en la tecnología necesaria, y generando las condiciones para la formación profesional de los trabajadores, sin que esto altere la ecuación de la sustentabilidad de la empresa”, concluyó.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 19 DE FEBRERO DE 2016
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4) Presupuesto de IMM sin sorpresas
(El País)
Obras dependen del Fondo Capital; las que se hacen con recursos propios caen 13%.
El miércoles por la tarde el secretario general de la Intendencia de Montevideo, Fernando Nopitsch, y el director de Recursos Financieros, Juan Voelker, presentaron el presupuesto quinquenal ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Junta Departamental. De acuerdo a las cifras presentadas por el gobierno capitalino, la Intendencia recibirá US$ 1.475.559 y gastará US$ 1.474.553 por día durante el quinquenio, de acuerdo al cálculo realizado en base a un dólar a $ 32.
Para alcanzar esas cifras se estima que habrá un incremento de un 1% en la recaudación sin llegar a aumentar los impuestos básicos. No se prevé cambios significativos en materia de gastos en recursos humanos, aunque se anuncian cambios en la gestión del personal. El gasto en este rubro representa el 42% del presupuesto y el funcionamiento se lleva el 27%; la inversión es del 29% y el presupuesto de la Junta 2%.
Además, se incorporaron al presupuesto quinquenal, co-mo ingreso, los pretendidos US$ 250 millones pertenecientes al Fondo Capital. El intendente Daniel Martínez y el excandidato a la Intendencia por la Concertación, Edgardo Novick, acordaron que se tomaría un crédito por US$ 94 millones. Los jerarcas municipales aseguraron ante la Junta Departamental que se trata de un presupuesto «equilibrado» en gastos. Nopitsch dijo a El País que se planteó «ser muy equilibrados en el gasto para tratar de bajar gradualmente el endeudamiento de la Intendencia».
El jerarca insistió en que no habrá un incremento de impuestos pero se «controlará la equidad en el pago». «Estamos en un momento de cuidar el gasto de forma muy restrictiva, con respecto al personal, controlamos las horas extras y los servicios contratados», señaló. Nopitsch aseguró que gastar un 42% del presupuesto en mano de obra «es razonable si se tiene en cuenta el histórico de la Intendencia».
Oposición.
Para el edil nacionalista Javier Barrios, el presupuesto es deficitario. «Se confirmaron nuestras sospechas; con los números a la vista este es un presupuesto deficitario. Es un presupuesto mentiroso y con los números maquillados», explicó el legislador. Barrios rechazó que el presupuesto cuente como ingreso el total del Fondo Capital. «Entendemos que la inclusión de los recursos provenientes de las distintas etapas del Fondo, cuando únicamente se ha aprobado la primera de ellas (U$S 94 millones), es una operación de maquillaje de los números reales de la administración para el quinquenio», dijo.
Según el edil, el cálculo debe basarse en lo aprobado y dejar el resto para incluirlo en las rendiciones de cuentas de los años siguientes. Además, detalló que la planificación propuesta por el Ejecutivo significa hacer obras en función del endeudamiento. «El grueso del repago será a fines de 2019 y 2020; esta sería una herencia que va a quedar para el próximo gobierno, y todas las inversiones se harán con financiamiento externo y no con fondos propios».
El edil aclaró que no duda de que las obras en San Martín y Belloni, previstas en el Fondo Capital, son «buenas». Sin embargo, admitió que durante el quinquenio pueden faltar recursos para otros barrios necesitados. «Cuando haya que hacer las obras en los barrios, como alumbrado y bacheo, no habrá recursos porque se destinaron al repago del Fondo Capital y de la amortización de los intereses.»
Obras en tiempo de juntar votos.
El edil nacionalista Javier Barrios sospecha de los plazos manejados por la conclusión de las obras. Advierte objetivos electorales. «Llama la atención que se concentren todas las obras en el año preelectoral y electoral», dijo. Por otro lado, se estima que las inversiones con fondos propios se reducen un 13%, equivalente a $ 300 millones, según la oposición en la Junta.
Piden más datos sobre limpieza
Los efectos de la negociación por el Fondo Capital entre el gobierno departamental y la bancada opositora encabezada por el excandidato Edgardo Novick, aparecieron en el presupuesto. El edil de la Concertación, Marcos Laens, señaló a El País que lo más importante de este presupuesto quinquenal es que «se está tratando de equilibrar ingresos y egresos como consecuencia del acuerdo alcanzado para el Fondo Capital, lo dijo el propio secretario general de la Intendencia en la Comisión de Presupuesto y está en actas».
Laens aseguró ayer a El País que el objetivo es alcanzar el «déficit cero». Por eso ahora el edil opositor pretende que la Intendencia de Montevideo le remita más información sobre las tercerizaciones, contrataciones de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y proveedores del sector Limpieza. «Necesito más datos para profundizar en el tema porque estoy seguro que hay gastos en tercerizaciones que podemos reducir aún más haciendo un mejor uso de la plantilla de funcionarios que ya tiene la Intendencia en materia de limpieza», explicó Laens.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 19 DE FEBRERO DE 2016
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5) Plástico, una industria uruguaya que se derrite
María Noel Durán (El Observador)
Las pequeñas y medianas empresas del sector intentan permanecer a flote en un sector cuya producción cayó 15% desde 2011
Una silla, los zapatos, el envoltorio de la comida y el teclado de la computadora. Todo es de plástico. El 90% de quienes producen en Uruguay este material que se ha vuelto esencial son pequeñas y medianas empresas, y según la Asociación Uruguaya de Industrias del Plástico (AUIP) y la mayoría padece serios problemas de competitividad. «El estado es crítico». Así definió la presidenta de la AUIP, Esperanza Romeriz, a la realidad de su sector.
Según un análisis sectorial de la consultora Deloitte, la oferta total de productos plásticos a nivel local se habría ubicado en US$ 782 millones en 2015, lo que significa una caída de 8% respecto a 2014. Esa retracción de la oferta obedecería tanto a un descenso de la producción local como de las importaciones competitivas. La Asociación nuclea a 65 de las empresas más grandes del país que representan el 80% de la manufactura del sector, sin contar a las 18 empresas que se vieron obligadas a cerrar sus puertas en los últimos cinco años.
Los problemas de competitividad comienzan en el origen de la producción. Según Romeriz, a la hora de importar un contenedor de productos terminados, el flete tiene un costo de US$ 200 mientras que hacer llegar un camión de materia prima desde Brasil le sale a los fabricantes, como mínimo, US$ 1.500. A nivel local, uno de los gigantes de la industria es Cristalpet, una empresa de porte que se dedica al PET, un tipo de plástico utilizado sobre todo para la elaboración de botellas y en la industria textil.
La firma tiene clientes de la talla de Coca Cola y Danone (grupo que tiene entre sus marcas a la compañía Salus). Es una de las supervivientes del sector y produjo alrededor de 80.000 toneladas de plástico en 2015. A pesar de estos datos, su presidente, Álvaro Queijo, no duda al afirmar que la situación del sector es «muy complicada».
En los hechos, Cristalpet envió a 20 trabajadores a seguro de paro durante el año pasado y los dichos de Queijo no auguran un futuro alentador. «La pérdida de competitividad que Uruguay tuvo con Brasil afectó mucho y se acentuó el año pasado con la crisis en el país norteño», puntualizó. Aseguró que este fue uno de los factores que llevó a varias compañías del sector a la quiebra.
Por la variedad de usos del plástico, la situación no es idéntica para todos los productos. Según Queijo, a nivel de envases la producción es competitiva en el mercado interno pero no sucede lo mismo en otros artículos como juguetería e insumos domésticos. «Se perdió competitividad», lamentó el ejecutivo.
Además de dirigir AUIP, Esperanza Romariz es propietaria de Ferroco, empresa que comercializa la marca Covey desde hace medio siglo. «El año pasado fue muy duro. A mí en Ferroco las ventas me bajaron 50%. Mis trabajadores tienen muchos años en la empresa y a fin de año tuve que hacer despidos porque tengo que bajar los gastos fijos. No me queda otra y me indigna porque hace años que venimos luchando», señaló Romariz con vehemencia.
Aseguró que el sector «hace años» que no es competitivo y rogó que alguien en el gobierno se interiorice de esta situación a la que, según la empresaria, están haciendo «oídos sordos». En el marco de la Negociación Colectiva, en los Consejos de Salarios se tipificó al del plástico como un sector «en problemas». Alrededor de 900 trabajadores de la industria del plástico perdieron sus puestos de trabajo entre 2011 y 2015.
Industria de industrias
El envase de un helado, la botella de refresco y un muñeco de Superman en miniatura pueden estar fabricados de plástico, pero a través de tres procesos diferentes como la inyección, el PET y el termoformado. El modelo de negocios detrás de estos tres procesos es diferente y también lo es su realidad.
Una de las empresas referentes en la región es ATMA. La firma, que abrió las puertas de su fábrica en Uruguay en 1948, está hoy dirigida por la CEO Isabelle Chaquiriand, quien asegura que en los últimos 20 años ha habido cambios drásticos en el proceso de la inyección, el fuerte de su negocio.
«Comenzaron a aparecer las maquinarias asiáticas y lo que antes requería una inversión inicial importante, pasó a ser más accesible», explicó Chaquiriand. Eso transformó al mercado en un terreno más competitivo y por lo tanto más peligroso. «La industria tuvo que empezar a transformarse porque los productos de commodities eran fáciles de hacer para todos», apuntó.
Frente a ese escenario, ATMA optó por inclinarse hacia la producción de artículos que presentaran grandes diferenciales en calidad. «En 10 años cambiamos nuestro modelo de negocios. Nos volcamos mucho más hacia la industria que demanda certificaciones más específicas», explicó.
Los envases que están en contacto con alimentos o con agroquímicos deben cumplir con ciertas características; ATMA se dispuso a cumplir con todas esas exigencias y a hacer productos al servicio de las demás industrias. Gracias a esa decisión, el 80% de su facturación corresponde, hoy en día, a los envases diseñados por ATMA para otras industrias.
Va y ven
«Una forma de ayudar a la industria nacional debería ser controlar lo que entra al país, porque es un deber de los gobiernos y estamos hablando de la salud de los uruguayos», manifestó Romariz al asegurar que Uruguay incumple con la normativa 28/999 sobre los materiales plásticos destinados a la elaboración de envases y equipamientos en contacto con alimentos.
En este sentido, el Ministerio de Salud Pública, el de Industria, y el LATU son los encargados de controlar que estos productos solo puedan estar compuestos por ciertos polímeros y resinas y no, por ejemplo, por policarbonatos que puedan tener elementos tóxicos.
«Según nuestro conocimiento, el control de estas resoluciones no se aplica a las importaciones de dichos productos al mercado interno, pero sí las aplican estrictamente nuestros vecinos a la hora de controlar las exportaciones uruguayas», señala un informe de la AUIP presentado en abril de 2015 a las autoridades del MIEM.
A ese respecto, Esperanza Romariz indicó que, a pesar de haber sido escuchados, no han tenido ninguna respuesta por parte de las autoridades. Según la presidenta de AUIP, 30% de las compras públicas de insumos plásticos realizadas por del Estado deberían ser fabricada en Uruguay. Hoy no existe normativa al respecto.
En cuanto a las exportaciones, desde la asociación aseguran que son pocas las empresas que exportan debido a que, una vez más, los precios de los productos uruguayos están fuera de los rangos permitidos por los demás mercados. Cristalpet es una excepción ya que destina al mercado externo el 80% de lo que produce. Unas 64.000 toneladas de envases de PET viajan hacia sus clientes de Brasil, su principal mercado, y también de Argentina, Chile y Bolivia, entre otros.
ATMA prácticamente no exporta de forma directa, aunque está en conocimiento que paralelamente sus clientes locales sí destinan productos hacia el exterior que llevan incorporados lo fabricado por la empresa. «Nos enfocamos al mercado interno porque el plástico en envases ocupa mucho lugar en los contenedores. El precio del flete sería muy caro en relación con el precio del producto y esta es una barrera no arancelaria que no es menor», estimó Chaquiriand.
Reciclado y exclusivo
Hoy en día es más costoso reciclar una botella que hacerla de nuevo. De hecho es US$ 200 más cara la tonelada, lo que representa más de 20% del costo. Como el plástico es un derivado del petróleo, la caída en el precio del crudo produjo una baja en el costo de la materia prima. «Si los precios internacionales (de la materia prima) fueran los promedios del 2012 ó 2013 el número cerraría, pero hoy el precio de la tonelada está US$ 400 más bajo que lo que estaban antes», detalló Álvaro Queijo.
Ecopet, empresa del grupo de Cristalerias Cristalpet, capta el 20% de las botellas que hay en el mercado y procesa 450 toneladas de botellas mensuales a las que convierte en escamas que luego podrán ser trabajadas a gusto del cliente que las compre.
El gerente de Ecopet, Pablo Luis, evaluó que «falta mucho» para poder lograr un cambio importante a nivel de impacto medioambiental. Según el director de Compromiso Empresarial para el Reciclaje (Cempre), Federico Baraibar, «por distintos motivos esto no está funcionando bien». Indicó que otras políticas como la de las bolsas biodegradables tampoco dan resultados óptimos.
A nivel industrial, hablar de crear plástico totalmente biodegradable es aún una utopía. Existen emprendimientos basados en jarabe de maíz o azúcares pero aún no se consiguen a precios competitivos. Además este cambio de materia prima obligaría a la industria adquirir nueva maquinaria y, en definitiva, a reinventarse.
Una oportunidad para renovarse
En medio de la tormenta, a fines de 2015, la ANII y el LATU, en asociación con la Fundación Ricaldoni impulsaron el primer Centro Tecnológico del Plástico(Ctplas) en Uruguay que funciona en la Cámara de Industrias. El Centro Tecnológico aparece en escena como un flotador para aquellas pequeñas y medianas empresas que se esfuerzan por no ahogarse.
En la industria del plástico no existe capacitación. La directora del Ctplas por la Cámara de Industrias del Uruguay, Carola Saavedra, asegura que ese va a ser uno de los aspectos a solucionar, debido a que es de lo más solicitado por las empresas que requieren especialistas que puedan tener formación en sus tareas independientemente de la empresa en la que se desempeñen.
En lo que refiere a innovación, según un informe del Ctplas, casi el 100% de las empresas consultadas requieren actualización tecnológica. Es otro de los puntos en los que hará énfasis el centro. El reciclaje será otro de los puntos fuertes del centro. El director por la AUIP, Mario Pérez, estimó que se está en la búsqueda de elementos que puedan sustituir al petróleo como materia prima aunque aún hay muy poco desarrollo en la región.
Sin embargo, sí se apostará a la combinación de los materiales tradicionales con otros orgánicos que promuevan una mejor degradación. El Centro Tecnológico se desarrolla en consonancia con otros pares de la región, el próximo paso será ir a Brasil para conocer casos de éxitos y fracasos para poder asesorar a las empresas locales.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 19 DE FEBRERO DE 2016
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