AL DÍA:
1) El retorno al país de los autores del secuestro y asesinato de Berríos –
2) Abogados de víctimas comenzaron sus declaraciones finales en juicio italiano por la Operación Cóndor –
3) Justicia autoriza cambio de domicilio a Gavazzo –
4) La Armada Intima a La Diaria por artículo agraviante… que era una nota humorística.-
5) Comandante en jefe de la Armada no tuvo el aval de Presidencia ni del MDN para enviar carta intimidatoria a la diaria
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COMCOSUR AL DÍA / AÑO 17 / Nº 2106 / NOTICIAS Y PENSAMIENTOS / Viernes 25 de Noviembre de 2016 / Producción: Andrés Capelán
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“Vivimos en la mentira del silencio. Las peores mentiras son las que niegan la existencia de lo que no se quiere que se conozca. Eso lo hacen quienes tienen el monopolio de la palabra. Y el combatir ese monopolio es tarea central.” — Emir Sader
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1) El retorno al país de los autores del secuestro y asesinato de Berríos
Raúl Olivera Alfaro *
Paradójicamente, el Estado uruguayo, que no supo o no quiso castigar a los militares que, con la complicidad de policías, secuestraron y asesinaron a Eugenio Berríos, terminará oficiando de carcelero de lo que el Estado chileno sí investigó y, finalmente, condenó. Recordemos que 11 militares chilenos y tres uruguayos fueron condenados como responsables de esa conducta criminal.
Considerar esa situación solamente a partir de que es el simple resultado -en el caso de los militares uruguayos que vuelvan a Uruguay- de la aplicación del Acuerdo sobre traslado de personas condenadas entre los Estados parte del Mercosur y la República de Bolivia y la República de Chile, u otro acuerdo suscrito por Uruguay, es, al menos, distraerse frente a otros aspectos que, casualmente, están hoy en el orden del día: nos referimos a la actuación ilegal de los servicios de inteligencia del Estado en democracia.
Esta situación, por ejemplo, también debería verse a partir de la forma peculiar y privilegiada que el Estado uruguayo les dispensa como carcelero a los reos cuando estos son militares o policías que delinquieron en el marco del terrorismo de Estado. En ese entorno, debería considerarse, por ejemplo, la eventualidad de que aparezca un nuevo “gesto humanitario” del juez de ejecución de sentencia, al que se sume la Fiscalía, y estos condenados tengan el indebido beneficio de la prisión domiciliaria.
Esa operación entre los servicios de inteligencia de Chile y Uruguay que instalaron el escenario en el que finalmente fue asesinado Eugenio Berríos, y la actuación ilegal de los servicios de inteligencia que aconteció en democracia, interpelan la capacidad y la voluntad política de los tres poderes del Estado uruguayo para erradicar definitivamente todo vestigio del autoritarismo estatal. Ninguna de estas situaciones puede confinarse únicamente en las responsabilidades de quienes las ejecutaron materialmente. Sería una buena y sana señal para la salud democrática que el sistema político y judicial no desaprovechara esta oportunidad y llevara hasta sus últimas consecuencias el establecimiento de las responsabilidades que correspondan en ambos casos.
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* Integrante de la Secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 25 DE NOVIEMBREDE 2016
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2) Abogados de víctimas comenzaron sus declaraciones finales en juicio italiano por la Operación Cóndor
Nadia Angelucci desde Roma, Italia (La Diaria)
El martes 22 de noviembre, tuvo lugar, ante la Tercera Corte de Asís de Roma, la 56ª audiencia por el secuestro y homicidio de víctimas de la Operación Cóndor en varios países sudamericanos. Estuvo dedicada a las declaraciones finales de los abogados Mario Angelelli para los casos de Gerardo Gatti, Héctor Giordano, Aída Sanz (Uruguay) y Jaime Donato (Chile); Arturo Salerni para los casos de Juan Pablo Recagno, Andrés Bellizzi, Miguel Ángel Río Casas, Alfredo Moyano (Uruguay), Juan Montiglio, la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) (Chile), Luis Stamponi, Horacio Campiglia (Argentina) y la Asociación de Familiares de Desaparecidos (Asofamd) (Bolivia); y Enrico Maggiore para el caso de Juan Pablo Recagno y en representación de la ciudad de Roma, constituida en parte civil en este juicio.
Angelelli decidió no discutir los casos de Donato y Sanz y referirse a la documentación ya entregada por los abogados Lucisano, Speranzoni, Mejía y Ramadori en las pasadas audiencias. Presentó, en cambio, una larga declaración sobre el caso de Gerardo Gatti y algunas palabras sobre el de Héctor Giordano. Recapituló las circunstancias de la desaparición del sindicalista uruguayo, secretario del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP): “La historia del secuestro y de la desaparición de Gatti es sumamente importante, porque se trata de uno de los casos de los que hay más documentación y porque es paradigmática del horror que vivió una generación entera”.
El abogado recordó que el secuestro del dirigente tuvo lugar el 9 de junio de 1976 y que en la misma fecha, pero 23 años después, Marta Casal del Rey, su esposa, presentó la denuncia ante la Justicia italiana: “La señora Casal del Rey se puso en acción inmediatamente y presentó varios habeas corpus. Luego de dos meses de búsqueda sin éxito, se expatrió en Francia, y fue allá que tuvo conocimiento de que un amigo de Gatti, Washington Pérez, recién llegado a Suecia, se había encontrado con él en [el centro clandestino de detención, tortura y exterminio] Automotores Orletti cinco veces”. A partir de ese punto, Angelelli reconstruyó la historia del intento de extorsión al PVP que hicieron los militares, quienes pidieron dos millones de dólares a cambio de la liberación de Gatti; del primer vuelo que trasladó a Uruguay a 23 militantes, y de la farsa del chalet Susy. “Todos los testigos a los que hemos escuchado en esta Aula concuerdan en la historia de la extorsión y en las condiciones en las que se encontraba Gerardo Gatti en Orletti. La tortura que le practicaban era continua y su situación física era muy mala.
Habla de eso Edelweiss Zahn, quien refirió haber visto a Gatti en condiciones desastrosas, deshecho, echado en el piso; Eduardo Dean describió a Gatti como una persona que había sufrido torturas muy violentas; y Sara Méndez relata una circunstancia que nos hace entender la atrocidad de lo que vivieron. Méndez contó, en la audiencia del 11 de junio de 2015, que un día, antes de llevarla a la tortura, le preguntaron si quería ver a Gerardo Gatti. Ella contestó que sí, y le respondieron que eso dependía de cómo se desarrollara el interrogatorio. Luego de una sesión de tortura muy pesada, no volvieron a preguntarle y ella no pidió por él, porque se había dado cuenta de que otra forma de torturar a Gatti era la de hacerle ver los cuerpos martirizados de sus compañeros.
Aun más: Sara Méndez recuerda que en cierto punto los prisioneros se dieron cuenta de que Gatti estaba echado en un colchón en la misma sala de tortura, separado sólo por una cortina, y sólo retiraban la cortina para hacerle ver los cuerpos torturados de los compañeros”. Angelelli concluyó mencionando a todos los testigos que declararon haber reconocido a los imputados que actuaban en esas circunstancias: “No tengo ninguna duda de que José Ricardo Arab Fernández, José Horacio Nino Gavazzo Pereira, Pedro Antonio Mato Narbondo, Luis Alfredo Maurente Mata, Ricardo José Medina Blanco, Ernesto Avelino Ramas Pereira, José Sande Lima, Jorge Alberto Silveira Quesada, Ernesto Soca y Gilberto Vázquez Bissio son responsables de esas acciones, y me uno a la petición formulada por el fiscal”.
Con respecto a Héctor Giordano, recordó su actividad como abogado laboralista y los escasos testimonios que lo colocan en el centro de detención El Palomar. “La última visión que tenemos de él viene del relato de una vecina que el día del secuestro lo vio cuando lo arrastraban desde su casa, con una manta ensangrentada que le envolvía la cabeza”, dijo.
El abogado Arturo Salerni empezó por el caso de Andrés Bellizzi. Recordó brevemente la figura del joven y la de su madre, María Bellizzi, “una mujer que nació en Calabria en 1924, que es una de la iniciadoras de este juicio y que todavía está buscando su hijo”. “Por ella también tenemos que reconstruir lo que pasó”, dijo, aunque no haya sido posible exponer conclusiones debido a la muerte de Juan Manuel Contreras, el único acusado.
Utilizó pocas palabras y se remitió a cuanto había sido expuesto por sus colegas sobre los casos de Juan Montiglio -“la historia de un muchacho que sobrellevó la responsabilidad de defender al presidente [Salvador] Allende”-, de Luis Stamponi -“un personaje fundamental” en la articulación en América Latina de “luchas de liberación y luchas sociales”- y el dirigente montonero Horacio Campiglia. Salerni hizo foco en el caso de Juan Pablo Recagno: “El 1º de octubre de 1976, Juan Pablo Recagno estaba sentado en un bar de Buenos Aires, tomando café con su amigo Álvaro Nores Montedónico. Allí ocurre el secuestro de ambos, que tendrán un tratamiento parecido en Orletti, aunque destinos diferentes.
Juan Pablo desaparece, mientras que Álvaro salva su vida, probablemente porque su hermana Pilar colabora con los militares e intercede por la vida del hermano. En las declaraciones de Nores, fallecido en 1985, que están en las actas de este juicio, no tenemos constancia de ese trueque de información por la vida, pero Nores, sobreviviente, en sus afirmaciones restituye todo lo que puede sobre la vida de los que desaparecieron, y así sabemos algo de Juan Pablo Recagno”. Luego analizó los casos de Miguel Ángel Río Casas, “cuya historia se inserta en el espacio temporal increíble y tremendo de diciembre 1977-enero 1978, que se cierra con la desaparición de Célica Gómez”, y de Alfredo Moyano.
Salerni recordó a este último como parte de la historia de Mary Artigas, su compañera, y de Victoria Moyano, su hija nacida en cautiverio y reencontrada después de diez años por la abuela: “Si pudiéramos hacer una jerarquía del horror, esta historia abarca todo lo posible”. “Para los procedimientos referidos a Río Casas y Moyano, el imputado es [Jorge] Tróccoli, y sobre él se concentran muchos elementos probatorios: su papel en la dirección del S2 en la Marina uruguaya, su rol en la coordinación de la represión, y otros elementos que serán llevados por el abogado de la República Oriental del Uruguay. Hemos tenido la oportunidad de leer su pésimo libelo La ira de Leviatán, en el que él mismo admite sus responsabilidades y reivindica las acciones que se cumplieron”, sostuvo.
El abogado Enrico Maggiore, parte civil por el hermano de Juan Pablo Recagno y representante de la ciudad de Roma, recordó las motivaciones de la participación de la ciudad de Roma como parte ofendida en el proceso, porque “estas acciones fueron lesivas de los principios de libertad de expresión, de pensamiento y de opinión que están en la base del estatuto de nuestra administración”.
La próxima audiencia tendrá lugar hoy viernes 25. Se presentarán los alegatos finales de los abogados Danilo Leva por la parte civil Gámbaro (Uruguay); Antonello Madeo por el Frente Amplio, el Partido Democrático y los casos D’Elía, Gámbaro, Borelli y Casco (Uruguay); y Fabio Maria Galiani en representación de la República Oriental del Uruguay y para los casos Dossetti y García Ramos (Uruguay).
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3) Justicia autoriza cambio de domicilio a Gavazzo
(Brecha)
La Justicia permitió que José Nino Gavazzo cambiara de domicilio. Del barrio Pocitos, donde el represor fue escrachado este año, Gavazzo se mudó a Parque Miramar, más concretamente a la calle Federico García Lorca 7818. La resolución del juez Martín Gesto es del 15 de noviembre y fue acompañada por un segundo dictamen: al mudarse de Montevideo a Canelones, el magistrado declinó competencia y Gavazzo pasó a la órbita del Juzgado de Primera Instancia de Ciudad de la Costa.
Condenado a 25 años de penitenciaría por 28 homicidios muy especialmente agravados, Gavazzo obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria el 24 de diciembre de 2015, además de varias salidas transitorias, la más mediática para asistir al cumpleaños de 15 de su nieta el 27 de mayo. Finalmente Gavazzo no concurrió a la fiesta, ante el escrache que se realizó esa noche frente a su edificio. Una semana después Brecha difundió el testimonio de varios vecinos que aseguraban haberlo cruzado en las calles de Pocitos, lo que implicaba una violación a la prisión domiciliaria, y para ese entonces Gavazzo ya había solicitado el cambio de domicilio.
Esa vez, sin embargo, el represor obtuvo la negativa de la justicia, ya que la Oficina de Supervisión de Libertad Asistida (Osla) esgrimió que no podría monitorearlo en el domicilio al que pretendía mudarse. La fiscal Dora Domenech dijo a Brecha que la decisión se revirtió a partir de un nuevo informe de la Osla, esta vez favorable: “Yo no me opuse porque la Osla informó que estaba en condiciones de vigilarlo en ese nuevo domicilio, siempre y cuando los traslados al hospital corrieran por cuenta de la familia. La familia presentó un escrito diciendo que se haría cargo de esos traslados y, por consiguiente, no tenía yo fundamentos para oponerme”. Ni la fiscal ni el vocero de la Suprema Corte de Justicia, Raúl Oxandabarat, supieron decir si la Osla subsanó sus problemas técnicos para habilitar la mudanza del represor o si el nuevo domicilio de Gavazzo es en una dirección diferente a la que había propuesto en primera instancia.
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4) La Armada Intima a La Diaria por artículo agraviante… que era una nota humorística.
(Montevideo Portal)
La Armada Nacional intimó al periódico La Diaria a raíz de un artículo que publicaron. El detalle es que la nota pertenecía a la sección de humor.
Ayer de tarde, un abogado de la Armada se presentó en el periódico la diaria para entregar una carta firmada por el comandante en jefe de la Armada, Leonardo Alonso. En la misiva, Alonso se dirige al director de la diaria en referencia al artículo "Armada presentaría una ley que se adecue a las nuevas realidades. Dará impunidad a cualquier oficial de la Marina que robe".
"El autor de dicho artículo no solo ha agraviado mi nombre, poniendo entre comillas palabras y frases que nunca mencioné y que por lo tanto son falaces y no se ajustan en nada, ni a la realidad, ni a mis declaraciones realizadas durante el 199 Aniversario de la Armada, sino que además resultan un insulto a la Institución Armada Nacional", dice el comandante.
"El sesgo humorístico de un artículo como el de referencia nada tiene que ver con mentir o pretender mancillar el honor e integridad de las personas, sin ningún tipo de fundamento, como es en este caso, donde en forma gratuita e irresponsable el medio que usted dirige ha hecho hacia mí y hacia la organización que comando", prosigue.
Luego, intima al periódico a presentar pruebas o documentos que demuestren lo manifestado en el "mendaz artículo" ante el juzgado penal. De no ser así, tomará acciones legales, anuncia.
Sin embargo, el artículo al que hace referencia el comandante pertenece a la sección de humor "El faro del final del mundo", anunciada con dicho rótulo en el periódico, y que desde hace diez años se dedica a las noticias humorísticas basadas en el acontecer local. Por ejemplo, la sección presenta también diálogos ficticios de las sesiones en el Parlamento o incluso interacciones de los políticos en Facebook.
La carta de la Armada deja en dudas si el comandante simplemente confundió la sección humorística con la de noticias, pese a que está anunciada en el periódico, o intenta poner límites a lo que se puede decir en un artículo humorístico.
La respuesta
El encargado de humor del periódico, Marcos Morón, escribió en una breve aclaración: "La nota en cuestión es humorística y no pretende mancillar el honor de nadie sino hacer reír. Seguramente no lo logra, es cierto, pero lo primero tampoco debería ocurrir. En todo caso, como autor de la nota, le pido perdón al señor Alonso y a la organización que comanda por la mala calidad de los chistes. Con respecto a una posible rectificación, lo haría gustoso, pero no se me ocurren argumentos".
El periódico también redactó una respuesta en la que se tilda de preocupante más que risible lo sucedido.
"Hace más de diez años que la diaria publica la sección de humor "El faro del final del mundo", debidamente etiquetada con el rótulo ‘Humor', en la que cita en forma textual frases entrecomilladas que no sólo nunca fueron dichas, sino que resultaría muy extraño que alguna vez hubieran sido pronunciadas. No hace falta un compendio de jurisprudencia -que la hay, nacional e internacional-, sino apenas una dosis de sentido común para concluir que una sección de humor no tiene pretensión de verdad, y que no busca informar sino entretener", explicó la diaria en su respuesta.
La carta es preocupante por provenir de una institución y porque se supone que fue avalada por el superior, el ministro de Defensa Nacional, Jorge Menéndez, dice la diaria. El jerarca no quiso confirmarlo al ser consultado por el periódico. "¿Menéndez estaba o no al tanto de esta carta? ¿La avala, o sancionará a su subordinado por no haberle comunicado que actuaría en este sentido?", expresa la diaria.
"Es importante saberlo, porque interesa conocer si la Armada presiona a un medio de comunicación independiente -que casualmente, ayer publicó en tapa información sobre el espionaje de los militares en democracia-, pero mucho más importa saber si el gobierno del Frente Amplio, por intermedio de su ministro de Defensa Nacional, avala este tipo de demandas contra un medio de prensa", indica el periódico.
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5) Comandante en jefe de la Armada no tuvo el aval de Presidencia ni del MDN para enviar carta intimidatoria a la diaria
(La Diaria)
La carta que el comandante en jefe de la Armada, Leonardo Alonso, envió el martes a la diaria, pidiendo al director de este medio que presente públicamente o ante un juzgado penal las pruebas de una nota de la sección de humor, generó reacciones a nivel político y social, e incluso en el propio gobierno. Fuentes del Ministerio de Defensa Nacional (MDN) aseguraron a la diaria que el titular de esa cartera, Jorge Menéndez, no avaló la acción de Alonso. La máxima autoridad militar de la Armada tampoco contó con el permiso del presidente Tabaré Vázquez para enviar la carta de intimación, según explicaron fuentes de Presidencia. Alonso fue edecán de Vázquez durante su primera presidencia. Actualmente tanto el mandatario como Menéndez evalúan qué acciones tomar ante esta situación.
El que ya se expresó fue el relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, quien entiende que “la primera reacción para garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión tiene que ser del propio Estado”, por lo que “es de esperar que con la tradición del país en esta materia se adopten las medidas administrativas y eventualmente judiciales pertinentes, para de algún modo señalar cuáles son los estándares constitucionales e internacionales a los que está obligado el Estado”.
Lanza también recordó que tanto el artículo 29 de la Constitución uruguaya como el 13 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) garantizan que “los funcionarios públicos están expuestos a una crítica amplia, dura, tanto si se trata de dirigentes políticos, funcionarios de confianza o militares”, lo que, sostuvo, obviamente incluye el humor. “El artículo hace referencia a situaciones históricas y recientes que el propio periodismo en su momento reveló, y puso de manifiesto situaciones irregulares en la propia Armada que fueron ratificadas en algunos casos incluso por la Justicia. La crítica se realiza en torno a hechos que fueron ciertos y, obviamente, razona por el absurdo, como suele hacer el humor. Si vamos a pedirle veracidad al humor, entraríamos en un terreno de control de contenidos”, explicó.
En tanto, la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) hizo pública una declaración en la que “alerta a las autoridades” del “peligroso camino que emprenden al avalar estas actitudes de censura hacia un medio de comunicación en un país democrático”. Según la APU, “el hecho de que el causante sea ni más ni menos que una institución como la Armada Nacional, representada por su comandante en jefe, Leonardo Alonso, agrava aun más la situación, de por sí peligrosa”. La declaración recuerda que al ser un artículo de humor el que Alonso impugna, “difícilmente puede ser objeto de aplicación del ‘delito de injurias’, como se pretende”.
La presidenta de APU, Victoria Alfaro, recordó que la ley tiene especial consideración para los artículos humorísticos, y dijo que lo más preocupante sería que la situación hubiera sido “avalada por el Ministerio de Defensa Nacional”. En caso contrario, sostuvo, “el Ministerio de Defensa debería tomar alguna acción, o el gobierno mismo”.
En tanto, la cuenta uruguaya del Servicio Paz y Justicia (Serpaj) publicó en Twitter: “Un país donde reina la impunidad por decisiones políticas que olvidan su ética fundante. Solidaridad con la diaria”.
El Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo) también manifestó su “repudio a la amenaza” del comandante en jefe de la Armada a la diaria, mediante un comunicado publicado ayer. Cainfo entiende que la carta “implica una amenaza grave a la libertad de expresión y recuerda los tiempos en que los militares ejercían el poder sin estar subordinados a autoridades civiles y democráticas”. “La libertad de expresión es uno de los derechos fundamentales de toda sociedad democrática”, tal como señala la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH en su artículo 1º: “La libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental e inalienable. Inherente a todas las personas. Es, además, un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática”, agrega Cainfo.
El comunicado añade que la CIDH aclara que “El derecho a la libertad de expresión abarca las expresiones artísticas, culturales, sociales, religiosas, políticas o de cualquier otra índole”, entre las cuales se incluyen las expresiones humorísticas y la sátira política. Cainfo también cita que la CIDH ha señalado que “la penalización de las expresiones dirigidas a los funcionarios públicos o a particulares involucrados voluntariamente en cuestiones relevantes al interés público es una sanción desproporcionada con relación a la importancia que tiene la libertad de expresión e información dentro de un sistema democrático”. Finalmente, expresa que Cainfo “incluirá este caso en su monitoreo anual de amenazas a la libertad de expresión”, que realiza junto a APU y con el apoyo de la Red de Intercambio para la Libertad de Expresión. Reclama, asimismo, “una condena pública de esta amenaza por parte de los mandos superiores del comandante en jefe de la Armada, como son el ministro de Defensa Nacional o el presidente de la República”.
En tiendas políticas, Alonso tampoco consiguió muchos elogios. El senador del Partido Independiente Pablo Mieres dijo a la diaria que lo que hizo Alonso está “totalmente fuera de lugar”. “Hay que tener sentido del humor con las cosas, pero las autoridades, todas, tenemos que actuar con total respeto por la libertad de expresión y, sobre todo, por el humor. Hace poco hubo un gesto de intolerancia con un cuadro [que ilustraba a los senadores José Mujica y Lucía Topolansky desnudos], entonces ahí empiezan a funcionar este tipo de cosas. Si censuramos el humor estamos liquidados”. El diputado frenteamplista Roberto Chiazzaro, socialista igual que Menéndez, dijo que “si se trata de una página de humor, hay que darle esa importancia”. “Le hace bien a la salud tener humor. Lo que ocurre es que hay notas de humor que se acercan a la verdad y la gente se pone nerviosa, pero un diario hace bien en hacer una nota de humor cuando aclara que es humor. Forma parte de las reglas del juego”.
En tanto, el también legislador oficialista Gerardo Núñez escribió en Twitter: “Comandante de Armada intima a la diaria por nota d humor. Lamentable e inaceptable. Muestra intolerancia”. Otro frenteamplista, el diputado suplente Martín Couto, escribió en la misma red social: “Lamentable actitud de la Armada con la diaria. Esperable que algunas voces de paladines de la libertad de prensa, en este caso, se callen”.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 25 DE NOVIEMBREDE 2016
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