Durante la semana de Turismo no se enviarán boletines de COMCOSUR
1) Uruguay: Fiscal admite tener prueba contra Gavazzo por muerte de Gomensoro pero cerró el caso /Walter Pernas
2) Uruguay: la semana en que Tabaré Vázquez descabezó la cúpula de Defensa /Samuel Blixen
3) Uruguay: Migrantes en Montevideo: “Tratamos de vivir más o menos como personas” /Valentina Caredio
VEO VEO – Propuestas y comentarios de Henry Flores
I. Cineclub Especial de Carlos Saura
II. Festival Cinematográfico Internacional de Cinemateca Uruguaya
III. Músicas del subsuelo – Dúo 4711 – Cuarteto Abigeato con Clara García
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“La palabra es una herramienta de lucha” Juan Gelman (1930 – 2014)
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COMCOSUR INFORMA AÑO 19 No. 1917 – 12.04.2019
1) URUGUAY: FISCAL ADMITE TENER PRUEBA CONTRA GAVAZZO POR MUERTE DE GOMENSORO PERO CERRÓ EL CASO
Pérez D’Auría alega que sobreseyó al militar porque no mató al detenido en Paso de los Toros, por castración, sino en Montevideo, por choques eléctricos
Walter Pernas /Sudestada /@PernasWalter – 09/04/2019
El artículo 174 del viejo Código del Proceso Penal –por el cual se rige el caso de homicidio en 1973 del militante tupamaro, Roberto Gomensoro– establece que los “jueces apreciarán la eficacia de las pruebas de acuerdo con las reglas de la sana crítica”. Esto, que naturalmente vale para el trabajo de fiscales, implica que en una investigación se valore la prueba de acuerdo a las reglas de la lógica, de la experiencia de los magistrados, pero escapando a apreciaciones notoriamente equivocadas, arbitrarias, absurdas o irracionales.
El fiscal que actuó en el caso, Fernando Pérez D’Auría exculpó al coronel retirado, José Gavazzo, y cerró “el proceso definitiva e irrevocablemente” con relación al militar, porque no torturó y mató a Gomensoro en Paso de los Toros –ciudad en la que actuaba el magistrado– sino que lo asesinó en un cuartel de Montevideo.
Al artículo publicado el miércoles 3 de abril por Sudestada, que señaló la “negligencia” del fiscal, se suma ahora su propia confesión pública: dijo en radio y en un portal de televisión que llegó a la conclusión de que Gavazzo asesinó a Gomensoro en la tortura.
Sudestada informó que Pérez D’Auría, pidió en 2013 el sobreseimiento “a pesar de la prueba que había” contra el represor acusado.
El artículo recogió las declaraciones que en el expediente judicial realizó el militar Enrique Debate Martínez, que detalló cómo se torturó a Gomensoro en un galpón del Grupo de Artillería Nº 1, ubicado en el Cerro de Montevideo: “Vi al mayor Gavazzo sentado a un lado de una persona que estaba colgada, amarrada en un caballete (…) el cuerpo estaba sin ropas, el cuerpo estaba aparentemente mojado, húmedo, con brillo, amarrado con las manos en la espalda y cabeza gacha. (Había) un teléfono de campaña y varios cables (…) Estaba enchufado al teléfono, cuando le daban manivela al mismo sufría choques de corriente…”, relató el oficial retirado.
El caso se investigaba en Paso de los Toros porque el cuerpo de Gomensoro apareció en 1973 flotando en las aguas del lago de Rincón del Bonete, y en la denuncia que ya en democracia se presentó se relataba que el militante detenido había sido torturado en un cuartel de aquella ciudad –por Gavazzo y por el entonces mayor Juan Carlos Gómez– y muerto luego de que le cortaran los testículos.
Las pruebas reunidas en el expediente descartan que el hecho haya tenido lugar en Paso de los Toros –y esto es vital para el sobreseimiento de Gómez, que entonces cumplía tareas en aquella zona del país– y que la muerte se vinculara a un corte en los genitales. Con esos elementos, el fiscal consideró a Gavazzo “inocente”, haciendo a un lado las pruebas que incriminaban al represor en el homicidio.
Las reglas de la lógica y de la experiencia indican que el asunto central a investigar para sancionar a los responsables es el homicidio, y que el lugar y el modo en que se cometió el delito, sin dejar de ser relevantes, resultan secundarios si se han logrado obtener las pruebas para condenar al asesino, aunque haya matado en un cuartel o en otro, con un cuchillo o con una picana eléctrica.
El Portal Florida 24 preguntó a D’Auría cuáles fueron los elementos “que pesaron para que Juan Carlos Gómez fuera liberado, y de igual forma José Nino Gavazzo”.
Y el magistrado –ahora fiscal de Florida– respondió que “fundamentalmente porque se los acusaba de hechos que nunca existieron. En el expediente de Paso de los Toros se acusaba a Gómez y a Gavazzo de la muerte de Roberto Gomensoro Josman en un cuartel de Paso de los Toros, por medio de castración. Eso no se probó, ese hecho no existió. Entre otras pruebas, hay fotos que se ven los genitales de Gomensoro”.
Pero el representante del Ministerio Público añadió: “Lo que sí se probó fue que Gomensoro falleció en el Grupo de Artillería N°1 del Cerro de Montevideo, por una falla cardíaca, durante tortura, muy probablemente por parte de Gavazzo. Que una vez muerto Gomensoro en Montevideo, su cuerpo fue trasladado a Paso de los Toros, y fondeado en el Lago del Rincón del Bonete para su ocultamiento”.
Y luego ensaya una explicación técnica para justificar su decisión de declarar “inocente” a Gavazzo: “como el expediente inicial acusa a ambos por haber matado a Gomensoro por castración, en Paso de los Toros y luego se demuestra que fue por choques eléctricos y en Montevideo, el expediente no se puede modificar y es por esto que la potestad de investigar estos nuevos hechos estaba en el Juzgado de Montevideo”.
D’Auria pudo haber pedido a la justicia que enviara los antecedentes a Montevideo, sin declarar “inocente” a Gavazzo, y eso hubiese salvado la “irrevocabilidad” de la decisión de sobreseimiento. Pero también pudo haberlo condenado, sin más vueltas, porque él mismo asegura que tenía las pruebas.
Walter Pernas /Sudestada, periodismo y transparencia
COMCOSUR INFORMA AÑO 19 No. 1917 – 12.04.2019
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2) URUGUAY: LA SEMANA EN QUE TABARÉ VÁZQUEZ DESCABEZÓ LA CÚPULA DE DEFENSA
Por Samuel Blixen /LA HAINE – 09/04/2019
De giros inesperados
No aclares, que oscurece. El dicho popular alcanzó un gran rating en la crisis política desencadenada a raíz de las confesiones del teniente coronel José Gavazzo (1) sobre el asesinato del tupamaro Roberto Gomensoro, contenidas en las actas de un Tribunal de Honor, que provocaron la destitución de seis generales, entre ellos, el comandante del Ejército que había sido nombrado días antes por Tabaré Vázquez.
La destitución de los militares y la renuncia inducida del ministro de Defensa, Jorge Menéndez, y su subsecretario, Daniel Montiel, se ha visualizado como un estallido, cuando, en realidad, es un proceso que comenzó a mediados de febrero y que transcurrió discretamente hasta que un informe periodístico reveló el contenido de las actas del Tribunal de Honor. El relevo del comandante del Ejército Guido Manini Ríos, el 15 de marzo, y el nombramiento de su sucesor, general José González, fueron consecuencia de las críticas a la actuación de la justicia que el primero de los nombrados formuló en un documento cuando solicitó entrevistarse con el presidente para que se produjera una definición sobre la homologación del fallo del tribunal. Ese fallo absolvía a Gavazzo de lesionar el honor de las Fuerzas Armadas, a pesar de haber sido condenado por 28 homicidios y desapariciones. El tribunal condenaba, en cambio, a Gavazzo a pasar a la situación de reforma por haber permitido que un coronel, Juan Carlos Gómez, permaneciera en prisión durante tres años, cuando sabía que era inocente. Las opciones de los generales que actuaron en el tribunal revelaron varas distintas para sopesar injusticias: tomaron medidas frente al encarcelamiento de un coronel, pero eludieron tomar aquellas que pudieran satisfacer a los familiares de 28 víctimas asesinadas.
En ese momento, 16 de marzo, nadie, ni el presidente Vázquez, ni el general Manini, ni el secretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma, ni el ministro de Defensa en funciones, Montiel, explicaron por qué Gavazzo sabía de la inocencia de Gómez. Hubo, en ese momento, una apuesta por mantener un discreto silencio en la esperanza de que el asunto se olvidara. Entre otras cosas, se incurrió en la flagrante contradicción de ascender a la jefatura del Ejército a un general que no advirtió, en la consumación de 28 asesinatos, una lesión al honor militar.
Fue necesario que lo inexplicable e inexplicado tomara estado público cuando el periodista Leonardo Haberkorn publicó en El Observador detalles de las declaraciones que Gavazzo formuló ante los generales González, Alfredo Erramun y Gustavo Fajardo. En el tribunal, Gavazzo admitió que en 1973 se hizo cargo del cuerpo de Roberto Gomensoro, lo trasladó en un vehículo hasta el Río Negro, lo embarcó en una lancha y finalmente lo arrojó a las aguas. Declaró que todo lo había hecho él solo, sin ayuda, con la evidente intención de subrayar que no involucraba a subalternos.
La publicación de parte de las actas hizo trizas la política de silencio. Ante el nuevo panorama, el presidente tomó drásticas medidas: destituyó a los tres generales del tribunal, entre ellos, al flamante comandante que había asumido hacía una semana, y comunicó que aceptaba la renuncia del ministro de Defensa y del subsecretario. Primero un comunicado de la Presidencia y luego declaraciones que Vázquez formuló para el informativo de VTV pretendieron atenuar las aristas más oscuras del episodio. Vázquez, que ya había encomendado al presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, que difundiera la noticia de que él, el presidente, no estaba en conocimiento de la confesión de Gavazzo, en sus declaraciones al periodista Gabriel Pereyra admitió que no había leído el expediente, aunque había sido informado de él. Explicó que por día firmaba unos 50 documentos. De todas formas, aclaró que estaba dispuesto a asumir la responsabilidad política de los hechos.
Las ambigüedades y las opacidades de que hicieron gala los principales protagonistas sufrieron otro sacudón, cuando el diario El País reveló que a mediados de febrero el ministro Menéndez, no bien recibió y leyó las actas del tribunal, se dirigió a la Torre Ejecutiva y se entrevistó con Vázquez, a quien interiorizó del contenido de las actas. Como explicó después el presidente, le pidió a Menéndez que trasladara al secretario de la Presidencia, Miguel Toma, los antecedentes y que se efectuara la denuncia penal correspondiente. Tal como reveló El País, Menéndez se entrevistó con Toma, por más que este colorado, hombre de confianza de Tabaré Vázquez, negó esa entrevista y pretendió deslindar la responsabilidad en una conversación telefónica que no lo deja muy bien parado. Fue necesario que el propio Menéndez, aquejado de una grave enfermedad que lo obligó a solicitar licencia a principios de marzo, dejara por escrito todos los detalles en una carta que elevó al presidente. Recién entonces, Toma admitió haberse reunido con Menéndez y haberse enterado de las confesiones de Gavazzo. Sin embargo, deslindó la responsabilidad al depositar en el Ministerio de Defensa la tarea de formular la denuncia penal que el presidente le había encomendado a él. Con ello, Toma le pasaba la pelota a Montiel, ministro en funciones, cuya actuación en todo el episodio mereció un respaldo del MPP.
La carta de Menéndez despejó un aspecto que provocaba escozor en el Frente Amplio: la duda de si el presidente sabía o no los extremos de la declaración de Gavazzo. Ahora no cabe duda de que Vázquez fue alertado de la confesión del delito. Otra cosa es saber con qué minuciosidad leyó el documento, si es que lo leyó, lo que no reduce su responsabilidad.
Lo más grave es que la documentación no sólo refiere a confesiones de Gavazzo, sino que también incluye confesiones y denuncias del coronel (r) Jorge “Pajarito” Silveira, quien reveló que Gavazzo también asesinó a otro tupamaro, en 1974. Silveira afirmó, además, que Gavazzo era responsable de unas cien desapariciones. Todo eso estaba en el expediente que Vázquez no leyó. Un agudo observador de la realidad política comentó: “Hay que recordar que un vicepresidente de la República, nada menos, fue obligado a renunciar por la compra indebida de un colchón con una tarjeta institucional”.
Ambigüedad y gatopardismo
En el cocido de este guiso hay dos ingredientes principales: uno, la pervivencia, a través de las sucesivas generaciones de oficiales, de una concepción invariable de la doctrina de la seguridad nacional, una defensa del terrorismo de Estado y un compromiso férreo con la omertà. La actitud del ex comandante Manini Ríos de ordenar la continuación de las actuaciones del tribunal, a pesar de que fue informado del tenor de las declaraciones de Gavazzo y Jorge Silveira, es una prueba de esa actitud. También la de los tres generales, que se sometieron a la disciplina cuando, como funcionarios públicos, estaban en la obligación de formular una denuncia ante el conocimiento de un delito.
Al justificar su actitud, Manini expresó que la confesión de Gavazzo no era una novedad, porque ya había sido procesado en el expediente del asesinato de Gomensoro, pero se cuidó de no comentar que Silveira acusaba a Gavazzo de otros dos delitos, por lo menos: la muerte de Eduardo Pérez Silveira, víctima de la explosión de una granada arrojada a su celda del cuartel de Artillería número 1 en 1974, y la desaparición de María Claudia García de Gelman, en diciembre de 1976 o enero de 1977.
Aunque enfáticamente afirmó, en el acto de proclamación de su candidatura a la presidencia de la República, que no había escondido nada, después, en una entrevista concedida a Búsqueda, admitió que, quizás, había sido un error no formular la denuncia correspondiente.
El otro ingrediente tiene que ver con la ambigüedad y el gatopardismo del poder político en la cuestión de los derechos humanos. No era necesaria la confesión de Gavazzo para conocer el horror de los crímenes de la dictadura, tal como expresó Julio María Sanguinetti. De hecho, el ex presidente en sus dos mandatos hizo lo posible por impedir la investigación del terrorismo de Estado: archivó los expedientes de las denuncias y bloqueó los intentos de desarticular la impunidad que él mismo impulsó.
Vázquez, al comentar las confesiones de Gavazzo, concluyó que se desmoronaba la política del silencio sobre las atrocidades del pasado. Parece un exceso de optimismo, porque nada induce a pensar que espontáneamente, ahora, todos los guardianes de los secretos harán cola para confesarse. De hecho, la confesión de Gavazzo está directamente relacionada con la forma en que el ejército encara los tribunales de honor.
Entre los aplausos por la destitución de los seis generales (tres del Tribunal de Honor y tres del Tribunal de Alzada), el pedido al Parlamento para el pase a reforma de otros tres y las críticas por la forma opaca en que el gobierno administró la crisis, la oposición tiene la oportunidad de apoyar la creación de instrumentos que permitan y faciliten la investigación de los crímenes y definan las responsabilidades. Ante el “horror” ahora “descubierto”, todos coinciden en la necesidad de reparar las omisiones, pero el único camino sugerido es dejar que la justicia penal tome cartas en el asunto.
Para encauzar efectivamente la investigación de los crímenes, es necesario que el poder político (gobierno y Parlamento) otorguen las herramientas para ubicar los archivos militares que contienen los informes sobre las actuaciones de la represión. El llamado “Archivo Berrutti”, una colección voluminosa de imágenes microfilmadas, aporta indicios sobre dónde buscar la información concreta: hay por lo menos 12 archivos de otros tantos organismos militares, que deberían ser ubicados y sacados a luz. El ex ministro Menéndez ensayó algunas iniciativas al autorizar el ingreso a determinadas unidades para la digitalización de sus archivos; y el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, autorizó la digitalización del archivo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia. Sin embargo, no existe hasta ahora un equipo oficial, con los recursos necesarios para estudiar todo ese material. Una tarea de tal magnitud, a realizar de forma independiente y a resguardo de presiones, sólo puede llevarla a cabo algún organismo con respaldo parlamentario, como la Institución Nacional de Derechos Humanos, entre cuyas atribuciones está, precisamente, la potestad de ingresar a cualquier lugar sin aviso previo.
La ubicación de los archivos sobre los operativos militares es una tarea que aún está por encararse. Quizás el nuevo ministro de Defensa Nacional, José Bayardi, disponga alguna iniciativa concreta en ese sentido.
Los relatos en el tribunal
Tal vez la novedad más interesante que aportó la confesión de José Gavazzo en el Tribunal de Honor que lo juzgó por una eventual lesión del honor militar (además de provocar la crisis que dejó en evidencia la hipocresía militar y el gatopardismo político) es la confirmación de un principio castrense que obliga a revisar la óptica con que se mide la responsabilidad penal en los casos de delitos de lesa humanidad.
Según las reproducciones de parte de las actas (que saludablemente deberían ser puestas al acceso de todos), José Gavazzo relató ante los generales del tribunal que en el cuartel de La Paloma encontró sin vida a un prisionero que estaba siendo interrogado. Gavazzo no dice que él lo mató, que es responsable de la muerte, pero dice que inmediatamente le comunicó la novedad al jefe de la unidad, el coronel Alfredo Rubio. Él, Gavazzo, por entonces mayor, era el segundo jefe de esa unidad de Artillería. La confesión describe que, después de dar detalles a Rubio, ambos se trasladaron a la Región Militar número 1 y le comunicaron lo sucedido al general Esteban Cristi. En el despacho del jefe de la Región, Cristi decidió que se desprendieran del cuerpo de Gomensoro, es decir que el asesinado pasaría a ser un desaparecido. Entonces, Gavazzo relata que, obviamente con la autorización de Rubio, trasladó el cuerpo hasta el Río Negro y lo lanzó al agua.
Esta versión de Gavazzo fue corregida por el coronel (r) Jorge Silveira, quien, al declarar en el tribunal, dijo que Rubio, profundamente enojado por la muerte de Gomensoro, se había trasladado solo al comando de la región para informar a Cristi. Gavazzo había quedado en el cuartel.
A los efectos del significado del relato, son irrelevantes las diferencias entre las versiones. Lo que importa es que el mayor Gavazzo informó a su superior, Rubio, y este informó a su superior, el general Cristi. Y que, producto de ello, hubo una orden de actuar para remediar la situación.
El ejemplo confirma una convicción extendida entre militantes de derechos humanos y políticos sensibilizados con el tema: todos los actos militares requieren la correspondiente orden superior; el mando debe siempre estar informado de los sucesos y ordenar en consecuencia. Puede haber excepciones, casos en los que un subordinado actúa sin el visto bueno de su superior, pero, en ese caso, la venganza será terrible, porque la iniciativa socava el pilar de la verticalidad del mando; la obediencia debida es la contracara del control absoluto del mando. La iniciativa debe contar siempre con el respaldo superior para concretarse, y la iniciativa que no cuenta con la autorización es severamente castigada.
Los legajos de los oficiales de las Fuerzas Armadas están repletos de sanciones por esa causa. De lo que se desprende que ningún oficial tomará la iniciativa de asesinar a un prisionero si no cuenta con la autorización superior. Puede que ocurra un accidente y que la muerte no sea premeditada, pero siempre habrá una intervención del superior.
Si ese es el criterio que rige para la vida militar, entonces hay que concluir que las atrocidades del terrorismo de Estado fueron ordenadas o avaladas por el superior. Si un comando de militares uruguayos asesinó en Buenos Aires a Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, fue porque contó con la debida autorización. Y el enterramiento de Julio Castro, por poner otro ejemplo, en el predio del Batallón 14 de Infantería, en Toledo, debe de haber contado con el conocimiento y la autorización del jefe de la unidad de aquel entonces, agosto de 1977. ¿Qué autoridad podía llegar a ejercer ese comandante con sus subordinados, si cualquiera podía entrar en los predios del cuartel a enterrar cuerpos? Por el contrario, es dable suponer que ese superior sabía quién ordenó el enterramiento, quién le dio la orden y quiénes ejecutaron la acción, oficiales y soldados. Sin embargo, hasta ahora nadie pregunta, en cada caso investigado, quién daba las órdenes, quién autorizaba.
Otro punto de reflexión es por qué en los tribunales de honor se cuenta, se dice, se admite lo que se niega en otros ámbitos, en especial en la justicia. Gavazzo, por ejemplo, negó siempre ante los magistrados tener algo que ver con el asesinato de Gomensoro, pero lo confiesa en el tribunal. Una explicación aceptable es que la norma, en las Fuerzas Armadas, dicta que en los tribunales de honor se debe decir la verdad, quizás porque los miembros del tribunal, oficiales superiores, no pueden permitir que un subordinado les mienta en la cara y los engañe. Es otra forma inadmisible de atentar contra la verticalidad del mando.
Este tribunal, que tanta repercusión ha tenido, no es una excepción. Hay otras actas, en las que los oficiales han admitido lo que en otras instancias han negado. Por ejemplo, en el tribunal que juzgó la conducta de Manuel Cordero, “acusado” de ser homosexual, algunos de los acusadores admitieron que secuestraron, interrogaron y presionaron a civiles que concurrían a los mismos bares frecuentados por Cordero para obtener pruebas.
Admitieron que habían amenazado a dichas personas con represalias si llegaban a difundir lo que habían vivido. Cordero, por su parte, se defendió con un argumento irrebatible: en las fechas de las acusaciones, en 1976, él permaneció en comisión en Buenos Aires todo un año, lo que significó la confirmación de que estuvo actuando en Automotores Orletti, torturando a uruguayos secuestrados, como fue acusado por decenas de víctimas.
Para redondear ejemplos: el coronel (r) Ernesto Ramas admitió ante un tribunal que había realizado el secuestro extorsivo de un narcotraficante a quien acusó de ser “terrorista” para mantenerlo incomunicado en el centro clandestino de La Tablada, mientras se tramitaba una transferencia bancaria. Y el coronel Eduardo Ferro, enfrentado en un tribunal con su colega de la inteligencia Carlos Silva, admitió que el Sid mantenía relaciones estrechas con la CIA.
Nota: (1) Uno de los principales represores de la dictadura, se le tipificaron 28 homicidios. Actualmente con “prisión domiciliaria” por “razones de salud”, continúa cobrando la jubilación de militar en “situación de reforma”.
Samuel Blixen /LA HAINE /Publicado por Amarelle
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3) URUGUAY: MIGRANTES EN MONTEVIDEO: “TRATAMOS DE VIVIR MÁS O MENOS COMO PERSONAS”
Sin acceso a una vivienda digna muchos migrantes sufren abusos y tratos xenófobos al llegar a pensiones ilegales o clausuradas. La Intendencia elabora nuevo reglamento
Valentina Caredio /Sudestada /@valecaredio – 10/04/2019
Kelvin llegó a Uruguay hace tres años. Lo hizo con un grupo de dominicanos que, como él, decidieron dejar su país en búsqueda de una mejor calidad de vida. Playa Pascual fue su lugar de acogida: tanto desde lo laboral como lo habitacional. Trabajó en el campo cosechando y una conocida les prestó un hogar.
No obstante, el mercado laboral no era tan amplio ni variado como en el centro de Montevideo. Junto a sus compañeros decidieron emprender viaje a la capital de Uruguay.
La única opción habitacional a la que pudieron acceder fue la pensión. Vivieron en una, dos y tres. En la primera, ubicada en la calle Paysandú, los robaron. Se mudaron. En la segunda, en la calle Florida, los volvieron a robar. Y se mudaron nuevamente. Llegaron a la calle Juan Carlos Gómez, donde había una pensión que carecía de servicios regulados y que el agua, extraída de un pozo hecho por el administrador, no era potable. Pero allí, a diferencia de las anteriores, no los robaron.
Van dos años desde que Kelvin llegó a esa pensión y hace un año y medio que las 27 familias que viven allí no tienen un administrador. En 2017, Kelvin junto a otros pensionistas presentaron una denuncia en la Intendencia de Montevideo porque la pensión “no era habitable”.
El agua y la luz no eran el único problema: los malos tratos eran constantes. “Nos decían ‘malditos dominicanos, mugrientos, vuélvanse a su país. Si no podés pagar la pensión, te vas’. Nos cansamos de los abusos, de los maltratos y de los aumentos en el costo de la pensión. La pensión estaba llena de ratas, chinches y bichos”.
El administrador se desvinculó luego de que los pensionistas le exigieran los arreglos solicitados por la Intendencia. Si no se hacían, no le iban a pagar el costo de la habitación o la cama. Pero antes de desaparecer, envió un cedulón de desalojo por irrumpir contra la propiedad privada y entrar a la fuerza.
El proceso judicial continúa y los pensionistas acudieron al consultorio jurídico de la Facultad de Derecho (Fder) para llevar adelante el proceso.
Las condiciones edilicias precarias y los malos tratos de la pensión donde vive Kelvin no son hechos aislados. Las quejas por las viviendas y, particularmente por las pensiones, son los temas que más se escuchan en el Centro de Promoción de Derechos Humanos (CDH), de acuerdo a su coordinadora, la abogada Valeria España.
España manifestó a Sudestada que “la Intendencia fracasó en estos años. Era un desafío que veíamos con mucha expectativa, pero no pasó nada. Lo que sí pasó es que se multiplicaron las pensiones clandestinas, aumentaron las situaciones de violencia hacia las personas migrantes. Y, a su vez, no hay control ni derechos del consumidor. Las personas migrantes viven toda serie de abusos en el contexto en el que están”.
El flamante intendente Christian di Candia dijo que las pensiones reguladas son controladas una vez por mes por el servicio de Convivencia Departamental (ex Inspección General) y que se está trabajando en la redacción de una reglamentación actualizada para mejorar la situación que calificó como «compleja».
Incluso Leonardo Fosatti, quien integra la organización Idas y Vueltas y también el Núcleo de Estudios Migratorios y Movimientos de Población (Nemmpo), explicó a Sudestada que la Intendencia ha trabajado mucho en la inspección de pensiones reguladas (y también en las que no). Sin embargo, al investigar detectaron que “se establecen las sanciones que se estipulan en el digesto municipal, pero los administradores si quieren las pagan y si no, no”.
Valentina Caredio / Sudestada, periodismo y transparencia
COMCOSUR INFORMA AÑO 19 No. 1917 – 12.04.2019
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“Todas las estructuras del poder popular que estábamos construyendo se hicieron presentes, tomaron voz, en una radio que no quería tanto hablarle al pueblo. Quería que el pueblo hablara.” RADIO VENCEREMOS
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VEO VEO – Propuestas y comentarios de Henry Flores
I. CINECLUB ESPECIAL DE CARLOS SAURA
Lunes 15 de abril – Centro Cultural de España
Con más de cuarenta películas, Carlos Saura es uno de los cineastas más destacados e importantes del cine español. Pintor y fotógrafo incansable, cuenta con la segunda película más premiada en la historia de los Premios Goya, “Ay Carmela” (1990), un Oso de Oro, dos Osos de Plata, un premio Bafta a la mejor película extranjera y tres nominaciones a los Premios Óscar. Realizador multipremiado, fue además reconocido en el año 2015 con el Premio Honorífico Feroz, cuyo comité lo destacó como “un premio a la audacia, al riesgo cinematográfico y a la consideración del cine como arte sin dejar a un lado su función como herramienta de crítica social”.
El CCE presenta una selección de cuatro películas del director aragonés, así como el más reciente documental realizado por Félix Viscarret, sobre la vida del cineasta.
Otras Fechas del Ciclo Carlos Saura…
Lunes 29
Flamenco, Flamenco
España / 90 min. / 2010
La Entrada es Libre hasta completar aforo.
www.cce.org.uy/cine/especial-carlos-sAura
web.facebook.com/events/648922028870858/?event_time_id=648922035537524
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II. FESTIVAL CINEMATOGRÁFICO INTERNACIONAL DE CINEMATECA URUGUAYA
Del 17 y el 28 de abril en las tres salas de Cinemateca, la sala B del SODRE, la sala Hugo Balzo, la Sala Zitarrosa, Life 21, y la sala Tomás Berreta.
Este año 2019 el Festival cuenta con 240 películas en su programa, entre largos y cortometrajes, y trae a Montevideo a casi 50 personalidades del cine, en su gran mayoría directores y directoras de películas que compiten en esta edición.
En su programación, incluye películas como el reciente Oso de Oro de la Berlinale, Synonymes (2019), película con la que el prestigioso cineasta israelí Navad Lapid, la italiana La paranza dei bambini (2019), historia sobre los jóvenes cachorros de la Camorra con aclamado guion de Roberto Saviano, y la china So Long, My Son (2019), de Xiaoshuai Wang, poderoso drama que se hizo con los dos premios de interpretación en la Berlinale.
En la categoría de competencia iberoamericana destacan la nueva película de la chilena Dominga Sotomayor, Tarde para morir joven (2018), la ópera prima de la argentina Romina Paula, De nuevo otra vez (2019), y el film del brasileño Gabriel Mascaro Divino amor (2019), mientras que en Derechos Humanos, estará la nueva película de Nanni Moretti, Santiago, Italia (2018), documental que se centra en la odisea de los refugiados en la embajada italiana tras el golpe militar contra Allende y La causa contra Franco (2018), de Lucía Palacios y Dietmar Post, estrenada justo cuando en España se reabre la posibilidad de exhumar al dictador de su mausoleo.
Del 17 y el 28 de abril en las tres salas de Cinemateca, la sala B del SODRE, la sala Hugo Balzo, la Sala Zitarrosa, Life 21, y la sala Tomás Berreta.
cinemateca.org.uy/peliculas-por-categoria…
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III. MÚSICAS DEL SUBSUELO – DÚO 4711 – CUARTETO ABIGEATO CON CLARA GARCÍA
Jueves 25 abril – Teatro Ducon
Músicas del subsuelo presenta la 5ta fecha de este ciclo de diversos artistas contemporáneos de Uruguay, Noche de tangos y folclore.
El Teatron Ducon es una Sala de teatro y Café/Restaurante de comida casera y saludable situado en la emblemática esquina de Durazno y Convención. Este 25 de abril tocaran el Dúo 4711, integrado por Malena Rivarola (voz) y Vladimir Guicheff (guitarra)
El Cuarteto Abigeato con la voz invitada de Clara García
Este ciclo en el Teatro DUCÓN ubicado en Convención 1103, esquina Durazno, el jueves 25 de abril a las 21 hs.
Las Entradas tienen un costo de 200 pesos, La otra fecha estara el joven musico Antonino Restuccia // Tangente
web.facebook.com/events/393079554858141/
Henry Flores – El Eternauta
VEO VEO /COMCOSUR INFORMA AÑO 19 No. 1917 – 12.04.2019
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Durante la semana de Turismo no se enviarán boletines de COMCOSUR
COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR / COMCOSUR – 1994 – 19 de junio – 2018 – 24 años
Selección y producción: Henry Flores y Carlos Casares Apoyo técnico: Carlos Dárdano
Colaboran:
ALEMANIA: Antje Vieth, Carlos Ramos (Berlín)
ECUADOR: Kintto Lucas (Quito)
HOLANDA: Ramón Haniotis (Amsterdam)
SUIZA: Sergio Ferrari (Berna)
URUGUAY: Pablo Alfano, Jorge Marrero, José Rocca, Luis Sabini, Jorge Zabalza.
COMCOSUR INFORMA ES UNA PRODUCCIÓN DE COMCOSUR / COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR / Desde el 19 de Junio de 1994 / Coordinación: Carlos Casares – DIRECCIÓN POSTAL: Proyectada 17 metros 5192 E (Parque Rivera) 11400 MONTEVIDEO/URUGUAY / Apoyo técnico: Carlos Dárdano / Comcosur se mantiene con el trabajo voluntario de sus integrantes y no cuenta con ningún tipo de apoyo económico externo, institucional o personal / Las opiniones vertidas en las distintas notas que integran este boletín no reflejan necesariamente la posición que podría tener Comcosur sobre los temas en cuestión / Comcosur integra la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) /
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