«

»

EL HIERRO COTIZA A LA BAJA

NOTICIAS Y PENSAMIENTOS
COMCOSUR AL DÍA – AÑO 15 – Nº 1986
Viernes 22 de Agosto de 2014
Producción: Andrés Capelán – Coordinación: Carlos Casares
Apoyo técnico: Carlos Dárdano
COMCOSUR / COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR
1994 – 19 de junio – 2014
Ahora puedes seguir a Comcosur también en Facebook
____________________________________________

HOY:

1) Barneix citado por caso Perrini

2) Santoro: «No sé qué está desmintiendo Damiani»

3) Ayudamemoria

4) Peligra proyecto Aratirí; busca ahorrar US$ 300:

5) Con el Director de Servicio Agrícolas: La soja y yo

6) Venta de motos se desploma y se “satura” segmento de autos chicos
____________________________________________

«Si asumes que no hay esperanza, garantizas que no habrá esperanza.
Si asumes que hay un instinto hacia la libertad, que hay oportunidades
para cambiar las cosas, entonces hay una posibilidad de que puedas
contribuir para hacer un mundo mejor. Esa es tu alternativa».

Noam Chomsky
____________________________________________

1) Barneix citado por caso Perrini
(Caras y Caretas)

El general (r) Pedro Barneix deberá comparecer el próximo 16 de setiembre
ante la Justicia, para declarar en relación a la muerte por torturas de
Aldo Perrini, en 1974. Barneix deberá cumplirá la audiencia
ratificatoria, ante el pedido de procesamiento con prisión en su contra
por este crimen. También fueron citados los responsables de la autopsia
histórica sobre el caso.

La jueza Penal de 7º Turno, Beatriz Larrieu, dispuso la citación del
general (r) Pedro Barneix, para declarar en audiencia ratificatoria
(artículo 126 del CPP), tras el pedido de procesamiento en su contra por
la muerte por torturas de Aldo “Chiquito” Perrini, en las entrañas del
Batallón Nº 4 de Infantería de Colonia.

La magistrada dispuso la citación de Barneix, de forma de concretar la
audiencia que quedó trunca en junio de 2012. En esa oportunidad Barneix y
los ex oficiales del Ejército, José Puigvert, Washington Perdomo y José
Baudean, debían declarar en la causa, tras el pedido de procesamiento
librado en su contra por la fiscal Ana María Tellechea, por el
“homicidio político” de Perrini.

Puigvert, Perdomo y Baudean brindaron su testimonio, pero Barneix no lo
hizo, ya que su defensa presentó una acción de inconstitucionalidad
contra las leyes 18.026 y 18.831, lo que paralizó el proceso. El
expediente comenzó entonces un largo peregrinar en distintas oficinas
judiciales, que incluyó la declaración de incostitucionalidad de los
artículos 2 y 3 de la ley 18.831 y la presentación de incidentes de
prescripción por parte de las defensas.

En este sentido, el Tribunal de Apelaciones en lo Penal (TAP) de 1º Turno
decidió días atrás rechazar estos recursos y dispuso continuar con la
indagatoria penal, tras considerar que el delito no prescribió. La Sala,
con el voto conforme de sus tres integrantes (Alberto Reyes, Sergio Torres
y Rolando Vomero), afirmó que el período de vigencia de la Ley de
Caducidad no puede computarse dentro del plazo de prescripción, ya que la
norma se constituyó en un obstáculo para la búsqueda de Justicia.

Con este fallo, la jueza Larrieu dispuso la citación de Barneix para el
martes 16 de setiembre, de forma de cumplir la instancia pendiente en el
proceso. Asimismo, la magistrada resolvió convocar para el miércoles 17 a
los responsables de la autopsia histórica sobre la muerte del comerciante
carmelitano.

Esta autopsia, firmada por los médicos Hugo Rodríguez Almada
(catedrático en Medicina Legal de la Facultad de Medicina), Domingo
Mederos y Daniel Maglia Canzani, concluyó que “está fuera de
controversia que la muerte de Aldo Perrini ocurrió en prisión y en el
contexto de las torturas que se aplicaban a los prisioneros políticos en
el Batallón Nº 4 de Infantería”.

En esta línea, la situación procesal de Barneix es “bastante
comprometida”, ya que el expediente Nº 257/74 de la Justicia Militar,
por el que se investigó la muerte de Aldo Perrini durante la dictadura, y
la declaración de sus camaradas (en especial, el testimonio de Baudean)
refieren a la participación del alto oficial en el interrogatorio de
Perrini.

Cuando se concreten estas audiencias la jueza Larrieu estará en
condiciones de dictar su resolución, únicamente en los casos de Barneix y
Puigvert, por cuanto los otros dos oficiales imputados en la causa, Perdomo
y Baudean, fallecieron durante el desarrollo del proceso.

COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 22 DE AGOSTO DE 2014
____________________________________________

2) Santoro: «No sé qué está desmintiendo Damiani»
(180)

El periodista argentino Daniel Santoro aclaró cuál es la vinculación del
estudio de Juan Pedro Damiani con la denominada «ruta del dinero K»
denunciada en notas de Clarín, donde trabaja, y Perfil. Según él, allí
no se alude a que el estudio haya manejado dinero del cuestionado Lázaro
Báez ni que lo conozca. Lo que se dice es que creó 10 empresas «de papel»
que participaron de las maniobras financieras con ese dinero.

El periodista argentino Daniel Santoro, quien publicó en Clarín la nota
que tituló “Un estudio uruguayo tuvo un rol clave en la ruta del dinero
K”, dijo a No toquen nada que no entiende los posteriores desmentidos de
Juan Pedro Damiani ya que en su nota no afirma que el estudio de Damiani
manejó plata de Lázaro Báez.

A raíz de la publicación de esa nota, Juan Pedro Damiani dijo a 180 que
su estudio no está involucrado con la ruta del dinero K y que solo
contrataba a Marcelo Ramos, presunto testaferro de Lázaro Báez, por ser
un fiduciario profesional.

Además, publicó un comunicado en el que aclaró: “Jamás hemos
conocido, tratado y menos aún asesorado ni a Lázaro Báez ni a ninguna
persona de su entorno por lo que jamás podríamos tener “un rol clave en
la ruta del dinero K”.

“En ningún momento de mi nota digo que el estudio Damiani manejó plata
de Lázaro Báez, lo que yo estoy diciendo es que la empresa Helvetic
Services Group, que ha trabajado con Lázaro Báez, como por ejemplo el
año pasado en una repatriación de 50 millones de euros, le ha encargado
la creación de empresas al estudio de Damiani. Eso es de lo que estoy
hablando yo, del rol clave de esto, en ningún momento dije que estudio
Damiani manejó plata de Báez, que no lo conoce, yo no sé qué está
desmintiendo si yo eso no lo afirmé”, respondió Santoro.

En esa nota de Clarín se señala que existen documentos oficiales que
demuestran que el estudio JP Damiani & Asociados fue el que solicitó la
creación de al menos 10 empresas fantasma que fueron utilizadas luego por
la suiza Helvetic Services Group; empresa señalada como una pieza clave en
las denuncias contra el empresario Lázaro Baez, al ser la actual
propietaria de la financiera SGI, más conocida como “La Rosadita”.

El diario Perfil también publicó una nota sobre el tema, a título de
Juan Gasparini, autor del libro “Las bóvedas suizas del kirchnerismo”.
El trabajo vincula a Damiani con la ruta del dinero K; en esta ocasión,
por el representante Pablo Bentancour.

“En Suiza, Bentancur Rubianes es considerado un prestigioso agente de
jugadores de fútbol, con mucha trascendencia en Italia de acuerdo con lo
publicado en la revista L’Espresso. Además, se lo relaciona
estrechamente con el bufete de Montevideo de Juan Pedro Damiani, presidente
del club Peñarol, y pieza importante en la trama que se viene destapando
en las orillas del Río de la Plata”, destaca la nota.

La trama y los juicios

El tema de la ruta del dinero K es complejo por tratarse de un posible caso
de lavado de dinero con origen en corrupción política y, a su vez, es muy
mediático, sobre todo por el rol central de algunos medios periodísticos
en la construcción del caso. Como ocurrió con las cámaras ocultas de
Jorge Lanata, que tuvieron como protagonistas a Federico Elaskar y Leonardo
Fariña, los únicos dos procesados hasta el momento por este caso.

En el diálogo de Santoro con No toquen nada, el periodista de Clarín
realizó un repaso de cuáles son las principales hipótesis del origen del
dinero y la investigación judicial que existe sobre su “ruta” en busca
del blanqueo.

“Primero que la empresa Austral Construcciones se creó en el año 2003,
tiene 11 años y ya ha hecho inversiones billonarias en varios lugares del
mundo y lo que hizo fue, con el apoyo de Néstor Kirchner, cartelizar los
contratos de obra pública en la provincia de Santa Cruz. Es decir que
todas las obras públicas que había en la provincia en los últimos diez
años fueron hechas por Austral Construcciones, o por empresas que manejaba
indirectamente Austral. Entonces ahí hay una masa de dinero enorme,
producto de eso, algunos dicen que también tiene que ver con los
sobreprecios y, otros dicen, como la diputada Graciela Ikariam, que la
plata también estaría ocultando coimas o sobornos pagados a funcionarios
del gobierno de Néstor Kirchner. En esta causa lo que se investiga es
lavado de dinero, que ya tienen varios indicios como, por ejemplo, que
Suiza confirmó hace meses que hay 22 millones de dólares en cuentas en
Suiza de Lázaro Báez y están congeladas por la justicia suiza por una
causa que también hay allá. Es decir que hay tres causas judiciales, una
aquí en Argentina, otra la juez del crimen organizado en Montevideo y otra
en Suiza”, desarrolló Santoro.

Las causas por lavado están sobre la pista de lo que pasó con el dinero
que salió desde Argentina y en ese laberinto, según relata Santoro, hay
varias firmas que están identificadas y también está comprobada la
participación del estudio Damiani.

“Lo que se llama aquí la ruta del dinero K, en la causa de Lázaro
Báez, hay una empresa suiza llamada Helvetic Service Group que fue la
empresa que ayudó a sacar y después a traer desde Suiza 50 millones de
dólares. Esa empresa la dirige el argentino Marcelo Ramos, y esa empresa
le encargó la creación de varias empresas de pantalla al estudio de
Damiani & Asociados, eso está comprobado con documentación. El estudio de
Damiani, por ejemplo, ha creado la empresa Huston, que fue utilizada por
Helvetic para hacer inversiones inmobiliarias en Argentina. La empresa
Aldyne, que también fue creada por el estudio Damiani, entre otras diez
empresas que son parte de la maniobra que hizo Helvetic. Y además, el
estudio de Damiani está nombrado en los requerimientos de instrucción del
fiscal José María Campagnoli, entre otros indicios”, apuntó el
periodista de Clarín.

Dentro de estas investigaciones aparece un nombre clave que se repite,
tanto en la nota de Santoro que habla del rol del estudio Damiani en la
creación de empresas para Helvetic como en el comunicado de desmentido del
estudio, que es el de Marcelo Néstor Ramos.

“Él es el director de la empresa Helvetic Services Group, que sirvió
para muchas maniobras. La primera y principal fue cuando en el año 2011
hay una compra forzada de la financiera CGI, que acá se conoce como ‘La
Rosadita’, que manejaba Federico Elaskar y el entorno de Lázaro Báez, a
través de Helvetic compra La Rosadita, que es el centro neurálgico de esa
etapa de las operaciones que están siendo investigadas por la justicia en
la Argentina. En la segunda etapa, Marcelo Ramos también como director de
Helvetic, haber repatriado 50 millones de euros a través del banco Zafra
de Suiza para la Argentina y esa plata se depositó en una cuenta bancaria
del banco Nación que está a nombre de Austral Construcciones”,
continuó Santoro.

Dentro del laberinto de empresas, en el relato que realiza Santoro,
aparecen como dos piezas absolutamente centrales Austral Construcciones,
que sería el origen del dinero de Lázaro Baez; y Helvetic Service Group,
con Marcelo Ramos al frente y con un importante vínculo con Austral.

La nota de Santoro fue publicada el 30 de julio. En ella se sostiene que el
estudio JP Damiani & Asociados fue el que pidió al estudio panameño
Mossak la creación de al menos 10 empresas que nombra y después agrega:
“Todas estas empresas de pantalla fueron creadas a través de la empresa
suiza Helvetic Services Group que dirige el italoargentino Marcelo Néstor
Ramos”.

En el comunicado del Estudio Damiani, que comienza diciendo “Ante la
falsedad de las versiones de prensa publicadas en el día de hoy…” se
habla de Marcelo Ramos. El comunicado señala que Ramos “fue un prestador
de servicios de la firma, por lo que sus actuaciones o trabajos
profesionales fuera de la relación que tuviera con el estudio, son de
órbita personal y exclusiva del citado profesional”.

Damiani asegura que no trabaja con clientes denominados PEP -personas
políticamente expuestas- y que nunca conoció, trató o asesoró a Lázaro
Báez. Además, desmiente haber tenido como cliente a ninguna de las
personas mencionadas directa o indirectamente en el artículo, ni ser
propietario de la firma Aldyne; lo cual el artículo de Santoro no afirma,
sino menciona que los beneficiarios son el corredor de bolsa argentino
José Antonio Galitis y “un abogado al que Clarín no puede nombrar”.

Según Santoro, él nunca planteó que el estudio Damiani manejó dinero de
Lázaro Baez, ni que lo conoce, pero sí se afirma en que fue ese estudio
el que solicitó la creación de al menos 10 empresas de papel en Estados
Unidos que quedaron luego a disposición de Helvetic, firma que está en el
centro de atención por este caso de lavado de dinero. Esas empresas
aparecen nombradas en la nota pero no en el comunicado de JP Damiani &
Asociados. Eso no fue desmentido hasta ahora.

El nombre, mediático y políticamente cargado, ruta del dinero K,
parecería indicar que existe un sólo camino por el que el dinero salió
del país para ser lavado. Sin embargo, desde la redacción de Clarín,
Santoro dijo que la ruta que pasa por esas empresas creadas por el estudio
Damiani y manejadas por Helvetic es sólo una de varias rutas en muchos
casos enigmáticas. Además, insistió en precisar cuál fue la denuncia
que él realizó respecto al rol del estudio del presidente de Peñarol.

“Nunca dije que la plata pasó por las empresas creadas por Damiani, yo
dije nada más que el estudio creó empresas de pantalla, que están en los
papeles nada más, no tienen ninguna existencia real, y que esas empresas
fueron usadas por Helvetic para operaciones financieras e inmobiliarias”,
reafirmó.

Con base en un informe de Ricardo Leiva, de No toquen nada.

COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 22 DE AGOSTO DE 2014
____________________________________________

3) Ayudamemoria:
VICEPRESIDENTE DE LA AUF IMPLICADO EN LAVADO DE DINERO
Andrés Capelán (Comcosur al Día)

MONTEVIDEO, URUGUAY, 10/03/01 – La revista argentina «Veintitrés» que
dirige el periodista Jorge Lanata, publicó en su edición del pasado 28 de
febrero la versión textual del «Testamento Financiero de Mauricio Perel»,
el financista argentino asesinado junto a su esposa el 5 del pasado mes en
el blaneario de Cariló. Perel estaba inmerso en un escabroso entramado de
financieras y bancos dedicados al lavado de dinero y la evasión fiscal, y
al sentirse en peligro de muerte, en octubre de 1996 escribió el
«testamento» de marras, en el que da a su esposa las instrucciones
pertinentes para recuperar lo que él llama «el patrimonio familiar».

En dicho documento, Perel relata minuciosamente varias operaciones de
lavado de dinero, y menciona con nombre y apellido a las personas
intervinientes en dicha operativa. Entre los mencionados está Juan Pedro
Damiani, vicepresidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol e hijo del
presidente del Club Atlético Peñarol de Montevideo. Según Perel, «La
especialidad del estudio contable de Juan Pedro son las sociedades
off-shore uruguayas, y el armado de supuestas operaciones financieras para
generar pérdidas o ganancias, entradas o salidas de caja, a sociedades
argentinas.» Otros uruguayos implicados son Raúl Wollman, Roberto Moreno y
el contador Mauricio Cukier.

A continuación, brindamos los fragmentos del «Testamento» en los que
Mauricio Perel explica el papel de Damiani y los otros uruguayos en la
operativa de esta mafia.

«El grupo de empresas empieza por American Bank & Trust Co., de Nassau,
Bahamas. Este banco no es más que un sello de papel, manejado por
Delloitte & Touche (el señor Richard Evans) en Nassau (…) Delloitte
sólo pone prestanombres y certifica el balance anual (…) ABT es el
único accionista de IBU (Intercontinental Bank Uruguay), y así está
registrado en los libros y ante el Banco Central del Uruguay. Eduardo
Sciaky, el cuñado de Jacques, disimulado con su segundo apellido y su
doble ciudadanía, es quien preside el Directorio de IBU. Los otros 2
directores, que son realmente uruguayos, residen en forma permanente allí
y manejan IBU son Raúl Wollman y Roberto Moreno.»

«La Sociedad de Bolsa en Argentina es propiedad de Banco Mercurio. La
Sociedad de Bolsa en Montevideo fue comprada por Juan Pedro Damiani, con un
contradocumento a favor de los Benadon, después se le cambió el nombre
para ponerla bajo la órbita de IBU, y después se la volvió a sacar y se
volvió a poner bajo la órbita de Juan Pedro Damiani. Generalmente esas
ganancias o pérdidas, y las entradas o salidas de caja, se hacen figurar
como diferencias de cotización en la compraventa de títulos públicos
argentinos. La diferencia se produce con una operación que tiene como
contrapartida otra operación igual y contraria en el mismo día en alguna
de las sociedades holding off shore del grupo, todas las cuales las maneja
Juan Pedro Damiani.

«Generalmente él está en el Directorio, o alguno de los miembros de su
Estudio. Casi siempre usa al mismo escribano, y manejan cosas tanto en el
protocolo como fuera de él para que no queden rastros. (…) Todo el
dinero que entra o sale durante el día es contabilizado partida por
partida en forma individual desde Buenos Aires directamente en la terminal,
sin que queden papeles de este lado, actuando la terminal sobre el
computador de Uruguay. Al final del día queda una cantidad de dinero en la
caja, dependiendo si en el balance del día hubo más entradas que salidas
o viceversa. Todos los días se hacen operaciones como compraventa de
títulos públicos, para alguno de los holdings uruguayos que maneja Juan
Pedro Damiani.»

«Juan Pedro Damiani viene a la Argentina 2 días de cada semana como
mínimo. Siempre se aloja en el Claridge. Cada vez que viene pasa por el
Banco y firma por el holding que se trate todas las constancias. O sea que
una operación blanca de un holding uruguayo resume en un globo toda la
operatoria negra de cada día, que se pasó pero desarmado el globo, por el
canal de transmisión de datos como una operación on line desde Buenos
Aires sobre la computadora uruguaya. Se usan muchos holdings diferentes. Se
las cambia todo el tiempo. Lo que no se cambia es que están hechas y
controladas por Juan Pedro Damiani, y que siempre tienen un montón de
operaciones (todas supuestas y no reales), de haber movido títulos
públicos por cantidades millonarias para poder así justificar lo que
hacen.»

«Algunos de los holding que más se usaron en los últimos tiempos son
Transaction, North Capital o Capitol, y las sociedades cuyo número de
cuenta en IBU son 4432, 3230, 4600 entre otras. Daniela tiene un diskette
con todos los números de cuenta de IBU en Uruguay, y a quién corresponde
cada una. Lo tiene escondido y lo lleva y lo trae. Casi todos firman con
una firma falsa que dice Roberto Menahem. Mercurio, Claudia Flomembaum, los
Benadon, todos tienen firmas falsas registradas con nombres falsos en IBU y
en ABT. (…) Juan Pedro Damiani arma la contabilidad del lado de la off
shore uruguaya, Claudia o el mismo Mercurio cobran la comisión y la
ingresan como un depósito en negro por la caja de Geada para el holding
del grupo que se queda con la comisión (aquí sí entra la guita en serio
porque es la comisión que cobra el grupo), y José Iglesias contabiliza
todo en el balance consolidado en negro que hace para determinar cuánto se
ganó o perdió en un mes en particular.

«Jorge Mercurio armó operaciones de este tipo muy grandes durante los
últimos 7 u 8 años. Para Coto armó hace poco una pérdida impositiva de
13 o 14 millones de dólares que es toda falsa; para Soldati o empresas de
éste (muchas veces el cliente lo trae Damiani o Cukier, otro contador
uruguayo especializado en este tipo de operaciones). También armó una muy
grande para Ciccone Calcográfica. En el caso de Coto, que era muy
puntilloso en cuanto a cubrir todos los detalles, hasta los hizo viajar a
Uruguay para firmar todos los papeles allí como si IBU hubiera intervenido
realmente en la operación. En realidad, lo que Coto perdía, lo ganaba IBU
(que no paga impuesto a las ganancias en Uruguay por ser un banco off
shore, esto es una Institución Financiera Externa o IFE como se las llama
según la ley de allí). IBU podía ganarlo por cuenta propia, o
fiduciariamente por cuenta de ABT o algún holding. Todo lo que
supuestamente Coto perdió contra IBU está desarmado por otro lado si uno
sigue minuciosamente los pasos y los personajes, todos los cuales responden
a alguno de los que mencioné hasta ahora.»

COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 22 DE AGOSTO DE 2014
____________________________________________

4) Peligra proyecto Aratirí; busca ahorrar US$ 300:
J.P.Correa y P.Barquet (El País)

El proyecto minero es criticado por la oposición y su rentabilidad se
complicó.

La suerte del proyecto minero Aratirí luce complicada si triunfan en las
elecciones Luis Lacalle Pou o Pedro Bordaberry. Ambos se manifestaron ayer
contra el proyecto. La empresa presentó al gobierno alternativas para
bajar sus costos. La ubicación del puerto fue objeto de una larga
conversación el jueves de la semana pasada en la Torre Ejecutiva entre el
presidente José Mujica, el ministro de Industria, Roberto Kreimerman, y el
prosecretario Diego Cánepa, con el principal ejecutivo de Zamin
Ferrous-Aratirí, Pramod Agarwal, supo El País de fuentes oficiales.

Agarwal explicó que el precio del hierro bajó en cinco años de alrededor
de US$ 180 la tonelada a US$ 100, lo que impacta en los márgenes de
rentabilidad del proyecto y que la construcción de la terminal marina en
la Angostura (Rocha) le ahorraría a su grupo unos US$ 300 millones. En El
Palenque (también en Rocha), que es donde el gobierno quiere que se
construya la terminal, el costo de la obra sería de más de US$ 800
millones.

El gobierno recibió con comprensión el planteo pero todavía no se
pronunció. Aunque dice que su proyecto de Puerto de Aguas Profundas (PAP)
no depende de Aratirí, lo cierto es que el gobierno quiere que la terminal
de la empresa minera esté allí. La compañía necesita solamente una
escollera y una cinta transportadora que lleve el hierro proveniente de la
zona de Valentines a buques que lo esperarían 2 o 3 kilómetros mar
adentro. Y la empresa entiende que si espera por la construcción del PAP,
su proyecto se postergaría demasiado. Además considera que la
rentabilidad del proyecto es muy ajustada y muy sensible, por lo tanto, a
la evolución de la cotización del hierro.

Pero el proyecto también debe enfrentar la incertidumbre derivada de la
cercanía de las elecciones, ya que los dos principales opositores están
en contra de que finalmente la minera comience a sacar hierro de los cinco
yacimientos de las cercanías de Cerro Chato.

El candidato presidencial blanco, Luis Lacalle Pou, dijo a El País que «he
tenido una visión crítica sobre la empresa Aratirí y hace cuatro años
que entiendo que su instalación es inconveniente para nuestro país».
Según Lacalle Pou, la empresa no es solvente, no da garantías
ambientales, no tiene experiencia minera y el mineroducto que construiría
atraviesa «zonas sensibles». También cuestionó que su proyecto implique
trasladar cargas que no son limpias a la costa atlántica. «Aratirí no se
va a instalar. Y Aratirí no se va a instalar, por más que el gobierno
hizo todo para que se instale, puso la carreta delante de los bueyes y no
se va a instalar», sentenció.

Por su parte, Bordaberry tiene objeciones legales a que el puerto se
instale en La Angostura como pretende la empresa. «La Constitución exige
que los puertos se autoricen por el Parlamento por ley, y la autorización
que se dio en la ley que se aprobó era para la zona de El Palenque»,
recordó Bordaberry a El País. «Cuando se discutió le propusimos al
oficialismo que la autorización legal fuera para toda la costa de Rocha,
porque nuestros estudios nos decían que era más conveniente hacer el
puerto en otro lugar. Como ha sucedido todos estos años, no escucharon»,
agregó.

«Somos claros respecto de Aratirí: no estamos dispuestos a darles las
exoneraciones impositivas que piden si no se agrega valor uruguayo, no
estamos de acuerdo en firmar contrato sin un plan de cierre de las minas y
garantías que aseguren que la tierra quedara en igual o mejor condición
paisajística y productiva que antes, no estamos de acuerdo en pasar por
encima de la Ley de Ordenamiento Territorial y tampoco con que sea todo
confidencial y secreto», advirtió Bordaberry.

El candidato colorado duda que el puerto de aguas profundas tenga carga
suficiente que lo justifique y recordó que él había propuesto que la
regasificadora (hoy en construcción en Puntas de Sayago) se instalara
allí como forma de abatir costos y captar cargas. También advirtió que
el contrato que se firme con la empresa minera deberá hacerse público.

Dudas y poco tiempo

El gobierno y Aratirí pueden negociar hasta el 4 de diciembre, de acuerdo
con la ley de Minería de Gran Porte. Si no llegan a un acuerdo para
entonces se prorrogaría el plazo 90 días tras los cuales, si no hubiese
acuerdo, Aratirí debería presentar otro interesado. En el gobierno no se
descarta que sea el propio Estado el que se encargue de la explotación o
que se llame a licitación. En cualquier caso, la indefinición afecta al
puerto de aguas profundas. La minera entiende que sin ella no tendrá
viabilidad. Además, la decisión de Argentina de prohibir los transbordos
en puertos uruguayos de mercadería de ese país resta carga con la que el
gobierno contaba cuando el proyecto se diseñó, como podría haber sido la
soja.

COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 22 DE AGOSTO DE 2014
____________________________________________

5) Con el Director de Servicio Agrícolas: La soja y yo
Federico Gyurkovits (La Diaria)

Director de Servicios Agrícolas reconoció que comisión pedida por Mujica
para mejorar normas sobre plaguicidas “nunca se creó”

Para el titular de la Dirección General de Servicios Agrícolas (DGSA),
Inocencio Bertoni, el boom sojero y la multiplicación exponencial en la
última década de la importación y fabricación de plaguicidas no
ameritan más medidas que las ya adoptadas en 2013, cuando el Parlamento
aprobó la Rendición de Cuentas 2012, reforzando la potestad reguladora y
fiscalizadora de esa dependencia del Ministerio de Ganadería, Agricultura
y Pesca (MGAP). El funcionario reconoció que se eligió ese camino en
lugar del marcado por el presidente José Mujica, que en 2011 había
ordenado por decreto crear una comisión multisectorial que ampliara la
mirada y propusiera ajustes a la normativa.

“Yo creo que si Uruguay no hubiera tenido como tiene criterios de control
estaríamos en una situación de desastre, estamos en una situación de
control adecuado del impacto ambiental, en un país que crece en materia de
producción agropecuaria”, afirmó Bertoni. En entrevista con la diaria
relativizó las consecuencias negativas para el ambiente que se le
adjudican a la soja transgénica y a los químicos que requiere.

Aseguró que en todos los cultivos se aplican prácticamente los mismos
productos, por lo cual no corresponde un abordaje especial para esta
oleaginosa, que en los últimos 15 años pasó de ocupar una superficie de
unas 20.000 hectáreas a más de un millón, logrando convertirse en el
principal producto de exportación y en una de las explicaciones de la
expansión económica del país.

-¿El incremento de la soja ha motivado un tratamiento especial por parte
de la DGSA?

-El plan de trabajo que desde 2010 tiene esta dirección con respecto a uno
de sus cometidos involucra a su División de Insumos Agrícolas. En ese
esquema en particular, los productos fitosanitarios tienen un relieve
fuerte y cuentan con un plan de manejo seguro de estos productos que tiene
tres pilares: el primero es el registro y limitaciones de aplicación de
los productos; el segundo es el control de las aplicaciones, y en eso
tenemos todo lo que tiene que ver con el registro y control de las empresas
aplicadoras; y el tercero, que es más nuevo, pero en el que estamos
trabajando fuertemente, es todo lo que tiene que ver con el control de los
residuos que generan las aplicaciones.

-¿Esta dinámica es la misma para todos los casos?

-Esta dirección registra los productos y controla los residuos no para la
soja únicamente, sino para todos los productos que se aplican en todos los
cultivos. Uruguay tiene hoy un proceso de desarrollo y crecimiento que es
fuerte y en el que hay un componente no menor, que tiene que ver con la
producción de origen agropecuario, y ése es un desafío muy importante.
Uruguay tiene 3.400.000 habitantes, pero produce alimentos para 27.000.000
o 28.000.000 de personas, y ése es un desafío fuerte, porque esto quiere
decir que tiene un destino inexorable de ser, de estar en un lugar y en una
situación en el mundo que le permite ser un productor de alimentos. ¿Eso
es de cualquier forma? No. Uno de los cinco lineamientos estratégicos que
tiene esta administración es intensificación con sustentabilidad; lo
tenemos que hacer con rentabilidad social, con rentabilidad económica, con
rentabilidad en todo sentido, preservando los recursos básicos que tenemos
que manejar: el suelo, el agua y el ambiente en general.

-Hay una resolución presidencial de 2008 que, sin embargo, marca una
preocupación específica por la “explosión de la soja”, definida como
poco amigable con el suelo. Es decir, ay un reconocimiento desde el Estado
de una situación singular.

-El principal problema de erosión que tuvo Uruguay no fue con la soja de
ahora, fue con el trigo que producíamos en las décadas del 50 y del 60;
Uruguay ya tuvo un millón de hectáreas de agricultura en el 50 y en el
60, y nos olvidamos porque somos jóvenes…

-Pero era en otro contexto, de posguerra y con un nivel de información y
de desarrollo de la tecnología 
diferente.

-Pero no discutamos ese tema… Hoy tenemos una política muy importante,
como los planes de uso y manejo del suelo. Son la respuesta y la política
ambiental más fuerte que ha habido en los últimos años. Hoy tenemos lo
que es la agricultura de secano, con todo lo que es la producción de soja,
maíz, trigo, etcétera, bajo planes de uso y manejo del suelo. Eso no
existía y se incorporó a partir de 2008. Eso significa que no se puede
hacer cualquier cosa en cualquier lugar, se tiene que hacer con criterios
técnico-científicos. En marzo de 2013 se incorporó para cultivos de
invierno, y desde setiembre para cultivos de verano; hoy el grueso del
área agrícola está bajo estos planes. Por supuesto que es un
reconocimiento del problema; si no, no estaríamos haciendo política
pública.

-¿Esto implica, entre otras cosas, que tiene que haber rotación de
cultivos?

-Cualquier padrón en el que se vaya a hacer una actividad agrícola tiene
que tener un plan de uso del suelo, patrocinado por un ingeniero agrónomo,
que diga: “Yo incorporo esta rotación agrícola o agrícola-ganadera”,
que tiene que cumplir con los requerimientos técnico-científicos basados
en una ecuación universal de pérdida del suelo por erosión, validados
por la Universidad de la República y la Facultad de Agronomía. No es que
Uruguay esté haciendo un desarrollo agrícola sin control, tiene un nivel
de regulación muy fuerte.

-¿Qué capacidad tiene la DGSA para monitorear el cumplimiento de esas
normas?

-Hoy se puede saber satelitalmente qué se está sembrando en este momento
en cada lugar. Hemos invertido mucho en tecnología. Cuando hay un plan de
uso y manejo del suelo de un padrón, eso está georreferenciado. Además,
nuestros técnicos van al territorio, no a mirar lo que pasó, saben lo que
está pasando.

-¿Cuál es el porcentaje de superficies bajo el régimen de planes de uso
del suelo?

-Más de 90% en general.

-¿Hay datos sobre la soja?

-El tema no es la soja, es la aplicación de productos fitosanitarios.

-¿Reciben quejas por otros cultivos?

-Claro, por pradera, por lo que sea… Los principales problemas que hemos
tenido no están dados por la soja. Por ejemplo, los principales problemas
que hemos tenido en materia de lo que colida con otra actividad como puede
ser la apicultura, son por la hortifruticultura.

– ¿Cuántas denuncias hay por año?

-Son muchas, pero no muchas tienen que ver con la soja…

-Entonces la soja es un porcentaje menor de las denuncias…

-Ni mayor ni menor, el tema no es la soja. Por ejemplo, no hace prensa
decir que tenemos un problema sumamente importante en Melilla con los
viñedos: la principal mortandad que hemos tenido de abejas en Uruguay el
año pasado fue por aplicación incorrecta de productos en vid, aquí en
Melilla.

-Y con respecto a trastornos a la salud humana por productos que se aplican
a la soja…

-Son un problema de aplicación, no de cultivos. Tenemos un requerimiento
en lo que tiene que ver con la distancia que tiene que haber para la
aplicación de productos fitosanitarios con los centros poblados, los
centros educativos y los cursos de agua. Eso es independiente de los
cultivos…

-¿Cuántas de las denuncias son por mala aplicación en trigo?

-En este momento no se lo puedo comentar, pero no importa el cultivo… La
normativa que tenemos para trabajar con agroquímicos es para todos los
cultivos, actuamos de oficio o por denuncias, y la multa es la herramienta
que termina funcionando. Otro elemento que manejamos es que cuando la
aplicación está hecha por una empresa registrada se analiza la
posibilidad de levantar la autorización para operar.

-¿Cómo define el estado de situación que encierra el aumento en la
importación de químicos para el agro, en buena medida por el boom de la
soja transgénica?

-Cuando hablamos de que el problema es la soja transgénica, primero, es
soja, si es transgénica o no, es lo mismo. Hoy el esquema de los eventos
transgénicos en soja y otros cultivos que también se están manejando,
como el maíz, creemos que son una mejora para estas cuestiones
ambientales, el paquete tecnológico que usa la soja es muy similar, eso no
genera mayores problemas.

-En setiembre de 2011 Mujica creó por decreto una comisión coordinada por
el MGAP para que en seis meses propusiera cambios en la normativa vinculada
a fabricación, importación, manejo y aplicación de fitosanitarios con
una participación múltiple, porque consideraba que la regulación vigente
se hizo con una visión parcializada.

-Se ha trabajado de otra manera. Si ustedes aparte de mirar eso [en
referencia al decreto] miran la Rendición de Cuentas de 2012, observarán
que recoge gran parte de ese tema, seis artículos que corresponden a la
DGSA en lo que tiene que ver con la regulación de todos los aspectos que
estamos hablando de los fitosanitarios.

-El decreto buscaba otras miradas, no sólo la agrícola…

-Estamos trabajando con el Ministerio de Vivienda, cancillería…

-¿Qué paso con esta comisión?

-No se conformó nunca. No quiere decir con eso que no hayamos trabajado en
el mismo ámbito…

-¿Por qué no se conformó?

-Porque hemos trabajado con otros mecanismos…

-No le hicieron caso al presidente…

-No, no es que le hagamos caso o no le hagamos caso al presidente, se ha
trabajado con otros mecanismos, y se ha avanzado mucho.

-¿La priorización de esos otros mecanismos estuvo avalada por el ministro
Tabaré Aguerre?

-No está avalada ni no avalada, seguimos trabajando.

-¿Hay margen para que la soja siga creciendo?

-No de crecimiento pero sí de mantenimiento de la superficie. Dependerá
de dos elementos: el primero es el mercado, el segundo es el suelo. Sin
orden de prelación, son los que van a definir.

COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 22 DE AGOSTO DE 2014
____________________________________________

6) Venta de motos se desploma y se “satura” segmento de autos chicos
(El Observador)
Colocación de vehículos de hasta 1.000 cc también bajó pero creció la
franja de hasta 1.500 cc

La venta de motos 0 km agudizó su caída en el período enero-junio de
este año con un descenso del 32,3% de unidades comercializadas en la
comparación interanual. De esta forma la demanda de motos acumuló su
cuarta caída consecutiva semestral. El sector se prepara para un cierre de
año “difícil”, afectado por múltiples factores, entre los que se
cuenta la siniestralidad en tránsito. En tanto, luego de cuatro semestres
de crecimiento ininterrumpido, la comercialización de automóviles 0 km de
hasta 1.000 centímetros cúbicos (cc) de cilindrada bajó 5,7% en 2014, de
acuerdo a los datos de DGI que toman las unidades declaradas para el pago
del Impuesto Específico Interno (Imesi), y que procesó El Observador.
Para los privados, esto obedece a una “saturación” de este segmento.

En la vereda opuesta, la colocación de automóviles 0 km cuya cilindrada
se ubica entre 1.000 y 1.500 cc creció 26,3% este año, y alcanzó el
mayor ritmo de expansión semestral en los últimos 18 meses. Más modesto
fue el crecimiento que experimentó el segmento de vehículos entre 1.500 y
2.000 cc ( 8,4%) respecto al primer semestre de 2013. En cambio, la
categoría de 2.000 a 3.000 cc registró un incremento de 28,7%, mientras
que la demanda por vehículos de más de 3.000 cc aumentó 12,5%. Cabe
precisar que el peso de estas dos categorías sobre el total de ventas es
sensiblemente menor al de los vehículos que se ubican por debajo de los
2.000 cc. Al cierre del primer semestre, la venta de automóviles 0 km en
general creció 10,9%.

Respecto al mercado de motos, dos representantes del mercado –que
prefirieron no ser identificados– aseguraron que su sector pasa por
momentos “difíciles”. Los empresarios consideran que este contexto se
da por múltiples factores, como la saturación del mercado, la
siniestralidad en el tránsito y un contexto económico menos favorable.
Una fuente comentó que la oferta de “autos baratos chinos” ha abierto
la puerta a aquellas personas que en otro contexto habrían optado por
comprarse una moto un tanto más cara. Las importaciones de motos superaron
las 125.000 unidades en 2010, pasaron a 101.000 en 2011, luego a cerca de
97.000 en 2012, en 2013 a 81.000 unidades y proyectan que el 2014 cerrará
con 56.000 motos importadas.

Uno de los consultados catalogó la situación como de “crisis”. Dijo
que hay que irse o a la debacle del 2002 para encontrar cifras como las que
se están dando y anteriormente a algunos momentos de la década del 80 y
90. Adelantó que hay varias casas de motos –especialmente las de las
motos chinas que conforman el 90% del mercado– que van a cerrar.

Saturación

Para el expresidente de la Asociación de Concesionarios de Marcas de
Automotores (Ascoma), Jorge West, la explicación que encuentra para el
descenso en las ventas de autos con motores de hasta 1.000 cc obedece a una
“saturación” del mercado. “Hay muchísima competencia en esa franja,
hay una gran pelea de precios. Existen una cantidad de marcas con autos de
hasta 1.000 cc que están con políticas de ventas muy agresivas. Creo que
pasa por eso, hay mucha oferta y debe haber una saturación en el
mercado”, consideró. Por otro lado, dijo que el público que adquiere
ese tipo de vehículos es “muy sensible” al tipo de cambio.
Precisamente el dólar acumula un aumento de 10,2% en lo que va de 2014.

Por su parte, el titular de Ascoma, Agustín Romelli, indicó que el
aumento que se registra en la franja que está entre 1.000 y 1.500 se da
por el incremento del poder adquisitivo de los empleados privados. Además,
destacó que los bancos ofrecen hoy un amplio abanico de financiamiento
para adquirir un 0 km.
El gerente de la Asociación del Comercio Automotor en Uruguay (Acau),
Ignacio Paz, destacó el impacto del cambio del régimen impositivo (ver
apunte). “El gobierno buscó que se consumieran vehículos que a su
entender eran más eficientes en materias de consumo. Lo buscó y lo
logró”.

Según Paz, el sector se encuentra en situación de desaceleración, pero
se ve un empuje en junio porque varias empresas vendieron más barato antes
de que entrara en vigencia la ley que obliga que los 0 km tengan frenos ABS
y airbag. “No estamos ni mejor ni peor”, dijo Paz, que de acuerdo a las
cifras que él maneja se ve “estabilidad”.

Por su parte, Romelli visualiza un escenario menos favorable para el
segundo semestre de este año. “Los signos que están habiendo indican
que podría haber una desaceleración, no una alarma. Los indicios son los
comentarios en los show rooms, salones de venta y los de los vendedores que
ven menos consultas”, dijo el agente.

Imesi más bajo a vehículos chicos

En 2011 comenzó a regir un nuevo criterio en la aplicación del Impuesto
Específico Interno (Imesi) a automóviles para pasjeros por franjas en
función de la cilindrada, que deja de lado el 30% genérico que existía
hasta ese entonces para favorecer las unidades de menor consumo de
combustible. La franja de menos de 1.000 cc paga un Imesi de 23%; la de
1.000 a 1.500 cc (28,5%%); de 1.500 a 2.000 (34,5%); de 2.000 a 3.000
(40,25%) y más de 3.000 cc (46%).

COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 22 DE AGOSTO DE 2014
____________________________________________
____________________________________________

COMCOSUR AL DÍA ES UNA PRODUCCIÓN DE
COMCOSUR / COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR
Coordinación : Carlos Casares – DIRECCIÓN POSTAL:
Proyectada 17 metros 5192 E (Parque Rivera) 11400 MONTEVIDEO/URUGUAY E
mail: comcosur@comcosur.com.uy ____________________________________________

Comcosur se mantiene con el trabajo voluntario de sus integrantes
y no cuenta con ningún tipo de apoyo institucional ni personal.
____________________________________________

Comcosur integra la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC)
____________________________________________

Las opiniones vertidas en las distintas notas que integran este boletín,
no reflejan necesariamente la posición que podría tener Comcosur sobre
los temas en cuestión.
____________________________________________

Este mensaje lo envió comcosur@comcosur.org porque tu dirección de
correo
electrónico está suscripta para recibir los boletines de Comcosur

Si este mensaje te fue reenviado y quieres recibir los boletines de
Comcosur en tu mail puedes suscribirte aquí

— powered by phpList, www.phplist.com —