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EL HIERRO COTIZA A LA BAJA

1) Barneix citado por caso Perrini
2) Santoro: «No sé qué está desmintiendo Damiani»
3) Ayudamemoria
4) Peligra proyecto Aratirí; busca ahorrar US$ 300:
5) Con el Director de Servicio Agrícolas: La soja y yo
6) Venta de motos se desploma y se “satura” segmento de autos chicos
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COMCOSUR AL DÍA – AÑO 15 – Nº 1986
Viernes 22 de Agosto de 2014
Producción: Andrés Capelán – Coordinación: Carlos Casares
Apoyo técnico: Carlos Dárdano
COMCOSUR / COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR
1994 – 19 de junio – 2014
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«Si asumes que no hay esperanza, garantizas que no habrá esperanza
Si asumes que hay un instinto hacia la libertad, que hay oportunidades para cambiar las cosas, entonces hay una posibilidad de que puedas contribuir para hacer un mundo mejor. Esa es tu alternativa». Noam Chomsky
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1) Barneix citado por caso Perrini
(Caras y Caretas)

El general (r) Pedro Barneix deberá comparecer el próximo 16 de setiembre ante la Justicia, para declarar en relación a la muerte por torturas de Aldo Perrini, en 1974. Barneix deberá cumplirá la audiencia ratificatoria, ante el pedido de procesamiento con prisión en su contra por este crimen. También fueron citados los responsables de la autopsia histórica sobre el caso.

La jueza Penal de 7º Turno, Beatriz Larrieu, dispuso la citación del general (r) Pedro Barneix, para declarar en audiencia ratificatoria (artículo 126 del CPP), tras el pedido de procesamiento en su contra por la muerte por torturas de Aldo “Chiquito” Perrini, en las entrañas del Batallón Nº 4 de Infantería de Colonia.

La magistrada dispuso la citación de Barneix, de forma de concretar la audiencia que quedó trunca en junio de 2012. En esa oportunidad Barneix y los ex oficiales del Ejército, José Puigvert, Washington Perdomo y José Baudean, debían declarar en la causa, tras el pedido de procesamiento librado en su contra por la fiscal Ana María Tellechea, por el “homicidio político” de Perrini.

Puigvert, Perdomo y Baudean brindaron su testimonio, pero Barneix no lo hizo, ya que su defensa presentó una acción de inconstitucionalidad contra las leyes 18.026 y 18.831, lo que paralizó el proceso. El expediente comenzó entonces un largo peregrinar en distintas oficinas judiciales, que incluyó la declaración de incostitucionalidad de los artículos 2 y 3 de la ley 18.831 y la presentación de incidentes de prescripción por parte de las defensas.

En este sentido, el Tribunal de Apelaciones en lo Penal (TAP) de 1º Turno decidió días atrás rechazar estos recursos y dispuso continuar con la indagatoria penal, tras considerar que el delito no prescribió. La Sala, con el voto conforme de sus tres integrantes (Alberto Reyes, Sergio Torres y Rolando Vomero), afirmó que el período de vigencia de la Ley de Caducidad no puede computarse dentro del plazo de prescripción, ya que la norma se constituyó en un obstáculo para la búsqueda de Justicia.

Con este fallo, la jueza Larrieu dispuso la citación de Barneix para el martes 16 de setiembre, de forma de cumplir la instancia pendiente en el proceso. Asimismo, la magistrada resolvió convocar para el miércoles 17 a los responsables de la autopsia histórica sobre la muerte del comerciante carmelitano.

Esta autopsia, firmada por los médicos Hugo Rodríguez Almada (catedrático en Medicina Legal de la Facultad de Medicina), Domingo Mederos y Daniel Maglia Canzani, concluyó que “está fuera de controversia que la muerte de Aldo Perrini ocurrió en prisión y en el contexto de las torturas que se aplicaban a los prisioneros políticos en el Batallón Nº 4 de Infantería”.

En esta línea, la situación procesal de Barneix es “bastante comprometida”, ya que el expediente Nº 257/74 de la Justicia Militar, por el que se investigó la muerte de Aldo Perrini durante la dictadura, y la declaración de sus camaradas (en especial, el testimonio de Baudean) refieren a la participación del alto oficial en el interrogatorio de Perrini.

Cuando se concreten estas audiencias la jueza Larrieu estará en condiciones de dictar su resolución, únicamente en los casos de Barneix y Puigvert, por cuanto los otros dos oficiales imputados en la causa, Perdomo y Baudean, fallecieron durante el desarrollo del proceso.

COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 22 DE AGOSTO DE 2014
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2) Santoro: «No sé qué está desmintiendo Damiani»
(180)

El periodista argentino Daniel Santoro aclaró cuál es la vinculación del estudio de Juan Pedro Damiani con la denominada «ruta del dinero K» denunciada en notas de Clarín, donde trabaja, y Perfil. Según él, allí no se alude a que el estudio haya manejado dinero del cuestionado Lázaro Báez ni que lo conozca. Lo que se dice es que creó 10 empresas «de papel» que participaron de las maniobras financieras con ese dinero.

El periodista argentino Daniel Santoro, quien publicó en Clarín la nota que tituló “Un estudio uruguayo tuvo un rol clave en la ruta del dinero K”, dijo a No toquen nada que no entiende los posteriores desmentidos de Juan Pedro Damiani ya que en su nota no afirma que el estudio de Damiani manejó plata de Lázaro Báez.

A raíz de la publicación de esa nota, Juan Pedro Damiani dijo a 180 que su estudio no está involucrado con la ruta del dinero K y que solo contrataba a Marcelo Ramos, presunto testaferro de Lázaro Báez, por ser un fiduciario profesional.

Además, publicó un comunicado en el que aclaró: “Jamás hemos conocido, tratado y menos aún asesorado ni a Lázaro Báez ni a ninguna persona de su entorno por lo que jamás podríamos tener “un rol clave en la ruta del dinero K”.

“En ningún momento de mi nota digo que el estudio Damiani manejó plata de Lázaro Báez, lo que yo estoy diciendo es que la empresa Helvetic Services Group, que ha trabajado con Lázaro Báez, como por ejemplo el año pasado en una repatriación de 50 millones de euros, le ha encargado la creación de empresas al estudio de Damiani. Eso es de lo que estoy hablando yo, del rol clave de esto, en ningún momento dije que estudio Damiani manejó plata de Báez, que no lo conoce, yo no sé qué está desmintiendo si yo eso no lo afirmé”, respondió Santoro.

En esa nota de Clarín se señala que existen documentos oficiales que demuestran que el estudio JP Damiani & Asociados fue el que solicitó la creación de al menos 10 empresas fantasma que fueron utilizadas luego por la suiza Helvetic Services Group; empresa señalada como una pieza clave en las denuncias contra el empresario Lázaro Baez, al ser la actual propietaria de la financiera SGI, más conocida como “La Rosadita”.

El diario Perfil también publicó una nota sobre el tema, a título de Juan Gasparini, autor del libro “Las bóvedas suizas del kirchnerismo”. El trabajo vincula a Damiani con la ruta del dinero K; en esta ocasión, por el representante Pablo Bentancour.

“En Suiza, Bentancur Rubianes es considerado un prestigioso agente de jugadores de fútbol, con mucha trascendencia en Italia de acuerdo con lo publicado en la revista L’Espresso. Además, se lo relaciona estrechamente con el bufete de Montevideo de Juan Pedro Damiani, presidente del club Peñarol, y pieza importante en la trama que se viene destapando en las orillas del Río de la Plata”, destaca la nota.

La trama y los juicios

El tema de la ruta del dinero K es complejo por tratarse de un posible caso de lavado de dinero con origen en corrupción política y, a su vez, es muy mediático, sobre todo por el rol central de algunos medios periodísticos en la construcción del caso. Como ocurrió con las cámaras ocultas de Jorge Lanata, que tuvieron como protagonistas a Federico Elaskar y Leonardo Fariña, los únicos dos procesados hasta el momento por este caso.

En el diálogo de Santoro con No toquen nada, el periodista de Clarín realizó un repaso de cuáles son las principales hipótesis del origen del dinero y la investigación judicial que existe sobre su “ruta” en busca del blanqueo.

“Primero que la empresa Austral Construcciones se creó en el año 2003, tiene 11 años y ya ha hecho inversiones billonarias en varios lugares del mundo y lo que hizo fue, con el apoyo de Néstor Kirchner, cartelizar los contratos de obra pública en la provincia de Santa Cruz. Es decir que todas las obras públicas que había en la provincia en los últimos diez años fueron hechas por Austral Construcciones, o por empresas que manejaba indirectamente Austral. Entonces ahí hay una masa de dinero enorme, producto de eso, algunos dicen que también tiene que ver con los sobreprecios y, otros dicen, como la diputada Graciela Ikariam, que la plata también estaría ocultando coimas o sobornos pagados a funcionarios del gobierno de Néstor Kirchner. En esta causa lo que se investiga es lavado de dinero, que ya tienen varios indicios como, por ejemplo, que Suiza confirmó hace meses que hay 22 millones de dólares en cuentas en Suiza de Lázaro Báez y están congeladas por la justicia suiza por una causa que también hay allá. Es decir que hay tres causas judiciales, una aquí en Argentina, otra la juez del crimen organizado en Montevideo y otra en Suiza”, desarrolló Santoro.

Las causas por lavado están sobre la pista de lo que pasó con el dinero que salió desde Argentina y en ese laberinto, según relata Santoro, hay varias firmas que están identificadas y también está comprobada la participación del estudio Damiani.

“Lo que se llama aquí la ruta del dinero K, en la causa de Lázaro Báez, hay una empresa suiza llamada Helvetic Service Group que fue la empresa que ayudó a sacar y después a traer desde Suiza 50 millones de dólares. Esa empresa la dirige el argentino Marcelo Ramos, y esa empresa le encargó la creación de varias empresas de pantalla al estudio de Damiani & Asociados, eso está comprobado con documentación. El estudio de Damiani, por ejemplo, ha creado la empresa Huston, que fue utilizada por Helvetic para hacer inversiones inmobiliarias en Argentina. La empresa Aldyne, que también fue creada por el estudio Damiani, entre otras diez empresas que son parte de la maniobra que hizo Helvetic. Y además, el estudio de Damiani está nombrado en los requerimientos de instrucción del fiscal José María Campagnoli, entre otros indicios”, apuntó el periodista de Clarín.

Dentro de estas investigaciones aparece un nombre clave que se repite, tanto en la nota de Santoro que habla del rol del estudio Damiani en la creación de empresas para Helvetic como en el comunicado de desmentido del estudio, que es el de Marcelo Néstor Ramos.

“Él es el director de la empresa Helvetic Services Group, que sirvió para muchas maniobras. La primera y principal fue cuando en el año 2011 hay una compra forzada de la financiera CGI, que acá se conoce como ‘La Rosadita’, que manejaba Federico Elaskar y el entorno de Lázaro Báez, a través de Helvetic compra La Rosadita, que es el centro neurálgico de esa etapa de las operaciones que están siendo investigadas por la justicia en la Argentina. En la segunda etapa, Marcelo Ramos también como director de Helvetic, haber repatriado 50 millones de euros a través del banco Zafra de Suiza para la Argentina y esa plata se depositó en una cuenta bancaria del banco Nación que está a nombre de Austral Construcciones”, continuó Santoro.

Dentro del laberinto de empresas, en el relato que realiza Santoro, aparecen como dos piezas absolutamente centrales Austral Construcciones, que sería el origen del dinero de Lázaro Baez; y Helvetic Service Group, con Marcelo Ramos al frente y con un importante vínculo con Austral.

La nota de Santoro fue publicada el 30 de julio. En ella se sostiene que el estudio JP Damiani & Asociados fue el que pidió al estudio panameño Mossak la creación de al menos 10 empresas que nombra y después agrega: “Todas estas empresas de pantalla fueron creadas a través de la empresa suiza Helvetic Services Group que dirige el italoargentino Marcelo Néstor Ramos”.

En el comunicado del Estudio Damiani, que comienza diciendo “Ante la falsedad de las versiones de prensa publicadas en el día de hoy…” se habla de Marcelo Ramos. El comunicado señala que Ramos “fue un prestador de servicios de la firma, por lo que sus actuaciones o trabajos profesionales fuera de la relación que tuviera con el estudio, son de órbita personal y exclusiva del citado profesional”.

Damiani asegura que no trabaja con clientes denominados PEP -personas políticamente expuestas- y que nunca conoció, trató o asesoró a Lázaro Báez. Además, desmiente haber tenido como cliente a ninguna de las personas mencionadas directa o indirectamente en el artículo, ni ser propietario de la firma Aldyne; lo cual el artículo de Santoro no afirma, sino menciona que los beneficiarios son el corredor de bolsa argentino José Antonio Galitis y “un abogado al que Clarín no puede nombrar”.

Según Santoro, él nunca planteó que el estudio Damiani manejó dinero de Lázaro Baez, ni que lo conoce, pero sí se afirma en que fue ese estudio el que solicitó la creación de al menos 10 empresas de papel en Estados Unidos que quedaron luego a disposición de Helvetic, firma que está en el centro de atención por este caso de lavado de dinero. Esas empresas aparecen nombradas en la nota pero no en el comunicado de JP Damiani & Asociados. Eso no fue desmentido hasta ahora.

El nombre, mediático y políticamente cargado, ruta del dinero K, parecería indicar que existe un sólo camino por el que el dinero salió del país para ser lavado. Sin embargo, desde la redacción de Clarín, Santoro dijo que la ruta que pasa por esas empresas creadas por el estudio Damiani y manejadas por Helvetic es sólo una de varias rutas en muchos casos enigmáticas. Además, insistió en precisar cuál fue la denuncia que él realizó respecto al rol del estudio del presidente de Peñarol.

“Nunca dije que la plata pasó por las empresas creadas por Damiani, yo dije nada más que el estudio creó empresas de pantalla, que están en los papeles nada más, no tienen ninguna existencia real, y que esas empresas fueron usadas por Helvetic para operaciones financieras e inmobiliarias”, reafirmó.

Con base en un informe de Ricardo Leiva, de No toquen nada.

COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 22 DE AGOSTO DE 2014
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3) Ayudamemoria:
VICEPRESIDENTE DE LA AUF IMPLICADO EN LAVADO DE DINERO
Andrés Capelán (Comcosur al Día)

MONTEVIDEO, URUGUAY, 10/03/01 – La revista argentina «Veintitrés» que dirige el periodista Jorge Lanata, publicó en su edición del pasado 28 de febrero la versión textual del «Testamento Financiero de Mauricio Perel», el financista argentino asesinado junto a su esposa el 5 del pasado mes en el blaneario de Cariló. Perel estaba inmerso en un escabroso entramado de financieras y bancos dedicados al lavado de dinero y la evasión fiscal, y al sentirse en peligro de muerte, en octubre de 1996 escribió el «testamento» de marras, en el que da a su esposa las instrucciones pertinentes para recuperar lo que él llama «el patrimonio familiar».

En dicho documento, Perel relata minuciosamente varias operaciones de lavado de dinero, y menciona con nombre y apellido a las personas intervinientes en dicha operativa. Entre los mencionados está Juan Pedro Damiani, vicepresidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol e hijo del presidente del Club Atlético Peñarol de Montevideo. Según Perel, «La especialidad del estudio contable de Juan Pedro son las sociedades off-shore uruguayas, y el armado de supuestas operaciones financieras para generar pérdidas o ganancias, entradas o salidas de caja, a sociedades argentinas.» Otros uruguayos implicados son Raúl Wollman, Roberto Moreno y el contador Mauricio Cukier.

A continuación, brindamos los fragmentos del «Testamento» en los que Mauricio Perel explica el papel de Damiani y los otros uruguayos en la operativa de esta mafia.

«El grupo de empresas empieza por American Bank & Trust Co., de Nassau, Bahamas. Este banco no es más que un sello de papel, manejado por Delloitte & Touche (el señor Richard Evans) en Nassau (…) Delloitte sólo pone prestanombres y certifica el balance anual (…) ABT es el único accionista de IBU (Intercontinental Bank Uruguay), y así está registrado en los libros y ante el Banco Central del Uruguay. Eduardo Sciaky, el cuñado de Jacques, disimulado con su segundo apellido y su doble ciudadanía, es quien preside el Directorio de IBU. Los otros 2 directores, que son realmente uruguayos, residen en forma permanente allí y manejan IBU son Raúl Wollman y Roberto Moreno.»

«La Sociedad de Bolsa en Argentina es propiedad de Banco Mercurio. La Sociedad de Bolsa en Montevideo fue comprada por Juan Pedro Damiani, con un contradocumento a favor de los Benadon, después se le cambió el nombre para ponerla bajo la órbita de IBU, y después se la volvió a sacar y se volvió a poner bajo la órbita de Juan Pedro Damiani. Generalmente esas ganancias o pérdidas, y las entradas o salidas de caja, se hacen figurar como diferencias de cotización en la compraventa de títulos públicos argentinos. La diferencia se produce con una operación que tiene como contrapartida otra operación igual y contraria en el mismo día en alguna de las sociedades holding off shore del grupo, todas las cuales las maneja Juan Pedro Damiani.

«Generalmente él está en el Directorio, o alguno de los miembros de su Estudio. Casi siempre usa al mismo escribano, y manejan cosas tanto en el protocolo como fuera de él para que no queden rastros. (…) Todo el dinero que entra o sale durante el día es contabilizado partida por partida en forma individual desde Buenos Aires directamente en la terminal, sin que queden papeles de este lado, actuando la terminal sobre el computador de Uruguay. Al final del día queda una cantidad de dinero en la caja, dependiendo si en el balance del día hubo más entradas que salidas o viceversa. Todos los días se hacen operaciones como compraventa de títulos públicos, para alguno de los holdings uruguayos que maneja Juan Pedro Damiani.»

«Juan Pedro Damiani viene a la Argentina 2 días de cada semana como mínimo. Siempre se aloja en el Claridge. Cada vez que viene pasa por el Banco y firma por el holding que se trate todas las constancias. O sea que una operación blanca de un holding uruguayo resume en un globo toda la operatoria negra de cada día, que se pasó pero desarmado el globo, por el canal de transmisión de datos como una operación on line desde Buenos Aires sobre la computadora uruguaya. Se usan muchos holdings diferentes. Se las cambia todo el tiempo. Lo que no se cambia es que están hechas y controladas por Juan Pedro Damiani, y que siempre tienen un montón de operaciones (todas supuestas y no reales), de haber movido títulos públicos por cantidades millonarias para poder así justificar lo que hacen.»

«Algunos de los holding que más se usaron en los últimos tiempos son Transaction, North Capital o Capitol, y las sociedades cuyo número de cuenta en IBU son 4432, 3230, 4600 entre otras. Daniela tiene un diskette con todos los números de cuenta de IBU en Uruguay, y a quién corresponde cada una. Lo tiene escondido y lo lleva y lo trae. Casi todos firman con una firma falsa que dice Roberto Menahem. Mercurio, Claudia Flomembaum, los Benadon, todos tienen firmas falsas registradas con nombres falsos en IBU y en ABT. (…) Juan Pedro Damiani arma la contabilidad del lado de la off shore uruguaya, Claudia o el mismo Mercurio cobran la comisión y la ingresan como un depósito en negro por la caja de Geada para el holding del grupo que se queda con la comisión (aquí sí entra la guita en serio porque es la comisión que cobra el grupo), y José Iglesias contabiliza todo en el balance consolidado en negro que hace para determinar cuánto se ganó o perdió en un mes en particular.

«Jorge Mercurio armó operaciones de este tipo muy grandes durante los últimos 7 u 8 años. Para Coto armó hace poco una pérdida impositiva de 13 o 14 millones de dólares que es toda falsa; para Soldati o empresas de éste (muchas veces el cliente lo trae Damiani o Cukier, otro contador uruguayo especializado en este tipo de operaciones). También armó una muy grande para Ciccone Calcográfica. En el caso de Coto, que era muy puntilloso en cuanto a cubrir todos los detalles, hasta los hizo viajar a Uruguay para firmar todos los papeles allí como si IBU hubiera intervenido realmente en la operación. En realidad, lo que Coto perdía, lo ganaba IBU (que no paga impuesto a las ganancias en Uruguay por ser un banco off shore, esto es una Institución Financiera Externa o IFE como se las llama según la ley de allí). IBU podía ganarlo por cuenta propia, o fiduciariamente por cuenta de ABT o algún holding. Todo lo que supuestamente Coto perdió contra IBU está desarmado por otro lado si uno sigue minuciosamente los pasos y los personajes, todos los cuales responden a alguno de los que mencioné hasta ahora.»

COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 22 DE AGOSTO DE 2014
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4) Peligra proyecto Aratirí; busca ahorrar US$ 300:
J.P.Correa y P.Barquet (El País)

El proyecto minero es criticado por la oposición y su rentabilidad se complicó.

La suerte del proyecto minero Aratirí luce complicada si triunfan en las elecciones Luis Lacalle Pou o Pedro Bordaberry. Ambos se manifestaron ayer contra el proyecto. La empresa presentó al gobierno alternativas para bajar sus costos. La ubicación del puerto fue objeto de una larga conversación el jueves de la semana pasada en la Torre Ejecutiva entre el presidente José Mujica, el ministro de Industria, Roberto Kreimerman, y el prosecretario Diego Cánepa, con el principal ejecutivo de Zamin Ferrous-Aratirí, Pramod Agarwal, supo El País de fuentes oficiales.

Agarwal explicó que el precio del hierro bajó en cinco años de alrededor de US$ 180 la tonelada a US$ 100, lo que impacta en los márgenes de rentabilidad del proyecto y que la construcción de la terminal marina en la Angostura (Rocha) le ahorraría a su grupo unos US$ 300 millones. En El Palenque (también en Rocha), que es donde el gobierno quiere que se construya la terminal, el costo de la obra sería de más de US$ 800 millones.

El gobierno recibió con comprensión el planteo pero todavía no se pronunció. Aunque dice que su proyecto de Puerto de Aguas Profundas (PAP) no depende de Aratirí, lo cierto es que el gobierno quiere que la terminal de la empresa minera esté allí. La compañía necesita solamente una escollera y una cinta transportadora que lleve el hierro proveniente de la zona de Valentines a buques que lo esperarían 2 o 3 kilómetros mar adentro. Y la empresa entiende que si espera por la construcción del PAP, su proyecto se postergaría demasiado. Además considera que la rentabilidad del proyecto es muy ajustada y muy sensible, por lo tanto, a la evolución de la cotización del hierro.

Pero el proyecto también debe enfrentar la incertidumbre derivada de la cercanía de las elecciones, ya que los dos principales opositores están en contra de que finalmente la minera comience a sacar hierro de los cinco yacimientos de las cercanías de Cerro Chato.

El candidato presidencial blanco, Luis Lacalle Pou, dijo a El País que «he tenido una visión crítica sobre la empresa Aratirí y hace cuatro años que entiendo que su instalación es inconveniente para nuestro país». Según Lacalle Pou, la empresa no es solvente, no da garantías ambientales, no tiene experiencia minera y el mineroducto que construiría atraviesa «zonas sensibles». También cuestionó que su proyecto implique trasladar cargas que no son limpias a la costa atlántica. «Aratirí no se va a instalar. Y Aratirí no se va a instalar, por más que el gobierno hizo todo para que se instale, puso la carreta delante de los bueyes y no se va a instalar», sentenció.

Por su parte, Bordaberry tiene objeciones legales a que el puerto se instale en La Angostura como pretende la empresa. «La Constitución exige que los puertos se autoricen por el Parlamento por ley, y la autorización que se dio en la ley que se aprobó era para la zona de El Palenque», recordó Bordaberry a El País. «Cuando se discutió le propusimos al oficialismo que la autorización legal fuera para toda la costa de Rocha, porque nuestros estudios nos decían que era más conveniente hacer el puerto en otro lugar. Como ha sucedido todos estos años, no escucharon», agregó.

«Somos claros respecto de Aratirí: no estamos dispuestos a darles las exoneraciones impositivas que piden si no se agrega valor uruguayo, no estamos de acuerdo en firmar contrato sin un plan de cierre de las minas y garantías que aseguren que la tierra quedara en igual o mejor condición paisajística y productiva que antes, no estamos de acuerdo en pasar por encima de la Ley de Ordenamiento Territorial y tampoco con que sea todo confidencial y secreto», advirtió Bordaberry.

El candidato colorado duda que el puerto de aguas profundas tenga carga suficiente que lo justifique y recordó que él había propuesto que la regasificadora (hoy en construcción en Puntas de Sayago) se instalara allí como forma de abatir costos y captar cargas. También advirtió que el contrato que se firme con la empresa minera deberá hacerse público.

Dudas y poco tiempo

El gobierno y Aratirí pueden negociar hasta el 4 de diciembre, de acuerdo con la ley de Minería de Gran Porte. Si no llegan a un acuerdo para entonces se prorrogaría el plazo 90 días tras los cuales, si no hubiese acuerdo, Aratirí debería presentar otro interesado. En el gobierno no se descarta que sea el propio Estado el que se encargue de la explotación o que se llame a licitación. En cualquier caso, la indefinición afecta al puerto de aguas profundas. La minera entiende que sin ella no tendrá viabilidad. Además, la decisión de Argentina de prohibir los transbordos en puertos uruguayos de mercadería de ese país resta carga con la que el gobierno contaba cuando el proyecto se diseñó, como podría haber sido la soja.

COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 22 DE AGOSTO DE 2014
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5) Con el Director de Servicio Agrícolas: La soja y yo
Federico Gyurkovits (La Diaria)

Director de Servicios Agrícolas reconoció que comisión pedida por Mujica para mejorar normas sobre plaguicidas “nunca se creó”

Para el titular de la Dirección General de Servicios Agrícolas (DGSA), Inocencio Bertoni, el boom sojero y la multiplicación exponencial en la última década de la importación y fabricación de plaguicidas no ameritan más medidas que las ya adoptadas en 2013, cuando el Parlamento aprobó la Rendición de Cuentas 2012, reforzando la potestad reguladora y fiscalizadora de esa dependencia del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP). El funcionario reconoció que se eligió ese camino en lugar del marcado por el presidente José Mujica, que en 2011 había ordenado por decreto crear una comisión multisectorial que ampliara la mirada y propusiera ajustes a la normativa.

“Yo creo que si Uruguay no hubiera tenido como tiene criterios de control estaríamos en una situación de desastre, estamos en una situación de control adecuado del impacto ambiental, en un país que crece en materia de producción agropecuaria”, afirmó Bertoni. En entrevista con la diaria relativizó las consecuencias negativas para el ambiente que se le adjudican a la soja transgénica y a los químicos que requiere.

Aseguró que en todos los cultivos se aplican prácticamente los mismos productos, por lo cual no corresponde un abordaje especial para esta oleaginosa, que en los últimos 15 años pasó de ocupar una superficie de unas 20.000 hectáreas a más de un millón, logrando convertirse en el principal producto de exportación y en una de las explicaciones de la expansión económica del país.

-¿El incremento de la soja ha motivado un tratamiento especial por parte de la DGSA?

-El plan de trabajo que desde 2010 tiene esta dirección con respecto a uno de sus cometidos involucra a su División de Insumos Agrícolas. En ese esquema en particular, los productos fitosanitarios tienen un relieve fuerte y cuentan con un plan de manejo seguro de estos productos que tiene tres pilares: el primero es el registro y limitaciones de aplicación de los productos; el segundo es el control de las aplicaciones, y en eso tenemos todo lo que tiene que ver con el registro y control de las empresas aplicadoras; y el tercero, que es más nuevo, pero en el que estamos trabajando fuertemente, es todo lo que tiene que ver con el control de los residuos que generan las aplicaciones.

-¿Esta dinámica es la misma para todos los casos?

-Esta dirección registra los productos y controla los residuos no para la soja únicamente, sino para todos los productos que se aplican en todos los cultivos. Uruguay tiene hoy un proceso de desarrollo y crecimiento que es fuerte y en el que hay un componente no menor, que tiene que ver con la producción de origen agropecuario, y ése es un desafío muy importante. Uruguay tiene 3.400.000 habitantes, pero produce alimentos para 27.000.000 o 28.000.000 de personas, y ése es un desafío fuerte, porque esto quiere decir que tiene un destino inexorable de ser, de estar en un lugar y en una situación en el mundo que le permite ser un productor de alimentos. ¿Eso es de cualquier forma? No. Uno de los cinco lineamientos estratégicos que tiene esta administración es intensificación con sustentabilidad; lo tenemos que hacer con rentabilidad social, con rentabilidad económica, con rentabilidad en todo sentido, preservando los recursos básicos que tenemos que manejar: el suelo, el agua y el ambiente en general.

-Hay una resolución presidencial de 2008 que, sin embargo, marca una preocupación específica por la “explosión de la soja”, definida como poco amigable con el suelo. Es decir, ay un reconocimiento desde el Estado de una situación singular.

-El principal problema de erosión que tuvo Uruguay no fue con la soja de ahora, fue con el trigo que producíamos en las décadas del 50 y del 60; Uruguay ya tuvo un millón de hectáreas de agricultura en el 50 y en el 60, y nos olvidamos porque somos jóvenes…

-Pero era en otro contexto, de posguerra y con un nivel de información y de desarrollo de la tecnología 
diferente.

-Pero no discutamos ese tema… Hoy tenemos una política muy importante, como los planes de uso y manejo del suelo. Son la respuesta y la política ambiental más fuerte que ha habido en los últimos años. Hoy tenemos lo que es la agricultura de secano, con todo lo que es la producción de soja, maíz, trigo, etcétera, bajo planes de uso y manejo del suelo. Eso no existía y se incorporó a partir de 2008. Eso significa que no se puede hacer cualquier cosa en cualquier lugar, se tiene que hacer con criterios técnico-científicos. En marzo de 2013 se incorporó para cultivos de invierno, y desde setiembre para cultivos de verano; hoy el grueso del área agrícola está bajo estos planes. Por supuesto que es un reconocimiento del problema; si no, no estaríamos haciendo política pública.

-¿Esto implica, entre otras cosas, que tiene que haber rotación de cultivos?

-Cualquier padrón en el que se vaya a hacer una actividad agrícola tiene que tener un plan de uso del suelo, patrocinado por un ingeniero agrónomo, que diga: “Yo incorporo esta rotación agrícola o agrícola-ganadera”, que tiene que cumplir con los requerimientos técnico-científicos basados en una ecuación universal de pérdida del suelo por erosión, validados por la Universidad de la República y la Facultad de Agronomía. No es que Uruguay esté haciendo un desarrollo agrícola sin control, tiene un nivel de regulación muy fuerte.

-¿Qué capacidad tiene la DGSA para monitorear el cumplimiento de esas normas?

-Hoy se puede saber satelitalmente qué se está sembrando en este momento en cada lugar. Hemos invertido mucho en tecnología. Cuando hay un plan de uso y manejo del suelo de un padrón, eso está georreferenciado. Además, nuestros técnicos van al territorio, no a mirar lo que pasó, saben lo que está pasando.

-¿Cuál es el porcentaje de superficies bajo el régimen de planes de uso del suelo?

-Más de 90% en general.

-¿Hay datos sobre la soja?

-El tema no es la soja, es la aplicación de productos fitosanitarios.

-¿Reciben quejas por otros cultivos?

-Claro, por pradera, por lo que sea… Los principales problemas que hemos tenido no están dados por la soja. Por ejemplo, los principales problemas que hemos tenido en materia de lo que colida con otra actividad como puede ser la apicultura, son por la hortifruticultura.

– ¿Cuántas denuncias hay por año?

-Son muchas, pero no muchas tienen que ver con la soja…

-Entonces la soja es un porcentaje menor de las denuncias…

-Ni mayor ni menor, el tema no es la soja. Por ejemplo, no hace prensa decir que tenemos un problema sumamente importante en Melilla con los viñedos: la principal mortandad que hemos tenido de abejas en Uruguay el año pasado fue por aplicación incorrecta de productos en vid, aquí en Melilla.

-Y con respecto a trastornos a la salud humana por productos que se aplican a la soja…

-Son un problema de aplicación, no de cultivos. Tenemos un requerimiento en lo que tiene que ver con la distancia que tiene que haber para la aplicación de productos fitosanitarios con los centros poblados, los centros educativos y los cursos de agua. Eso es independiente de los cultivos…

-¿Cuántas de las denuncias son por mala aplicación en trigo?

-En este momento no se lo puedo comentar, pero no importa el cultivo… La normativa que tenemos para trabajar con agroquímicos es para todos los cultivos, actuamos de oficio o por denuncias, y la multa es la herramienta que termina funcionando. Otro elemento que manejamos es que cuando la aplicación está hecha por una empresa registrada se analiza la posibilidad de levantar la autorización para operar.

-¿Cómo define el estado de situación que encierra el aumento en la importación de químicos para el agro, en buena medida por el boom de la soja transgénica?

-Cuando hablamos de que el problema es la soja transgénica, primero, es soja, si es transgénica o no, es lo mismo. Hoy el esquema de los eventos transgénicos en soja y otros cultivos que también se están manejando, como el maíz, creemos que son una mejora para estas cuestiones ambientales, el paquete tecnológico que usa la soja es muy similar, eso no genera mayores problemas.

-En setiembre de 2011 Mujica creó por decreto una comisión coordinada por el MGAP para que en seis meses propusiera cambios en la normativa vinculada a fabricación, importación, manejo y aplicación de fitosanitarios con una participación múltiple, porque consideraba que la regulación vigente se hizo con una visión parcializada.

-Se ha trabajado de otra manera. Si ustedes aparte de mirar eso [en referencia al decreto] miran la Rendición de Cuentas de 2012, observarán que recoge gran parte de ese tema, seis artículos que corresponden a la DGSA en lo que tiene que ver con la regulación de todos los aspectos que estamos hablando de los fitosanitarios.

-El decreto buscaba otras miradas, no sólo la agrícola…

-Estamos trabajando con el Ministerio de Vivienda, cancillería…

-¿Qué paso con esta comisión?

-No se conformó nunca. No quiere decir con eso que no hayamos trabajado en el mismo ámbito…

-¿Por qué no se conformó?

-Porque hemos trabajado con otros mecanismos…

-No le hicieron caso al presidente…

-No, no es que le hagamos caso o no le hagamos caso al presidente, se ha trabajado con otros mecanismos, y se ha avanzado mucho.

-¿La priorización de esos otros mecanismos estuvo avalada por el ministro Tabaré Aguerre?

-No está avalada ni no avalada, seguimos trabajando.

-¿Hay margen para que la soja siga creciendo?

-No de crecimiento pero sí de mantenimiento de la superficie. Dependerá de dos elementos: el primero es el mercado, el segundo es el suelo. Sin orden de prelación, son los que van a definir.

COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 22 DE AGOSTO DE 2014
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6) Venta de motos se desploma y se “satura” segmento de autos chicos
(El Observador)
Colocación de vehículos de hasta 1.000 cc también bajó pero creció la franja de hasta 1.500 cc

La venta de motos 0 km agudizó su caída en el período enero-junio de este año con un descenso del 32,3% de unidades comercializadas en la comparación interanual. De esta forma la demanda de motos acumuló su cuarta caída consecutiva semestral. El sector se prepara para un cierre de año “difícil”, afectado por múltiples factores, entre los que se cuenta la siniestralidad en tránsito. En tanto, luego de cuatro semestres de crecimiento ininterrumpido, la comercialización de automóviles 0 km de hasta 1.000 centímetros cúbicos (cc) de cilindrada bajó 5,7% en 2014, de acuerdo a los datos de DGI que toman las unidades declaradas para el pago del Impuesto Específico Interno (Imesi), y que procesó El Observador. Para los privados, esto obedece a una “saturación” de este segmento.

En la vereda opuesta, la colocación de automóviles 0 km cuya cilindrada se ubica entre 1.000 y 1.500 cc creció 26,3% este año, y alcanzó el mayor ritmo de expansión semestral en los últimos 18 meses. Más modesto fue el crecimiento que experimentó el segmento de vehículos entre 1.500 y 2.000 cc ( 8,4%) respecto al primer semestre de 2013. En cambio, la categoría de 2.000 a 3.000 cc registró un incremento de 28,7%, mientras que la demanda por vehículos de más de 3.000 cc aumentó 12,5%. Cabe precisar que el peso de estas dos categorías sobre el total de ventas es sensiblemente menor al de los vehículos que se ubican por debajo de los 2.000 cc. Al cierre del primer semestre, la venta de automóviles 0 km en general creció 10,9%.

Respecto al mercado de motos, dos representantes del mercado –que prefirieron no ser identificados– aseguraron que su sector pasa por momentos “difíciles”. Los empresarios consideran que este contexto se da por múltiples factores, como la saturación del mercado, la siniestralidad en el tránsito y un contexto económico menos favorable. Una fuente comentó que la oferta de “autos baratos chinos” ha abierto la puerta a aquellas personas que en otro contexto habrían optado por comprarse una moto un tanto más cara. Las importaciones de motos superaron las 125.000 unidades en 2010, pasaron a 101.000 en 2011, luego a cerca de 97.000 en 2012, en 2013 a 81.000 unidades y proyectan que el 2014 cerrará con 56.000 motos importadas.

Uno de los consultados catalogó la situación como de “crisis”. Dijo que hay que irse o a la debacle del 2002 para encontrar cifras como las que se están dando y anteriormente a algunos momentos de la década del 80 y 90. Adelantó que hay varias casas de motos –especialmente las de las motos chinas que conforman el 90% del mercado– que van a cerrar.

Saturación

Para el expresidente de la Asociación de Concesionarios de Marcas de Automotores (Ascoma), Jorge West, la explicación que encuentra para el descenso en las ventas de autos con motores de hasta 1.000 cc obedece a una “saturación” del mercado. “Hay muchísima competencia en esa franja, hay una gran pelea de precios. Existen una cantidad de marcas con autos de hasta 1.000 cc que están con políticas de ventas muy agresivas. Creo que pasa por eso, hay mucha oferta y debe haber una saturación en el mercado”, consideró. Por otro lado, dijo que el público que adquiere ese tipo de vehículos es “muy sensible” al tipo de cambio. Precisamente el dólar acumula un aumento de 10,2% en lo que va de 2014.

Por su parte, el titular de Ascoma, Agustín Romelli, indicó que el aumento que se registra en la franja que está entre 1.000 y 1.500 se da por el incremento del poder adquisitivo de los empleados privados. Además, destacó que los bancos ofrecen hoy un amplio abanico de financiamiento para adquirir un 0 km.
El gerente de la Asociación del Comercio Automotor en Uruguay (Acau), Ignacio Paz, destacó el impacto del cambio del régimen impositivo (ver apunte). “El gobierno buscó que se consumieran vehículos que a su entender eran más eficientes en materias de consumo. Lo buscó y lo logró”.

Según Paz, el sector se encuentra en situación de desaceleración, pero se ve un empuje en junio porque varias empresas vendieron más barato antes de que entrara en vigencia la ley que obliga que los 0 km tengan frenos ABS y airbag. “No estamos ni mejor ni peor”, dijo Paz, que de acuerdo a las cifras que él maneja se ve “estabilidad”.

Por su parte, Romelli visualiza un escenario menos favorable para el segundo semestre de este año. “Los signos que están habiendo indican que podría haber una desaceleración, no una alarma. Los indicios son los comentarios en los show rooms, salones de venta y los de los vendedores que ven menos consultas”, dijo el agente.

Imesi más bajo a vehículos chicos

En 2011 comenzó a regir un nuevo criterio en la aplicación del Impuesto Específico Interno (Imesi) a automóviles para pasjeros por franjas en función de la cilindrada, que deja de lado el 30% genérico que existía hasta ese entonces para favorecer las unidades de menor consumo de combustible. La franja de menos de 1.000 cc paga un Imesi de 23%; la de 1.000 a 1.500 cc (28,5%%); de 1.500 a 2.000 (34,5%); de 2.000 a 3.000 (40,25%) y más de 3.000 cc (46%).

COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 22 DE AGOSTO DE 2014
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