AL DÍA:
1) Hotel Carrasco: piden revocarle el permiso por no pagar canon –
2) La concesión del Casino Carrasco, un proceso que generó dilemas y dolores de cabeza para la izquierda –
3) Declaran confidenciales expedientes sobre Aratirí e Invertexi –
4) La miel uruguaya tiene glifosato –
5) Río Santa Lucía: cinco empresas omisas –
6) Sancionan a inmobiliarias por no verificar origen de fondos
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COMCOSUR AL DÍA / AÑO 17 / Nº 2092 / NOTICIAS Y PENSAMIENTOS / Viernes 2 de Septiembre de 2016 / Producción: Andrés Capelán
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"Si asumes que no hay esperanza, garantizas que no habrá esperanza. Si asumes que hay un instinto hacia la libertad, que hay oportunidades para cambiar las cosas, entonces hay una posibilidad de que puedas contribuir para hacer un mundo mejor. Esa es tu alternativa". — Noam Chomsky
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1) Hotel Carrasco: piden revocarle el permiso por no pagar canon
Oferente en la licitación dice que la IMM podría quedarse con el hotel.
Andrés López Reilly (El País)
El grupo Dongara, segundo inversor mejor puntuado durante el llamado a licitación del Hotel Casino Carrasco, entiende que si la Intendencia de Montevideo accede a la rebaja del canon que le solicitó la concesionaria, estaría "violando el principio de igualdad entre los oferentes".
Según Dongara, el endeudamiento de la empresa Carrasco Nobile es "ajeno a la Intendencia y responsabilidad exclusiva del oferente, que se presentó a la licitación sin tener los fondos necesarios para afrontar la inversión". La firma recuerda que el Tribunal de Cuentas de la República (TCR) hizo diez observaciones a la oferta de Carrasco Nobile y que el pliego del llamado habilita a la Intendencia a quedarse con el hotel sin resarcir al concesionario, en caso que incumpla el contrato.
Como diera cuenta El País, si bien el intendente Daniel Martínez intimó a Carrasco Nobile a que le pague lo adeudado, también envió un proyecto a la Junta Departamental para que los ediles evaluaran la posibilidad de rever el canon. El legislativo comunal elevó el expediente al Tribunal de Cuentas, que todavía no se ha expedido. Dongara Investment Inc. envió hace una semana una carta al presidente del TCR, Siegbert Rippe, en la que recuerda que desde 2009 viene promoviendo una acción de nulidad contra la adjudicación del hotel a Carrasco Nobile y que el proceso todavía se encuentra en su etapa de prueba.
"En el proceso licitatorio intervino el Tribunal de Cuentas y formuló 10 observaciones, por razones de legalidad. Tal como surge de su dictamen, una de las principales razones por las cuales se observó el procedimiento licitatorio, radica en que la adjudicataria no acreditó, como exigía el pliego particular de condiciones, contar con las fuentes de financiamiento disponibles para afrontar la inversión comprometida. Esa es la razón por la cual Carrasco Nobile cuenta con un importante endeudamiento", señala el documento al cual tuvo acceso El País.
Endeudamiento.
En una nota fechada 5 de marzo y enviada por Carrasco Nobile al intendente Martínez, la concesionaria le advierte que "sin una reducción del canon, la empresa no tiene capacidad de pagar el servicio de las deudas asumidas para el financiamiento de las obras de remodelación y equipamiento del hotel casino (que al 31 de diciembre de 2014 ascendían a unos US$ 49 millones, con bancos y otras entidades de crédito), a menos que los accionistas efectuaran nuevos aportes de capital, que se tendrían que hacer con una rentabilidad esperada negativa, como se desprende del Análisis de la situación económica de la empresa elaborado por (la consultora) Deloitte".
Dongara considera que si el intendente accede a bajar el canon estipulado en el pliego (el fallo del Tribunal de Cuentas no es vinculante y por tanto finalmente habrá una decisión política), incurriría en "una liberalidad sin precedentes". "En primer lugar, porque son falsos los supuestos de hecho invocados por la concesionaria en la nota presentada al intendente. No hubo hechos imprevisibles, la falta de capacidad financiera al momento de presentar la oferta es la causa de todos sus problemas", destacó Dongara.
Según el segundo oferente mejor puntuado durante el llamado, "la rebaja del canon implicaría una liberalidad equivalente al valor de las obras ejecutadas en el hotel a favor de una empresa privada". "El pliego establece que en caso de rescisión de contrato la Intendencia tiene derecho a quedarse con todas las mejoras realizadas en el hotel sin indemnizar a Carrasco Nobile", agrega la firma. El pliego señala en su artículo 34 que la rescisión del contrato podrá hacerse ante un "incumplimiento grave" y que la mora en el pago de hasta tres mensualidades consecutivas del Canon Anual podrá ser causal de rescisión, debiendo el adjudicatario proceder a la entrega del inmueble y de todos los bienes en su interior.
El dueño de la llave.
El gerente general del Hotel Casino Carrasco, Ignacio García, dijo a El País que "la compañía busca por lo menos tener un punto de equilibrio, no perder" y que los accionistas dejen de seguir enviando desde el exterior más de US$ 1 millón, que hoy llegan cada mes para cubrir las obligaciones del complejo y el pago de la deuda financiera. En este sentido, el director de Finanzas de la empresa, Manuel Alonso, aseguró que "hay un déficit operativo que se podría superar logrando un equilibrio del canon y tomando otras medidas".
"Lo que hicimos (al tomar la decisión de enviar personal al seguro de paro) fue adecuar la oferta a la demanda que existe en el casino", sostuvo Alonso. En tanto, García explicó que la empresa venía haciendo "dos eventos por mes" para apostadores VIP que generaban una ocupación hotelera del 100% durante fines de semana en los que llegaban 70 u 80 jugadores. "La ocupación de la sala VIP probablemente alcanzaba al 90%. La parte de los slots llega al 50% los fines de semana y entre semana al 20%", precisó.
La ocupación del hotel se sitúa actualmente en un 55% (no ha mejorado demasiado en los últimos dos años) y no se puede recortar su plantilla porque del personal depende la excelencia de los servicios. Consultado sobre si la empresa podría ir a concordato, en caso que no se atiendan sus reclamos, García desestimó esa posibilidad.
Una puja por el hotel y casino que lleva 7 años.
Dongara Investment Inc, la segunda empresa mejor puntuada en el llamado a licitación para la recuperación y explotación del hotel, presentó en 2009 un recurso de nulidad alegando que la empresa concesionaria —Carrasco Nobile— incumple el pliego de condiciones. También acusó a la IMM de haber optado por "la peor oferta", en un proceso en el que hubo cuatro oferentes. Siete años más tarde, el proceso está en etapa de prueba, informó a El País el abogado de Dongara, Gonzalo Ramírez.
CONCESIONARIO, IMM Y EL COMPETIDOR.
1 – Ventas a crédito dentro del canon.
De acuerdo con la impugnación presentada por la actual concesionaria, los "ingresos" que deben ser tomados en cuenta para el pago del canon no incluyen las ventas a crédito o la nueva modalidad de juego implementada para clientes vip. La empresa entiende que la diferencia que se le reclama radica en que la Intendencia toma como "ingreso" montos que no se incorporaron a su balance. Por segunda vez en dos años, el casino enviará a decenas de empleados al Seguro de Paro. En 2014 fueron 74, que se fueron retomando después, y ahora serán 65, pero con un destino incierto
2 – Consulta de la IMM al tribunal.
Recientemente, la Intendencia rechazó un recurso de reposición interpuesto por el concesionario, al que a comienzos de abril intimó a que le pague una deuda de más de US$ 1.300.000. La IMM dijo que la venta a crédito dentro de la modalidad de juego VIP es una herramienta utilizada por la empresa "a efectos de atraer su clientela", pero que "no tienen relación" con el pago que debe hacerse de acuerdo al pliego. Al margen de esto, el intendente Martínez envió una propuesta de revisión del canon a la Junta Departamental, la que a su vez derivó el expediente al Tribunal de Cuentas para su estudio.
3 – El principio de igualdad "violado".
El Grupo Dongara, el segundo mejor puntuado durante el llamado a licitación, entiende que si la Intendencia accede a la rebaja del canon solicitada por el concesionario estaría incurriendo en una "violación al principio de igualdad entre los oferentes". Según Dongara, "el endeudamiento de Carrasco Nobile es un problema ajeno a la responsabilidad de la Intendencia de Montevideo y es responsabilidad exclusiva del oferente, que se presentó a la licitación sin tener los fondos necesarios para afrontar la inversión". Dongara recuerda que el tribunal hizo varias observaciones a la oferta de Carrasco Nobile.
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2) La concesión del Casino Carrasco, un proceso que generó dilemas y dolores de cabeza para la izquierda.
(La Diaria)
Las idas y vueltas en torno al Hotel Casino Carrasco comenzaron en 1997, durante la primera gestión del arquitecto Mariano Arana en la Intendencia de Montevideo (IM).
Ese año la administración frenteamplista decidió privatizar los servicios del hotel, a la luz de algunas cifras preocupantes: se estima que entre 1990 y 1996 el casino del hotel había arrojado pérdidas por aproximadamente seis millones de dólares. El proceso de privatización fue muy discutido y generó una recordada crisis en el Frente Amplio (FA), al punto de que un año después el proyecto elaborado por la IM no pudo ser aprobado en la Junta Departamental, un ámbito en el que el oficialismo tenía mayorías ajustadas.
El edil electo por el Movimiento de Participación Popular (MPP) y presidente de la Junta Departamental, Jorge Zabalza, desacató un mandato del Plenario del FA, del 7 de setiembre de 1998, para que todos los ediles votara la licitación, lo cual derivó en que la iniciativa fracasara. Este episodio provocó la renuncia de Tabaré Vázquez a la presidencia del Frente Amplio y el comienzo del fuego cruzado entre sectores de la coalición de izquierda por la participación de privados en emprendimientos de carácter público.
Vázquez había declarado en ocasión de este diferendo: “Esta actitud lastima profundamente y de gravedad la credibilidad del FA. Se deben respetar la decisiones orgánicas”. Aquellas críticas fueron respaldadas por varios legisladores, entre ellos Enrique Rubio (Vertiente Artiguista), quien por aquellos días reflexionaba: “Cuando se rompe con el vínculo político y alguien se desacata […] se coloca unilateralmente del lado de afuera”.
Zabalza abandonó el legislativo departamental y declaró que “elijo ser coherente con mis principios”, en lo relativo a la posición de la izquierda ante las privatizaciones. El abogado Helios Sarthou defendió a Zabalza, con quien luego conformaría la Corriente de Izquierda de cara a las elecciones de 1999, ya por fuera del MPP. “Es importante que la gente observe que existe coherencia en las posiciones de fondo y no sólo en el funcionamiento orgánico”, planteaba Sarthou, y luego agregaba: “Somos un frente, y no un partido político, y por esa razón reclamamos un referéndum para decidir sobre la privatización”.
Finalmente, la IM entregó la concesión al grupo austríaco Veltica, pero debido a las irregularidades señaladas por el Tribunal de Cuentas, entre ellas haber adjudicado la licitación sin dar “vista a los demás oferentes”, terminó siendo anulada. Luego, la licitación del Hotel Casino Carrasco pasó a manos de Carmitel Sociedad Anónima, una empresa integrada, entre otros, por Mario Garbarino, Juan Carlos Garramón y Roberto Siegfried, y que administraban el Punta Carretas Shopping y el Hotel Sheraton de Montevideo.
Detenida, detenida
La firma se había comprometido a reabrir el hotel en 2003. Sin embargo, en 2002 las obras quedaron paralizadas porque, según la empresa, ya se sentían las consecuencias de la crisis económica que ese año impactó en nuestro país. En resumidas cuentas, durante los seis años de licitación Carmitel había concretado apenas el 25% de las obras proyectadas.
Finalmente, en 2006, la IM le rescindió el contrato, luego de que se denunciara que un año antes el entonces intendente interino Adolfo Pérez Piera había modificado el contrato con la concesionaria del antiguo Hotel Carrasco sin la autorización de la Junta Departamental. También se responsabilizaba a la administración por haber firmado una prórroga, ese mismo año, con Carmitel, cuando las obras llevaban ya tres años paralizadas.
Otra denuncia relacionada al vínculo de Carmitel con la comuna capitalina tenía que ver con la instalación de un “anexo” del Casino Carrasco en el hotel Oceanía. Pero no sólo la IM destacó en aquel momento las virtudes de Carmitel. En 2002, cuando la empresa detuvo las obras, una resolución de Presidencia de la República le otorgaba la declaratoria promocional del emprendimiento y la concesión de beneficios promocionales, tomando en cuenta un informe del Ministerio de Turismo y Deporte de la época, que aseguraba que la firma “es viable, técnica, financiera y económicamente”.
En 2009 la IM otorgó la concesión a Carrasco Nobile por 30 años. Estaba formado por el grupo español Codere (que maneja salas de juego en Argentina, España, Panamá, México, Colombia, Brasil e Italia, y que tiene 50% de Hípica Rioplatense, que administra el Hipódromo de Maroñas) junto a VR Capital (de accionistas rusos y norteamericanos) y AGG (Argentine Gaming Group). Se asociaron con Sofitel, firma del grupo Accor, empresa que se encargaría de la gestión hotelera y de la restauración, y en 2010 comenzaron las obras.
Codere tiene una fuerte presencia en la región y, a pesar de que la nacionalización de YPF empeoró su riesgo crediticio, según Moody’s, en 2011 57% de sus ganancias brutas provinieron de Argentina.
En 2010 una de las empresas que se presentaron a licitación, Dongara-Hyatt (del grupo Libermann, que junto con Codere forma Hípica Rioplatense), denunció irregularidades en el proceso de selección de las propuestas. Afirmaba en aquel momento que Codere no presentaba la capacidad financiera claramente identificada para la inversión y que había incumplido con condiciones del pliego. Luego presentó un recurso solicitando la nulidad del proceso y la suspensión del acto administrativo que adjudicó la obra. El Tribunal de Cuentas realizó observaciones al proceso de licitación, pero la intendencia capitalina decidió seguir adelante.
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3) Declaran confidenciales expedientes sobre Aratirí e Invertexi
(180.com)
En marzo la empresa Invertexi se presentó como sucesora de Aratirí (Zamin Ferrous) cuando la minera india desistió de continuar con el proyecto de extracción minera que pensaba desarrollar en Valentines a fines de 2015. En abril, No toquen nada informó que en realidad Invertexi era Aratirí, que se había presentado como sucesora de si misma.
El ministerio tenía 120 días de plazo para estudiar al nuevo inversor y alcanzar un acuerdo. El plazo venció en julio y no hubo más información oficial. No toquen nada hizo entonces un pedido amparado en la Ley de Acceso a la Información y el Ministerio declaró a ambos expedientes confidenciales. Según supo No toquen nada por fuentes del Poder Ejecutivo, el gobierno uruguayo está tratando de cerrar el tema y está evaluando las posibles consecuencias legales que puede tener.
El temor a las consecuencias legales explicaría el silencio de las autoridades del Ministerio de Industria, que cuando las consultamos no quisieron hacer declaraciones. Quizá también explica la declaración de confidencialidad ante un pedido de informes del programa. La ley le permite al Ministerio declarar confidencial la información. No toquen nada estudia recurrir la decisión. De mantenerse el expediente será confidencial por 15 años, el máximo período que permite la ley aplicar en su artículo 11.
Antecedentes
La empresa se amparó en la ley para presentarse de nuevo como otro inversor. Para eso, le compró una SA a un estudio: Invertexi. Los primeros datos que tuvimos sobre esta empresa eran que en el expediente que está en el MIEM, al que accedimos, la empresa Invertexi tenía como contactos/referencias: Manuel Fariña, Yogender Nagpal y la geóloga Helga Chulepin, que fue la gerente de Relacionamiento con la Comunidad y Logística de Aratirí.
Manuel Fariña era el presidente de la empresa, un hombre de 58 años que trabaja desde el año 1987 como conductor de la Junta Departamental. En ese momento nos contactamos con Fariña, que negó su vinculación con la empresa, y con Chulepin, que reconoció la vinculación con Invertexi. Chulepin dijo que se encarga de llevar la “parte documental” y se excusó de hacer más declaraciones. El 11 de abril informamos que Invertexi tenía el mismo estudio jurídico (Sollution Alliance) y la misma gerenta de logística.
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4) Apicultores acusan al modelo de agro “sustentado en el uso agresivo de agroquímicos” por contaminación de la miel con glifosato.
(La Diaria)
La miel uruguaya tiene problemas en los mercados de Estados Unidos y la Unión Europea porque está contaminada con glifosato. La normativa europea permite el ingreso de mieles con 50 miligramos de glifosato por kilogramo, pero hay mieles uruguayas que han llegado a 300 miligramos por kilogramo, lo que “es inaceptable”, según contó a la diaria el presidente de la Sociedad Apícola Uruguaya (SAU), Ruben Riera.
Esta situación motivó que el 26 de agosto la Dirección General de la Granja (Digegra) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) emitiera un comunicado exhortando a los apicultores a no utilizar glifosato en sus establecimientos, lo que fue rechazado tanto por la SAU, el 1º de setiembre, como también, ayer, por la Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR). “La Digegra parte de un supuesto que no tiene documentado. Si así lo fuese, nunca lo advirtió previamente al sector, lo que, a nuestro juicio, correspondería, dado que este hecho no es compatible con las prácticas de buen manejo”, dice la SAU en su contestación.
Riera calificó el comunicado de la Digegra como “ridículo” y “fuera de lugar”, porque “no hay pruebas de que eso es así”. “Hemos tenido información de que algún apicultor” ha usado glifosato, “pero son contados con los dedos de una mano. Hablamos de un país que tiene unos 2.000 apiarios; el área que pudiera recibir glifosato por parte de algunos agricultores es ínfima al lado de las toneladas y toneladas que se vuelcan sólo en un millón y medio de hectáreas sembradas con soja. Nos hubiera parecido bien si el MGAP, junto con ese mensaje a los apicultores, hubiese hecho exactamente lo mismo con el resto de los productores que utilizan el glifosato”, manifestó Riera.
El apicultor explicó que la preocupación “es que mieles en las que teóricamente no tendría que estar presente el glifosato, como la producida en los montes de eucalipto, lamentablemente está con niveles altísimos. Ya ni siquiera las distancias de los cultivos donde se aplica masivamente este herbicida nos protegen. Es decir, que los herbicidas están en el entorno de las colmenas”, indicó, en referencia a que también se están aplicando esos productos en la forestación.
El comunicado de la SAU deja en claro la discrepancia de la gremial con el Decreto Nº 371/013 sobre “la trazabilidad de los productos apícolas”, que indica que esta “se iniciaba en las colmenas, responsabilizando al apicultor de una eventual contaminación de su miel con agroquímicos”. “El MGAP negó nuestro planteo, aduciendo que la redacción del decreto, de acuerdo a los abogados involucrados, implicaba que la trazabilidad se iniciara en las zonas de pecoreo de las abejas, siendo también responsables los agentes vinculados a los cultivos donde se originó la contaminación. Hasta el día de hoy, el que paga las consecuencias es el apicultor afectado. Ni los responsables de los cultivos, ni la industria agroquímica ni el MGAP se han hecho responsables de ninguna indemnización a los apicultores afectados por pérdidas de colonias de abejas y [por] la miel que podrían haber comercializado, pero que debieron descartar por el riesgo de contener residuos”, agrega la SAU.
Expresan además que el MGAP no ha “comprendido aún que el pillaje activo y el pasivo por parte de las abejas pueden diseminar los agroquímicos a kilómetros de distancia de donde fueron aplicados, tornando cuestionable el responsabilizar a los apicultores de una mala praxis”. La SAU no apoya “el modelo agropecuario imperante en los últimos 15 años: intensivo, extensivo y sustentado en el uso agresivo de agroquímicos que progresivamente destruyen las fuentes de trabajo de apicultores y empresas anexas” y que genera pérdida de diversidad de las fuentes florales, de la productividad de las colonias y expulsión de los apicultores de sus campos. Por esta razón, solicitan “erradicar el uso de glifosato” y “la no renovación de los registros vigentes de productos cuyo principio activo sea el glifosato”.
En el mismo sentido, la CNFR expresó que “la principal causa de contaminación de las mieles es la aplicación irracional de agroquímicos por parte de emprendimientos agrícolas, en el marco de un modelo productivo concentrador y contaminante”, y exhorta a las autoridades a tomar “medidas de fondo para revertir esta insostenible situación -que no sólo afecta la productividad de los apicultores, sino que también está generando graves problemas de contaminación en nuestros recursos hídricos- como forma de salvaguardar la salud de nuestra población y los recursos naturales”.
Riera dijo que junto con otras organizaciones rurales están trabajando para organizar una manifestación pública simultánea con gremiales de “los países que están viviendo la misma problemática”, principalmente de Argentina, en donde la miel alcanza también los niveles de contaminación que tiene la de Uruguay.
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5) Río Santa Lucía: cinco empresas omisas
De las 23 intimadas hace tres años, 18 corrigieron su sistema de vertido a la cuenca del río.
Lucía Baldomir (El País)
Hay cinco empresas que operan en la cuenca del río Santa Lucía que hace tres años fueron intimadas por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma) a cumplir una serie de cambios para evitar la contaminación del agua, y todavía no han cumplido.
La ministra Eneida De León dijo en la comisión de Presupuesto integrada por Hacienda del Senado que de las 23 industrias originalmente intimadas "18 habían terminado la adecuación de sus vertidos para el mes de junio y las cinco restantes están en proceso" de resolver sus efluentes. El dato no es menor si se toma en cuenta que, a juicio de la ministra de Medio Ambiente, el 90% de la contaminación en la cuenca del río Santa Lucía es responsabilidad de estas 23 industrias. No obstante, De León dijo en la comisión que las agroindustrias, que no están contempladas entre estas 23 empresas, son las que tienen "el mayor problema".
Por resolución ministerial, el 7 de agosto de 2013, luego de constatar la presencia de algas en agua de OSE consideradas "potencialmente tóxicas" y causantes de mal olor y sabor, se intimó a las 23 empresas a presentar antes del 31 de diciembre de ese año una nueva Solicitud de Autorización de Desagüe Industrial (SADI), además de un proyecto de planta de tratamiento. Además debían presentar la información complementaria acreditando el cumplimiento o las propuestas de ajustes.
Asimismo se otorgaba plazo hasta el 31 de enero de 2015 para contar con una planta de tratamiento de efluentes construida y en operación. Las obras tienen como objetivo reducir un 60% los vertidos orgánicos en nitrógeno y fósforo en el corto plazo.
La ministra afirmó que la Dirección Nacional de Medio Ambiente, en paralelo a las medidas adoptadas por las industrias, "está complementando esto a través de la capacitación de profesionales y técnicos de esas industrias, para que tomen conciencia del problema". En total se trata de 100 personas que fueron capacitadas en sistemas de remoción de nutrientes y se elaboró una guía para acompañar técnicamente el proceso de reconversión. "Así como hubo que hacer un trabajo con los dueños de las industrias, se implementó ese plan de capacitación en remoción de nutrientes para acompañar técnicamente el proceso que están llevando a cabo las industrias", dijo De León.
En su momento también se prohibió los laboreos y agroquímicos en una zona en el Santa Lucía, lo que es controlado por un visualizador ambiental del ministerio que permite ver si se respeta la zona de restricción en el laboreo. Si bien no desagregó los datos, De León informó en la comisión que entre 2015 y el primer semestre de 2016 se hicieron 87 inspecciones a las industrias y se iniciaron 25 trámites de sanción y 15 finalizaron en multa totalizando unas 4.000 Unidades Reajustables, hoy $ 3,6 millones.
De León dijo que con respecto a la Dirección Nacional de Medio Ambiente, "el plan más importante que se manejó durante el año 2015 fue la acción en el río Santa Lucía y su cuenca y, naturalmente, en la laguna del Sauce, en Maldonado". En 2015 se identificaron los padrones incluidos en la zona adyacente a la cuenca del Santa Lucía y una zona de amortiguación libre de laboreo. "Estamos trabajando muy cerca de las intendencias y respondiendo a las denuncias", dijo De León.
Multa por talar monte nativo
En junio pasado la Intendencia de Canelones envió a la Junta Departamental una resolución para multar con 20.000 Unidades Reajustables (UR), unos US$ 600 mil, a un establecimiento agropecuario que, en la zona de Las Brujas, taló decenas de hectáreas de un monte nativo para hacer un canal que le permitiera sacar una embarcación directamente al río Santa Lucía.
Plazo para plan de uso de suelos
El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) extendió hasta el 23 de septiembre el plazo para que los agricultores que posean 100 hectáreas propias o 50 tercerizadas presenten planes de uso y manejo de suelos, informó la titular de la Dirección de Recursos Naturales, Mariana Hill. "Hoy tenemos planes presentados para 1,5 millones de hectáreas que incluyen modificaciones para pasturas y para campos nuevos", sostuvo Hill.
Los planes deben detallar la rotación de cultivos, práctica favorables para cada predio y manejo de fertilizantes y efluentes por parte de los agricultores que posean más de 100 hectáreas propias o más de 50, en casos en que trabajen en forma tercerizada. Hill expresó además que el 28 de abril de 2017 vencerá el plazo para presentar obligatoriamente los planes de uso y manejo del suelo para los productores lecheros ubicados en la cuenca de Aguas Corrientes. Para el resto de los productores lecheros de la cuenca del Santa Lucía, el plazo vencerá el 29 de septiembre de 2017. El objetivo del llamado es contribuir para preservar la calidad del agua.
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6) Sancionan a inmobiliarias por no verificar origen de fondos.
(El País)
La Secretaría Nacional para la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo lanzó un masivo operativo de inspección y detectó varias irregularidades en los controles que hacen los operadores, especialmente inmobiliarias, sobre el origen de los fondos que involucran sus negocios. En agosto comenzó la fiscalización con más de 100 visitas a la semana a sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas como inmobiliarias, escribanos, constructoras. Carlos Díaz, titular de la Secretaría dijo a El País que "ya se detectaron irregularidades y hay varios expedientes armados para ser sancionados por no hacer los controles debidos".
La Secretaría definió que las inspecciones contemplan en primera instancia los últimos tres meses de actividad y si allí se encuentran fallas se amplía la fiscalización cinco años hacia atrás. La definición del tiempo de tres meses se basó en que el anuncio de que la Secretaría comenzaría a fiscalizar viene desde principios de año, por lo que las empresas pudieron comenzar a tomar medidas prudenciales desde hace meses. "El sistema persigue que se cambien culturas y conductas hacia adelante, queremos que todos se porten bien, no es que vamos a cambiar todo para atrás", explicó Díaz.
La primera inspección que realizó la Secretaría fue anterior y partió de un operativo de inteligencia que llevó a solicitar información a inmobiliarias, escribanos y hasta estudios de abogados. En algunos casos en ese entonces se planteó cierta resistencia inicial a brindar la información. Ahora, según Díaz "no ha habido problema". En aquella oportunidad se aplicaron multas a 11 escribanos con sanciones que llegaron a superar los US$ 700.000 al brindar servicios sin realizar el control de los fondos. En ese caso todos los controles se hicieron en base a que los clientes habían sido investigados por diferentes motivos.
La Ley de Presupuesto amplió las funciones y potestades de la Secretaría e incorporó más sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas como las inmobiliarias, empresas constructoras, administradores de sociedades, rematadores, explotadores de zonas francas y casinos. En este sentido, y para mejorar las potencialidades de la Secretaría en el Interior tanto por citaciones o allanamientos, en las próximas semanas se firmará un convenio inter institucional con el Ministerio del Interior, la DGI, Aduanas y la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central para apoyarse en las tareas. Díaz explicó que más que nada se "optimizarán recursos".
El curso que evitará excusas
La Secretaría Nacional para la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo elaboró junto a Educa Antel y Agesic un curso de lavado de dinero que será lanzado el próximo 22 de septiembre con el fin de formar a las personas en la materia. Podrá acceder cualquier persona que esté interesada.
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