1) El Tratado TIAR, un análisis /Gabriele Kuehnle
2) El futuro del trabajo ante el desmantelamiento del Estado /Daniel Gaio
3) Universidades publican exhaustiva investigación del sector de medios sin fines de lucro de Argentina como aporte para políticas públicas hacia el sector
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COMCOSUR AL DÍA / AÑO 20 / Nº 2226 / Miércoles 25.09.2019
1) EL TRATADO TIAR, UN ANÁLISIS
Gabriele Kuehnle * //Revista América Latina en Movimiento. 24/09/2019
¿Qué hay detrás de este tratado? Los Estados Unidos elaboraron el TIAR luego del fin de la Segunda Guerra Mundial, reunieron a los estados americanos en 1947 para firmarlo en Río de Janeiro. La ONU se creó en 1945, la OTAN en 1949. www.oas.org/juridico/spanish/tratados/b-29.html
Un TIAR reformado fue ratificado de nuevo por los estados miembros en 1975.
www.oas.org/xxxivga/spanish/reference_docs/Tratado_AsistenciaReciproca_Protocolo.pdf
El TIAR transfiere competencias de la ONU a la OEA
El TIAR crea para EEUU un campo de acción independiente del Consejo de Seguridad de la ONU en caso de conflictos con otros estados americanos. Pero también asegura el respaldo latinoamericano en conflictos con países extra-continentales. Para ello proporcionaron a la OEA, históricamente manejada por EEUU, competencias similares y paralelas a las de la ONU y su Consejo de Seguridad. Dichas competencias se mantienen incluso en la versión renovada del TIAR de 1975. Son, en última instancia, el eje del Tratado.
Leyéndolo superficialmente, parece ser casi un instrumento de paz. El artículo primero de la constitución del TIAR dice que «Los altos estados contratantes no solo condenan formalmente la guerra sino se comprometen a no utilizar en sus relaciones internacionales cualquier amenaza o violencia, en cualquier forma, que sea incompatible con la Carta de la ONU o este tratado”.
Obliga a sanciones – no puede obligar a acciones militares
En repetidas ocasiones se refiere a los principios de la Carta de las Naciones Unidas, enfatizando especialmente en la no injerencia en los asuntos internos de otros estados, y en la primacía de resoluciones pacíficas de conflictos. Lo único cierto que se desprende de ello es que el Tratado no puede forzar a los Estados signatarios a tomar medidas militares. Todas las demás acciones adoptadas por la OEA, como sanciones de todo tipo, pueden ser obligatorias según decida.
Hay una condición para su aplicación: se ejecuta solamente, si un estado ataca a otro país americano, ya sea militarmente o con otras acciones agresivas, pero si la agresión tuvo lugar en un «área extra-continental», el tratado también entraría en vigor.
El artículo 8 indica las medidas a ejecutar de manera obligatoria. Que son:
«La renuncia de los Jefes de Misión (ante la OEA); la ruptura de las relaciones diplomáticas; la ruptura de las relaciones consulares; la interrupción parcial o completa de las relaciones económicas, ferroviarias, marítimas, aéreas, postales, telegráficas, telefónicas, radiotelefónicas o de radiotelegrafía y otros medios de comunicación, y el uso de las fuerzas armadas».
El artículo 20 de ese contrato establece que las decisiones que requieran las medidas a que se refiere el Artículo 8 serán vinculantes para todos los signatarios de este Tratado que lo hayan ratificado, con la única excepción de que no se requiere que ningún Estado utilice la fuerza de armas sin su consentimiento. En la versión reformada de 1975, el Consejo de la OEA decidirá caso por caso qué medidas son obligatorias y cuáles no. El uso de armas sigue siendo a criterio libre de cada estado.
La profunda contradicción interna del pacto
El contrato es ambiguo y se presta a amplias interpretaciones. Asegura que no restringiría los derechos y obligaciones relacionados con la ONU, como el derecho a la no-intervención y el derecho de cada estado a elegir libremente su organización política, económica y social. Pero el TIAR podrá obligar a sanciones económicas contra un estado, medida represiva que contradice a la Carta de las Naciones Unidas.
La oposición venezolana, siguiendo el libreto de Washington, se fijó en el TIAR buscando ampliar las sanciones estadounidenses y europeas con otras latinoamericanas a través del TIAR, quizá en desconocimiento de que la Carta de las Naciones Unidas se incorporó en la mayoría de las constituciones latinoamericanas, por lo tanto sería inconstitucional imponer sanciones a otro estado vecino.
Así lo dice en el Art. 9.1 (texto reformado): «La agresión es el uso de la fuerza por parte de un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro estado, o de otro modo incompatible con la Carta de las Naciones Unidas o la Carta de la Organización de los Estados Americanos».
La realidad venezolana suma amenazas constantes de intervención militar, ataques organizados contra el suministro de electricidad del país y sanciones económicas, abarcando hasta alimentos y medicamentos, y financiera, además del robo millonario de fondos del Estado bloqueados y pirateados por EEUU y bancos internacionales.
Al TIAR no lo aplicaron nunca – al contrario, lo pisotearon
Lo cierto es que Estados Unidos violó el tratado TIAR con cinco intervenciones militares en América Latina, con golpes de estado y dictaduras. Debería enfrentar cargos de violaciones múltiples del tratado ante la OEA y la Corte Penal Internacional en La Haya, violentando a todos los derechos humanos y democráticos.
Pero los demás estados americanos tampoco cumplieron, ya que nunca tomaron ninguna medida en defensa de los países vecinos agredidos.
El TIAR obligaría teóricamente a todos sus integrantes a tomar medidas inmediatas contra EEUU, exigiendo poner fin a las sanciones contra Venezuela y su intromisión en el país. Sobre todo porque Venezuela nunca ha atacado a los Estados Unidos. Lo mismo ocurre con el bloqueo de 60 años contra Cuba.
Los ejemplos ilustran la gran contradicción interna del TIAR, un instrumento dormido que intentan ahora utilizar para imponer las estrategias estadounidenses en la región.
El supuesto derecho a la acción «inmediata»
En el Art. 3.2 se deja incluso de lado el órgano de decisión de la OEA, justificándolo con reacciones «inmediatas»,necesarias en respuesta a un ataque (de diversa gravedad y carácter). Por supuesto, el Consejo de la OEA debe reunirse de inmediato, pero hasta que eso suceda, cada parte contratante puede tomar las medidas que considere adecuadas, sin estar sujeto a una decisión colectiva ni de la OEA ni de la ONU.
El argumento es el lapso de tiempo, lo que demore el tomar decisiones en el seno de las instituciones. Se trata del «derecho a actuar en la primera hora de la agresión».
La legítima defensa en virtud del artículo 51 de la Carta de la ONU, sin el Consejo de Seguridad
El texto se refiere varias veces al artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, que garantiza el derecho a la autodefensa individual o colectiva de los estados. Sin embargo, en virtud del derecho internacional, el artículo 51 está expresamente atado a la decisión del Consejo de Seguridad.
El art. 3.4 dice: “Podrán aplicarse las medidas de legítima defensa de que trata este Artículo en tanto el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no haya tomado las medidas necesarias para mantener la paz y la seguridad internacionales.
El TIAR pretende establecer una alternativa al Consejo de Seguridad de la ONU, donde EEUU no ha podido imponer sus intereses a ultranza. Si la OEA y los estados contratantes no estén conformes con una determinada decisión del Consejo de Seguridad, o su demora en tomarla, puedan actuar por su cuenta bajo un paraguas jurídico de derecho internacional otorgado por el TIAR.
TIAR y la ocupación estadounidense de Afganistán
El TIAR solo se aplicó una vez, en 2001, después de los ataques contra los edificios de las torres gemelas en Nueva York. El presidente Bush necesitaba un respaldo internacional para su ataque de venganza contra Afganistán, que no recibió la autorización del Consejo de Seguridad de la ONU.
En muy poco tiempo, 23 estados miembros del TIAR lo apoyaron con una declaración presentada en un gran escenario público: su ataque militar, pasándose por el costado del Consejo de Seguridad de la ONU, obtuvo así la apariencia de una legitimidad internacional.
El TIAR como puerta de entrada de la OTAN
Particularmente problemático es que el TIAR se refiere no solo a una agresión ubicada en el territorio del continente americano contra un estado signatario del Tratado, sino también a ataques ejecutados en el «área extra-continental» (art. 6) o «fuera del Área americano» (Art.4). Es donde la OTAN entra en acción.
Pero en todo esto hay una pregunta central: ¿El TIAR es compatible con el derecho internacional? En sus elementos más importantes contradice a la carta de la ONU, que prohíbe sanciones y la intervención en asuntos internos de un país.
El TIAR sí podría servir para desencadenar situaciones hacia lo bélico, aprovechándose de la “libertad de acción de los estados signatarios en la primera hora de un ataque”. Cabe recordar que México se retiró en 2002 del TIAR, mientras que los integrantes de Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) renunciaron a la membrecía entre 2012 y 2014. Estos fueron Venezuela, Cuba, Ecuador, Bolivia y Nicaragua.
www.alainet.org/es/articulo/202293
* Gabriele Kuehnle, periodista independiente /Revista América Latina en Movimiento
COMCOSUR AL DÍA / AÑO 20 / Nº 2226 / Miércoles 25.09.2019
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2) EL FUTURO DEL TRABAJO ANTE EL DESMANTELAMIENTO DEL ESTADO
Daniel Gaio * /Revista América Latina en Movimiento. 06/09/2019
Las innovaciones tecnológicas son presentadas inicialmente como procesos que mejoran las condiciones de vida, reducen el tiempo de trabajo y optimizan el desarrollo. Las transformaciones que se han producido desde la revolución industrial en sus diversas etapas han traído consigo, además de avances, cambios radicales en la estructuración del trabajo y en sus formas de organización. Al mismo tiempo que ciertos puestos de trabajo dejaron de existir, se desarrollaron muchos otros y se produjo un salto en las condiciones de vida de una parte importante de la población.
Hoy estamos viviendo una nueva transformación en el modelo productivo y económico que plantea nuevos retos para las formas del trabajo. Presentado de diversas maneras, como la 4ª revolución industrial o la industria 4.0, el modelo caracterizado por el acelerado proceso de automatización y digitalización de la economía, la robótica avanzada y el uso intensivo de la biotecnología y la nanotecnología aporta, a diferencia de las otras «revoluciones» productivas, un nuevo aspecto que es la velocidad con la que se desarrolla y que, frente a la falta de una regulación que siga a su ritmo, también aumenta la desigualdad en niveles nunca antes vistos. Las tecnologías, por sí mismas, no son el problema, sino la lógica que impulsa su introducción.
El PIB mundial se ha triplicado en los últimos 40 años, pero no ha traído beneficios para la población en su conjunto. Datos de la OIT1 muestran que en 2018, 172 millones de personas en todo el mundo estaban desempleadas, pero que, a pesar de la disminución en comparación con el año anterior, las condiciones de trabajo no han mejorado.
La misma investigación señala que más de 3.300 millones de personas empleadas no tenían niveles adecuados de seguridad económica, bienestar material u oportunidades de progreso, advirtiendo que los empleos creados por la digitalización son cada vez más precarios, temporales y con escasas posibilidades de negociar derechos.
En cuanto a la desigualdad, Oxfam2 señala que el 1% de la población mundial concentra el 99% de su riqueza. Desigualdad que es condicionada por factores como: región, sexo, edad y raza. Mientras los trabajadores europeos se adaptan, no sin pérdidas, a este nuevo proceso del mercado laboral, los países del Sur Global se enfrentan a la falta de acceso a las tecnologías e Internet, lo que genera una distancia abismal en cuanto al tipo de beneficios y capacidades para participar en esta nueva economía.
La división del trabajo internacional es aún más desigual
Una cuestión determinante en el proceso de acumulación de capital y directamente ligada a esta nueva distribución son las cadenas globales de producción, donde existe una clara división entre países que concentran tecnología de punta, desarrollo de productos con alto valor agregado y concentración de «propiedad intelectual» y otros países relegados a una producción con bajo valor agregado, baja capacidad de innovación tecnológica, que se resignan apenas a reproducir o ensamblar productos y equipos.
Este modelo se caracteriza por una producción fragmentada en varios países, llevada a cabo por una empresa matriz, generalmente transnacional, con sede en el Norte Global, que se encuentra lejos de donde se producen y/o comercializan los productos. La publicación Cadenas Globales de Producción y Acción Sindical, de la Confederación de Trabajadores de las Américas (CSA) muestra que el 20,6% del trabajo global forma parte de las largas cadenas productivas3, donde la mayor parte de la fuerza laboral no es reconocida por las empresas matrices, ignorando los derechos de millones de trabajadores en todo el mundo.
Dentro de este mapa de la división de la producción internacional, ¿cuáles son los empleos y sus características para los países latinoamericanos? El 95% de la fuerza laboral de 25 multinacionales que operan en América Latina (El Salvador, Panamá, Costa Rica, Brasil, Argentina) está compuesto por trabajadores ocultos. Hay 17 trabajadores ocultos en estas cadenas por cada trabajo directo. 4
De hecho, nuestra región en particular continúa profundizando su especialización como proveedora de materias primas de origen mineral o agrícola, ubicadas en las primeras fases de las cadenas, mientras que pierde peso en las etapas de mayor elaboración, ubicadas en las fases superiores.
Al estructurar grandes cadenas de producción, las empresas transnacionales pueden trasladar las cargas sociales, ambientales y laborales y las amenazas para la institución a los últimos eslabones de la cadena, a empresas locales ubicadas en los países del Sur, mientras que los principales beneficios se concentran en las manos de las empresas matrices, generalmente en el Norte, pero también en países como Brasil y México que son sedes de estas empresas matrices.
La precarización de los derechos como tendencia
Un estudio5 de la OIT muestra que entre 2008 y 2014, 110 países se sometieron a reformas legales para debilitar la legislación laboral, aumentando las horas de trabajo, fomentando los contratos temporales, el despido colectivo e interfiriendo en la negociación colectiva y las formas de contratación.
Las reformas en curso en Brasil desde 2016 están fuera del período de investigación de la OIT, pero forman parte del mismo patrón de recorte de los derechos adquiridos históricamente, favoreciendo así a una mayor inseguridad laboral, la tercerización y los ataques a las organizaciones sindicales.
Los cambios cada vez más rápidos de los modos de producción y el aumento del nivel de desempleo señalan un futuro poco promisorio para la clase obrera, si no se reformulan estas normas y si la legislación no se adapta a las nuevas características para garantizar la preservación de los derechos y la protección de los trabajadores.
Brasil en este contexto
En este marco, la realidad brasileña se agrava tras los reveses que se vienen dando desde 2016, con la destitución de la presidenta Dilma Rousseff y con los gobiernos de Temer y Bolsonaro, caracterizados por el desmantelamiento de las políticas sociales y laborales, así como por una inversión cada vez menor en tecnologías y la priorización de las economías primarias, lo que plantea una perspectiva bastante desafiante para el futuro del trabajo en el país.
Dentro de la economía mundial, Brasil profundiza su rol como uno de los principales exportadores de productos básicos minerales y agrícolas, que tienden a caracterizarse cada vez más por un alto grado de automatización y robotización, con poca generación de empleo y un gasto cada vez mayor en energía y recursos naturales.
Esta realidad transfiere no sólo más empleos precarios a estas regiones, sino también modelos económicos basados en la primarización y exportación de bajo valor agregado y, frecuentemente, con altos costos ambientales y sociales.
Frente a una política de Estado que no prioriza las inversiones en investigación y tecnología y la diversificación de la economía, los trabajadores son vulnerables ante una dinámica de mercado cada vez más cruel y agresiva. En tiempos de disputa mundial por el control de las ganancias obtenidas de la alta especialización de la economía, el proyecto del gobierno que hoy ejerce el poder en Brasil, vinculado al ultraliberalismo internacional, renuncia subordinadamente a las posibilidades de obtener beneficios de las nuevas tecnologías para el desarrollo del país.
El papel del Estado y la democracia
Los Estados fuertes y democráticos son fundamentales ante una dinámica económica cada vez más rápida que exacerba las desigualdades. Por otra parte, es necesario incorporar al actual proceso de transformación las políticas sociales y económicas que garanticen derechos más justos y posibilidades de competitividad, como formas de compensación ante los rápidos cambios en el mundo del trabajo. El tema de las tecnologías y su papel en la economía no es una cuestión de determinismo tecnológico, sino de su control y aplicación en beneficio de la mayoría de la población. El Sur Global en general tiene poca participación en este debate, acaparado por las economías desarrolladas y especialmente por las grandes empresas transnacionales.
Al no tener el protagonismo en esta disputa, nuestras economías y países refuerzan el papel que se les otorga en la distribución internacional del capital como fuentes de materias primas, proveedoras de energía y mano de obra barata.
Dada la tendencia al desmantelamiento acelerado de las capacidades regulatorias y de control por parte de las instituciones estatales en Brasil, la población trabajadora se encuentra sin mecanismos de protección y defensa. El sector privado brasileño, el mayor beneficiario del golpe judicial, legislativo y mediático, ha recibido diversos tipos de beneficios desde 2016 (impuestos, condonación de deudas con el Estado, facilitación e incentivos en la privatización de empresas públicas, entre otros), además de ser el principal promotor de las contrarreformas laborales implementadas por los gobiernos de Temer y Bolsonaro.
En este contexto, también existe una creciente tendencia a desconocer los mecanismos de intermediación social construidos desde la redemocratización, así como la criminalización de las diversas formas de organización social en el campo y en la ciudad.
Transición justa como estrategia sindical frente a los cambios en el mundo del trabajo
Frente a un contexto de ataques, pero entendiendo la urgencia de actuar para hacerles frente, en la actualidad, la bandera sindical de una transición justa puede entenderse como una forma posible y necesaria de responder a un panorama inicialmente devastador para el empleo.
En una perspectiva de cambio del sistema de producción y de las formas de empleo, un debate que presenta ciertas similitudes con relación a los impactos sobre la clase obrera es el del cambio climático y las transformaciones hacia una economía baja en carbono.
Tanto la industria 4.0 como la economía baja en carbono traen consigo cambios fundamentales que implican un alto uso de tecnologías con la sustitución de modelos que afectan a un gran número de trabajadores, lo que plantea retos en cuanto a las respuestas necesarias y urgentes para los trabajadores implicados.
Para una transición justa, abogamos por una política que involucre a los Estados, empresas, trabajadores y comunidades afectadas, donde se garantice que la clase obrera no cargue con la responsabilidad de las transformaciones necesarias o implementadas para una nueva economía, ni de las deudas sociales de las empresas, que no están dispuestas a hacer una transición socialmente justa.
Esta política debe implicar la capacitación de los trabajadores para las nuevas tecnologías y la recalificación e inserción de los trabajadores de los sectores que serán transformados o dejarán de existir, asegurando la participación de los sindicatos y las comunidades en la formulación de las políticas desarrolladas, incluyendo perspectivas como de género, raza y generacional. Implica también conseguir la generación de nuevos y mejores empleos sobre la base del trabajo decente y el respeto a la organización sindical.
Si no se observan esta realidad y esta necesidad, veremos que las nuevas tecnologías ensancharán aún más la brecha entre la precariedad y la miseria sistémica de la clase obrera y las condiciones mínimas para el desarrollo sostenible y la dignidad humana. Si conseguimos tener un control social en la implantación de estas nuevas tecnologías, seremos capaces de crear un trabajo de calidad, con una reducción de la jornada laboral y una mejora de los parámetros de seguridad y salud en el trabajo.
* Daniel Gaio es sociólogo, master en Políticas Públicas de Educación por la Universidad de Brasilia. Funcionario de la Caixa Econômica Federal, dirigente de la Confederación de Trabajadores Financieros (Contraf-CUT) y Secretario Nacional de Medio Ambiente de la Central Única de los Trabajadores (CUT)
Notas:
1 OIT, 2019. Perspectivas sociales y del empleo en el mundo: Tendencias 2019. Disponible en: www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—dgreports/—dcomm/—publ/documents/publication/wcms_713013.pdf
2 Oxfam Internacional, 2016. Uma Economia para o 1%. Disponible en: www.oxfam.org.br/sites/default/files/arquivos/uma_economia_para_o_um_por_cento_-_janeiro_2016_-_relatorio_completo.pdf
3 Confederación Sindical de Trabajadores/as de las Américas, 2018. Cadenas globales de producción y acción sindical. Cartilla didáctica. Disponible en: csa-csi.org/Include/ElectosFileStreaming.asp?FileId=4785
4 Confederación Sindical Internacional, 2017. Escándalo Exportando codicia a través del Canal de Panamá. Disponible en: www.ituc-csi.org/IMG/pdf/frontlines_scandal_2017_es.pdf.
5 ILO, 2015. Labour market reforms since the crisis: drivers and consequences / Dragos Adascalitei, Clemente Pignatti Morano; International Labour Office, Research Department. Geneva: (Research Department working paper; No. 5.
Disponible en: www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—dgreports/—inst/documents/publication/wcms_414588.pdf
www.alainet.org/es/articulo/202298
Daniel Gaio / Revista América Latina en Movimiento
COMCOSUR AL DÍA / AÑO 20 / Nº 2226 / Miércoles 25.09.2019
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3) UNIVERSIDADES PUBLICAN EXHAUSTIVA INVESTIGACIÓN DEL SECTOR DE MEDIOS SIN FINES DE LUCRO DE ARGENTINA COMO APORTE PARA POLÍTICAS PÚBLICAS HACIA EL SECTOR
Observacom/17 de septiembre de 2019
La Red Interuniversitaria de Comunicación Comunitaria, Alternativa y Popular (RICAPP) presentó los resultados de su reciente Relevamiento de los servicios de comunicación audiovisual comunitarios, populares, alternativos, cooperativos y de pueblos originarios en Argentina. El documento contiene información sobre las características técnicas, legales, organizacionales, de acceso a las políticas públicas (formas de sustentabilidad) y producción de contenidos de 289 radios y televisoras.
El objetivo de la investigación, elaborada en forma conjunta y colaborativa entre 11 universidades nacionales, es generar una base empírica como insumo para el diseño de políticas públicas para el sector.
“Ese objetivo se actualiza en el contexto político argentino actual, en el que las transformaciones en el plano normativo, político, económico y tecnológico inciden en las condiciones de sostenimiento y continuidad de las emisoras sin fines de lucro, así como en sus posibilidades de crecimiento. En particular, desde su asunción en diciembre de 2015 el gobierno nacional avanzó en iniciativas y decisiones que tendieron a profundizar la concentración de las comunicaciones en nuestro país”, señala el documento.
El 89,6% de los medios relevados corresponde a las radios, mientras que el 10,4% a emisoras o señales de TV.
Las radios, principalmente se reconocen como medios comunitarios, en tanto, las televisoras lo hacen como cooperativas. “Entre las radios, las que se reconocen como comunitarias alcanzan el 82%, las que se reconocen como populares el 27%, y las que se reconocen como alternativas el 21%. En cuanto a las televisoras, la principal autopercepción es como cooperativas, sumando el 66,7% de los casos. El 43,3% se definen como comunitarias, el 23,3% como populares y 16,7% como alternativas. Un 11,8% de los servicios se definen como indígenas. Se trata de 34 en total: 32 radios y 2 televisoras”, explica el informe.
En términos de distribución geográfica, el estudio advierte la concentración de las emisoras en las provincias de Buenos Aires y Córdoba. “Si analizamos la distribución del sector por regiones geográficas, podemos observar una fuerte concentración en el Centro del país y Bs. As./CABA, ya que en esas dos regiones se concentra el 57,8% de los medios. Le sigue el NOA. Y el resto de los medios se distribuyen de manera equilibrada en Cuyo, NEA y Patagonia… Las televisoras se concentran en Córdoba, Buenos Aires, CABA, Río Negro y Misiones; mientras que las radios se distribuyen en casi todas las provincias, excepto Santa Cruz, y se concentran mayores porcentajes en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y CABA”, sostienen.
Además de la concentración por provincias, se advierte la concentración en zonas urbanas, 57% de las emisoras transmiten en zonas urbanas, 31% en zonas urbanas/rurales y el 10,5% en zonas rurales. Si se suman estos últimos dos, las emisiones en zonas rurales alcanzan el 41,5%.
En relación a las características tecnológicas, el estudio señala que mientras las radios transmiten principalmente a través de la señal analógica, las televisoras se combinan diversas modalidades de transmisión: por señal analógica (33%), por señal digital (27%) y por cable (73%).
En términos de alcance, mientras que para las televisoras predomina una cobertura de entre 10 y 20 km, en el caso de las radios predomina la cobertura que oscila entre 20 y 50 km.
El 90% de los medios relevados cuenta con conectividad a Internet y utilizan aplicaciones digitales para compartir contenidos y comunicarse con sus audiencias.
Las características legales de estos medios presentan situaciones diversas, con predominio de personas jurídicas sin fines de lucro, que representan el 75,8% del sector. A su vez, el estudio destaca que el 83,7% del sector cuenta con algún tipo de persona jurídica legalmente constituida y reconocida por el Estado nacional.
“La LSCA [Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual] establece que los prestadores de servicios de comunicación podrán operar como tales a través de una licencia o autorización -según el caso del que se trae- concedida por el Estado nacional. Entre los medios CPACyPO (servicios de comunicación audiovisual comunitarios, populares, alternativos, cooperativos y de pueblos originarios) consultados, el 64% cuenta con algún tipo de reconocimiento.
No obstante, en la mayoría de los casos se trata de reconocimientos precarios… el 31% se encuentra en condición de plena legalidad. Asimismo, 23,2% cuenta con un reconocimiento precario que no habilita a transmitir, mientras que un 11,1% cuenta con reconocimientos precarios que sí habilitan a transmitir. Finalmente, un 30% no cuenta con ningún tipo de reconocimiento”, detalla el documento.
“Entre los medios que cuentan con reconocimiento legal, el 19% de los medios cuenta con licencia obtenida por concurso o por el art. 49 de la LSCA, el 9,5% posee autorización por pueblo originario y el 2,8% con autorización a demanda para TV por cable”, señala.
En relación a las características organizacionales, el 94,8% de los medios radiales CPACyPO relevados considera que no tiene fines de lucro, mientras que en el caso de las televisoras alcanzan el 93,3%. El 73% de las radios y televisoras consultadas participa de alguna red de medios de comunicación, principalmente en torno al Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO).
Respecto del acceso a las políticas públicas y formas de sustentabilidad del sector, se advierte que entre 2016 y 2018 desciende la presentación de este tipo de medios al Fondo de Fomento Concursable de Comunicación Audiovisual (FOMECA) y se incrementa la distancia entre los que se presentan y efectivamente obtienen el subsidio.
A su vez, este tipo de medios cuenta con escaso apoyo de publicidad del Estado que, cuando lo hay, se concentra en aquellos situados en Buenos Aires (55,9%). “El 2014 marca el mayor porcentaje de medios que lograron acceder a este tipo de recursos, 9,7%. Este porcentaje va a disminuir de manera abrupta a partir del año 2017, alcanzando el 2,1% de los medios en 2018”, dice el relevamiento.
Las dificultades de sustentabilidad contrastan con la elevada transmisión de contenidos locales. El 82% de los medios CPACyPO transmite más de 12 horas diarias, “el 33% de los medios al menos 12 horas de producción local diaria y poco más del 32% transmite entre 6 y 11 horas diarias de este tipo de programación. Luego, el 22% produce entre 12 y 17 hs. de contenidos locales”, explica el informe.
La investigación contó con la participación de 59 investigadores de 11 universidades nacionales: Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV), Universidad de Buenos Aires (UBA), Universidad Nacional de Chilecito (UNDeC), Universidad Nacional del Comahue (UNCOMA), Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), Universidad Nacional de Salta (UNSA) y Universidad Nacional de Tucumán (UNT).
Observacom
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“La izquierda no puede pensar sólo en ganar elecciones. Necesita tener como meta fundamental organizar al pueblo, y recuperar la hegemonía de las ideas de la clase obrera en la sociedad. Recuperar los valores humanistas y socialistas, y practicarlos, como la solidaridad, la defensa de la justicia social y la igualdad entre todos los seres humanos.”
Joao Pedro Stedile – MST (Brasil)
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