1) Contra la prórroga de otro año para la presencia de las tropas uruguayas en Haití
2) Honduras: Los Lencas del COPINH
3) Honduras: Ayuda memoria (I)
4) Uruguay: Ante la puesta en funcionamiento del sistema de vigilancia electrónica “El guardián”
5) Pensamientos de Jorge Zabalza
COMCOSUR INFORMA AÑO 15 – No. 1693 – martes 08.12.2015
COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR
1994 – 19 de junio – 2015 – 21 años
Selección y producción: Beatriz Alonso, Henry Flores y Carlos Casares
Apoyo técnico: Carlos Dárdano
Colaboran:
ALEMANIA: Antje Vieth y Carlos Ramos (Berlín)
ARGENTINA: Eduardo Abeleira, Claudia Korol y Mauricio D’ambrouso (Buenos Aires)
BRASIL: Carlos O. Catalogne (Florianópolis) y Jorge Rossi Rebufello (Maceió)
CENTROAMÉRICA: Gustavo González
ECUADOR: Kintto Lucas (Quito)
HOLANDA: Ramón Haniotis (Amsterdam)
SUIZA: Sergio Ferrari (Berna)
URUGUAY: Jorge Marrero (Santa Rosa), Margarita Merklen (Durazno), Pablo Alfano (Montevideo), Luis Sabini (Piriápolis)
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La patria que construimos es una donde quepan todos los pueblos y sus lenguas, que todos los pasos la caminen, que todos la rían, que la amanezcan todos. SUB COMANDANTE MARCOS
Todas las estructuras del poder popular que estábamos construyendo se hicieron presentes, tomaron voz, en una radio que no quería tanto hablarle al pueblo. Quería que el pueblo hablara. RADIO VENCEREMOS
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NOTICIAS Y TEMAS DE COMCOSUR
1) CONTRA LA PRÓRROGA DE OTRO AÑO PARA LA PRESENCIA DE LAS TROPAS URUGUAYAS EN HAITÍ
En defensa del derecho a la autodeterminación del pueblo haitiano y por el retiro inmediato de todas las tropas de Haití.
2) HONDURAS: LOS LENCAS DEL COPINH
Me dije para mis adentros “grande Galeano, para ellos escribías y ellos te interpretaron” /Gustavo González
3) HONDURAS: AYUDAMEMORIA (I)
El estado aplica trato desigual a medios comunitarios en detrimento de la libertad de expresión
4) URUGUAY: ANTE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA ELECTRÓNICA “EL GUARDIÁN”
Comunicado CAinfo / DATA/ IELSUR
5) PENSAMIENTOS DE JORGE ZABALZA
Convalidados por sus victorias electorales en Francia y Venezuela, los sectores más reaccionarios ocupan posiciones y trincheras desde donde continuar su ofensiva contra los pueblos del mundo. Festejan las corporaciones y los bancos transnacionales… desconcierto e impotencia en el movimiento popular organizado. Se impone comprender el mensaje contenido en las últimas manifestaciones electorales en América Latina y Europa.
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NOTICIAS Y TEMAS DE COMCOSUR
1) CONTRA LA PRÓRROGA DE OTRO AÑO PARA LA PRESENCIA DE LAS TROPAS URUGUAYAS EN HAITÍ
En defensa del derecho a la autodeterminación del pueblo haitiano y por el retiro inmediato de todas las tropas de Haití.
La Coordinadora por el retiro de las tropas de Haití, el PITCNT, la FEUU, el SERPAJ, en conocimiento de que el Parlamento Nacional votará la próxima semana una prórroga de otro año para la presencia de las tropas uruguayas en Haití, en una situación dictatorial, donde Michel Martelly, un presidente impuesto por la OEA en la farsa electoral del 2010, ha gobernado solo, por decreto durante todo el 2015, reprimiendo las protestas pacíficas del pueblo, encarcelando opositores, ocasionando víctimas fatales por la represión, entregando las riquezas y minas de oro a multinacionales, y sumiendo al pueblo en una crisis aún mayor de la que estaba, es quien ahora organiza elecciones junto con la ONU y la MINUSTAH.
Un nuevo fraude electoral
Las dos jornadas electorales del 9 de agosto (parlamentarias y comunales) y la del 25 de octubre (presidenciales) son denunciadas por toda la oposición, y hasta por algún miembro del Partido PTHK de Martelly, como un fraude grotesco con violencias, cambios y desaparición de urnas, falsificación de actas, incendio de locales de votación y de urnas, ametrallamiento de colas de votantes…Como era de esperar el Consejo Electoral Provisorio proclamó al candidato de Michel Martelly, Jovenel Moise, como ganador de la contienda, seguido de Jude Célestin quien tampoco acepta los resultados, debiendo ir a balotaje el 27 de diciembre próximo.
El bloque de los 8 presidenciables opositores, junto al partido Fanmi Lavalas descartan la realización de la segunda vuelta el 27 de diciembre como está anunciado por la «Comunidad Internacional», desconociendo todo lo actuado por este Consejo Electoral Provisorio.
El bloque opositor se une y consolida en la acción y en torno a una plataforma común
Desde el 9 de agosto, el pueblo tomó las calles, rechazando el fraude electoral, congregando a cada vez más sectores de la población, y dejando al gobierno aislado y sin otra respuesta más que la represión.
Multitudinarias manifestaciones son reprimidas sistemáticamente ocasionando muertos y heridos. El domingo 6/12, fueron asesinadas tres personas más, entre ellos un estudiante de nombre Stevenson.
El bloque opositor se ha consolidado en una plataforma donde exige:
– la renuncia de Michel Martelly y su primer ministro Evans Paul
– la renuncia del Consejo Electoral Provisorio
– la liberación de todos los presos políticos.
– la conformación de un Gobierno de Transición que organizará elecciones nacionales, sin intervención de extranjeros y convocará a una Asamblea Nacional Constituyente
– el retiro de todas las tropas extranjeras que ocupan ilegalmente el país.
En defensa del derecho a la autodeterminación del pueblo haitiano y por el retiro inmediato de todas las tropas de Haití
Convocamos el miércoles 9/12 a las 11hs, a manifestarnos frente al Ministerio de Relaciones Exteriores calles, Colonia y Cuareim, donde se entregará una nueva carta exigiendo el retiro inmediato de las tropas, firmada por organizaciones como: PITCNT, FEUU, SERPAJ, Coordinadora por el retiro de las tropas de Haití, SEPLA, REDIU, y personalidades de distintos ámbitos de nuestra sociedad.
Coordinadora por el retiro de las tropas de Haití
COMCOSUR INFORMA Nº 1693 – 08/12/2015 ______________________________________
2) HONDURAS: LOS LENCAS DEL COPINH
Me dije para mis adentros “grande Galeano, para ellos escribías y ellos te interpretaron”
Gustavo González /Diciembre 2015
A las seis de la mañana arrancamos con Ever y Ramón a Intibucá, debíamos visitar a las compañeras y compañeros de COPINH (Comité Organizaciones Populares Indígenas de Honduras).
El trayecto es un ir y venir entre montañas y curvas de derecha e izquierda. Al salid e la carretera principal, entre nieblas por tramos y sol fulgurante por otros ¡una maravilla!, nos acompañaba además la música de Silvio y Maná por momentos.
Llegados al poblado La Esperanza, giro a la izquierda y por un serpenteante camino de tierra , llegamos a UTOPÍA enorme casa en el medio del campo, sede central del COPINH. Allí nos estaba esperando Pascacia, con su vestido ancestral y con una sonrisa nos dijo simplemente “buenos días, los estamos esperando, ya llegan los demás”. Y se armó la reunión, nos contaron de sus luchas por la defensa del territorio Lenca, hoy rodeado de multinacionales extractivitas que siguen buscando oro, como en tiempos de la Colonia. La resistencia de la COPINH y su pueblo Lenca no para. Cuentan con mucho orgullo sus avances y nos marcan su preocupación por el tema de la vivienda de su gente. Por cierto que ya nos comprometimos para ver qué se puede hacer, siempre algo haremos, ganas nos sobran.
Entre las tantas preguntas, se me ocurrió preguntarles y el nombre Utopía cómo lo eligieron. Berta me contesta, es que habíamos leído a Gaelano y nosotros como él dice vamos detrás de la UTOPÍA. Algo corrió por mis venas, más siendo uruguayo. Me dije para mis adentros “grande Galeano, para ellos escribías y ellos te interpretaron”.
Han generado un circuito de radios comunitarias muy interesante e importante para estar comunicados con todas las comunidades Lencas. Tengamos en cuenta que a varias comunidades solo se llega montado en mulas.
Bueno y el regreso, el regreso vino cargado nuevamente de utopías. Seguro volveremos con We y algo haremos, no tengo dudas.
Gustavo González (FUCVAM) / relatos
COMCOSUR INFORMA Nº 1693 – 08/12/2015 ______________________________________
3) HONDURAS: AYUDAMEMORIA (I)
El estado aplica trato desigual a medios comunitarios en detrimento de la libertad de expresión
Monitoreo de periódicos diarios de Honduras /Honduprensa, 02.07.2015
El derecho de las comunidades indígenas y negras a operar libremente frecuencias de radio y las normas restrictivas y segregarias impuestas por el Estado de Honduras destacaron en el Foro: Los Medios Comunitarios y el Derecho a la Comunicación organizado por el Colectivo Josefa Lastiri.
En la primera intervención, el dirigente de la Coordinadora Indígena del Poder Popular de Honduras (CINPH), Salvador Zúniga destacó el papel de las radios comunitarias del occidente del país como radio Morazanista (en la Esperanza, Intibucá) y Taragual (que emite su señal en la Iguala Lempira), emisoras que acompañan procesos en contra de la privatización de los territorios promovidas por empresas transnacionales amparadas por el estado y destinadas a la construcción de represas hidroeléctricas y a la explotación minera a cielo abierto.
“Nosotros trabajamos el tema del derecho a la comunicación, el derecho a la libre expresión que está reconocido en varios instrumentos jurídicos nacionales e internacionales”, sostuvo Zúniga.
Zúniga destacó que estamos conscientes que estos derechos hay que trabajarlos a partir de medios con una visión contra hegemónica , con una visión emancipadora.
Salvador Zúniga dirige la radio Morazanista que opera en frecuencia libre con una potencia de 200 watts en La Esperanza, Intibucá y señaló que han solicitado a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) la obtención de un título habilitante.
Entretanto el Coordinador de la Asociación Mundial de radios Comunitarias (AMARC) capítulo Honduras y coordinador de comunicación del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), Tomás Membreño apuntó que la organización cuenta con 5 radios comunitarias en el occidente del país.
Nuestra misión es llevar nuestras luchas contra la privatización del río Gualcarque del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca para denunciar la criminalización y las campañas de desprestigio contra el COPINH y contra la comunidad indígena, que la están asesinando, denunció el comunicador social.
Membreño destacó que la presencia de radios comunitarias ha permitido organizar a las comunidades en la lucha por los bienes comunes y que como pueblo originarios al igual que los pueblos garífunas son dueños de los territorios y por ende dueños del espectro radioeléctrico, lo que les permiten operar en frecuencia libre, amparada por el artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El comunicador social denunció como una violación al derecho a la comunicación en el país, una disposición de la CONATEL en la que establece que para poder optar a un título habilitante, las radioemisoras comunitarias deben pertenecer a la Asociación de Medios Comunitarios de Honduras (AMCH).
Pueblos originaron preparan la propuesta de una nueva Ley de Telecomunicaciones
Membreño adelantó que tanto AMARC como la Red Mesoamericana están trabajando en una propuesta de Ley de CONATEL, para “que esa propuesta sea desde nuestras comunidades, que sea participativa y que sea de acuerdo a nuestras necesidades”.
“El estado no debe cobrarnos el canon (impuesto anual) para operar nuestras emisoras, más bien debe pagarnos porque somos nosotros los que cuidamos los territorios, somos quienes estamos en contra de las privatizaciones, en contra del robo del oxígeno, de los bosques, de los minerales y del agua, que beneficia a todos y todas las hondureñas.
Por su parte la periodista, defensora de derechos humanos y Coordinadora de la Iniciativa Periodismo y Democracia, Dina Meza destacó que estos espacios promovidos por el Colectivo Josefa Lastiri permiten hacer “una experiencia de demanda ciudadana ante un estado donde la libertad de expresión se está convirtiendo cada vez más en un sueño”.
Meza apuntó que la Iniciativa Periodismo y Democracia tiene el objetivo de apoyar a las comunidades que realizan el ejercicio de la libertad de expresión, pero que están siendo violentados en sus derechos.
La periodista que también es presidenta de PEN-Honduras, dijo que “esta iniciativa también apoya a periodistas que están siendo querellados, porque van caminando silenciosamente dichas querellas promovidas por funcionarios que son intolerantes frente a la crítica”.
Meza destacó que la libertad de expresión ejercida desde medios alternativos como las redes sociales, está siendo bastante vigilada por el estado y citó el caso de la joven Jennifer Padilla (empleada pública) que fue citada a una audiencia de descargo por parte de la Junta Interventora del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) por escribir comentarios acerca de la corrupción en dicha institución y publicarla en su cuenta de facebook.
En este caso, Meza dijo que la joven recibió acompañamiento legal de la Iniciativa Periodismo y Democracia y que espera que éstas acciones disuadan la acción represiva del Estado. También respaldo de otras organizaciones como el Movimiento de Mujeres Visitación Padilla; CIPRODEH; Pen Honduras y C-Libre.
También la periodista y defensora de derechos humanos habló sobre otro caso de acompañamiento como el del comunicador social en La Paz, Gilberto Gálvez, quien enfrenta una querella promovida por una autoridad edilicia de ese municipio.
En relación a la lucha de las radios comunitarias que critican y repudian las pretensiones de los grupos económicos y de las transnacionales en su pretensión de adueñarse de los recursos naturales, la periodista y defensora de derechos humanos dijo que “cuando se tocan estos temas, entonces viene la presión sobre los medios comunitarios, porque desde el estado se está pretendiendo controlar los contenidos de las radios, o sea sobre lo que se va a decir o sobre lo que no debe decirse, cuando el principio de la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señala que la libertad de expresión en todas sus formas y manifestaciones es un derecho fundamental e inalienable e inherente a todas las personas y además un requisito indispensable para la existencia de un estado democrático”.
En relación a los patrones de ataque contra los medios comunitarios dijo que hay revisiones periódicas por parte de CONATEL contra las radios de OFRANEH y COPINH; cobros ilegales de Canon anual a estas radios que están protegidas por el Convenio 169 de la OIT; incendios como el caso de la Radio garífuna Faluma Bimetu, Vigilancia y otras amenazas constantes
Finalmente el director ejecutivo del Comité por la Libre Expresión (C-LIBRE) y miembro del Colectivo Josefa Lastiri, Edy Tábora dijo que en la actualidad analizamos a un estado inquisitivo, que se ha transformado a partir del golpe de estado, se ha creado toda una institucionalidad paralela al estado que conocíamos.
“Ahora hay una concentración del poder en el presidente de la República a través de un órgano que se llama Consejo Nacional de Defensa y Seguridad que cuenta con una Dirección Nacional de Inteligencia como las mejores dictaduras sin ningún control público sobre esta Dirección Nacional de Investigación (DNIC) que es la que nos investiga a todos y a todas”, detalló Tábora.
Leyes y Reglamentos restrictivos que segregan a medios comunitarios
Analizando las leyes que se aplican a medios comunitarios, existen varias normas sancionatorias comenzando por la Ley Marco de Telecomunicaciones, el reglamento de dicha ley sobre la operación y prestación de servicios de difusión con fines comunitarios y además si se comunica a través de internet, se puede aplicar el Reglamento sobre internet, explicó el defensor de derechos humanos.
“Nunca en el país se habla del derecho a la libertad de expresión como un derecho humano, porque todo se regula como servicio”, afirmó Tábora.
Dentro de las criminalizaciones tenemos que a las radios comunitarias se le aplican 4 niveles de normas, por el mismo hecho de existir un Reglamento y no una ley, hay una discriminación a las personas que ejercen el derecho a la comunicación a través de medios comunitarios, dijo Tábora.
Tábora señaló que la razón es que los medios corporativos cuentan con una Ley de Telecomunicaciones que se aplica básicamente para la comunicación a través de esos medios.
“Dentro de estas 4 normas, tanto a la Ley como a los Reglamentos que se aplican las radios comunitarias y a otros medios alternativos de comunicación independientes, se les puede aplicar una sanción que implica cancelación de títulos habilitantes en comunicaciones, o sea la cancelación de concesiones, licencias y permisos de operación de un servicio de telecomunicaciones invocando razones de seguridad nacional, lo que es grave porque la cuestión de seguridad nacional puede implicar absolutamente todo”, reveló el director ejecutivo de C-LIBRE.
La denegación de títulos habilitantes en telecomunicaciones, la denegación del otorgamiento de concesiones, permisos, licencias o registros en telecomunicaciones por motivos de seguridad nacional, interés público, capacidad técnica y económica, son las tres principales situaciones para “segregar” el acceso al derecho a la comunicación.
Por otro lado Tábora indicó que una de las viejas criminalizaciones es la censura sobre publicaciones, cuando aún está vigente la Ley de Emisión del Pensamiento de 1955, que establece que se puede prohibir cualquier circulación de publicaciones, porque no se permite que perjudiquen o divulguen doctrinas disolventes que socaven los fundamentos del Estado o de la familia.
“Digamos que en una radio comunitaria se discuta el aborto, eso da pie a cancelar por ejemplo una radio, o digamos a someterla a un procedimiento disciplinario y posteriormente a una sanción o cualquier tema que se considere que vaya contra la familia o contra los fundamentos del Estado”, detalló el defensor de derechos humanos.
Tábora también citó que por ejemplo el que una radio comunitaria llame a una manifestación de las antorchas, el Estado para neutralizar la demanda ciudadana podría decir que ello va contra los fundamentos de este mismo Estado, porque está en contra de uno de los poderes, que sería el presidente de la República.
El director de C-LIBRE comentó que en la Ley y Reglamentos están contenidas multas por diversas infracciones administrativas, entre ellas usar telecomunicaciones sin autorización del Estado, que tampoco crea las condiciones para obtener los títulos habilitantes para ejercer el derecho a la comunicación en el país.
Por otro lado, Tábora apuntó que en la Ley Marco de Telecomunicaciones establece las inspecciones preventivas por cualquier motivo a quienes tengan una concesión, licencia o permiso, lo que implica que los usuarios de un servicio de telecomunicaciones, al tener internet en nuestra casa o en nuestro teléfono, el Estado puede hacernos inspecciones preventivas o a las redes comunitarias.
Otra amenaza que comentó el director ejecutivo de C-LIBRE, es lo que tiene que ver con el decomiso de los equipos, porque mientras la Constitución establece que no se podrá decomisar ningún equipo de telecomunicaciones para garantizar el derecho a la libertad de expresión, la misma Constitución criticada duramente a nivel internacional, señala que las leyes podrán establecer “censura previa” (artículo 83 del Reglamento de Telecomunicaciones creado en 2012).
Otro aspecto abordado por Tábora fue el la restricción al anonimato, a la que calificó como una de las cosas más terribles en el país.
“O sea el estado vigilante ha llegado a tal momento de legalizar la intervención de las telecomunicaciones entre presentes a través de la Ley de Intervención de las Comunicaciones, donde el estado puede colocar micrófonos en nuestras viviendas y escuchar todo lo que nosotros decimos, pero lo más grave es que el Estado considera que (escuchar) las comunicaciones entre presentes en espacios públicos no es intervención de las comunicaciones, porque los espacios son del Estado”, denunció Tábora.
Honduprensa
COMCOSUR INFORMA Nº 1693 – 08/12/2015 ______________________________________
4) URUGUAY: ANTE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA ELECTRÓNICA “EL GUARDIÁN”
Comunicado CAinfo / DATA/ IELSUR, Montevideo, 3 de diciembre de 2015
Ante la inminente puesta en funcionamiento del nuevo sistema de vigilancia electrónica “El Guardián”, el Centro de Archivo y Acceso a la Información Pública (CAinfo), Datos Abiertos, Transparencia y Acceso a la Información Pública (DATA) y el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR) advierten la insuficiencia de la regulación bajo el cual operará el nuevo sistema, y del alcance limitado de los controles sobre el mismo que se han anunciado en estas horas.
Hace un año un conjunto de organizaciones de la sociedad civil planteamos en el marco del Día Internacional de Derechos Humanos (Declaración pública del 10 de diciembre de 2014) la necesidad de robustecer el debate público en el país y el marco jurídico en materia de vigilancia de las comunicaciones frente a la noticia de la adquisición por parte del Ministerio del Interior de un software que aumenta exponencialmente la capacidad de vigilancia del Estado. En esa oportunidad marcamos la importancia de generar un debate nacional sobre estos asuntos e hicimos un llamado para que el Estado adoptara los estándares internacionales sobre derechos humanos y vigilancia y garantizara la transparencia y rendición de cuentas ante la futura implementación de El Guardián.
Hoy vemos intentos por avanzar en la generación de mecanismos de control y rendición de cuentas, pero sin embargo estos son claramente insuficientes. La puesta en funcionamiento del nuevo sistema de vigilancia electrónica se da sin que se haya generado un amplio debate a nivel de la sociedad y del sistema político, debate que aspirábamos pudiera transformarse en una oportunidad para avanzar en el fortalecimiento del marco jurídico que hoy existe en el país en torno a la protección de la privacidad de las comunicaciones, la vigilancia por motivos de seguridad, y los nuevos desafíos para la protección de los derechos humanos en la era digital.
…
Este martes 1 de diciembre, el Ministerio del Interior, la Fiscalía General de la Nación y la Suprema Corte de Justicia firmaron un memorando de entendimiento bajo el cual se establece un “Protocolo de Actuación para interceptaciones legales de comunicaciones”. Según se ha informado, este sería el último paso para que el nuevo sistema comience a operar definitivamente.
En esta oportunidad el documento fue publicado para su conocimiento público, lo cual constituye un avance en el cumplimiento de estándares de transparencia en relación al escenario de secretismo anterior.
En primer lugar corresponde señalar que el memorando de entendimiento firmado por los tres organismos refiere al Sistema Automatizado de Interceptaciones Legales (SAIL) y no al sistema de colección de datos El Guardián. A través de este instrumento la sociedad conoce la existencia de un nuevo sistema informático asociado a El Guardián diseñado por el Ministerio del Interior, sin conocerse bajo qué criterios se ha realizado este proceso. No sabemos qué tecnología se utilizó, si se cumplen con los estándares de la ley 19179 (software libre) y que términos de uso tendrá la información personal que el sistema recabe. Aunque el comunicado refiere a que el SAIL ha sido desarrollado por el Estado poco se explica de los criterios para crearlo y la gobernanza del mismo.
Explica el Protocolo que este sistema dará soporte administrativo al flujo de solicitudes de interceptación, decisiones de los magistrados penales, y respuestas de las empresas de telecomunicaciones. Según se lee en la cláusula primera, el Poder Judicial y la Fiscalía General de la Nación tendrán acceso “únicamente” al sistema de diligenciamiento de solicitudes. Por tanto es importante precisar que el Poder Judicial no tendrá control directo sobre El Guardián, sino sobre el software que habilita su funcionamiento.
En segundo lugar según dispone el memorando, los tres organismos intervinientes acuerdan “garantizar la mayor reserva de las actuaciones tendientes a la instrumentación del sistema informático de interceptación legal de comunicaciones” y se comprometen a generar controles internos en el uso del SAIL. Por el contrario, entendemos que el principio rector debería ser el opuesto: todas las partes deberían de dotar a este proyecto de la máxima transparencia en sus operaciones, y rendir cuentas a la sociedad en su conjunto y al sistema político en general sobre su uso, siendo la reserva la excepción en función de los principios de proporcionalidad y necesidad1 que deben orientar la aplicación de todo límite al derecho de todas las personas a estar debidamente informada sobre los asuntos públicos.
En cuanto al SAIL el Protocolo le atribuye al Poder Judicial y al Ministerio Público competencias para implementar auditorías sobre la correspondencia entre las medidas de interceptación legal dispuestas por los jueces penales y las cumplidas por las operadoras de telecomunicaciones. A tales efectos trimestralmente el Ministerio del Interior remitirá un reporte a la Suprema Corte de Justicia sobre las solicitudes de interceptación gestionadas en el sistema automatizado. En ese reporte la Secretaría de Estado deberá detallar cuantitativamente las solicitudes de interceptación legal de las comunicaciones ingresadas al SAIL y las aprobaciones y rechazo por cada juez penal, así como los tipos y cantidad de medidas dispuestas, discriminadas por operadora telefónica.
Sin embargo, el Protocolo no avanza en estándares de transparencia y rendición de cuentas sobre la utilización del sistema de vigilancia hacia la sociedad en su conjunto. En este sentido no incluye disposiciones que estipulen preceptivamente la transparencia activa de dichos reportes y sobre el resultado de los controles que se ejercerán.
Asimismo corresponde señalar que estas garantías que se programan en el referido Protocolo están reguladas en un memorando de entendimiento y no en una norma de rango legal, siendo que los estándares internacionales recomiendan que todos estos aspectos queden establecidos legalmente.
…
En consecuencia, hacemos notar que si bien la implementación del nuevo sistema de vigilancia electrónica en nuestro país se dará bajo la garantía de una autorización judicial previa, el marco legal a partir del cual se pondrá en práctica el sistema es inadecuado.
La interceptación de las telecomunicaciones es una posibilidad contemplada por nuestra legislación. Sin embargo la regulación específica es limitada y no comprende aspectos fundamentales que debieran ser conocidos previamente por toda la sociedad antes de la puesta en funcionamiento del nuevo sistema de vigilancia. Es pertinente recordar que la interceptación de comunicaciones sólo es legítima bajo ciertas circunstancias muy estrictas como lo indican los estándares internacionales en función del riesgo que éstas prácticas encierran para la libertad de expresión y el derecho a la privacidad.
El marco legal hoy vigente no determina con claridad el tipo de datos sobre nuestras comunicaciones a los que podrá acceder El Guardián. Tampoco la sociedad en su conjunto conoce la política sobre conservación de datos de las comunicaciones que tienen hoy las empresas de telecomunicaciones en Uruguay, ni qué obligaciones ha impuesto el Ministerio del Interior estas empresas para la implementación del Sistema El Guardián. Entendemos que todos estos aspectos requieren ser explicitados, garantizándose el acceso a la información, la rendición de cuentas y la transparencia en todos los aspectos que hagan a la implementación del nuevo sistema de vigilancia electrónica.
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1- La limitación debe ser necesaria para alcanzar un objetivo legítimo, así como proporcional al objetivo y la opción menos perturbadora de las disponibles. Por otra parte, debe demostrarse que la limitación impuesta al derecho (una injerencia en la vida privada, por ejemplo, con el fin de proteger la seguridad nacional o el derecho a la vida de otras personas) tiene posibilidades de alcanzar ese objetivo. Es responsabilidad de las autoridades que deseen limitar el derecho demostrar que la limitación está relacionada con un objetivo legítimo. Además, las limitaciones al derecho a la privacidad no deben vaciar el derecho de su esencia y deben ser compatibles con otras normas de derechos humanos, incluida la prohibición de la discriminación. Si la limitación no cumple esos criterios, es ilegal y/o la injerencia en el derecho a la privacidad es arbitraria” ( Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos – A/HRC/27/37, párr.. 23).
Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo)
CAinfo / DATA/ IELSUR
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Convalidados por sus victorias electorales en Francia y Venezuela, los sectores más reaccionarios ocupan posiciones y trincheras desde donde continuar su ofensiva contra los pueblos del mundo. Festejan las corporaciones y los bancos transnacionales… desconcierto e impotencia en el movimiento popular organizado. Se impone comprender el mensaje contenido en las últimas manifestaciones electorales en América Latina y Europa.
Jorge Pedro Zabalza, 7 de diciembre de 2015
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