1) Lula, héroe en desgracia, deja a Brasil huérfano de líderes-
2) Turquía: El golpe no falló, ha sido un éxito total-
3) Congo: Las comunidades contra los bancos-
4) La guerra del Estado griego contra los movimientos de base-
5) Trump colecciona denuncias y abandonos
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COMCOSUR AL DÍA / AÑO 17 / Nº 2086 / NOTICIAS Y PENSAMIENTOS / Viernes 17 de Agosto de 2016 / Producción: Andrés Capelán
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«Si asumes que no hay esperanza, garantizas que no habrá esperanza. Si asumes que hay un instinto hacia la libertad, que hay oportunidades para cambiar las cosas, entonces hay una posibilidad de que puedas contribuir para hacer un mundo mejor. Esa es tu alternativa». — Noam Chomsky
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1) Lula, héroe en desgracia, deja a Brasil huérfano de líderes
Mario Osava (IPS)
Líder singular, con tintes de heroísmo, de una generación política en extinción en Brasil, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva enfrenta dos procesos judiciales que pueden poner fin a su carrera.
La erosión de su popularidad por los escándalos de corrupción que arruinaron el sistema partidista, especialmente su Partido de los Trabajadores (PT), no han extinguido su liderazgo y la posibilidad de recuperar el respaldo de amplios sectores de la población, indican encuestas recientes. Su nueva candidatura a la presidencia en 2018, con probable éxito ante la inexistencia actual de oponentes a su altura, es un sueño personal, del PT y de otras fuerzas de izquierda, que la justicia puede desvanecer.
Es lo que alimenta acusaciones del PT de que el Ministerio Público Federal (fiscalía general) y los jueces que investigan a Lula actúan en alianza con la derecha, que ya triunfó al lograr abrir en mayo un proceso de destitución de la suspendida presidenta Dilma Rousseff, que el parlamento concluiría este mes o a comienzos de septiembre. Lula, quien gobernó el país entre 2003 y 2011, es investigado por haber recibido supuestamente favores de constructoras involucradas en las multimillonarias desviaciones de recursos de la corporación petrolera estatal Petrobras.
Además, otro tribunal decidió el 29 de julio enjuiciarlo por el cargo de intento de obstrucción de las investigaciones sobre ese escándalo, que ya involucra a más de 200 empresarios y políticos. La presión judicial sobre Lula “busca impedir su candidatura en 2018, pero tiene consecuencias más profundas, intensifica la polarización y radicalización política que pueden llevar a una situación como la argentina, de peronistas contra antiperonistas”, teme Fernando Lattman-Weltiman, profesor de la Universidad del Estado de Río de Janeiro.
“La destrucción sistemática de líderes políticos produce inseguridad, por involucrar instituciones que deberían ser apartidarías, como el Ministerio Público y la justicia. No importa que sus decisiones sean correctas, son marcadas por el contexto polarizado, a cualquier actitud se mira con un sesgo partidarizado”, explicó a IPS. “Así la legitimidad de todo sufre una corrosión, en un círculo vicioso, un túnel sin fin. La misma imagen del Supremo Tribunal Federal (STF) ya está comprometida, arañada por algunos fallos”, acotó el profesor de ciencia política.
La percepción de que Lula es perseguido por la llamada operación Lava Jato (autolavado de vehículos), gana adeptos, especialmente entre sus partidarios, desde marzo, cuando fue sometido a una detención coercitiva para interrogarlo –una medida restringida a quienes se resisten a la autoridad-, y se grabaron y difundieron diálogos telefónicos con Rousseff. Las dos medidas, adoptadas por el juez federal Sérgio Moro, que con base en la sureña ciudad de Curitiba conduce la operación sobre la red de sobornos establecida desde Petrobras, fueron consideradas ilegales o inadecuadas por numerosos juristas, incluso miembros del STF.
El expresidente recurrió al Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el 28 de julio, para denunciar que es víctima de violaciones de garantías fundamentales en las investigaciones en su contra. El recurso se basa en el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos , adoptado por la ONU en 1966 y que Brasil ratificó en 1992. Los abogados de Lula consideran que el juez Moro violó cuatro disposiciones del Pacto sobre detenciones arbitrarias, la presunción de inocencia hasta la condena judicial, interferencias en la privacidad y el derecho a un tribunal imparcial.
El temor a arbitrariedades del juez, que mantiene a decenas de acusados sin condena, fue lo que llevó a la presidenta Rousseff a designar a Lula como ministro de la Casa Civil (gobernación) en marzo, dos meses antes de que el parlamento le abriese a ella un juicio político por alegadas irregularidades fiscales. Los tribunales suspendieron el nombramiento, ante sospechas de que se trataba de una maniobra para obstruir el proceso contra Lula, ya que los ministros solo pueden ser investigados y juzgados por el STF. Agravó la situación de Lula, en lugar de protegerlo.
La acusación de obstruir a la justicia lo convirtió ahora en un reo.
Lula habría ordenado a un senador del PT sobornar al exdirector de Petrobras, Nestor Cerveró, para evitar su colaboración con la justicia y las consecuentes revelaciones sobre la corrupción en la empresa, encabezada por dirigentes de varios partidos y grandes constructoras. El plan fracasó. El ahora exsenador Delcidio Amaral fue detenido en noviembre de 2015 por proponer una fuga del país a Cerveró, en un diálogo grabado y entregado a la policía. Luego se acogió a la llamada “delación premiada”, que reduce las penas a cambio de acusar a otros implicados en un caso, y denunció a Lula. Como enjuiciado, junto con Amaral y otros cinco reos, por un tribunal de Brasilia, y no de Moro, Lula parece tener una condena asegurada.
Una ratificación de esa más que probable condena en primera instancia por un tribunal superior antes de 2018 lo inhabilitaría como candidato a la presidencia, por una reciente ley que hace inelegible a los que tienen “ficha sucia”. El expresidente afronta también investigaciones de fiscales y policías orientados por Moro, sobre favores que le prestaron grandes constructoras, que ya reconocieron haber desviado mucho dinero de proyectos de Petrobras y se aprestan a revelar todo. Esas empresas hicieron costosas reformas en un departamento playero y una casa de campo que el Ministerio Público sospecha que son propiedad de Lula, aunque están a nombre de terceros.
El cerco se cierra contra el antiguo obrero, hijo de campesinos que migraron del Nordeste a las afueras de la metrópoli de São Paulo en los años 50, para huir de las sequías y la miseria. Su biografía, de trabajador infantil a obrero metalúrgico que perdió el dedo meñique de la mano izquierda en un torno, para ser luego líder sindical, fundador del PT y presidente más popular de Brasil, compone una hazaña mítica que, sumada a sus políticas de reducción de la pobreza, difícilmente borrarán tropiezos judiciales, ya matizados por su defensa.
“Fue el único líder que pudo haber hecho las reformas que Brasil tanto necesita, como la política, la tributaria y la de leyes laborales. Tenemos demasiado impuestos, un sistema político que no funciona y estimula la corrupción”, lamentó Doubel Macedo, veterano ingeniero químico de una empresa de construcción y petróleo. Durante sus dos mandataros cuatrienales, “Lula contó con el mercado a favor, la economía creciendo con el alto precio de los productos básicos, hasta los empresarios lo apoyaban, era casi una unanimidad nacional, con fuerza para transformar el país y superar las trabas al desarrollo”, opinó a IPS. No hay otros líderes de su nivel actualmente, señaló el ingeniero, destacando que no es petista ni izquierdista.
Con su ausencia y la proscripción de otros dirigentes de “segunda línea”, casi todos acusados de corrupción, se corre el riesgo de que sea elegido en 2018 el polémico expresidente Fernando Collor, que en 1992 se convirtió en el primer mandatario inhabilitado en el país, advirtió.
Editado por Estrella Gutiérrez
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 17 DE AGOSTO DE 2016
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2) Turquía: El golpe no falló, ha sido un éxito total
Augusto Zamora R. (Rebelión)
El rápido fracaso de la asonada militar en Turquía ha llevado a considerarla un golpe de estado fallido cuando ha ocurrido todo lo contrario. Transcurrido casi un mes desde la asonada, algo evidente puede concluirse.
Contrariamente a lo que se ha creído, el golpe de estado no fracasó: ha sido un éxito absoluto y todos sus objetivos han ido siendo alcanzados a lo largo de estas semanas por el promotor del golpe, el presidente Recep Tayyip Erdogán, a quien sería preciso felicitarlo por su audaz y exitosa jugada. Para alguien modestamente enterado de la dinámica de un golpe de estado militar –de los de verdad-, sobre todo cuando el ejército golpista tiene una vasta experiencia –caso de Turquía-, nada encajaba en la asonada militar.
De entrada, los golpistas no buscaron capturar al presidente, sino que éste voló, tranquilamente, del balneario donde estaba ¿descansando? hasta el aeropuerto de Estambul el cual, cosa curiosa, no había sido tomado por los golpistas. Éstos cañonearon el Parlamento, donde no había nadie, pero fueron incapaces de controlar la televisión estatal, a la que llegó –milagros de Alá- un mensaje por teléfono móvil de Erdogán, que fue retransmitido de inmediato (los militares se habían retirado). Un ejército que posee más de 3,700 tanques sacó unos cuantos a la calle que ‘la multitud’ dominó tan fácilmente que los soldados parecían instruidos no para luchar, sino para rendirse. Más que asonada, payasada.
Demasiadas preguntas quedaban sueltas: ¿no es sorprendente la rapidez con que ha venido sucediendo todo en Turquía, desde la asonada militar a la represión general, sin que ningún general se queje? ¿Todos los 700.000 militares educados en el kemalismo y el golpismo ahora obedientes como colegiales, mientras Erdogan realiza purgas de escándalo? ¿Está realmente sólo Erdogán en esta aventura o hay un poderoso padrino detrás, lo que explicaría tanta obediencia? ¿O son varios los padrinos?
Nada absolutamente que ver entre esta asonada y el golpe militar de septiembre de 1980, dirigido por el general Kenan Evren. Ese año, los golpistas detuvieron a unas 650.000 personas, fueron ejecutadas más de 7.000 y registraron a casi dos millones de personas como sospechosas de ser ‘criminales’. En el poder estuvo Evren hasta 1989. Excepción hecha del número de víctimas, el golpe de Erdogán (o contragolpe, si algún purista desea llamarlo así), guarda similitudes con el de Evren. Inmediatamente después de haber ‘fracasado’ la asonada militar, don Recep Tayyip inició una purga implacable contra todos sus enemigos políticos, reales o potenciales, en todas las instancias del Estado, desde el Ejército hasta el Ministerio de Educación, superando la cifra de represaliados las 70.000 personas, incluyendo 42.000 maestros y académicos universitarios (gremios asazmente peligrosos, como bien se sabe), más de 3.000 jueces y personal judicial (ingratos al poder) y hasta 1.400 trabajadores de banca (que no banqueros: a esos, como al teflón, nunca se les pega nada en ninguna parte del mundo).
Pensar que estas purgas no estaban preparadas sería pecar de extrema ingenuidad. Meses debía llevar el señor Erdogán elaborando minuciosamente los listados, para que no quedara nadie libre de culpa, ni siquiera los enemigos muertos. Es aquí donde la asonada encontraría explicación. Fue animada desde el poder para servir de pretexto para encubrir el verdadero golpe de estado, civil, dirigido a tumbar todo atisbo de oposición al proyecto autoritario e islamista de Erdogán, sobre todo en lo referente al Ejército, que el presidente turco desea ver recluido, como nunca antes, en sus cuarteles.
¿Por qué el golpe? Todo parece apuntar al proyecto más querido de Erdogán, que es islamizar Turquía y convertirse él en el faro-guía del mundo musulmán, para rivalizar con la potencia creciente de Irán, cuya influencia –tras el acuerdo nuclear- no cesa de crecer en Oriente Medio y Próximo, frente a una Turquía que ve cada día más reducida su influencia. Porque Turquía tiene casi dos décadas de frustraciones y fiascos. El país vio fracasar el proyecto pan-turco de los años 90, alentado por Occidente, que pretendía hacer de Turquía el hermano tutelar de las repúblicas turcomanas ex soviéticas y al que Rusia le puso fin en los primeros años del siglo XXI. Está viviendo el fracaso de su política intervencionista en Iraq y Siria, en contubernio con la OTAN, usando al Estado Islámico como instrumento. Se hallaba enfrentada a Rusia por el derribo del cazabombardero Su-24, que causó serios quebrantos económicos, políticos y militares a Turquía.
Sufre el ascenso del movimiento kurdo dentro y fuera de sus fronteras, un movimiento apoyado por su querido aliado EEUU y, para remate, veía cómo el islamismo radical empezaba a salírsele de las manos y golpeaba a la propia Turquía… Un ambiente propicio para soñar con rehacer el país, marcar distancia con Occidente, que sólo problemas le ha creado (lo que explicaría sus elogios a la pena de muerte y, sobre todo, su acercamiento a Rusia, con cuyo presidente se reunirá el 9 de agosto) y, por último, para librarla (veremos por cuánto tiempo) de la herencia de Mustafá Kemal, reordenando Turquía desde el islamismo ‘suave’ que profesa Erdogán.
¿Amenaza también de nuevas alianzas para acallar las quejas de Occidente? ¿Con Rusia y China quizás, ante el declive de EEUU? Sorprendente la arrodillada de Erdogán ante Rusia, pidiendo perdón por el derribo del Su-24 y, tras el golpe, ordenando la captura de los pilotos que derribaron la aeronave. Pese a tales gestos, no cabe dudar de que Turquía siga siendo miembro fiel de la OTAN, pues esa raya sí que no puede atravesarla Erdogán, pues tendría que sufrir las iras de EEUU y la UE. Por otra parte, siguen siendo prioridad para EEUU contar con una potencia musulmana aliada que le sirva para contrarrestar a Irán, dado que su peón saudí no tiene talla suficiente para asumir ese desafío. Eso explicaría la indulgencia con que Occidente sigue la situación turca.
Con todo, no pararán las sorpresas en ese país, al que su presidente parece querer devolver a sus esencias asiáticas que –por mucho que se empeñaron Kemal y sus seguidores- nunca ha abandonado. Porque Turquía es asiática y musulmana, pese a todos los esfuerzos de EEUU, atendiendo a su estratégica situación geográfica, por transmutarla en europea por imperativos geopolíticos, contra la voluntad de Europa, que la quiere de perro guardián, pero no de socia, mucho menos de miembro de la UE.
El mundo sigue cambiando, aunque Europa se empeñe en negarse a ver los cambios. Si no hay otro golpe que ponga fin al proyecto de Erdogán (posible, pero no probable por el riesgo de radicalización de los islamistas turcos, que pasarían de perseguidores a perseguidos: Turquía no es Egipto y Occidente no puede darle el lujo de que Turquía se descomponga. Eso sí que sería su naufragio en Oriente Próximo), veremos a dos repúblicas islámicas disputándose la hegemonía en Oriente Medio y Próximo: la atlantista –por ahora- Turquía y República Islámica de Irán, aliada de Rusia y China. La próxima reunión entre Putin y Erdogán dará muchas pistas sobre el derrotero que quiere seguir el presidente turco. Mientras tanto, se admiten apuestas. Desde aquí hacemos una: la OTAN y la UE pierden. Rusia e Irán ganan. China se ríe. Los sauditas lloran.
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Augusto Zamora R., Profesor de Relaciones Internacionales. Autor de Política y geopolítica para rebeldes, irreverentes y escépticos.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 17 DE AGOSTO DE 2016
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3) Congo: Las comunidades contra los bancos
Umoya
Comunidades de la República Democrática del Congo, presionadas por una multinacional controlada por Bancos de Desarrollo, para que cedan los derechos de sus tierras
Durante los últimos días, Feronia Inc., una compañía con sede en Canadá, cuya propiedad es en su mayoría de bancos de Desarrollo europeos y estadounidenses, ha estado presionando a las comunidades locales para que firmen un memorando de entendimiento, MOU, que respaldaría las operaciones en sus territorios de plantaciones de aceite de palma de la compañía continuadas y expandidas.
A pesar de la dura presión y la intimidación, las comunidades han rechazado el memorando y están pidiendo apoyo internacional para exigir a Feronia que respete su decisión.
Especialmente, hacen un llamamiento a los bancos o fondos de Desarrollo que tienen el control en total de más del 80% de las acciones de Feronia, para que respeten sus propias directrices internas con respecto al consentimiento libre, previo e informado de las comunidades. Las instituciones de desarrollo con inversiones en Feronia son el CDC del gobierno de Reino Unido; la Agencia Francesa de Desarrollo, AFD, y el grupo perteneciente a la misma, Proparco, de Francia; la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo, AECID, de España; la OPIC (Overseas Private Investment Corporation) de Estados Unidos; el grupo BIO Invest, de Bélgica; el grupo de inversiones DEG, de Alemania; el Banco de Desarrollo FMO de Holanda y el Secretariado Estatal de Asuntos Económicos, SECO, de Suiza.
El orden de los acontecimientos
El 8 de marzo de 2015, más de 60 jefes tradicionales y otros líderes de comunidades de todo el distrito de Yahuma, donde se situa el 90% de las plantaciones de Feronia en Lokutu, se reunieron en la localidad de Mozité para pedir la resolución de sus quejas sobre Feronia, interpuestas desde hace mucho tiempo. En una declaración afirman que la compañía nunca los consultó sobre el uso de sus tierras y no tiene derecho a estar allí.
“Exigimos, en primer lugar y sobre todo, el comienzo de unas negociaciones para reclamar nuestros derechos sobre las tierras que nos han sido arrebatadas ilegalmente durante los últimos 104 años”, afirman en su declaración. “Queremos ser compensados, y solo después podemos proceder a discutir sobre el Memorando de entendimiento”.
Desde entonces, han tenido lugar varios conflictos con Feronia, cuando la compañía ha intentado enviar a vigilantes a los territorios de las comunidades sin su consentimiento.
El 18 de julio de 2016, una delegación de autoridades provinciales y funcionarios electos de alto nivel fue enviada a Mozité para obtener el consentimiento de las comunidades con el memorando. Uno de los funcionarios electos que participó en esta delegación estaba presente en la reunión del 8 de marzo en Mozité y recibió una copia de la declaración de la comunidad.
Fuentes internas de la delegación confirman que el objetivo de la misma era asegurarse de que la comunidad diera su consentimiento para permitir a Feronia retomar las actividades de vigilancia en sus tierras. Las mismas fuentes también confirmaron que la misión fue pagada por Feronia y que la delegación fue enviada por órdenes recibidas desde Kinshasa.
En la reunión inicial con la delegación en la localidad de Mozité, las comunidades rechazaron categoricamente el memorando propuesto. Pero la delegación continuó presionando a las comunidades para que firmasen el MOU durante los siguientes días, hasta el 21 de julio de 2016, cuando las comunidades se negaron a firmar el MOU una vez más y finalmente, la delegación abandono su misión.Las Instituciones Financieras de Desarrollo violan sus propias normas Las Instituciones Financieras de Desarrollo, IFD, que a efectos son propietarias de Feronia tienen unas directrices que las compañías en las que invierten deben cumplir en sus negociaciones con las comunidades locales sobre la tierra. Los actuales esfuerzos para presionar a las comunidades en Lokutu para que firmen el memorando son una clara violación de estas normas.
Por lo tanto, las Instituciones Financieras de Desarrollo deberían tomar medidas inmediatamente para obligar a Feronia a respetar los derechos y demandas de las comunidades locales y que deje de presionar a dichas comunidades para que firmen el memorando. Las IFD también deben tomar medidas para garantizar la seguridad de los líderes de la comunidad que han sido intimidados a causa de su oposición a la firma del MOU con Feronia.
Feronia todavía debe responder a la clara demanda de la comunidad para que la compañía les muestre evidencias de los derechos legales que dice tener, para operar en sus tierras. Apoyo interno RIAO-RDC y sus socios internacionales apoyan las demandas de las comunidades para que se los devuelvan sus tierras. RIAO-RDC y sus socios internacionales piden al gobierno de la RDC que cumpla con sus responsabilidades y que garantice la seguridad de las comunidades afectadas y de sus líderes, que ahora están bajo amenaza de desaparición y otros actos de intimidación, y piden a la Asamblea Provincial de Kisangani que deje que las comunidades defiendan sus derechos libre y pacíficamente y que se abstenga de presionar a las comunidades para que firmen acuerdos con compañías que afectan a su control sobre sus tierras. RIAO-RDC y sus socios internacionales están solicitando una misión internacional de investigación para que examine e informe de la situación de las comunidades que viven en la zona afectada por las operaciones de Feronia Inc. en la República Democrática del Congo.
Para más información, por favor, contactar con: Jean-Francois Mombia Atuku, RIAO-RDC, +221 773 469621 Ange David Baimey, GRAIN, +233 269 08943
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 17 DE AGOSTO DE 2016
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4) Criminalización de la solidaridad: La guerra del Estado griego contra los movimientos de base
Theodoros Karyotis (Diagonal)
El desalojo de tres centros ocupados para acoger a refugiados en Tesalónica marca otro episodio en la guerra del Gobierno griego contra los esfuerzos de solidaridad de base
A primera hora de la mañana del 27 de julio, familias de refugiados, personas de apoyo que estaban durmiendo en las tres casas ocupadas de alojamiento para refugiadas en Tesalónica–Nikis, Orfanotrofeio y Hurriya– fueron despertados por la policía antidisturbios. En una operación policial bien orquestada, cientos de personas fueron arrestadas. La mayoría de los ocupantes con estatus de refugiados fueron liberados, mientras algunos fueron transportados a centros de recepción controlados por los militares. El resto de ocupantes, 74 personas de más de una docena de nacionalidades diferentes, quedaron bajo custodia policial.
Inmediatamente después del desalojo de Orfanotrofeio, los bulldozers fueron y demolieron el edificio, un orfanato abandonado “donado” hace cinco años a la emprendedora Iglesia Ortodoxa Griega por el anterior Gobierno. Bajo la ruina, han quedado enterradas toneladas de ropa, productos alimenticios y medicinas recolectadas por las estructuras de solidaridad de base para ser distribuidas a las familias de refugiados que lo necesitaran. Horas más tarde, la No Border Kitchen, una estructura autónoma que se dedicaba a alimentar a los refugiados en la isla de Lesbos, fue también desalojada por la policía a la fuerza.
A la siguiente tarde, Policía fuertemente armada trasladó esposados a los 74 ocupantes de los tres alojamientos ocupados a la corte de Salónica. Cientos de personas les recibieron con gritos de ánimo a pesar del debilitador calor del verano griego. Los nueve ocupantes del centro Nikis fueron condenados a cuatro meses de suspensión por ocupación de un edificio público. Los juicios de los 65 ocupantes de Orfanotrofeio y Hurriya se pospusieron por la falta de intérpretes; todos fueron provisionalmente liberados. Los cargos incluyen alteración del orden público y daños a la propiedad – esta última acusación fabricada por los avariciosos propietarios que demandan enormes compensaciones por sus casas largo tiempo abandonadas y sin usar–.
La respuesta de los movimientos al ataque fue rápida e incluyó la ocupación simbólica de la sede de Syriza en Tesalónica y en otras ciudades, marchas y protestas por todo el país, la ocupación de la escuela de Teatro de la universidad local para ser transformada en un centro de lucha, y el rescate hasta un lugar seguro de los refugiados –la mayoría en situación vulnerable– que fueron transferidos de los refugios ocupados a los campos del Ejército. A eso le tenemos que sumar la movilización de un gran grupo legal voluntario cuyo objetivo es organizar la defensa de docenas de activistas separados en tres juicios distintos.
Sin embargo, la respuesta fue asimétrica, ya que la operación policial del miércoles 27 liquidó en sólo un día una gran parte de la infraestructura construida pacientemente a lo largo del pasado año por los movimientos de base en solidaridad con los refugiados. La redada y desalojo de las tres ocupaciones marca, así, otro episodio en la guerra no declarada del Gobierno griego contra los esfuerzos de la solidaridad de base.
Humanidad a pesar de todo
Desde el verano de 2015, cuando Grecia se convirtió en el principal camino a Europa para las personas que huían de la guerra, de la represión y de la pobreza en Asia y África, los que cruzaban el país se encontraban con el pueblo griego, que ha padecido cinco años de tratamiento de shock a base de austeridad y que han visto sus vidas degradadas y sus derechos sociales, políticos y laborales desaparecer en un muy corto periodo de tiempo.
A pesar de la dureza, el calvario de las refugiadas, en general, no se encontró con reflejos xenófobos sino con auténtica empatía y solidaridad por parte de la población. Las voces de la extrema derecha –que tan sólo unos pocos años antes habían estado organizando matanzas contra los migrantes con la colaboración de las fuerzas armadas– fueron marginalizadas y la sociedad griega demostró, en general, una efusión de solidaridad hacia los migrantes.
La vieja máxima xenófoba –“si te gustan tanto los refugiados, mételos en tu casa”– fue, de hecho, puesta en práctica: miles de hogares griegos se abrieron para acoger refugiados, especialmente a los más vulnerables –los enfermos, las mujeres embarazadas y familias con niños pequeños– , a veces como parada intermedia para recuperar fuerza antes de reagruparse con su familia en el norte de Europa, pero a menudo como un acuerdo más a largo plazo. Millones de raciones de comida casera fueron llevadas por parte de gente corriente al campo de Idomeni, donde un gran número de refugiados vivían en condiciones deplorables en tiendas y casas improvisadas, esperando una oportunidad para cruzar la frontera hacia el norte y continuar su camino hacia el norte Europeo.
Solidaridad en movimiento
La cálida respuesta por parte de la sociedad griega significó una victoria moral para los movimientos sociales griegos, que a lo largo de años de crisis no sólo han estado resistiendo el asalto a las clases populares y creando alternativas de base, sino que también han estado combatiendo el racismo, la xenofobia y el fascismo a todos los niveles: en los barrios, en las calles y en el discurso público.
Desde el mismo principio, los recursos e infraestructura de los movimientos sociales, aunque limitados, fueron movilizados para proporcionar apoyo y alivio al máximo número de los cerca de un millón de refugiados que han cruzado el país. La red de las clínicas solidarias –estructuras de voluntarios de base que fueron creadas hace algunos años para ofrecer asistencia sanitaria primaria a los trabajadores griegos y migrantes sin cobertura sanitaria– tomó parte activa en el cuidado de los refugiados y en la denuncia de los riesgos sanitarios en el trato gubernamental hacia ellos. Los centros sociales –notablemente Micrópolis y el Steki Metanaston en Tesalónica, Nosotros y Votanikos Kipos en Atenas, y una multitud de otros– crearon puntos de contacto para refugiados y pusieron sus infraestructuras existentes, como cocinas colectivas, tiendas de comida y guarderías, a su servicio.
Organizaciones locales e internacionales montaron estructuras de asistencia autónomas –en paralelo a aquellas estatales y de las ONGs– en Idomeni y en otras áreas donde los refugiados se concentraban en números elevados. La fábrica ocupada autogestionada de Vio.Me en Tesalónica dispuso un almacén para la recolección, el almacenaje y el transporte de artículos básicos como ropa, artículos sanitarios y comida para bebés que fue recogida por colectivos solidarios de toda Grecia y Europa, previo a ser enviados a la frontera de Idomeni para ser entregados a los refugiados.
Lo más importante, colectivos militantes y grupos de refugiados ocuparon una multitud de edificios vacíos a lo largo de toda Grecia, para usarse como alojamientos para refugiados autogestionados –algunos notables como Notara y City Plaza en Atenas, así como Orfanotrofeio y Hurriya en Salónica. Otros centros de larga existencia abrieron sus puertas a familias refugiadas, incluyendo Nikis, desalojada por la policía el pasado miércoles.
Vendedores de ayuda
Evidentemente, la capacidad de estas estructuras autogestionadas y autofinanciadas para producir un impacto cuantitativo sobre la difícil situación de los casi 57.000 refugiados actualmente atascados en Grecia es limitada. Aún así, marcan una diferencia cualitativa con los esfuerzos de las ONG, entre las que domina el asistencialismo.
Sin duda, el Estado griego, a pesar de todo, ha movilizado recursos para encargarse de la impensable catástrofe humanitaria rescatando a aquellos que intentaron cruzar en bote desde Turquía hacia las islas del mar Egeo. Esto señaló una mejora en comparación a los años anteriores, en los que la Guardia costera griega practicaba a menudo las devoluciones en caliente. En agosto de 2015 fue incluso acusada de intentar hundir activamente barcos llenos de refugiados.
Aún así, para el Estado griego la terrible situación de los refugiados es primeramente una cuestión de orden público y, por consiguiente, un campo para la intervención de las fuerzas armadas. El cuidado de los refugiados y de sus necesidades básicas se deja en manos de cientos de ONG activas en el área –muchas de ellas bien establecidas, otras fundadas de un día para otro– que se aprovechan del flujo de fondos locales y europeos hacia proyectos de asistencia. A pesar del respeto que merecen los esfuerzos desinteresados y extenuantes de los trabajadores de estas organizaciones, que tienen que lidiar con situaciones arduas, a menudo en unas condiciones de trabajo precario y salarios bajos, el monopolio de la ayuda por parte de las ONG significa la privatización de la “solidaridad”; su sumisión a objetivos cuantitativos, leyes de eficiencia y ajuste de presupuesto, de alguna manera significa la creación de nuevos mercados lucrativos a partir de la miseria humana.
Caridad frente a solidaridad
Lo que puede destacarse de los esfuerzos de los movimientos de base en relación a las acciones del Estado y de las ONG es que están motivadas por diferentes imperativos políticos. Contrariamente al flujo de ayuda de las organizaciones ampliamente centralizadas hacia los desempoderados refugiados, la solidaridad de verdad fluye horizontalmente entre iguales. Los que practican la solidaridad se reconocen a sí mismos en el “otro” y están motivados por la empatía, no por la lástima.
En los alojamientos ocupados, gestionados como comunes a través de métodos participativos, los locales y los refugiados cocinan juntos y comen en la misma mesa; toman decisiones juntos en el círculo de una asamblea horizontal; reconocen la cultura de cada uno y las costumbres y superan las preconcepciones y los estereotipos. Contra la forzada segregación, las iniciativas solidarias crean un lenguaje común y un espacio común de acciones para locales y refugiados.
Además, donde la política estatal quiere a los refugiados “escondidos bajo la alfombra” –lejos de las ciudades, hacinados en campos a cargo de los militares en condiciones inhumanas– la solidaridad de base los sitúa en el centro de la vida social, donde pueden ser aceptados e incluidos en la sociedad. Donde las políticas europeas los clasifican y deportan selectivamente según su origen, la solidaridad de base pone en cuestión la distinción entre “migrante” y “refugiado”, ya que en términos humanitarios no es importante si los desplazados están escapando de la guerra, de la pobreza o de regímenes represivos.
Y lo más importante, donde el Estado y las ONG tratan la crisis de refugiadas como si fuera un desastre natural inevitable, la solidaridad de base denuncia las causas de raíz: las guerras imperialistas en Oriente medio, el despojo neocolonial de los granjeros locales por parte de las multinacionales en África y Asia, las políticas inhumanas de inmigración de la Europa Fortaleza y, especialmente, la insistencia en el cierre de fronteras, que fuerza a las poblaciones que huyen hacia las rutas marítimas –lo que tiene como consecuencia una cantidad inmensa de vidas perdidas– y hacia las manos del lucrativo mercado de los traficantes de personas.
La criminalización de la solidaridad
Sin lugar a dudas, la actividad de los movimientos solidarios de base entra en una trayectoria que colisiona con el proyecto de integración europea, que contempla una estricta división internacional del trabajo, poblaciones nacionales en una competición perpetua en una carrera colectiva hasta el final y unas fronteras permeables sólo a los capitales y a los bienes –excluyendo los cuerpos humanos de los migrantes, concebidos sólo como una ejército de reserva de trabajadores sin derechos en los límites de la economía formal–.
En Grecia, el punto focal de la crisis de refugiados, esa colisión tomó la forma de una maliciosa campaña de miedo por parte de los medios de masas contra los esfuerzos de la solidaridad de base, que fueron culpados por todo lo que podía ir mal en los sitios donde miles de personas se hacinaban en condiciones inhumanas como consecuencia directa de las leyes europeas sobre inmigración. En ese tiempo, esos ataques fueron usados como justificación para la exclusión de los movimientos sociales en Idomeni, y posteriormente el desmantelamiento del campo, de los campamentos de refugiados “provisionales” preparados por el estado en antiguas áreas industriales en la periferia de las ciudades griegas. Zonas especialmente controladas fueron creadas donde sólo se dejaba pasar los trabajadores asistenciales “acreditados” y los esfuerzos por interactuar y colaborar con refugiados se encontraban a menudo con represión.
El alarmismo y la represión culminaron durante el No Border Camp en Tesalónica, que tuvo lugar entre el 15 y el 24 de julio, cuando miles de activistas de todo el continente (entre ellos la caravana a Grecia desde el Estado Español) se encontraron para protestar –junto con los refugiados– por las condiciones de negligencia y confinamiento en los campos de refugiados y la impermeabilidad de las fronteras nacionales que han conducido al actual estado de la cuestión. Los reporteros de los principales medios de comunicación documentaron y criticaron cada detalle del No Border Camp, que se celebró ocupando el recinto universitario tras el rechazo de última hora de las autoridades universitarias a dar el permiso a los organizadores. Una cuidadosa y calculada campaña de miedo durante el campamento fue usada para preparar el terreno para la operación represiva del 27 de julio, con el desalojo de los tres edificios ocupados para alojamiento de refugiadas.
Represión y “los valores de la izquierda”
Cierto que en el surrealista clima político en la Grecia del último año, el partido del Gobierno Syriza ha condenado las redadas como un “intento de criminalización de los esfuerzos solidarios que va en contra de los principios y valores de la izquierda”, mientras funcionarios del Gobierno culparon de la operación policial a la iniciativa del fiscal del estado.
Un observador externo podría inclinarse a pensar que el Gobierno simplemente es incapaz de controlar sus propias fuerzas policiales –después de todo, esta excusa es ofrecida rutinariamente por las fuentes pro-gubernamentales, como por ejemplo cuando la policía antidisturbios reprimió violentamente una protesta pacífica por la fábrica autogestionada Vio.Me a principios de julio. De todos modos, si inspeccionamos de cerca, parece obviamente absurdo que una operación policial de tal complejidad, coordinación y tan enfocada al objetivo, pudiera llevarse a cabo sin tener la luz verde de los responsables políticos de la policía.
De hecho, una entrevista con el mencionado responsable, el Viceministro de izquierda de “Protección Civil”, en una radio pro-gobierno en el día del desalojo nos ilumina al respecto. Este texto informativo revela no sólo hasta qué punto los desalojos del miércoles 27 son congruentes con las políticas del Gobierno, sino también el concepto del Ejecutivo sobre el cambio social y las políticas progresistas. Tras dejar claro que la operación tenía su bendición, el ministro caracteriza los alojamientos ocupados como “ocupaciones injustificadas” que constituyen una “caricatura de símbolos” que crean una “ilusión de libertad”. Declara que el Gobierno “no mostrará una tolerancia general hacia esas iniciativas, que, aunque bien intencionadas, no están alineadas con los intereses del Estado”.
En una muy retorcida línea argumentativa, en la que en tan sólo pocos parágrafos invoca “los valores de la izquierda”, “las luchas de la clase trabajadora”, “la protección de los derechos democráticos” y las “necesidades de la sociedad” para justificar el ataque a los movimientos solidarios, declara: “La izquierda no va de autonomía. Es sobre la defensa de los derechos laborales, de la sociedad de los derechos democráticos… No necesitamos las acciones autónomas de un grupo de críos; queremos un movimiento popular de masas, deberíamos dirigir a la juventud hacia los partidos de izquierda”. Concluye acusando a las estructuras solidarias de ser “esfuerzos parciales” que ofrecen ayuda a un reducido número de refugiados, en contraste a los esfuerzos organizados del Estado.
Para decirlo sin rodeos, la sociedad no es ni debería ser sujeto de su propia liberación; es más bien el objeto pasivo de preocupación y el campo de intervención de un gobierno benevolente. Las luchas sociales que no están mediadas por el Estado y por los partidos de la izquierda son o bien infantiles o bien una amenaza a la paz social – probablemente ambas. Sin embargo, esta concepción totalitaria de la sociedad, el espacio público y de la acción colectiva no es nueva para los de izquierdas; sólo que en su encarnación más reciente no está combinada con un bienestar social garantizado por el Estado, sino con el despojo neoliberal y el estado de “excepción permanente”. Una combinación verdaderamente explosiva.
El simulacro de la izquierda
Justo cuando el ministro acababa de alardear sobre la capacidad del Estado para prestar ayuda en comparación a las iniciativas social, un informe realizado por la organización pública Centro Heleno para el Control y Prevención de Enfermedades (KEELPNO) se hizo público. Basándose en una serie de inspecciones sanitarias en dieciséis centros de recepción de migrantes y refugiados de Grecia, concluye que miles de personas están hacinadas en centros en condiciones sanitarias deficientes, con alojamientos precarios, con provisión de agua y sistemas de saneamiento inadecuados. El informe aconseja la inmediata clausura de todos los campos y la integración de los refugiados en la sociedad. Precisamente lo que los movimientos de solidaridad de base, ahora oficialmente perseguidos por “no estar alineados con los intereses del Estado”, han estado demandando desde el inicio de la crisis de refugiados.
Además, el 28 de julio, justo mientras los detenidos en las tres operaciones de desalojo eran provisionalmente liberados pendientes de juicio, una joven siria moría de un fallo cardíaco tras un ataque epiléptico en el campo de Softex, cerca de Diavata, en las afueras de Salónica –una muerte que podía haber sido fácilmente evitada, si hubiese habido atención médica permanente en el campo o la hubieran trasladado al hospital a tiempo. La muerte desató una intensa protesta en el campo con los refugiados demandando unas condiciones de vida humanas.
A pesar de su retórica, las acciones del Gobierno son otra instancia en la que la izquierda es exhortada a acabar lo que la derecha ha sido incapaz de llevar a cabo durante años. Del mismo modo que el tercer paquete de austeridad para Grecia hubiese sido imposible sin un Gobierno que “tuviera los intereses sociales en el corazón” – lloraba el Primer Ministro Tsipras mientras firmaba el nuevo memorándum – una operación represiva tan compleja y calculada como la llevada a cabo en Tesalónica hubiese sido imposible sin un Viceministro de Protección Civil preocupado sobre las “necesidades de la sociedad” y las “luchas de la clase trabajadora”. En una taimada inversión de la visión de la emancipación social de la izquierda, las “luchas de los trabajadores” son usadas para justificar la propiedad privada por encima de la necesidad social; los “derechos democráticos”, para justificar una represión injustificada de los que se alzan en solidaridad con los refugiados; y las “necesidades de la sociedad” se usan para justificar una campaña de desposesión a las clases populares.
Es evidente ahora en Grecia que la izquierda neoliberal y la derecha neoliberal son dos variaciones del mismo proyecto – un proyecto que requiere una población disciplinada, atomizada y obediente, preocupada en maximizar el máximo beneficio individual y que haya renunciado a cualquier tipo de acción colectiva para cambiar la sociedad. Los eventos trágicos de 2015 –cuando la voluntad del pueblo para acabar con la austeridad fue ignorada y una oposición antiausteridad más fue transformada en un garante de los ajustes neoliberales – pueden bien haber empujado en esta dirección, mediante la desmovilización de los movimientos sociales y la generación de una resignación generalizada.
La solidaridad en Grecia está ahora criminalizada, declarada contra los intereses del Estado. Aún así, hay una parte de la población que conserva su determinación por seguir intentando llenar de contenido la palabra “solidaridad”, de arrancarla de las manos de las instituciones represivas, proyectos electoralistas y lucrativas organizaciones sin ánimo de lucro, y transformarla en la base de la aspiración colectiva a una vida mejor, construida desde abajo a arriba en términos igualitarios y participativos.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 17 DE AGOSTO DE 2016
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5) Trump colecciona denuncias y abandonos
(Página12)
Los libros de contabilidad secretos de un partido prorruso revelados por la Oficina Anticorrupción de Kiev, Ucrania, tienen asentados pagos a Manafort por 13 millones de dólares en seis años.
Paul Manafort, el jefe de campaña del candidato presidencial republicano, Donald Trump, recibió durante 6 años casi 13 millones de dólares procedentes de un partido prorruso en Ucrania, según publicó ayer The New York Times. Así consta en unos libros de contabilidad secretos del Partido de las Regiones del ex presidente Víktor Yanukovich, revelados ahora por la Oficina Anticorrupción en Kiev, donde aparecen reflejados pagos en efectivo a Manafort por 12,7 millones de dólares, según el Times.
Los investigadores ucranianos creen que esos pagos, que fueron escritos a mano entre 2007 y 2012 en esos libros, forman parte de un sistema de contabilidad ilegal del partido de Yanukovich, según el periódico neoyorquino. En esos años en Ucrania gobernó el Partido de las Regiones y entre 2010 y 2014 el presidente fue el pro ruso Viktor Yanukovich, actualmente exiliado en Rusia. La investigación llevada a cabo por la fiscalía ucraniana apunta también a una red de empresas establecidas en paraísos fiscales que ayudaron a miembros del círculo cercano de Yanukovich a financiar sus “suntuosos” estilos de vida.
Los investigadores sostienen que Manafort está asociado con la red utilizada para robar los activos y controlar las elecciones en el país. En el pasado mes de julio, Trump fue señalado por su rival demócrata, Hillary Clinton, de tener una posición favorable de la anexión de Crimea a Rusia y por sus comentarios “favorables” hacia el presidente ruso, Vladimir Putin. Los lazos con Rusia y Ucrania entraron de lleno en la campaña electoral estadounidense, cuando el FBI denunció que hackers del gobierno ruso fueron responsables de piratería del Comité Nacional Demócrata contra el entonces candidato Berny Sanders en la interna partidaria. El presidente estadounidense, Barack Obama, dijo en ese momento que Rusia podría estar detrás de la filtración e insinuó que Putin tendría motivos para posibilitar el ataque.
El mismo periódico asegura que entre las transacciones dudosas hay un acuerdo por 18 millones de dólares para vender activos de una televisión por cable a un consorcio montado por Manafort y el oligarca ruso Oleg Deripaska, aliado del presidente Vladimir Putin. Aún no se ha probado que Manafort recibiera los pagos y no está siendo investigado por las actividades en paraísos fiscales del entorno de Yanukovich, pero los fiscales creen que debería conocer las implicaciones de sus gestiones financieras, añadió el Times.
“Paul Manafort está en las ‘cuentas opacas’ del Partido de las Regiones y su nombre aparece en 22 ocasiones, pero queremos dejar claro que su presencia en la lista no necesariamente muestra que recibiera el dinero”, según la Oficina Anticorrupción en Kiev. Las autoridades ucranianas admiten que todavía no está claro el propósito de esos pagos registrados en los libros de contabilidad secretos porque las firmas que aparecen en la columna de receptores “tienen que ser verificadas” y pueden pertenecer “a otras personas”.
A través de su abogado, Richard Hibey, el jefe de campaña de Trump aseguró al mismo periódico que su cliente “jamás ha recibido ese tipo de pagos” y añadió que se trata de meras “suposiciones” y que “muy probablemente” están impregnadas de “intereses políticos”. “Manafort entendió lo que estaba sucediendo en Ucrania”, afirmó al Times Vitaliy Kasko, un ex alto funcionario de la oficina del fiscal general en Kiev, quien sostuvo que debería ser “claro para cualquier persona razonable que el clan Yanukovich, cuando llegó al poder, se dedicaba a la corrupción”. Y agregó: “Es imposible imaginar que una persona mira eso y piensa que todo está bien”.
Manafort ha dedicado gran parte de su carrera profesional a la consultoría internacional, desde que empezó a trabajar en los años ochenta con el dictador filipino Ferdinand Marcos hasta uno de sus últimos clientes, el expresidente Yanukovich, según el Times. Finalmente, el periódico neoyorquino asegura que el actual jefe de campaña de Trump y su consultoría ayudaron a Yanukóvich a ganar varias elecciones en Ucrania, una época en la que Manafort nunca se registró como agente extranjero en el Departamento de Justicia.
Por otra parte, el diario financiero Wall Street Journal (WSJ) cargó ayer duramente contra el candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, a quien señaló que o “toma medidas” para relanzar su campaña o los republicanos deben dar por perdida la carrera presidencial y centrarse en “salvar” las elecciones en el Congreso.
En su editorial, el WSJ, de tendencia conservadora y propiedad del magnate Rupert Murdoch, afirmó que “si los republicanos no logran que Trump tome medidas para el Día del Trabajo (primer lunes de septiembre), el partido no tendrá otra opción que dejar de lado al nominado como imposible y centrarse en salvar las elecciones en el Senado y la Cámara de Representantes”.
Los republicanos controlan ambas Cámaras del Congreso. Si bien la mayoría parece sólida en la Cámara, en el caso del Senado corren el riesgo de perder su mayoría debido a los disputados escaños en juego con los demócratas. Por ello, agregó el diario, “Trump debe dejar de culpar a todo el mundo y decidir que quiere comportarse como alguien que quiere ser presidente, o entregar la nominación al candidato a vicepresidente Mike Pence”.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 17 DE AGOSTO DE 2016
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