1) España: 8M 2021 ¡En la huelga y en la calle para defender a las mujeres trabajadoras!
2) Honduras: La justicia no llega a los autores intelectuales del asesinato de Berta Cáceres a cinco años del crimen
3) Uruguay: Colectivos feministas convocan a manifestaciones descentralizadas en un 8M marcado por la pandemia
4) Uruguay: Hacia el 8 de marzo: otras alertas
5) Decálogo ecofeminista para salir de la pandemia
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COMCOSUR MUJER /Fundado por Yessie Macchi / AÑO 27 / No. 676 – Lunes 8 de marzo de 2021 / Producción: Beatriz Alonso, Belén Itza y Cecilia Duffau /Apoyo técnico: Carlos Dárdano
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1) ESPAÑA: 8M 2021 ¡EN LA HUELGA Y EN LA CALLE PARA DEFENDER A LAS MUJERES TRABAJADORAS!
Este 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, no podemos callar ni quedarnos en casa. Todas las discriminaciones y violencias que nos ahogan cada día se han agravado enormemente con la pandemia. Vivimos una situación de emergencia sanitaria, social y de derechos, que el capitalismo y el patriarcado nos quieren hacer pagar doblemente, como mujeres y como trabajadoras.
No es casual ni «natural» que las mujeres seamos mayoría en los trabajos que, ahora más que nunca, se han demostrado esenciales: trabajadoras del hogar, gerocultoras, auxiliares, enfermeras, cajeras, trabajadoras de la limpieza, jornaleras, trabajadoras de los servicios sociales y de la educación. El trabajo por la vida tiene nombre de mujer. Y la precariedad también.
Las mujeres nos dejamos la piel cada día en la primera línea y también somos las más golpeadas por una crisis económica que viene de lejos y que se agrava: más paro (representamos el 39% de la fuerza de trabajo y somos el 54% de quienes han perdido el trabajo), más precariedad (más subcontratación, más trabajo temporal y jornadas a tiempo parcial, más trabajo clandestino), discriminación salarial (22,2% en Catalunya) y en las pensiones (con una brecha de hasta el 35% según la Seguridad Social). Además, las tareas de cuidados y del hogar, aumentadas por el teletrabajo, continúan cayendo mayoritariamente sobre nuestras espaldas, por la falta de servicios públicos para atender a nuestras criaturas, nuestros mayores y nuestras personas enfermas.
En el estado español el gobierno PSOE-UP -que se autodenomina con soberbia «el más progresista de la historia«-, igual que el gobierno de la Generalitat de ERC y JxCat, han afrontado la pandemia sin poner la vida en el centro ni hacer nada por los más vulnerables. Han priorizado rescatar la patronal pagando los ERTEs hasta en empresas con beneficios, sin garantizar que no hubiera despidos. Ni siquiera cuando nos confinan detienen los desahucios, que afectan mayoritariamente mujeres y niños, y llegan al punto de destrozar las pertenencias y la vida de una abuela de 94 años “erróneamente desahuciada”.
No han revertido los recortes ni las privatizaciones en la sanidad pública, ni han intervenido la privada, no han derogado como prometían la reforma laboral para frenar precariedad y despidos, no han reforzado la escuela pública ni los servicios sociales como era urgente. Son las trabajadoras de los servicios públicos -en la sanidad, la educación, los servicios sociales y la atención domiciliaria- las que sin ninguna ayuda institucional llevan un año luchando contra el virus y su impacto social. Como dicen las trabajadoras sanitarias que han convocado huelga el 10 de marzo: «Hemos trabajado. Hemos sufrido. Hemos enfermado. #Estemfartes –Estamos hartas-“. Es necesario un plan de choque social para hacer frente a la crisis actual: dinero hay, hay que dejar de financiar a la Monarquía y la Iglesia, reducir el gasto militar y dejar de pagar la deuda, para poner todo ello al servicio de las necesidades sociales.
No falta dinero en cambio para la policía o el ejército: conscientes de que el choque social está llegando, se arman contra nosotros. Una represión, que deriva hacia un estado cada vez más policial, abusando de la ley mordaza del PP (que habían prometido derogar), reprimiendo las protestas como hemos visto en los últimos días en Catalunya, en Madrid o València. Una represión que golpea también al movimiento feminista, como el caso de las compañeras de 8MilMotius, que se enfrentan a una condena de tres años de prisión por una acción el 8-M de 2018. Contra la criminalización de las manifestaciones que nos quiere imponer el gobierno, la derecha y la ultraderecha en nombre de la pandemia, respondemos que si salimos a las calles este 8-M es precisamente para cuidarnos: porque es imprescindible acabar con estas políticas criminales.
Este gobierno tan «progresista» tampoco ha sido capaz de una medida tan básica como la regularización de todos los migrantes sin papeles, lanzados a la marginalidad como carne de cañón de la sobreexplotación y la esclavitud del siglo XXI. Ni siquiera se garantiza a todas la asistencia sanitaria en plena pandemia, porque muchos ayuntamientos siguen poniendo trabas al empadronamiento. Las migrantes deben estar para sacar las castañas del fuego en el momento más difícil -como en las residencias de ancianos-, pero sus derechos siguen sistemáticamente negados.
La crisis económica, el racismo institucional y la militarización dan alas a la ultraderecha. Vox es un partido del régimen creado desde la alta burguesía, la guardia civil y los militares. Pero el discurso identitario españolista, anti-catalán, machista y xenófobo empieza a hacer pie en los barrios más empobrecidos, donde se impone la desesperación y la falta de una alternativa.
El abordaje militar y policial de la pandemia, con confinamientos y toques de queda han agravado aún más las diversas formas de violencias machistas y patriarcales que padecemos. Muchísimas se han visto confinadas con su agresor con una exposición aún mayor al control sobre su cuerpo y su vida. O han pasado miedo -y sufrido agresiones- yendo y viniendo del trabajo con toques de queda que dejan las calles totalmente vacías. Las llamadas a los servicios de atención se han disparado, pero tampoco ha habido una respuesta pública reforzando los servicios de ayuda a mujeres maltratadas -sobrecargados de trabajo, con precariedad laboral y externalizados- para atender este incremento de violencia machista.
Hemos visto también vulnerados y relegados nuestros derechos sexuales y reproductivos con un sistema sanitario público colapsado por las privatizaciones, recortes y falta de recursos, que se ha debido dedicar exclusivamente a hacer frente a la pandemia. Tanto es así, que en Catalunya se han duplicado los casos de aborto por fuera de los CAPs. Además, aún hoy, miles de compañeras ven negado el acceso a la salud (en particular la sexual y reproductiva), con un silencio del Govern y del Parlament ante la exigencia de reglamentación y modificación de la «llei d’universalització de l’atenció sanitària» que hacemos desde la Campanya pel dret a l’Avortament i la Sanitat Universal a Catalunya.
No callamos ni callaremos
A pesar de todas las dificultades de la pandemia, las mujeres hemos seguido luchando en todas partes. Las redes solidarias han sido claves para muchas familias en los barrios. La lucha de las compañeras del Servicio de Atención Domiciliaria reivindicando la municipalización al Ayuntamiento de Ada Colau, también las de las educadoras de calle (¡que finalmente han ganado!)… hasta las Técnicas de Educación Infantil saliendo a la huelga, marcan el camino. Y ahora debe comenzar la lucha contra los 3.000 despidos previstos en El Corte Inglés, los más de 300 de Robert Bosch de Lliçà d’Amunt… Debemos organizarnos en nuestros centros de trabajo, de estudio y en los barrios y movilizarnos. Nadie lo hará por nosotras. Nuestras vidas han de pasar por delante de sus beneficios. Porque nuestros derechos no pueden esperar más, porque no dejaremos que nos los quiten, porque nuestras reivindicaciones son urgentes, y porque es con la organización y la movilización como hemos avanzado a lo largo de la historia. Y porque nos va la vida.
Este 8-M iremos a la huelga y a la calle para reivindicar:
– Derogación de las reformas laborales y de pensiones. Ni Pacto de Toledo ni ley de extranjería
– Trabajo y prestaciones sociales que garanticen una vida digna y derechos laborales y sociales para todas las trabajadoras. Igual trabajo igual salario. Basta precariedad y despidos. Sueldos y pensiones públicas, dignas
– Regularización de todas las compañeras migradas y fin de la violencia policial en las fronteras.
– Contra las privatizaciones y externalizaciones, por la recuperación de los servicios públicos. Red única de educación pública, laica, inclusiva, gratuita y con perspectiva feminista.
– Políticas públicas de vivienda que detengan definitivamente los desahucios, amplíen el parque público y social de la vivienda y que erradique la especulación inmobiliaria y el incumplimiento de la función social de la vivienda.
– Recursos para prevenir y erradicar todas las violencias machistas
– Contra las agresiones LGBTIfóbicas, por la autodefensa feminista contra la justicia patriarcal heredera del franquismo
– Por la separación de la Iglesia del Estado
– Aborto libre, gratuito y universal en la red pública. Por los derechos sexuales y reproductivos y una educación sexual, pública integral.
– Derogación de la ley mordaza. Libertad de las presas políticas, libre retorno de las exiliadas y cancelación de todas las causas abiertas en torno a las movilizaciones por el derecho a la autodeterminación.
¡Por una salida de clase y feminista a la crisis!
¡Viva la lucha feminista! Lucha Internacionalista
Rebelión / COMCOSUR MUJER Nº 676 – 08/03/2021
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2) HONDURAS: LA JUSTICIA NO LLEGA A LOS AUTORES INTELECTUALES DEL ASESINATO DE BERTA CÁCERES A CINCO AÑOS DEL CRIMEN
En la madrugada del 2 de marzo de 2016, unos hombres armados entraron en la casa de la activista ecologista Berta Cáceres. Sabía que cualquier día podía pasar. Todas las semanas las personas que se oponían al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca recibían amenazas y cuatro de ellas ya habían sido asesinadas. En otra habitación de la vivienda de esta dirigente indígena en La Esperanza (Honduras) dormía el activista ecologista Gustavo Castro.
— ¿Quién está ahí? —alcanzó a decir antes de que le dispararan.
Lo dieron por muerto, pero solo le habían herido en una oreja. No fallaron a la hora de acabar con su verdadero objetivo: Berta Cáceres se había convertido, con una gran proyección internacional, en un serio obstáculo para la represa planeada en un río sagrado para el pueblo lenca, un proyecto que contaba con el apoyo de la élite empresarial del país, y la financiación del Banco Centroamericano de Integración Económica, el Banco de Desarrollo Holandés y la empresa pública finlandesa Finnfund.
La policía hondureña intentó endosar el crimen a los compañeros de lucha de Berta Cáceres, pero la ola de indignación y la repercusión mundial que tuvo el caso consiguió poner las cosas en su lugar y apuntar directamente a los directivos de Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA), la compañía responsable de la represa.
Hasta ahora solo el presidente de DESA, David Castillo Mejía, está acusado de ser el “autor intelectual” del asesinato, a pesar de los informes que señalan a otros altos cargos de la compañía, la participación del ejército y la complicidad de la élite financiera hondureña.
Cinco años después, el caso está lejos de ser resuelto. El 2 de diciembre de 2019, siete personas —dos de ellos vinculados a la compañía y cuatro al ejército— fueron declaradas culpables y condenadas por el asesinato de la cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh). Sin embargo, hasta ahora solo el presidente de DESA, David Castillo Mejía, está acusado de ser el “autor intelectual” del asesinato, a pesar de que el informe del Grupo Asesor Internacional de Expertos (GAIPE), señala a otros altos cargos de la compañía.
Y las autoridades hondureñas no están haciendo lo necesario para garantizar que haya justicia en el caso, denuncia una carta enviada este 1 de marzo a la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, por una veintena de organizaciones ecologistas y de derechos humanos. Entre las organizaciones firmantes de la carta figuran CEAR, Amnistía Internacional, Ecologistas en Acción, Greenpeace, Amigos de la Tierra, Calala, Front Line Defender, Mundubat, Entrepobles o Global Witness.
Frente a los intentos de los abogados de Castilla Mejía de enfangar y retrasar el proceso judicial, los firmantes piden a la diplomacia española que intervenga para que el Estado hondureño garantice “los derechos de acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación para la familia de Berta Cáceres”. También piden a González Haya que presione al Gobierno de este país centroamericano para que el proceso contra Castillo Mejía sea “rápido”, “exhaustivo” y “transparente”, con presencia de periodistas y observadores.
Honduras, el país más peligroso del mundo para los defensores del medioambiente, sigue sin firmar el único acuerdo internacional vinculante que protege a los activistas ecologistas de asesinatos como el de Berta Cáceres
La indefensión de los activistas de derechos humanos, ecologistas e indígenas en Honduras, el país más peligroso del mundo para las personas defensoras de la tierra y el medioambiente, según Global Witness, es otro de los motivos de preocupación para estas ONG. Según señalan, Honduras sigue sin firmar el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, Participación Pública y Justicia en Materia Ambiental, el primer instrumento internacional vinculante que permite la protección de los activistas ecologistas y defensores del territorio. “La firma del Acuerdo sería un primer paso hacia un camino en el que Honduras respete y resguarde el rol de quienes están en el centro de la lucha en contra de la inminente crisis ambiental”, señalan en esta carta.
El reconocimiento del trabajo que realiza el Copinh, la organización a la que pertenecía Berta Cáceres, así como la protección de sus integrantes y la defensa del pueblo lenca es otra de las peticiones de esta veintena de organizaciones para la ministra de Exteriores. Mientras avanzaba la investigación del asesinato de Cáceres, el Copinh presentó hasta 35 denuncias ante la Fiscalía sobre agresiones a la comunidad indígena lenca y ninguna de ellas ha tenido ningún tipo de consecuencia para los supuestos agresores.
El ejército y la élite hondureña
La implicación del ejército en el asesinato de Cáceres, al que pertenecían cuatro de los condenados, está lejos de ser esclarecida. Según Global Witness, el nombre de Berta Cáceres aparecía en una lista negra de las fuerzas armadas poco antes de su asesinato. Un exmiembro de una unidad de élite del ejército hondureño entrenada por EE UU, entrevistado en The Guardian, declaraba que se les entregó una lista que incluía los nombres y fotografías de decenas de activistas sociales “con órdenes de eliminar a todos esos objetivos”. En septiembre, continúa esta ONG internacional, el Copinh descubrió a un espía militar que estaba informando sobre las actividades de la dirigencia del Copinh.
El propio presidente ejecutivo de DESA, David Castillo Mejía, según Global Witness, fue agente de inteligencia militar y empleado de la empresa energética estatal. Este exmilitar, implicado en diversos casos de corrupción, seguía recibiendo un sueldo del ejército tras haber abandonado la institución.
El segundo de la compañía, Jacobo Nicolás Atala Zablah, es presidente del Banco de América Central – BAC Honduras e integrante de “una de las familias empresariales más adineradas de Honduras, los Atala”
Según un informe de esta organización de derechos humanos, la empresa DESA tiene también importantes conexiones con la élite económica hondureña. El secretario de la empresa, Roberto Pacheco Reyes, fue ministro de Gobernación y Justicia. El segundo de la compañía, Jacobo Nicolás Atala Zablah, es presidente del Banco de América Central – BAC Honduras e integrante de “una de las familias empresariales más adineradas de Honduras, los Atala”.
La impunidad en el caso Berta Cáceres es una invitación a que las multinacionales recurran a las amenazas, a las agresiones y a los asesinatos como herramientas para deshacer la oposición a los megaproyectos. “La falta de identificación y acusación de todas las personas responsables del asesinato de Berta Cáceres pone en peligro a otros defensores y defensoras y deja impune a quienes son responsables del crimen”, indican en la carta a la ministra.
El Salto / COMCOSUR MUJER Nº 676 – 08/03/2021
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3) URUGUAY: COLECTIVOS FEMINISTAS CONVOCAN A MANIFESTACIONES DESCENTRALIZADAS EN UN 8M MARCADO POR LA PANDEMIA
Mujeres y disidencias denuncian la profundización de la “precarización de la vida” y el recrudecimiento de la violencia machista.
El 8 de marzo de 2020, los feminismos se manifestaban en todo el país para reivindicar sus derechos, visibilizar las desigualdades y alertar sobre el flagelo de la violencia machista sin saber que, unos pocos días después, la pandemia de covid-19 también llegaría a Uruguay, reduciría las posibilidades de encuentro con otras y profundizaría todas las brechas. Un año después, la emergencia sanitaria continúa vigente, pero sobran los motivos para salir y redoblar la lucha. Por eso, mujeres y disidencias tejen nuevas estrategias de resistencia y preparan alternativas creativas para movilizarse.
Como sucedió a escala global, el impacto del coronavirus fue mayor en las mujeres y disidencias, poblaciones que antes de la crisis ya atravesaban situaciones de vulnerabilidad. Han sido las más afectadas por el aumento del desempleo, la pobreza y la sobrecarga de cuidados no remunerados, que provocó –entre otras cosas– el confinamiento, la suspensión de clases y la exhortación a teletrabajar. En el encierro, aquellas que convivían con parejas o familiares violentos también estuvieron más expuestas a la violencia basada en género, como quedó reflejado en el aumento de consultas a los servicios de atención. Según los datos del Instituto Nacional de las Mujeres, el total de consultas telefónicas y presenciales a los servicios de todo el país aumentó 25% en 2020 respecto del año anterior. Sólo entre enero y setiembre fueron atendidas cerca de 41 llamadas por día al 0800 4141. El pico más alto se registró en abril, con una consulta cada 20 minutos.
En este escenario es que llegan los colectivos feministas al 8M. Esta vez, debido a la situación sanitaria, la apuesta es a convocatorias descentralizadas para evitar aglomeraciones: hay programadas caminatas de vecinas, concentraciones en los barrios, intervenciones artísticas en plazas, y marchas. Al mismo tiempo, se multiplicaron las campañas virtuales y otras movidas en las redes sociales para que también se sumen quienes no quieran o no puedan salir de sus casas.
En Montevideo, la Intersocial Feminista y el Tejido Feminista 8M convocan a manifestaciones en distintos puntos y con diferentes formatos. Insisten en el uso de tapabocas y en que se mantenga la distancia física.
Además, llaman a un paro de mujeres por 24 horas (que este año, una vez más, no será acompañado por el PIT-CNT). Para las dos plataformas feministas, el reclamo principal de este 8M es contra la violencia y la profundización de la precarización de la vida.
Va por barrios
“No realizar ningún tipo de movilización no era una opción. La pandemia no iba a quedarse también con eso”, dijo Valeria Caggiano, vocera de la Intersocial Feminista, a la diaria. Las activistas decidieron entonces confeccionar un plan que “garantizara condiciones de movilización lo más seguras posible, pensando en los riesgos que muchas compañeras pueden tener por situación de comorbilidad con otras patologías y que podían coartar la posibilidad de participar en esas movilizaciones”. Surgió así la idea de hacer un llamado a acciones descentralizadas en los barrios, bajo la consigna “Todas las mujeres en todas las calles”. “No tienen por qué ser sobre avenidas”, aclaró la activista; “podés manifestarte en la cuadra de tu casa o encontrarte con otras vecinas del barrio, ya sea que tengas un grupo, participes de algún colectivo o seas una mujer más que aún no ha encontrado el espacio donde militar pero que estás dispuesta a movilizarte por estos temas”.
Hasta el viernes se habían sumado cerca de 20 grupos de mujeres y disidencias sólo en la capital, mientras otro tanto replicó la invitación en localidades del interior. Las Maestras Feministas, por ejemplo, llaman a hacer una recorrida por Casavalle. Vecinas de Parque Batlle, Jacinto Vera y Flor de Maroñas van a concentrarse en las plazas. La reunión en el Espacio Feminista Las Pioneras contará con la actuación de la murga de mujeres Perlita Cucú. El itinerario de las mujeres del oeste de Montevideo incluye intervención urbana, recorrida por el barrio y caceroleada. Las actividades son tan diversas como las personas y agrupaciones que las convocan.
Los principales reclamos que aparecerán en la proclama de este año girarán en torno a la “precarización de la vida en general”, adelantó Caggiano. “En este contexto de crisis sanitaria, deterioro y emergencia de una crisis social y económica, vislumbramos cómo las condiciones de vida de las mujeres han ido en franco retroceso”, denunció. En ese sentido, dijo que hay preocupación por la profundización de la precarización laboral en los sectores “altamente feminizados”, que son los que “ya tenían más dificultades y van a seguir presentando dificultades en lo que hace a la reincorporación”.
La precarización de la vida que denuncian también incluye la carga de trabajo no remunerado que las mujeres asumen de forma asimétrica. En este punto, dijo Caggiano, “un reclamo histórico pero que el contexto de la pandemia también agudiza es el de la corresponsabilidad en los cuidados”, debido a la no disponibilidad de servicios, pero también “en este contexto de ajuste del Estado”.
Otro capítulo aparte será el de la violencia de género, agregó la vocera, centrado en “una tendencia marcada de femicidios con una connotación cada vez más violenta”, que “pone más en evidencia que es una crisis nacional y un problema estructural de la sociedad uruguaya”.
La violencia de género fue declarada emergencia nacional en diciembre de 2019, unos meses antes de que asumiera el gobierno del presidente Luis Lacalle Pou. Consultada sobre qué avances hubo en el tema desde entonces, Caggiano dijo que “no ha habido cambios muy significativos, por ejemplo, en lo que es la cobertura en términos de servicios”, y señaló que, si bien hay comprometidos algunos recursos presupuestales para implementar la Ley 19.580, de Violencia hacia las Mujeres Basada en Género, estos “son muy magros”. La activista se refirió específicamente a los seis juzgados especializados que la Suprema Corte de Justicia prometió instalar, después de un esfuerzo conjunto de las legisladoras de la bancada bicameral femenina: “Nosotras alertamos que, en la situación en la que estamos, seis juzgados en el interior del país ayudan pero no mueven la aguja y, sobre todo, no mueven la aguja si no pasan a ser juzgados multimateria que aborden de forma integral el acceso a la Justicia por parte de las mujeres y las personas que dependan de ellas”.
En la proclama seguramente aparezcan también las advertencias en materia de violencia contra las infancias y los casos de trata y explotación sexual en el país. “Pensemos en lo que pone en evidencia por un lado la Operación Océano”, ejemplificó Caggiano, y, por otro, esta red de trata que se descubrió hace algunos días entre España y Uruguay, un caso que no nos anuncia nada nuevo sino que visibiliza una situación que arrastramos hace décadas”.
Además del llamado a movilizarse, la Intersocial Feminista lanzó la campaña “No nos callamos más”, que invita a mujeres y disidencias a compartir videos en las redes sociales con las razones por las cuales rompen el silencio este año.
Entramado
“Rebelión y trama feminista contra la precarización y el control de la vida” es la consigna elegida para este día por el Tejido Feminista 8M, que integran la Coordinadora de Feminismos, Desmadre, Minervas y otros colectivos, y que convoca a una marcha por el Centro de Montevideo. En este caso también hay una apuesta a la descentralización para evitar aglomeraciones, por lo que la concentración será a partir de las 17.00 en tres puntos distintos: la plaza Independencia, Plaza de los Bomberos y en la intersección entre Santiago de Chile y San José. En cada uno de los lugares habrá intervenciones artísticas de murguistas feministas, tamborileras y del Bloque Antirracista, entre otras. La idea es que a las 18.00 todas marchen hacia la plaza Libertad. Allí se cantará la canción “Sin miedo”, de la cantautora mexicana Vivir Quintana, y finalmente se leerá una proclama de manera colectiva.
No movilizarse tampoco era una opción para las activistas, pero porque además las mujeres y disidencias “sabemos más que nadie cómo sostener los cuidados”, explicó María, integrante de la Coordinadora de Feminismos, a la diaria. Por eso comparten consejos de autocuidado durante la marcha (ver recuadro).
Las organizadoras prepararon la convocatoria en una serie de asambleas que empezó con la propuesta de compartir cómo habían vivido este último año. “En la primera asamblea coincidimos en que algo que habíamos pensado a la interna de nuestras colectivas era cómo se había profundizado la precarización de la vida”, contó María. En esa línea, surgió el problema de la carga desproporcional de los cuidados en las mujeres y disidencias, “que sostuvimos históricamente pero que en este último tiempo se profundizó por la pandemia” y que afectó sobre todo a aquellas que intentaron conciliar esa tarea con el teletrabajo.
Piques para marchar
• El Tejido Feminista 8M convoca a concentrarse a partir de las 17.00 en tres puntos distintos del Centro de Montevideo: la plaza Independencia, Plaza de los Bomberos y en la intersección entre Santiago de Chile y San José. A las 18.00 inicia la marcha hacia la plaza Libertad.
• Las organizadoras piden que las manifestantes lleven tapabocas y respeten la distancia física.
• Recomendaciones para el autocuidado: llevar agua, ropa cómoda, equipaje liviano y el celular cargado, con saldo disponible. No responder a las provocaciones.
La rebelión y la trama feminista, que es la otra parte de la consigna, “es la respuesta que hemos tejido como mujeres y disidencias para sostenernos colectivamente frente a esa precarización”, explicó María. En ese sentido, dijo que muchas se encontraron en un mismo relato que exponía “cómo estuvimos pendientes de qué era lo que estaba pasando en nuestros barrios, de hacer ollas, de ver cómo hacíamos para entregar canastas a compañeras y compañeres en situación de vulnerabilidad, y de cómo estábamos sosteniendo emocionalmente también el encierro durante un período”.
La otra denuncia que emerge inevitablemente es la de la violencia machista, que María definió como “la peor pandemia que pudo recaer sobre las mujeres y las disidencias en cualquier parte del mundo”. Ligado a esto, cuestionó también a una “Justicia patriarcal” que tiene “una manera de enfrentar los problemas de violencia machista en las casas que es insuficiente”.
Para aquellas personas que no puedan o prefieran no asistir a la marcha, las organizadoras proponen que se sumen desde sus casas con un caceroleo a las 18.30.
Bloque Antirracista: “Contra el racismo y la represión”
Este año la marcha por 18 de Julio va a estar liderada por el Bloque Antirracista, colectivo de mujeres y disidencias afro, indígenas y migrantes que se concentrará en la plaza Independencia. Ellas forman parte del Tejido Feminista 8M pero se movilizarán con su propia consigna: “Afro, indígenas y migrantes contra el racismo y la represión”. Liderarán también una batucada, la intervención artística que las caracteriza y que vienen ensayando desde hace semanas.
Yovanna Sánchez, integrante del bloque, explicó a la diaria que en esa consigna hay una búsqueda por visibilizar las realidades específicas que viven como mujeres afro, indígenas y migrantes, además de abrir la discusión sobre el racismo en los espacios feministas. “Necesitamos darnos estos espacios de construcción que pongan al racismo como un tema que nos atraviesa a toda la sociedad y, sobre todo, entendemos que no se puede concebir el feminismo sin hablar de racismo”, puntualizó. Al mismo tiempo, las activistas denunciarán las situaciones de represión policial que ocurrieron en el último año, que “siempre caen sobre los cuerpos racializados”.
Por otra parte, Sánchez dijo que la pandemia agravó la situación de las personas afro, indígenas y migrantes, poblaciones que ya eran “más marginalizadas” y “más pobres”, con una “difícil salida laboral” y trabajos “sumamente precarios”.
Unión Trans: “El feminismo no puede ser excluyente”
Dentro del entramado feminista que recorrerá el Centro de Montevideo también se encuentra Unión Trans del Uruguay (UTRU), que marchará desde la Plaza de los Bomberos. En el caso de las mujeres trans, la precarización y el control sobre los cuerpos y las identidades “ha existido históricamente”, según explicó a la diaria Josefina González, integrante de UTRU, en una reflexión en torno a la consigna que moviliza al Tejido Feminista 8M.
“La precarización tiene que ver con la no accesibilidad al mundo del trabajo, con la no posibilidad de ser, con la estigmatización sobre nuestras cuerpas, con el no poder todavía ser libres en cuanto a poder habitar nuestras identidades en un sistema que es profundamente transfóbico, patriarcal y con discursos vetustos que hablan sobre nuestros cuerpos desde el esencialismo y el biologicismo, algo que coarta de alguna manera nuestras posibilidades de ser pero que también coarta y delimita nuestros deseos”, denunció la activista transfeminista.
El control, por otro lado, se vincula con “cómo se han profundizado las brechas de desigualdades en nuestro sistema social y cultural a raíz de y con la excusa de esta pandemia”, dijo González. “La desigualdad se profundizó muchísimo y también aumentaron los dispositivos de control sobre nuestros cuerpos y sobre las personas pobres, y obviamente las personas trans estamos en esa población que está inserta en la pobreza más absoluta”, reflexionó.
La activista hizo énfasis en la situación de desempleo y precarización laboral que afectó en particular a las trabajadoras sexuales, que vieron mermadas prácticamente todas las posibilidades de trabajar. La respuesta fue la solidaridad organizada en ollas populares, canastas de alimentos y otras iniciativas que surgieron de la sociedad civil para paliar la situación.
Fuera de la coyuntura socioeconómica, el colectivo trans quiere que este 8M también habilite un espacio de debate sobre los discursos y las prácticas políticas transexcluyentes dentro de los feminismos. “Para nosotras el feminismo no puede ser excluyente, sino todo lo contrario: es un movimiento revolucionario e inclusivo, porque entendemos que el patriarcado y los machismos nos afectan a todas las personas, nos miden con la misma vara y ejercen violencia y opresión sobre todas las cuerpas y los cuerpos”, señaló González. “Exigimos de alguna manera que se respeten nuestras identidades, nuestras posibilidades del ser y las individualidades o colectividades que pueden agenciarse en cuanto a los tránsitos sexogenéricos y los tránsitos en las identidades de género” agregó; “en ese sentido, consideramos que en los feminismos contemporáneos debemos tener una visión clara y un posicionamiento político respecto de que en nuestro movimiento revolucionario no pueden ingresar discursos de odio que están más en la vereda del fascismo que de los feminismos”.
Bottero pidió a los feminismos evitar las aglomeraciones
La directora del Instituto Nacional de las Mujeres, Mónica Bottero, pidió a los colectivos feministas que busquen formas alternativas de manifestarse este 8M, que no implique aglomeración. “Los derechos de las mujeres se pueden defender con otras estrategias. Es un tema de sentido común y de madurez ciudadana también entender que hoy el país y el mundo están pasando por un momento difícil y la prioridad es cuidar la salud”, aseguró Bottero a Telemundo el 23 de febrero. Sus declaraciones surgieron tras ser consultada sobre la decisión del presidente Luis Lacalle Pou de extender la limitación transitoria del derecho de reunión hasta el 19 de marzo.
Por su parte, la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, dijo la semana pasada en una conferencia de prensa que “no es aconsejable una convocatoria que implique aglomeración”, por lo que exhortó a las organizaciones a que “sean creativas” en las convocatorias y “se organicen muy bien para preservar la distancia social”.
La Diaria / COMCOSUR MUJER Nº 676 – 08/03/2021
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4) URUGUAY: HACIA EL 8 DE MARZO: OTRAS ALERTAS
A comienzos de este mes, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) presentó el informe “La autonomía económica de las mujeres en la recuperación sostenible y con igualdad”. Allí se describe con claridad los efectos en la vida de las mujeres que está dejando la situación global de pandemia. Quienes trabajamos desde hace muchos años en el campo de la igualdad de género, no nos encontramos ante fenómenos nuevos; los problemas son los mismos pero se han profundizado, lo que nos habla de un enorme retroceso para los pequeños avances que se habían logrado en las últimas décadas.
El primer punto lo constituyen la desigualdad socioeconómica y la pobreza. El acceso limitado a las necesidades básicas, vivienda, salud, educación, transporte, ingresos propios, fue el lugar de partida en marzo de 2020, y la epidemia sólo dejó a las mujeres pobres más pobres. Las mujeres son más en los hogares con más carencias y son ellas las que tienen personas a cargo, sobre todo personas menores de edad. En estos hogares los ingresos de esas mujeres no son ingresos que posibiliten el desarrollo, son ingresos para sobrevivir. Muchas veces están solas o con compañeros que no son padres de los niños a cargo, por lo que la responsabilidad del cuidado y el sostén recae sobre sus hombros. La posibilidad de empleo se concentra en el ámbito informal, por lo que el acceso al crédito o al financiamiento de proyectos propios es casi imposible. No está de más subrayar que en situación de pandemia los trabajos informales de los que vivían muchos hogares pobres se han reducido o han desaparecido; ejemplo de esto son las tareas de cuidados y las de trabajo doméstico remunerado, dos tipos de empleo mayoritariamente realizados por mujeres.
El aumento del desempleo en el período marzo-diciembre de 2020 en Uruguay fue un punto porcentual más para las mujeres que para los hombres. En marzo las cifras de desempleo eran de 9,80% para los varones y de 10,50% para las mujeres; en diciembre el desempleo era de 8,70% para los varones mientras que en las mujeres la cifra era de 12,60%. En diciembre pudimos ver el resultado de una reactivación económica después del primer confinamiento y hubo una recuperación porcentual en el empleo para los varones; sin embargo, lejos de recuperarse el empleo de las mujeres, aumentó la brecha entre ambos.1 Esto nos puede estar hablando de que muchas mujeres no regresaron a su lugar de trabajo, no mantuvieron su empleo y muchas más lo perdieron.
Otro punto que releva el informe cuando habla de la desigualdad socioeconómica y la pobreza refiere a la brecha digital. Hace muchos años que hablamos de la necesidad del acceso digital como acción determinante en el camino hacia la justicia social. El Plan Ceibal fue una propuesta que se comportó como agente catalizador de un cambio estructural en el acceso y en la alfabetización digital universal en nuestro país. Pero ¿qué es lo que pasa con las mujeres adultas pobres? El trabajo en confinamiento nos colocó de cara a una realidad que no habíamos percibido en su dimensión. Si bien podemos presumir de que muchas de las mujeres acceden a teléfonos u otros dispositivos inteligentes, (1) la conectividad es cara (hoy 10% más cara que al comienzo de la pandemia) y las posibilidades que da el dispositivo son subutilizadas. El acceso a algunas redes sin capacidad de crítica trae peligros que van desde la desinformación activa y estresante hasta el riesgo de acoso y otras formas de violencia basada en género.
Pero este no es el único problema ni el más grande. Cuando empezaron a aparecer en plena emergencia los formularios para acceder a las canastas del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) o se agudizó la necesidad de hacer trámites cotidianos en línea (algunos sólo se podían realizar por esa vía), se materializó más que nunca la brecha digital. Muchas mujeres buscaban apoyo para completar los formularios, las letras eran pequeñas en los celulares, las preguntas no siempre eran claras o no se adaptaban a lo que ellas podían o sabían responder. Y con los captcha muchas veces se buscaban confirmaciones en fotos que en un teléfono se ven muy chicas y necesitan destreza para marcar lo correcto. En fin, una vez más el país inclusivo e integrado se nos escapó por la ventana.
En la educación la brecha digital se vivió sobre todo en el acceso a dispositivos y a conectividad; los niños, niñas y adolescentes no siempre tenían dispositivos con la memoria RAM suficiente para sostener horas de clase en Zoom, y el gasto de datos es enorme. Muchas veces el acceso a clase dependía de la presencia de personas adultas con conectividad. De esta experiencia creo que el cuerpo docente tiene mucho y mejor para decir.
En el confinamiento se multiplicaron las horas de trabajo no remunerado, el sistema de salud y el educativo se apoyaron en la espalda y en las oportunidades de las mujeres.
Otro eje de desigualdad de género capital es la división sexual del trabajo (no voy a diagnosticar sobre lo que las feministas desde diferentes disciplinas hemos hablado y escrito hasta el cansancio). Sólo subrayaré lo que dice el informe de la Cepal al respecto: las mujeres somos las que hemos estado en la primera línea de enfrentamiento a la pandemia. En el confinamiento se multiplicaron las horas de trabajo no remunerado, el sistema de salud y el educativo se apoyaron en la espalda y en las oportunidades de las mujeres. También, como decía al comienzo, las mujeres se encontraban empleadas en las ocupaciones que se retrajeron primero, sectores asociados a los servicios o al cuidado. Sectores que no era posible sostener con el trabajo a distancia. Al mismo tiempo, eran las que daban las batallas más complejas, por ser la salud y la educación sectores sumamente feminizados.
También en confinamiento se produce un aumento del riesgo en la convivencia con varones agresores; las mujeres tienen una menor capacidad de generar redes de apoyo, de comunicación para buscar ayuda en las situaciones de violencia doméstica, lo que las ha dejado más vulnerables. En noviembre de 2020, el Instituto Nacional de las Mujeres anunciaba que las consultas al 0800 4141 habían aumentado 25% en el período enero-setiembre comparado con el mismo período de 2019.
Y para terminar el panorama, las mujeres son pocas en los ámbitos de toma de decisiones. Al día de hoy, según un informe de la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC), casi 80% de los cargos políticos y de confianza de los organismos estatales están ocupados por varones. La relación es la de siempre, la conocida: a mayor responsabilidad y salario, menos mujeres. Si bien en el Parlamento los datos no son más alentadores (en la Cámara de Representantes no llegan a 30% y en el Senado no llegan a 20%), lo que revelan los datos de la ONSC es que los elementos evaluatorios para seleccionar candidatos y/o candidatas a determinados cargos siguen estando cargados de patrones sexistas.
Con este panorama, ¿cuál será el camino a seguir por Uruguay para amortiguar el enorme impacto que esta crisis global tendrá sobre las vidas y las oportunidades de desarrollo de las mujeres? La CEPAL hace propuestas concretas.
1.Orientar los recursos de inversión que potencien el empleo de calidad de las mujeres. Aquí me voy a detener un minuto en poder pensar la categoría empleo. Muchas mujeres, sobre todo quienes tienen hijos e hijas a cargo, buscan empleos dependientes. No hay que olvidar que para acceder a las prestaciones (sobre todo al Fondo Nacional de Salud) del sistema de protección social de nuestro país lo más seguro es un empleo dependiente y regularizado.
2. Las políticas de reactivación económica deberían incluir una perspectiva de género en la identificación de sectores a potenciar y en las políticas fiscales de estímulos.
3. Necesitamos políticas fiscales que contemplen dentro de sus objetivos el cierre de brechas de género. Para esto sería interesante estimular con decisiones fiscales las experiencias de gestión con enfoque de género, como lo es el Modelo de Calidad con Equidad de Género que Inmujeres implementa desde 2008.
4. Precisamos sistemas integrales de cuidados que incluyan a todas las poblaciones que hay que priorizar en el derecho al cuidado, buscando dar respuestas no sólo desde el sistema público, generando sinergias en la red de protección social, el sistema de salud y el de educación, entre otros; también desde la corresponsabilidad social y de género en el sector privado. El Sistema de Cuidados en Uruguay ha sido una experiencia imperfecta, pero que ha liderado el proceso de reconocimiento, redistribución y reducción de la carga de trabajo de cuidados que recae sobre las mujeres, una de las prácticas inspiradoras para otros países de la región.
En fin, este 8 de marzo las mujeres tenemos motivos para estar preocupadas: seguimos teniendo el mundo en los hombros y este pesa mucho más.
Nohelia Millan /La Diaria / COMCOSUR MUJER Nº 676 – 08/03/2021
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5) DECÁLOGO ECOFEMINISTA PARA SALIR DE LA PANDEMIA
Con motivo de la celebración del 8M, Ecologistas en Acción pone de manifiesto que la crisis sanitaria provocada por el coronavirus ha agudizado y acelerado la crisis ecológica, económica, social y de género que la precedían. La organización ecologista propone diez medidas ecofeministas para construir la nueva normalidad encaminada a la sostenibilidad ambiental, justicia social y equidad de género.
La pandemia de la COVID-19 ha mostrado las costuras de un sistema sostenido en relaciones desiguales, de expolio y violencia, y ha agudizado y acelerado las múltiples crisis estructurales que existían previamente: ecológica, económica, social y de género. Nos encontramos ante un prólogo civilizatorio, un acontecimiento que incide en todos los ámbitos de la vida y lo cambia todo. Esta coyuntura nos ha mostrado la rapidez con la que la sociedad puede transformarse y qué actividades y trabajos han sido y son esenciales para sostener la vida.
La respuesta a la emergencia sanitaria solo afronta los síntomas, pero no las raíces, las que son la fuente causal de la misma, provocados por la acelerada desaparición y degradación de los ecosistemas debido a la acción humana, el mal uso de las energías fósiles, la hipermovilidad, la ganadería industrial, las industrias extractivas, la deforestación y la destrucción de la biodiversidad. De la misma manera que nuestro modelo de desarrollo se apropia de la naturaleza, también se apropia del trabajo y los cuerpos de las mujeres, especialmente de aquellas que viven en territorios del Sur global. La desigualdad de género, el sexismo, el racismo, la LGTBfobia y otras formas de dominación, han condicionado el devenir de la pandemia para miles de personas.
Todos estos factores nos han llevado a adoptar un modelo de habitar el planeta incompatible con la vida, que solo atiende al beneficio a corto plazo y al crecimiento ilimitado, en un planeta con recursos finitos. Un modelo que funciona gracias a los trabajos de cuidados y mantenimiento de la vida -realizados principalmente por mujeres- que se realizan en condiciones de explotación y precariedad.
La desconexión entre el neoliberalismo global y las bases materiales que permiten la vida ignora nuestra dependencia como especie -tanto de la naturaleza como de otras personas que cuidan de nuestros cuerpos vulnerables- así como las profundas desigualdades que nuestro modelo de desarrollo genera.
Aunque durante la pandemia la presión sobre los ecosistemas ha disminuido drásticamente, mejorando algunos indicadores ambientales, la actividad extractivista en otros lugares no solo se ha consolidado, sino que se ha visto aumentada. También se han agudizado las diferencias sociales y la exclusión de muchas personas, la mayoría mujeres.
Además de la pérdida de cientos de miles de vidas, de empleos e ingresos, la salud de las mujeres se ha visto afectada de forma dramática. Son las mujeres las que en situación de mayor precariedad y con diferente estatus migratorio, realizan mayoritariamente los trabajos considerados como esenciales, sobre todo de cuidados, tanto en el ámbito laboral como privado, en los hogares, con graves impactos psicosociales en algunos casos.
En este contexto de crisis civilizatoria, Ecologistas en Acción señala que se necesita promover otro orden social que enfrente las desigualdades y relaciones de poder existentes y tenga en cuenta la interdependencia y la ecodependencia. Por ello, la organización ecologista ha elaborado un decálogo de medidas que haga posible vivir vidas dignas y compatibles con el equilibrio de la naturaleza, y que defiendan la justicia social, la equidad, la sostenibilidad y lo comunitario:
1. Una transición ecológica justa, para alcanzar una sociedad sin energías fósiles, que revierta la pérdida de biodiversidad y que respete los límites de los ecosistemas. Fomentar el consumo de cercanía adaptado a los ciclos de la naturaleza y sustituir los sectores productivos más contaminantes. Es necesario establecer mecanismos para que la producción y distribución estén arraigadas en el territorio, sin depender de la rentabilidad monetaria, garantizando su accesibilidad y sostenibilidad. Los Fondos Europeos de Recuperación, Transformación y Resiliencia y la llamada política Palanca VIII (Nueva economía de los cuidados y políticas de empleo), deberían emplearse para la construcción de una nueva economía y acelerar la urgente y necesaria transición ecológica.
2. Una reforma profunda y urgente del sistema fiscal para que sea progresivo, justo, verde y ecofeminista.
3. Reconocer el derecho al cuidado como un derecho fundamental universal en todos los niveles, tanto público como comunitario, sacarlo del ámbito privado y doméstico y de la responsabilidad exclusiva de las mujeres, que los vienen realizando de manera gratuita e invisible. Se debe garantizar la corresponsabilidad del trabajo doméstico y de cuidados entre todas las personas, la sociedad y el Estado.
4. Reorganización socioeconómica de nuestro sistema productivo, orientándolo hacia una economía de los cuidados que priorice las tareas necesarias para el mantenimiento de nuestras vidas y evite su mercantilización. Un nuevo equilibrio social que corrija las desigualdades por razón de sexo, género, raza (entendida como construcción social) clase, diversidad funcional, orientación sexual o identidad de género, con una redistribución y democratización del trabajo, productivo y reproductivo, que sea indispensable y necesario.
5. Justicia antirracista y decolonial. Los territorios del Sur global y sus saberes son expoliados desde hace siglos, perpetuando el desequilibrio de poder y legitimando la violencia hacia estos colectivos de forma sistémica. Es necesario atajar el racismo estructural, revertir estas dinámicas y ubicar los límites de cada posición (histórica, política, subjetiva) para hacer un frente común contra la dominación colonial, capitalista, racista y patriarcal. No habrá justicia climática sin justicia decolonial.
6. Abogar por una dieta sana, ecológica y sostenible sustentada por la soberanía alimentaria y la implementación de la agroecología, en donde el papel de las mujeres siempre ha estado muy presente y vinculado a estas prácticas, compatibles con el respeto a la naturaleza y animales no humanos. La experiencia y demandas en materia de igualdad de colectivos de mujeres rurales deben ser escuchadas. No podemos seguir manteniendo las prácticas de la agricultura y ganadería intensivas ni asumiendo prácticas que agudicen las desigualdades.
7. Garantizar servicios y suministros esenciales (agua, comida, saneamiento, energía, vivienda digna) y el derecho a la educación pública de calidad, incluyendo la educación para la sostenibilidad, la educación ecofeminista, educación para la paz, educación sexual, la justicia restaurativa, la interculturalidad y empoderamiento de mujeres y hombres como ciudadanos y ciudadanas globales.
8. Garantizar el derecho a la salud (física, ambiental, comunitaria, sexual, mental). Esto exige una sanidad 100 % pública y universal, protección frente a la contaminación, impulso a la atención primaria, a la medicina preventiva y a la salud pública, así como a la educación respetuosa con la diversidad de identidades de género y relaciones sexoafectivas bajo la lógica público-social-comunitaria, en detrimento de la lógica de mercado.
9. Ciudades y pueblos sanos y habitables, con especial cuidado a las periferias, donde se priorice la participación comunitaria y no organizando el trabajo y el consumo en función del capital y en oposición y disociación con la naturaleza. Deben ser entendidas como espacios comunes, producidos y reproducidos por quienes los habitan. Lugares inclusivos y saludables que prioricen la coexistencia intergeneracional y la proximidad de espacios naturales, una movilidad sostenible que prime la cercanía, el uso peatonal y en bicicleta y el transporte colectivo, basadas en una economía no lineal sino circular, que cierre ciclos.
10. Sociedades libres de violencias machistas y racistas, que garanticen los derechos humanos (entre ellos los derechos sexuales y reproductivos) de todas las personas, especialmente de quienes los ven amenazados de manera especial (mujeres, personas LGTBQ+, migrantes, habitantes del Sur global, personas amenazadas por defender el territorio).
Además de publicar este decálogo ecofeminista, Ecologistas en Acción quiere poner en valor luchas de mujeres que trabajan en dirección a los objetivos planteados. «Desde el sindicalismo feminista de las jornaleras en lucha, a las activistas de la PAH dejándose la piel por el derecho a la vivienda, Territorio doméstico luchando por el 189, Ganaderas en red visibilizando la situación de las mujeres en la ganaderías, o las defensoras del territorio poniendo el cuerpo contra los proyectos extractivistas», destacan.
Rosana Cervera, portavoz de Ecologistas en Acción: “Este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, Ecologistas en Acción hacemos un llamamiento a todas las personas, y especialmente a las mujeres, para seguir tejiendo alianzas entre las organizaciones feministas y las ecologistas, junto con organizaciones sociales de todo tipo, como las organizaciones que trabajan en defensa de los servicios públicos o los derechos humanos. Porque sabemos que está en riesgo la sostenibilidad de la vida, y que solo podremos asegurarla trabajando desde el ecofeminismo por la justicia socioambiental. El futuro será ecofeminista, o no será”.
Ecologistas en Acción / COMCOSUR MUJER Nº 676 – 08/03/2021
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“Siempre he partido de una idea elemental: la de que la verdad no necesita ser justificada por la adecuación a un objetivo superior. La verdad es la verdad y nada más. Debe ser servida, no servir.”
Eugenia Ginzburg / “El vértigo”.
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