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LA GUERRA DE LOS CANÍBALES

MUMIA:

1) Bolivia ante su nuevo desafío –

2) La Palma africana intenta su cuadratura del círculo –

3) Portugal sale de un proyecto controvertido por la política israelí siguiendo la presión del BDS –

4) Libia, la Guerra de los caníbales –

5) Zimbabue ¿Los últimos días de Mugabe?

COMCOSUR / POR LA VOZ DE MUMIA ABU JAMAL / AÑO 16 / Nº 790 / Miércoles 14 de Septiembre de 2016 / REVISTA DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS / Producción: Andrés Capelán

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“Vivimos en la mentira del silencio. Las peores mentiras son las que niegan la existencia de lo que no se quiere que se conozca. Eso lo hacen quienes tienen el monopolio de la palabra. Y el combatir ese monopolio es central.” — Emir Sader
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1) Bolivia ante su nuevo desafío
Atilio Boron (Alai)

El asesinato en Panduro, Bolivia, del Vice Ministro Rodolfo Illanes refleja claramente los extremos a los cuales es capaz de llegar la coalición destituyente formada por el imperialismo norteamericano, como indudable “director de orquesta” acompañada por la oligarquía tradicional y las diversas fracciones de la burguesía como “segundos violines”, para seguir con la metáfora sinfónica, y el desafinado y heterogéneo coro integrado por ciertos segmentos de las capas medias, la pequeña burguesía y algunos sectores de las clases y capas populares de la ciudad y el campo.

La metodología ha sido ensayada y puesta en práctica en numerosas ocasiones. Básicamente consiste en promover mediante una sostenida campaña de desinformación y manipulación la irritación de grupos o categorías sociales de raigambre popular especialmente sensibles bien sea a los resultados de ciertas políticas puntuales que desarrolle un gobierno –caso de los camioneros en el Chile de Allende- o, como ocurre en la actualidad en el caso de la República Bolivariana de Venezuela, a los efectos de políticas globales que impacten negativamente sobre el conjunto de la población, muy especialmente los más pobres.

En no pocos casos se combinan ambas tácticas: en Chile el desabastecimiento planificado de ciertos productos se combinó con la virulenta reacción de los camioneros y, desgraciadamente, con los mineros en la mina de cobre El Teniente, nacionalizada por Allende y que se declararon en huelga indefinida por mayores salarios (duró 74 días, siendo el cobre “el sueldo de Chile”, como decía el presidente chileno). Poco después un violento y confuso enfrentamiento con los mineros en Santiago deja un saldo de un minero muerto y más de medio centenar de heridos. Como resultó evidente poco después, la siniestra mano de la CIA estaba metida en todas estas operaciones que terminaron con el derrocamiento de Allende y el baño de sangre que enlutara a ese país.

Por eso el infame asesinato del Vice Ministro Illanes debe ser puesto bajo esta perspectiva. La conversión de cooperativistas en pequeños empresarios mineros que están promoviendo la privatización de facto de los recursos minerales de Bolivia es un dato insoslayable. Si bien las políticas del gobierno de Evo Morales favorecieron a este sector cooperativo minero, la sanción en Agosto de este año de Ley General de Cooperativas Mineras los predispuso en su contra. Lo que aparentemente fue el foco del conflicto era la norma que autoriza la sindicalización de los trabajadores empleados por los cooperativistas.

El modelo “Walmart” de prohibición de la sindicalización en dicha empresa parece haber calado hondo en los cooperativistas. En su radical intransigencia estos además extendieron el diferendo con el gobierno y constituyeron una coalición que agrupa a cooperativas de otros sectores fuera de la minería. El resultado: de las 10 demandas iniciales se pasó a un pliego de peticiones de 24 puntos, acompañado por una huelga por tiempo indefinido. Entre aquellos sobresale el rechazo a la Ley de Minería y Metalurgia que impide que las empresas privadas inviertan en las concesiones de los cooperativistas. Como lo señala Katu Arkonada en un análisis reciente, “los cooperativistas tienen firmados al menos 31 contratos con empresas privadas, algunas de ellas trasnacionales, siendo una de ellas la Comsur de Sánchez de Losada.”1 Las quejas contra las estrictas regulaciones ambientales impuestas por el gobierno boliviano también son parte del reclamo de los cooperativistas lo mismo que la exigencia de que se los beneficie con precios preferenciales para su consumo de energía.

Ante la magnitud de estas demandas el gobierno de Evo Morales mantuvo abiertos todos los canales del diálogo y la negociación, dentro de un límite infranqueable: preservar el imperio de la Constitución, que no podía ser puesto en cuestión por el accionar de un conjunto de actores de sospechosa intransigencia.

Hay numerosas razones para pensar que hubo alguien que tensó el conflicto cuando las negociaciones entre gobierno y cooperativistas estaban encaminadas. Una falsa orden de aprehensión de dirigentes cooperativistas provocó el paso a la clandestinidad de su dirigencia y la intensificación de los bloqueos. Un par de días después, el 24 de agosto, se produjo el asesinato de dos mineros cooperativistas durante los bloqueos sin poder precisarse, hasta ahora, los eventuales autores de los disparos.2 Lo que sigue es historia conocida, con otro minero muerto y el linchamiento de Illanes.

La larga experiencia latinoamericana en este tipo de situaciones no exige demasiado esfuerzo de imaginación para comprender lo sucedido. Tal como lo relata John Perkins en su conocido libro y lo ratifican los manuales de Eugene Sharp incidentes como los que estamos analizando forman parte de los SOP, “Standard Operating Procedures” de los agentes del imperio.3

Los medios de comunicación, por supuesto, cumplieron una función importantísima al fogonear el conflicto, tal como El Mercurio y el Canal 13 de la Universidad Católica lo hicieron en el caso de Chile. En Bolivia se hicieron cómplices de una falsedad informativa que fue divulgada irresponsablemente para escalar el conflicto, intensificar los bloqueos y enfurecer a los cooperativistas. Luego de los trágicos sucesos de Panduro la prensa hegemónica acentuó su labor destituyente afirmando que fue la intransigencia del gobierno el causante de la muerte de los cooperativistas y del Vice Ministro Illanes.

No sería descabellado pensar que los traumáticos acontecimientos de agosto producirán una redefinición en el arco de alianzas del gobierno y la oposición. Los beneficios otorgados a los cooperativistas ya habían provocado el malestar de múltiples movimientos sociales que no están de acuerdo con que se les mantengan sus privilegios. En dependencia del avance de las investigaciones no sería improbable que buena parte de la dirigencia cooperativa involucrada en estos luctuosos sucesos fuese desplazada. Es evidente que el problema está mucho más en la dirigencia del cooperativismo minero que en su base, sometida a presiones y chantajes por aquella y obligada a actuar como masa de maniobra en bloqueos y otras iniciativas violentas de franco carácter destituyente.

De lo anterior se desprende que el gobierno de Evo Morales se enfrenta a un nuevo desafío. Para salir airoso del mismo deberá actuar con serenidad y firmeza; la primera, para no caer en provocaciones cuya frecuencia y gravedad seguramente irán en aumento a medida que Bolivia se aproxime al crucial año 2019, donde se pondrá en juego la continuidad del proceso de cambios iniciado bajo el liderazgo del Presidente Evo Morales. Provocaciones y trampas facilitadas por un entorno geopolítico que no podría ser más desfavorable: gobiernos de derecha radical en Argentina, Brasil, Paraguay, Chile y Perú; iniciativa norteamericana de reforzar “el control del narcotráfico” en la frontera Norte de la Argentina, con una eventual base militar de Estados Unisoa en la lindera provincia de Jujuy destinada a monitorear tan cerca como fuese posible el irresistible imán, para Washington, del litio boliviano; militarización de la frontera chileno-boliviana y ejercicios conjuntos entre las fuerzas armadas de ambos países y la belicosidad de la cancillería chilena auguran tiempos difíciles para el gobierno de los movimientos sociales.

Serenidad, entonces, para responder con la frialdad cerebral de un ajedrecista pero también decíamos firmeza. Si algo se puede aprender de la actual tragedia brasileña es que la política de apaciguamiento y concesiones de los enemigos del proceso lejos de atenuar su beligerancia sólo alimentan su resentimiento y su afán de venganza. Convalidar con la pasividad oficial el crimen perpetrado por los cooperativistas sería una actitud suicida. Con la ley en la mano el gobierno debe castigar ejemplarmente a sus responsables materiales e intelectuales.

Para concluir: Bolivia ha hecho inmensos progresos bajo el gobierno de Evo Morales y una adecuada combinación de serenidad y firmeza le permitirá superar los desafíos actuales y también romper el cerco regional constituido por gobiernos de muy frágil legitimidad y cuya duración, especialmente en el caso de Brasil y, en cierta menor medida, Argentina, está en duda. En el pasado el gobierno de los movimientos sociales sorteó con éxito numerosos retos. No hay razón ahora para pensar que ahora la historia podría ser diferente.

1 “10 preguntas y 10 respuestas sobre el conflicto con los “cooperativistas” mineros en Bolivia”, en www.telesurtv.net/bloggers/10-preguntas-y-10-respuestas-sobre-el-conflicto-con-los-cooperativistas-mineros-en-Bolivia-20160827-0002.html 27 Agosto 2016. Remitimos a este trabajo para una exhaustiva indagación sobre diversas faceta del tema que nos preocupa y que no podemos tratar en nuestro trabajo.
2 Cabe recordar que el Presidente Evo Morales prohibió no sólo disparar sino que la policía se haga presente en el lugar de los bloqueos portando armas de fuego.
3 John Perkins, Confesiones de un gangster económico (Barcelona: Ediciones Urano, 2005) o los diversos manuales para la desestabilización de regímenes dictatoriales de Eugene Sharp.

MIÉRCOLES 14 DE SEPTIEMBRE DE 2016 – COMCOSUR
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2) La Palma africana intenta su cuadratura del círculo
Emilio Godoy (IPS)

“En San Lorenzo talaron la selva para sembrar palma (africana) aceitera. Si no avanzaron más, es porque los pueblos indígenas lograron frenar la expansión”, denuncia el ecuatoriano Santiago Levy en el marco del Congreso Mundial de la Naturaleza.

El coordinador en la provincia de Carchi, en el norte de Ecuador, de la no gubernamental Fundación para el Desarrollo de Alternativas, enumera el impacto de ese cultivo extensivo en departamentos de esa región, fronteriza con Colombia, desde comienzo de la década pasada. “Se necesita infraestructura, mucha agua para su procesamiento y genera residuos líquidos que van al suelo. No veo palma sostenible, implica botar selva para poner un monocultivo”, señaló a IPS durante el Congreso, que hospedó la capital del estadounidense estado insular de Hawái los 10 primeros días de septiembre.

La mención relata el desarrollo de la palma africana o aceitera (Elaeis guineensis) en esa nación latinoamericana, como ha ocurrido también en años recientes en Brasil, Colombia, Guatemala, Honduras e Indonesia, el mayor productor mundial. La fiebre por la palma africana, cuyo fruto se muele para extraer aceite que se consume en la industria de alimentos, cosmética y agrocombustibles, ha contagiado a varios países, derivando en confrontaciones territoriales, deforestación, disputas laborales, contaminación del agua e, incluso, el asesinato de algunos líderes locales.

Ese legado coloca en tela de juicio los mecanismos fomentados por las naciones productoras, la industria, organizaciones ambientalistas y académicos para el cultivo sostenible de la oleaginosa. Un nuevo intento fue promovido por los participantes durante el Congreso organizado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) en este archipiélago en medio del océano Pacífico.

Una de las resoluciones debatidas a profundidad durante la cumbre ambiental versó sobre mitigar los impactos de la expansión de la palma de aceite y de las actividades ligadas a su cultivo sobre la biodiversidad, en un intento por impedir que esa agroindustria avance hacia ecosistemas libres de esa actividad.

La moción solicitó a la UICN, con sede en Suiza y con 1.200 miembros gubernamentales y no gubernamentales, analizar la situación sobre las repercusiones de la expansión de la palma africana sobre la conservación de la biodiversidad, además de examinar y definir buenas prácticas para el sector.

También se instó a formar un grupo de trabajo para apoyar a gobiernos y otros actores a delimitar los ecosistemas para el cultivo de la palma, y a sus miembros, a aplicar salvaguardas adecuadas para los pueblos indígena, víctimas de la ampliación del cultivo. En los Compromisos de Hawái, el documento con 99 resoluciones del Congreso, se reconoce que “la intensificación y la industrialización de la agricultura amplían su huella y sustituyen las prácticas no intensivas o tradicionales, se destruyen los ecosistemas naturales y la biodiversidad”.

El Congreso, que la UINC realiza cada cuatro años y que en esta edición ha tenido como lema “Planeta en la encrucijada”, congregó aquí a 9.500 participantes de 192 países y territorios, entre delegados de gobiernos, organizaciones no gubernamentales, científicos y empresas. Arnold Sitompul, director de Conservación en la oficina en Indonesia del no gubernamental Fondo Mundial para la Naturaleza, consideró que el modelo actual de certificación de la palma sostenible no ha funcionado, pues persiste la deforestación y la pérdida de riqueza biológica.

“Hay necesidad de movilizar esfuerzos para responder a todos los problemas de la palma. Debemos ir paso a paso. Primero, tenemos que detener la deforestación y luego afrontar la intensificación de actividades de siembra que ocurren en tierras degradadas”, planteó a IPS. En su país, desde 1985 el área cultivada creció ocho veces. A partir de 2011, el gobierno de Jakarta ha impuesto moratorias al otorgamiento de nuevas licencias de siembra, aunque según el activista no resultaron eficaces en controlar la expansión del cultivo.

En el mundo están sembrados unos 200.000 kilómetros cuadrados de palma africana, que abastecen 23 por ciento de la demanda global de aceites y grasas. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos estima que el procesamiento mundial de aceite de palma para el ciclo 2016-2017 alcanzará 65,5 millones de toneladas, 10 por ciento más que en 2015.

Indonesia, el mayor productor de la materia prima, dedica al cultivo unos 80.000 kilómetros cuadrados, con una producción anual de 35 millones de toneladas. Le siguen Malasia, con 56.000 kilómetros cuadrados y 21 millones de toneladas, y Tailandia, con 10.000 kilómetros y 2,3 millones de toneladas.

En América Latina, Colombia, el cuarto productor mundial, genera más de un millón de toneladas anuales de aceite en 5.000 kilómetros cuadrados de cultivo. Detrás están Ecuador (560.000 toneladas y 2.800 kilómetros cuadrados), Guatemala (515.000 toneladas y 1.500 kilómetros cuadrados), Brasil (340.000 toneladas y 31.500 kilómetros cuadrados) y Honduras (545.00 toneladas 1.250 kilómetros cuadrados).

El modelo de palma sostenible “no ha funcionado”, a juicio de Antony Lynam, asesor regional de los programas para Asia de la Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre, con sede en Nueva York. “Hay que proteger a los bosques de la expansión de la palma”, sostuvo ante IPS. La certificación “no puede ser un pretexto para las empresas para dañar el ambiente. No puede convertirse en ‘green washing’ (simulación ecológica)”, dijo una fuente ambientalista a IPS durante el Congreso, bajo condición de anonimato.

Una Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma Sostenible (RSPO, en inglés), que reúne a los diferentes actores involucrados desde 2004, creo un sistema de certificación. Una revisión del mecanismo de quejas de la RSPO parece confirmar esas conclusiones sobre la producción de Aceite de Palma Sostenible Certificado (CSPO, en inglés), por el incremento de los reclamos desde 2014.

Del total de las 64 quejas acumuladas, 40 por ciento se refieren al consentimiento previo de los pueblos indígenas al cultivo en sus territorios, 23 por ciento a problemas de conservación y 16 por ciento a contaminación y quema de bosques y selvas. Indonesia encabeza la lista con 35 denuncias, seguido por Malasia (13) y Colombia (dos). El resto está repartido entre Brasil, Camerún, Costa Rica, Francia, Liberia y Perú.

Cuando se reunió el 30 de junio en Malasia, la junta del Panel de Quejas de la RSPO, integrado por representantes de empresas, bancos y organizaciones ambientalistas, recibió reclamos sobre violaciones de derechos laborales, libertad de movimiento de pueblos indígenas, incumplimiento en pagos e impactos sobre la biodiversidad.

La RSPO, que aglutina a unos 3.000 miembros de siete sectores vinculados con la agroindustria, certificó hasta ahora casi 11 millones de toneladas de aceite de palma y cubrió 22.100 kilómetros cuadrados de cultivo. La organización elaboró un conjunto de criterios sociales y ambientales que las empresas deben cumplir para producir aceite certificado como sostenible, que incluyen su total trazabilidad, el cumplimiento de los derechos laborales e indígenas, la no ocupación de áreas de valor biológico y prácticas agrícolas limpias.

Hasta ahora el aceite certificado proviene de Indonesia, Malasia, Papua Nueva Guinea, Brasil y Colombia y solo representa 17 por ciento de la producción mundial. “No tiene sentido hacer biocombustible con la comida. Hay que buscar alternativas a las oleaginosas, con la expectativa de que no dañen el ambiente”, señaló el ecuatoriano Levy.

Sitompul es optimista de que pueden mejorar las prácticas industriales. “Es un buen momento para mejorar la situación. Se puede incentivar mejores prácticas. Indonesia debe enfocarse en dar valor agregado al sector, en vez de sólo aportar materia prima”, planteó.

Editado por Estrella Gutiérrez

MIÉRCOLES 14 DE SEPTIEMBRE DE 2016 – COMCOSUR
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3) Portugal sale de un proyecto controvertido por la política israelí siguiendo la presión del BDS
(stopthewall.org/es)

El Ministro portugués de Justicia anunció que se han retirado de un proyecto financiado conjuntamente por la UE con el Ministerio de Seguridad Pública Israelí, con la Policia Nacional Israelí y la Universidad Israelita Bar Ilan. El proyecto TREN DE LA LEY, que intenta unificar las metodologías de interrogatorio policial, ha generado controversia en Portugal dada la sonada oposición a la participación de Israel en el marco de investigación de la UE Horizon 2020 y las violaciones a los derechos humanos perpetrados donde las entidades israelíes toman parte.

El gobierno Portugués está bao una gran presión por parte de los grupos de la sociedad civil que hacen campaña para terminar con la cooperación con Israel. Los partidos de la oposición denunciaron el el parlamento la tortura rutinaria de la policía israelí y el papel del Ministerio de Seguridad Pública en la detención ilegal de miles de palestinos como prisioneros políticos en las cárceles israelíes.

Jamal Juma’, coordinador de Stop the Wall, y miembro de la organización del Comité Nacional Palestino del BDS (BNC), elogió la decisión de principios del gobierno portugués socialista de centro izquierda:

"Esta decisión de Portugal da esperanza a nuestro pueblo y envía un fuerte mensaje a Israel que no hay negocios ni los habrá mientras continúe la agresión militar contra Gaza y la represión en Cisjordania. Este proyecto de la UE da reconocimiento tácito al control y a la represión israelí sobre el pueblo palestino y mira para otro lado ante las notorias violaciones de Israel sobre los palestinos que incluye tortura rutinaria como una ‘técnica de interrogación’.”

El proyecto europeo, de cinco millones de euros, intenta desarrollar tecnología para unificar la metodología de los interrogatorios policiales ‘mejorando las habilidades de los interrogatorios’ haciendo de puente con las así llamadas ‘diferencias culturales y legislativas en el estilo de los interrogatorios’. Las fuerzas policiales involucradas contribuirán con su 'experiencia en interrogación y lucha contra el crimen a desarrollar el sistema’. El Ministerio Israelí de Seguridad Pública y la policía israelí están acusados por las NU y por las organizaciones de derechos humanos de llevar a cabo prácticas de detención ilegal, tortura rutinaria durante los interrogatorios y empleo de violencia excesiva contra los manifestantes palestinos.

El Servcio Público Federal de Justicia de Bélgica y el Ministerio del Interior de España/Guardia Civil, empresas privadas, universidades e instituciones de investigación siguen involucrados en el proyecto como parte del marco de investigación de la UE Horizon 2020. Los grupos de activistas en España y en Bélgica han prometido iniciar campañas para terminar con el proyecto después de su última victoria.

“Agradecemos a las organizaciones de la sociedad civil y a los partidos políticos portugueses que han trabajado junto a nosotros para edificar una solidaridad efectiva basada en el llamamiento de Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS) y así asegurar que no habrá riesgo de proliferación de las prácticas ilegales israelíes ni tratamiento inhumano a través de este proyecto en el propio sistema de justicia portugués,” dijo Juma’.

Una coalición sin oredecentes de grupos solidarios portugueses, organizaciones de derechos humanos y activistas anti racismo, así como la asociación que representa s los oficiales de la revolución del país en 1974 se unieron siguiendo un informe de Stop the Wall que mostraba la cooperación y sus consecuencias sobre los derechos humanos y la l¡bertad de los palestinos. El Partido Comunista Portugués y el Partido de los Verdes interrogaron al Ministerio de Relaciones Exteriores y al Ministro de Justicia sobre ese tema.

El Movimento pelos Direitos do Povo Palestino e Pela Paz no Medio Oriente (MPP ), iniciador de la coalición de la sociedad civil contra el proyecto, ha declarado: “Nos congratulamos por la decisión del Ministerio de Justicia para terminar con la participación de la Policía Portuguesa en el proyecto LAW TRAIN. La retirada del gobierno portugués del proyecto es una Victoria de todas las fuerzas que en Palestina, en Portugal y en Europa hacen un llamamiento oara terminar con este proyecto de cooperación con el aparato represivo israelí.”

Estas noticias llegan mientras el palestino de 34 años Bilal Kayed sigue con su huelga de hambre indefinida desde Junio del 2015. Hay actualmente más de 7000 prisioneros palestinos en las cárceles israelíes, muchos de ellos detenidos sin cargos. El Comité de las NU contra la Iortura exhortó una vez más en Mayo a Israel a prohibir la tortura u denunció las actuales prácticas de tortura y malos tratos en los procesos de interrogación. Las organizaciones de derechos humanos resaltan los tratamientos brutales, particularmente contra menores palestinos.

Riya Hassan, coordinadora europea del BNC, concluye:
“Esta última victoria es otro signo de que los gobiernos europeos están despertando ante la problemática de tener a Israel como un socio en proyectos que arriesgan minar las libertades básicas, la democracia y los derechos humanos. Aún queda un largo camino para terminar con la complicidad de Europa con el apartheid israelí. LAW TRAIN continua con los participantes que quedan y es solo uno de los muchos proyectos militares y de seguridad financiados por la Comisión de la UE con dinero de los contribuyentes.”

MIÉRCOLES 14 DE SEPTIEMBRE DE 2016 – COMCOSUR
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4) Libia, la Guerra de los caníbales
Guadi Calvo (Rebelión)

Los grandes medios occidentales están anunciando con gran entusiasmo la inminente caída de la ciudad libia de Sirte, declarada capital del Estado Islámico, que se calcula cuenta entre 3 y 7 mil hombres.

Sirte, justamente la ciudad donde nació el líder de la Yamarihiya y donde fue asesinado en octubre de 2011, por las hordas alentadas, armadas y entrenadas por la OTAN, bajo la cobertura de la Primavera Árabe, hace casi año y medio que fue conquistada por el Daesh y desde entonces ha sido acechada por algunas de las innumerables facciones que operan en el país norafricano.

Pero recién ahora, tras el “pedido” del primer ministro, Fayez Serraj, jefe del Gobierno de Unidad Nacional (GNA) a la sazón, un vulgar testaferro del Departamento de Estado, blanqueado por la resolución 2273 del 14 de marzo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas organismo que desde el 2011, casi de manera diaria no ha dejado de cometer alguna aberración en Libia, se han decidido por bombardear posiciones del Daesh, particularmente dentro del casco urbano de Sirte. Claro, tras estos ataques, la prensa internacional, no menciona la cantidad de muertos civiles, lo que no sucede cuando la aviación rusa bombardea posiciones de Estado Islámico en Siria en que la prensa mundial conoce con particular exactitud en número de muertos asesinados por el presidente Putin y el “régimen” de al-Assad.

Con la operación contra el Daesh llamada Bonyan al Marsus (Estructura Sólida,) que se inició en mayo último, parece ser que Estados Unidos junto al remedo de naciones que conforman la parte minoritaria de la OTAN, y las “fuerzas alineadas con el GNA”, que nadie sabe a ciencia cierta quienes son y de donde provienen, han decidido de una vez poner punto final a la anarquía en Libia, y ya no solo han empezado a bombardear, sino que ya se habla de contingente militares, por ejemplo italianos, que pronto volverían a invadir el país ya que según se ve, la “democracia” que llevaron en 2011, no estaba en muy buen estado.

El propio presidente estadounidense, Barack Obama, ha reconocido el proceso de reconstrucción libio como el “mayor fracaso” en sus ocho años de gobierno.

Claro, Libia se merece una segunda oportunidad ya que casualmente es el país africano con las mayores reservas petroleras y noveno a nivel mundial, además de guardar en sus subsuelo más de 35 mil kilómetros cúbicos de agua dulce, en las cuencas de Kufra, al sureste, próximo a la frontera egipcia, cuyo potencial sería de 20 mil km³; la región de Sirte cuenta con otros 10 mil km³; Murzuk, al sur de Jabal Fezzan 4.800 km³ a los que se le suman las cuencas de Hamadah y Jufrah, que van desde el Arco Qargaf y Jabal Sawda hasta el Mediterráneo. El acuífero de Piedra Arenisca, en la región de Nubia, en el oriente del Sahara, entre Libia, Egipto, Chad y Sudán, con la friolera de 75 mil refrescantes kilómetros cúbicos de agua dulce es la mayor del norte africano y todo eso a tiro de piedra de Europa y en un territorio sin gobierno que pueda impedir el saqueo que se aproxima.

Tras la invasión que terminó con el gobierno del Coronel Gadaffi, y su estado de bienestar, la Primavera Árabe pulverizó los destinos de millones de libios y los empujó a ser hoy un estado fallido, gobernado por bandas armadas que responde a quien mejor le pague.

En la batalla por Sirte, se puede ver claramente la cantidad de organizaciones de mayor capacidad de fuego, que combaten autonómicamente, contra el enemigo común: el Estado Islámico, de salir victorioso de este encierro, cosa por demás difícil, haría que su venganza superara a todo lo conocido. Libia, desde hace cinco años no ha dejado de retroceder y ya solo tienen poder territorial fáctico, solo algunas tribus en especial las del sur donde la guerra de 2011, parece haber sido menos cruel.

El centro del país y toda la franja costera se encuentra fraccionada por diferentes organizaciones paramilitares, carteles del narcotráfico, bandas de contrabandistas, traficantes de armas, de personas y según algunas versiones. difíciles de confirmar y de creer posible solo por la complejidad que requiere el “negocio” de órganos.

La próxima batalla después de Sirte.

Si los grupos que hoy combaten a Estado Islámico en Sirte, lograran neutralizar a los califados del Ibrahim, solo se estaría retrotrayendo la situación libia a octubre de 2014, cuando el Daesh apareció en la ciudad de Derna, a pocos kilómetros de la frontera con Egipto, desde donde comenzó a avanzar hacia el sur y después al este. Para entonces la situación en Libia, ya era un caos y Estado Islámico, solo fue un condimento más del pandemónium.

Sin Ejército, sin recursos, ya que no se logra reactivar la producción petrolera, sin un mando que consiste el respeto y el encolumnamiento de los grupos armados señores de la guerra y caudillejos han brotado por todas las regiones: el “Ejército libio” que comanda el ex general Khalifa Haftar, expulsado por traidor del ejercito de Gadaffi y más tarde reclutado por la CIA, cercano al Parlamento de Tobruk a quien también acompañan las milicias de Zintán y Washarfana y en el exterior cuenta con el beneplácito de Egipto, Emiratos Árabes y Arabia Saudita; por otra parte la poderosa milicia del puerto de Misrata, unidas en el movimiento Fayer Libia (Amanecer Libio), vinculado a los siempre omnipresente Hermanos Musulmanes, son apoyado por Turquía y Qatar, y circunstancialmente por Ansar al-Sharia, organización terrorista que ha quedado diezmada por las pugnas internas y la migración de sus militantes tanto a Estado Islámico como al-Qaeda para el Magreb Islámico (AQMI). La milicia de Misrata, rivaliza con Trípoli y con Bengasi, y es cercana al parlamento de Trípoli, además de controlar la seguridad de algunas infraestructuras como centrales eléctricas o la base aérea de Ghardabiya.

Los milicianos misratíes, manejan también el tráfico de las embarcaciones que desde ese mismo puerto salen cargadas de refugiados rumbo al sur de Italia, lo que le deja importantes recursos, se estima entre 800 mil y un millón de extranjeros próximos al puerto de Misrata esperando su turno para embarcar. Otro de los tantos brazos armados que perpetuó el caos en Libia es la Guardia de Instalaciones Petrolíferas (GIP), milicia comandada por Ibrahim Yadran, que ha sido desplazada desde Ras Lanuf, su base natural, a unos 300 kilómetros de Sirte, para participar en los combate contra el Daesh. Ellos han cerrado el camino de muchos salafistas que pugnaban por llegar a la cuenca petrolera del Golfo de Bengasi, donde podrían haber atentado contra las últimas destilerías que dispone el país.

En el sur del país milicias de tuaregs y tubus, tribus rivales entre sí, han profundizado frente al caos, sus ansiados e históricos reclamos de autonomía en pos de su independencia final.

Libia, un país ejemplo y modelo, no solo para África, sino para las naciones del tercer mundo, ha sido devastada y convertida en un estado fallido al ejemplo de Somalia, quizás su único record hoy sea ser la nación que cuenta con mayores cantidad de gobiernos de unidad por kilómetro cuadrado, el Parlamento de Trípoli, de Tobruk y ahora del impuesto por Naciones Unidas el Unidad Nacional (GNA), solo sellos de goma que no puede controlar ni las puertas de los sitios donde funcionan.

Ya no importa quien triunfe en la pugna libia, ya no importa si hubiera alguna vez un resultado claro en la disputa, quien sea que trepe al kurosawano trono de sangre, no será por ser el mejor, sino por ser el más salvaje de los caníbales.

MIÉRCOLES 14 DE SEPTIEMBRE DE 2016 – COMCOSUR
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5) Zimbabue ¿Los últimos días de Mugabe?
Leo Zeilig (Viento Sur)

Hace dos semanas, una protesta nacional paralizó Zimbabue. Por primera vez en muchos años, el partido gobernante, la Unión Nacional Africana de Zimbabue – Frente Patriótico (ZANU-PF) y el presidente Robert Mugabe parecían estar muy nerviosos. Jóvenes, trabajadores y vendedores ambulantes –que sobreviven vendiendo alimentos y bienes de importación baratos por las calles– se enzarzaron en batallas campales con la policía y el ejército. En muchos casos, los manifestantes superaban en número a las fuerzas de seguridad.

Pese a que la prensa del régimen se ha centrado en el pastor Evan Mawarirey su movimiento #‎ThisFlag, las manifestaciones tienen raíces más profundas. Una convergencia explosiva de cuestiones como la escasez de alimentos, los casos de corrupción y el impago de salarios ha contribuido a azuzarlas. Los manifestantes reclamaron que la policía dejara de practicar controles de carretera y de acosar a la ciudadanía para conseguir sobornos, y que el gobierno despida y lleve a los tribunales a los funcionarios corruptos. La protesta se organizó además en apoyo a la huelga nacional de empleados públicos, puesto que el personal sanitario, los médicos, los enseñantes y otros empleados públicos no habían cobrado el salario de junio.

La policía detuvo a numerosas personas en un intento de quebrar la resolución de los manifestantes. Sin embargo, ocurrió algo insólito: en vez de intimidar a la gente, la represión parecía reforzar la resistencia. Dos días después tuvo lugar una huelga masiva a escala de todo el país, arrastrando a la mayoría de ciudades y núcleos de población a la protesta. En la ciudad meridional de Bulawayo, casi todas las tiendas del distrito comercial del centro y de los grandes suburbios permanecieron cerradas. Las pequeñas furgonetas Volkswagen que se utilizan para el transporte local de la gente pobre –las llamadaskombis–dejaron de operar. En Harare, un activistainformó de “un parón casi total en que la ciudadanía de Zimbabue respondió al llamamiento de los activistas a favor de la democracia en una apuesta por forzar al presidente Robert Mugabe a ofrecer una solución a los problemas del país o de lo contrario dimitir junto con su gobierno del ZANU-PF”. En los barrios pobres y densamente poblados, los vecinos montaron barricadas y se enfrentaron a la policía.

Sin embargo, el partido gobernante también ha movilizado a sus seguidores. A pesar de la agobiante pobreza y del paro masivo, el ZANU-PF todavía goza de un apoyo significativo entre los pobres. El 19 de julio, en una manifestación contraria al movimiento #ThisFlag, miles de personas se concentraron delante de la sede del ZANU-PF en Harare y vitorearon a Mugabe por “crear puesto de trabajo y prosperidad”. Esta manifestación ha despertado el temor de que nuevas manifestaciones progubernamentales desaten la violencia política, dado que jóvenes leales al partido gobernante han atacado a personalidades críticas con el ZANU-PF. Zimbabue tiene una historia sangrienta rica en tales recriminaciones violentas. Sin embargo, puede que algunos acontecimientos recientes anuncien algo nuevo: el miedo omnipresente que ha retenido al pueblo de Zimbabue durante años parece haberse disipado, y la aparente invulnerabilidad del partido gobernante se ha resquebrajado.

Vuelta a la década de 1990

Para analizar lo que está ocurriendo en Zimbabue, hemos de echar una ojeada a los hechos ocurridos a finales de la década de 1990. En 1999 se constituyó el Movimientos por el Cambio Democrático (MDC). Creado inicialmente en forma de coalición para la defensa de los pobres, junto con la Confederación de Sindicatos (ZCTU), el MDC se propuso desbancar al partido gobernante. Activistas que habían participado en las luchas masivas de los pobres y los trabajadores a mediados de la década crearon agrupaciones locales en todo el país.

Uno de los líderes, quien más tarde sería ministro de Hacienda del denostado gobierno de unidad nacional en 2008, TendaiBiti, calificó así aquel periodo de revueltas: “Aquella fue una ocasión memorable en la historia de este país, porque trajo confianza; en la atmósferase percibía el poder de la clase obrera”. No era una exageración. Entre 1996 y 1998, el “bienio rojo”,Zimbabue conoció huelgas generales del sector público, el cierre de la universidad nacional en la capital y una revuelta estudiantil en todo el país, que politizó a los veteranos de guerra. Ex combatientes de la guerra de liberación de la década de 1970 ocuparon tierras de labranza, ampliando el alcance de una protesta que puso en jaque al partido gobernante.

Lo que sucedió después es tristemente conocido. La oposición se volvió cada vez más moderada, enfrentada a una represión que segó las vidas de cientos de activistas. Pero el MDC también viró a la derecha. A medida que el partido ganó influencia, atrajo a una multitud variopinta de seguidores: “rodesianos” no reconvertidos –lo que quedaba de los colonos blancos que habían conservado sus tierras tras la independencia–, empresarios y el 1 % más rico de Zimbabue, todos ellos desilusionados con el ZANU-PF, al que habían apoyado durante años.

El ZANU-PF supo ver su oportunidad. Primero se puso al frente de los veteranos de guerra y alentó la ocupación de las tierras de los blancos. Así se alzó con la representación de los campesinos sin tierra. En un acto tan estrafalario como descorazonador, el MDC –ahora influido por los intereses de los blancos, los empresarios y las clases medias– prometió devolver las tierras a los terratenientes blancos en interés de la “legalidad”. El ZANU-PF se situó a la izquierda del MDC y se presentó como partido del renacimiento radical africano. Zimbabue, declaró el partido, emprendía su tercer chimurenga.

El primer chimurenga, o “levantamiento”, ocurrió a finales del siglo XIX contra la conquista colonial de lo que sería el actual Zimbabue. El segundo se produjo durante la resistencia guerrillera al Estado de Rodesia en las décadas de 1960 y 1970, en la que Mugabe desempeñó un papel destacado. Durante la guerra de liberación, Mugabe se convirtió en un héroe. Los simpatizantes internacionales celebraron su papel en la derrota de uno de los regímenes más ferozmente racistas del continente. Militantes radicales exiliados de Sudáfrica y activistas de Europa y Norteamérica acudieron a Zimbabue para apoyar a su gobierno.

Sin embargo, el país experimentó una de las reconciliaciones más espectaculares de la historia de los conflictos armados. Los empresarios y terratenientes blancos pudieron conservar sus posesiones. El 17 de abril de 1980, ante una multitud de personalidades internacionales, entre ellas el príncipe Carlos de Inglaterra, Mugabe tranquilizó a sus antiguos enemigos afirmando que “si ayer combatí contra vosotros como enemigos, hoy sois mis amigos. Si ayer me odiabais, hoy no podéis evitar el amor que os une a mí y que me une a vosotros.” El tono cambió tras la alianza del MDC con los terratenientes blancos. Mugabe volvió a erigirse en campeón de la lucha renovada contra el colonialismo.

Muchos le creyeron: el reparto de tierras y sus promesas de nacionalizar las empresas e implantar el control de los precios de los alimentos básicos parecían demostrar su sinceridad. Sin embargo, la realidad era radicalmente distinta. Como ha comentado recientemente Tafadzwa Choto, un socialista zimbabuense, “pese a todas sus proclamas sobre el empoderamiento de los negros,[el ZANU no ha sido capaz de] efectuar ningún esfuerzo serio por controlar las riquezas del país por sí mismo. Zimbabuecuenta con una vasta riqueza de minerales, pero solo una minoría, alrededor del 1 %, tiene acceso a los enormes caudales obtenidos en los negocios con empresas multinacionales. Al mismo tiempo, más del 90 % de la población lucha por asegurar que sus hijos puedan ir al colegio.”

Después de inspirar temporalmente la lucha contra el Estado del ZANU-PF –el momento álgido de la resistencia popular en todo el continente–,la oposición conoció un largo periodo de decadencia. Se fracturó en diferentes grupos, dirigidos por diversos políticos y ONG, que canalizaron a los activistas en otras direcciones. Al final, la oposición política, que ahora opera en asociaciones benéficas o se moviliza al son de partidos políticos contaminados, desarmó al movimiento desde abajo y desplazó la atención del público de la lucha efectiva a otros ámbitos, como seminarios, becas en el extranjero y maniobras políticas. Los activistas califican este periodo de “mercantilización de la resistencia”.A mediados de la década de 2000, el activista estudiantil John Bomba resumió con estas palabras el destino de la oposición: “Quienes recuerdan del periodo de 1997 a 2000 se sienten hoy como si estuvieran viviendo un tiempo perdido. Todos los días los activistas preguntan qué hará falta para recuperar la confianza y el idealismo que nos impulsó en la década de 1990…Uno desea el retorno de la locura.”

Abierta a las empresas

Una anécdota refleja perfectamente la realidad de Zimbabue bajo Mugabe. En 2008, el ejército acudió a las minas de diamantes de Chiadzwapara expulsar a los mineros “artesanos” pobres que trataban de ganarse el sustento como podían. El bloguero y activista Raymond Sango describe lo que sucedió entonces: “Jóvenes parados que… habían ido a Chiadzwaen 2008 en busca de diamantes fueron brutalmente masacrados por los militares y la policía cuando el gobierno decidió intervenir para crear un ‘formato de saqueo formal’… en respuesta al Consejo Mundial del Diamante, que presionó al gobierno para que pusiera coto al contrabando de diamantes. Unos 400 mineros cayeron asesinados…bajo las salvas indiscriminadas disparadas por la policía montada, acompañada de perros y helicópteros.” El mensaje estaba claro: Zimbabue estaba abierta a las empresas.

El pasado mes de febrero, Mugabe anunció que el país había perdido 15 000 millones de dólares de ingresos de esas minas de diamantes, un dinero que podría haberse inyectado en la economía destrozada, pero que en cambio se perdió en los pozos de la corrupción. Sin embargo, la franca admisión de incompetencia por parte de Mugabe, particularmente sorprendente en boca del mascarón de proa de la descolonización en el continente, no comportó un cambio de política. En vez de llevar a los culpables a los tribunales, el presidente declaró patéticamente que su gobierno simplemente buscaría a nuevos inversores extranjeros para las minas de diamantes del país.

Recientemente también ha cortejado a otras instituciones financieras internacionales. El ministro de Hacienda, Patrick Chinamasa, y el gobernador del banco central, John Mangudya,anunciaron a bombo y platillo que el Fondo Monetario Internacional (FMI) iba a prestar a Zimbabue 984 millones de dólares en el tercer trimestre de 2016, una vez el país hubiera liquidado la deuda con los prestamistas internacionales. Se trata del primer préstamo concedido en casi veinte años. Claro que los préstamos del FMI de 1991 y 1996 y los programas de ajuste estructural concomitantes devastaron la industria local y trajeron el paro masivo.

En este contexto, tanto el partido gobernante como la oposición se han dividido repetidamente en facciones enemistadas. La incapacidad de la oposición para proponer un proyecto resueltamente contrario a la austeridad ha hecho que se escindiera una y otra vez. Aprovechando la imagen del MDC, diversos políticos de oposición han creado vástagos como el MDC-N, dirigido por WelchmanNcube, y el disuelto MDC-99, encabezado en su día por Job Sikhala, un activista estudiantil que retornó al redil del partido madre en 2014.Bitise convirtió en líder del MDC-Renovación, pero no tardó en lanzar el Partido Democrático Popular, en septiembre de 2015. El MDC está totalmente desorganizado y apenas participó en las protestas de comienzos de mes, un hecho que es tanto más chocante cuanto que muchas de las figuras dirigentes del partido fueron miembros de la izquierda radical en la década de 1990.

El partido gobernante también está sumido en la confusión. Con el colapso monetario del rand sudafricano y el frenazo de la economía china, el sistema de patrocinio del ZANU-PF ha comenzado a quedarse sin caudal. El partido ha reaccionado con una sangría política. El ex vicepresidente JoiceMujuru–expulsado en 2014–se unió a otros para formar PeopleFirst(PF), un partido defensor del neoliberalismo y casi imposible de diferenciar del partido gobernante. Mientras, la fracción Generación 40 (G40) que engloba principalmente a miembros jóvenes del ZANU-PF que no participaron en la lucha de liberación, defienden que Grace Mugabe suceda a su marido.

Contra la dictadura

Las recientes manifestaciones progubernamentales no son para tomárselas a la ligera. El ZANU-PF ha trabajado duramente para ganarse una base de apoyo entre los pobres, los jóvenes parados y las poblaciones rurales. A comienzos de la década de 2000, sus esfuerzos desembocaron en la creación del Servicio Nacional de Juventud, que implicó a menudo a personas jóvenes en actos de represión política. Según me contaron en 2003, los activistas del Servicio de Juventud se formaban sobre la base de un programa de “marxismo, historia de la patria y estudios empresariales”.Sin embargo, no podemos calificar simplemente a los manifestantes favorables al ZANU-PF dematones: la raíz del poder del partido es mucho más profunda.

Mugabe ha sabido aprovechar la retórica de la descolonización, de la conciencia de los negros y del antiimperialismo durante años. Raymond Sango escribe sobre la política económica de este régimen: “Pese a la crisis económica galopante, la corrupción omnipresente y la asquerosa codicia, arrogancia y opulencia de la élite, una parte muy importante de los trabajadores todavía apoyan al régimen de Zimbabue. Esta gente apoya la política de indigenización y de distribución de tierras y cree que las protestas están patrocinadas por los franceses.” La crisis de la que habla Sango se deriva del hecho de que no existe una alternativa antineoliberal y verdaderamente favorable a los pobres, capaz de arrebatar al gobierno el lenguaje del antiimperialismo y del panafricanismo radical. El MDC pudo haberlo hecho, pero ya no.

Se ha convertido en un tópico escribir sobre la crisis de Zimbabue. Lo que antaño parecían hechos inmutables e invariables del inveterado azote del país –la permanencia de Mugabe y de su régimen, la parálisis del MDC y de la ZCTU, que en su tiempo parecían amenazar a la dictadura–se han visto alterados. El derrocamiento del gobierno –no mediante negociaciones en las alturas, sino mediante movilizaciones populares– vuelve a parecer posible. Para el pueblo de Zimbabue, que ha sufrido años de represión, de éxodos masivos al Reino Unido y Sudáfrica, de altos niveles de desempleo (que sigue estancado en el 85 %) y del fracaso del movimiento de oposición, vuelve a aparecer la oportunidad de un cambio real. Pero el pueblo de Zimbabue debe asegurarse de que esta vez sus acciones, sus manifestaciones masivas y sus movilizaciones no sean secuestradas y paralizadas por los partidos políticos y las élites corruptas del país.

Leo Zeilig ha escrito una serie de libros sobre luchas políticas en África y es actualmente editor de la Review of AfricanPoliticalEconomy.

MIÉRCOLES 14 DE SEPTIEMBRE DE 2016 – COMCOSUR
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“Las ideas dominantes de la clase dominante son en cada época las ideas dominantes, es decir, la clase que ejerce el poder material dominante en la sociedad resulta ser al mismo tiempo la fuerza espiritual dominante, la clase que controla los medios de producción intelectual, de tal manera que en general las ideas de los que no disponen de medios de producción intelectual son sometidos a las ideas de la clase dominante”. — Carlos Marx
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