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EN CAMISAS DE ONCE VARAS

AL DÍA:

1) Uruguay cedió ante sus socios del Mercosur y Venezuela quedó aislada –

2) Nin Novoa hará gestiones directas en Estados Unidos para trasladar a Diyab –

3) Convocan a protesta por Diyab frente a embajadas de EE.UU. –

4) Diyab en la niebla –

5) El sistema de pensiones de Chile, modelo de privatización para muchos, se desmorona

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COMCOSUR AL DÍA / AÑO 17 / Nº 2094 / NOTICIAS Y PENSAMIENTOS / Jueves 15 de Septiembre de 2016 / Producción: Andrés Capelán
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"Si asumes que no hay esperanza, garantizas que no habrá esperanza. Si asumes que hay un instinto hacia la libertad, que hay oportunidades para cambiar las cosas, entonces hay una posibilidad de que puedas contribuir para hacer un mundo mejor. Esa es tu alternativa". — Noam Chomsky
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1) Uruguay cedió ante sus socios del Mercosur y Venezuela quedó aislada
Martín Natalevich (El Observador)

La iniciativa fue impulsada por Argentina, Brasil y Paraguay; Uruguay se abstuvo y permitió su aprobación

Venezuela enfrenta un destino kármico en el Mercosur: ingresó al bloque como miembro pleno gracias a la solidaridad política de Uruguay, Argentina y Brasil, quienes ahora utilizaron, junto con Paraguay, la misma ventana y otro artilugio jurídico para impedir que el país que preside Nicolás Maduro asuma la presidencia pro témpore del bloque y, al mismo tiempo, abrir la puerta a ser segregada como miembro pleno de la alianza regional. Esa segunda instancia se resolverá el 2 de diciembre, plazo fijado como ultimátum en la "nota de consenso" acordada ayer para que el país caribeño adopte los compromisos asumidos al momento de su ingreso, so pena de ser "suspendida" en su condición de miembro pleno de la unión regional.

"Finalmente solucionamos el impasse creado en el Mercosur por la posibilidad de que Venezuela asumiera la presidencia del bloque. Los cuatro países fundadores –Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay– aprobaron hoy una nota de consenso, según la cual Venezuela no asumirá la presidencia del bloque, que a partir de ahora será ejercida por medio de la comisión coordinadora formada por un representante de cada uno de los fundadores. Si al 2 de diciembre Venezuela no cumple con los compromisos que asumió al inicio de su ingreso, será suspendida del Mercosur".

Con esas palabras el canciller brasileño José Serra comunicó a través de un post en sus redes sociales la decisión adoptada por los socios fundadores, que contó con la abstención de Uruguay. En los hechos, como en el Mercosur las decisiones se toman por consenso, la mano baja de Uruguay al momento de votar implica su aval a la postura que adoptó el resto. Su negativa habría hecho naufragar la propuesta impulsada por Brasil, Argentina y Paraguay.

La decisión fue comunicada asimismo y casi en simultáneo por las cancillerías de Argentina y de Paraguay. "Esta declaración refleja el consenso alcanzado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay para facilitar el funcionamiento del Mercosur y para coordinar las negociaciones con otros países y grupos de países, así como los pasos a seguir para asegurar el equilibrio de derechos y obligaciones en el proceso de adhesión de Venezuela, atento a que este país no ha incorporado normativa esencial del Mercosur en su legislación nacional", afirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina.

El gobierno paraguayo de Horacio Cartes, por su parte, remarcó a través de su cancillería que la administración de Maduro tampoco ha "suscrito el tratado sobre promoción y protección de derechos humanos en Mercosur firmado en 2005 en Asunción".

Negociaciones

Desde hace semanas las cancillerías de los fundadores del Mercosur buscaban la forma de destrabar la parálisis en la que quedó estancado el bloque a raíz de la transferencia de la presidencia pro témpore a Venezuela. Esa idea general –que el gobierno uruguayo bautizó como "salvar al Mercosur"– encontró ayer una fórmula bien concreta. Para ello, se ampararon en la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, que permite cambiar el estatus de Venezuela en la organización por no haber incorporado la normativa mercosureña a tiempo ni estar en cumplimiento de ella.

El ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa, informó el lunes en el Consejo de Ministros que los socios fundadores someterían a votación una resolución en ese sentido, informó ayer El País. El canciller había anticipado que Uruguay iba a "abstenerse" de tomar una resolución. Fuentes de cancillería señalaron a El Observador que en este caso "abstenerse" es "no oponerse", siendo que todas las resoluciones que se adoptan en los órganos ejecutivos del Mercosur deben ser consensuadas. El gobierno uruguayo quiso mantener una posición "neutral" que no lo comprometiera con ninguna de las dos partes.

El director del Departamento de Negocios Internacionales e Integración de la Universidad Católica, Ignacio Bartesaghi, explicó a El Observador que el bloque no tiene definido un sistema para suspender a un miembro por la no incorporación de normas. La única forma de promover una suspensión es mediante la aplicación del protocolo de Ushuaia que prevé la cláusula democrática, un mecanismo que solo Paraguay planteó aunque nunca llegó a formalizarlo y con el que el presidente argentino, Mauricio Macri, coqueteó en algún momento.

Al no haber consenso para recorrer ese camino, los miembros fundadores siguieron la línea que propuso Brasil, quien –con el cambio de gobierno– puso el acento en el hecho de que Venezuela no cumple con el protocolo de adhesión. El Protocolo de Adhesión de Venezuela –votado por todos los Estados del Mercosur– entró en vigencia en 2012 y abarca cientos de normas que incluyen aspectos comerciales, aduaneros y migratorios, legislación sanitaria y técnica.

COMCOSUR AL DÍA / JUEVES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016
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2) Nin Novoa hará gestiones directas en Estados Unidos para trasladar a Diyab
(Subrayado)

Allegados a Diyab dijeron que se había desmayado. Médicos de ASSE lo examinaron y dijeron que estaba lúcido, pero muy debilitado. Nin viaja a EEUU.

El canciller Rodolfo Nin Novoa viajó este miércoles a Nueva York para preparar la presencia del presidente Tabaré Vázquez en la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU). Nin Novoa aprovechará la oportunidad para hacer gestiones directas con el Departamento de Estado de Estados Unidos acerca de la situación del ex recluso de Guantánamo refugiado en Uruguay Jihad Diyab.

El sirio lleva casi un mes de huelga de hambre y 10 días sin siquiera ingerir líquidos en protesta porque no fue trasladado a un país árabe, como reclama desde hace meses. Diyab quiere reencontrarse con su familia en otro país y las gestiones del gobierno hasta ahora no tuvieron éxito ya que ningún país árabe consultado acepta recibirlo.

Nin Novoa realizará gestiones directas en su viaje a Estados Unidos con el objetivo de que el gobierno de Barack Obama ayude a Uruguay a encontrar un nuevo destino para Diyab, quien se encuentra en estado de salud crítico por la huelga de hambre seca que realiza. Se niega a recibir atención médica y según los profesionales del Sindicato Médico del Uruguay (SMU) se trata de una huelga de hambre sin precedentes en el país.

DESMAYO
Según pudo saber Subrayado, Diyab fue observado esta tarde por varios médicos. Los especialistas llegaron a instancias del grupo de apoyo que está junto al ex preso de Guantánamo quienes informaron que Diyab se había desmayado o estaba inconsciente. Sin embargo, tras retirarse, los médicos señalaron que Diyab estaba lúcido, en estado muy delicado pero lúcido.

COMCOSUR AL DÍA / JUEVES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016
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3) Convocan a protesta por Diyab frente a embajadas de EE.UU.
Montevideo Portal

Las organizaciones que apoyan a Jihad Diyab convocaron a una “jornada internacional de protesta” en embajadas de Estados Unidos de todo el mundo en reclamo de una solución para el sirio. El nexo con el gobierno, Christian Mirza, consideró que el entorno del refugiado “no ayuda mucho”.

El grupo "Vigilia por Jihad Diyab", conformado por organizaciones sociales que apoyan el reclamo del ex prisionero de Guantánamo, convocaron este lunes a una "jornada internacional de protesta" frente a las embajadas de Estados Unidos "en todo el mundo" para reclamar una solución para el ciudadano sirio que ya lleva casi un mes en huelga de hambre.

"Convocamos a una jornada internacional de protesta frente a las embajadas de Estados Unidos y de Uruguay en todo el mundo", señala el comunicado difundido este lunes por el grupo. La protesta, extendida también a los "edificios federales dentro de Estados Unidos", se está convocada para entre el miércoles 14 y el viernes 16 de setiembre.

"A través de esta carta pedimos apoyo internacional para presionar a los gobiernos de Uruguay y de Estados Unidos para que busquen una solución inmediata y así salvar la vida de Jihad, ya que ambos Estados son responsables, cada uno en su medida, de la actual situación que vive este refugiado", señala el comunicado, que comienza repasando las peripecias vividas por el sirio desde que salió de la cárcel de Guantánamo.

El grupo recuerda que Diyab "hace casi 15 años que no ve a su familia" y que el refugiado fue sometido durante 12 años a torturas que Diyab "se ha dedicado a denunciar desde que puso un pie en la cárcel, mediante huelgas de hambre y otras acciones de resistencia, junto con otros presos de Guantánamo". La jornada internacional apunta a reclamar "justicia para Jihad" y su "reubicación en un país en el que la reunificación familiar sea viable y sostenible", así como el "cierre inmediato de la cárcel de Guantánamo".

Los allegados a Diyab advierten que su vida "se encuentra en peligro debido a la huelga de hambre que está llevando adelante" y afirman que "los tiempos se agotan, y los gobiernos de Estados Unidos y Uruguay, que pueden y deben hacer posible su justo reclamo, tienen que asumir de una vez por todas su responsabilidad con una única respuesta posible: cumplir con lo que él pide".

Mirza advirtió sobre el "entorno" de Diyab

Por su parte, el nexo del gobierno con Diyab, Christian Mirza, dijo este lunes a Telemundo que "el entorno (de Diyab) no ayuda mucho", asegurando que fueron sus allegados quienes lo convencieron de abandonar el Hospital de Clínicas. "El entorno no ayuda mucho. No sé con qué intención lo hacen. Por una irresponsabilidad, por insensatez, o vaya uno a saber por qué, no ayuda en nada", afirmó al noticiero.

COMCOSUR AL DÍA / JUEVES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016
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4) Diyab en la niebla
Hoenir Sarthou (Voces Semanario)

Si hay una palabra para describir la situación del sirio Diyab, esa palabra es “neblinosa”. Porque nada de lo que se cuenta sobre él es claro, creíble o congruente.
¿De qué fue acusado y por qué el ejército estadounidense lo encarceló y torturó durante doce años? ¿Por qué se le permitió salir de Guantánamo? ¿En qué calidad ingresó al Uruguay? ¿Es un refugiado o un prisionero? ¿Qué acordaron realmente Mujica y Obama? ¿Por qué se distanció del resto de los ex reclusos de Guantánamo? ¿Por qué su familia no ha venido a verlo? ¿Cómo llegó hasta Venezuela, sin dinero ni documentos y con muletas? ¿Por qué la policía uruguaya y la brasileña lo rastrearon cuando cruzó la frontera? ¿Por qué se presentó al consulado uruguayo, por qué fue detenido allí, por qué fue luego deportado por el gobierno venezolano, y por qué nuevamente al Uruguay? ¿Es posible que sobreviva más de una semana sin tomar agua? ¿Mintió su traductor respecto a las críticas al Uruguay? ¿Quién es realmente Diyab, y qué pretende?
Ninguna de esas interrogantes tiene una respuesta lógica o coherente. Por momentos, todo lo que rodea al sirio parece irreal, un guión de telenovela barata escrito por muchas manos, quizá una de las esquizofrénicas historias de “el Escribidor” de Vargas Llosa.
En medio de tantas versiones fantásticas y poco creíbles sobre estos hechos, no me resisto a escribir una más: la mía. No pretendo que sea tenida por verdadera, ni tampoco que sea creída. Si quieren, tómenla como una más de las fantasías miliunanochescas que este episodio ha generado.
Supongamos que Diyab, antes de ser capturado, fuera un discreto militante de su fe, quizá algo fanático pero no peligroso, alguien capaz, por ejemplo, de falsificar documentos para ayudar a sus hermanos de fe, pero no un hombre capaz de transformarse en bomba humana.
Ahora supongamos que fue denunciado por alguien y que el gobierno de Estados Unidos lo encarceló y lo torturó para investigarlo y medir su peligrosidad. Imaginemos que sus interrogadores llegaron a la conclusión de que es irreductiblemente musulmán y antinorteamericano, aunque no directamente peligroso. ¿Qué hacer con él en ese caso?
Imaginemos –bah, esto no es necesario imaginarlo- que el presidente estadounidense se comprometió a cerrar la cárcel de Guantánamo, demasiado oprobiosa aun para la escasa sensibilidad del público estadounidense. ¿Qué hacer con individuos como Diyab, no demasiado peligrosos pero probablemente convertidos en enemigos irreductibles de los EEUU luego del tratamiento recibido?
Imaginemos –ahora sí- que el presidente estadounidense recuerda que en un pequeño país sudamericano hay un presidente con credenciales guerrilleras que quiere vender naranjas en los EEUU y que además desea desesperadamente hacer méritos humanitarios para postularse al Nobel de la paz. ¿Qué mejor lugar que ese para enviar a esos presos incolocables?
Sigamos imaginando que los dos presidentes hacen un acuerdo, por el cual varios personajes como Diyab, y el propio Diyab, serán “aguantados” por unos años en territorio del paisito sudamericano, a cambio de lo cual el viejo ex guerrillero colocará naranjas y alguna otra cosilla en los EEUU y quedará hermosamente plantado como estrella de cine y postulante al Nobel. E imaginemos también que ese acuerdo se documentó en alguna clase de archivo reservado que verá la luz dentro de un cuarto de siglo, en uno de esos “strepteases” de sinceramiento y desclasificación documental que hacen los EEUU cada cierto tiempo.
El viejo presidente sudamericano dará varias y cambiantes versiones sobre los motivos por los que trajo a ese grupo de ex reclusos de Guantánamo. A veces dirá que lo hizo por humanidad, otras que lo hizo por naranjas, y otras por “dar una mano” a su colega yanqui. De todos modos, la sola mención de sus sentimientos humanitarios despertará cataratas de emoción solidaria en el pueblo del pequeño país. Emoción que durará hasta que alguno de los ex reclusos se queje por algo. Entonces la emoción se volverá odio hacia esos inexplicables ingratos muertos de hambre que no agradecen la hospitalidad compulsiva recibida.
Es de suponer que el viejo ex guerrillero, antes de cerrar el trato, consultó a su predecesor y sucesor en el cargo, el oncólogo amigo de Bush, y que éste se comprometió a respetar el acuerdo, lo que explica que los ex reclusos, incluido el incómodo Diyab, sigan aquí.
Ahora sólo nos falta imaginar que Diyab, el incómodo, no sea en realidad un loco ni un desagradecido, ni tampoco un tipo tan solitario y aislado como se dice. ¿Qué tal si es en verdad un militante consecuente, o un tipo justamente rencoroso, que se ha propuesto cobrarles al presi yanqui afrodescendiente, al vejete ex guerrillero y al oncólogo amigo de Bush los favores recibidos? ¿De qué manera? Bueno, quizá negándose al acuerdo que firmaron sus compañeros y forzando los límites de su encierro para evidenciar que no es libre. Tal vez pensó que, llegando a Caracas -con ayuda de personas, organizadas o no, que no conocemos- estaría en condiciones de negociar mejor, a través del consulado uruguayo, su ingreso en otro país. En ese caso, no contó con que, pese a su retórica antiimperialista y a sus diálogos con pajaricos, Maduro también está sujeto a amenazas de la principal potencia militar del mundo. Entonces, deportado e impedido de salir de este país y de ingresar a cualquier otro (desafiar las órdenes de un presidente estadounidense no es bueno para la salud de ningún gobernante), Diyab parece estar haciendo lo que le queda por hacer: poner a sus captores en evidencia mediante una huelga de hambre, haciéndoles pagar un precio político caro por su privación de libertad y quizá por su vida, si es que la huelga de hambre y sed va en serio.
Esta versión de la historia puede ser tan fantástica como las otras, pero tiene la virtud de ser más coherente internamente.
¿Cómo se metió Uruguay en semejante lío? ¿Nadie en el gobierno pensó en lo que significa el derecho de asilo y en la tradición uruguaya al respecto? ¿Nadie advirtió que nuestra Constitución no permite tener presos ajenos en nuestro territorio? ¿Alguien pensó en cómo seremos juzgados si Diyab muere aquí, y en qué consecuencias puede aparejarnos?
Muchos dirán ahora que la culpa es de Mujica, por su excesivo deseo de figurar y de quedar bien con los poderosos del mundo.
Sin embargo, no basta con culpar a los gobernantes para explicar el asunto. Este problema empezó –mal- el día en que los cinco prisioneros llegaron al Uruguay, encadenados y conducidos por marines estadounidenses. Eso ya olía horrible. Pero una oleada de pseudo solidaridad y de autocomplacencia hizo que mucha gente celebrara el hecho y aplaudiera a Mujica cuando dijo que quienes cuestionábamos su decisión éramos “unos almas podridas”.
Poco tiempo después, apenas los ex Guantánamo –en especial Diyab- empezaron a rechinar en la sociedad uruguaya, la solidaridad se transformó en rabia y despecho. Los insultos, “malagradecidos”, “incivilizados”, “váyanse a su país”, etc, sustituyeron a la solidaridad.
Más allá de este caso concreto, hay una conclusión importante que extraer: las emociones colectivas no son una buena guía para las decisiones políticas. Mucho menos para las decisiones jurídicas.
No se debió permitir el ingreso al país de personas privadas irregularmente de libertad. Ese es el principio básico. Es decir, claro que los sirios podían pedir refugio en Uruguay y Uruguay debía concederlo. Pero debían entrar como refugiados, libres de salir del país cómo, cuando y hacia donde quisieran o pudieran. Porque una cosa es dar refugio y otra trabajar de carcelero tercerizado.
Ese ingreso fue posible porque, como sociedad, desde hace tiempo, hemos olvidado la diferencia entre las leyes (los deberes, los derechos y sus garantías) y nuestras emociones momentáneas. Eso nos vuelve manipulables.
Una sociedad que olvida la importancia de las leyes que ella misma se ha dado y está dispuesta a desaplicarlas cada vez que la conmueven con cantos o llantos de sirenas, está expuesta a la manipulación y dispuesta a actuar con lógica de “barra brava”, que hoy endiosa a su ídolo y mañana lo lincha.
En el caso de Diyab y de sus compañeros, sería muy tranquilizador oír a representantes del gobierno decir que, como refugiados, son libres de salir del país cómo y cuando quieran. Aunque causara desagrado en los EEUU.
Porque esa es la regla. Y, cuando no hay reglas claras, cuando la vida y la muerte dependen de la emoción de la tribuna, todos podemos ser ídolos, pero todos podemos también ser linchados.

COMCOSUR AL DÍA / JUEVES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016
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5) El sistema de pensiones de Chile, modelo de privatización para muchos, se desmorona
Pascale Bonnefoy (The New York Times)

El descontento sobre las pensiones en Chile se ha estado acumulando durante años. La razón: la mayoría de la gente debe seguir trabajando aún después de su edad de jubilación mientras las empresas privadas han obtenido enormes ganancias invirtiendo los ahorros de seguridad social de los chilenos.

El enojo alcanzó su punto máximo en julio, cuando los chilenos supieron que la exesposa de un dirigente del Partido Socialista recibía una pensión mensual de casi 7800 dólares (más de 5.000.000 de pesos chilenos) después de jubilarse de Gendarmería. La cifra empequeñece la pensión mensual promedio de 315 dólares, lo cual es mucho más bajo que el salario mensual mínimo de 384 dólares (poco más de 257.000 pesos chilenos). En un país ya sacudido por la corrupción política y empresarial generalizada, esta fue la gota que derramó el vaso.

Cientos de miles de personas marcharon en agosto por Santiago y otras ciudades para manifestarse en contra el sistema privatizado de pensiones. Más de 1,3 millones de personas, de acuerdo con los organizadores, asistieron a la manifestación a lo largo del país, la más grande desde el regreso de Chile al régimen democrático en 1990.

Luis Montero, de 69 años, un manifestante cuya pensión mensual es de aproximadamente 150 dólares (unos 100.400 pesos chilenos), participó en la marcha. Como muchos, Montero ha trabajado principalmente en empleos informales sin contrato, con ingresos demasiado bajos para ahorrar para su jubilación. Aún realiza trabajos de mantenimiento en una escuela para que el dinero le alcance.

“He trabajado toda mi vida y me gustaría descansar, pero no puedo”, dijo Montero. “No tengo idea de qué haré cuando sea más viejo”. En 1981, la dictadura de Pinochet privatizó el sistema de pensiones de reparto, en el que los trabajadores, empleadores y el gobierno contribuían.

Bajo el sistema privatizado, que el presidente George W. Bush llamó un ejemplo a seguir, los trabajadores deben destinar el 10 por ciento de sus ingresos a cuentas individuales administradas por empresas privadas conocidas como Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Las administradoras invierten el dinero y les cobran a los trabajadores una comisión por las transacciones y otras cuotas. Los empleadores y el gobierno no contribuyen a las cuentas de los trabajadores.

A los chilenos se les dio la opción de permanecer en el antiguo sistema o cambiarse al nuevo. La mayoría se cambió, pero quienes entraron a la fuerza laboral después de 1981 deben afiliarse al sistema privado (las fuerzas armadas y la policía fueron exentas del cambio y hoy disfrutan pensiones varias veces más altas que las disponibles en el sistema privado).

Los fondos invertidos por las administradoras contribuyeron al desarrollo de los mercados de capitales en Chile, lo cual estimuló el crecimiento económico y ha tenido retornos razonables. Hoy seis AFP —la mitad de las cuales son propiedad de empresas extranjeras— controlan 171 mil millones de dólares en fondos de pensiones, el equivalente a cerca del 71 por ciento del producto interno bruto de Chile, de acuerdo con la superintendencia de las AFP.

Sin embargo, el sistema privatizado no ha logrado brindar pensiones dignas para la mayoría de los jubilados. Si la bolsa de valores se hunde o las inversiones salen mal, los ahorros de los trabajadores y los cheques de las pensiones de los jubilados también caen.

“El sistema de pensiones no es justo”, dijo Romina Celis, una parvularia de 28 años que marchó en agosto. “No sé qué fórmula podemos utilizar, pero debe haber más participación del Estado. Debemos seguir con las protestas. La idea de llegar a vieja de manera tan precaria da susto”.

A las mujeres les va mucho peor que a los hombres porque tienden a ganar menos, a trabajar de manera intermitente, se jubilan antes (la edad de jubilación es 65 años para los hombres y 60 para las mujeres) y tienen mayores expectativas de vida.

Una comisión designada por la presidenta Michelle Bachelet en 2014 para examinar el sistema de pensiones y proponer reformas halló que la pensión mediana de las AFP era equivalente al 34 por ciento del último salario promedio de un jubilado (24 por ciento en el caso de las mujeres y 48 por ciento en el de los hombres). La cifra total se elevó al 45 por ciento con ayuda de un pilar solidario financiado por el Estado creado durante el primer gobierno de Bachelet.

Después de advertir de que el sistema de pensiones estaba “en crisis”, su gobierno introdujo en 2008 una pensión mínima de cerca de 140 dólares, pagada por el Estado, para quienes no han podido ahorrar para su pensión durante su vida laboral, y fondos adicionales para los jubilados cuyas pensiones no alcanzaban ese monto. Más de 1,3 millones de chilenos (dos terceras partes son mujeres) reciben ese tipo de beneficios.

No obstante, cuando se analizaron las proyecciones para los siguientes 10 a 20 años, la comisión encontró que la situación “solo empeora”, dijo David Bravo, director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica de Chile, quien presidió la comisión. “La pensión mediana será equivalente al 15 por ciento de los últimos salarios”, dijo. “Cuando tengamos a toda una generación que se jubile únicamente con el sistema AFP, el panorama empeorará. Debemos enfrentar este problema ahora”.

El informe de la comisión que plantea varias opciones de reforma se quedó guardado en un cajón durante casi un año hasta que las recientes protestas captaron la atención del gobierno. A inicios de agosto, Bachelet anunció una pauta general para reformar el sistema de pensiones sin regresar al sistema de reparto, como demandan muchos manifestantes.

“Las propuestas del gobierno son más de lo mismo y no resuelven el problema de fondo”, dijo Luis Mesina, secretario general de la Confederación de Sindicatos Bancarios y rostro del movimiento que se opone a las administradoras privadas de pensiones. “Necesitamos poner fin a las AFP”.

Las AFP descartan las críticas. Las bajas pensiones no son su culpa, dijo Rodrigo Pérez, presidente de la Asociación de Administradores de Fondos de Pensiones, sino que reflejan el mercado laboral. Incluyen, dijo, contribuciones insuficientes e irregulares por parte de muchos trabajadores independientes y quienes tienen empleos inestables, temporales o con salarios bajos, y una alta evasión de parte de los empleadores.

Un estudio realizado por la asociación halló que solo un cuarto de quienes se jubilaron el año pasado había contribuido al sistema de pensiones durante más de 25 años, y que el 62 por ciento de las mujeres habían contribuido a sus cuentas durante menos de 15 años. Aproximadamente la mitad de los más de 10 millones de afiliados en el sistema privado de pensiones contribuyen de manera regular, según datos de la superintendencia de AFP.

“Las AFP nunca han perdido o robado dinero ni han quebrado”, dijo Pérez. “¿Esto significa que las pensiones están bien? No, no lo están. El sistema necesita cambios importantes. Pero las AFP administran los fondos de quienes ahorran y lo han hecho muy bien”. Manuel Riesco, economista del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo, concuerda con que las AFP habían hecho bien su trabajo… para su propio beneficio. El dinero que recaudan de las cotizaciones es más del doble de lo que pagan en pensiones.

“Ese es un excedente gigantesco que jamás devolverán”, dijo Riesco. “El Estado está gastando grandes cantidades del presupuesto nacional para compensar el fracaso del sistema privado. Conforme la población envejece más, ¿qué hacen las AFP? Reducen las pensiones aún más. Es un sistema perverso e irracional”. Bachelet dijo que su gobierno buscaría “un acuerdo nacional” en torno a la reforma de pensiones, y se reunió con legisladores, líderes de partidos, representantes empresariales, los fondos de pensiones y miembros del movimiento de protesta, conocido como No+AFP.

Sin embargo, un regreso al antiguo sistema parece estar descartado. Las opciones que se barajan incluyen crear una administradora de pensiones estatal, elevar la edad de jubilación, instituir una contribución del 5 por ciento pagado por los empleadores y fortalecer regulaciones de las administradoras de fondos de pensiones.

“Después de pasar de un sistema totalmente público al otro extremo en 1981, ahora nos estamos yendo hacia un sistema mixto que incorpora ahorro individual y aportes del Estado y empleadores”, dijo Bravo, de la Universidad Católica de Chile. “Otra opción es desmontar el sistema de AFP, pero eso es demasiado costoso. Ya no tenemos el privilegio de empezar desde cero”.

COMCOSUR AL DÍA / JUEVES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016
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